MÉXICO, D.F., 15 de abril (apro).- Justo en momentos en que se recrudecieron los combates entre las fuerzas armadas y el narcotráfico, que a su paso dejaron una estela de civiles muertos, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) desmontó una maniobra ilegal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante la cual pretendía reservar durante 12 años el informe que el Subcomité de Protección contra la Tortura de la ONU entregó a México desde 2008.
La sesión plenaria del IFAI, celebrada el pasado 17 de marzo, no fue como otras. Y es que tres de los cinco comisionados, Sigrid Artz, María Elena Pérez Jaén y Ángel Trinidad Zaldívar, manifestaron su indignación por el comportamiento de la Cancillería en momentos difíciles para el país por la presencia del Ejército en las calles. Pero ante todo se preguntaron qué es lo que realmente esconde el gobierno del presidente Felipe Calderón.
El informe de la ONU fue publicado en periódicos de la ciudad de México en espacios muy pequeños, pero la postura adoptada por el IFAI seguramente trascenderá en los próximos meses, ya que los propios comisionados exhortaron a la Cancillería a no utilizar más artimañas para retrasar la atención de solicitudes de acceso a la información, y solicitaron una reunión inmediata con la titular de la SRE, Patricia Espinosa.
“Este tipo de interpretaciones (para reservar el informe de la ONU) fueron hechas por un leguleyo, un discutidor que aplica el derecho sin rigor y con desenfado”, acusó el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, autor del proyecto de resolución sobre el caso.
Entre el 28 de agosto y el 22 de septiembre de 2008, el Subcomité de Protección contra la Tortura estuvo en México de visita oficial. En su agenda de trabajo consta que visitaron prisiones en Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, estado de México y el Distrito Federal.
Además, se reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como con representantes de organizaciones no gubernamentales.
Los enviados de la ONU estuvieron en México cuando ya se habían cumplido dos años de guerra contra el narcotráfico. Cuando el presidente Felipe Calderón colocó en la primera línea de fuego a las fuerzas armadas.
Para ese entonces –septiembre del 2008–, el promedio de asesinatos y ejecuciones en diversos puntos del país era de 16 cada 24 horas, de acuerdo con una investigación de El Universal.
El 4 de septiembre de ese mismo año, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró ante la Cámara de Diputados que la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico, no sólo recurre a “acciones de alto impacto” como las decapitaciones y las narcomantas para aterrorizar o generar alarma social, sino que también cuenta con una base social que le da impunidad.
Meses después, en febrero de 2009, el Informe del Subcomité de Protección contra la Tortura fue entregado al gobierno de México. La ONU –de acuerdo con la normatividad internacional– le dio la categoría de confidencial; sin embargo, México –como cualquier otro país– tiene la facultad de hacerlo o no público, ya sea por decisión específica o en cumplimiento de sus leyes.
Alrededor de siete meses después, ante el silencio absoluto de la Cancillería respecto del informe, una de las organizaciones no gubernamentales involucrada en la defensa de las garantías individuales, Todos los Derechos para Todos, solicitó acceder al expediente.
La opacidad del gobierno mexicano era ya un hecho ante los ojos de las asociaciones que habían dialogado con la misión de la ONU.
En la petición, el representante de Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez Morales, refirió que el Subcomité de Prevención contra la Tortura elaboró un informe con “una serie de recomendaciones al gobierno mexicano”.
A pesar de que el activista precisó incluso qué despacho debería tener ese expediente entre sus archivos, la Cancillería tardó 20 días hábiles para señalar que por el momento no era posible localizar el informe entregado por la ONU y, aprovechando las ventajas que le da la Ley Federal de Transparencia, solicitó una prórroga de 20 días hábiles para localizarlo.
Al cumplirse este segundo plazo –aproximadamente tres semanas después–, la Unidad de Enlace de la Cancillería reportó a la organización Todos los Derechos para Todos que el informe requerido estaba reservado por 12 años, toda vez que las observaciones hechas al gobierno eran confidenciales y que permitir el acceso a las mismas afectaría las relaciones internacionales de México, pues violaría el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
Los activistas no aceptaron la respuesta de la Cancillería, por lo que tramitaron un recurso de revisión ante el IFAI.
En los alegatos enviados al comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, acusaron a la SRE de haber hecho una interpretación equívoca del Protocolo Facultativo contra la Tortura, ya que si bien se menciona que los informes se entregan en calidad de confidenciales, también es cierto que los países –en este caso México– pueden publicar las observaciones.
Como una prueba de que el abrir los archivos de la ONU no afecta las relaciones internacionales, la organización Todos los Derechos para Todos señaló que Suecia y Malvidas (un país situado en el Océano Índico, al sudoeste de Sri Lanka y la India, al sur de Asia) publicaron las observaciones hechas por el Subcomité de Protección contra la Tortura, sin que hasta el momento se hayan resentido efectos en su economía o en el desarrollo de los tratados comerciales.
Pero la Cancillería nunca aceptó haberse equivocado. En sus alegatos enviados al IFAI apuntó que México no había solicitado la apertura del archivo a la ONU y, aún más, afirmó que con anterioridad el grupo de trabajo encargado de atender las observaciones sobre la tortura decidió no difundir el informe a fin de “generar un proceso de confianza” entre las autoridades involucradas.
En la referida sesión pública, el comisionado Ángel Trinidad pidió una reunión con la SRE, ya que no sólo tergiversaron los alcances de un acuerdo, sino que también hicieron todo lo posible para no entregar la información, lo que va en contra de los principios de máxima publicidad y de rendición de cuentas que deberían existir en un gobierno democrático.
Al explicar qué encontró en este caso, admitió sentir una “enorme molestia” por la actitud de la SRE. Por enésima ocasión –enfatizó– se hace notar por estas malas respuestas al apoyarse en una decisión de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, que no le hace honor a su nombre.
“Pareciera ser que les gusta poner nombres rimbombantes para luego no cumplir lo que ofrecen. El sostener que el informe está reservado es una interpretación hecha por algún leguleyo. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se trata de un discutidor que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente, negando los principios fundamentales de la abogacía”, acusó.
Para Ángel Trinidad, queda claro que la ONU entregó el informe como confidencial, pero México es quien finalmente determina si éste es público o reservado.
No obstante, en sus alegatos –de acuerdo con el expediente 5290/09– la SRE dice que la publicidad del informe entorpecería la atención de las observaciones de la ONU hechas a México.
“De verdad no puedo entender cómo es que entregar esta información entorpece las observaciones de la ONU. Queremos tener la democracia de Suecia, pero tenemos la opacidad absoluta en nuestro país”, puntualizó el comisionado, quien desde el año pasado sustituyó a Alonso Lujambio, ahora secretario de Educación Pública.
La Cancillería pasó de ser un sujeto obligado de la Ley Federal de Transparencia a un sujeto desobligado, porque insiste en no entregar lo que se le ordena, incluso por encima de los principios básicos de la democracia, como los derechos humanos, continuó el comisionado, para rematar con esta pregunta: “¿Tienen algo que ocultar?”.
Y él mismo respondió: “Yo esperaría que no. Busquemos un acercamiento con la canciller, porque no sólo nos hace quedar mal dentro de México, sino también afuera.”
De su lado, la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, advirtió que la confidencialidad en este documento es insostenible.
“Me sorprende –explicó– que el grupo de trabajo para la instrumentación de las recomendaciones cierre el expediente para presuntamente generar un proceso de confianza entre las autoridades involucradas, pero ese mismo grupo no puede ejercer la reserva de documentos como una facultad discrecional. Por el contrario, eso siempre tiene un límite, y ese límite es la Ley Federal de Transparencia.”
En su oportunidad, la comisionada María Marván apuntó que esta no es la primera vez que la SRE interpreta los tratados internacionales en sentido inverso. El año pasado –añadió– sucedió algo similar con una solicitud sobre límites territoriales.
Y la comisionada Sigrid Artz comentó que desde el año 2002 existe en México una oficina que representa al alto comisionado de la ONU. En este contexto, agregó, el presidente de México firmó acuerdos para fortalecer los derechos humanos.
“Por eso a mí, francamente, me causa una enorme sorpresa la resistencia de la Cancillería. Quizá hay algo que puede incomodar en ese informe y no se quiere hacer frente a ello”, comentó.
En tanto, la comisionada María Elena Pérez Jaén dijo no entender cómo es que la Cancillería puede manejar respuestas de este tipo cuando se trata de una institución con profesionales y cientos de servidores públicos, a diferencia de otras instancias.
“El informe solicitado a la Cancillería –detalló– es de mucha relevancia dentro del contexto de inseguridad en el que está México. No es posible que pretendan reservar esa información por 12 años. Cada país está en libertad de publicar o no esas observaciones sobre la práctica de la tortura.
“Como digo en estos casos, esta respuesta de Relaciones Exteriores es una perla, pero de plástico. Este informe es importante, sobre todo ante problemas como los de Monterrey, en donde un presunto narcotraficante es detenido y a las pocas horas lo encuentran ejecutado”, añadió.
Antes de que se ordenara por unanimidad a la SRE entregar el informe elaborado por la ONU, el comisionado Ángel Trinidad remató sus intervenciones al señalar que en la propia Ley Federal de Transparencia se establece que no puede reservarse la información que contenga delitos graves contra la humanidad.
“Si en este caso se trata de un informe para la prevención de la tortura, no había por qué reservarlo. Por lo visto, no podemos confiar en la forma en que se maneja la Dirección de Derechos Humanos y Democracia de Relaciones Exteriores”, concluyó.
jueves, abril 15, 2010
Desenmascara el IFAI a Relaciones Exteriores
Subejercicio de la SSP por 3,440 MDP en 2008: ASF
MEXICO, D.F., 15 de abril (apro).- El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal afirmó que durante la cuenta pública de 2008 la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) incurrió en un subejercicio de 3,440 millones de pesos, el 43% de los ocho mil millones que la Cámara de Diputados le presupuestó para ese año.
Durante la cuarta mesa de análisis sobre el manejo de los gastos en la cuenta pública de 2008, Portal reveló que el subejercicio ocurrió en el llamado Fondo de Seguridad Pública, parte del dinero que la SSP distribuye a los estados para el combate a la inseguridad.
Además, dijo, se detectaron irregularidades en la adquisición y uso de equipamiento y vehículos de las corporaciones policíacas del país.
Igualmente, señaló, se detectó que en la antigua Policía Federal Preventiva no se establecieron lineamientos internos para la adquisición de armamento y municiones, y se compraron camionetas y unidades médicas móviles que no se destinaron para lo que fueron adquiridas.
El auditor no detalló en qué estados se incurrió en un menor gasto.
Con esta cuarta mesa de análisis, la Cámara de Diputados y el auditor Superior de la Federación concluyeron las reuniones de trabajo.
Ahora, el gobierno federal cuenta con 40 días hábiles, a partir de esta fecha, para rectificar o justificar los subejercicios y opacidad en el manejo de diversos fondos que se pudieron detectar en el segundo año de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Niega gobierno ante Corte Interamericana acusaciones contra militares
MEXICO, DF, 15 de abril (abril).- El gobierno de Felipe Calderón rechazó que soldados del Ejército Mexicano hayan violado sexualmente a Inés Fernández Ortega en marzo de 2002 y, por el contrario, responsabilizó a la indígena guerrerense por negarse a colaborar con la Procuraduría de Justicia Militar para identificar a sus agresores.
En la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), efectuada en Lima, Perú, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, admitió sin embargo que la investigación continúa abierta en el Ministerio Público Militar, e hizo entrega de ocho tomos que integran el expediente para que la Corte valore los testimonios.
Gómez Robledo sólo aceptó como responsabilidad del Estado mexicano la dilación en la resolución del caso para identificar a los agresores de Inés, en la “extinción” de las muestras de semen localizadas en el cuerpo de la indígena, así como por la ausencia de atención médica especializada para casos de violación sexual, que debió incluir no sólo el examen físico sino psicológico.
A pesar del reconocimiento de fallas de origen en la indagatoria, Gómez Robledo rechazó que las declaraciones de la víctima y de su hija, testigo de la agresión, sean suficientes para atribuir responsabilidad a soldados del Ejército en la violación sexual.
“El Estado respetuosa y categóricamente sostiene que la presunta violación a la señora Fernández Ortega no puede ser atribuida al Estado ni con la información que figura en los expedientes ni mucho menos con los elementos de prueba que presenta la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) y los peticionarios.
“En este caso, las únicas pruebas directas que la Comisión y los peticionarios han ofrecido son las declaraciones de la presunta víctima y su hija. En otros casos, la Corte ha determinado que declaraciones como estas no constituyen prueba plena, sino que deben ser valoradas en el contexto del conjunto de pruebas del proceso, y no como un indicio único y exclusivo”, señaló el funcionario de la Cancillería mexicana ante la Corte regional presidida por el juez peruano Diego García Sayán.
Gómez Robledo enfatizó que en 23 ocasiones hubo intentos por parte de la Procuraduría de Justicia Militar para que Inés Fernández acudiera a una diligencia para realizar un retrato hablado de sus agresores, así como para revisar un álbum fotográfico, situación que ocurrió hasta agosto de 2009, ocasión en que la indígena guerrerense identificó a dos soldados como quienes abusaron sexualmente de ella en 2002.
A pesar de que el mismo funcionario admitió que Inés identificó a dos de sus agresores, rechazó que ese testimonio sea prueba suficiente para atribuir a “agentes del Estado” la violación sexual.
Incluso dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el fuero militar como el indicado para dar seguimiento al caso la mujer guerrerense.
El representante del gobierno mexicano pidió también a los jueces del Tribunal interamericano desestimar los señalamientos de los representantes de Inés --el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y Centro para la Justicia Internacional (CEJIL)-- sobre actos de intimidación y amenazas, así como el asesinato del hermano de la víctima, Lorenzo Fernández Ortega, como consecuencias de la búsqueda de la justicia.
En su réplica, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, puntualizó que “las investigaciones no han arrojado los resultados esperados; además, las comparecencias no habrían solucionado las deficiencias estructurales, como la destrucción de pruebas de semen ni que se aplicara el fuero militar”.
Abi-Mershed y la abogada de CEJIL, Gisela de León, aclararon que “correspondía al Estado mexicano investigar y realizar las debidas diligencias, pero la víctima se ha enfrentado a una barrera de impunidad, de amenazas y hostigamiento; es al Estado al que le corresponde adoptar las medidas adecuadas para resolver esta situación de denegación de justicia”.
Por su parte, el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre Espinosa, desmintió a Gómez Robledo, al aclarar que la SCJN no validó al fuero militar, sino que en un juicio de amparo interpuesto por Inés Fernández, “los tribunales simplemente declararon que ella no tenía legitimación activa para impugnar la competencia, por lo que no debe soslayarse que durante el tiempo en que el caso ha permanecido en la jurisdicción militar ha habido falta de independencia, lo que es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos”.
En la sesión, los jueces cuestionaron al Estado mexicano sobre la incongruencia de negar la participación de miembros del Ejército en la agresión a Inés sin que se haya concluido la investigación.
Además, preguntaron por más casos de violación sexual en que se hayan perdido pruebas de semen y las sanciones para los funcionarios negligentes; las atribuciones de los militares para allanar viviendas; de los protocolos y equipos médicos especializados para atender casos de violencia sexual en las agencias de investigación, así como sobre la asistencia de traductores de lenguas indígenas capacitados.
El mensaje de El Mayo
MÉXICO, D.F., 10 de abril (Apro).- Ismael El Mayo Zambada ya movió su pieza. Ahora le corresponde al gobierno de Felipe Calderón y a las autoridades estadunidenses responder al movimiento.
Lo detienen y lo extraditan a Estados Unidos o el principal estratega del cártel de Sinaloa los sigue tomando por sorpresa y dejándolos en ridículo y bajo sospecha.
Una alternativa es que les sirva para estabilizar el mercado de las drogas, como pieza clave en la regulación de los enfermizos niveles de violencia que padece el país a causa del narcotráfico.
Pasado el impacto del encuentro que El Mayo decidió tener con el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el juego de la persecución no puede ser el mismo.
Más que lanzar un reto, El Mayo se dirigió tanto a Calderón como al gobierno de Estados Unidos.
Su objetivo: negociar con la justicia estadunidense no sólo su proceso penal sino el de su hijo, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, quien ya es procesado en la corte federal de Columbia, en Washington, por tráfico de cocaína.
A cambio, facilitarle a Calderón su "guerra contra el narcotráfico" apaciguando la violencia con miras a la elección de 2012.
La alianza que opera desde el año pasado entre el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y La Familia Michoacana, llamada La Nueva Federación, tiene el propósito de reducir a Los Zetas, al cártel de Juárez y la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
No será fácil, dada la capacidad y entrenamiento de Los Zetas, el grupo creado por desertores de élite del Ejército mexicano. La violencia en Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Morelos, Guerrero y ahora Sonora son la expresión de este enfrentamiento.
El propósito de la Nueva Federación es convertirse en un mega cártel que controle el negocio de las drogas ilegales en México y con ello reducir la violencia.
En ese escenario, Calderón llegaría al fin de su sexenio con una configuración más estable del narcotráfico en el país, con la capitalización política que ello implica, como lo demostró la experiencia de su alter ego, el presidente colombiano Álvaro Uribe.
En ese escenario, Estados Unidos también lograría sus objetivos: estabilizar el mercado ilegal de la droga, reducir la violencia en su frontera con México y garantizar el millonario flujo de dinero entre los dos países sin un costo tan alto en muertes.
Esas ganancias se sumarían a lo que ya ha logrado de Calderón: la operación discrecional y permanente en México, el control de la información sobre la operación de los cárteles y el alineamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas a sus metas en materia de seguridad fronteriza.
En el caso de El Mayo, Estados Unidos podría llegar a un acuerdo millonario con él y su hijo para reducirles la pena. Con Javier Arellano Félix, El Tigrillo, del cártel de Tijuana, y Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo, ya lo hizo. De los dos obtuvo cien millones de dólares.
Llegar a ese escenario no será tan simple. Falta saber lo que digan Los Zetas y sus protectores políticos y militares.
jcarrasco@proceso.com.mx
Mujeres y medios
MÉXICO, D.F., 15 de abril (apro).- Probablemente en esta época, cuando las mujeres abarcamos todos los espacios públicos, no es ninguna sorpresa ser consideradas y participar. Los medios de comunicación de todas las facturas no tienen otro remedio que hablar de nosotras.
No tienen otro remedio que incluirnos, a veces, en los tremendos informes sobre las muertes evitables, como las que han caído entre fuegos. Además, es imposible ocultar por más tiempo a todas las buenas funcionarias de todos los niveles en la administración pública, y tampoco se pueden negar sus demandas ni dejar de hablar por las que están en la cárcel por sus ideas y por sus decisiones, como las que han interrumpido legalmente su embarazo.
A pesar de la factura patriarcal de los medios, las mujeres están en ellos en muy diversas responsabilidades, abriendo brecha y espacios. Como la humedad, nos hemos metido con nuestras voces, cada vez más y más. Hay un cambio imperceptible y duradero del que no nos hemos dado cuenta a cabalidad quienes damos a diario la batalla.
Jamás hubiera tenido el impacto que tuvo el caso de Ernestina Ascencio sin la voz de Carmen Aristegui, ni el sufrimiento y la sinrazón que pone en crisis a la maternidad tradicional sin el reportaje de Sanjuana Martínez, y probablemente no tuviéramos la investigación sobre los negocios de Pemex sin Ana Lilia Pérez, tampoco sabríamos de otros desvíos presupuestales sin la investigación de Sonia del Valle. Todas ellas, mujeres, ampliando las miradas y haciendo buen periodismo, compitiendo en “las grandes ligas” para hacer opinión pública.
Pudiera mencionar a muchas de mis contemporáneas expandiendo nuevos modos de hacer, con perspectiva distinta, incluyente, como lo hace Soledad Jarquín en Oaxaca, cuyo oficio, el periodístico, hoy la ha colocado como historiadora de las mujeres de aquella entidad.
Están también Dora Villalobos, que hace un programa de televisión y ahonda en la cuestión judicial, y la directora de Nosotras en Nuevo León, Juana María Nava, sin quitar el dedo del renglón. De los dolores inmensos, sacada de los surcos de la injusticia, está Ni más ni menos Mujeres, iniciativa multimedia de Candelaria Rodríguez y Susana Solís en Chiapas.
Tal vez por estas razones, Beatriz Pagés, una de las poquísimas directoras de un medio, con el que yo me eduqué políticamente, para premiar la equidad de género incluyó ahora la igualdad, tema de política pública tejido por las feministas de todos los tiempos.
La directora de la Revista Siempre!, de larga trayectoria, instituyó la Fundación José Pagés Llergo, que otorga el Premio Nacional de Periodismo con el nombre de su padre, reconoce este cambio en la sociedad y le pone un espacio que ojalá dure en el tiempo.
En las páginas de Siempre! José Pagés Llergo! --en tiempos en que no se evaluaba con profundidad la pluralidad periodística-- colocó las reflexiones de importantes pensadores y yo pude leer inmensas crónicas de la vida en el país, allá en los años 60.
Miguel Ángel Granados Chapa, un periodista sin tacha, maestro del buen periodismo, fue leído ahí por mí desde entonces. Hoy es presidente del Jurado premiador que me ha distinguido junto con periodistas cabales como Carmen Aristegui, Sanjuana Martínez y Ana Lilia Pérez, perseguidas por sus investigaciones periodísticas de gran calado.
Me siento halagada --en la plenitud de la vida, como nos dicen a quienes vivimos la tercera edad-- por esta distinción, sólo por haber insistido en que las mujeres, esas que estamos en todos los espacios públicos, merecemos un lugar en los medios de comunicación. Una tarea añeja y pertinaz sostenida en mi convicción de que este mundo no es posible si no estamos todas y todos, con nuestras ideas, nuestras hazañas y nuestras palabras.
Hoy sé, tras reportear, que en esa lucha librada durante varias décadas, tenemos aliadas y aliados para continuar en una nueva situación, donde ya es posible que se nos mire, con mayor o menor intención, simplemente porque es imposible no tomarnos en cuenta.
La prensa mexicana frente al narco
MÉXICO, D.F., 14 de abril (apro).- El papel que la prensa mexicana ha desempeñado frente al creciente poder de los cárteles del narcotráfico ha sido incierto, pues va desde la amplia cobertura de sus acciones, con un tinte de nota roja y testimonial, hasta la decisión de la autocensura, originada por las amenazas de muerte.
En medio de esta incertidumbre y del terror que en algunas zonas del país ocasiona a los reporteros cubrir la violencia provocada por los distintos grupos de narcotraficantes, lo que llama la atención es la ausencia de los dueños y directores de los principales medios –televisión, radio y prensa--, quienes no han fijado una posición o una estrategia clara para informar a la ciudadanía sobre uno de los acontecimientos que más le han afectado al país desde hace un siglo.
En Colombia fueron los dueños de los medios y no los periodistas quienes acordaron las medidas para cubrir la información generada por el narcotráfico, a finales de los años ochenta. Y no fue gratuita la posición unificada que tomaron, sino que se originó porque muchos de ellos son parte de la clase política colombiana –hijos o parientes de expresidentes, legisladores, gobernadores, etcétera--, y recibieron amenazas y extorsiones; además, fueron víctimas de terrorismo de los carteles que los obligó a tomar una posición.
Esto no ha ocurrido en México y es posible que por eso no veamos que haya un frente común de dueños y directores de los principales medios, no obstante que en la última década 59 periodistas han sido asesinados y otros ocho se encuentran desaparecidos.
Por la gravedad de la situación no se trata sólo de definir cómo informar de lo que ocurre con el narco, sino también de cómo se protege a los periodistas, cómo realizar un trabajo periodístico de profundidad que informe no sólo del número de muertes violentas, sino de todas las aristas del fenómeno y, asimismo, de los alcances del crimen organizado. Todo esto sin menoscabo al ejercicio de la libertad de expresión.
Hasta el momento cada medio, dependiendo de su propia situación, ha tomado sus medidas para informar del narcotráfico.
En los estados de mayor riesgo como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas, la mayoría de los medios han optado por la autocensura; mientras que en el Distrito Federal, donde se vive una especie de burbuja, algunos han decidido no acreditar los trabajos informativos de sus corresponsales. Las televisoras y las estaciones de radio, por su parte, decidieron dar cuenta de los hechos sin profundizar, es decir sin hacer ninguna investigación sobre el tema del narcotráfico.
Salvo algunos casos, la prensa mexicana en general ha optado por la nota roja y la cobertura testimonial. Es decir, informar como si fuera una nota policíaca y sólo ofrecer un registro de los hechos.
A pesar de que se adolece de investigación, al gobierno panista de Felipe Calderón la difusión de una guerra perdida le sigue incomodando.
Hace poco Felipe Calderón, en una más de sus declaraciones inoportunas, reclamó que se publiquen los mensajes que los narcotraficantes dejan en mantas colgadas en puentes y calles de las ciudades del país, o en los cuerpos de algunos de los ejecutados. Pidió que ya no se difundan más para no hacerles el juego y, al mismo tiempo, instó difundir más las acciones que su gobierno realiza para combatirlos.
Como si fuera un problema de percepción y no estructural, Calderón hizo la petición desesperada a los medios para mejorar su imagen y, en una especie de truco de ilusión, transformar la realidad.
En ese contexto fue que se publicó el encuentro entre Julio Scherer e Ismael El Mayo Zambada, el cual sigue provocando polémica en el medio periodístico y disgusto en el gobierno federal.
La molestia del gobierno es que se evidenció su incapacidad de perseguir a los jefes del narcotráfico, mientras que el debate entre algunos periodistas, intelectuales y analistas se centró en alabar o criticar el trabajo de Scherer, sin reparar en la oportunidad de revisar las formas en que se ha trabajado el tema del narcotráfico y la falta de medidas de protección para los reporteros.
En México, como en su momento en Colombia, el inicio de la cobertura de la violencia ocasionada por el narcotráfico ha sido de nota roja, de dar testimonio de los hechos si reparar en el fondo del fenómeno. Las fotos de ejecutados y el número de muertos, sin embargo, han comenzado a dejar de ser la principal noticia por la cantidad de casos y la espiral de violencia que escala cada día.
Ha llegado el momento de replantear la cobertura periodística del narcotráfico, dar los pasos hacia la investigación y ver las ramificaciones políticas y financieras dentro y fuera del país, verlo también como un problema de salud y no sólo policíaco militar; dar la protección necesaria a los reporteros que son sujetos de amenazas, intimidaciones, torturas y secuestros.
Sobre todo, que los dueños y directores de los medios tomen posiciones y acuerdos para afrontar este poder que tiene bajo su yugo a parte de la prensa mexicana.
Justicia interamericana
MÉXICO, D.F., 14 de abril.- En los próximos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá una nueva oportunidad histórica para exigirle cuentas claras al Estado mexicano. A finales del año pasado, con sus resoluciones acerca de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y los feminicidios de Ciudad Juárez (caso “Campo Algondonero”), emitió un claro mensaje en contra de la impunidad. Ahora, con la revisión de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, el 15 de abril y el 28 de mayo, respectivamente, tenemos ante nosotros una nueva coyuntura que finalmente podría meter en cintura a las fuerzas militares de México.
En hechos separados durante 2002, las indígenas Me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas por soldados que laboraban en tareas de “contrainsurgencia” en los municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec, Guerrero. La justicia fue negada a las dos jóvenes, entonces de 24 y 17 años, ya que las autoridades no les prestaron el apoyo adecuado ni cumplieron con sus responsabilidades constitucionales.
El Ministerio Público, primero, se negó a investigar a fondo las denuncias interpuestas por Inés y Valentina, y, finalmente, se declaró incompetente. Una vez más, se aplicó de manera irresponsable el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que define como un “delito contra la disciplina militar” y, por lo tanto, justiciable por los tribunales castrenses, cualquier acto que sea “cometido por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”. Como era de esperarse, en el ámbito de la justicia militar el caso simplemente no ha avanzado y los delitos han quedado impunes.
Desde hace tiempo la Corte Interamericana se ha venido pronunciado a favor de la eliminación del fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos que involucren a civiles. Este criterio fue adoptado por los magistrados en el caso Radilla al señalar: “En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional (…) no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria”. El punto resolutivo número siete de la sentencia, dictada el pasado 23 de noviembre, requiere que el Estado mexicano modifique el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Por otra parte, este 26 de marzo, en su informe final con respecto al quinto examen periódico de México, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también exige de manera categórica al Estado mexicano “modificar su código de justicia militar con el fin de que la justicia militar no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. En ningún caso la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles”.
El argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de la ONU está basado en el más elemental sentido común. La justicia militar solamente debe aplicarse en los casos en que tanto la parte afectada como el presunto delincuente sean de las fuerzas armadas. En el momento en que estén involucrados civiles, las autoridades civiles deberían encargarse de la procuración de justica con el fin de tutelar los derechos fundamentales y garantizar un proceso independiente y objetivo.
De otra forma, se erige un muro de impunidad para todas las fuerzas militares. Por el simple hecho de estar vestido de militar, un soldado podría violar las leyes a su antojo. ¿Quién será castigado, por ejemplo, por el asesinato de los dos niños en un retén militar en Tamaulipas la semana pasada, o por la muerte de los alumnos del Tecnológico de Monterrey, entre otros tantos abusos?
Los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo son también emblemáticos de la discriminación institucional que tanto mujeres como indígenas sufren cotidianamente en nuestro país. Por ejemplo, dos días después de sufrir la agresión, la todavía menor de edad Valentina acudió a la clínica de salud de su pueblo, donde, al denunciar lo que le había pasado, le negaron atención médica. Fue obligada entonces a emprender un camino de ocho horas para asistir al Hospital Central de Ayutla, lugar en el que, después de una espera de 24 horas, fue examinada por un doctor que únicamente le revisó el estómago, sin realizar otros exámenes, bajo el argumento de que no se encontraba disponible ninguna doctora.
Desde que empezaron a litigar sus casos a nivel internacional, con el invaluable apoyo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Inés y Valentina han sido sujetas a una serie de actos intimidatorios (amenazas de muerte, el intento de secuestro de uno de sus hijos, vigilancia de parte de hombres desconocidos, etcétera) sin que a la fecha el gobierno mexicano haya protegido la integridad de las denunciantes. Asimismo, las autoridades desoyeron por completo las contundentes recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ambos casos, hecho que obligó a la Corte a intervenir en el caso.
Hagamos votos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se mantenga firme aun ante las fuertes presiones que seguramente recibirá de parte de las autoridades mexicanas, y para que, aprovechando este caso, ratifique su mensaje contra la impunidad militar. También habría que exigir al Senado de la República avanzar en la dictaminación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2009, y a la Cámara de Diputados, hacer lo propio con otra reforma, aprobada en diciembre de 2009 por el Senado, que amplía la figura jurídica del amparo para incluir la tutela de los derechos plasmados en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. l
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La educación en el DF
Niños de primaria. MÉXICO, D.F., 15 de abril.- Como punto de acuerdo de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del DF, el pasado 4 de marzo se propuso “reimpulsar el proceso de descentralización de los servicios educativos en el Distrito Federal” y “concretar en el menor tiempo posible la transferencia de los servicios educativos del nivel básico”.
La capital del país es la única entidad de la República que no dispone de la descentralización de los servicios educativos de nivel básico, de las escuelas de formación de maestros ni de otros mecanismos o recursos fundamentales para realizar los cambios que podrían detonar una reforma integral en el sector.
Desde que se acordó en 1993 el proceso de descentralización, en la Ley General de Educación se entretejió un ya famoso artículo cuarto transitorio donde se dispuso que la educación básica sólo podría ser transferida al gobierno de la ciudad cuando así lo acordasen los gobiernos federal y local ¡con el SNTE! Y, por supuesto, este ha sido el escollo más grande para concretar el asunto.
No ha sido, por supuesto, la primera vez que se ha intentado establecer el pleno derecho que tiene el Distrito Federal a contar con su propio sistema educativo. Por ejemplo, en 2000, la Legislatura correspondiente aprobó la Ley de Educación para la capital, y propuso la descentralización inmediata. La respuesta fue una aplanadora del PAN y del PRI en su contra, ya que por la vía de la controversia constitucional dejaron sin efecto la ley y la iniciativa de descentralización.
Hubo muchos foros y manifestaciones en contra de esa controversia. Se tomó la tribuna de la Cámara de Diputados. Y nada: el SNTE y la SEP dijeron que no. Y lo dijeron, entre otras cosas, porque el gasto educativo en la entidad representa un presupuesto de más de 30 mil millones de pesos, el control de tres secciones sindicales (la 9, la 10 y la 11) y el requerimiento de otorgar los recursos necesarios para garantizar el servicio del más grande y complejo sistema educativo que existe en el país.
De acuerdo con un estudio de David Márquez Ayala (editado por la Secretaría de Educación-GDF en 2008), las participaciones federales al Distrito Federal sufren severas reducciones desde la década de los 90. El autor precisa que, “si se suman las pérdidas estimadas de Participaciones al Distrito Federal de 1990 a 2008, la cifra total sería de 346 mil 880 millones de pesos a precios constantes de 2006”.
Lo peor de todo es que, de 1993 a la fecha, el modelo de descentralización controlado por el SNTE no ha funcionado, porque no se produjeron los cambios requeridos para elevar los niveles de cobertura social, ni para aumentar la eficiencia y la participación de los principales actores en el mejoramiento de la calidad de los servicios que las entidades ofrecen; porque representa una carga impositiva para los gobiernos de los estados, los que, además, no pueden intervenir en los aspectos fundamentales de la tarea educativa debido a que la SEP mantiene la más fuerte centralización de poderes, recursos e instrumentos; y porque lo que ha provocado es atomización, mayor control sobre las autoridades locales (las que se dejan) y la consolidación de las desigualdades educativas entre entidades, regiones y localidades.
Con la creación de la Secretaría de Educación en el Gobierno del Distrito Federal (SE-GDF), a principios de 2007, se retomó el tema de la descentralización; se formularon iniciativas de ley para alcanzarla; se efectuaron numerosos foros que condujeron a la organización del “Acuerdo social para la calidad y la transformación de la educación en la Ciudad de México”, en los cuales participaron estudiantes, profesores, empresarios, padres de familia, investigadores, artistas, sindicatos, cooperativas y otros conglomerados de representación ciudadana; se diseñó un plan de acción para la reforma educativa en el nivel básico y de profesores; se hicieron importantes propuestas donde se mostraba que era indispensable ciudadanizar la educación para elevar su cobertura y su calidad; y se impulsaron programas sociales de muy amplia cobertura para jóvenes, niños y adultos. La respuesta de la SEP y del SNTE volvió a ser: “no”.
¿Por qué no? Porque aparte de los recursos que no desean soltar, deben existir algunas trampas que no quieren que se sepan. Tan sólo para mencionar una evidencia de lo que aflora con alta turbiedad desde las oficinas de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, desde allí, la SEP ha realizado 30 mil 834 pagos a 670 trabajadores comisionados en tareas sindicales con goce de sueldo, y que estos pagos sumaban más de 134 millones de pesos. Asimismo, que esa oficina ha gastado 17 millones 325 mil pesos en becas para hijos de trabajadores del SNTE, cuando no existe ningún convenio que sustente tal gasto (El Universal, 31/03/2010). Una muestra pequeña de lo que se eroga en beneficio de un grupo de interés particular, que nada tiene que ver con la marcha del sistema educativo, ni de la Ciudad de México ni del país.
Esto y más podrán hallar los diputados de la V Legislatura del DF si quieren llegar hasta las últimas consecuencias en la descentralización de la educación y si ésta llega a ocurrir. Mucho está organizado y documentado para que sea posible, y sólo basta con revisar lo que la misma ciudadanía ha propuesto al respecto en lo que va de este siglo. Lo más grave sería que, por alguna razón, todo ello no se tomara en cuenta.
Caso Paulette, la coartada mediática
MÉXICO, D.F., 13 de abril (apro).- En todo crimen, dirían Sherlock Holmes o el policía sueco Wallander, existe siempre una coartada. Y en el caso de la niña Paulette, aunque las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de México intenten conducir a la pista de una muerte accidental por asfixia, la percepción generalizada es que se trató de un homicidio.
La coartada está en la sobre exposición mediática del caso, desde el inicio mismo de la denuncia por desaparición y las primeras líneas que apuntaban hacia un posible secuestro.
Fue una coartada ampliamente consentida por las autoridades mexiquenses.
Dos fuentes informativas confirman que entre las recientes hipótesis de las indagatorias ministeriales figura la del autosecuestro. En un caso, se habla de un acuerdo entre los padres, Lisette Farah y Mauricio Gebara, éste último endeudado por la compraventa de bienes inmuebles. La eficaz y ágil campaña en redes sociales –Facebook, twitter- así como en espectaculares tuvo como objetivo solicitar recursos a la comunidad libanesa-judía para pagar un falso rescate por la libertad de la menor de cuatro años.
En la otra versión, cercana también a fuentes de la Procuraduría que dirige Alberto Bazbaz, se presume que la responsable del autosecuestro sería la madre, Lisette Farah, en complicidad con alguno de los vecinos. El matrimonio con Gebara pasaba por una severa crisis y estaba en juego una gran cantidad de recursos y negocios compartidos.
Al parecer, a la niña se la llevó un amigo del mismo edificio. Ella se puso a llorar, le tapó la boca para acallarla y terminó por asfixiarla. En este caso, indican las fuentes ministeriales, la coartada de la propia madre fue su sobre exposición mediática: desde el falso llanto ante las cámaras televisivas hasta una larga entrevista con Lilly Téllez, de TV Azteca, y posteriormente con Adela Micha, de Televisa.
Ciertas o no estas hipótesis y líneas de investigación –ya todo es creíble desde que el procurador Bazbaz sepultó su credibilidad en cadena nacional en menos de una semana-- lo más sintomático del caso es el papel jugado, consentido o no, por las grandes cadenas televisivas para convertir el caso Paulette en un reality judicial.
A tal grado llegó la intrusión televisiva en el asunto que a un equipo de reporteros de Univisión, cadena estadunidense asociada antes con Televisa, le informaron que el subprocurador y el procurador Bazbaz sólo dan entrevistas con el “canal de las estrellas” porque “tienen la exclusividad de la imagen”. ¿Exclusividad? ¿Realmente ya pactaron los derechos reservados para gestionar la coartada y salvar del desastre a las autoridades del Estado de México?
El pasado lunes 12 de abril, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto apareció de nuevo en la pantalla de Televisa para afirmar con la contundencia del teleprompter que lo caracteriza que “sería un error suponer que la actuación de la Procuraduría está siendo regida por las presiones, tanto de orden mediático, como de grupos políticos”.
Peña Nieto se quejó por la “utilización política” del caso –como si el gobierno del Estado de México no lo hubiera utilizado también para promoverse y acabar bochornosamente enredado-- y afirmó: “No voy a ceder a presiones”.
¿A qué presiones se refiere Peña Nieto? ¿A las presiones de las familias involucradas en el caso que financiaron su campaña electoral y la de Arturo Montiel? ¿Se refiere acaso a las presiones de la familia Salinas que desde hace años considera a Bazbaz como una de “sus” piezas en la procuraduría mexiquense? ¿Se refiere a las presiones del subsecretario de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, quien insistió airadamente para que no se involucrara en las indagatorias a su prima Amanda de la Rosa Frisccioni, con quien viajó a Los Cabos la madre Lisette Farah? ¿Alude, acaso, Peña Nieto a las presiones de poderosos constructores involucrados también en la trama de las familias Gebara y Farah? ¿O se refiere Peña Nieto a las presiones de Televisa que inició una campaña para la renuncia de Bazbaz y ahora ya realiza “recuentos” del caso para el control de daños previamente presupuestados y acordados con el erario mexiquense?
La coartada mediática es también de Peña Nieto. Es una coartada porque detrás del escándalo, de los errores evidentes en la investigación y de las contradicciones, ha estado siempre el cálculo del rating no el de la procuración de justicia. La coartada mediática encubre un alto grado de impunidad en las tierras gobernadas por Peña Nieto.
RENAUT es otra de sus FARSAS para controlarnos
Ahora que analicé la normatividad del RENAUT para promover mi Juicio de Amparo, me percaté de severas ilegalidades y actos truculentos, a saber:
1 El plazo para registrar el teléfono vence hasta el 16 de mayo del 2010;
2 La obligación de registrar los datos de los usuarios, es de los concesionarios (TELCEL, UNEFON, MOVISTAR, etc);
3 La sanción de suspender las líneas telefónicas está prevista en un resolutivo y no en ley;
4 Tenemos que dar nuestra información pero el Gobierno no proporciona la que le solicito;
5 Toda la información que proporcionemos se va a la Secretaría de Gobernación, al RENAPO, y a su vez al CISEN;
6 En su momento hasta la huella dactilar tendremos que poner;
7 Los teléfonos públicos (casetas) y teléfonos del extranjero no serán registrados.
Te percatarás que estamos ante un Estado federal espía paranoico que busca herramientas para someter a la población a través de: Inundaciones (Tabasco, Chalco), epidemias (influenza), guerras intestinas (narcotráfico), simi atentado con avión, terrorismo fiscal, terrorismo cibernético, etc.
Defendamos nuestros derechos haciéndole saber a FELIPE CALDERÓN que no somos ciudadanos "bananeros" manipulables, y que sabremos oponernos a sus medidas arbitrarias y pueriles.
Si quieren promover el Juicio de Amparo, escríbanme para que se los mande antes del 14 de mayo.
Columna Asimetrías. Civiles Muertos, “Daños Colaterrales”
“La muerte de civiles en ésta guerra (de Irak) se debe a que todos son nuestros enemigos”,
John Dimitri Negroponte.
I
En el Senado de la República, el otro día (12/IV/2010), el general Guillermo Galván, secretario del despacho de la Defensa Nacional del Presidente de Facto Felipe Calderón, dijo lo siguiente:
“A pesar de la muertes de civiles en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado se mantendrá la estrategia; son daños colaterales que son muy lamentables”.
Esos daños colaterales son niños, jóvenes estudiantes y adultos e incluso ancianos y mujeres cuyas muertes pudieron evitarse mediante el mero hecho de aplicar la Constitución que prohíbe esas actuaciones ilegales de las Fuerzas Armadas.
En otro tiempo y en otro lugar, el general Galván y su superior inmediato, don Felipe, ya habrían sido juzgados e incluso penados por sus crímenes de guerra: casi 20 mil muertos y otros tantos heridos y no pocos torturados y desaparecidos.
Violan, pues, soldados y marinos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que ninguna autoridad legislativa o judicial –ni mucho menos un ciudadano de a pie que vive en indefensión— mueva un dedo para castigarlas.
Los legisladores que convocaron al señor Galván –los dirigentes de las bancadas de los ocho partidos políticos representados en el Senado de la República-- expresaron preocupación por las muertes de civiles. Pero no más.
II
¿Complicidad por omisión? Sin duda. Pero también adviértese un componente de comisión. La omisión, pues, antójase intencionada y, ergo, alevosa y hasta ventajosa: la narcoguerra ya no es guerra calderonista, sino del Estado.
Las afirmaciones del general Galván nos confirman, ominosamente, que causar daños colaterales ha trascendido de su condición de sucedidos fortuitos a la de acciones de Estado. En derecho internacional, esos son crímenes de Estado.
En esa misma vena, el exterminio de grupos sociales, por muy “colateral” que fuere, es genocidio. ¿Tendrá conciencia el general Galván que está incurriendo en un delito de lesa humanidad? Probablemente no.
Pero tampoco parecen tener esa conciencia ni los legisladores ni el señor Calderón --cuya inconsciencia se nutre de otros estímulos- que escucharon al general Galván. Tanto peca el que roba la vaca como el que le jala la pata.
Sábese que el encuentro del general con los senadores tuvo por propósito el de escuchar el sentir de aquél acerca de otorgarles mayores potestades a las Fuerzas Armadas, incluyendo las que devendrían de un “Estado de Excepción”.
Don Guillermo, así como el almirante secretario del despacho de Marina, Mariano Francisco Saynez, y el mismísimo titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cabildean ante los legisladores para hacer posible aquél objetivo.
III
El general Galván es un soldado producto de una cultura que, obviamente, privilegia la doctrina de la cancelación física de quienes son percibidos como obstáculos o enemigos, fuere cual fuere su estatus civil o de combatiente armado.
Dadas tales premisas, las consideraciones jurídicas, políticas y morales de sus acciones no son elementos prioritarios en su estrategia como militar. Se trata de realizar expeditamente la misión ordenada por el comandeante supremo.
Ésta realidad es para los civiles una respuesta a la conturbadora interrogante: ¿somos los ciudadanos civiles los enemigos de las Fuerzas Armadas y, por inferencia válida, de su comandante supremo, el señor Calderón?
A la luz de los hechos y las declaraciones del general Galván la respuesta es afirmativa. Son los civiles damnificados –muertos y heridos— únicamente daños colaterales. Sólo falta que el señor Galván acuse a los civiles de suicidas.
Más responsable de ello no es únicamente éste mílite –a quien no pocos en el limbo fascistoide del panismo consideran que debe ser el candidato del PAN a la Presidencia en 2012--, sino también el poder político panista del Estado.
El Poder Legislativo, con sus cámaras colegiadas, puede legislar y resolver detener y finalizar la guerra y si el titular del Ejecutivo no obedece, fincarle incluso responsabilidad penal. Empero, éstos cómplices también mandan…
ffponte@gmail.com
Detrás de la Noticia ¡No disparen, soy un niño!
Todavía antier, el secretario de Gobernación quiso matizar al decir que “la versión que se presenta como un fenómeno aislado no tiene precedentes en el comportamiento de nuestras fuerzas de seguridad”. O está muy mal informado o miente. Ahí le va: en la madrugada del sábado 2 de junio de 2007, en la comunidad de Los Alamillos, municipio de Culiacán, Sinaloa, soldados del Ejército mexicano mataron a tiros a Griselda Galaviz Barraza y a sus hijos Grisel, Juana y Edwin Esparza Galaviz de dos a siete años de edad y a otras dos personas. Fue en un retén, ¿le suena, señor secretario? Todos venían en una troca, ¿le vuelve a sonar? Y según Adán Esparza Parra, el padre, nadie les hizo señal de alto y “los militares abrieron fuego cuando, despacio, cruzamos el retén”, ¿le requetesuena, secretario?
Por supuesto que en ese caso jamás se hizo justicia porque en este país los militares se investigan y se juzgan a sí mismos, además de las múltiples complicidades para echarle tierra a sus crímenes. Por eso, en la primera entrevista del pasado viernes 15, Cinthia Salazar —madre de Bryan y Martín— me decía extrañada que “no había noticias” sobre la muerte de sus hijos.
Pero, además de la pretendida impunidad, hay un menosprecio a los muertos pobres que este gobierno no puede ocultar. El mismo señor Gómez Mont dijo también antier: “Le reitero el respeto profundo al dolor de esa madre que vio morir en sus brazos a su hijo”. Toda una perla declarativa. A ver: no es verdad que le “reitera” porque en la ocasión anterior tocó el tema casualmente; en cuanto al “respeto profundo al dolor”, nótese que no se conduele, y menos aun se conmueve o se indigna, nomás respeta, ¡qué generoso!; por lo que hace a “esa madre” ¿no se pudo tomar la molestia de pronunciar su nombre?; al final, mañosamente refiere que “vio morir en sus brazos a su hijo”. No, don Fernando, Bryan de cinco años no se murió de una disentería o una pulmonía, lo mataron a tiros los soldados que su secretaría defiende como si fuera su agencia de relaciones públicas. Pero ni cómo enmendar al general Galván Galván cuando dijo que son “daños colaterales”.
Y es que hay que señalarlo con todas sus letras: el actual gobierno calderonista ha trastocado la concepción original del Estado; las Fuerzas Armadas ya no tienen como prioridad la integridad de los mexicanos. Ahora, lo que importa es matar a cualquier sospechoso y si se atraviesan inocentes o sus soldados se equivocan, mala suerte. Por cierto, también para este gobierno hay mexicanos de primera y de segunda. En el caso de los estudiantes del Tec enviaron un pésame de alto nivel. Pero como los Almanza son pobres, que se consuelen solos.
P.D. Para mi querido Joaquín Sabina, por los viejos y los nuevos tiempos.
Plan B. El secreto del Renaut
Cuando las autoridades crearon el Renaut se estableció que esta sería una medida que obligaba a los concesionarios a llevar a cabo un registro y control de sus usuarios, donde además del número se indicara la modalidad de la contratación, el nombre completo, el domicilio y nacionalidad, los datos contenidos en la identificación oficial del usuario, comprobante de domicilio y huella dactilar, y en caso de personas morales la razón social, cédula fiscal, copia del documento que acreditaba la capacidad para contratar. Pero a las telefónicas les da exactamente igual quién compre y cómo se use (son una empresa no una autoridad) lo que le interesa es vender aparatos y tiempo aire. Por su parte los delincuentes que durante años han comprado móviles para extorsionar, amenazar y contactar a sus compradores de drogas, han usado desechables o aparatos de alta tecnología satelital de tipo militar.
Se registraron ya 58.2 millones de líneas, 70 por ciento del total comercializadas. No hay certeza de cuántas se registraron con sus verdaderos propietarios. El sistema simplificado de registro con nombre y CURP dejó abierta la posibilidad de que prácticamente cualquiera mintiera.
El 45% de presidiarios del país tienen acceso a celulares que no fueron, ni serán, registrados a sus nombres. Miles de personas han dicho, y con razón, que este registro carece de sentido, hecho de forma improvisada y bajo un discurso anti crimen como si viviéramos en un país en que la sociedad confía en que las autoridades harán buen uso y resguardo de la información personal.
Es un hecho que desde sectas cristianas hasta vendedores y políticos envían mensajes y llaman a los celulares porque obtuvieron las bases de datos ilícitamente. Casos de filtración inquietan a quienes han aprendido las lecciones de la corrupción de burócratas capaces de vender listados para fines políticos y criminales. Lo cierto es que las telefónicas debieron vender inicialmente las líneas y aparatos con rigurosos controles, pero éste es el país de los monopolios en que algunos empresarios dictan sus propias reglas y durante décadas el Estado no se ha atrevido a confrontarles. Ahora las telefónicas están amparadas para seguir vendiendo y quienes cumplieron hicieron un ejercicio de honestidad casi inútil. Un censo más con poca credibilidad y muchas lecciones por aprender nos deja el Renaut.
EDITORIAL. Perdiendo el tiempo.
El fuero militar, independientemente de que ha existido siempre, existe y deberá seguir existiendo, pues finalmente es la Ley del más fuerte, columna vertebral de cualquier sociedad.
Pedir que desaparezca es desconocer la Historia de la Humanidad, es desconocer lo que es La Guerra y que la Historia está escrita sobre de ella (aparte de hacerse como el Tío Lolo en época de elecciones, pues la iniciativa no prosperará)
“Silent leges inter arma” Las Leyes guardan silencio cuando suenan las armas, decía el gran Cicerón. Y por algo Erasmo de Rótterdam, el controvertido personaje que no quedó bien con nadie de su época, de tal suerte que prohibieron sus libros, dijo que “La Guerra es dulce para quien no la conoce”.
Sin soslayar que los críticos ignoran que la Justicia militar es aún más severa que la Justicia civil, y que los militares están muy lejos de ser los salvajes que nos han convenientemente pintado.
Los soldados están entrenados para obedecer. En la milicia, bien o mal, y quien entra a formar parte de las Fuerzas Armadas lo sabe, no se puede decir no. Por lo que los soldados no son los responsables, sino quien los comanda.
El problema radica en que hacer nuevas Leyes no servirá de nada, mientras las que rigen no se cumplan. Y eso es de la absoluta y total responsabilidad del Poder Judicial.
Solo que estos, los integrantes del Poder Judicial, al no ser electos por el Pueblo, sino designado, se ve acorralados entre los compromisos de quien los designó y las amenazas de los delincuentes que les hacen escoger entre “La Plata o el plomo”.
Sin dejar de advertir que en el Estado de Excepción que vivimos ya desde hace casi un año, por lo visto se vale violar la Constitución y ya no se diga las Garantías individuales de cada uno de los mexicanos.
Por lo que reformar las Leyes viviendo en un Estado de Excepción, es punto menos que ridículo y perder el tiempo.
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Diario Libertad
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Jalapa, Ver. Centro
Tel. 01 22 88 17 24 80
EN VIVO por AMLOTV La consulta para la revocación de mandato de Calderón
Estimados amig@s:
El Círculo de Estudios Central
invita a la charla sobre:
"La consulta para la revocación de mandato de Calderón"
Nos acompañarán:
Integrantes del Comité Civil Nacional
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También nos acompañará el:
Colectivo de Teatro "Circuito del Pueblo"
quienes nos regalarán una pequeña obra titulada:
"Políticos payasos"
Una sátira política cultural sobre los medios de comunicación
Los esperamos este:
Jueves 15 de abril
19 hrs.
Club de Periodistas de México A.C.
Filomeno Mata # 8, Centro Histórico
A unos pasos del Metro Allende
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