viernes, julio 22, 2011
21st-Century Slaves: How Corporations Exploit Prison Labor
In the eyes of the corporation, inmate labor is a brilliant strategy in the eternal quest to maximize profit. 
There is one group of American workers so disenfranchised that corporations are able to get away with paying them wages that rival those of third-world sweatshops. These laborers have been legally stripped of their political, economic and social rights and ultimately relegated to second-class citizens. They are banned from unionizing, violently silenced from speaking out and forced to work for little to no wages. This marginalization renders them practically invisible, as they are kept hidden from society with no available recourse to improve their circumstances or change their plight.
They are the 2.3 million American prisoners locked behind bars where we cannot see or hear them. And they are modern-day slaves of the 21st century.
Incarceration Nation
It’s no secret that America imprisons more of its citizens than any other nation in history. With just 5 percent of the world’s population, the US currently holds 25 percent of the world's prisoners. In 2008, over 2.3 million Americans were in prison or jail, with one of every 48 working-age men behind bars. That doesn’t include the tens of thousands of detained undocumented immigrants facing deportation, prisoners awaiting sentencing, or juveniles caught up in the school-to-prison pipeline. Perhaps it’s reassuring to some that the US still holds the number one title in at least one arena, but needless to say the hyper-incarceration plaguing America has had a damaging effect on society at large.
According to a study by the Center for Economic and Policy Research (CEPR), US prison rates are not just excessive in comparison to the rest of the world, they are also substantially higher than our own longstanding history. The study finds that incarceration rates between 1880 and 1970 ranged from about 100 to 200 prisoners per 100,000 people. After 1980, the inmate population began to grow much more rapidly than the overall population and the rate climbed from about 220 in 1980 to 458 in 1990, 683 in 2000, and 753 in 2008.
The costs of this incarceration industry are far from evenly distributed, with the impact of excessive incarceration falling predominantly on African-American communities. Although black people make up just 13 percent of the overall population, they account for 40 percent of US prisoners. According to the Bureau of Justice Statistics (BJS), black males are incarcerated at a rate more than 6.5 times that of white males and 2.5 that of Hispanic males and black females are incarcerated at approximately three times the rate of white females and twice that of Hispanic females.
Michelle Alexander points out in her book The New Jim Crow that more black men are in jail, on probation, or on parole than were enslaved in 1850. Higher rates of black drug arrests do not reflect higher rates of black drug offenses. In fact, whites and blacks engage in drug offenses, possession and sales at roughly comparable rates.
Incentivizing Incarceration
Clearly, the US prison system is riddled with racism and classism, but it gets worse. As it turns out, private companies have a cheap, easy labor market, and it isn’t in China, Indonesia, Haiti, or Mexico. It’s right here in the land of the free, where large corporations increasingly employ prisoners as a source of cheap and sometimes free labor.
In the eyes of the corporation, inmate labor is a brilliant strategy in the eternal quest to maximize profit. By dipping into the prison labor pool, companies have their pick of workers who are not only cheap but easily controlled. Companies are free to avoid providing benefits like health insurance or sick days, while simultaneously paying little to no wages. They don’t need to worry about unions or demands for vacation time or raises. Inmate workers are full-time and never late or absent because of family problems.
To read the complete article HERE.
In Debt Talks, Obama's Only Won Half the Battle -- And It's the Half That Doesn't Matter As Much
By Steve Benen/Washington Monthly
How Rupert Murdoch Could Get His Hands On Your Kid's Information--And It's Legal
Erica Hellerstein
1 Million Dead in Iraq? 6 Reasons the Media Hide the True Human Toll of War -- And Why We Let Them
John Tirman / AlterNet
Julian Assange's Proud Father: My Son Has 'Immense Desire for Justice in the World'
Giles Tremlett / The Guardian
Llevar a juicio a civiles y militares, primera prueba de Humala
Una vez en el cargo, entre las primeras pruebas que afrontará Ollanta Humala será el de hacer cumplir el acuerdo firmado entre el Estado peruano y la CIDH para enjuiciar a los autores civiles y militares de un crimen de lesa humanidad: la esterilización forzada de cientos de miles de hombres y mujeres de escasos recursos, principalmente campesinos e indígenas, ocurrida entre los años 1993 y 2000. Los hechos ocurrieron bajo el gobierno de Alberto Fujimori. El acuerdo establecido con el organismo internacional había sido suspendido por el gobierno de Alan García.
El presidente electo de Perú, Ollanta Humala, impulsará la investigación para que la justicia penalice a los responsables del plan de esterilización compulsiva de mujeres del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), asegura la portavoz de la agrupación política triunfante, Aída García Naranjo.
“Humala cumplirá con el compromiso del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no quede impune el caso de las víctimas de esterilizaciones femeninas y masculinas, que consideramos un delito de lesa humanidad”, dice García Naranjo a IPS.
“No puede haber democracia en un país donde se promueva el olvido y la ausencia de justicia”, sentencia la dirigente de Gana Perú.
El Acuerdo Amistoso del país con la Comisión, que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, data de 2003 y establece que se enjuiciará a los autores del programa de planificación familiar para reducir la pobreza con operaciones quirúrgicas masivas de ligaduras de trompas de Falopio y vasectomías, en particular en poblaciones andinas, campesinas y de bajos recursos.
En 2010, sin embargo, la representante del gobierno peruano había anunciado a la entidad, con sede en Washington, que el Ministerio Público había archivado el caso y que con eso daba por concluido el tema.
Así, Lima sólo cumplió en el caso testigo de este Acuerdo, con la indemnización y atención a la familia de María Mestanza, una de las víctimas de esterilización forzada que falleció en 1998, cancelándose así toda posibilidad de justicia.
Cifras oficiales del Ministerio de Salud indican que entre 1993 y 2000 se practicaron 346 mil 219 esterilizaciones femeninas y 24 mil 535 masculinas, 55.2 por ciento de las cuales fueron realizadas entre 1996 y 1997, periodo en el cual fueron autorizadas a participar en estas operaciones a las Fuerzas Armadas y a la policía.
En ese lapso de dos años se efectuaron 262 ligaduras de trompas por día en promedio, en el marco del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, diseñado por el gobierno de Fujimori, actualmente encarcelado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Esta cuenta pendiente en Perú estuvo entre los principales asuntos manejados en el debate transmitido por televisión, previo a la segunda vuelta presidencial del domingo, que sostuvieron Humala y su contendiente, la derechista Keiko Fujimori, hija del exmandatario.
El líder nacionalista, ganador del debate con un programa de gobierno de izquierda, emplazó a Keiko Fujimori a que se pronunciara sobre las esterilizaciones que afectó el gobierno de su padre a miles de mujeres, en particular a andinas y pobres.
Destacó, en esa presentación, que su contrincante contaba en su equipo técnico con Alejandro Aguinaga, quien como Ministro de Salud del gobierno fujimorista de 1999 a 2000, fue uno de los que ejecutó el cuestionado programa de planificación familiar.
Pero Humala olvidó mencionar a otro exministro de Salud involucrado en el caso, se trata de Marino Costa (1996-1999), que también formó parte del equipo técnico de Keiko Fujimori. El tercer responsable de esta cartera acusado de encabezar el plan de esterilizaciones es Eduardo Yong Motta (1994-1996).
La hoy candidata frustrada a la presidencia se defendió indicando que el caso estaba cerrado, que Aguinaga había sido investigado y que no se le encontró ninguna responsabilidad. Pero, aún no se abre ningún juicio por este plan en Perú.
“El anuncio de Humala representa una esperanza de justicia para todas aquellas mujeres que, como yo, fuimos engañadas por el gobierno de Fujimori cuando nos dijo que al esterilizarnos mejoraría nuestra calidad de vida, y resultó todo lo contrario”, declara a IPS Ligia Ríos Lizárraga, de 44 años y madre de tres hijos.
“Por esterilizarme me mataron a mi último hijo”, señala esta campesina. Agrega que “desde que en 1997 con engaños me ligaron las trompas, sin decirme que en ese momento estaba embarazada, mi vida es un completo infierno. Cada cierto tiempo tengo hemorragias, y ahora acabo de salir del hospital para que me atendieran de emergencia”.
Ríos Lizárraga narra que recurrió a los tribunales para que sancionaran a los autores de la operación quirúrgica, pero el caso nunca prosperó. “Por eso, luego de 14 años de sufrimiento, escuchar que mi caso y el de otras mujeres será revisado me da cierto alivio. Espero estar viva cuando castiguen a los culpables”, apunta.
Las mujeres de la sureña región del Cuzco se encuentran entre las más afectadas por las esterilizaciones. En el periodo más intenso de esta práctica, entre 1996 y 1997, el número de ligaduras de trompas saltó espectacularmente de 1 mil 808 a 4 mil 535, lo que significaba casi cinco operaciones diarias.
Sabina Huilca Cóndor, de 41 años, procedente de la comunidad de Izcuchaca, en la provincia de Anta, fue una de esas víctimas. Actualmente tiene que seguir yendo a Lima para recibir un tratamiento especializado. Sufre una neoplasia que los médicos no descartan que sea una derivación de la mala práctica quirúrgica que le practicaron para ligarle las trompas.
“Me voy a poner a disposición de las autoridades para demostrar las causas de la esterilización que me hicieron sin mi consentimiento”, dice Cóndor.
“Yo puedo mostrar mis heridas, mis males, mis dolores, todo lo que sea necesario para que sepan los jueces que me hicieron daño de por vida por una operación que yo nunca pedí”, añade.
Al final de la campaña electoral y ya con el caso de las esterilizaciones golpeando fuertemente la credibilidad de su candidatura, Keiko Fujimori ensayó unas disculpas a las víctimas.
Pero Cóndor dice no aceptar esas disculpas, pues “fueron sólo por interés”. “No le creo porque antes nunca dijo nada”, agrega.
La directora de la organización nogubernamental Demus, Jeannette Llaja, manifiesta su expectativa por el anuncio de Humala y destaca que “no sólo se espera una investigación y sanción a los responsables, sino también la reparación a las víctimas, tanto individuales como comunales”.
Llaja agrega: “Especialmente en las zonas andinas, las esterilizaciones afectaron a comunidades campesinas completas, de allí que nosotras planteamos que el delito cometido es de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible”.
En entrevista con IPS, Llaja señala que “hay investigaciones del Congreso Legislativo y de otras instancias que han concluido que el programa de planificación familiar se diseñó especialmente para afectar a las mujeres más pobres del país, habitantes de las zonas andinas y quechuahablantes”.
Indica además que “la responsabilidad no se reduce sólo a los médicos sino también a los autores de las políticas públicas, lo cual equivale señalar al propio expresidente Fujimori”.
“La declaración de Humala es una expresión de que el Estado peruano finalmente asumirá el compromiso adquirido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso esperamos y velaremos porque se cumpla la palabra”, puntualiza Llaja.
En 2006, Sandoval demandó a EU parar a AMLO
Información de Wikileaks
*El cardenal lo pidió al embajador de la Casa Blanca en el Vaticano
El cardenal mexicano criticó lo que llamó aumento de poderde mandatarios como Fidel Castro (Cuba), Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) y Michelle Bachelet (Chile), y preguntó si el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, podría detener esta
tendencia peligrosa.
Según un cable de la embajada estadunidense ante la sede papal, el arzobispo de Guadalajara manifestó al titular de la legación, Francis Rooney, que bajo el gobierno de López Obrador el crimen y la violencia habían aumentado en la ciudad de México .Frenar a López Obrador, pidió Sandoval Íñiguez a Estados Unidos en 2006
*El cardenal calificó de
peligrosoel avance de la izquierda en América Latina, de acuerdo con un cable de la embajada de Washington en el Vaticano.
El cardenal Juan Sandoval señaló que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó la violencia en la ciudad de México, de acuerdo con un cable filtrado por Wikileaks. En la imagen, asamblea del Morena en Yautepec, MorelosFoto Carlos Ramos Mamahua.El cardenal Juan Sandoval Íñiguez pidió ayuda a Washington para frenar el avance de Andrés Manuel López Obrador en 2006, de acuerdo con el cable 06VATICAN61 de Wikileaks, redactado por la embajada de Estados Unidos en el Vaticano.
La representación estadunidense afirmó en dicho cable que a Sandoval Íñiguez le preocupaba el avance de la izquierda en Latinoamérica, y señaló que aumentaba el poder de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet y López Obrador.
El prelado se reunió en Roma el 28 de marzo de 2006 con Francis Rooney, embajador de Estados Unidos en el Vaticano, cartera que ocupó de 2005 a 2008.
El cardenal Sandoval dijo a Rooney que el avance de la izquierda representaba una tendencia peligrosa
, señaló la embajada en el Vaticano.
De acuerdo con el cable de Wikileaks, el prelado preguntó si el presidente (George W.) Bush podría ayudar. Sandoval afirmó que durante el gobierno de López Obrador el crimen y la violencia habían aumentado en la ciudad de México
.
El embajador concordó con la importancia del mensaje, y agregó que durante una visita al Vaticano el entonces subsecretario de Estado, Thomas A. Shannon –ahora embajador de Estados Unidos en Brasil–, ya había tratado el tema de la ola izquierdista latinoamericana.
Agregó que el presidente Bush había tocado en tiempo y forma el tema con el nuevo nuncio papal en Washington
, señala el cable.
Los cardenales sienten que los pobres de Latinoamérica no entienden los beneficios potenciales que les puede traer el mercado libre, por lo que apremiaron al gobierno de Estados Unidos a ayudar (a concretar tratados de libre comercio), reconociendo que la Iglesia, aunque cautelosa, también puede jugar un papel más importante
en la materia, resume el texto difundido por Wikileaks.
El prelado había viajado a Roma para asistir al consistorio católico llevado a cabo el 24 de marzo de 2006.
Allí Rooney solicitó reunirse con Sandoval Íñiguez y otro religioso, el cardenal brasileño Claudio Hummes, con quien habló un día después de hacerlo con el primero.
Sandoval mencionó a Rooney su sueño de construir un santuario en Guadalajara para conmemorar a los mártires mexicanos, pero la plática fue principalmente sobre asuntos políticos.
El texto fue difundido en: http://wikileaks.org/cable/2006/04/06VATICAN61.html
La "reforma"
La
reforma políticade Felipe Calderón, que éste urge al Congreso le apruebe –junto con las llamadas
reformaslaboral y de seguridad–, y que el escritor Javier Sicilia en nombre de su movimiento exigió al Senado el día 22 sea aprobada cuanto antes, es una verdadera contrarreforma, contraria a los intereses del pueblo mexicano, y al margen de que es fundamental se discutan en México, de la manera más amplia y democrática posible, los cambios políticos y electorales que urgen al país para tener un régimen democrático (lo que no haría este gobierno), hay que reiterar que no existe la posibilidad legal de que se aprueben cambios en materia política electoral para 2012.
1. La propuesta de establecer en México una democracia semi-directa en vez del régimen representativo que establece el artículo 40 constitucional, y en la que ahora busca montarse hipócritamente la derecha calderonista para vaciarla de contenido, surgió como en el resto del mundo históricamente de la izquierda.
2. En la primera fase de la mesa 2 de los diálogos de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, llevada a cabo del 21 al 25 de marzo de 1996 –y que fue interrumpida por los zapatistas ante la intemperancia del gobierno zedillista para seguir dialogando y los signos de que no quería cumplir lo acordado en la mesa 1–, como integrante del cuerpo de asesores del EZLN hice el planteamiento de acordar una verdadera reforma para garantizar los derechos políticos como derechos fundamentales de los mexicanos, modificar el artículo 41 para establecer las candidaturas ciudadanas, el 71 para que tuviesen los ciudadanos participación en el proceso de iniciativa y formación de las leyes y el 97 a fin de que pudiesen poner éstos en acción la maquinaria judicial para que se investigara cualquier violación del voto público.
3. En esta ponencia publicada en Democracia y Justicia. Diálogos de Sacam Ch’en (Ce-Ácatl, 1996, pp. 27-29), hice asimismo el planteamiento de que se estableciera en México el principio de la revocación del mandato, que en el país han rechazado con vehemencia el PAN y el PRI, y en el mundo la mayor parte de los partidos políticos; que no figura desde luego en la iniciativa de Calderón de 2010 que apoya Sicilia, y que es clamor de diversos sectores de mexicanos que no quieren verse obligados a sufrir a un mal gobernante por un periodo determinado cuando ha mostrado su venalidad o su incompetencia, como dan cuenta en nuestro país múltiples casos en los tiempos recientes, incluyendo el de Felipe Calderón.
4. En esta ponencia propuse que al lado de la democracia representativa se establecieran formas de democracia directa o semidirecta, desde el plebiscito y el referéndum, que de alguna manera han permanecido en los usos y costumbres de los pueblos indígenas de México, y que existen en buena parte de los regímenes euro-occidentales como vía para dirimir cuestiones legislativas de gran importancia, pero haciendo el señalamiento de que estos mecanismos deberían estar no en manos del poder, como lo pretende la propuesta de la derecha, sino del pueblo.
5. El EZLN, ante la cerrazón oficial, buscó desde entonces desarrollar estas prácticas de democracia directa y semidirecta en los territorios zapatistas, por lo que tales formas de toma de decisiones forman parte de manera cada vez más arraigada de la vida cotidiana de sus comunidades, en tanto que la derecha oficial buscó desde entonces tergiversar su sentido.
6. Al Estado policial que pretende Calderón ante la crisis económica y financiera que se avecina, le interesan ahora prioritariamente dos cambios: a) los tendientes a permitir la relección inmediata de diputados y senadores, exigidos desde hace años por Washington y el capital trasnacional para tener un cuerpo legislativo permanente y confiable
, los que como se sabe son contrarios a nuestra historia, y que Carlos A. Madrazo como jefe del PRI logró echar abajo en 1965, y b) los de las candidaturas independientes, tanto para cumplir con el fallo de San José que condenó a México por no admitirlas, como para poder presentar como independiente
en 2012 a un candidato del yunquismo y del PAN tras el fracaso de los llamados siete enanos
, que ya no son más que seis.
7. Las candidaturas independientes son objeto de un manoseo por parte de la derecha, ya que en un régimen electoral determinado por el dinero y la impunidad de los medios, los grupos oligárquicos las ven como una salida ante la crisis de los partidos. En el perverso marco jurídico actual no se podrían propiciar candidaturas obreras o campesinas sino de grandes empresarios, por lo que atisbando esto, el ex canciller Jorge G. Castañeda intentó ser en 2006 candidato independiente
por el financiamiento millonario que le brindara el magnate estadunidense George Soros. La clave de las candidaturas independientes está por lo mismo en modificar en profundidad las leyes y establecer reglas de equidad para equipararlas a las de los partidos, y éstos no están dispuestos a ello, pues sólo las quieren, como Calderón, en tanto que figura decorativa.
8. Una reforma no se limita a un simple enunciado sino que debe precisarse su sentido, lo mismo en la Constitución que en la ley reglamentaria, en este caso el Cofipe, y en la actualidad no es viable hacerlo, como quiere Calderón, antes de los comicios de 2012. No sólo por la falta de tiempo para discutirla sino por el principio legal de que la legislación no puede modificarse sino hasta seis meses antes del proceso. La propuesta formulada el 14 de julio por el académico Diego Valadés para darle la vuelta a esta regla, consignándola en la Constitución y, a pesar del acotamiento legal, disponiendo en un transitorio que ésta sería posible en 2012, no es viable, porque la misma no sería factible si no es reglamentada en la ley secundaria y modificadas las leyes en su conjunto.
9. Una contrarreforma política como la del PAN, apoyada por el movimiento de Sicilia, en vez de abrir vías de participación las restringiría fortaleciendo el régimen oligárquico. Lo que urge es por el contrario una amplia discusión sobre la reforma política que requiere nuestro país, pues los cambios hechos desde 1989 por la alianza de los salinistas y el PAN no abrió la vía a ninguna transición o democracia sino a otra forma de autoritarismo. El IFE y el tribunal electoral están desde entonces en manos de los partidos, y cuando este partido es el del gobierno, como ahora el PAN, todo sigue como antes del 88: el gobierno oligárquico lo controla todo. De ahí la urgencia de una verdadera reforma para que cambie el régimen autoritario y demagógico que asfixia al país, a la que se opondrían sin duda el PAN y el PRI y un sector del PRD,
10. Ante estas tentativas de los panistas para seguir confundiendo a los mexicanos, además de actuar hay que espetar por eso una vez más, con fuerza y claridad, un contundente: ¡Ya basta!
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