Sumario:
I. El Infonavit, al igual que los demás organismos nacionales de vivienda, ha perdido la orientación social que le dio origen: Laura Itzel Castillo
II. Del 23 al 26 de agosto, Andrés Manuel López Obrador visitará 26 municipios de Puebla y recorrerá más de 817 kilómetros
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EL INFONAVIT, AL IGUAL QUE LOS DEMÁS ORGANISMOS NACIONALES DE VIVIENDA, HA PERDIDO LA ORIENTACIÓN SOCIAL QUE LE DIO ORIGEN: LAURA ITZEL CASTILLO
Como informamos en anteriores reportes, el pasado 20 de este mes, el gobierno legítimo de México y el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) convocaron y llevaron a cabo una marcha hacia las oficinas del Infonavit, en protesta por la política de los gobiernos de derecha que han anulado el derecho de los trabajadores mexicanos a contar con una vivienda. La Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México nos ha hecho llegar la transcripción de las palabras pronunciadas por su titular, Laura Itzel Castillo Juárez, con motivo de dicha movilización, que aquí reproducimos.
Es de conocimiento de la opinión pública la problemática de cartera vencida que enfrentan las distintas instituciones del país y, particularmente, el Infonavit. De acuerdo con la propia información de este organismo, para 2007 se pretende recuperar 110 mil viviendas en el país que se encuentran en esta situación.
El Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV), sostiene que una de las causas principales que ha generado esta condición es el creciente desempleo que se ha presentado en México a partir de 1994. De acuerdo con la información del INEGI, la desocupación alcanzó su máximo histórico en febrero pasado, cuando la tasa registró 3.9%. Por ello, se considera que la cartera vencida no es un asunto provocado por la falta de disposición de las familias trabajadoras de cumplir con sus contratos, sino una condición económica nacional que provoca que no puedan solventar sus deudas. A esto hay que sumarle que el Infonavit, en lugar de proteger a los trabajadores, castiga el desempleo a través de convenios que adquieren carácter judicial, elaborados por despachos particulares, violatorios de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, puesto que obligan al acreditado a pagar 35% de su último salario devengado, una vez que se quedó sin empleo.
Se podrá argumentar que el Infonavit cuenta con un seguro contra el desempleo. Sin embargo, se estima que este instrumento está muy lejos de mitigar la problemática debido, entre otros factores, a su diseño burocrático y a la falta de información completa y oportuna al trabajador, que pareciera que se hace con toda intención para favorecer después a los despachos de cobranza, además de que este sistema transgrede la finalidad que la Constitución federal impone al Instituto de establecer un sistema de financiamiento que otorgue créditos baratos y suficientes para adquirir viviendas. ¿Los convenios judiciales que promueve Infonavit cumplen con esta obligación constitucional de previsión social?
El Infonavit, al igual que los demás organismos nacionales de vivienda, ha perdido la orientación social que le dio origen. A partir de la bursatilización de la cartera y con el objeto de mantenerlo financieramente sano, vende la deuda vencida en 6 a 10% de su valor a empresas administradoras, sin que los acreditados sean notificados de ello. Estas empresas, de manera ventajosa, la revenden a las familias trabajadoras a 300% del costo real. Basta mencionar el caso de Capmark como el más conocido. ¿Cómo entender esto cuando en reiteradas ocasiones se ha planteado al Instituto que se le venda directamente a la gente a precios justos? ¿Es realmente un saneamiento financiero o un magnífico negocio para unos cuantos?
Al Consejo de Defensa de la Vivienda han llegado familias desesperadas por el acoso extrajudicial que sufren por parte de despachos jurídicos particulares a los que se les paga un porcentaje por vivienda desalojada. El fondo de esto es la acumulación de riqueza por despojo, puesto que los inmuebles “recuperados” son revendidos a precios sobrevaluados.
Ante esta política mercantil, el CDV demanda:
1. Suspensión inmediata de la venta de cartera vencida a administradoras de deuda.
1.1. Un programa de restructuración de la deuda que parta del denominado derecho al tanto.
1.2. Información en general sobre esta problemática con total apertura y transparencia y permitiendo el acceso a documentos públicos oficiales, tales como el estado que guardan los 110 mil créditos en cartera vencida: nombres de las empresas a las que se les ha cedido a título oneroso, propietarios de dichas empresas, montos de la adjudicación, así como la ubicación de los inmuebles.
1.3. Acceso a la información de archivos como el identificado con el código ACP01SC07S15 sobre la venta de cartera, o el ACP01SC07S01 sobre la estrategia de cobranza judicial, así como el ACP01SC07S09 sobre convenio judicial de pago y ACP01SC07S10 matriz de pagos vs. meses. Asimismo, suspender la eliminación de dichos archivos que mañosamente está programada para el año 2008, de acuerdo con la información oficial del Infonavit. ¿A qué obedece esa pretendida desaparición? ¿Qué irregularidades ocultan?
1.4. Acceso a la información de las ventas de áreas de reservas en todo el país, incluidas las ventas dentro de los conjuntos habitacionales, así como a las escrituras por las que el Infonavit habría establecido cuáles son las áreas comunes pertenecientes a los condóminos de conjuntos habitacionales.
1.5. En el caso de que no se cuente con esta información, se solicita un programa de regularización de áreas comunes con el pago de daños y perjuicios ocasionados a los derechohabientes, incluyendo a quienes cayeron en cartera vencida.
2. Alto a los desalojos
2.1. Término a la contratación de despachos de cobranza que ejercen hostigamiento extrajudicial contra los acreditados.
2.2. Establecimiento de una tregua judicial.
2.3. Análisis particularizado de los casos para plantear salidas viables.
2.3.1. Esquema de masificación de la cobranza.
2.3.2. Compra de paquete de cartera por los acreditados.
3. Auditoría al Infonavit
3.1. Derivada de la controversia constitucional 84/2004 en octubre de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la tesis jurisprudencial 123/2006 en el que se advierte que la entidad de fiscalización superior de la Federación tiene diversas facultades relacionadas con la cuenta pública, entre las que destacan las de revisar y fiscalizar a cualquier persona pública o privada, siempre que reciban, recauden, administren, manejen o ejerzan recursos que no sean estrictamente particulares o privados.
Dado que se estima que los recursos que administra el Insituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, se destinan al gasto público a pesar de ser propiedad de los trabajadores, porque: 1) se cobran fiscalmente y 2) al ser administrados en un fondo por el Infonavit deben destinarse a la prestación del servicio público de previsión social para otorgar créditos baratos y suficientes para la obtención de vivienda digna y decorosa, como lo mandata nuestra Constitución; por esto las organizaciones representadas en el Barzón, Barzón-Movimiento Jurídico, Coordinadora de Unidades Habitacionales, Unión Popular Valle Gómez, Patria Nueva, Talleres de Habitabilidad, A.C., Centro Operacional de Vivienda y Doblamiento COPEVI y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata UPREZ, todas ellas integrantes del CDV, han solicitado desde el mes de junio al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que preside el dip. Antonio Ortega, una auditoría al Infonavit.
México, D. F., a 20 de agosto de 2007
El Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV), sostiene que una de las causas principales que ha generado esta condición es el creciente desempleo que se ha presentado en México a partir de 1994. De acuerdo con la información del INEGI, la desocupación alcanzó su máximo histórico en febrero pasado, cuando la tasa registró 3.9%. Por ello, se considera que la cartera vencida no es un asunto provocado por la falta de disposición de las familias trabajadoras de cumplir con sus contratos, sino una condición económica nacional que provoca que no puedan solventar sus deudas. A esto hay que sumarle que el Infonavit, en lugar de proteger a los trabajadores, castiga el desempleo a través de convenios que adquieren carácter judicial, elaborados por despachos particulares, violatorios de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, puesto que obligan al acreditado a pagar 35% de su último salario devengado, una vez que se quedó sin empleo.
Se podrá argumentar que el Infonavit cuenta con un seguro contra el desempleo. Sin embargo, se estima que este instrumento está muy lejos de mitigar la problemática debido, entre otros factores, a su diseño burocrático y a la falta de información completa y oportuna al trabajador, que pareciera que se hace con toda intención para favorecer después a los despachos de cobranza, además de que este sistema transgrede la finalidad que la Constitución federal impone al Instituto de establecer un sistema de financiamiento que otorgue créditos baratos y suficientes para adquirir viviendas. ¿Los convenios judiciales que promueve Infonavit cumplen con esta obligación constitucional de previsión social?
El Infonavit, al igual que los demás organismos nacionales de vivienda, ha perdido la orientación social que le dio origen. A partir de la bursatilización de la cartera y con el objeto de mantenerlo financieramente sano, vende la deuda vencida en 6 a 10% de su valor a empresas administradoras, sin que los acreditados sean notificados de ello. Estas empresas, de manera ventajosa, la revenden a las familias trabajadoras a 300% del costo real. Basta mencionar el caso de Capmark como el más conocido. ¿Cómo entender esto cuando en reiteradas ocasiones se ha planteado al Instituto que se le venda directamente a la gente a precios justos? ¿Es realmente un saneamiento financiero o un magnífico negocio para unos cuantos?
Al Consejo de Defensa de la Vivienda han llegado familias desesperadas por el acoso extrajudicial que sufren por parte de despachos jurídicos particulares a los que se les paga un porcentaje por vivienda desalojada. El fondo de esto es la acumulación de riqueza por despojo, puesto que los inmuebles “recuperados” son revendidos a precios sobrevaluados.
Ante esta política mercantil, el CDV demanda:
1. Suspensión inmediata de la venta de cartera vencida a administradoras de deuda.
1.1. Un programa de restructuración de la deuda que parta del denominado derecho al tanto.
1.2. Información en general sobre esta problemática con total apertura y transparencia y permitiendo el acceso a documentos públicos oficiales, tales como el estado que guardan los 110 mil créditos en cartera vencida: nombres de las empresas a las que se les ha cedido a título oneroso, propietarios de dichas empresas, montos de la adjudicación, así como la ubicación de los inmuebles.
1.3. Acceso a la información de archivos como el identificado con el código ACP01SC07S15 sobre la venta de cartera, o el ACP01SC07S01 sobre la estrategia de cobranza judicial, así como el ACP01SC07S09 sobre convenio judicial de pago y ACP01SC07S10 matriz de pagos vs. meses. Asimismo, suspender la eliminación de dichos archivos que mañosamente está programada para el año 2008, de acuerdo con la información oficial del Infonavit. ¿A qué obedece esa pretendida desaparición? ¿Qué irregularidades ocultan?
1.4. Acceso a la información de las ventas de áreas de reservas en todo el país, incluidas las ventas dentro de los conjuntos habitacionales, así como a las escrituras por las que el Infonavit habría establecido cuáles son las áreas comunes pertenecientes a los condóminos de conjuntos habitacionales.
1.5. En el caso de que no se cuente con esta información, se solicita un programa de regularización de áreas comunes con el pago de daños y perjuicios ocasionados a los derechohabientes, incluyendo a quienes cayeron en cartera vencida.
2. Alto a los desalojos
2.1. Término a la contratación de despachos de cobranza que ejercen hostigamiento extrajudicial contra los acreditados.
2.2. Establecimiento de una tregua judicial.
2.3. Análisis particularizado de los casos para plantear salidas viables.
2.3.1. Esquema de masificación de la cobranza.
2.3.2. Compra de paquete de cartera por los acreditados.
3. Auditoría al Infonavit
3.1. Derivada de la controversia constitucional 84/2004 en octubre de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la tesis jurisprudencial 123/2006 en el que se advierte que la entidad de fiscalización superior de la Federación tiene diversas facultades relacionadas con la cuenta pública, entre las que destacan las de revisar y fiscalizar a cualquier persona pública o privada, siempre que reciban, recauden, administren, manejen o ejerzan recursos que no sean estrictamente particulares o privados.
Dado que se estima que los recursos que administra el Insituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, se destinan al gasto público a pesar de ser propiedad de los trabajadores, porque: 1) se cobran fiscalmente y 2) al ser administrados en un fondo por el Infonavit deben destinarse a la prestación del servicio público de previsión social para otorgar créditos baratos y suficientes para la obtención de vivienda digna y decorosa, como lo mandata nuestra Constitución; por esto las organizaciones representadas en el Barzón, Barzón-Movimiento Jurídico, Coordinadora de Unidades Habitacionales, Unión Popular Valle Gómez, Patria Nueva, Talleres de Habitabilidad, A.C., Centro Operacional de Vivienda y Doblamiento COPEVI y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata UPREZ, todas ellas integrantes del CDV, han solicitado desde el mes de junio al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que preside el dip. Antonio Ortega, una auditoría al Infonavit.
México, D. F., a 20 de agosto de 2007
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DEL 23 AL 26 DE AGOSTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR VISITARÁ 26 MUNICIPIOS DE PUEBLA Y RECORRERÁ MÁS DE 817 KILÓMETROS
El presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, iniciará mañana jueves una gira de trabajo de cuatro días por 26 de los 217 municipios que tiene el estado de Puebla. De jueves a domingo, López Obrador recorrerá más de 817 kilómetros de carreteras para convivir con los habitantes de 26 alcaldías de la entidad poblana.
En las reuniones informativas que sostendrá con el pueblo poblano invitará a los ciudadanos a formar parte de la red de representantes del gobierno legítimo de México, misma que ya cuenta con más de un millón 200 integrantes en todo el país.
Para el jueves, 23 de agosto, estará en los municipios de Santa Rita Tlahuapan, Santa Matías Tlalancaleca, San Martín Texmelucan, San Salvador El Verde, San Felipe Teotlacingo, y San Lorenzo Chiautzingo.
El viernes, 24 de agosto, convivirá con los habitantes de Tlaltenango, Xoxtla, Santa María Coronango, San Juan Cuautlancingo, San Andrés Cholula, y Puebla.
Para el penúltimo día de gira, visitará las poblaciones de Nealtican, San Nicolás de los Ranchos, San Andrés Calpan, Domingo Arenas, Huejotzingo, Cuanala, y Cholula.
El próximo domingo, 25 de agosto, el presidente legítimo de los mexicanos recorrerá los municipios de Santa Clara Ocoyucan, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, Tianguismanalco, Tochimilco y Atlixco.
En las reuniones informativas que sostendrá con el pueblo poblano invitará a los ciudadanos a formar parte de la red de representantes del gobierno legítimo de México, misma que ya cuenta con más de un millón 200 integrantes en todo el país.
Para el jueves, 23 de agosto, estará en los municipios de Santa Rita Tlahuapan, Santa Matías Tlalancaleca, San Martín Texmelucan, San Salvador El Verde, San Felipe Teotlacingo, y San Lorenzo Chiautzingo.
El viernes, 24 de agosto, convivirá con los habitantes de Tlaltenango, Xoxtla, Santa María Coronango, San Juan Cuautlancingo, San Andrés Cholula, y Puebla.
Para el penúltimo día de gira, visitará las poblaciones de Nealtican, San Nicolás de los Ranchos, San Andrés Calpan, Domingo Arenas, Huejotzingo, Cuanala, y Cholula.
El próximo domingo, 25 de agosto, el presidente legítimo de los mexicanos recorrerá los municipios de Santa Clara Ocoyucan, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, Tianguismanalco, Tochimilco y Atlixco.
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