El Justo Reclamo

Parlamento Europeo, recomendación insuficiente

arturo rodríguez garcía

Monterrey, N.L., 22 de octubre (apro).- La condena del Parlamento Europeo a los feminicidios en México “es incomprensible, fue desinformada y se quedó corta”, considera la activista Alicia Leal, porque no consideró la realidad de la violencia contra las mujeres en el país, sólo toma como referente los homicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando en entidades como Oaxaca o Sinaloa existe un índice superior de asesinatos de mujeres que quedan en la impunidad. Fundadora del primer refugio de mujeres víctimas de violencia en México y de la Red Nacional de Refugios, Leal considera que centrar la atención en los feminicidios deja fuera de la discusión la totalidad de los problemas de violencia de género y las acciones preventivas para las que el Estado mexicano está incapacitado.Además, éste carece de los elementos para afrontar la problemática y desarrolla una legislación políticamente presumible, pero jurídicamente laxa.“Lo que llama la atención es que Ciudad Juárez sigue siendo un icono del tema de feminicidio, pero eso pasa en todo el país”.La activista se refiera a la condena a la impunidad, lanzada desde el Parlamento de la Unión Europea, el pasado 11 de septiembre, así como a la ratificación del 11 de octubre, en que se hace referencia a los feminicidios de Ciudad Juárez.En lo que sí coincide es en la condena al Estado mexicano, cuya operación asistencial, presupuestos, marco legislativo e impartición de justicia son adversos para las mujeres.“El problema con el tema de los feminicidios es que oculta o minimiza la violencia continua que se da contra las mujeres en México, y que el Estado mexicano no tiene capacidad de respuesta, porque no ha querido iniciar un trabajo coordinado con los organismos civiles que tenemos la experiencia de estar atendiendo a las víctimas y a las sobrevivientes”.La activista plantea como un problema, al margen de condenas o expresiones, la capacidad de respuesta que debe generar el país a la violencia de género, y pone como ejemplo que en uno de los refugios, en Monterrey, durante este año se ha reportado que cientos de mujeres --la mayoría con enfermedades de transmisión sexual— registran una alta incidencia en papiloma humano, que puede degenerar en cáncer si no es atendido.Con base en sus experiencias, Alicia Leal sostiene que la capacidad de respuesta estatal implica una labor conjunta de sociedad civil, gobierno, iniciativa privada y universidades, “para evitar que las mujeres sigan siendo asesinadas o lesionadas, y evitar que sus hijos e hijas sigan siendo testigos de esta violencia impune, constante y diaria.“Luego tendríamos que pasar a una segunda fase y hacer una revisión legislativa. Si vemos los temas de los feminicidios únicamente, que son la parte final y trágica de la violencia contra las mujeres en el país, vamos a toparnos con callejones sin salida.“Lo que está pasando es que la UE dice que México no está haciendo gran cosa al respecto, pero nosotros vemos que el gobierno mexicano no está atendiendo toda la problemática, y la recomendación es sólo que haga algo y evite la impunidad de este tipo de crímenes (los feminicidios)”.Y ni siquiera tiene leyes adecuadas, según Alicia Leal, para quien la legislación en diversas materias, inclusive la ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de febrero, que pretendiendo ser de avanzada, implica severos retrocesos en la lucha contra la violencia de género.

Riesgo de letra muerta

Para Alicia Leal, el problema de las leyes y los programas vigentes sobre violencia de género es que se crean bajo formas arcaicas, asistencialistas y paternalistas, que excluyen no sólo a quienes trabajan en la atención a víctimas, sino a las propias víctimas, cuyas necesidades quedan desatendidas.“Necesitamos que estos programas marquen una cambio en el paradigma en el uso del poder y la política en México. Quiero decir que necesitamos que estos programas tengan inversión de gobierno, de la iniciativa privada y cooperación con la sociedad civil, que ha trabajado con las victimas”.El problema, dice, es que la ley contra la violencia “no garantiza que los programas que se están contemplando sirvan y aprovechen al máximo los pocos recursos que se invierten; donde se manifieste claramente la cantidad de recursos que necesitamos para los siguientes años en el Presupuesto de Egresos de la Federación; en fin, son muchas aristas.“Necesitamos se comprenda que este tipo de programas tiene que ser diferente a otros programas sociales si queremos darle la vuelta a la cuestión del asistencialismo y el paternalismo.“Lo que nosotros estamos proponiendo es que estos programas, de atención a las mujeres víctimas de violencia familiar o sexual, sean programas que tengan una coadyuvancia con gobierno y otros actores sociales, que debe darse a manera de blindaje económico y político para estos organismos y para las víctimas”.Para ello, explica, hay leyes y protocolos internacionales que hablan de la atención a las víctimas y que recomiendan la creación de leyes centradas en ellas. “Esto quiere decir que el gobierno mexicano, en su programa de atención y asistencia, tendría que darle la vuelta a lo que piensa el Estado, los académicos, los políticos que están en la toma de decisiones, y que las decisiones sean tomadas por las víctimas, con sus necesidades”.Refiere que se debe entender que en el programa nacional de atención a víctimas de violencia tienen que estar presentes, con voz y voto, los organismos no gubernamentales, y no se está haciendo.

El riesgo de la operación gubernamental

Los refugios para víctimas de violencia son centros creados y operados por organismos de la sociedad civil, que mantienen condiciones de estricta seguridad. Inclusive su ubicación no es publicitada, a pesar de recibir recursos del gobierno para sostenerse.Recientemente el alcalde de Torreón, Coahuila, José Ángel Pérez Hernández, dejó de impulsar uno de los refugios más equipados del norte del país. Al hacer pública su ubicación, el inmueble se hizo inservible para atender a víctimas en un futuro.Al respecto, Alicia Leal considera que no existe claridad en la ley sobre la operación de los centros, pues se consigna que serán responsabilidad del Estado, con lo que la ambigüedad hace suponer un problema mayor. “Es un tema que observamos grave, porque la ley no marca ni específica quién opera los refugios de mujeres víctimas de violencia. Estos refugios son lugares de atención multidisciplinaria, altamente especializada, que atiende a gente en un estado de vulnerabilidad de una magnitud terrible. “Si estos refugios no son atendidos por personas capacitadas y entrenadas, que puedan estar trabajando con margen de seguridad para ellas mismas, estamos generando que los refugios puedan ser utilizados para aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas”, advierte.Explica que es por esa vulnerabilidad que los refugios pueden ser mal utilizados y prestarse para la explotación de mujeres.La ley “tiene que definir bien qué es un refugio, si los va a operar la sociedad civil o los va a operar el gobierno, porque se va a desatar una problemática más grave de lo que hemos estado tratando de resolver, que es prevenir la violencia y dar atención conforme a los derechos básicos de las víctimas. Esos son los dos puntos medulares, pero hay muchos más”.