jueves, noviembre 11, 2010

Detrás de la Noticia; Mexicana: vuelo demorado

Por Ricardo Rocha






11 noviembre 2010

La de Mexicana es una sucia cadena de maniobras chicaneras para beneficiar a los capitalistas y robar a los trabajadores con la complicidad del gobierno federal.

Los tres grupos financieros que han hecho propuestas para su rescate son producto del caos. En realidad todos están cortados con las mismas tijeras aunque con diferencias aparentes en sus propuestas de recortes a la planta productiva y las naturales apetencias de los señores del dinero.

Las ofertas de PC Capital, TG Group y BMC son prácticamente idénticas al proponer inversiones de 150 millones de dólares ó 1,500 millones de pesos que para el caso es lo mismo. Pero que conste que no se trata de una compra de acciones, sino sólo una inyección de capital. Aunque habría que irse para atrás y recordar que la misteriosa Tenedora K, cuyos dueños están más embozados que La Parka y Tinieblas, son poseedores de más del 90% de acciones que compraron en cacahuates —alguien dice que en 100 mil pesos— a los anteriores y efímeros propietarios de Mexicana, el grupo Posadas de México. Y todavía más atrás para recordar la compra de Mexicana por Posadas a precio de ganga y luego el crédito preferencial de Bancomext hace apenas un año por 991 millones de pesos, de los cuales se pagaron sólo 110 millones, quedando por cubrir 881 millones de dinero público, es decir, de todos nosotros los mexicanos. Y todo ello en pago de favores por gigantescas y generosas aportaciones en efectivo para las campañas electorales de los dos recientes gobiernos panistas.

Yo sigo sosteniendo que únicamente ese adeudo sería razón suficiente para que el gobierno hubiera tomado el toro por los cuernos; además, por supuesto, de tratarse de 8 mil mexicanos en riesgo de perder su empleo y de la pérdida de un ícono del transporte en los mercados nacional e internacional. Pero no ha sido así. Y lo más grave es la simulación, porque en apariencia los secretaritos ocupados del asunto fungen como intermediarios aunque en la realidad funcionan como gestores de todos los empresarios y agentes financieros metidos en este ajo. A la vez que son enemigos no declarados, pero sí muy explícitos, de los sindicatos de trabajadores, pilotos y sobrecargos implicados en este oscuro capítulo, no sólo como empleados, sino como acreedores de Mexicana por concepto de salarios, prestaciones y pensiones.

Con esa misma complicidad gobierno-capital, ahora han preparado una trampa: el Sr. Molinar se ha ido de la lengua una vez más para adelantar —a través de Twitter— que prefiere a PC Capital a pesar de que ello implica reducir la flota a menos de la tercera parte —30 aviones— y el despido del 80% de los trabajadores; hecha a un lado quedaría TG Group, que se compromete a una flota de 60 aviones y a conservar al 85 % de los trabajadores, pero con el truco de la rotación, un mes de trabajo por tres de descanso. Para el caso es lo mismo, los riesgos son siempre para los trabajadores. De cualquier modo, la decisión huele a dados cargados.

Pero todavía más: el propósito del poder es que se reduzca artificialmente el contrato colectivo, lo que significaría un fraude contra los trabajadores; la estrategia es que Mexicana se levante temporalmente, pero sólo por tres meses, ya que el capital inyectado no da para más; y como el concurso mercantil sigue adelante, se declararía la quiebra y se estima que la deuda con los trabajadores se reduciría a un 30 %; pero, eso sí, como se trata de una inyección de capital, los nuevos inversionistas se colocarían como acreedores preferentes; según calculan los cuervos, todavía los fierros y despojos les darían para un buen negocio. La otra opción es poner de rodillas a los trabajadores obligándolos a renunciar a todo. Así, estos inversionistas de saliva, se quedarían como propietarios de una aerolínea chiquita, de bajo costo y rentable. En pocas palabras, comprar un buen pleito, ganable de todas todas.

El gobierno, por su parte, salvaría la cara al decir que hizo todo lo posible al actuar como intermediario. Pero que no pudo. Como no ha podido en prácticamente nada.

Plan B. Los “lavadores” de dinero

Por Lydia Cacho





11 noviembre 2010

Manlio Fabio Beltrones retó al presidente Calderón: que si tiene nombres de narcopolíticos que los diga. El priísta bien sabe que no se puede hacer pública la lista en que se investiga por enriquecimiento inexplicable a más de 140 políticos de diferentes niveles. En ella están desde famosos dinosaurios hasta desconocidos alcaldes. La razón obvia para no hacer pública la lista es que entorpecería las propias pesquisas, y la razón más compleja es que la obsesión de Calderón por vincular todos los delitos con narcotraficantes como autores de todos los males del país, lo deja la mitad de las veces con la boca llena y las manos vacías.

Julio César Godoy, el diputado acusado ahora de lavado de dinero, nos da la pista de lo que realmente debemos mirar. Asegura que la PGR miente al relacionar los 24 millones de pesos en sus cuentas bancarias con dinero del narcotráfico. “El hecho de que yo pudiera no haber pagado impuestos, no significa que reciba dinero del narco”, dijo Godoy en un desliz confesional sobre evasión fiscal que pocos han comentado.

El lavado de dinero llevado a cabo por los políticos mexicanos es más complejo de lo que nos quieren hacer creer. Todos los partidos utilizan grandes cantidades de efectivo, para ello cuentan con estrategias de robo y reacomodo de fondos públicos y obtención de fondos privados que ocultan en casas de seguridad, o con movimientos en bancos offshore, desde donde se triangulan pagos para que el dinero reingrese a través de empresas consultoras de imagen o publicidad política. Si bien es cierto que la ley que acota los depósitos en México ha complicado la vida a políticos corruptos y a criminales profesionales, no los detiene.

En los casos de redes de tratantes de personas he documentado la existencia de cuentas bancarias a nombre de familiares de los delincuentes (desde la madre que vive en la pobreza pero es titular de la cuenta, hasta un fondo de ahorro de 30 millones para un bebé de cuatro años). En el famoso caso Succar, el Ministerio Público Federal tenía evidencia de que el tratante de niñas fungía como lavador de dinero de poderosos políticos y empresarios a través de su hotel en Cancún, por ello congelaron más de 20 millones de dólares.

En la medida en que el Estado crea instrumentos para abatir a la delincuencia, quienes infringen la ley buscan cómo evadirla, pero cuando se trata de lavado de dinero en la política, deben fiscalizarse los propios partidos, cuya corrupción interna y manejo de efectivo depende de su habilidad para distraer a la opinión pública. Efectivamente, hay muchos casos en que los cárteles hacen donativos directos, pero son los menos. Las mafias empresariales, políticas y criminales prefieren tener directamente a sus agentes de confianza en puestos públicos.

Enfrentar en verdad a la delincuencia organizada (nótese que no digo narcotraficantes, porque incluyo tráfico de armas, trata de personas y contrabando) representa una paradoja para el Estado mexicano. Justamente porque entre aquellos que deben aprobar leyes efectivas y aplicables, retirar fueros y crear mecanismos de transparencia están los más poderosos interlocutores de las mafias. Ellos que blanquean dinero en negocios de bienes raíces, hotelería, restaurantes, prostíbulos y en campañas políticas, son el enemigo a vencer. Los dineros sucios se mezclan en los favores que se hacen políticos, empresarios y mafiosos; es allí donde hay que mirar sin distraernos.

EDITORIAL. Dios los hace…

Año 8, número 3530
Jueves 11, noviembre del año 2010


Apenas el día de ayer comentábamos acerca de la visita que don Felipe Calderón les hizo a los obispos en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (no va a San Lázaro, pero sí con los curas) Y que habiendo sido, tanto los políticos como los religiosos, corrompidos por el narco, finalmente eran más o menos lo mismo.

Hoy, el cierre de filas que los obispos hicieron en torno a Onésimo Cepeda, a quien acusan de un monumental fraude de 130 millones de dólares (y también lo podrían acusar de lavado de dinero en el caso que el jerarca católico comprobara haberle dado ese dinero a una mujer que falleciera 7 meses más tarde)

Da pié para comentar que don Onésimo solo actuó acorde a sus enseñanzas, toda vez que siguió puntualmente el código de Ética de San Alfonso de Ligorio, nombrado Padre de la Iglesia.

“El confesor, en el lecho de un católico moribundo, podrá usar de todos los medios para inducirlo a testar a favor de la Iglesia”. Y más, pues en otra de sus Máximas, San Alfonso dijo que “Si los herederos llamasen a juicio al confesor, por extorción de testamento, los jueces no deberán creer a los herederos, sino al confesor”.

Hace recordar al cierre de filas que hicieron los diputados en torno a su compañero Julio César Godoy Toscano, a quien han protegido y siguen protegiendo a pesar de que todo indica que las imputaciones que le hacen de estar ligado con el narcotráfico, son ciertas.

De no ejercerse acción penal contra ninguno de los dos, es decir, ni en contra del obispo ni en contra del diputado, será más que notorio que la Justicia en nuestro México juega con los dados cargados; y en esas condiciones, no se le puede pedir al Pueblo que obre con apego a la legalidad, ni que no tome la Justicia por mano propia.

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