México SA
La Jornada
Carlos Fernández-Vega
Ni euforia financiera ni voto de confianza al nuevo presidente
Algo extraño sucede con los siempre puntuales barones del dinero (los mismos que metieron las manos hasta el fondo en el proceso electoral para rescatar a su candidato y llevarlo a buen puerto), porque pasan los días y aún no otorgan su "voto de confianza" ni manifiestan su "euforia financiera" por la decisión, a modo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Qué falta de sensibilidad de estos prohombres de la democracia de la continuidad, porque han transcurrido tres días y nada, cuando en ocasiones anteriores tales manifestaciones fueron inmediatas y hasta brutales. Otros barones ya pronunciaron públicamente su beneplácito -los jerarcas católicos, con todo y bendición, entre los primeros- y por tercer día consecutivo le negaron el "voto de confianza" al nuevo gerente de la República S.A. (lo que no quiere decir que será permanente).
La consultoría financiera Vanguardia Investment (La Jornada, en su edición de ayer) advirtió que el descenso registrado en el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores indica "que los mercados financieros no están dando el voto de confianza a Felipe Calderón como presidente electo, sobre todo porque se esperaba que la calificación del Tribunal Electoral provocara una euforia financiera, como ocurrió hace seis años... Ni siquiera en los minutos y horas posteriores al fallo del TEPJF hubo un alza en la bolsa". Y ayer se mantuvo el descenso.
Por una parte, qué bueno que no lo hayan hecho, porque si la "euforia financiera" y el "voto de confianza" de los barones llegara a manifestarse con la misma pasión y calibre que cuando destaparon a Carlos Salinas de Gortari el 4 de octubre de 1987, entonces el país está frito y los mexicanos refritos, porque la "eufórica confianza" por ellos expresada en aquella ocasión hundió al mercado bursátil mexicano 15 días después, alentó el atraco de 350 mil pequeños inversionistas y profundizó la crisis económico-financiera del país. Y sólo hay que recordar cómo les agradeció esa "confianza".
En su momento, a Miguel de la Madrid los barones también le expresaron su "confianza" (euforia y voto incluidos), que derivó en el regreso parcial de las instituciones financieras expropiadas meses atrás por López Portillo, la autorización e impulso gubernamental de la banca paralela -las casas de bolsa y el mercado bursátil-, la política privatizadora, y esa suerte de padre del Fobaproa, el Ficorca, que por una casualidad de la vida estuvo a cargo de Ernesto Zedillo.
A este último le fue mejor que a Carlos Salinas, pero no mucho, porque su "destape" se dio tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio y en el marco de una severa crisis política y social, que desembocaría en el crack de las finanzas nacionales. Aún así, los barones no perdieron tiempo para manifestar su "voto de confianza" y organizar su "euforia financiera", la cual terminó en la panza del Fobaproa.
Entonces, mejor que ponderen su "voto de confianza", que calibren su "euforia financiera" y midan el alcance de su celebración por el nombramiento del nuevo gerente de su República S. A., que de cualquier suerte en la "continuidad" se quedarán con el pastel completo, como lo han hecho ("eufórica confianza" de por medio") desde hace cinco lustros.
¿Y cómo le fue a Vicente Fox? La crónica del momento, en las páginas de La Jornada: "en un ambiente de euforia por la tranquilidad de las elecciones en las que se definió la salida del PRI del poder presidencial, el tipo de cambio bajó a 9.35 pesos por dólar, mientras la Bolsa Mexicana de Valores alcanzaba su segunda alza más importante en el año, al ganar 6.12 por ciento... El presidente de la Asociación de Banqueros de México manifestó que los mercados están muy ´tranquilos y contentos´ por el cambio político que se expresó en las urnas. Fue una evolución pacífica que permitió la alternancia del poder de una manera pacífica, situación que reconocen inversionistas nacionales y extranjeros... Standard & Poor's consideró que la victoria de Fox ha cambiado de manera definitiva el panorama político de México" (3 de julio 2000).
No mucho, por lo visto, pero en medio de la "euforia", la "confianza" y el indicador bursátil al alza, Fox recibió su constancia como presidente electo y prometía: "no gobernaré con camarillas, ni para camarillas ni contra camarillas... En materia económica no tomaré ninguna decisión que atente contra los intereses de las mayorías; nada se hará sin consenso y mucho menos a espaldas de la voluntad de los mexicanos... A todos pido generosidad y apoyo para construir un México libre, donde la intolerancia no tenga cabida; sabré honrar mi compromiso de cambio para el bienestar de todos los mexicanos, por lo que no habrá una sola razón para volverse con nostalgia hacia el pasado" (2 de agosto 2000).
Y que se voltea.
Las rebanadas del pastel:
En el marco de la "continuidad", el presidente electo ya explicó en qué consiste su política de generación de empleo: "una de mis prioridades será lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos..."
PARECE QUE HICIERON UNA MALA INVERSIÓN.
viernes, septiembre 08, 2006
Una ley para el plan de la CND /II
Economía Moral
La Jornada
Julio Boltvinik
Consumado el golpe de Estado institucional, queda sólo la larga lucha
La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente
Como se preveía, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defendieron sus intereses de clase y votaron por la derecha. En realidad, lo que ocurrió durante la farsa del martes 5 de septiembre, día negro para la historia de México, no fue la emisión de un dictamen referido a un juicio de impugnación, sino la emisión de un voto de calidad. Nuestra legislación autoriza a los magistrados de este tribunal a hacer prácticamente lo que quieran, ya que sus dictámenes son inatacables y definitivos (lo que los convierte en votos de calidad). Los análisis de los reporteros de La Jornada del miércoles 6, y los que Horacio Duarte presentó en el Zócalo ese mismo día (véase La Jornada del jueves 7), ilustran muchas de las inconsistencias y el cinismo de los magistrados, que lejos de actuar como jueces lo hicieron como militantes del PAN y se dedicaron a atacar a Andrés Manuel López Obrador: sostuvieron que no fueron la intervención descarada de Fox, ni la guerra sucia, ni la intervención del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los factores que tuvieron impacto desfavorable en las preferencias por AMLO, sino su ausencia del primer debate y su "falta de respeto a las instituciones".
Miremos hacia delante, a la larga lucha por transformar el país, lo que incluye modificar a fondo nuestras propias conciencias y mentalidades, como señaló Andrés Manuel. Continúo, en esa mira, presentando hoy la iniciativa de nueva ley general de desarrollo social (NLGDS) que empecé en la entrega anterior de Economía Moral (01/09/06) y que ofrezco como una contribución a las tareas legislativas de la convención nacional democrática (CND) que, como ha dicho AMLO, deben incluir también una nueva constitución. Aunque la mencionada iniciativa fue presentada por los canales institucionales como mi último acto en calidad de diputado federal, tengo escasas esperanzas que se convierta en ley en la presente legislatura, porque, como los magistrados, los diputados y diputadas del PRIAN votarán, al final de cuentas, por sus intereses de clase, y la mayoría se identifica con la clase dominante que representa el PAN. Sin embargo, la iniciativa ha sido incorporada a la agenda legislativa del nuevo grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados (CdeD).
En la entrega anterior mostré cómo se resuelven en la NLGDS las dos contradicciones centrales de la Ley General de Desarrollo Social vigente (LGDSV). La primera contradicción entre el carácter multisectorial (horizontal) del desarrollo social y la centralidad de facultades que se le otorgan a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), que como todas las secretarías de Estado (salvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP) está constreñida a un sector, se resuelve creando el gabinete de desarrollo social, presidido por el Presidente de la República, y transfiriéndole las amplias facultades asignadas en la LGDSV a la Sedeso. Es decir, se asume plena y de manera consistente el carácter multisectorial del desarrollo social.
La segunda contradicción, entre los amplios derechos sociales que la LGDSV pretende garantizar y la ausencia de estipulaciones para hacerlos realidad, se resuelve definiendo componentes obligatorios y precisando el contenido específico de muchos de ellos para cada una de las tres modalidades básicas de intervención que se definen, y que están asociadas a los derechos universales, por una parte, y al derecho condicionado a la situación de pobreza y de riesgo de la misma. También en la entrega anterior cité la exposición de motivos de la iniciativa para mostrar la solución adoptada para enfrentar lo que puede identificarse como la tercera contradicción de la LGDSV: la conceptual entre los términos pobreza, marginación y vulnerabilidad. Pobreza y riesgo de pobreza, usados como conceptos complementarios entre sí, remplazan a los tres señalados sin pérdida del sentido conceptual implícito en ellos.
La LGDSV fue aprobada como fruto de un proceso de negociación que involucró a las mesas directivas de las comisiones de Desarrollo Social de ambas cámaras, por unanimidad tanto en el Senado como en la CdeD. Ello se explica porque todos los partidos políticos aspiraban a que este campo relativamente nuevo del quehacer gubernamental estuviese reglamentado. La Sedeso, creada a mediados del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que no presentó iniciativa alguna, recibió con júbilo la aprobación de la ley, que Fox no sólo promulgó rápidamente sino que organizó una ceremonia en Los Pinos para el efecto.
El costo del consenso, sin embargo, suele ser la inconsistencia. En mi discurso en la tribuna de la CdeD en la sesión en la que se aprobó la ley, presenté lo que llamé sus ''luces''. Entre ellas destaqué los ''candados'' al gasto social, que obligan a que haya incrementos anuales reales en el mismo. Señalé: "Estos 'candados' reflejan la lucha del sector social por protegerse de las arbitrariedades del todopoderoso sector económico", y añadí: "de la presión de esta Cámara dependerá que estas normas se conviertan en normas vivas o queden como letra muerta". En ese momento no valoré la gravedad de la omisión incurrida al no definir el gasto social que se quería proteger, pero esta gravedad se hizo manifiesta en los procesos de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 y 2006, ya que ante los alegatos del Legislativo que el anteproyecto violaba los ''candados'', el Ejecutivo respondió que, al no haber definición de gasto social, no había manera de verificar la veracidad de nuestro alegato. El reglamento de la ley, publicado tardíamente por la Sedeso en 2006, no corrige esta omisión. De esta manera, ésta que parecía una de las ''luces'' más brillantes de la ley, quedó invalidada. Para rencender esta ''luz'' incluí en la iniciativa una definición operacional de gasto social que permitirá controlar si se respetan dichos ''candados''.
La obligatoriedad para las dependencias que ejecutan programas de desarrollo social de los "lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Consejo) para la definición, identificación y medición de la pobreza", la interpreté como una ''luz'' adicional por considerarla suficiente para poner fin a la multiplicidad de métodos de identificación de los pobres, alcanzando unidad en la materia. Sin embargo, al publicarse el reglamento de la ley, e interponer la CdeD un recurso de controversia constitucional contra éste, se ha puesto de manifiesto que la LGDSV (al margen de la contradicción conceptual antes señalada) omitió distinguir dos tipos de medición de la pobreza: la genérica, que se realiza para conocer la evolución de este mal social (y que se basa en instrumentos estadísticos que no identifican a los hogares individuales que se encuentran en dicha situación), y la particular, que llevan a cabo los programas focalizados para identificar a su población objetivo (a los hogares pobres con nombre y apellido del jefe y domicilio de la vivienda). Esta omisión oscurece el sentido de hacer obligatorio que las dependencias y entidades que ejecutan programas focalizados utilicen las metodologías definidas por el Consejo porque, o no se sabe para qué o bien porque se entiende, como ha querido entender el gobierno actual, que son estas dependencias las que miden la pobreza. En efecto, si sólo hubiese un tipo de medición se presentaría la disputa de si es la Sedeso o el Consejo el que debe llevarla a cabo. En la NLGDS propuesta se definen ambas mediciones y se asignan responsables para llevar a cabo cada una: al Consejo las genéricas, y las particulares a los organismos que ejecutan los programas. Para alcanzar la homogeneidad de ambas mediciones se establece que la metodología será la misma y que la definirá el Consejo con base en lo estipulado en el artículo 36 de la NLGDS.
Una tercera ''luz'', sostuve en la tribuna, es la creación de dos comisiones de desarrollo social: la nacional y la intersecretarial. Me referí sólo a la segunda, destacando dos funciones que se le asignan: "recomendar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones vinculadas con las políticas de desarrollo social y económicas", y "proponer las partidas y montos del gasto social que se deben integrar en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación". Hice notar que "en estas dos funciones está la simiente, pero sólo la simiente, de la más radical reforma estructural que (ésta sí) requiere el país: el fin del sometimiento de lo social a lo económico". Los decretos que crean ambos mecanismos colectivos se emitieron en 2004. Sin embargo, la comisión intersecretarial, salvo su reunión de instalación, no se ha vuelto a reunir, haciendo que esa ''luz'' no brillara.
Era una ''luz'' falsa, pues, como ya señalé, cobraba vida en ella la contradicción entre lo multisectorial y lo sectorial cuando se pretendía que una secretaría, sin poderes especiales como la SHCP, encabezara a sus pares. Para poner fin al sometimiento de lo social por lo económico, la iniciativa de ley presentada da un paso hacia adelante y, como ya se dijo, transforma la comisión intersecretarial en gabinete de desarrollo social, presidido por el Presidente de la República, y le asigna las tareas centrales del desarrollo social. La creación de la Sedeso introdujo una gran confusión al hacernos creer que el desarrollo social es un asunto sectorial (como salud, educación o agricultura) y que, por tanto, para atenderlo basta una política sectorial llevada a cabo por una secretaría. Esto no es así, como lo entrevé la LGDSV al crear la Comisión Intersecretarial y dotarla de importantes (aunque incipientes) funciones que, como hemos visto, han quedado en letra muerta.
El desarrollo social requiere tanto un enfoque preventivo-compensatorio como la interacción sinérgica entre la política económica y social. Sin ellos, la política social se convierte en ambulancia que va recogiendo los heridos que va produciendo la política económica. El desarrollo social sólo puede alcanzarse como resultado de la acción conjunta de la administración pública federal en su conjunto, ya que por su naturaleza es un tema horizontal que recorre todos los sectores económicos y sociales. Por tanto, si se quiere ir más allá de la administración de la pobreza, es necesario abordar el desarrollo social de manera concertada por toda la administración pública federal, que sólo puede ser conducida por el Presidente de la República. En términos de la política de desarrollo social, éste es uno de los cambios más importantes introducidos por la iniciativa. Por ello se dota al gabinete de desarrollo social de las facultades centrales en la materia, muchas de las cuales están asignadas en la LGDSV a la Sedeso, como la coordinación del sistema nacional y la formulación del programa nacional en la materia. Además, se dan varios pasos hacia adelante, decisivos en las relaciones entre lo económico y lo social, al dotar al gabinete de desarrollo social de las facultades de formular los componentes en la materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, de "adoptar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones de política económica con las de desarrollo social" y al estipular que, en caso de que ello no fuese posible, se "modificarán las que (el gabinete) estime necesarias para eliminar el origen de la incompatibilidad". En este proceso de reconocer el carácter multisectorial e intersectorial del desarrollo social, la Sedeso se transforma en lo que siempre debió haber sido: responsable de las atribuciones específicas que le competen y en secretaría ejecutiva del gabinete de desarrollo social. La ''luz'' más brillante que identifiqué era, sin embargo, la creación del Consejo, lo que abordaré en la próxima entrega.
La Jornada
Julio Boltvinik
Consumado el golpe de Estado institucional, queda sólo la larga lucha
La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente
Como se preveía, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defendieron sus intereses de clase y votaron por la derecha. En realidad, lo que ocurrió durante la farsa del martes 5 de septiembre, día negro para la historia de México, no fue la emisión de un dictamen referido a un juicio de impugnación, sino la emisión de un voto de calidad. Nuestra legislación autoriza a los magistrados de este tribunal a hacer prácticamente lo que quieran, ya que sus dictámenes son inatacables y definitivos (lo que los convierte en votos de calidad). Los análisis de los reporteros de La Jornada del miércoles 6, y los que Horacio Duarte presentó en el Zócalo ese mismo día (véase La Jornada del jueves 7), ilustran muchas de las inconsistencias y el cinismo de los magistrados, que lejos de actuar como jueces lo hicieron como militantes del PAN y se dedicaron a atacar a Andrés Manuel López Obrador: sostuvieron que no fueron la intervención descarada de Fox, ni la guerra sucia, ni la intervención del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los factores que tuvieron impacto desfavorable en las preferencias por AMLO, sino su ausencia del primer debate y su "falta de respeto a las instituciones".
Miremos hacia delante, a la larga lucha por transformar el país, lo que incluye modificar a fondo nuestras propias conciencias y mentalidades, como señaló Andrés Manuel. Continúo, en esa mira, presentando hoy la iniciativa de nueva ley general de desarrollo social (NLGDS) que empecé en la entrega anterior de Economía Moral (01/09/06) y que ofrezco como una contribución a las tareas legislativas de la convención nacional democrática (CND) que, como ha dicho AMLO, deben incluir también una nueva constitución. Aunque la mencionada iniciativa fue presentada por los canales institucionales como mi último acto en calidad de diputado federal, tengo escasas esperanzas que se convierta en ley en la presente legislatura, porque, como los magistrados, los diputados y diputadas del PRIAN votarán, al final de cuentas, por sus intereses de clase, y la mayoría se identifica con la clase dominante que representa el PAN. Sin embargo, la iniciativa ha sido incorporada a la agenda legislativa del nuevo grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados (CdeD).
En la entrega anterior mostré cómo se resuelven en la NLGDS las dos contradicciones centrales de la Ley General de Desarrollo Social vigente (LGDSV). La primera contradicción entre el carácter multisectorial (horizontal) del desarrollo social y la centralidad de facultades que se le otorgan a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), que como todas las secretarías de Estado (salvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP) está constreñida a un sector, se resuelve creando el gabinete de desarrollo social, presidido por el Presidente de la República, y transfiriéndole las amplias facultades asignadas en la LGDSV a la Sedeso. Es decir, se asume plena y de manera consistente el carácter multisectorial del desarrollo social.
La segunda contradicción, entre los amplios derechos sociales que la LGDSV pretende garantizar y la ausencia de estipulaciones para hacerlos realidad, se resuelve definiendo componentes obligatorios y precisando el contenido específico de muchos de ellos para cada una de las tres modalidades básicas de intervención que se definen, y que están asociadas a los derechos universales, por una parte, y al derecho condicionado a la situación de pobreza y de riesgo de la misma. También en la entrega anterior cité la exposición de motivos de la iniciativa para mostrar la solución adoptada para enfrentar lo que puede identificarse como la tercera contradicción de la LGDSV: la conceptual entre los términos pobreza, marginación y vulnerabilidad. Pobreza y riesgo de pobreza, usados como conceptos complementarios entre sí, remplazan a los tres señalados sin pérdida del sentido conceptual implícito en ellos.
La LGDSV fue aprobada como fruto de un proceso de negociación que involucró a las mesas directivas de las comisiones de Desarrollo Social de ambas cámaras, por unanimidad tanto en el Senado como en la CdeD. Ello se explica porque todos los partidos políticos aspiraban a que este campo relativamente nuevo del quehacer gubernamental estuviese reglamentado. La Sedeso, creada a mediados del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que no presentó iniciativa alguna, recibió con júbilo la aprobación de la ley, que Fox no sólo promulgó rápidamente sino que organizó una ceremonia en Los Pinos para el efecto.
El costo del consenso, sin embargo, suele ser la inconsistencia. En mi discurso en la tribuna de la CdeD en la sesión en la que se aprobó la ley, presenté lo que llamé sus ''luces''. Entre ellas destaqué los ''candados'' al gasto social, que obligan a que haya incrementos anuales reales en el mismo. Señalé: "Estos 'candados' reflejan la lucha del sector social por protegerse de las arbitrariedades del todopoderoso sector económico", y añadí: "de la presión de esta Cámara dependerá que estas normas se conviertan en normas vivas o queden como letra muerta". En ese momento no valoré la gravedad de la omisión incurrida al no definir el gasto social que se quería proteger, pero esta gravedad se hizo manifiesta en los procesos de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 y 2006, ya que ante los alegatos del Legislativo que el anteproyecto violaba los ''candados'', el Ejecutivo respondió que, al no haber definición de gasto social, no había manera de verificar la veracidad de nuestro alegato. El reglamento de la ley, publicado tardíamente por la Sedeso en 2006, no corrige esta omisión. De esta manera, ésta que parecía una de las ''luces'' más brillantes de la ley, quedó invalidada. Para rencender esta ''luz'' incluí en la iniciativa una definición operacional de gasto social que permitirá controlar si se respetan dichos ''candados''.
La obligatoriedad para las dependencias que ejecutan programas de desarrollo social de los "lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Consejo) para la definición, identificación y medición de la pobreza", la interpreté como una ''luz'' adicional por considerarla suficiente para poner fin a la multiplicidad de métodos de identificación de los pobres, alcanzando unidad en la materia. Sin embargo, al publicarse el reglamento de la ley, e interponer la CdeD un recurso de controversia constitucional contra éste, se ha puesto de manifiesto que la LGDSV (al margen de la contradicción conceptual antes señalada) omitió distinguir dos tipos de medición de la pobreza: la genérica, que se realiza para conocer la evolución de este mal social (y que se basa en instrumentos estadísticos que no identifican a los hogares individuales que se encuentran en dicha situación), y la particular, que llevan a cabo los programas focalizados para identificar a su población objetivo (a los hogares pobres con nombre y apellido del jefe y domicilio de la vivienda). Esta omisión oscurece el sentido de hacer obligatorio que las dependencias y entidades que ejecutan programas focalizados utilicen las metodologías definidas por el Consejo porque, o no se sabe para qué o bien porque se entiende, como ha querido entender el gobierno actual, que son estas dependencias las que miden la pobreza. En efecto, si sólo hubiese un tipo de medición se presentaría la disputa de si es la Sedeso o el Consejo el que debe llevarla a cabo. En la NLGDS propuesta se definen ambas mediciones y se asignan responsables para llevar a cabo cada una: al Consejo las genéricas, y las particulares a los organismos que ejecutan los programas. Para alcanzar la homogeneidad de ambas mediciones se establece que la metodología será la misma y que la definirá el Consejo con base en lo estipulado en el artículo 36 de la NLGDS.
Una tercera ''luz'', sostuve en la tribuna, es la creación de dos comisiones de desarrollo social: la nacional y la intersecretarial. Me referí sólo a la segunda, destacando dos funciones que se le asignan: "recomendar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones vinculadas con las políticas de desarrollo social y económicas", y "proponer las partidas y montos del gasto social que se deben integrar en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación". Hice notar que "en estas dos funciones está la simiente, pero sólo la simiente, de la más radical reforma estructural que (ésta sí) requiere el país: el fin del sometimiento de lo social a lo económico". Los decretos que crean ambos mecanismos colectivos se emitieron en 2004. Sin embargo, la comisión intersecretarial, salvo su reunión de instalación, no se ha vuelto a reunir, haciendo que esa ''luz'' no brillara.
Era una ''luz'' falsa, pues, como ya señalé, cobraba vida en ella la contradicción entre lo multisectorial y lo sectorial cuando se pretendía que una secretaría, sin poderes especiales como la SHCP, encabezara a sus pares. Para poner fin al sometimiento de lo social por lo económico, la iniciativa de ley presentada da un paso hacia adelante y, como ya se dijo, transforma la comisión intersecretarial en gabinete de desarrollo social, presidido por el Presidente de la República, y le asigna las tareas centrales del desarrollo social. La creación de la Sedeso introdujo una gran confusión al hacernos creer que el desarrollo social es un asunto sectorial (como salud, educación o agricultura) y que, por tanto, para atenderlo basta una política sectorial llevada a cabo por una secretaría. Esto no es así, como lo entrevé la LGDSV al crear la Comisión Intersecretarial y dotarla de importantes (aunque incipientes) funciones que, como hemos visto, han quedado en letra muerta.
El desarrollo social requiere tanto un enfoque preventivo-compensatorio como la interacción sinérgica entre la política económica y social. Sin ellos, la política social se convierte en ambulancia que va recogiendo los heridos que va produciendo la política económica. El desarrollo social sólo puede alcanzarse como resultado de la acción conjunta de la administración pública federal en su conjunto, ya que por su naturaleza es un tema horizontal que recorre todos los sectores económicos y sociales. Por tanto, si se quiere ir más allá de la administración de la pobreza, es necesario abordar el desarrollo social de manera concertada por toda la administración pública federal, que sólo puede ser conducida por el Presidente de la República. En términos de la política de desarrollo social, éste es uno de los cambios más importantes introducidos por la iniciativa. Por ello se dota al gabinete de desarrollo social de las facultades centrales en la materia, muchas de las cuales están asignadas en la LGDSV a la Sedeso, como la coordinación del sistema nacional y la formulación del programa nacional en la materia. Además, se dan varios pasos hacia adelante, decisivos en las relaciones entre lo económico y lo social, al dotar al gabinete de desarrollo social de las facultades de formular los componentes en la materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, de "adoptar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones de política económica con las de desarrollo social" y al estipular que, en caso de que ello no fuese posible, se "modificarán las que (el gabinete) estime necesarias para eliminar el origen de la incompatibilidad". En este proceso de reconocer el carácter multisectorial e intersectorial del desarrollo social, la Sedeso se transforma en lo que siempre debió haber sido: responsable de las atribuciones específicas que le competen y en secretaría ejecutiva del gabinete de desarrollo social. La ''luz'' más brillante que identifiqué era, sin embargo, la creación del Consejo, lo que abordaré en la próxima entrega.
La calificación de Fox, Meharta y los legisladores.
Dinero
La Jornada
Enrique Galván Ochoa
Antiencuesta: sexenio foxista reprobado
Uno de los peores presidentes de la historia
''Funesta'', la señora Marta
Faltan 83 días para que concluya el sexenio del presidente Fox. Prácticamente ya se acabó. Sin embargo, la difícil situación política todavía podría agregar nuevos y mayores elementos de juicio, es decir, puede ocurrir algo peor aún, pero la calificación es tan pobre que no hay mucho margen para que baje más. El 97 por ciento de 3 mil 350 ciudadanas y ciudadanos de diversas ciudades del país no aprueban su desempeño: 95 por ciento califica la actuación de la señora Marta de ''funesta'', otro 4 por ciento opina que es controvertida. Y a la pregunta: ''¿desapruebas la toma de la tribuna (por los diputados de oposición) la tarde del Informe?'', sólo 10 por ciento contestó afirmativamente.
Metodología
Nuestro foro es el más grande del mundo de habla hispana en su género de análisis político. Es visitado cada mes por más de un millón de personas de México, Estados Unidos y diversas naciones. Actualmente tiene 8 mil 422 miembros registrados, que hasta ayer por la tarde habían enviado 69 mil 3 mensajes; 90 por ciento de los foristas con registro dicen no pertenecer a ningún partido político, 40 por ciento habita en el Distrito Federal y el resto en distintas ciudades. El domingo anterior distribuimos nuestro cuestionario entre los foristas registrados. Ayer por la tarde habíamos recibido la respuesta de más de 40 por ciento. Nuestras antiencuestas se diferencian de los sondeos tradicionales en que los participantes son seres de carne y hueso, suministran su nombre y correo electrónico y tienen la opción de razonar su voto. Otra diferencia es que no están a la venta, como otras encuestas, ni reciben patrocinios comerciales ni políticos. Tú también puedes participar, cualquiera que sea tu ideología. Simplemente regístrate.
Votos razonados
Este sexenio sólo sirve para recordar el paso de un ranchero que dejó a la nación destrozada, desprestigiada y envuelta en el caos. Por todos los agravios y las afrentas de Fox, aplaudo y felicito la actuación de los representantes del pueblo de solamente recibirlo en el vestíbulo de la Cámara.
Carlos Pedro Mendoza/DF
¡Felicidades a todos los legisladores que tomaron la tribuna! Ya era hora de que el día del Informe presidencial terminara. Nunca más un ''día del presidente''. Se acabó.
Raúl Dorbeker Castillo/Atizapán de Zaragoza
Fue un cambio... pero para atrás.
Yessica Almazán Flores/DF
¿El presidente Vicente Fox? ¿Qué la presidenta no es Marta Según?
Luis Delgado/Guadalajara
No puedo aprobar algo que no se hizo. Sus promesas se quedaron en el olvido. Lamentable su gestión; seguro pasará a la historia como uno de los peores, si no es que el peor presidente que hemos tenido en México.
Jesús Vera/Ensenada
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue activo; el desempleo, galopando; los millones de mexicanos en pobreza extrema, preguntándose qué comerán mañana; el IPAB/Fobaproa, sangrándonos y regalando los activos a los Amigos de Fox; la economía, estancada; el campo, sin incentivos ni créditos; el petróleo -nuestro principal ingreso- despilfarrándose; nuestro medio ambiente, más contaminado por falta de cumplimiento de regulaciones; la corrupción, igual o peor que antes; los asesinatos de mujeres, sin responsables; el más descarado fraude electoral y desprestigio de las instituciones electorales que tanto tiempo, dinero y hasta sangre nos costaron... Esos son los datos que su no leído mensaje debía contener.
Lina Campos Flores/San Cristóbal de las Casas
¿Actuación de Martita? Fue mejor la de Raquel Pankowsky. ¿Desaprobar la toma de la tribuna? ¡Nunca! Fue uno de los mejores momentos de mi vida.
Gema Osorio González/Toluca
Es el sexenio de la telecracia, que convierte asuntos públicos en banales y lo importante se esconde bajo la alfombra.
Eduardo Aguilar/Saltillo
Desafortunadamente, aún falta un interminable número de días para que se termine el periodo que desgobernó Fox. El sí que nos agravió a los mexicanos iniciando con los saludos a su familia, el día de su toma de posesión, y anticipando lo poco que le importaba el país cuando modificó el escudo nacional con la famosa águila mocha, acto emblemático, simbólico y premonitorio de cómo terminaría. Dejó el país mocho, como el águila. Ahora quiero saber: ¿qué sigue?
Yoloxóchitl Sánchez/Monterrey
Nota: los textos completos así como los nombres y los buzones elecrónicos de los autores se pueden ver en el foro. Hay varios centenares.
Buzón México: galvanochoa@yahoo.com
¡AHÍ QUEDA ESO, Mr. fox!
La Jornada
Enrique Galván Ochoa
Antiencuesta: sexenio foxista reprobado
Uno de los peores presidentes de la historia
''Funesta'', la señora Marta
Faltan 83 días para que concluya el sexenio del presidente Fox. Prácticamente ya se acabó. Sin embargo, la difícil situación política todavía podría agregar nuevos y mayores elementos de juicio, es decir, puede ocurrir algo peor aún, pero la calificación es tan pobre que no hay mucho margen para que baje más. El 97 por ciento de 3 mil 350 ciudadanas y ciudadanos de diversas ciudades del país no aprueban su desempeño: 95 por ciento califica la actuación de la señora Marta de ''funesta'', otro 4 por ciento opina que es controvertida. Y a la pregunta: ''¿desapruebas la toma de la tribuna (por los diputados de oposición) la tarde del Informe?'', sólo 10 por ciento contestó afirmativamente.
Metodología
Nuestro foro es el más grande del mundo de habla hispana en su género de análisis político. Es visitado cada mes por más de un millón de personas de México, Estados Unidos y diversas naciones. Actualmente tiene 8 mil 422 miembros registrados, que hasta ayer por la tarde habían enviado 69 mil 3 mensajes; 90 por ciento de los foristas con registro dicen no pertenecer a ningún partido político, 40 por ciento habita en el Distrito Federal y el resto en distintas ciudades. El domingo anterior distribuimos nuestro cuestionario entre los foristas registrados. Ayer por la tarde habíamos recibido la respuesta de más de 40 por ciento. Nuestras antiencuestas se diferencian de los sondeos tradicionales en que los participantes son seres de carne y hueso, suministran su nombre y correo electrónico y tienen la opción de razonar su voto. Otra diferencia es que no están a la venta, como otras encuestas, ni reciben patrocinios comerciales ni políticos. Tú también puedes participar, cualquiera que sea tu ideología. Simplemente regístrate.
Votos razonados
Este sexenio sólo sirve para recordar el paso de un ranchero que dejó a la nación destrozada, desprestigiada y envuelta en el caos. Por todos los agravios y las afrentas de Fox, aplaudo y felicito la actuación de los representantes del pueblo de solamente recibirlo en el vestíbulo de la Cámara.
Carlos Pedro Mendoza/DF
¡Felicidades a todos los legisladores que tomaron la tribuna! Ya era hora de que el día del Informe presidencial terminara. Nunca más un ''día del presidente''. Se acabó.
Raúl Dorbeker Castillo/Atizapán de Zaragoza
Fue un cambio... pero para atrás.
Yessica Almazán Flores/DF
¿El presidente Vicente Fox? ¿Qué la presidenta no es Marta Según?
Luis Delgado/Guadalajara
No puedo aprobar algo que no se hizo. Sus promesas se quedaron en el olvido. Lamentable su gestión; seguro pasará a la historia como uno de los peores, si no es que el peor presidente que hemos tenido en México.
Jesús Vera/Ensenada
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue activo; el desempleo, galopando; los millones de mexicanos en pobreza extrema, preguntándose qué comerán mañana; el IPAB/Fobaproa, sangrándonos y regalando los activos a los Amigos de Fox; la economía, estancada; el campo, sin incentivos ni créditos; el petróleo -nuestro principal ingreso- despilfarrándose; nuestro medio ambiente, más contaminado por falta de cumplimiento de regulaciones; la corrupción, igual o peor que antes; los asesinatos de mujeres, sin responsables; el más descarado fraude electoral y desprestigio de las instituciones electorales que tanto tiempo, dinero y hasta sangre nos costaron... Esos son los datos que su no leído mensaje debía contener.
Lina Campos Flores/San Cristóbal de las Casas
¿Actuación de Martita? Fue mejor la de Raquel Pankowsky. ¿Desaprobar la toma de la tribuna? ¡Nunca! Fue uno de los mejores momentos de mi vida.
Gema Osorio González/Toluca
Es el sexenio de la telecracia, que convierte asuntos públicos en banales y lo importante se esconde bajo la alfombra.
Eduardo Aguilar/Saltillo
Desafortunadamente, aún falta un interminable número de días para que se termine el periodo que desgobernó Fox. El sí que nos agravió a los mexicanos iniciando con los saludos a su familia, el día de su toma de posesión, y anticipando lo poco que le importaba el país cuando modificó el escudo nacional con la famosa águila mocha, acto emblemático, simbólico y premonitorio de cómo terminaría. Dejó el país mocho, como el águila. Ahora quiero saber: ¿qué sigue?
Yoloxóchitl Sánchez/Monterrey
Nota: los textos completos así como los nombres y los buzones elecrónicos de los autores se pueden ver en el foro. Hay varios centenares.
Buzón México: galvanochoa@yahoo.com
¡AHÍ QUEDA ESO, Mr. fox!
La crisis
Luis Javier Garrido
La Jornada
El país está al borde de que se consume una ruptura del orden constitucional, de llegar Felipe Calderón a la silla presidencial, pero también se halla ante las posibilidades de un cambio real como nunca antes en su historia reciente.
1. El fallo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección presidencial hecho público el martes 5 y que, como ya se había filtrado, resultó contrario a lo que disponen la Constitución y las leyes, pues haciendo a un lado las evidencias descomunales del fraude electoral perpetrado por el gobierno de Vicente Fox contra el pueblo mexicano, pretende avalar la imposición de Felipe Calderón, el candidato que perdió en las urnas, ha roto el orden constitucional del país, pero no podrá alcanzar sus objetivo políticos, pues se está ya revirtiendo por sus despropósitos contra los indignos magistrados, contra el tribunal y contra todas las instituciones del régimen, dejando a Calderón sin más posibilidad que la de convertirse en un gobernante de facto.
2. La vergonzosa decisión tomada contra la razón y el derecho, y que fue anunciada por los siete magistrados de la Sala Superior encabezados por Leonel Castillo, calificados ya con justicia como corruptos en todos los ámbitos del país, al igual que lo fueron aquellos "siete cárdenos" de los años 20, no puede legalizar una imposición ni legitimar a nadie porque el pueblo sabe bien lo que ha pasado y cuál es el nivel de credibilidad de esas instancias del poder político. Y sí está logrando, por el contrario, hundir aún más en la ilegalidad y en el descrédito a las instituciones públicas, a las que a fuerza de utilizarlas para satisfacer sus ambiciones e intereses privados y de grupo, Fox ha llevado al más absoluto descrédito: desde la Presidencia de la República hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por la PGR, el IFE y ahora el tribunal electoral, sin olvidar a las fuerzas armadas.
3. El Ejército, por ejemplo, al que Fox en vano ha pretendido homenajear en este mes de septiembre, ha sido llevado a su vez a su mayor descrédito por el gobierno actual. En julio se supo que la DEA estadunidense, que opera impunemente en territorio mexicano, había detenido a un capo de la familia Arellano Félix, dejando al Ejército Mexicano en el más absoluto ridículo, y en septiembre se ha sabido que Fox y Calderón, que disponen ya del Estado Mayor Presidencial y de la PFP, están creando un grupo paramilitar para el próximo sexenio, dejando de nuevo en el ridículo a las fuerzas armadas, relegadas al papel de servir a Calderón para permitirle seguir entregando al extranjero el patrimonio nacional.
4. El acto por el cual Vicente Fox, ex vendedor de Coca-Cola, utilizó al más alto tribunal en materia político-electoral para pretender legitimar en contra de la Constitución el fraude que él organizó e imponer a su sucesor, quebranta la legalidad constitucional y hace además inviable en un régimen de derecho el ejercicio de la función presidencial por un individuo que no sustenta su cargo en los fundamentos representativos y democráticos que son inherentes al mismo, de manera que el pueblo, en libre ejercicio de su potestad soberana, puede conforme al marco constitucional desconocerlo y oponerse a él por todos los medios. Y ello no por el hecho de que, como se sabe, Felipe Calderón Hinojosa es un presunto delincuente del orden común que como secretario de Energía, en abierto tráfico de influencias entregó contratos ilegales a su cuñado; de que actuó en el proceso como un vulgar mapache electoral, o de que es un pelele de Carlos Salinas, sino por la ilegitimidad que tiene.
5. Los jefes de Estado y de gobierno de otros países, en un ritual burocrático de cajón podrán "felicitar" al supuesto nuevo gobernante, como lo hacen en cualquier caso, al igual que lo hará aquí el "tropel de búfalos" de los oportunistas de siempre, pero en el México real las cosas van a ser muy diferentes. En la convención nacional democrática a la que ha convocado Andrés Manuel López Obrador para el 16 de septiembre, millones de mexicanos van a rechazar a Calderón y a abrir un nuevo escenario de esperanzas para el país.
6. La decisión de Fox de imponer a su sucesor por la vía del descomunal fraude que organizara desde Los Pinos, y que no ha podido ser ocultado ni mucho menos podrá ser legitimado por "las instituciones" ni por los medios, ha quebrantado el incipiente orden constitucional mexicano y está abriendo una crisis política cuyas dimensiones no hacen sino crecer, pues las instituciones políticas y los medios masivos de comunicación, que han sido los mecanismos tradicionales de dominación y de control del pueblo, se están hundiendo en el más absoluto descrédito.
7. La campaña durante los 64 días siguientes al 2 de julio tratando de imponer la creencia de que Calderón ganó la elección ha fracasado de manera rotunda y no ha logrado más que confirmar las dimensiones del fraude. El operativo propagandístico, que en sus inicios insistía en que México vive el esplendor de una "transición democrática", se transformó ante su fracaso en otra campaña no menos fallida en la que se reconocían "irregularidades" pero se proclamaba que éstas eran el producto de las inercias del pasado y que no fueron significativas, y con esto no se ha hecho más que exacerbar el encono, dejándose a la mayoría de los medios sin credibilidad.
8. La retórica oficial sobre "las instituciones" se está desmoronando, pues no se sustenta en nada cuando en el régimen actual éstas sirven a fines privados y no a intereses públicos. Cuando Joaquín López Dóriga, locutor de Televisa, le preguntaba a Calderón el martes 5 sobre los señalamientos de un fraude orquestado desde Los Pinos y su carácter de "espurio", Calderón balbuceante se negó a responder y se refugió una vez más en las instituciones: el tribunal electoral, que es la más alta institución -reiteró-, "ha dicho que yo gané".
9. Los enriquecidos y amedrentados magistrados de la Sala Superior no tienen ni la más lejana idea de lo que han hecho ni de la trascendencia histórica de la cínica decisión que asumieron y que rezuma un enorme desprecio a la legalidad. Este fallo, carente del mínimo sustento jurídico, en vez de crear las condiciones para permitirle a la ultraderecha enquistarse en el poder económico y político por seis años más, como ellos lo pretendían, lo que va a lograr es, por el contrario, abrir enormes posibilidades para el cambio político y económico en México.
10. Al quebrantarse de manera tan flagrante el orden constitucional, el pueblo tiene el legítimo derecho de rechazar esa decisión, de desconocer a un gobernante espurio como Felipe Calderón, así como a las autoridades de facto que se pretende instalar el primero de diciembre, y de impulsar otra forma de organización política a fin de rescatar a la nación. Y lo va a empezar a hacer sin duda el 16 de septiembre.
La Jornada
El país está al borde de que se consume una ruptura del orden constitucional, de llegar Felipe Calderón a la silla presidencial, pero también se halla ante las posibilidades de un cambio real como nunca antes en su historia reciente.
1. El fallo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección presidencial hecho público el martes 5 y que, como ya se había filtrado, resultó contrario a lo que disponen la Constitución y las leyes, pues haciendo a un lado las evidencias descomunales del fraude electoral perpetrado por el gobierno de Vicente Fox contra el pueblo mexicano, pretende avalar la imposición de Felipe Calderón, el candidato que perdió en las urnas, ha roto el orden constitucional del país, pero no podrá alcanzar sus objetivo políticos, pues se está ya revirtiendo por sus despropósitos contra los indignos magistrados, contra el tribunal y contra todas las instituciones del régimen, dejando a Calderón sin más posibilidad que la de convertirse en un gobernante de facto.
2. La vergonzosa decisión tomada contra la razón y el derecho, y que fue anunciada por los siete magistrados de la Sala Superior encabezados por Leonel Castillo, calificados ya con justicia como corruptos en todos los ámbitos del país, al igual que lo fueron aquellos "siete cárdenos" de los años 20, no puede legalizar una imposición ni legitimar a nadie porque el pueblo sabe bien lo que ha pasado y cuál es el nivel de credibilidad de esas instancias del poder político. Y sí está logrando, por el contrario, hundir aún más en la ilegalidad y en el descrédito a las instituciones públicas, a las que a fuerza de utilizarlas para satisfacer sus ambiciones e intereses privados y de grupo, Fox ha llevado al más absoluto descrédito: desde la Presidencia de la República hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por la PGR, el IFE y ahora el tribunal electoral, sin olvidar a las fuerzas armadas.
3. El Ejército, por ejemplo, al que Fox en vano ha pretendido homenajear en este mes de septiembre, ha sido llevado a su vez a su mayor descrédito por el gobierno actual. En julio se supo que la DEA estadunidense, que opera impunemente en territorio mexicano, había detenido a un capo de la familia Arellano Félix, dejando al Ejército Mexicano en el más absoluto ridículo, y en septiembre se ha sabido que Fox y Calderón, que disponen ya del Estado Mayor Presidencial y de la PFP, están creando un grupo paramilitar para el próximo sexenio, dejando de nuevo en el ridículo a las fuerzas armadas, relegadas al papel de servir a Calderón para permitirle seguir entregando al extranjero el patrimonio nacional.
4. El acto por el cual Vicente Fox, ex vendedor de Coca-Cola, utilizó al más alto tribunal en materia político-electoral para pretender legitimar en contra de la Constitución el fraude que él organizó e imponer a su sucesor, quebranta la legalidad constitucional y hace además inviable en un régimen de derecho el ejercicio de la función presidencial por un individuo que no sustenta su cargo en los fundamentos representativos y democráticos que son inherentes al mismo, de manera que el pueblo, en libre ejercicio de su potestad soberana, puede conforme al marco constitucional desconocerlo y oponerse a él por todos los medios. Y ello no por el hecho de que, como se sabe, Felipe Calderón Hinojosa es un presunto delincuente del orden común que como secretario de Energía, en abierto tráfico de influencias entregó contratos ilegales a su cuñado; de que actuó en el proceso como un vulgar mapache electoral, o de que es un pelele de Carlos Salinas, sino por la ilegitimidad que tiene.
5. Los jefes de Estado y de gobierno de otros países, en un ritual burocrático de cajón podrán "felicitar" al supuesto nuevo gobernante, como lo hacen en cualquier caso, al igual que lo hará aquí el "tropel de búfalos" de los oportunistas de siempre, pero en el México real las cosas van a ser muy diferentes. En la convención nacional democrática a la que ha convocado Andrés Manuel López Obrador para el 16 de septiembre, millones de mexicanos van a rechazar a Calderón y a abrir un nuevo escenario de esperanzas para el país.
6. La decisión de Fox de imponer a su sucesor por la vía del descomunal fraude que organizara desde Los Pinos, y que no ha podido ser ocultado ni mucho menos podrá ser legitimado por "las instituciones" ni por los medios, ha quebrantado el incipiente orden constitucional mexicano y está abriendo una crisis política cuyas dimensiones no hacen sino crecer, pues las instituciones políticas y los medios masivos de comunicación, que han sido los mecanismos tradicionales de dominación y de control del pueblo, se están hundiendo en el más absoluto descrédito.
7. La campaña durante los 64 días siguientes al 2 de julio tratando de imponer la creencia de que Calderón ganó la elección ha fracasado de manera rotunda y no ha logrado más que confirmar las dimensiones del fraude. El operativo propagandístico, que en sus inicios insistía en que México vive el esplendor de una "transición democrática", se transformó ante su fracaso en otra campaña no menos fallida en la que se reconocían "irregularidades" pero se proclamaba que éstas eran el producto de las inercias del pasado y que no fueron significativas, y con esto no se ha hecho más que exacerbar el encono, dejándose a la mayoría de los medios sin credibilidad.
8. La retórica oficial sobre "las instituciones" se está desmoronando, pues no se sustenta en nada cuando en el régimen actual éstas sirven a fines privados y no a intereses públicos. Cuando Joaquín López Dóriga, locutor de Televisa, le preguntaba a Calderón el martes 5 sobre los señalamientos de un fraude orquestado desde Los Pinos y su carácter de "espurio", Calderón balbuceante se negó a responder y se refugió una vez más en las instituciones: el tribunal electoral, que es la más alta institución -reiteró-, "ha dicho que yo gané".
9. Los enriquecidos y amedrentados magistrados de la Sala Superior no tienen ni la más lejana idea de lo que han hecho ni de la trascendencia histórica de la cínica decisión que asumieron y que rezuma un enorme desprecio a la legalidad. Este fallo, carente del mínimo sustento jurídico, en vez de crear las condiciones para permitirle a la ultraderecha enquistarse en el poder económico y político por seis años más, como ellos lo pretendían, lo que va a lograr es, por el contrario, abrir enormes posibilidades para el cambio político y económico en México.
10. Al quebrantarse de manera tan flagrante el orden constitucional, el pueblo tiene el legítimo derecho de rechazar esa decisión, de desconocer a un gobernante espurio como Felipe Calderón, así como a las autoridades de facto que se pretende instalar el primero de diciembre, y de impulsar otra forma de organización política a fin de rescatar a la nación. Y lo va a empezar a hacer sin duda el 16 de septiembre.
Les urge desaparecer el cuerpo del delito
En La Jornada
No son documentos públicos, responde a la revista Proceso
Rechaza el IFE sacar a la luz las boletas del 2 de julio
Serán resguardadas hasta que proceda su destrucción, explica
ALONSO URRUTIA
El Instituto Federal Electoral (IFE) determinó rechazar la petición de la revista Proceso para acceder a la documentación electoral del 2 de julio. Las razones: las boletas no son documentación pública, están sujetas a un régimen especial de ''inviolabilidad'' que hace que ni el propio organismo tenga acceso y, además, existe un principio de definitividad en todas las etapas de la elección.
La petición original del semanario se presentó el 28 de julio pasado en la unidad de enlace del IFE, bajo la firma del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda. La solicitud incluía tener ''acceso al sobre con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio de 2006 en todo el país, para la elección de presidente de la República''.
En su escrito, Proceso señalaba que la solicitud de acceso a las boletas podría ser autorizada "inmediatamente después de que el tribunal electoral concluya el dictamen, así como la declaración de validez o no validez de los comicios para presidente de la República''.
Días después, grupos ciudadanos se adhirieron a esta petición.
''Inviable constitucionalmente''
De acuerdo con la resolución del comité de información del IFE, existen preceptos constitucionales y legales que impiden dar acceso a estas boletas, pues al no tener carácter de documento público, ni relacionarse con un acto concreto de autoridad, se hace inviable esta petición. En tal caso, subraya, el acceso a la información sólo es procedente mediante el acta de las casillas respectivas, dado que ahí sí existe un acto de autoridad específico que puede ser verificado.
La respuesta a Proceso, que se estima será la misma que dará en breve a una petición ciudadana encabezada por un grupo de intelectuales, entre quienes se encuentran Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Luis Mandoki y Olga Harmony, establece centralmente que ''las boletas electorales no se ajustan a la definición legal de documento y por tanto de acceso a la información''. Agrega que un documento público del IFE sólo se define como tal en la medida en que registre las actividades o facultades del instituto y su personal.
''Las boletas no registran esa actividad. No son documentos jurídicamente hablando, pues registran la expresión popular del voto y ésa no puede calificarse como actividad o facultad del IFE y sus servidores públicos''.
Más adelante señala que al momento en que el ciudadano sufraga, las boletas se convierten técnicamente en un voto, que es la expresión material de la preferencia electoral de quien lo emite. Una vez concluida la jornada, el contenido de estos sufragios se vierte en las actas.
De acuerdo con el razonamiento del comité de información, durante el proceso que va desde la emisión del voto hasta el cómputo, existe la posibilidad de que sean vigilados por observadores nacionales y extranjeros, así como por representantes de partidos políticos que participan en la contienda, lo cual hace posible el cumplimiento de las disposiciones constitucionales para que las elecciones sean libres y auténticas.
Posteriormente, el documento razona que una vez computados los sufragios no hay regulación electoral alguna que establezca la posibilidad de una apertura que dé acceso a las boletas, salvo que exista una disposición expresa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fines específicos.
Al mismo tiempo, señala que de la legislación electoral ''no es factible desprender que se permita el acceso a los materiales resguardados a la conclusión del proceso, en razón de que la obligación de resguardo y de inviolabilidad no se interrumpe bajo ningún supuesto. En consecuencia, no es jurídicamente posible entregar o poner a disposición de persona alguna los votos contenidos en los paquetes electorales''. De conformidad con la ley, el IFE sólo tiene facultades expresas, en torno a las boletas, que lo ''constriñen a mantener la inviolabilidad de su resguardo durante y después del proceso para que, una vez concluido éste, proceda en un momento dado su destrucción''.
Citando resoluciones del tribunal electoral, justifica la imposibilidad de abrir el acceso a las papeletas, puesto que el instituto sólo puede hacer aquello que le está expresa o implícitamente marcado en las leyes, ''ya que en caso contrario, si se permitiera el acceso, al carecer de fundamento normativo se violentarían tanto la garantía como el principio de legalidad, toda vez que no es jurídicamente procedente dar a las boletas un destino distinto y ajeno al que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales''.
Posteriormente, destaca que las papeletas no son susceptibles de conservación, ''ya que si el legislador hubiera considerado la posibilidad de permitir el acceso a las mismas se hubiera confiado el carácter de documento histórico o dejado al arbitrio del IFE su destino. En tal sentido, se reconoció la importancia de que las boletas tienen ya efecto de salvaguardar el principio de definitividad, que confirió su resguardo e inviolabilidad a los consejos distritales, y su consulta la reservó al tribunal electoral''.
En sus argumentos, el instituto señala que es principio constitucional que el voto es secreto y que la mejor forma de garantizarlo es mediante el principio de definitividad. El legislador no obvió la posibilidad de asegurar las papeletas ''para no desvirtuar los resultados electorales y por ende afectar la decisión ciudadana, por lo que estableció una serie de mecanismos de inviolabilidad''.
Finalmente, indica que el camino por el cual transitan los votos se encuentra arropado permanentemente mediante la garantía de inviolabilidad, que es ''oponible frente a cualquiera, inclusive el propio instituto, que no cuente con facultades legales que le permitan para sí o en favor de un tercero, dar acceso a las boletas''.
El artículo 254, párrafo segundo, del Cofipe, establece: ''... los presidentes (de los consejos distritales) tomarán las medidas necesarias para el depósito, en el lugar señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234 (boletas inutilizadas, votos válidos y votos nulos) de este código, hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido éste se procederá a su destrucción''.
En La Jornada
''Les urge incinerarlas''
Con la negativa de proporcionar acceso a las boletas electorales a organizaciones civiles y medios de comunicación, como la revista Proceso, para realizar un recuento apartidista, el IFE busca ahora, de forma fáctica, una nueva categoría dentro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalaron ayer académicos de la UNAM, representantes de colectivos civiles y ex consejeros electorales.
Coincidieron en que no aplica ninguna restricción en la información electoral porque, de acuerdo con dicha ley, la única información que no es pública es aquella expresamente relacionada con la seguridad nacional y con los datos personales.
En la mesa redonda Debatiendo los límites de la transparencia, organizada por el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en México, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval sostuvo que ni el IFE ni el tribunal electoral ''han salido bien parados de su prueba histórica, como tampoco el Cofipe'', y añadió que el instituto ha respondido ''de manera muy débil'' a la solicitud de acceso a las boletas electorales.
Advirtió que a los funcionarios del IFE ''les urge incinerar las boletas para que no queden supuestas pruebas de la elección'', y subrayó que la petición para el recuento obedece al derecho de acceso a la información, con el objeto de someter a la rendición de cuentas a las instituciones electorales.
Hugo Almada, de Alianza Cívica, consideró que el nivel de ''arcaísmo'' en las instituciones y procesos electorales quita transparencia y certeza a los comicios y sus resultados. Por su parte, John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que la solicitud de acceso a las boletas para un recuento ciudadano tiene como fin ''conocer la verdad histórica''.
José Galán
Comento: ¿Más claro el fraude? ¿Más claro que son un grupo de delincuentes que están en contra de la voluntad popular? ¿Y todavía pretenden que nos dobleguemos ante tanto ultraje y tanta porquería?
Esto no puede quedar impune. El pueblo mexicano tiene dignidad y no puede permitir que lo traten de esta manera.
La Convención Nacional Democrática es nuestra posibilidad de mandarlos al diablo, de cambiar al gobierno y de rescatar a la República de la delincuencia organizada que han montado las autoridades en perjuicio de México. Esto es lo más importante.
No son documentos públicos, responde a la revista Proceso
Rechaza el IFE sacar a la luz las boletas del 2 de julio
Serán resguardadas hasta que proceda su destrucción, explica
ALONSO URRUTIA
El Instituto Federal Electoral (IFE) determinó rechazar la petición de la revista Proceso para acceder a la documentación electoral del 2 de julio. Las razones: las boletas no son documentación pública, están sujetas a un régimen especial de ''inviolabilidad'' que hace que ni el propio organismo tenga acceso y, además, existe un principio de definitividad en todas las etapas de la elección.
La petición original del semanario se presentó el 28 de julio pasado en la unidad de enlace del IFE, bajo la firma del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda. La solicitud incluía tener ''acceso al sobre con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio de 2006 en todo el país, para la elección de presidente de la República''.
En su escrito, Proceso señalaba que la solicitud de acceso a las boletas podría ser autorizada "inmediatamente después de que el tribunal electoral concluya el dictamen, así como la declaración de validez o no validez de los comicios para presidente de la República''.
Días después, grupos ciudadanos se adhirieron a esta petición.
''Inviable constitucionalmente''
De acuerdo con la resolución del comité de información del IFE, existen preceptos constitucionales y legales que impiden dar acceso a estas boletas, pues al no tener carácter de documento público, ni relacionarse con un acto concreto de autoridad, se hace inviable esta petición. En tal caso, subraya, el acceso a la información sólo es procedente mediante el acta de las casillas respectivas, dado que ahí sí existe un acto de autoridad específico que puede ser verificado.
La respuesta a Proceso, que se estima será la misma que dará en breve a una petición ciudadana encabezada por un grupo de intelectuales, entre quienes se encuentran Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Luis Mandoki y Olga Harmony, establece centralmente que ''las boletas electorales no se ajustan a la definición legal de documento y por tanto de acceso a la información''. Agrega que un documento público del IFE sólo se define como tal en la medida en que registre las actividades o facultades del instituto y su personal.
''Las boletas no registran esa actividad. No son documentos jurídicamente hablando, pues registran la expresión popular del voto y ésa no puede calificarse como actividad o facultad del IFE y sus servidores públicos''.
Más adelante señala que al momento en que el ciudadano sufraga, las boletas se convierten técnicamente en un voto, que es la expresión material de la preferencia electoral de quien lo emite. Una vez concluida la jornada, el contenido de estos sufragios se vierte en las actas.
De acuerdo con el razonamiento del comité de información, durante el proceso que va desde la emisión del voto hasta el cómputo, existe la posibilidad de que sean vigilados por observadores nacionales y extranjeros, así como por representantes de partidos políticos que participan en la contienda, lo cual hace posible el cumplimiento de las disposiciones constitucionales para que las elecciones sean libres y auténticas.
Posteriormente, el documento razona que una vez computados los sufragios no hay regulación electoral alguna que establezca la posibilidad de una apertura que dé acceso a las boletas, salvo que exista una disposición expresa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fines específicos.
Al mismo tiempo, señala que de la legislación electoral ''no es factible desprender que se permita el acceso a los materiales resguardados a la conclusión del proceso, en razón de que la obligación de resguardo y de inviolabilidad no se interrumpe bajo ningún supuesto. En consecuencia, no es jurídicamente posible entregar o poner a disposición de persona alguna los votos contenidos en los paquetes electorales''. De conformidad con la ley, el IFE sólo tiene facultades expresas, en torno a las boletas, que lo ''constriñen a mantener la inviolabilidad de su resguardo durante y después del proceso para que, una vez concluido éste, proceda en un momento dado su destrucción''.
Citando resoluciones del tribunal electoral, justifica la imposibilidad de abrir el acceso a las papeletas, puesto que el instituto sólo puede hacer aquello que le está expresa o implícitamente marcado en las leyes, ''ya que en caso contrario, si se permitiera el acceso, al carecer de fundamento normativo se violentarían tanto la garantía como el principio de legalidad, toda vez que no es jurídicamente procedente dar a las boletas un destino distinto y ajeno al que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales''.
Posteriormente, destaca que las papeletas no son susceptibles de conservación, ''ya que si el legislador hubiera considerado la posibilidad de permitir el acceso a las mismas se hubiera confiado el carácter de documento histórico o dejado al arbitrio del IFE su destino. En tal sentido, se reconoció la importancia de que las boletas tienen ya efecto de salvaguardar el principio de definitividad, que confirió su resguardo e inviolabilidad a los consejos distritales, y su consulta la reservó al tribunal electoral''.
En sus argumentos, el instituto señala que es principio constitucional que el voto es secreto y que la mejor forma de garantizarlo es mediante el principio de definitividad. El legislador no obvió la posibilidad de asegurar las papeletas ''para no desvirtuar los resultados electorales y por ende afectar la decisión ciudadana, por lo que estableció una serie de mecanismos de inviolabilidad''.
Finalmente, indica que el camino por el cual transitan los votos se encuentra arropado permanentemente mediante la garantía de inviolabilidad, que es ''oponible frente a cualquiera, inclusive el propio instituto, que no cuente con facultades legales que le permitan para sí o en favor de un tercero, dar acceso a las boletas''.
El artículo 254, párrafo segundo, del Cofipe, establece: ''... los presidentes (de los consejos distritales) tomarán las medidas necesarias para el depósito, en el lugar señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234 (boletas inutilizadas, votos válidos y votos nulos) de este código, hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido éste se procederá a su destrucción''.
En La Jornada
''Les urge incinerarlas''
Con la negativa de proporcionar acceso a las boletas electorales a organizaciones civiles y medios de comunicación, como la revista Proceso, para realizar un recuento apartidista, el IFE busca ahora, de forma fáctica, una nueva categoría dentro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalaron ayer académicos de la UNAM, representantes de colectivos civiles y ex consejeros electorales.
Coincidieron en que no aplica ninguna restricción en la información electoral porque, de acuerdo con dicha ley, la única información que no es pública es aquella expresamente relacionada con la seguridad nacional y con los datos personales.
En la mesa redonda Debatiendo los límites de la transparencia, organizada por el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en México, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval sostuvo que ni el IFE ni el tribunal electoral ''han salido bien parados de su prueba histórica, como tampoco el Cofipe'', y añadió que el instituto ha respondido ''de manera muy débil'' a la solicitud de acceso a las boletas electorales.
Advirtió que a los funcionarios del IFE ''les urge incinerar las boletas para que no queden supuestas pruebas de la elección'', y subrayó que la petición para el recuento obedece al derecho de acceso a la información, con el objeto de someter a la rendición de cuentas a las instituciones electorales.
Hugo Almada, de Alianza Cívica, consideró que el nivel de ''arcaísmo'' en las instituciones y procesos electorales quita transparencia y certeza a los comicios y sus resultados. Por su parte, John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que la solicitud de acceso a las boletas para un recuento ciudadano tiene como fin ''conocer la verdad histórica''.
José Galán
Comento: ¿Más claro el fraude? ¿Más claro que son un grupo de delincuentes que están en contra de la voluntad popular? ¿Y todavía pretenden que nos dobleguemos ante tanto ultraje y tanta porquería?
Esto no puede quedar impune. El pueblo mexicano tiene dignidad y no puede permitir que lo traten de esta manera.
La Convención Nacional Democrática es nuestra posibilidad de mandarlos al diablo, de cambiar al gobierno y de rescatar a la República de la delincuencia organizada que han montado las autoridades en perjuicio de México. Esto es lo más importante.
La SCJN le cierra la puerta en las narices al pueblo
En el editorial de La Jornada
Instituciones cerradas
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ayer, por ocho votos contra dos, desechar en forma definitiva las peticiones ciudadanas para que investigara las violaciones al voto público en los comicios del pasado 2 de julio. Tales demandas se fundamentaron en el artículo 97 constitucional, que faculta al máximo tribunal a "practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión".
La determinación de ayer era previsible, no sólo por la conocida sumisión al Ejecutivo con que se ha desempeñado el presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, sino porque, a mediados del mes pasado, este magistrado declaró que el precepto constitucional referido era, a su juicio, "totalmente anacrónico, obsoleto" y que había sido "redactado con los pies".
Al margen del espectáculo deplorable que ofreció el titular del Poder Judicial al expresarse de la Carta Magna en tales términos, resultaba evidente, desde entonces, que el máximo tribunal del país habría de lavarse las manos ante el conflicto poselectoral en curso. Ayer, la mayoría de los ministros del pleno alegaron que los ciudadanos que presentaron las solicitudes carecían de legitimación para ello, pues el texto constitucional señala que la facultad de la SCJN para investigar violaciones al voto público ha de ejercerse "de oficio".
Lo cierto es que el fallo emitido el pasado martes por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció la comisión de irregularidades y violaciones legales en las conductas del Presidente de la República y de cúpulas empresariales y que, pese a todo, la Suprema Corte decidió lavarse las manos y abstenerse de intervenir, así hubiese sido de oficio, en un conflicto que ha rebasado al conjunto de las instituciones y que constituye una grave amenaza para la estabilidad, la gobernabilidad y la paz en el país. Así, el máximo tribunal se hizo corresponsable junto con la Presidencia, el Instituto Federal Electoral, el propio TEPJF, los capitales privados y la Cámara de Diputados, cuyas bancadas panista y priísta entregaron ayer mismo a Felipe Calderón el bando solemne que lo califica como presidente electo del callejón sin salida en que se encuentra la vida política de la nación y de la fractura ciudadana que quedó como saldo del desaseado y dudoso proceso electoral de julio.
Con la determinación de la SCJN se cerró el último de los canales institucionales por el que habría podido encauzarse la confrontación.
El grupo en el poder afirma ahora, en todos los tonos que puede, que el movimiento ciudadano articulado en torno de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador pretende una rendición de las instituciones y que éstas le entreguen, sin más, al aspirante de la coalición Por el Bien de Todos la jefatura del Estado. Tal argumento es una más de las distorsiones habituales en el discurso oficial, en el que casi todos los asuntos de la vida nacional aparecen, por lo demás, distorsionados y adulterados. Lo que verdaderamente ha venido pidiendo ese movimiento, y que encuentra eco en amplios sectores de la población, es la vigencia de mecanismos de impugnación y de corrección de los defectos en las decisiones de los organismos electorales.
La absurda negativa del TEPJF a recontar los sufragios emitidos el 2 de julio dio la razón a los opositores, y esa razón se confirma, ahora, con el portazo en las narices que recibieron en la SCJN. México padece instituciones que emiten fallos inapelables, que se cubren las espaldas unas a otras y que conforman, en conjunto, no un sistema de contrapesos, sino una red de complicidades que decretó la inexistencia de cuando menos un tercio de la ciudadanía y ahora pretende que no ha pasado nada.
Comento: ¿Cómo pretenden que el pueblo respete instituciones que no le sirven para nada? Las instituciones están amafiadas y podridas. ¡Al diablo con sus instituciones!
Instituciones cerradas
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ayer, por ocho votos contra dos, desechar en forma definitiva las peticiones ciudadanas para que investigara las violaciones al voto público en los comicios del pasado 2 de julio. Tales demandas se fundamentaron en el artículo 97 constitucional, que faculta al máximo tribunal a "practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión".
La determinación de ayer era previsible, no sólo por la conocida sumisión al Ejecutivo con que se ha desempeñado el presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, sino porque, a mediados del mes pasado, este magistrado declaró que el precepto constitucional referido era, a su juicio, "totalmente anacrónico, obsoleto" y que había sido "redactado con los pies".
Al margen del espectáculo deplorable que ofreció el titular del Poder Judicial al expresarse de la Carta Magna en tales términos, resultaba evidente, desde entonces, que el máximo tribunal del país habría de lavarse las manos ante el conflicto poselectoral en curso. Ayer, la mayoría de los ministros del pleno alegaron que los ciudadanos que presentaron las solicitudes carecían de legitimación para ello, pues el texto constitucional señala que la facultad de la SCJN para investigar violaciones al voto público ha de ejercerse "de oficio".
Lo cierto es que el fallo emitido el pasado martes por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció la comisión de irregularidades y violaciones legales en las conductas del Presidente de la República y de cúpulas empresariales y que, pese a todo, la Suprema Corte decidió lavarse las manos y abstenerse de intervenir, así hubiese sido de oficio, en un conflicto que ha rebasado al conjunto de las instituciones y que constituye una grave amenaza para la estabilidad, la gobernabilidad y la paz en el país. Así, el máximo tribunal se hizo corresponsable junto con la Presidencia, el Instituto Federal Electoral, el propio TEPJF, los capitales privados y la Cámara de Diputados, cuyas bancadas panista y priísta entregaron ayer mismo a Felipe Calderón el bando solemne que lo califica como presidente electo del callejón sin salida en que se encuentra la vida política de la nación y de la fractura ciudadana que quedó como saldo del desaseado y dudoso proceso electoral de julio.
Con la determinación de la SCJN se cerró el último de los canales institucionales por el que habría podido encauzarse la confrontación.
El grupo en el poder afirma ahora, en todos los tonos que puede, que el movimiento ciudadano articulado en torno de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador pretende una rendición de las instituciones y que éstas le entreguen, sin más, al aspirante de la coalición Por el Bien de Todos la jefatura del Estado. Tal argumento es una más de las distorsiones habituales en el discurso oficial, en el que casi todos los asuntos de la vida nacional aparecen, por lo demás, distorsionados y adulterados. Lo que verdaderamente ha venido pidiendo ese movimiento, y que encuentra eco en amplios sectores de la población, es la vigencia de mecanismos de impugnación y de corrección de los defectos en las decisiones de los organismos electorales.
La absurda negativa del TEPJF a recontar los sufragios emitidos el 2 de julio dio la razón a los opositores, y esa razón se confirma, ahora, con el portazo en las narices que recibieron en la SCJN. México padece instituciones que emiten fallos inapelables, que se cubren las espaldas unas a otras y que conforman, en conjunto, no un sistema de contrapesos, sino una red de complicidades que decretó la inexistencia de cuando menos un tercio de la ciudadanía y ahora pretende que no ha pasado nada.
Comento: ¿Cómo pretenden que el pueblo respete instituciones que no le sirven para nada? Las instituciones están amafiadas y podridas. ¡Al diablo con sus instituciones!
El traidor le reporta al fascista en jefe
Traído de sendero de fecal
El pelele, el traidor y el fascista en jefe. ¡Caray, faltó el pelón de las orejas para tenerlos a todos juntos!
El pelele, el traidor y el fascista en jefe. ¡Caray, faltó el pelón de las orejas para tenerlos a todos juntos!
Instrucciones del traidor al espurio
Nos mandan esta imagen del Che blog
El instructor
Comento: Asertaron amigos, no dudo para nada que este sea el nivel de recomendaciones, nomás veánles las caras de zoquetes que tienen los dos. Les adivinaron la plática. Visto así, no está tan díficil borrarlos de nuestra vida pública, ¿no creen?
El instructor
Comento: Asertaron amigos, no dudo para nada que este sea el nivel de recomendaciones, nomás veánles las caras de zoquetes que tienen los dos. Les adivinaron la plática. Visto así, no está tan díficil borrarlos de nuestra vida pública, ¿no creen?
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