jueves, agosto 16, 2012
Documental: La Educación Prohibida
La Educación Prohibida es una película documental que se
propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma
de entender la educación, visibilizando experiencias educativas
diferentes, no convencionales que plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo.
La Educación Prohibida es un proyecto realizado por jóvenes
que partieron desde la visión del quienes aprenden y se embarcaron en
una investigación que cubre 8 países realizando entrevistas a más de 90
educadores de propuestas educativas alternativas. La película
fue financiada colectivamente gracias a cientos de coproductores y tiene
licencias libres que permiten y alientan su copia y reproducción.
La Educación Prohibida se propone alimentar y disparar un debate reflexión social acerca de las bases que sostienen la escuela, promoviendo el desarrollo de una educación integral centrada en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje.
http://youtu.be/-1Y9OqSJKCc"La Educación Prohibida", Estreno Mundial 13 de Agosto del 2012
Sitio Web Oficial: http://www.educacionprohibida.com
Mapa de Proyecciones Independientes: http://proyecciones.educacionprohibida.com/mapa/
Amenaza GB con asaltar Embajada de Ecuador
'Si gobierno británico concreta amenaza, embajas del mundo están en grave riesgo #FreeAssange #Wikileaks
Ricardo Patiño reveló que recibieron por escrito una amenaza de asaltar la Embajada si no entregaban al fundador de WikiLeaks
Amenaza GB con asaltar Embajada; Ecuador
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| Julian Assange está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio. |
Quito, Ecuador (15 agosto 2012).- El Canciller de Ecuador, Ricardo
Patiño, denunció que el Gobierno de Gran Bretaña amenazó con asaltar la
Embajada ecuatoriana en Londres para capturar a Julian Assange.
Ecuador califica como "inadmisible" la amenaza británica de arrestar a Assange en embajada
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| El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, calificó como "inadmisible" una "amenaza" del gobierno del Reino Unido de arrestar a Julian Assange en la embajada de este país. |
El canciller de
Ecuador, Ricardo Patiño, calificó como "inadmisible" una "amenaza" del
gobierno del Reino Unido de arrestar a Julian Assange en la embajada de
este país sudamericano en Londres, donde se encuentra en espera de
asilo.
Presume Porsche senador priista: ¡Sigan provocando la rabia de un pueblo muriéndose de hambre por sus raterías!
Orihuela fue electo senador de la República por Michoacán el pasado 1 de julio.
El senador es accionista de al menos cuatro agencias distribuidoras de automóviles.
Adán García / Corresponsal
Morelia,
México (15 agosto 2012).- Usar como transporte un automóvil Porsche
Panamera, cotizado en 133 mil 500 dólares, más de un millón de pesos, le
ha valido críticas y cuestionamientos en redes sociales al senador
electo del PRI por Michoacán, Ascensión Orihuela.
Paga erario 1 mil 130 millones por bono del miedo
Cada año el presidente de México, ocho secretarios y la procuradora
general de la República cobran, del erario, entre 500 mil y 600 mil
pesos por un “bono por riesgo”. Con ellos, otros 2 mil 250 funcionarios
de primer nivel reciben la dádiva que “protege” la integridad de quienes
supuestamente arriesgan la vida por su labor. Excluidos de la
prestación, los más de 100 mil soldados, marinos y policías federales
desplegados en ciudades, carreteras, caminos y poblaciones rurales para
“enfrentar” a las bandas del narcotráfico. Sólo en este año, el gobierno
federal gastará en el “Pago extraordinario por riesgo” 1 mil 130
millones de pesos. A la cúpula de Ejército y Marina, el 70 por ciento
del gasto
El presidente Felipe Calderón Hinojosa encabeza una lista de 2 mil
260 funcionarios de alto nivel del gobierno federal que este año
cobrarán un “bono por riesgo” de hasta 598 mil pesos. En su mayoría, los
beneficiarios reciben más de medio millón por ese concepto, mientras
que una minoría obtiene entre 441 mil y 92 mil pesos anuales.
Por el “Pago extraordinario por riesgo” de ese puñado de servidores
públicos, el erario federal desembolsará 1 mil 130 millones de pesos
tan sólo en este año. El monto equivale a 34 veces el presupuesto 2012
del municipio más pobre del país: Cochoapa el Grande, Guerrero .
Los apenas 33 millones 125 mil pesos que ejercerá ese ayuntamiento de
la Montaña guerrerense se cubrirían sólo con 66 de los más de 2 mil
bonos.
Aunque se trata de una prestación para los funcionarios que
supuestamente corren peligro por su labor, no se otorga a los 70 mil
soldados y marinos ni a los 34 mil 415 policías federales involucrados
en la “guerra” contra el narcotráfico. Más aún, quienes sí reciben estos
bonos son también quienes cuentan con escoltas pagados con recursos
públicos, como la guardia presidencial de Felipe Calderón Hinojosa o el
personal de seguridad de los secretarios y subsecretarios de Estado.
Y es que la prestación se creó para beneficiar sólo a las cúpulas:
más de medio millón de pesos anuales se destinan para el presidente de
la República, ocho de los 18 secretarios de Estado, el procurador
general, los subsecretarios, subprocuradores, oficiales mayores, jefes
de unidad, directores y coordinadores generales; 441 mil 732 pesos
anuales, para directores generales adjuntos; 332 mil 436, para
directores; 142 mil 440, para subdirectores, y 92 mil 124 pesos, para
jefes de departamento.
El general Francisco Gallardo señala que estas prerrogativas y las
leyes que les dan sustento deben ser revisadas para evitar el dispendio
del gasto público. Agrega que ningún servidor público “debería traer
escoltas con personal militar. Sin embargo, queda a discreción del
presidente, a través de un reglamento, dar o no a los servidores
públicos este tipo de seguridades”.
Los beneficiarios
Por
el “peligro” que enfrenta, el panista Felipe Calderón cobrará un bono
de 597 mil 60 pesos. Pero ésta no es la única prestación que le pagará
el erario por las supuestas amenazas que recibe: el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2012 establece que “en aquellos puestos de
personal civil y militar de las dependencias, cuyo desempeño ponga en
riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá
otorgarse la potenciación del seguro de vida institucional y un pago
extraordinario por riesgo hasta del 30 por ciento sobre la percepción
ordinaria mensual”.
Así, tanto el presidente como los 2 mil 259 “funcionarios en
riesgo” sumarán al bono de medio millón la “Potenciación del seguro de
vida institucional”. En el caso del aún mandatario de México, se trata
de otros 233 mil 386 pesos. En total, el peligro en que supuestamente
vive el presidente costará este año 830 mil 446 pesos a las finanzas
públicas.
En la lista de beneficiarios le siguen los secretarios de Estado
Guillermo Galván Galván (Defensa Nacional, Sedena), Mariano Saynez
Mendoza(Marina), Genaro García Luna (Seguridad Pública), Alejandro Poiré
Romero (Gobernación, Segob), José Antonio Meade Kuribreña (Hacienda y
Crédito Público), Rafael Morgan Ríos (Función Pública, SFP), Patricia
Espinosa Cantellano (Relaciones Exteriores), Dionisio Pérez-Jácome
Friscione (Comunicaciones y Transportes), y la procuradora General de la
República, Marisela Morales, con bonos por 580 mil 596 pesos.
También destacan, con “Pagos extraordinarios por riesgo” de 579 mil
636 pesos anuales, los subsecretarios de Defensa, Carlos Demetrio
Gaytán Ochoa; de Marina, Jorge Humberto Pastor Gómez; los subsecretarios
de la Segob:?de Gobierno, Obdulio Ávila Mayo; de Enlace Legislativo,
Rubén Alfonso Fernández Aceves; de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos,
Max Alberto Diener Sala; de Población, Migración y Asuntos Religiosos,
Gustavo Mohar Betancourt; y los subprocuradores de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada, José Cuitláhuac Salinas
Martínez; de Investigación Especializada en Delitos Federales, Irving
Barrios Mojica; de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a
la Comunidad, Miguel Ontiveros Alonso; Jurídico y de Asuntos
Internacionales, Alejandro Ramos Flores; y de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo, Victoria Pacheco Jiménez.
La lista incluye con bonos de 565 mil 188 pesos al director del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Jaime Domingo López
Buitrón; y a su secretario general, Monte Alejandro Rubido; al
procurador Federal de Protección al Ambiente, Hernando Guerrero Cázares;
a la comisionada General de la Policía Federal, Maribel Cervantes
Guerrero; al consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio
Robles; al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena; y el comisionado del Instituto Nacional de
Migración, Salvador Beltrán del Río Madrid.
Por los “riesgos” que corre al cumplir su labor, el presidente de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también obtendrá del erario
565 mil pesos en 2012. Recientemente, Guillermo Babatz Torres avaló
multar por sólo 379 millones de pesos a HSBC, institución que según el
Senado de Estados Unidos lavó 7 mil millones de dólares del
narcotráfico mexicano entre 2007 y 2008. La sanción apenas representó el
0.4 por ciento del monto presuntamente blanqueado.
Dependencias que otorgan la dádiva
Aunque
no lo entregan a la tropa que se despliega en ciudades, carreteras,
caminos y poblaciones rurales para “enfrentar” a las bandas del
narcotráfico, las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina concentran
el 70 por ciento del gasto de los “bonos por riesgo”: de los 2 mil 260
beneficiarios, 1 mil 642 corresponden a la cúpula militar. De éstos, 852
son de la Sedena; 421, del Estado Mayor; y 369 de Marina.
Estos números revelan un crecimiento exponencial, pues en 2010 la
Sedena y el Estado Mayor “protegían” con este bono a sólo 652
funcionarios, que equivalen al 51.2 por ciento de los actuales; mientras
que la Secretaría de Marina “protegía” a 190, 51.4 por ciento de los
que ahora reciben el bono.
Para el general Francisco Gallardo, tanto los aumentos al sueldo de
los militares como el “bono por riesgo” que se le paga a la cúpula de
la Sedena y Marina “iban encaminados a cooptar a los altos mandos
militares. Ahora los generales ganan muchísimo dinero. Supuestamente se
iba a dar un apoyo a la tropa, pero más del 80 por ciento del gasto
corriente se va a las cúpulas, al alto mando militar. El resto, el 20
por ciento, es el que se reparte a la base”.
El docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México opina que son las bases las que
verdaderamente se exponen a una situación de riesgo. “Los altos mandos
militares nunca han estado expuestos, en primera línea, a situaciones
que los pongan en riesgo de perder la vida. [El bono] sólo tiene el
objetivo de legitimar la ‘guerra’ contra las drogas de Calderón”.
Por número de funcionarios favorecidos, le siguen el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional, con 238; la Procuraduría General de
la República, con 170; la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, con 67; el Servicio de Administración Tributaria, con 43; la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 20; la Secretaría de la
Función Pública, con 19; la Secretaría de Seguridad Pública, con 16; la
Policía Federal, con 13, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
con 10.
En la Presidencia de la República, además de Calderón Hinojosa,
otros ocho servidores públicos obtienen “bonos por riesgo” de entre 565
mil 188 y 441 mil 732 pesos. En Gobernación, ocho funcionarios de alto
nivel se benefician de esa prerrogativa. En Relaciones Exteriores,
además de la secretaria Espinosa Cantellano, se le otorgan 579 mil pesos
a uno de sus cuatro subsecretarios.
En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de Migración sólo
los titulares obtendrán más de medio millón por el bono del miedo.
Discrecionalidad legalizada
De
acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2012, la Secretaría de la Función
Pública es la encargada de evaluar la gravedad del riesgo y de
determinar el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo
y, en su caso, de autorizar el pago, previo al dictamen favorable de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito presupuestario.
Consultada sobre la manera en cómo y a quién se asigna el bono, la SFP indica a Contralínea
que el “Pago extraordinario por riesgo” es un “porcentaje por el factor
del riesgo en función de un puesto específico, que queda sujeto a la
disponibilidad presupuestal de la institución de que se trate. De esta
suerte, la información en poder de esta Secretaría no incluye, en la
mayoría de los casos, el nombre de los servidores públicos que ocupan
los puestos a los que les fue autorizado el pago por riesgo, ni mucho
menos el monto que efectivamente se le paga”.
Para “justificar” que no se trata de un pago discrecional, la
dependencia que encabeza Rafael Morgan –quien recibirá un bono de 580
mil pesos por este concepto– arguye que el Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos confirmó la reserva respecto del
nombre del puesto y del servidor público en los casos de la Sedena,
Marina, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Seguridad
Pública, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Procuraduría
General de la República y SFP.
Francisco Gallardo advierte que el gobierno federal se resiste a
transparentar el tema, porque nunca hay disposición de publicar
abiertamente el manejo de los recursos del Estado: “La autoridad siempre
va a dar la información que le conviene, no la que puede esclarecer
asuntos que tienen que ver con el interés público”. Por ello, indica que
se deben hacer reformas a las leyes que permitan conocer el uso del
erario y los resultados de las políticas públicas.
En su tarjeta informativa, la Secretaría de la Función Pública
agrega que los “Pagos extraordinarios por riesgo” se autorizan “conforme
a las reglas que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación
del año correspondiente y a los lineamientos que emite la propia
Secretaría”. Y que es la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal, a cargo de Raúl Arceo Alonzo, la que
autoriza cada “bono por riesgo”.
Para evaluar el peligro al que supuestamente se enfrentan los
funcionarios, la SFP aplica la siguiente fórmula: factor de riesgo es
igual a la exposición por la frecuencia por la incidencia entre 100.
Sobre los valores, sólo aclara que en la exposición se toman en cuenta
las funciones y responsabilidades del servidor público, su nivel
jerárquico, la clasificación de la información que maneja, los riesgos
inherentes a la institución en la que labora, así como la ubicación de
su residencia y de su centro de trabajo.
Respecto de estos últimos, identifica como zonas de alto riesgo, en
el Distrito Federal, las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez,
Gustavo A Madero e Iztapalapa. Y al interior del país, a Guerrero,
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y los “estados fronterizos del
Norte”.
Las instituciones que, considera, entrañan un riesgo mayor son
Presidencia, Procuraduría General de la República, Secretaría de
Seguridad Pública, Policía Federal, Secretaría de Gobernación, Instituto
Nacional de Migración y Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
El “Pago extraordinario por riesgo”, indica el general Gallardo,
“es un mecanismo de cooptación del gobierno federal para mantener bajo
su control la voluntad del alto mando [en la milicia], para mantenerlos
controlados. Ellos [los beneficiarios del bono] no corren ningún riesgo;
lo corre la tropa, lo corren los oficiales de mandos medios que están
en los retenes militares, confrontándose directamente con las fuerzas
del crimen organizado. Esto es un dispendio y un abuso de los altos
funcionarios [respecto] de estos recursos públicos, que son escasos y
son necesarios para asuntos como la educación, la seguridad social, la
salud pública”.
Necesario, ombudsman militarLa instauración de un ombudsman militar “permitiría transparentar el ejercicio del mando y el respeto a los derechos humanos que debería tener el Ejército Mexicano hacia dentro y hacia fuera en contacto con la sociedad”, indica el general Francisco Gallardo.En entrevista, el politólogo señala que esta figura permitiría conocer con puntualidad cómo se usan los recursos que da el Estado a los militares para los actos de defensa. Por ello, apunta que la necesidad de contar con el ombudsman que propuso desde hace 18 años está vigente.
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