Detienen a dirigentes de la APPO
Agentes de la PFP aprehendieron a Flavio y Horacio Sosa, Ignacio García y Marcelino Coachi
Después de que mañana reanudará APPO negociaciones con Gobernación y que los dirigentes no planeaban presentarse pues irían otros en su nombre precisamente para evitar esto.
El Universal
Agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) detuvieron este lunes, alrededor de las 19:30 horas a Flavio Sosa, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), al término de la conferencia que ofreció esta tarde en el Centro de Comunicación Social (Cencos) de la colonia Roma.
Además, detuvieron a Horacio Sosa (hermano de Flavio), Ignacio García y Marcelino Coachi, en la avenida Insurgentes Sur, a la altura del número 1668.
Flavio Sosa tenía una orden de aprehensión librada por un juzgado federal por los delitos de sedición, ataques a las vías generales de comunicación e incitación a la violencia.
Además, había otro mandato judicial para aprehenderlo por delitos del fuero común, relacionados con las movilizaciones y actos que encabezó en la ciudad de Oaxaca durante el movimiento que realizaron la APPO y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Flavio Sosa fue puesto a disposición de la delegación metropolitana de la Procuraduría General de la República (PGR), ubicada en Plaza de la República.
La semana pasada fue detenido también el hermano de Flavio Sosa, de nombre Eirck, en Oaxaca, y trasladado al penal de máxima seguridad número 2, ubicado en Matamoros, Tamaulipas.
lunes, diciembre 04, 2006
¿Qué creen que hará Germancito?
En Oficio de Papel de Miguel Badillo:
El gobierno de Felipe Calderón inicia sin compromiso alguno para combatir la corrupción gubernamental que tanto daña al país. En su primer día de mandato, el 1 de diciembre, alcanza a decir que luchará contra la pobreza, no dice cómo, y que disminuirá el salario en los niveles superiores del gabinete, cuando de todos es sabido que el verdadero ingreso de los secretarios de Estado, del propio presidente, de los subsecretarios y de los directores generales de paraestatales y de organismos descentralizados no es el salario que devengan por el trabajo realizado, sino el uso de las partidas secretas, las cajas chicas y los cuantiosos ingresos que obtienen ilícitamente por negocios que realizan al amparo de sus cargos públicos, como son la asignación irregular de contratos de obras y servicios al sector privado, la creación de fideicomisos sin control alguno, el desvío de recursos públicos, las nóminas con aviadores, los bonos, las prebendas a empresas privadas, los gastos de representación, las privatizaciones amañadas, los viáticos inflados, las concesiones fiscales, los favores a empresarios a cambio de jugosas comisiones y otros mecanismos más que han desarrollado los hombres de poder público para enriquecerse al margen de sus ingresos formales. Así que esa declaración mediática que busca efectos positivos a su causa por disminuir el salario de la elite gubernamental no tiene razón ni sentido alguno.
Pero lo que si estará a prueba y ante los ojos de todos los mexicanos es la voluntad de Felipe Calderón y de su secretario de la Función Pública, el joven abogado Germán Martínez, para poner un freno en el gobierno federal al despilfarro, el robo, el abuso, el tráfico de influencias, el gasto desmedido y el desvío descarado de dinero a cuentas bancarias de la burocracia, la cual se ha enriquecido ilícitamente en cada sexenio a costa de los mexicanos.
Hay evidencias sobradas de la corrupción gubernamental permitida y hasta operada de quien fuera hasta la semana anterior presidente de la República. Por eso Calderón y Martínez arrancan su gestión con elementos para demostrar que este nuevo gobierno no será sólo de papel, como ocurrió en el sexenio de Vicente Fox, sino que ejercerán su labor y cumplirán con los millones de votantes que aún creen que el PAN es la opción para mejorar este país.
Dicen que el buen juez por su casa empieza y es precisamente en la residencia oficial de Los Pinos en donde hace cinco años se realizó una auditoría, en donde se revela la corrupción ordenada por Vicente Fox y su hermano José, la entonces primera dama Marta Sahagún y la hijastra Ana Cristina Fox, en las obras para remodelar las cabañas 1 y 2, la residencia Miguel Alemán y la casa anexa, así como las obras exteriores de Los Pinos, según demuestra el expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública y reservado por 12 años para evitar acusaciones en contra del ahora ex presidente Vicente Fox Quezada. Pero si a alguna autoridad le interesa, incluidos el propio secretario Germán Martínez y la Auditoría Superior de la Federación, esta columna tiene el amplio documento y estamos dispuestos a otorgarle una copia a quien la solicite.
La auditoría 2015
El grueso expediente que mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, comprueba actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y adquisición de bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el presidente Vicente Fox y su hermano José, según declararon los propios contratistas, quienes cobraron por las obras 66 millones de pesos y de los cuales se estima daños patrimoniales por más de 30 millones.
En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio de la Presidencia y del erario público.
La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.
Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes del director general de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos, hermano de quien fuera director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y que fue destituido bajo presiones de los hijos de Marta Sahagún, los hermanos Bribiesca, para beneficiar con contratos petroleros a empresas privadas.
Las onerosas “cabañas”
La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que sirvieron como pretexto para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones.
En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.
La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.
¿El resultado?, se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades. Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.
El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, quien según Lino Korrodi (ex dirigente de Amigos de Fox) fue recomendado a Vicente Fox por su hermano José, y cuya constructora del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.
Vulnerada la Seguridad Nacional
El supuesto carácter de confidencial que debían mantener estas obras, razón por la cual se asignaron los contratos de manera directa para beneficiar al amigo de Fox, fue violado, pues la Dirección General de Auditoría Gubernamental concluyó que los contratistas beneficiados por el presidente subcontrataron a sus vez las obras, los bienes y servicios a otras empresas particulares, lo que vulneró la secrecía y la seguridad nacional con la que según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial debían ejecutar este tipo de obras en la Residencia Oficial de Los Pinos.
Paradójicamente, para adjudicar de manera directa estos contratos Vicente Fox esgrimió la confidencialidad y la seguridad nacional, objetivo que “se desvirtúa por la subcontratación”, pues la remodelación de Los Pinos se asignó a la empresa Humberto Artigas y Asociados, Sociedad Civil, por un monto de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, “debiendo realizar licitación pública, de acuerdo con los montos de actuación, sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”.
El director general adjunto de Auditorías Directas de la entonces llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: “se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.
El amplio expediente confidencial de la Contraloría precisa que “el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S.A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI.”
Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban, por lo cual según los auditores se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.
Es decir que mientras Humberto Artigas cobró a la Presidencia de la República casi 62 millones de pesos, sólo presentó facturas por obras y servicios por 23.8 millones, lo que podría significar un daño patrimonial y desvíos por otros 39 millones de pesos.
Además, los montos asignados por la Presidencia de la República en las obras a Los Pinos rebasan los rangos de adjudicación para efectuar una licitación pública de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Investiga el fisco a Humberto Artigas
El hilo siempre se rompe por lo más delgado y está vez no es la excepción, pues el arquitecto Humberto Artigas y su socio Jorge Conde Guzmán, quienes fueron los responsables de remodelar Los Pinos y el rancho San Cristóbal de la familia Fox, son investigados por la Procuraduría General de la República.
Pero contrario a lo que se pueda creer, la investigación no es por el delito de corrupción por los daños causados al erario público en la remodelación de Los Pinos, según confirmó la propia Secretaría de la Función Pública, sino por delitos fiscales.
Es decir, de acuerdo con buena una nota del reportero Abel Barajas y publicada en páginas interiores del diario Reforma, se da cuenta de que la Secretaría de Hacienda encontró tres defraudación fiscales por un monto total de 18.9 millones de pesos por adeudos del IVA y del ISR, lo que significa que no sólo se robaron dinero público, sino que además no pagaron los impuestos que les correspondían por esos recursos y tuvo que ser el fisco el que descubrieran transferencia de millones de pesos del arquitecto Artigas a las cuentas bancarias de su cómplice Conde Guzmán, quienes ahora serán juzgados por evasores de impuestos, más no por complicidad de corrupción con el ex presidente Vicente Fox.
¿Qué creen que hará Germancito? Cuidarle el trasero a quien descansa en su rancho después de tanto pillaje, porque para eso lo pusieron ahí, maestra.
El gobierno de Felipe Calderón inicia sin compromiso alguno para combatir la corrupción gubernamental que tanto daña al país. En su primer día de mandato, el 1 de diciembre, alcanza a decir que luchará contra la pobreza, no dice cómo, y que disminuirá el salario en los niveles superiores del gabinete, cuando de todos es sabido que el verdadero ingreso de los secretarios de Estado, del propio presidente, de los subsecretarios y de los directores generales de paraestatales y de organismos descentralizados no es el salario que devengan por el trabajo realizado, sino el uso de las partidas secretas, las cajas chicas y los cuantiosos ingresos que obtienen ilícitamente por negocios que realizan al amparo de sus cargos públicos, como son la asignación irregular de contratos de obras y servicios al sector privado, la creación de fideicomisos sin control alguno, el desvío de recursos públicos, las nóminas con aviadores, los bonos, las prebendas a empresas privadas, los gastos de representación, las privatizaciones amañadas, los viáticos inflados, las concesiones fiscales, los favores a empresarios a cambio de jugosas comisiones y otros mecanismos más que han desarrollado los hombres de poder público para enriquecerse al margen de sus ingresos formales. Así que esa declaración mediática que busca efectos positivos a su causa por disminuir el salario de la elite gubernamental no tiene razón ni sentido alguno.
Pero lo que si estará a prueba y ante los ojos de todos los mexicanos es la voluntad de Felipe Calderón y de su secretario de la Función Pública, el joven abogado Germán Martínez, para poner un freno en el gobierno federal al despilfarro, el robo, el abuso, el tráfico de influencias, el gasto desmedido y el desvío descarado de dinero a cuentas bancarias de la burocracia, la cual se ha enriquecido ilícitamente en cada sexenio a costa de los mexicanos.
Hay evidencias sobradas de la corrupción gubernamental permitida y hasta operada de quien fuera hasta la semana anterior presidente de la República. Por eso Calderón y Martínez arrancan su gestión con elementos para demostrar que este nuevo gobierno no será sólo de papel, como ocurrió en el sexenio de Vicente Fox, sino que ejercerán su labor y cumplirán con los millones de votantes que aún creen que el PAN es la opción para mejorar este país.
Dicen que el buen juez por su casa empieza y es precisamente en la residencia oficial de Los Pinos en donde hace cinco años se realizó una auditoría, en donde se revela la corrupción ordenada por Vicente Fox y su hermano José, la entonces primera dama Marta Sahagún y la hijastra Ana Cristina Fox, en las obras para remodelar las cabañas 1 y 2, la residencia Miguel Alemán y la casa anexa, así como las obras exteriores de Los Pinos, según demuestra el expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública y reservado por 12 años para evitar acusaciones en contra del ahora ex presidente Vicente Fox Quezada. Pero si a alguna autoridad le interesa, incluidos el propio secretario Germán Martínez y la Auditoría Superior de la Federación, esta columna tiene el amplio documento y estamos dispuestos a otorgarle una copia a quien la solicite.
La auditoría 2015
El grueso expediente que mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, comprueba actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y adquisición de bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el presidente Vicente Fox y su hermano José, según declararon los propios contratistas, quienes cobraron por las obras 66 millones de pesos y de los cuales se estima daños patrimoniales por más de 30 millones.
En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio de la Presidencia y del erario público.
La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.
Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes del director general de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos, hermano de quien fuera director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y que fue destituido bajo presiones de los hijos de Marta Sahagún, los hermanos Bribiesca, para beneficiar con contratos petroleros a empresas privadas.
Las onerosas “cabañas”
La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que sirvieron como pretexto para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones.
En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.
La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.
¿El resultado?, se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades. Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.
El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, quien según Lino Korrodi (ex dirigente de Amigos de Fox) fue recomendado a Vicente Fox por su hermano José, y cuya constructora del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.
Vulnerada la Seguridad Nacional
El supuesto carácter de confidencial que debían mantener estas obras, razón por la cual se asignaron los contratos de manera directa para beneficiar al amigo de Fox, fue violado, pues la Dirección General de Auditoría Gubernamental concluyó que los contratistas beneficiados por el presidente subcontrataron a sus vez las obras, los bienes y servicios a otras empresas particulares, lo que vulneró la secrecía y la seguridad nacional con la que según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial debían ejecutar este tipo de obras en la Residencia Oficial de Los Pinos.
Paradójicamente, para adjudicar de manera directa estos contratos Vicente Fox esgrimió la confidencialidad y la seguridad nacional, objetivo que “se desvirtúa por la subcontratación”, pues la remodelación de Los Pinos se asignó a la empresa Humberto Artigas y Asociados, Sociedad Civil, por un monto de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, “debiendo realizar licitación pública, de acuerdo con los montos de actuación, sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”.
El director general adjunto de Auditorías Directas de la entonces llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: “se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.
El amplio expediente confidencial de la Contraloría precisa que “el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S.A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI.”
Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban, por lo cual según los auditores se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.
Es decir que mientras Humberto Artigas cobró a la Presidencia de la República casi 62 millones de pesos, sólo presentó facturas por obras y servicios por 23.8 millones, lo que podría significar un daño patrimonial y desvíos por otros 39 millones de pesos.
Además, los montos asignados por la Presidencia de la República en las obras a Los Pinos rebasan los rangos de adjudicación para efectuar una licitación pública de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Investiga el fisco a Humberto Artigas
El hilo siempre se rompe por lo más delgado y está vez no es la excepción, pues el arquitecto Humberto Artigas y su socio Jorge Conde Guzmán, quienes fueron los responsables de remodelar Los Pinos y el rancho San Cristóbal de la familia Fox, son investigados por la Procuraduría General de la República.
Pero contrario a lo que se pueda creer, la investigación no es por el delito de corrupción por los daños causados al erario público en la remodelación de Los Pinos, según confirmó la propia Secretaría de la Función Pública, sino por delitos fiscales.
Es decir, de acuerdo con buena una nota del reportero Abel Barajas y publicada en páginas interiores del diario Reforma, se da cuenta de que la Secretaría de Hacienda encontró tres defraudación fiscales por un monto total de 18.9 millones de pesos por adeudos del IVA y del ISR, lo que significa que no sólo se robaron dinero público, sino que además no pagaron los impuestos que les correspondían por esos recursos y tuvo que ser el fisco el que descubrieran transferencia de millones de pesos del arquitecto Artigas a las cuentas bancarias de su cómplice Conde Guzmán, quienes ahora serán juzgados por evasores de impuestos, más no por complicidad de corrupción con el ex presidente Vicente Fox.
¿Qué creen que hará Germancito? Cuidarle el trasero a quien descansa en su rancho después de tanto pillaje, porque para eso lo pusieron ahí, maestra.
La Coparmex ya dando órdenes
Los recursos que resulten del programa de austeridad deberán dirigirse a atender las necesidades más urgentes de la población en situación de pobreza y el desarrollo de infraestructura, pero no al gasto corriente, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo González Sada.
Sí, señor, lo que usted ordene. Como si le importara la situación de pobreza...
Criticó a los legisladores y partidos políticos que minimizaron el programa y destacó que ellos también deberían ponerse a trabajar, porque son muy costosos para el pueblo mexicano.
Que no para ustedes (Coparmex) que evaden los impuestos. ¿Pretendía el delincuente de cuello blanco, Ricardo, que aclamaran una mala copia del programa de AMLO? No me sorprendería que hubiera sido él o alguien de su mafia: "Oye, Felipillo, ¿por qué no les doras la píldora a todos esos renegados y les dices que te vas a bajar el sueldo y a los de tu gabinete, a ver si se calman y dejan de protestar, ya luego veremos como les compenso"...
“En tres meses de trabajo nos han costado cerca de 2 mil millones de pesos y apenas han sacado dos puntos de acuerdo”.
¿"Nos" kimosabi?
Estos ya ni disimulan, ya, dando órdenes a su pelele.
Sí, señor, lo que usted ordene. Como si le importara la situación de pobreza...
Criticó a los legisladores y partidos políticos que minimizaron el programa y destacó que ellos también deberían ponerse a trabajar, porque son muy costosos para el pueblo mexicano.
Que no para ustedes (Coparmex) que evaden los impuestos. ¿Pretendía el delincuente de cuello blanco, Ricardo, que aclamaran una mala copia del programa de AMLO? No me sorprendería que hubiera sido él o alguien de su mafia: "Oye, Felipillo, ¿por qué no les doras la píldora a todos esos renegados y les dices que te vas a bajar el sueldo y a los de tu gabinete, a ver si se calman y dejan de protestar, ya luego veremos como les compenso"...
“En tres meses de trabajo nos han costado cerca de 2 mil millones de pesos y apenas han sacado dos puntos de acuerdo”.
¿"Nos" kimosabi?
Estos ya ni disimulan, ya, dando órdenes a su pelele.
El "Universal" y sus encuestas patito
El "Universal" anuncia pretenciosamente que: "Más de la mitad de los capitalinos desaprueba la gestión de Encinas", según reporta su "reciente encuesta en viviendas realizada del 18 al 19 de noviembre por EL UNIVERSAL, en el Distrito Federal, a mil habitantes".
Habría que ver si eso se desprende de las viviendas y sus mil habitantes que se ubican en Polanco y las Lomas, y que tan molestos estaban con el plantón de Reforma, porque de metodología no dan información.
Un poco más de la mitad de los capitalinos (51%) desaprueba la forma en que desempeñó su cargo el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, porque no están de acuerdo en la manera de manejar algunos de los problemas que atañen a la ciudad de México, en especial la corrupción, el combate a la inseguridad y la pobreza.
Resulta extraño que el 16 de septiembre, en el Zócalo atiborrado de gente principalmente del Distrito Federal, de lo que muchos no se enteraron porque la televisión no tuvo a bien difundirlo, todos hayan aclamado a Encinas con enorme entusiasmo (y gritaron "¡fuera Abascal!" con la misma euforia), si tan descontentos estaban con su gestión.
Sin embargo, se destaca la continuidad al trabajo emprendido por Andrés Manuel López Obrador, ayudar a la gente y terminar obras públicas, como los mayores logros de su gestión.
Alejandro Encinas, considera 62% de los encuestados, no ha demostrado capacidad para resolver los problemas de la ciudad de México, el porcentaje más alto desde que inició la serie (la serie de qué, ¿de encuestas patito para desprestigiar a la Ciudad de México y a AMLO que iniciaron desde septiembre del 2005?) en septiembre de 2005. Por tal razón se le ha otorgado la calificación más baja (5.7) desde que asumió el cargo.
¿Los vítores y gritos de "Encinas, Encinas, Encinas..." escuchados en el Zócalo cada vez que hay asambleas resultan entonces un aspecto masoquista de la población?
Fundamentalmente esta baja calificación se explica, en primera instancia, porque la población considera que el jefe de Gobierno no supo manejar la corrupción, tanto en la policía, como dentro del Gobierno del Distrito Federal (75%).
¿Entonces cómo le hizo para que Ebrard reciba un gobierno con finanzas sanas, con un superávit, ya que contará con más de 13 mil millones de pesos en caja y una disminución real de la deuda pública de 2.3%?
También se explica por no atender el combate a la inseguridad (75%), el problema de la pobreza (69%) y el ambulantaje (66%). En todos los casos anteriores la desaprobación aumentó 20% en promedio, respecto del año anterior.
Curioso que sea justamente más del 20% que el Distrito Federal disminuyó el problema de inseguridad en los últimos seis años, lo cual puede ser auditado. ¿Qué pasaría si encuestaran Oaxaca, Guerrero, Michoacán o el norte de la república?
No voy a seguir con las cifras que se desprendieron de una más de las encuestas patito del "Universal" pero si quisiera mencionar algunas de las razones por las cuales digo que son "patito" y sospecho que los "encuestados" no fueron muestra significativa, y también para el 33% que según el susodicho diario opinaron que Alejandro Encinas no hizo nada durante su período de gobierno:
Atendió 315 conferencias de prensa. Recibió 12,388 preguntas y TODAS FUERON RESPONDIDAS. Es decir, no se hizo pendejo como la mayoría de los funcionarios.
En el programa de educación media superior y superior en el DF: Operan 16 preparatorias de la Ciudad de México con una matrícula de 15 mil 192 estudiantes y mil seis profesores. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México atiende en cuatro planteles a 7 mil 800 estudiantes de licenciatura y posgrado.
Logró que la iniciativa privada invirtiera en el último sexenio 102 mil millones de pesos, mientras que la administración local destinó 68 mil millones de pesos.
Cumplió con la obra pública que le quedó encomendada, la más importante que se ha llevado a cabo en los últimos treinta años.
Llevó a cabo festivales y eventos culturales ininterrumpidamente en el centro histórico.
En política social se destinaron 60 mil millones de pesos, mientras que en infraestructura, incluidos los segundos pisos fueron 68 mil pesos. Esto permitió cumplir con las metas en iniciativas como el de la pensión universal para adultos mayores, que hoy beneficia a más de 400 mil personas; becas para los hijos de madres solteras y créditos para el empleo, así como la distribución de 5 millones de paquetes de útiles escolares.
Y ya para irse inauguró el Hospital General “Enrique Cabrera” que tendrá capacidad para 120 camas censables, obra en la que el gobierno capitalino invirtió 350 millones de pesos que provienen de recursos federales. Este nosocomio, en la delegación Álvaro Obregón, "beneficiará a 850 mil personas y constituye la “cereza del pastel” en las obras que realizó la administración capitalina en el año y cuatro meses que le tocó estar a la cabeza de la administración".
Según la "encuesta": "el permitir los bloqueos en Paseo de la Reforma y el centro histórico (11%), dejarse manipular por Andrés Manuel López Obrador (11%), no combatir la inseguridad (8%) y no saber gobernar (5%), constituyen factores que fueron deteriorando la imagen del titular del gobierno capitalino, ya que los entrevistados las señalan como las peores cosas que se llevaron a cabo durante su administración".
Vuelvo a cuestionar la muestra: al iniciar su discurso, Encinas Rodríguez fue interrumpido por los aplausos de los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, cuando recordó que en diciembre de 2000 el tabasqueño tomó posesión como jefe de Gobierno, es decir, lejos de que su imagen se deteriorara por permitir los bloqueos en Paseo de la Reforma y el centro histórico, resulta que lo aplaudieron, así que eso de que se dejara "manipular" es pura mala leche, o qué ¿había una pregunta que decía: "piensa usted que Encinas se dejó manipular por AMLO"? porque si fue así, hay una tendencia dentro de la propia encuesta que no es válida en un trabajo serio. Luego, como lo mencionó el propio Encinas, él entró por la puerta principal y sale por la puerta principal, no tiene que esconderse de la ciudadanía, por el contrario ésta lo aclama en donde lo encuentra, por tanto, "en el teatro Metropólitan, ante más de 3 mil personas, entre invitados especiales, gabinete y funcionarios, Encinas Rodríguez se despidió de la ciudadanía y se dijo satisfecho por el trabajo logrado en esta administración" según señala el mismo diario. Y ahí estaban nada menos que el Presidente y Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Ortiz, quien estuvo acompañado de Roberto Rock, Vicepresidente y Director General Editorial. ¿Por qué no le preguntan a sus "encuestadores" la falta de congruencia entre sus resultados y la muestra ciudadana de la que fueron testigos?
Habría que ver si eso se desprende de las viviendas y sus mil habitantes que se ubican en Polanco y las Lomas, y que tan molestos estaban con el plantón de Reforma, porque de metodología no dan información.
Un poco más de la mitad de los capitalinos (51%) desaprueba la forma en que desempeñó su cargo el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, porque no están de acuerdo en la manera de manejar algunos de los problemas que atañen a la ciudad de México, en especial la corrupción, el combate a la inseguridad y la pobreza.
Resulta extraño que el 16 de septiembre, en el Zócalo atiborrado de gente principalmente del Distrito Federal, de lo que muchos no se enteraron porque la televisión no tuvo a bien difundirlo, todos hayan aclamado a Encinas con enorme entusiasmo (y gritaron "¡fuera Abascal!" con la misma euforia), si tan descontentos estaban con su gestión.
Sin embargo, se destaca la continuidad al trabajo emprendido por Andrés Manuel López Obrador, ayudar a la gente y terminar obras públicas, como los mayores logros de su gestión.
Alejandro Encinas, considera 62% de los encuestados, no ha demostrado capacidad para resolver los problemas de la ciudad de México, el porcentaje más alto desde que inició la serie (la serie de qué, ¿de encuestas patito para desprestigiar a la Ciudad de México y a AMLO que iniciaron desde septiembre del 2005?) en septiembre de 2005. Por tal razón se le ha otorgado la calificación más baja (5.7) desde que asumió el cargo.
¿Los vítores y gritos de "Encinas, Encinas, Encinas..." escuchados en el Zócalo cada vez que hay asambleas resultan entonces un aspecto masoquista de la población?
Fundamentalmente esta baja calificación se explica, en primera instancia, porque la población considera que el jefe de Gobierno no supo manejar la corrupción, tanto en la policía, como dentro del Gobierno del Distrito Federal (75%).
¿Entonces cómo le hizo para que Ebrard reciba un gobierno con finanzas sanas, con un superávit, ya que contará con más de 13 mil millones de pesos en caja y una disminución real de la deuda pública de 2.3%?
También se explica por no atender el combate a la inseguridad (75%), el problema de la pobreza (69%) y el ambulantaje (66%). En todos los casos anteriores la desaprobación aumentó 20% en promedio, respecto del año anterior.
Curioso que sea justamente más del 20% que el Distrito Federal disminuyó el problema de inseguridad en los últimos seis años, lo cual puede ser auditado. ¿Qué pasaría si encuestaran Oaxaca, Guerrero, Michoacán o el norte de la república?
No voy a seguir con las cifras que se desprendieron de una más de las encuestas patito del "Universal" pero si quisiera mencionar algunas de las razones por las cuales digo que son "patito" y sospecho que los "encuestados" no fueron muestra significativa, y también para el 33% que según el susodicho diario opinaron que Alejandro Encinas no hizo nada durante su período de gobierno:
Atendió 315 conferencias de prensa. Recibió 12,388 preguntas y TODAS FUERON RESPONDIDAS. Es decir, no se hizo pendejo como la mayoría de los funcionarios.
En el programa de educación media superior y superior en el DF: Operan 16 preparatorias de la Ciudad de México con una matrícula de 15 mil 192 estudiantes y mil seis profesores. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México atiende en cuatro planteles a 7 mil 800 estudiantes de licenciatura y posgrado.
Logró que la iniciativa privada invirtiera en el último sexenio 102 mil millones de pesos, mientras que la administración local destinó 68 mil millones de pesos.
Cumplió con la obra pública que le quedó encomendada, la más importante que se ha llevado a cabo en los últimos treinta años.
Llevó a cabo festivales y eventos culturales ininterrumpidamente en el centro histórico.
En política social se destinaron 60 mil millones de pesos, mientras que en infraestructura, incluidos los segundos pisos fueron 68 mil pesos. Esto permitió cumplir con las metas en iniciativas como el de la pensión universal para adultos mayores, que hoy beneficia a más de 400 mil personas; becas para los hijos de madres solteras y créditos para el empleo, así como la distribución de 5 millones de paquetes de útiles escolares.
Y ya para irse inauguró el Hospital General “Enrique Cabrera” que tendrá capacidad para 120 camas censables, obra en la que el gobierno capitalino invirtió 350 millones de pesos que provienen de recursos federales. Este nosocomio, en la delegación Álvaro Obregón, "beneficiará a 850 mil personas y constituye la “cereza del pastel” en las obras que realizó la administración capitalina en el año y cuatro meses que le tocó estar a la cabeza de la administración".
Según la "encuesta": "el permitir los bloqueos en Paseo de la Reforma y el centro histórico (11%), dejarse manipular por Andrés Manuel López Obrador (11%), no combatir la inseguridad (8%) y no saber gobernar (5%), constituyen factores que fueron deteriorando la imagen del titular del gobierno capitalino, ya que los entrevistados las señalan como las peores cosas que se llevaron a cabo durante su administración".
Vuelvo a cuestionar la muestra: al iniciar su discurso, Encinas Rodríguez fue interrumpido por los aplausos de los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, cuando recordó que en diciembre de 2000 el tabasqueño tomó posesión como jefe de Gobierno, es decir, lejos de que su imagen se deteriorara por permitir los bloqueos en Paseo de la Reforma y el centro histórico, resulta que lo aplaudieron, así que eso de que se dejara "manipular" es pura mala leche, o qué ¿había una pregunta que decía: "piensa usted que Encinas se dejó manipular por AMLO"? porque si fue así, hay una tendencia dentro de la propia encuesta que no es válida en un trabajo serio. Luego, como lo mencionó el propio Encinas, él entró por la puerta principal y sale por la puerta principal, no tiene que esconderse de la ciudadanía, por el contrario ésta lo aclama en donde lo encuentra, por tanto, "en el teatro Metropólitan, ante más de 3 mil personas, entre invitados especiales, gabinete y funcionarios, Encinas Rodríguez se despidió de la ciudadanía y se dijo satisfecho por el trabajo logrado en esta administración" según señala el mismo diario. Y ahí estaban nada menos que el Presidente y Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Ortiz, quien estuvo acompañado de Roberto Rock, Vicepresidente y Director General Editorial. ¿Por qué no le preguntan a sus "encuestadores" la falta de congruencia entre sus resultados y la muestra ciudadana de la que fueron testigos?
Colaboración de Durango, Dgo.
Saludos a la gente del blog...
Mi nombre es Julio Alejandro Peyro. Soy de Durango, Dgo. y durante ya un año he estado colaborando, de las formas que me son posibles, con el movimiento que lidera Andrés Manuel López Obrador, desde el 20 de Noviembre pasado como presidente legítimo de México.
Algo que he observado en la mayoría de los medios alternativos, sobre todo en los blogs, es que mucha de la información y sobre todo los contenidos son reciclados o compartidos por muchos websites, esto me parece correcto cuando se trata de colaboraciones de gente con gran liderazgo moral como Elena Poniatowska o Lorenzo Meyer, o líderes del FAP como Pablo Gómez, pero creo que es mucho mejor como medio de vinculación con la gente en la internet y de cohesión y organización, fomentar que los lectores no sólo consulten los blogs, sino que colaboren, que participen activamente. Soy consciente de la imposibilidad de que todos los comentarios sean publicados, pero también pienso en la diversidad de ideas y la creatividad es una de las mejores fórmulas para combatir el cerco informativo.
Por lo pronto, me pongo a sus órdenes y les envío un escrito de mi autoría, si no lo consideran para postearlo, al menos espero que su lectura sea de utilidad.
Un abrazo.
¡Sólo los cobardes se quedan con el fraude!
Julio Alejandro Peyro
Algunas de las voces que más se escuchan, tanto en los círculos sociales “ilustrados” como en la, a veces, exasperantemente despolitizada juventud universitaria en nuestro país, han manifestado a lo largo de estos últimos dieciocho meses vituperios y burlas continuas contra el líder de la izquierda y presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Una de las más recurrentes, y que se ha incluido de plano en el repertorio de “ironías incruentas” en el lenguaje popular, es aquello del “compló”; que se refiere (en este momento) a los planes de “las fuerzas oscuras” de bloquear a AMLO y su movimiento civil. Ya en tonos más serios (o al menos en discursos con tal propósito), los cientos de repentinos expertos y analistas políticos hacen la -según esto- punzante pregunta: “¿Y quién está detrás de este compló? ¿Cuáles son según AMLO los que están detrás de Calderón, de Fox, del PAN?” Y afirman: “El peje es un paranoico” o “usa eso del compló para engañar a los ingenuos.”
Y con este argumento, se pronuncian todo tipo de adjetivos hacia AMLO, todos refiriéndose a sus ínfulas mesiánicas, y descalificando a sus seguidores como enajenados o masas ignorantes (piojosos, nacos y parásitos, según las descripciones más radicales). Pero cabe aquí una pregunta que ningún iluminado derechista me ha podido contestar hasta ahora: ¿De dónde viene el poder de López Obrador? ¿Por qué a pesar del supuesto fracaso electoral, de su rechazo al poder establecido y a las instituciones “que nos hemos dado”, del reiterado llamado de los medios de comunicación a no seguir a “líderes radicales y violentos”, miles de personas responden a su convocatoria, se organizan y realizan tan apasionado activismo? ¿Es toda esa gente de verdad tan ingenua, enajenada o estúpida?
Los medios de control (que difunden en general los consorcios informativos y de entretenimiento –la tele, la radio y los periódicos- y los grupos de poder afines como la Iglesia Católica) construyen la percepción de que el anhelo más profundo de los “ciudadanos” es la tranquilidad de la rutina, la vida de siempre:
- Entretenimiento vacío en contenidos pero rico en parafernalia.
- Una vida de trabajo, “productiva”. Lo que ignoran (o prefieren ignorar) muchos orgullosos trabajadores productivos es que sólo reciben una pequeña parte ( muchas veces insultante) de lo que producen, lo suficiente para que puedan seguir trabajando y siendo despojados del logro de sus esfuerzos. “Ponte a jalar”, es en el norte del país una frase muy popular, que se le dice a quien se queja de su condiciones de vida en algún aspecto, invitándolo a que no se queje y trabaje.
- Libertad total para expresar lo que se quiera en tanto no comprometa al poder y a quienes lo detentan; y si esto ocurre, someter al “inadaptado”, “radical” o “violento” no a procesos judiciales y cárceles, sino a la exclusión, el aislamiento o el ridículo.
- Libertad también para adquirir los productos y servicios que se desee; limitada, claro, sólo por la libertad que también tienen los poderosos de imponer los precios que les dé la gana, y también por el poder adquisitivo de cada individuo; y como éste es insultantemente desigual, las diferencias se vuelven obscenas: unos pocos lo tienen todo y la gran mayoría sólo aspira a la supervivencia o al riesgo mortal de emigrar, de convertirse en vagabundos buscando una vida mejor en una tierra extraña pero también excluyente y hostil.
- Y más entretenimiento vacío: Los servicios noticiosos convierten (¿o pervierten?) los fenómenos sociales en espectáculos que condicionan las emociones de las personas. La gente se indigna, se conmueve, se asombra y se ríe de las venturas y desventuras de los “ejemplos de vida” que los audaces reporteros aderezan con música de fondo y ediciones de imágenes impactantes, y los llamados periodistas los presentan ufanos como “el México real”.
- De tal manipulación, surgen “las buenas causas”. Fundaciones creadas o afines a los consorcios de medios “solucionan” los problemas de los sectores sociales vulnerables, y suplican por la conmiseración y la caridad (mediante generosas donaciones económicas) de las buenas conciencias.
- Y mucha gente, de buena fe, pensando que contribuye, que pone su “granito de arena”, perpetúa la desigualdad, la dependencia y la exclusión: “nosotros, los ayudamos a ellos”.
- Así, se nos vende la idea (terriblemente torcida y negativa) de unidad. La unidad de “juntos pero no revueltos”. La tolerancia falsa del “cada quien en su lugar”. La ignominia del célebre “todos somos iguales, pero unos más iguales que otros”.
Y el control se ha establecido. Citando una película de culto: “La gente vive presa aquí. Pero es una prisión en extremo sutil. Es una prisión que no se puede ver, oler o tocar. Una prisión para las mentes. Para las conciencias. Una prisión a la que muchos se aferran con toda su fuerza, e incluso morirían, matarían por defenderla”.
Es este control, su origen y sus efectos, el que ha desafiado Andrés Manuel López Obrador. Más allá de su surgimiento como actor político en la izquierda electoral, ha comprendido su deber histórico. Miles, tal vez millones de personas se organizan no para encumbrar un líder, sino por concretar una oportunidad. No se trata de ingenuos, enajenados, parásitos sin trabajo, nacos o piojosos. Se trata simplemente de gente que ha dicho no más. “Ya no queremos vivir así”. Queremos igualdad de verdad, queremos derechos civiles para todos sin excepción de ningún tipo, queremos solidaridad y respeto, no caridad; queremos un México en paz, pero...¡una paz sin dignidad ni justicia es opresión!
Algunos tomamos la pastilla roja... otros la azul. Con la roja no hay regreso, con la azul vives con el dulce encanto de la apatía.
Gracias Alejandro por la colaboración.
Mi nombre es Julio Alejandro Peyro. Soy de Durango, Dgo. y durante ya un año he estado colaborando, de las formas que me son posibles, con el movimiento que lidera Andrés Manuel López Obrador, desde el 20 de Noviembre pasado como presidente legítimo de México.
Algo que he observado en la mayoría de los medios alternativos, sobre todo en los blogs, es que mucha de la información y sobre todo los contenidos son reciclados o compartidos por muchos websites, esto me parece correcto cuando se trata de colaboraciones de gente con gran liderazgo moral como Elena Poniatowska o Lorenzo Meyer, o líderes del FAP como Pablo Gómez, pero creo que es mucho mejor como medio de vinculación con la gente en la internet y de cohesión y organización, fomentar que los lectores no sólo consulten los blogs, sino que colaboren, que participen activamente. Soy consciente de la imposibilidad de que todos los comentarios sean publicados, pero también pienso en la diversidad de ideas y la creatividad es una de las mejores fórmulas para combatir el cerco informativo.
Por lo pronto, me pongo a sus órdenes y les envío un escrito de mi autoría, si no lo consideran para postearlo, al menos espero que su lectura sea de utilidad.
Un abrazo.
¡Sólo los cobardes se quedan con el fraude!
Julio Alejandro Peyro
El poder y lo normal.
Algunas de las voces que más se escuchan, tanto en los círculos sociales “ilustrados” como en la, a veces, exasperantemente despolitizada juventud universitaria en nuestro país, han manifestado a lo largo de estos últimos dieciocho meses vituperios y burlas continuas contra el líder de la izquierda y presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Una de las más recurrentes, y que se ha incluido de plano en el repertorio de “ironías incruentas” en el lenguaje popular, es aquello del “compló”; que se refiere (en este momento) a los planes de “las fuerzas oscuras” de bloquear a AMLO y su movimiento civil. Ya en tonos más serios (o al menos en discursos con tal propósito), los cientos de repentinos expertos y analistas políticos hacen la -según esto- punzante pregunta: “¿Y quién está detrás de este compló? ¿Cuáles son según AMLO los que están detrás de Calderón, de Fox, del PAN?” Y afirman: “El peje es un paranoico” o “usa eso del compló para engañar a los ingenuos.”
Y con este argumento, se pronuncian todo tipo de adjetivos hacia AMLO, todos refiriéndose a sus ínfulas mesiánicas, y descalificando a sus seguidores como enajenados o masas ignorantes (piojosos, nacos y parásitos, según las descripciones más radicales). Pero cabe aquí una pregunta que ningún iluminado derechista me ha podido contestar hasta ahora: ¿De dónde viene el poder de López Obrador? ¿Por qué a pesar del supuesto fracaso electoral, de su rechazo al poder establecido y a las instituciones “que nos hemos dado”, del reiterado llamado de los medios de comunicación a no seguir a “líderes radicales y violentos”, miles de personas responden a su convocatoria, se organizan y realizan tan apasionado activismo? ¿Es toda esa gente de verdad tan ingenua, enajenada o estúpida?
Los medios de control (que difunden en general los consorcios informativos y de entretenimiento –la tele, la radio y los periódicos- y los grupos de poder afines como la Iglesia Católica) construyen la percepción de que el anhelo más profundo de los “ciudadanos” es la tranquilidad de la rutina, la vida de siempre:
- Entretenimiento vacío en contenidos pero rico en parafernalia.
- Una vida de trabajo, “productiva”. Lo que ignoran (o prefieren ignorar) muchos orgullosos trabajadores productivos es que sólo reciben una pequeña parte ( muchas veces insultante) de lo que producen, lo suficiente para que puedan seguir trabajando y siendo despojados del logro de sus esfuerzos. “Ponte a jalar”, es en el norte del país una frase muy popular, que se le dice a quien se queja de su condiciones de vida en algún aspecto, invitándolo a que no se queje y trabaje.
- Libertad total para expresar lo que se quiera en tanto no comprometa al poder y a quienes lo detentan; y si esto ocurre, someter al “inadaptado”, “radical” o “violento” no a procesos judiciales y cárceles, sino a la exclusión, el aislamiento o el ridículo.
- Libertad también para adquirir los productos y servicios que se desee; limitada, claro, sólo por la libertad que también tienen los poderosos de imponer los precios que les dé la gana, y también por el poder adquisitivo de cada individuo; y como éste es insultantemente desigual, las diferencias se vuelven obscenas: unos pocos lo tienen todo y la gran mayoría sólo aspira a la supervivencia o al riesgo mortal de emigrar, de convertirse en vagabundos buscando una vida mejor en una tierra extraña pero también excluyente y hostil.
- Y más entretenimiento vacío: Los servicios noticiosos convierten (¿o pervierten?) los fenómenos sociales en espectáculos que condicionan las emociones de las personas. La gente se indigna, se conmueve, se asombra y se ríe de las venturas y desventuras de los “ejemplos de vida” que los audaces reporteros aderezan con música de fondo y ediciones de imágenes impactantes, y los llamados periodistas los presentan ufanos como “el México real”.
- De tal manipulación, surgen “las buenas causas”. Fundaciones creadas o afines a los consorcios de medios “solucionan” los problemas de los sectores sociales vulnerables, y suplican por la conmiseración y la caridad (mediante generosas donaciones económicas) de las buenas conciencias.
- Y mucha gente, de buena fe, pensando que contribuye, que pone su “granito de arena”, perpetúa la desigualdad, la dependencia y la exclusión: “nosotros, los ayudamos a ellos”.
- Así, se nos vende la idea (terriblemente torcida y negativa) de unidad. La unidad de “juntos pero no revueltos”. La tolerancia falsa del “cada quien en su lugar”. La ignominia del célebre “todos somos iguales, pero unos más iguales que otros”.
Y el control se ha establecido. Citando una película de culto: “La gente vive presa aquí. Pero es una prisión en extremo sutil. Es una prisión que no se puede ver, oler o tocar. Una prisión para las mentes. Para las conciencias. Una prisión a la que muchos se aferran con toda su fuerza, e incluso morirían, matarían por defenderla”.
Es este control, su origen y sus efectos, el que ha desafiado Andrés Manuel López Obrador. Más allá de su surgimiento como actor político en la izquierda electoral, ha comprendido su deber histórico. Miles, tal vez millones de personas se organizan no para encumbrar un líder, sino por concretar una oportunidad. No se trata de ingenuos, enajenados, parásitos sin trabajo, nacos o piojosos. Se trata simplemente de gente que ha dicho no más. “Ya no queremos vivir así”. Queremos igualdad de verdad, queremos derechos civiles para todos sin excepción de ningún tipo, queremos solidaridad y respeto, no caridad; queremos un México en paz, pero...¡una paz sin dignidad ni justicia es opresión!
Algunos tomamos la pastilla roja... otros la azul. Con la roja no hay regreso, con la azul vives con el dulce encanto de la apatía.
Gracias Alejandro por la colaboración.
Presume porque tiene de que presumir
Presume Encinas resultados del populismo
Asegura el Mandatario local que el GDF logró una inversión histórica para la ciudad, además de los programas sociales
Manuel Durán
Al presentar este lunes su último Informe Trimestral de labores, el Jefe de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas, destacó seis aspectos con los cuales se demuestra que, a pesar de las críticas, el llamado populismo da resultados.
"El populismo también da resultados", subrayó Encinas en torno sarcástico.
En este Gobierno, subrayó, se logró una inversión histórica para la Ciudad, así como el impulso de programas sociales y trabajo en la infraestructura.
A 13 horas de que termine su gestión, el Mandatario capitalino llegó al Teatro Metropólitan en el Centro Histórico, donde lo esperaban al menos 3 mil 800 personas, la mayoría funcionarios de la Administración local, así como diputados y senadores del PRD y, en primera fila, el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña, quien tuvo un lugar reservado.
Tras saludar la presencia del Gobernador mexiquense, algunos de los presentes lo abuchearon.
La primera mención de Encinas fue para Andrés Manuel López Obrador, quien inició este sexenio en diciembre de 2000 y cuyo cargo ocupó, luego de que en junio del año pasado éste iniciara su carrera por la Presidencia de la República.
El inicio del discurso del último Informe Trimestral, sacó gritos y vítores para López Obrador.
"Es un honor estar con Obrador", gritaba la gente.
"Este gobierno populista, antiempresarial, que no quiere a los ricos, logró que la iniciativa privada invirtiera en la ciudad 102 mil millones de pesos", dijo Encinas al leer el punto 3 de su texto.
Agregó que a pesar de los plantones, marchas y campañas mediáticas este año se rompió el récord turístico con un millón de visitantes mensuales a la Capital, con una derrama de 5 mil millones de dólares.
En materia de política-social, Encinas destacó los logros, en los que el programa emblema fue el de la pensión a los adultos mayores que ya alcanza un padrón de 400 mil beneficiarios.
También resaltó la aprobación de las leyes contra la discriminación y la de sociedades de convivencia.
El Mandatario local retó a los críticos a debatir cada uno de los índices que refieren una baja en la inseguridad.
Asimismo destacó que saldrá de este Gobierno tal como entró: por la puerta principal, y que además podrá caminar con tranquilidad por las calles.
"Frente a las tentaciones autoritarias que quieren socavar el proyecto que impulsamos, vamos a continuar trabajando por la izquierda", subrayó.
Para ello, convocó a un movimiento nacional para repensar a la izquierda.
Previo a su informe, en las pantallas colocadas en el Metropólitan se difundió un video titulado "El grito que no pudieron callar" y en el cual se hizo énfasis en el movimiento de López Obrador, los plantones en Reforma, así como el anuncio de ex candidato presidencial respecto a que sería Encinas quien encabezara la ceremonia del Grito de Independencia.
Un informe con sentido del humor se agradece.
AMLO propone presupuesto
Conferencia de prensa del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, y del secretario de la Hacienda Pública, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, durante la presentación de la propuesta de Presupuesto para 2007
La tentación de ir a la izquierda
Rogelio Ramírez de la O
La agenda de un partido de derecha que trata de improvisar políticas de izquierda o redistributivas, no tiene futuro, ni siquiera como discurso político. La razón no es sólo la falta de sustento ideológico y la necesidad de ser consistente, sino también práctica: quienes apoyan la elección de una plataforma económica y social de derecha desean ante todo que el gobierno agote todas las posibilidades de mejorar la producción antes de que se confunda con la distribución. De ahí el eslogan de que primero hay que crear la riqueza y luego repartirla, y que la mejor política distributiva es el empleo.
Si estos grupos que apoyaron y votaron por la agenda de la derecha, en temas como la modernización, el empleo, las reformas estructurales y el IVA en medicinas y alimentos, ven que al final de todo su esfuerzo el gobierno que apoyaron cambia la agenda y retrasa esas propuestas para introducir programas contra la pobreza, se van a preguntar entonces por qué lo apoyaron.
De ahí que la selección de la agenda de gobierno deba ser fiel a las tesis de campaña, y más aún, a las tesis doctrinarias del partido y de su base de apoyo. Ya de por sí aplicar cualquier agenda, de izquierda o de derecha, siempre será muy difícil en la práctica, entonces para qué perder tiempo con temas extraños. Visto desde otro ángulo, abordar cualquier problema con mínima probabilidad de éxito requiere que el equipo que llega al gobierno haya dedicado mucho tiempo a la maduración de sus ideas y estudiado exactamente cómo las va a poner en práctica. Esto es especialmente importante en el caso actual de México, porque el debate de la campaña fue precisamente sobre modelos de políticas públicas radicalmente diferentes.
Si no se sigue esta norma mínima, se podría repetir la experiencia de Luis Echeverría, que de pronto quiso repartir todo el país sólo para acabar en una gran crisis económica.
Durante la campaña, el PAN por una parte proponía la continuidad de las políticas en vigor. Nadie mejor que Vicente Fox lo ilustró, indicando que la estabilidad que heredó del presidente Zedillo se había mantenido y fortalecido. Y nadie mejor que Felipe Calderón reforzó este mensaje indicando que ahora lo que se requiere son las reformas estructurales en la misma línea de las políticas anteriores. Esto es, entre otros, las alianzas estratégicas con el sector privado en la energía y la reducción de la tasa de impuestos, porque es muy alta.
Todo eso estaba en línea con las políticas anteriormente aplicadas. De ahí que el diagnóstico del PAN y de Fox en la pasada campaña fuera que México va por el camino correcto y que lo que se requiere es acelerar el paso. Sin intentar aquí validar o no esa tesis, lo lógico es que el programa inmediato de acción del gobierno -porque no hay tiempo que perder- debería ser por ese mismo camino. La nueva administración debería estar hoy evaluando las propuestas de alianzas estratégicas con empresas de perforación en aguas profundas, la manera de abrir la refinación y el plan para convencer al PRI de las bondades de estos proyectos.
Distraerse de esta agenda para señalar que la prioridad es la lucha contra la pobreza y que el gobierno debe adoptar un programa de austeridad, incluyendo la reducción de salarios de funcionarios altos, no suena como un planteamiento genuino y es probable que por lo tanto no lo hayan estudiado bien. Esta nueva administración aún debe fortalecer la confianza de su propia base de apoyo y por ello debe mostrar convicción sobre sus promesas de campaña. Introducir nuevos temas la podría alejar de su base de apoyo y generar dudas de que sabe lo que quiere.
Los cuestionamientos sobre sus prioridades van a sobrar. Por ejemplo, en un programa televisado, Enrique Krauze cuestionaba al entonces candidato López Obrador sobre su insistencia de reducir los sueldos de los funcionarios si, según sus cálculos, eso sólo generaría ahorros por 8 mil millones de pesos. Los mismos cuestionamientos se podrían hacer ahora al planteamiento del gobierno de reducción de salarios.
El gobierno perderá en 2007 una buena parte de su ingreso petrolero, por lo menos 100 mil millones de pesos, por la caída de precios de petróleo. Satisfacer a los grupos que han insistido en mantener el equilibrio fiscal y no endeudarse requiere así aplicar la agenda de su campaña y no distraerse con pequeños ahorros de 8 mil millones.
Ahora bien, si lo que busca la próxima administración es acercarse a la base de apoyo de la izquierda y a temas de la campaña, sin traicionar al mismo tiempo una filosofía económica de derecha, entonces tiene otras oportunidades. Podría apostarse sin ambigüedades contra los monopolios que abusan de los consumidores con cobros altos y que ya mencionó López Obrador: banca, teléfonos, cemento y otros. Esta acción, entre otras, le permitiría confirmar que aun cuando esas empresas le apoyaron en la campaña, "lo hicieron por el proyecto" y el nuevo gobierno nada les debe, como lo aseguró el señor Manuel Espino, presidente del PAN.
También puede proponer una reforma laboral para reducir el poder de los sindicatos y en favor de los trabajadores individuales. Eso de paso permitiría comenzar con la modernización de la educación pública.
Esto es bajo el supuesto de que el gobierno tenga de verdad una agenda modernizadora. Tratar de suplantarla por cosas que no surgen de su campaña podría dar la impresión de que está improvisando.
rograo@gmail.com
Analista económico
La agenda de un partido de derecha que trata de improvisar políticas de izquierda o redistributivas, no tiene futuro, ni siquiera como discurso político. La razón no es sólo la falta de sustento ideológico y la necesidad de ser consistente, sino también práctica: quienes apoyan la elección de una plataforma económica y social de derecha desean ante todo que el gobierno agote todas las posibilidades de mejorar la producción antes de que se confunda con la distribución. De ahí el eslogan de que primero hay que crear la riqueza y luego repartirla, y que la mejor política distributiva es el empleo.
Si estos grupos que apoyaron y votaron por la agenda de la derecha, en temas como la modernización, el empleo, las reformas estructurales y el IVA en medicinas y alimentos, ven que al final de todo su esfuerzo el gobierno que apoyaron cambia la agenda y retrasa esas propuestas para introducir programas contra la pobreza, se van a preguntar entonces por qué lo apoyaron.
De ahí que la selección de la agenda de gobierno deba ser fiel a las tesis de campaña, y más aún, a las tesis doctrinarias del partido y de su base de apoyo. Ya de por sí aplicar cualquier agenda, de izquierda o de derecha, siempre será muy difícil en la práctica, entonces para qué perder tiempo con temas extraños. Visto desde otro ángulo, abordar cualquier problema con mínima probabilidad de éxito requiere que el equipo que llega al gobierno haya dedicado mucho tiempo a la maduración de sus ideas y estudiado exactamente cómo las va a poner en práctica. Esto es especialmente importante en el caso actual de México, porque el debate de la campaña fue precisamente sobre modelos de políticas públicas radicalmente diferentes.
Si no se sigue esta norma mínima, se podría repetir la experiencia de Luis Echeverría, que de pronto quiso repartir todo el país sólo para acabar en una gran crisis económica.
Durante la campaña, el PAN por una parte proponía la continuidad de las políticas en vigor. Nadie mejor que Vicente Fox lo ilustró, indicando que la estabilidad que heredó del presidente Zedillo se había mantenido y fortalecido. Y nadie mejor que Felipe Calderón reforzó este mensaje indicando que ahora lo que se requiere son las reformas estructurales en la misma línea de las políticas anteriores. Esto es, entre otros, las alianzas estratégicas con el sector privado en la energía y la reducción de la tasa de impuestos, porque es muy alta.
Todo eso estaba en línea con las políticas anteriormente aplicadas. De ahí que el diagnóstico del PAN y de Fox en la pasada campaña fuera que México va por el camino correcto y que lo que se requiere es acelerar el paso. Sin intentar aquí validar o no esa tesis, lo lógico es que el programa inmediato de acción del gobierno -porque no hay tiempo que perder- debería ser por ese mismo camino. La nueva administración debería estar hoy evaluando las propuestas de alianzas estratégicas con empresas de perforación en aguas profundas, la manera de abrir la refinación y el plan para convencer al PRI de las bondades de estos proyectos.
Distraerse de esta agenda para señalar que la prioridad es la lucha contra la pobreza y que el gobierno debe adoptar un programa de austeridad, incluyendo la reducción de salarios de funcionarios altos, no suena como un planteamiento genuino y es probable que por lo tanto no lo hayan estudiado bien. Esta nueva administración aún debe fortalecer la confianza de su propia base de apoyo y por ello debe mostrar convicción sobre sus promesas de campaña. Introducir nuevos temas la podría alejar de su base de apoyo y generar dudas de que sabe lo que quiere.
Los cuestionamientos sobre sus prioridades van a sobrar. Por ejemplo, en un programa televisado, Enrique Krauze cuestionaba al entonces candidato López Obrador sobre su insistencia de reducir los sueldos de los funcionarios si, según sus cálculos, eso sólo generaría ahorros por 8 mil millones de pesos. Los mismos cuestionamientos se podrían hacer ahora al planteamiento del gobierno de reducción de salarios.
El gobierno perderá en 2007 una buena parte de su ingreso petrolero, por lo menos 100 mil millones de pesos, por la caída de precios de petróleo. Satisfacer a los grupos que han insistido en mantener el equilibrio fiscal y no endeudarse requiere así aplicar la agenda de su campaña y no distraerse con pequeños ahorros de 8 mil millones.
Ahora bien, si lo que busca la próxima administración es acercarse a la base de apoyo de la izquierda y a temas de la campaña, sin traicionar al mismo tiempo una filosofía económica de derecha, entonces tiene otras oportunidades. Podría apostarse sin ambigüedades contra los monopolios que abusan de los consumidores con cobros altos y que ya mencionó López Obrador: banca, teléfonos, cemento y otros. Esta acción, entre otras, le permitiría confirmar que aun cuando esas empresas le apoyaron en la campaña, "lo hicieron por el proyecto" y el nuevo gobierno nada les debe, como lo aseguró el señor Manuel Espino, presidente del PAN.
También puede proponer una reforma laboral para reducir el poder de los sindicatos y en favor de los trabajadores individuales. Eso de paso permitiría comenzar con la modernización de la educación pública.
Esto es bajo el supuesto de que el gobierno tenga de verdad una agenda modernizadora. Tratar de suplantarla por cosas que no surgen de su campaña podría dar la impresión de que está improvisando.
rograo@gmail.com
Analista económico
Quien como Venezuela
OEA destaca fortalecimiento de la democracia venezolana
Caracas. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que "el proceso democrático sale fortalecido" en Venezuela, luego de la jornada electoral del domingo, en la que el presidente Hugo Chávez fue relecto.
"La misión electoral de la OEA desea transmitir un saludo y felicitación al pueblo de Venezuela por esta jornada democrática que reafirma el proceso que se desarrolla en el conjunto de la región", sostuvo en un comunicado la delegación que dirige el argentino Juan Fisher.
"Los comicios se desarrollaron en un marco de normalidad, dentro del cual hemos observado algunos hechos cuyo detalle en su oportunidad señalaremos con mayor precisión, y que, en todo caso, se produjeron en un marco general de legalidad, sin alterar la tendencia de los resultados que se han transmmitido a la opinión pública por el Consejo Nacional electoral", destacó la OEA.
Los principales obstáculos observados por la OEA en estas elecciones presidenciales fueron la lentitud del proceso de votación, problemas en la hora de cierre de los comicios, y la eventualiddad de que algunos electores no hayan podido emitir su voto pese a encontrarse en el centro electoral.
En particular, la OEA resaltó que el uso de máquinas "captahuellas", de identificación de improntas dactilares que busca evitar la posibilidad del doble voto, "no logró su objetivo y en algunos casos generó dificultades en el trámite de la votación".
Simpatizantes del presidente venezolano celebraron el triunfo enmedio de un aguacero y fuegos artificiales. Con más de tres cuartos de los votos escrutados tenía 61 puntos contra 38 del derechista Manuel Rosales. En su discurso de victoria, el mandatario aseguró que ''el reino de amor y paz de Cristo es el reino del socialismo, el reino del futuro venezolano''. FOTO Reuters.
Quien como Venezuela. Que gusto nos hubiera dado que en México hubiésemos tenido elecciones democráticas y que el pueblo hubiera festejado el triunfo del candidato por quien votó.
Los supuestos "peligros" son los gobernantes que se ocupan de abolir las desigualdades sociales y económicas, son aclamados por el pueblo y repudiados por las oligarquías que son el peligro real de las mayorías.
Caracas. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que "el proceso democrático sale fortalecido" en Venezuela, luego de la jornada electoral del domingo, en la que el presidente Hugo Chávez fue relecto.
"La misión electoral de la OEA desea transmitir un saludo y felicitación al pueblo de Venezuela por esta jornada democrática que reafirma el proceso que se desarrolla en el conjunto de la región", sostuvo en un comunicado la delegación que dirige el argentino Juan Fisher.
"Los comicios se desarrollaron en un marco de normalidad, dentro del cual hemos observado algunos hechos cuyo detalle en su oportunidad señalaremos con mayor precisión, y que, en todo caso, se produjeron en un marco general de legalidad, sin alterar la tendencia de los resultados que se han transmmitido a la opinión pública por el Consejo Nacional electoral", destacó la OEA.
Los principales obstáculos observados por la OEA en estas elecciones presidenciales fueron la lentitud del proceso de votación, problemas en la hora de cierre de los comicios, y la eventualiddad de que algunos electores no hayan podido emitir su voto pese a encontrarse en el centro electoral.
En particular, la OEA resaltó que el uso de máquinas "captahuellas", de identificación de improntas dactilares que busca evitar la posibilidad del doble voto, "no logró su objetivo y en algunos casos generó dificultades en el trámite de la votación".
CONTUNDENTE RELECCION DE HUGO CHAVEZ
Simpatizantes del presidente venezolano celebraron el triunfo enmedio de un aguacero y fuegos artificiales. Con más de tres cuartos de los votos escrutados tenía 61 puntos contra 38 del derechista Manuel Rosales. En su discurso de victoria, el mandatario aseguró que ''el reino de amor y paz de Cristo es el reino del socialismo, el reino del futuro venezolano''. FOTO Reuters.Quien como Venezuela. Que gusto nos hubiera dado que en México hubiésemos tenido elecciones democráticas y que el pueblo hubiera festejado el triunfo del candidato por quien votó.
Los supuestos "peligros" son los gobernantes que se ocupan de abolir las desigualdades sociales y económicas, son aclamados por el pueblo y repudiados por las oligarquías que son el peligro real de las mayorías.
Los Felipes y la reconquista
El príncipe de Asturias desea éxito a Calderón
Pero si como no, el éxito de Calderón será el éxito de las empresas españolas.
El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, externó su deseo de éxito a la administración del presidente Felipe Calderón y confió en que México y España emprendan nuevos proyectos conjuntos que favorezcan el desarrollo de sus sociedades.
De la sociedad española y de la sociedad de rufianes multimillonarios que se alistan para traicionar a México y ofrecer jugosos negocios que en nada beneficiarán al pueblo.
"En los últimos años hemos recorrido juntos un camino fecundo que ha hecho más fuertes y sólidas que nunca esas relaciones, gracias al tupido entramado institucional que hemos ido tejiendo entre ambos estados y al esfuerzo cotidiano que las empresas han sabido aportar", dijo en la inauguración del Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Mexicano, en el que estuvo presente el presidente Felipe Calderón.
Nada más falta que el camino fecundo y el tupido entramado se fortalezca con alguna boda monárquica que una los dos reinos.
Felipe de Borbón destacó el indudable peso de México en el plano internacional, la importante dimensión de su economía y de sus empresas, que hacen de México un socio económico y comercial de importancia decisiva para España.
Tan importante y decisiva que ganan más sus empresas en México que en la propia España como el BBVA.
En un hotel de la ciudad de México, destacó la trascendencia que ha tenido la firma del Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea (UE).
La trascendencia que tiene una reconquista.
México, DF. "Trabajaré hasta lograr un esquema regulatorio, transparente, eficiente, equitativo y sencillo, que promueva la inversión en lugar de inhibirla", afirmó hoy el presidente Felipe Calderón.
Con confianza, ya el pelele listo para venderle el país.
En el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial España-México, Calderón dijo que luchará para que se aseguren y respeten los derechos de propiedad y de inversión, así como para combatir sin tregua la corrupción. El presidente invitó a empresarios locales y extranjeros a confiar en México para invertir.
México en venta.
Aclaro que no estamos en contra de España, mucho menos del pueblo español, sólo en contra de que su gobierno y sus empresarios quieran volver a la explotación de nuestra país como lo hicieron durante tres siglos.
Pero si como no, el éxito de Calderón será el éxito de las empresas españolas.
El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, externó su deseo de éxito a la administración del presidente Felipe Calderón y confió en que México y España emprendan nuevos proyectos conjuntos que favorezcan el desarrollo de sus sociedades.
De la sociedad española y de la sociedad de rufianes multimillonarios que se alistan para traicionar a México y ofrecer jugosos negocios que en nada beneficiarán al pueblo.
"En los últimos años hemos recorrido juntos un camino fecundo que ha hecho más fuertes y sólidas que nunca esas relaciones, gracias al tupido entramado institucional que hemos ido tejiendo entre ambos estados y al esfuerzo cotidiano que las empresas han sabido aportar", dijo en la inauguración del Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Mexicano, en el que estuvo presente el presidente Felipe Calderón.
Nada más falta que el camino fecundo y el tupido entramado se fortalezca con alguna boda monárquica que una los dos reinos.
Felipe de Borbón destacó el indudable peso de México en el plano internacional, la importante dimensión de su economía y de sus empresas, que hacen de México un socio económico y comercial de importancia decisiva para España.
Tan importante y decisiva que ganan más sus empresas en México que en la propia España como el BBVA.
En un hotel de la ciudad de México, destacó la trascendencia que ha tenido la firma del Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea (UE).
La trascendencia que tiene una reconquista.
México, DF. "Trabajaré hasta lograr un esquema regulatorio, transparente, eficiente, equitativo y sencillo, que promueva la inversión en lugar de inhibirla", afirmó hoy el presidente Felipe Calderón.
Con confianza, ya el pelele listo para venderle el país.
En el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial España-México, Calderón dijo que luchará para que se aseguren y respeten los derechos de propiedad y de inversión, así como para combatir sin tregua la corrupción. El presidente invitó a empresarios locales y extranjeros a confiar en México para invertir.
México en venta.
Aclaro que no estamos en contra de España, mucho menos del pueblo español, sólo en contra de que su gobierno y sus empresarios quieran volver a la explotación de nuestra país como lo hicieron durante tres siglos.
AMLO en Monterrey
"El espurio defenderá a los de arriba; por eso es más importante nuestro gobierno"
Critica AMLO que Calderón bajara su sueldo sólo 10%; "cree que es limosna"
Hoy presentará proyecto de presupuesto por conducto de legisladores del FAP, anuncia
DAVID CARRIZALES , ALFREDO VALADEZ , MARTIN SANCHEZ CORRESPONSALES
Andrés Manuel López Obrador se reunió con simpatizantes en Monterrey, Nuevo Léon Foto: Notimex /Juan Carlos Pérez
Andrés Manuel López Obrador afirmó en Monterrey, Nuevo León, que su "gobierno legítimo" será mucho más importante y trascendente que el del "usurpador" Felipe Calderón, cuya administración, aseguró, sólo servirá para defender a los potentados. El tabasqueño agregó que, en cambio, él "va a defender a la mayoría de los mexicanos".
López Obrador también visitó ayer Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde criticó que Calderón se redujera el salario. "El pelele hizo una propuesta para bajar el sueldo, pero que sólo representa 10 por ciento, porque cree que es limosna, como el diezmo. Mire, señor pelele, el pueblo lo que exige es justicia", aseveró.
El frío y la llovizna en Monterrey a lo largo de todo el día no desanimaron a los miles de asistentes al Gimnasio Nuevo León, que corearon consignas y ondearon banderas en apoyo al ex jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Al recinto acudió a entregarle un cheque enviado por un hijo que se fue a Estados Unidos el ex panista Herminio Gómez Rangel, quien durante la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988) efectuó una caminata "por la democracia" desde la frontera con Guatemala hasta Ciudad Juárez, Chihuahua.
Gómez Rangel explicó que hoy apoya a AMLO porque encabeza la causa que entonces él seguía, y los panistas que eran víctimas del fraude, hoy lo cometen para entronizarse en el poder.
El ex militante del blanquiazul también anunció que Norma Morelos Zaragoza, esposa del ex candidato presidencial y ex dirigente nacional y estatal del PAN Pablo Emilio Madero Belden, aportará una cantidad mensual a la causa de López Obrador, porque lo considera "el verdadero presidente de México".
Transformar desde abajo
López Obrador señaló que el apoyo que se le brindó en la capital regiomontana desmiente las versiones de que Monterrey es territorio de la derecha.
"Vengo a decirles que vamos a seguir en nuestro movimiento, porque se puede transformar el país desde arriba, pero también desde abajo y con la gente", expresó.
Agregó: "los que nos robaron la elección presidencial" querían que aceptara los resultados y negociara para apuntalar un modelo de privilegios y corrupción, pero "nosotros tomamos una decisión fundamental y les dijimos: 'al diablo con sus instituciones, al diablo con sus hipocresías, no aceptamos el fraude, no aceptamos la farsa democrática ni la República simulada'.
"Y fue muy buena la decisión, porque si lo vemos a profundidad, vamos a llegar a la conclusión de que este país no tiene alternativa si no se lleva a cabo una renovación tajante, una verdadera purificación de la vida pública, y eso no se logra con el mismo régimen de corrupción y de privilegios, porque no se puede poner vino nuevo en odres viejos.
"Por eso estamos en el proceso de construcción de la nueva República, que ellos se queden con los despojos de las instituciones; nosotros vamos a transformar nuestro país renovando la vida pública de México, por eso se constituyó el gobierno legítimo.
"Amigos y adversarios de buena o de mala fe nos preguntan sobre qué va hacer el gobierno legítimo. La respuesta es sencilla: vamos a proteger a nuestro pueblo y a defender el patrimonio de la nación", dijo López Obrador, quien sostuvo: "yo no me autonombré presidente, yo gané la elección presidencial".
Abundó: "para los que duden de la eficacia de nuestro gobierno, quiero decirles que el títere, el pelele, el gerentillo ese que impusieron los potentados, es cosa de imaginar lo que va a hacer, el espurio va a defender a los de arriba, a las minorías, a los potentados; por eso es mucho más importante, más trascendente nuestro gobierno, porque con mucho orgullo va a defender a nuestro pueblo, a la mayoría de los mexicanos".
Posteriormente, en Ciudad Victoria, López Obrador explicó que este lunes presentará un proyecto de presupuesto, porque es facultad de la Cámara de Diputados aprobarlo, y los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) respaldarán que se canalicen más recursos a las universidades públicas y a la atención médica gratuita, así como que se transfieran más fondos a los municipios.
Se pronunció además por la creación de una nueva corriente de pensamiento, porque, de seguir la forma de vida en la que el dinero se coloca por encima de
la moral, no se podrá vivir en una sociedad mejor. "Tenemos que abolir la práctica de imponerse y crecer sin escrúpulos morales; debemos hacer valer que el hombre y la mujer salgan adelante por su trabajo. No se trata nada más de mejorar en lo material, sino de imprimir valores".
Ante más de mil asistentes, a pesar de los seis grados centígrados que prevalecieron en Ciudad Victoria, López Obrador resaltó: "no hay mal que por bien no venga, si no hubieran robado la elección, desde arriba no se iba a hacer la transformación de México".
Critica AMLO que Calderón bajara su sueldo sólo 10%; "cree que es limosna"
Hoy presentará proyecto de presupuesto por conducto de legisladores del FAP, anuncia
DAVID CARRIZALES , ALFREDO VALADEZ , MARTIN SANCHEZ CORRESPONSALES
Andrés Manuel López Obrador se reunió con simpatizantes en Monterrey, Nuevo Léon Foto: Notimex /Juan Carlos PérezAndrés Manuel López Obrador afirmó en Monterrey, Nuevo León, que su "gobierno legítimo" será mucho más importante y trascendente que el del "usurpador" Felipe Calderón, cuya administración, aseguró, sólo servirá para defender a los potentados. El tabasqueño agregó que, en cambio, él "va a defender a la mayoría de los mexicanos".
López Obrador también visitó ayer Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde criticó que Calderón se redujera el salario. "El pelele hizo una propuesta para bajar el sueldo, pero que sólo representa 10 por ciento, porque cree que es limosna, como el diezmo. Mire, señor pelele, el pueblo lo que exige es justicia", aseveró.
El frío y la llovizna en Monterrey a lo largo de todo el día no desanimaron a los miles de asistentes al Gimnasio Nuevo León, que corearon consignas y ondearon banderas en apoyo al ex jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Al recinto acudió a entregarle un cheque enviado por un hijo que se fue a Estados Unidos el ex panista Herminio Gómez Rangel, quien durante la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988) efectuó una caminata "por la democracia" desde la frontera con Guatemala hasta Ciudad Juárez, Chihuahua.
Gómez Rangel explicó que hoy apoya a AMLO porque encabeza la causa que entonces él seguía, y los panistas que eran víctimas del fraude, hoy lo cometen para entronizarse en el poder.
El ex militante del blanquiazul también anunció que Norma Morelos Zaragoza, esposa del ex candidato presidencial y ex dirigente nacional y estatal del PAN Pablo Emilio Madero Belden, aportará una cantidad mensual a la causa de López Obrador, porque lo considera "el verdadero presidente de México".
Transformar desde abajo
López Obrador señaló que el apoyo que se le brindó en la capital regiomontana desmiente las versiones de que Monterrey es territorio de la derecha.
"Vengo a decirles que vamos a seguir en nuestro movimiento, porque se puede transformar el país desde arriba, pero también desde abajo y con la gente", expresó.
Agregó: "los que nos robaron la elección presidencial" querían que aceptara los resultados y negociara para apuntalar un modelo de privilegios y corrupción, pero "nosotros tomamos una decisión fundamental y les dijimos: 'al diablo con sus instituciones, al diablo con sus hipocresías, no aceptamos el fraude, no aceptamos la farsa democrática ni la República simulada'.
"Y fue muy buena la decisión, porque si lo vemos a profundidad, vamos a llegar a la conclusión de que este país no tiene alternativa si no se lleva a cabo una renovación tajante, una verdadera purificación de la vida pública, y eso no se logra con el mismo régimen de corrupción y de privilegios, porque no se puede poner vino nuevo en odres viejos.
"Por eso estamos en el proceso de construcción de la nueva República, que ellos se queden con los despojos de las instituciones; nosotros vamos a transformar nuestro país renovando la vida pública de México, por eso se constituyó el gobierno legítimo.
"Amigos y adversarios de buena o de mala fe nos preguntan sobre qué va hacer el gobierno legítimo. La respuesta es sencilla: vamos a proteger a nuestro pueblo y a defender el patrimonio de la nación", dijo López Obrador, quien sostuvo: "yo no me autonombré presidente, yo gané la elección presidencial".
Abundó: "para los que duden de la eficacia de nuestro gobierno, quiero decirles que el títere, el pelele, el gerentillo ese que impusieron los potentados, es cosa de imaginar lo que va a hacer, el espurio va a defender a los de arriba, a las minorías, a los potentados; por eso es mucho más importante, más trascendente nuestro gobierno, porque con mucho orgullo va a defender a nuestro pueblo, a la mayoría de los mexicanos".
Posteriormente, en Ciudad Victoria, López Obrador explicó que este lunes presentará un proyecto de presupuesto, porque es facultad de la Cámara de Diputados aprobarlo, y los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) respaldarán que se canalicen más recursos a las universidades públicas y a la atención médica gratuita, así como que se transfieran más fondos a los municipios.
Se pronunció además por la creación de una nueva corriente de pensamiento, porque, de seguir la forma de vida en la que el dinero se coloca por encima de
la moral, no se podrá vivir en una sociedad mejor. "Tenemos que abolir la práctica de imponerse y crecer sin escrúpulos morales; debemos hacer valer que el hombre y la mujer salgan adelante por su trabajo. No se trata nada más de mejorar en lo material, sino de imprimir valores".
Ante más de mil asistentes, a pesar de los seis grados centígrados que prevalecieron en Ciudad Victoria, López Obrador resaltó: "no hay mal que por bien no venga, si no hubieran robado la elección, desde arriba no se iba a hacer la transformación de México".
El pelele, fallido copión
Piden tener cuidado con los bonos y compensaciones
El proyecto, copia descafeinada de las propuestas de AMLO: priístas
CIRO PEREZ SILVA
La propuesta del presidente Felipe Calderón de reducir 10 por ciento el ingreso de la alta burocracia es, para los priístas, "una copia descafeinada" de las ofertas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Mientras, para el PRD esta medida "se queda corta", aunque puede entenderse "como el primer triunfo" del partido, que esperan incrementar en la discusión del paquete fiscal.
El diputado panista Manuel Minjares sostiene que esta medida, "más que económica, es política, ya que adelanta la intención de cuidar los dineros públicos", y recordó que esta disposición estará vigente hasta que se envíe una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados que regule el sueldo de los funcionarios públicos, similar a la que en la 58 Legislatura presentó Felipe Calderón.
"Se debe valorar como un mensaje de que el gobierno federal será responsable y cuidadoso en el manejo de la política económica", además de que, dijo, "de cualquier forma no esperamos ni necesitamos un aplauso del PRD por dicha medida".
Para el legislador priísta Samuel Aguilar, esta iniciativa debe analizarse con detenimiento, "pues el gobierno federal tiene muchos mecanismos para retribuir a sus funcionarios, como bonos o compensaciones; tienen muchísimos trucos, eso todos lo sabemos", apuntó.
De entrada, dijo, "es una copia descafeinada de la propuesta que había hecho López Obrador, pero que en este caso "no implica absolutamente nada en términos de cambios sustanciales por parte del gobierno federal".
Samuel Aguilar insistió en que lo importante en este momento sería iniciar un cambio sustancial en la política económica, con una clara tendencia a la política social, "eso si es que realmente quieren cambiar de manera efectiva las condiciones de los mexicanos más necesitados. La sola propuesta de reducir en 10 por ciento los ingresos salariales de la burocracia es un maquillaje de la política gubernamental, porque eso no beneficia en nada a los 50 millones de pobres", aseguró.
En tanto, el representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral, Javier Oliva Posada, consideró que una de las lecturas de la propuesta calderonista es el intento de "recuperar algunas de las tesis de López Obrador", aunque lo importante es, dijo, que se aclare cuál va a ser el destino de esos recursos, además de que "deberá intervenir la Secretaría de la Función Pública, pues es sabido que una reducción de ingresos en el bolsillo de la burocracia incrementa proporcionalmente la corrupción para complementar ese salario disminuido".
A buen santo se encomiendan cuando el Secretario de la Función Pública es Germancito Martínez Cázares, un sátrapa de primera, íntimo del pelele. El que calumnió a AMLO presentando documentos sin vigencia para demostrar que no se había recibido y luego tuvo que pedirle disculpas a la UNAM, aunque no a AMLO.
Sin embargo, sostuvo que puede entenderse también como un paso "hacia algún tipo de comunicación con el PRD, alguna empatía con sus propuestas en la discusión del paquete fiscal" que llega a la Cámara de Diputados esta semana.
En el PRD, la iniciativa de Calderón dividió opiniones. Para el diputado federal Juan N. Guerra esto "debe verse como el primer triunfo nuestro, porque quien hizo esa propuesta originalmente fue Andrés Manuel López Obrador; nosotros debemos asumirlo como es, un triunfo del sol azteca. Espero que en el debate del presupuesto tengamos otros triunfos, como lograr la autonomía de Pemex, terminar con los regímenes de excepción, ampliar el programa de apoyo para adultos mayores y establecer el salario estudiantil, pues no hay oportunidades para los jóvenes".
Guerra aseguró que a pesar de los empujones, golpes y descalificaciones que se lanzaron panistas y perredistas en los días previos a la transmisión de poderes, "no hay resentimientos, el problema ahora es que Felipe (Calderón) libere a sus diputados para llegar a buenos acuerdos con ellos. Para el PRD es importante que México, mediante sus diputados, tenga soluciones, respuestas a sus problemas, que lleguemos a acuerdos", enfatizó.
El coordinador de los diputados federales perredistas, Javier González Garza, se mostró poco satisfecho con la propuesta, y dijo: "es muy pobre, se queda corta". Agregó que la oferta de López Obrador era recortar el salario de la alta burocracia en 50 por ciento.
Sobre la posibilidad de que esta propuesta allane el camino de las negociaciones de cara al paquete económico, respondió: "vamos a esperar, vamos a ver qué traen".
El proyecto, copia descafeinada de las propuestas de AMLO: priístas
CIRO PEREZ SILVA
La propuesta del presidente Felipe Calderón de reducir 10 por ciento el ingreso de la alta burocracia es, para los priístas, "una copia descafeinada" de las ofertas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Mientras, para el PRD esta medida "se queda corta", aunque puede entenderse "como el primer triunfo" del partido, que esperan incrementar en la discusión del paquete fiscal.
El diputado panista Manuel Minjares sostiene que esta medida, "más que económica, es política, ya que adelanta la intención de cuidar los dineros públicos", y recordó que esta disposición estará vigente hasta que se envíe una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados que regule el sueldo de los funcionarios públicos, similar a la que en la 58 Legislatura presentó Felipe Calderón.
"Se debe valorar como un mensaje de que el gobierno federal será responsable y cuidadoso en el manejo de la política económica", además de que, dijo, "de cualquier forma no esperamos ni necesitamos un aplauso del PRD por dicha medida".
Para el legislador priísta Samuel Aguilar, esta iniciativa debe analizarse con detenimiento, "pues el gobierno federal tiene muchos mecanismos para retribuir a sus funcionarios, como bonos o compensaciones; tienen muchísimos trucos, eso todos lo sabemos", apuntó.
De entrada, dijo, "es una copia descafeinada de la propuesta que había hecho López Obrador, pero que en este caso "no implica absolutamente nada en términos de cambios sustanciales por parte del gobierno federal".
Samuel Aguilar insistió en que lo importante en este momento sería iniciar un cambio sustancial en la política económica, con una clara tendencia a la política social, "eso si es que realmente quieren cambiar de manera efectiva las condiciones de los mexicanos más necesitados. La sola propuesta de reducir en 10 por ciento los ingresos salariales de la burocracia es un maquillaje de la política gubernamental, porque eso no beneficia en nada a los 50 millones de pobres", aseguró.
En tanto, el representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral, Javier Oliva Posada, consideró que una de las lecturas de la propuesta calderonista es el intento de "recuperar algunas de las tesis de López Obrador", aunque lo importante es, dijo, que se aclare cuál va a ser el destino de esos recursos, además de que "deberá intervenir la Secretaría de la Función Pública, pues es sabido que una reducción de ingresos en el bolsillo de la burocracia incrementa proporcionalmente la corrupción para complementar ese salario disminuido".
A buen santo se encomiendan cuando el Secretario de la Función Pública es Germancito Martínez Cázares, un sátrapa de primera, íntimo del pelele. El que calumnió a AMLO presentando documentos sin vigencia para demostrar que no se había recibido y luego tuvo que pedirle disculpas a la UNAM, aunque no a AMLO.
Sin embargo, sostuvo que puede entenderse también como un paso "hacia algún tipo de comunicación con el PRD, alguna empatía con sus propuestas en la discusión del paquete fiscal" que llega a la Cámara de Diputados esta semana.
En el PRD, la iniciativa de Calderón dividió opiniones. Para el diputado federal Juan N. Guerra esto "debe verse como el primer triunfo nuestro, porque quien hizo esa propuesta originalmente fue Andrés Manuel López Obrador; nosotros debemos asumirlo como es, un triunfo del sol azteca. Espero que en el debate del presupuesto tengamos otros triunfos, como lograr la autonomía de Pemex, terminar con los regímenes de excepción, ampliar el programa de apoyo para adultos mayores y establecer el salario estudiantil, pues no hay oportunidades para los jóvenes".
Guerra aseguró que a pesar de los empujones, golpes y descalificaciones que se lanzaron panistas y perredistas en los días previos a la transmisión de poderes, "no hay resentimientos, el problema ahora es que Felipe (Calderón) libere a sus diputados para llegar a buenos acuerdos con ellos. Para el PRD es importante que México, mediante sus diputados, tenga soluciones, respuestas a sus problemas, que lleguemos a acuerdos", enfatizó.
El coordinador de los diputados federales perredistas, Javier González Garza, se mostró poco satisfecho con la propuesta, y dijo: "es muy pobre, se queda corta". Agregó que la oferta de López Obrador era recortar el salario de la alta burocracia en 50 por ciento.
Sobre la posibilidad de que esta propuesta allane el camino de las negociaciones de cara al paquete económico, respondió: "vamos a esperar, vamos a ver qué traen".
La injusticia
A ESTAS PERSONAS LES PIDEN FIANZAS HASTA POR 4 MILLONES DE PESOS
Marcha de familiares de los detenidos trasladados a un penal de Nayarit Foto: Francisco OlveraJAIME AVILES
Fianzas personales hasta de 4 millones de pesos las más altas fijaron los tres jueces penales del reclusorio de San José del Rincón, en Tepic, Nayarit, a los 141 ciudadanos oaxaqueños 35 mujeres, 106 hombres que se encuentran presos en aquella entidad acusados de "sedición", "asociación delictuosa", "incendio" y "resistencia de particulares", entre otros delitos, informó anoche Carlos Andrés del Campo Ortega, representante de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
Por su parte, Cuauhtémoc Mendoza Ramírez, habitante del Distrito Federal, denunció que a su hermana Blanca, de los mismos apellidos y de 53 años, elementos de la Policía Federal Preventiva "le cercenaron dos dedos de la mano izquierda", durante el ataque de los uniformados al atrio del templo de Santo Domingo el pasado 25 de noviembre en el centro histórico de Oaxaca.
"Ella me dice que en medio de los gases lacrimógenos y de los golpes y de las corretizas no supo cuándo perdió los dedos", explicó Mendoza Ramírez, vía telefónica desde Tepic, antes de agregar que "gracias a eso ya no la torturaron en la cárcel" de Miahuatlán.
Blanca Mendoza Ramírez es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana y, en medio de los enfrentamientos del 25 de noviembre, fue detenida porque "estaba haciendo un trabajo de campo" sobre el movimiento que demanda la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, pero "no pertenece a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca)", subrayó su hermano.
Ante la desazón de la iniciativa privada nayarita, que vio con auténtico horror la llegada de "los oaxaqueños" al presidio de El Rincón que, por cierto, no es de "máxima seguridad", como insisten en describirlo algunos comentaristas , los familiares de los detenidos y un abanico de organizaciones solidarias marcharán hoy, lunes, por las calles del centro de Tepic para exigir la libertad inmediata de los 141 presos políticos.
Contra los rumores que circularon el pasado viernes de que el grupo sería "devuelto" a los penales de Miahuatlán y Tlacolula, Oaxaca, los tres jueces penales adscritos a El Rincón declararon a los detenidos "formalmente presos" por los delitos de "incendio" y "daños" contra el Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, una larga lista de hoteles y moteles, un negocio de artesanías perteneciente a la Confederación Patronal de la República Mexicana y la línea de Autobuses de Oriente.
Los autos de formal prisión fueron dictados contra aquellos a quienes se acusa de "sedición", "asociación delictuosa" y "resistencia de particulares" en perjuicio de "la sociedad oaxaqueña" en abstracto. Las fianzas van de 4 millones de pesos, las más altas, "y de allí para abajo", explicó Del Campo Ortega, activista de la Limeddh, que asiste directamente en Tepic a los familiares de los presos políticos, quienes desde el jueves pasado permanecen dentro de un improvisado campamento frente al palacio del gobernador priísta, Ney González.
Este individuo, Ney González fue el que declaró durante la comida que el pelele les ofreció a los gobernadores, que éste "se había ganado su respeto en 24 horas" (¿?)
Ese día, por la mañana, el mandatario, a quien el PRD acusa de haber obtenido la gubernatura mediante un fraude electoral en 2005, se hizo eco de las quejas de empresarios y comerciantes nayaritas, según las cuales "la presencia de los oaxaqueños es indeseable porque desalentará las inversiones productivas" en la entidad.
Acusó de "falta de respeto contra Nayarit" al ex presidente Vicente Fox, por haber enviado a El Rincón a los 141 detenidos en Oaxaca "sin habernos tomado en cuenta", toda vez que "somos un estado que no da problemas a la Federación, entonces la Federación no debe traernos sus problemas".
Tras identificarse así con los reclamos de la iniciativa privada local, González afirmó, sin embargo, que brindaría "todo tipo de facilidades a los familiares de los reos (sic) que vengan a visitarlos". En efecto, no entorpeció la instalación de un campamento para ellos delante del palacio de gobierno pero, de inmediato, como por arte de magia, apareció una feria delante del campamento "para que (éste) no se vea", dijo Carlos Andrés del Campo, quien insistió en que sigue en pie la convocatoria a organismos defensores de derechos humanos de México y del mundo para que se sumen a la lucha por la liberación de los presos políticos de Tepic y proporcionó una dirección electrónica amadhmexico@hotmail.com para que se comuniquen quienes deseen obtener más información al respecto.
Enumera la Limeddh abusos en Oaxaca
Prevé que el calderonismo seguirá la ruta represiva
VICTOR BALLINAS
En Oaxaca se ha instrumentado un programa de acciones federales y estatales para acallar la protesta social: se recurrió a militares, policías municipales, estatales y federales, así como a grupos paramilitares y elementos de la Agencia Federal de Investigaciones "para reprimir y agredir a la población". El saldo hasta hoy es "15 ejecuciones, 200 detenidos, 150 lesionados, más de una treintena de 'desaparecidos' y están por ejecutarse, otras 200 órdenes de aprehensión", informó ayer la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
En un balance de la situación en Oaxaca, a más de seis meses de conflicto, la Limeddh resaltó que "ante la profunda crisis que demuestra el clima de ingobernabilidad, ruptura del orden del estado de derecho y las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura, exceso de fuerza, intimidación, cateos ilegales a domicilios, uso de gases lacrimógeno y mostaza, y armas de alto poder, (las organizaciones) de las Naciones Unidas, de Estados Americanos, la Comisión y el Parlamento Europeo han manifestado al gobierno su preocupación y exigido que se frenen las violaciones a los derechos humanos".
Sostuvo que se han constatado acciones del Ejército, la Marina, la Policía Federal Preventiva, policías estatales y el uso de tanquetas antimotines y armas de alto poder, policías ministeriales vestidos de civil, que actuaron contra la población, además de que grupos paramilitares y grupos vinculados al PRI, pusieron precio a las cabezas de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y documentaron una ofensiva contra defensores de los derechos humanos en la entidad.
Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh dijo que "en Oaxaca se ha pasado por encima de las normas nacionales e internacionales", y ahora todo parece indicar, que con el cambio del gobierno federal, continuará el "tratamiento de terrorismo a la lucha social, y esto es un mal precedente".
Anunció que se prepara un documento de análisis de la situación, y que las organizaciones de derechos humanos continúan impulsando la constitucipon de una comisión internacional de intermediación que integren académicos, intelectuales, artistas y diversas personalidades para llamar al diálogo y la negociación en Oaxaca.
Subraya la Limeddh que el Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU, luego de analizar la situación de México y escuchar a las organizaciones no gubernamentales, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a la delegación oficial, instó al gobierno mexicano a investigar de manera pronta, efectiva e imparcial los hechos en San Salvador Atenco, la tortura de altermundistas en Guadalajara, los feminicidios en Ciudad Juárez y los acontecimientos de Oaxaca, donde, cuestionó el CAT, "se han recibido numerosas quejas por tortura, violencia y agresiones sexuales contra mujeres durante lo operativos policiacos".
¿Ahora qué?
León Bendesky
No se puede tapar el sol con un dedo. El riesgo de intentarlo es impedir por completo la visión. Así no será posible comprender nada. Algo grave ocurre en México y las muestras están al alcance de todos y brillan como la luz del día, a pesar de estar ya próximo el invierno.
Primero, la transferencia del Poder Ejecutivo de la medianoche del 30 de noviembre es una indicación clara del desarreglo institucional en que se ha metido al país. Es un signo lamentable del final de la presidencia de Fox y del principio de la gestión de Calderón. No debemos olvidar cómo sucedieron los hechos, y de ahí su significado.
Sí, fue a la medianoche, como una especie de Cenicienta al revés, que debe llegar en el último minuto para que no se descubra el secreto de su presencia en el baile real, al que, en cambio, asistieron sin derecho propio sus hermanas feas y perversas; apareció ahí como un regalo concedido por su hada madrina aunque fuese un don que tiene periodo de caducidad.
El acto de medianoche marcó el tránsito del poder a escondidas de la gente en lo que supuestamente es una democracia fuerte, según los protagonistas de ese acto. A escondidas del Congreso que debe atestiguar la transferencia de ese poder alcanzado supuestamente de modo abierto en las urnas. Fox depositó su banda presidencial en manos de un militar para que la alcanzase a Calderón, en una sociedad civil, y sólo faltó que estuviera presente algún obispo dando fe del hecho, en una sociedad laica.
La apresurada estancia en el recinto del Congreso para jurar hacer cumplir la Constitución o que la nación se lo demande, fue la comprobación del carácter ilegítimo del acto furtivo de la noche anterior. Un Fox tan pequeño políticamente como grande es su tamaño físico cargaba dócil y ridículamente la banda presidencial que ya había dejado de ser suya para pasarla al nervioso presidente en turno del Congreso que, a su vez, la puso en manos de Calderón, rodeado de fieles panistas y, sobre todo, por muchos elementos de seguridad que lo protegían.
Luego, el verdadero acto de presentación en sociedad, al margen de la gente (incluso la que votó por él), en un asegurado Auditorio Nacional y bien cobijado, con un discurso tan como de costumbre que es difícil recordar su contenido, el nuevo Presidente declaró lleno de satisfacción: "Sí se pudo y sí se puede". La alusión es clara y, entonces, ya todo es igual. Calderón padece una metamorfosis que lo hace parecerse (in)conscientemente a su acérrimo opositor.
Segundo, López Obrador no ceja. Reúne de nuevo a sus seguidores en pleno Zócalo de la ciudad de México. Denuncia los actos de investidura y afirma que no aflojará en su resistencia contra lo que llama explícitamente una imposición en la Presidencia. La rebeldía es abierta y se manifiesta en la plaza pública en claro contraste con el acto oficial.
La coexistencia de estos hechos evidencia la magnitud del conflicto político y social que existe. Como tal, rebasa el umbral de las preferencias o filiaciones y no queda claro por qué cauces correrán las fricciones.
Estos son únicamente algunos de los muchos asuntos que marcan y definen la situación política del país, de clara confrontación en varios frentes, de gran polarización y que sólo puede caracterizarse como muy delicada.
Calderón tiene ya adquirida una responsabilidad legal e institucional muy clara que cumplir y habrá que ver los recursos políticos de los que dispone para hacerla valer. Hasta ahora su grito de "sí se pudo y sí se puede" es una declaración de intenciones, ya ha nombrado a aquellos con los que quiere gobernar y, de paso, eso indica cómo quiere hacerlo y los compromisos que adoptó. Sus cartas están echadas.
López Obrador tiene otro tipo de responsabilidad, en una manera de hacer oposición al gobierno que aún tiene que tomar una forma más definida en sus propios términos políticos y, especialmente, en su expresión legal. Una oposición de ese tipo, articulada en el Congreso con los representantes de su partido, puede volverse una forma efectiva de conducir un proyecto social que se convierta en una alternativa al que se aplica de modo oficial y que no puede superar su rigidez.
No es claro cómo podrán convivir estas dos expresiones políticas en una situación de cada vez mayor enfrentamiento. El desacomodo actual es muy grande y tiende a ensancharse. Calderón tiene la ventaja del poder institucional y todos los recursos legales y de fuerza de los que puede disponer. López Obrador deberá mantener movilizados a sus seguidores y ampliar mediante el convencimiento su base de apoyo popular, ésa es una cuestión difícil, por él mismo, y a lo que contribuye la permanente campaña de desprestigio a la que está sometido.
La arena de la confrontación no puede mantenerse indefinidamente, el costo es muy alto para la gente que ambos personajes dicen representar y en un entorno donde otras fuerzas y otros intereses sacan provecho constante de lo que sucede. Mientras, el país se empequeñece y pierde ante otros que se reacomodan internamente y se mueven en el terreno mundial.
No se puede tapar el sol con un dedo. El riesgo de intentarlo es impedir por completo la visión. Así no será posible comprender nada. Algo grave ocurre en México y las muestras están al alcance de todos y brillan como la luz del día, a pesar de estar ya próximo el invierno.
Primero, la transferencia del Poder Ejecutivo de la medianoche del 30 de noviembre es una indicación clara del desarreglo institucional en que se ha metido al país. Es un signo lamentable del final de la presidencia de Fox y del principio de la gestión de Calderón. No debemos olvidar cómo sucedieron los hechos, y de ahí su significado.
Sí, fue a la medianoche, como una especie de Cenicienta al revés, que debe llegar en el último minuto para que no se descubra el secreto de su presencia en el baile real, al que, en cambio, asistieron sin derecho propio sus hermanas feas y perversas; apareció ahí como un regalo concedido por su hada madrina aunque fuese un don que tiene periodo de caducidad.
El acto de medianoche marcó el tránsito del poder a escondidas de la gente en lo que supuestamente es una democracia fuerte, según los protagonistas de ese acto. A escondidas del Congreso que debe atestiguar la transferencia de ese poder alcanzado supuestamente de modo abierto en las urnas. Fox depositó su banda presidencial en manos de un militar para que la alcanzase a Calderón, en una sociedad civil, y sólo faltó que estuviera presente algún obispo dando fe del hecho, en una sociedad laica.
La apresurada estancia en el recinto del Congreso para jurar hacer cumplir la Constitución o que la nación se lo demande, fue la comprobación del carácter ilegítimo del acto furtivo de la noche anterior. Un Fox tan pequeño políticamente como grande es su tamaño físico cargaba dócil y ridículamente la banda presidencial que ya había dejado de ser suya para pasarla al nervioso presidente en turno del Congreso que, a su vez, la puso en manos de Calderón, rodeado de fieles panistas y, sobre todo, por muchos elementos de seguridad que lo protegían.
Luego, el verdadero acto de presentación en sociedad, al margen de la gente (incluso la que votó por él), en un asegurado Auditorio Nacional y bien cobijado, con un discurso tan como de costumbre que es difícil recordar su contenido, el nuevo Presidente declaró lleno de satisfacción: "Sí se pudo y sí se puede". La alusión es clara y, entonces, ya todo es igual. Calderón padece una metamorfosis que lo hace parecerse (in)conscientemente a su acérrimo opositor.
Segundo, López Obrador no ceja. Reúne de nuevo a sus seguidores en pleno Zócalo de la ciudad de México. Denuncia los actos de investidura y afirma que no aflojará en su resistencia contra lo que llama explícitamente una imposición en la Presidencia. La rebeldía es abierta y se manifiesta en la plaza pública en claro contraste con el acto oficial.
La coexistencia de estos hechos evidencia la magnitud del conflicto político y social que existe. Como tal, rebasa el umbral de las preferencias o filiaciones y no queda claro por qué cauces correrán las fricciones.
Estos son únicamente algunos de los muchos asuntos que marcan y definen la situación política del país, de clara confrontación en varios frentes, de gran polarización y que sólo puede caracterizarse como muy delicada.
Calderón tiene ya adquirida una responsabilidad legal e institucional muy clara que cumplir y habrá que ver los recursos políticos de los que dispone para hacerla valer. Hasta ahora su grito de "sí se pudo y sí se puede" es una declaración de intenciones, ya ha nombrado a aquellos con los que quiere gobernar y, de paso, eso indica cómo quiere hacerlo y los compromisos que adoptó. Sus cartas están echadas.
López Obrador tiene otro tipo de responsabilidad, en una manera de hacer oposición al gobierno que aún tiene que tomar una forma más definida en sus propios términos políticos y, especialmente, en su expresión legal. Una oposición de ese tipo, articulada en el Congreso con los representantes de su partido, puede volverse una forma efectiva de conducir un proyecto social que se convierta en una alternativa al que se aplica de modo oficial y que no puede superar su rigidez.
No es claro cómo podrán convivir estas dos expresiones políticas en una situación de cada vez mayor enfrentamiento. El desacomodo actual es muy grande y tiende a ensancharse. Calderón tiene la ventaja del poder institucional y todos los recursos legales y de fuerza de los que puede disponer. López Obrador deberá mantener movilizados a sus seguidores y ampliar mediante el convencimiento su base de apoyo popular, ésa es una cuestión difícil, por él mismo, y a lo que contribuye la permanente campaña de desprestigio a la que está sometido.
La arena de la confrontación no puede mantenerse indefinidamente, el costo es muy alto para la gente que ambos personajes dicen representar y en un entorno donde otras fuerzas y otros intereses sacan provecho constante de lo que sucede. Mientras, el país se empequeñece y pierde ante otros que se reacomodan internamente y se mueven en el terreno mundial.
¿Hacia un estado de excepción?
Carlos Fazio
México vive un larvado proceso de fascistización. Si no se lo frena ahora, su consecuencia lógica puede ser la consolidación de un Estado terrorista. Conviene tomar en cuenta que el terrorismo de Estado es algo más que la violenta implantación de un régimen dictatorial: es una política cuidadosamente planificada y ejecutada que responde a un proyecto de dominación de clase tendiente a configurar un nuevo modelo de Estado que actúa pública y al mismo tiempo clandestinamente a través de sus estructuras institucionales.
Jalisco, en 2004, con Francisco Ramírez Acuña, y los estados de México y Oaxaca, en 2006, bajo las gubernaturas de Enrique Peña Nieto y Ulises Ruiz, respectivamente, son sendos laboratorios para la imposición de un nuevo modelo de dominación a nivel nacional. En dichos casos, el Estado abandonó abierta o encubiertamente el imperio del derecho y adoptó formas de excepción, dando vigencia a la máxima latina "lo que place al príncipe tiene fuerza de ley". En esos casos, los gobernadores de Jalisco, estado de México y Oaxaca contaron con el aval del ex titular del Poder Ejecutivo, Vicente Fox, y con la actuación violenta de fuerzas coercitivas, locales y federales.
El uso de la fuerza guarda relación con la pérdida de hegemonía del bloque de poder, a través de sus representantes políticos y portadores ideológicos, lo que obligó a la adopción de formas excepcionales intereses del capital monopólico y las constantes disputas entre las fracciones de clase dentro del bloque dominante y la ineficacia de los instrumentos coercitivos que garantizaban un consentimiento condicionado de las clases subordinadas verbigracia, la incapacidad de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional para encauzar la lucha de clases dentro de los canales legitimados por el sistema llevaron a la sustitución de los mecanismos de dominación. Cuanto más graves y catastróficas sean estas crisis, más excepcionalidad adquirirá la forma del Estado; más apelará el bloque en el poder a los estamentos militares y paramilitares Policía Federal Preventiva (PFP), sicarios, escuadrones de la muerte, como ocurre hoy en Oaxaca para resolver de manera coercitiva lo que no le es posible ya lograr por el consentimiento.
Guiados por una fría racionalidad tecnocrática institucionalizada, en la coyuntura de 2006, el fraude electoral, la represión violenta de tipo contrainsurgente en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Michoacán), San Salvador Atenco (estado de México) y Oaxaca, y un virtual estado de sitio en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro (en vísperas y durante el sexto informe de gobierno foxista y el cambio de mando Fox-Calderón) han sido las formas de control directo del Estado y el acomodamiento del mismo a las necesidades de los intereses estratégicos afectados.
De manera gradual desde la insurrección campesino-indígena del EZLN en Chiapas (1994), México ha vivido un lento proceso de militarización de todo el aparato del Estado y adoptado cada vez más formas propias de un Estado de excepción. El Estado-mediación ha ido cediendo espacio al Estado-fuerza, lo que, de suyo, implica la elaboración de un nuevo derecho de base esencialmente discrecional en cuanto a las facultades de los poderes públicos, sin sujeción a criterios de razonabilidad y autolimitación.
La "legitimación" del uso de la represión violenta desproporcionada y la práctica de la tortura contra altermundistas en Jalisco (2004), por el secretario de Gobernación del nuevo régimen, Ramírez Acuña, y la reproducción aumentada del modelo en Michoacán, Atenco y Oaxaca (2006) configuran un nuevo Estado contrainsurgente en ciernes. Una nueva "filosofía" y un nuevo tipo de dominación que, con el aval de Felipe Calderón desde antes de asumir el cargo como presidente impuesto, y con el concurso de la Marina de Guerra, la PFP, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la actuación de grupos paramilitares, exhibe de manera descarnada, en Oaxaca, la nueva faz de un Estado clandestino que utiliza el crimen y el terror como método. Asimismo, como laboratorio del horror, Oaxaca exhibe la impunidad fáctica y jurídica de "las fuerzas del orden", amparadas por un Poder Judicial cómplice y temeroso. Una impunidad total para matar, secuestrar-desaparecer o detener disidentes políticos, considerados "vándalos", "subversivos" o "terroristas" desde las estructuras del poder dominante, local y federal.
Ante la incapacidad de las viejas formas de dominación para defender el orden capitalista dependiente y contrarrestar la contestación social en ascenso, la clase en el poder incorpora una actividad paralela del Estado mediante una doble cara de actuación de sus aparatos coercitivos: una pública y sometida a las leyes, y otra clandestina, que aplica el "terror benigno" al margen de toda legalidad formal.
La conformación de un "gabinete de choque" por el espurio Calderón, con la llegada del ex subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Agustín Carstens, a la Secretaría de Hacienda, y el "padrino" Francisco Ramírez Acuña a Gobernación prontuariado por los delitos de tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación de prisioneros por organizaciones humanitarias , dotado de amplias facultades para coordinar acciones de seguridad nacional, anticipan un gobierno de "mano dura" afín a los intereses cupulares del Consejo Coordinador Empresarial y sus aliados del exterior. La designación de dos hombres extraídos de los sótanos de la seguridad del Estado, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, ambos expertos en terrorismo, en la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente, completa el mensaje. Con Calderón, presidente débil, podríamos asistir a un proceso de bordaberrización del Estado; de un Estado de excepción.
México vive un larvado proceso de fascistización. Si no se lo frena ahora, su consecuencia lógica puede ser la consolidación de un Estado terrorista. Conviene tomar en cuenta que el terrorismo de Estado es algo más que la violenta implantación de un régimen dictatorial: es una política cuidadosamente planificada y ejecutada que responde a un proyecto de dominación de clase tendiente a configurar un nuevo modelo de Estado que actúa pública y al mismo tiempo clandestinamente a través de sus estructuras institucionales.
Jalisco, en 2004, con Francisco Ramírez Acuña, y los estados de México y Oaxaca, en 2006, bajo las gubernaturas de Enrique Peña Nieto y Ulises Ruiz, respectivamente, son sendos laboratorios para la imposición de un nuevo modelo de dominación a nivel nacional. En dichos casos, el Estado abandonó abierta o encubiertamente el imperio del derecho y adoptó formas de excepción, dando vigencia a la máxima latina "lo que place al príncipe tiene fuerza de ley". En esos casos, los gobernadores de Jalisco, estado de México y Oaxaca contaron con el aval del ex titular del Poder Ejecutivo, Vicente Fox, y con la actuación violenta de fuerzas coercitivas, locales y federales.
El uso de la fuerza guarda relación con la pérdida de hegemonía del bloque de poder, a través de sus representantes políticos y portadores ideológicos, lo que obligó a la adopción de formas excepcionales intereses del capital monopólico y las constantes disputas entre las fracciones de clase dentro del bloque dominante y la ineficacia de los instrumentos coercitivos que garantizaban un consentimiento condicionado de las clases subordinadas verbigracia, la incapacidad de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional para encauzar la lucha de clases dentro de los canales legitimados por el sistema llevaron a la sustitución de los mecanismos de dominación. Cuanto más graves y catastróficas sean estas crisis, más excepcionalidad adquirirá la forma del Estado; más apelará el bloque en el poder a los estamentos militares y paramilitares Policía Federal Preventiva (PFP), sicarios, escuadrones de la muerte, como ocurre hoy en Oaxaca para resolver de manera coercitiva lo que no le es posible ya lograr por el consentimiento.
Guiados por una fría racionalidad tecnocrática institucionalizada, en la coyuntura de 2006, el fraude electoral, la represión violenta de tipo contrainsurgente en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Michoacán), San Salvador Atenco (estado de México) y Oaxaca, y un virtual estado de sitio en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro (en vísperas y durante el sexto informe de gobierno foxista y el cambio de mando Fox-Calderón) han sido las formas de control directo del Estado y el acomodamiento del mismo a las necesidades de los intereses estratégicos afectados.
De manera gradual desde la insurrección campesino-indígena del EZLN en Chiapas (1994), México ha vivido un lento proceso de militarización de todo el aparato del Estado y adoptado cada vez más formas propias de un Estado de excepción. El Estado-mediación ha ido cediendo espacio al Estado-fuerza, lo que, de suyo, implica la elaboración de un nuevo derecho de base esencialmente discrecional en cuanto a las facultades de los poderes públicos, sin sujeción a criterios de razonabilidad y autolimitación.
La "legitimación" del uso de la represión violenta desproporcionada y la práctica de la tortura contra altermundistas en Jalisco (2004), por el secretario de Gobernación del nuevo régimen, Ramírez Acuña, y la reproducción aumentada del modelo en Michoacán, Atenco y Oaxaca (2006) configuran un nuevo Estado contrainsurgente en ciernes. Una nueva "filosofía" y un nuevo tipo de dominación que, con el aval de Felipe Calderón desde antes de asumir el cargo como presidente impuesto, y con el concurso de la Marina de Guerra, la PFP, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la actuación de grupos paramilitares, exhibe de manera descarnada, en Oaxaca, la nueva faz de un Estado clandestino que utiliza el crimen y el terror como método. Asimismo, como laboratorio del horror, Oaxaca exhibe la impunidad fáctica y jurídica de "las fuerzas del orden", amparadas por un Poder Judicial cómplice y temeroso. Una impunidad total para matar, secuestrar-desaparecer o detener disidentes políticos, considerados "vándalos", "subversivos" o "terroristas" desde las estructuras del poder dominante, local y federal.
Ante la incapacidad de las viejas formas de dominación para defender el orden capitalista dependiente y contrarrestar la contestación social en ascenso, la clase en el poder incorpora una actividad paralela del Estado mediante una doble cara de actuación de sus aparatos coercitivos: una pública y sometida a las leyes, y otra clandestina, que aplica el "terror benigno" al margen de toda legalidad formal.
La conformación de un "gabinete de choque" por el espurio Calderón, con la llegada del ex subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Agustín Carstens, a la Secretaría de Hacienda, y el "padrino" Francisco Ramírez Acuña a Gobernación prontuariado por los delitos de tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación de prisioneros por organizaciones humanitarias , dotado de amplias facultades para coordinar acciones de seguridad nacional, anticipan un gobierno de "mano dura" afín a los intereses cupulares del Consejo Coordinador Empresarial y sus aliados del exterior. La designación de dos hombres extraídos de los sótanos de la seguridad del Estado, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, ambos expertos en terrorismo, en la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente, completa el mensaje. Con Calderón, presidente débil, podríamos asistir a un proceso de bordaberrización del Estado; de un Estado de excepción.
Diálogo con trifulca
Gustavo Esteva
"Sepa el pueblo de México", advirtió Venustiano Carranza el 24 de septiembre de 1913, "que, terminada la lucha armada... principiará, formidable y majestuosa, la lucha social, la lucha de clases."
Las clases políticas organizan ahora algo semejante. A lo largo de 25 años prepararon cuidadosamente el escenario. Sus políticas crearon inmenso descontento en la mayoría de la población. Cuando las campañas contra López Obrador resultaron insuficientes, sembraron miedo, odio y espíritu de confrontación. Gestaron así la polarización que llevó al 3 de julio, cuando el país amaneció dividido por clases y regiones.
Esa polarización no empezó ahora, pero el loco encono entre las clases políticas la acentuó y la hizo más visible y articulada. En 1913 la confrontación de clases se desató al terminar la lucha armada. Ahora es al revés. Ante el inmenso descontento popular y la creciente capacidad de la gente de expresarse organizadamente, los poderes constituidos recurren a la fuerza.
Sostienen que realizan una operación limpia para restablecer el orden y proteger a los ciudadanos. Según el secretario de Seguridad Pública, "los elementos de la Policía Federal Preventiva que participaron en los operativos referidos [en Oaxaca] actuaron conforme a los principios constitucionales de legalidad, profesionalismo y honradez, con pleno respeto a los derechos de los manifestantes y de las personas que fueron detenidas en comisión flagrante de delito, actuando con sentido de oportunidad y prudencia, sin haberse excedido en el uso de la fuerza" (Reforma, 16/11/06).
Tres docenas de organismos civiles reportan el saldo de esa actuación durante la última semana de noviembre: cientos de heridos, 31 desaparecidos, 203 detenidos (golpeados, ilegalmente incomunicados y transferidos), ilegales cateos, acusaciones y detenciones... Aparentemente, la nueva administración decidió dar al país entero, en carne y sangre de oaxaqueños, una lección sobre su estilo de reacción ante movimientos sociales. No fueron ahora, solamente, los sicarios de Ulises. Fue el gobierno federal.
Esa amenaza cumplida se complementa ahora con otra que toma tintes de guerra civil. Se incita cotidianamente a la denuncia y la violencia. Se consagra como héroes a los vecinos que denuncian a quienes construían barricadas o a los padres que expulsan a los maestros que participaron en el movimiento. A los grupos de choque del PRI se suman ahora "vigilantes" estilo gringo de las clases medias y altas. El encono y la confrontación se manifiestan ahora hasta en el tráfico urbano.
El terrorismo busca intimidar al enemigo. El que hoy practica el Estado ha fracasado. Es cierto que mucha gente tiene miedo y algunos concejales de la APPO han debido esconderse. Pero el 28 y 29 de noviembre pasado se reunieron en un foro público y abierto 300 delegados de organismos civiles y de 14 de los 16 pueblos indios de Oaxaca (que representan dos terceras partes de la población). Hubieran sido más si no lo hubieran impedido retenes ilegales instalados en las carreteras de acceso a la ciudad. En el pronunciamiento final los asistentes señalaron:
"Los pueblos indios queremos hacer saber a la sociedad y al gobierno de Oaxaca, de México y del mundo que el enorme abuso de la fuerza pública practicado en estos días no nos intimida ni nos paraliza, como lo hemos demostrado con la realización de este foro... Estamos bajo un estado de excepción no declarado y por tanto ilegal. El hecho nos preocupa y nos lleva a actuar con extremo cuidado. Pero no nos detiene. Nuestro camino está trazado y vamos a seguir caminando por él, a nuestra manera, en nuestros tiempos y ritmos."
Dijeron algo más, que en las circunstancias resulta asombroso: "Nos pronunciamos abiertamente por la no violencia. Estamos convencidos de que es el mejor medio para conseguir fines políticos. Como decía Gandhi, es la virtud de los fuertes. Sólo los débiles tienen que recurrir a la fuerza. Porque somos los fuertes, la mayoría, nos comprometemos sin reservas con la no violencia".
Trifulca es contienda y desorden, como la que ocurrió en el Congreso de la Unión o en las calles de Oaxaca. Pero es también un aparato con tres palancas que se usa para mover los fuelles en hornos metalúrgicos. Es metáfora para el diálogo que hoy hace falta. No es el monólogo autista entre tres partidos, sino el que ha de construirse entre los actores actuales, que no se reducen al capital y el Estado, como creen las clases políticas. Tienen que incluir a la gente, que ha decidido convertirse en el protagonista principal. Escucharla es la única manera de evitar una ola incontenible de violencia.
"Sepa el pueblo de México", advirtió Venustiano Carranza el 24 de septiembre de 1913, "que, terminada la lucha armada... principiará, formidable y majestuosa, la lucha social, la lucha de clases."
Las clases políticas organizan ahora algo semejante. A lo largo de 25 años prepararon cuidadosamente el escenario. Sus políticas crearon inmenso descontento en la mayoría de la población. Cuando las campañas contra López Obrador resultaron insuficientes, sembraron miedo, odio y espíritu de confrontación. Gestaron así la polarización que llevó al 3 de julio, cuando el país amaneció dividido por clases y regiones.
Esa polarización no empezó ahora, pero el loco encono entre las clases políticas la acentuó y la hizo más visible y articulada. En 1913 la confrontación de clases se desató al terminar la lucha armada. Ahora es al revés. Ante el inmenso descontento popular y la creciente capacidad de la gente de expresarse organizadamente, los poderes constituidos recurren a la fuerza.
Sostienen que realizan una operación limpia para restablecer el orden y proteger a los ciudadanos. Según el secretario de Seguridad Pública, "los elementos de la Policía Federal Preventiva que participaron en los operativos referidos [en Oaxaca] actuaron conforme a los principios constitucionales de legalidad, profesionalismo y honradez, con pleno respeto a los derechos de los manifestantes y de las personas que fueron detenidas en comisión flagrante de delito, actuando con sentido de oportunidad y prudencia, sin haberse excedido en el uso de la fuerza" (Reforma, 16/11/06).
Tres docenas de organismos civiles reportan el saldo de esa actuación durante la última semana de noviembre: cientos de heridos, 31 desaparecidos, 203 detenidos (golpeados, ilegalmente incomunicados y transferidos), ilegales cateos, acusaciones y detenciones... Aparentemente, la nueva administración decidió dar al país entero, en carne y sangre de oaxaqueños, una lección sobre su estilo de reacción ante movimientos sociales. No fueron ahora, solamente, los sicarios de Ulises. Fue el gobierno federal.
Esa amenaza cumplida se complementa ahora con otra que toma tintes de guerra civil. Se incita cotidianamente a la denuncia y la violencia. Se consagra como héroes a los vecinos que denuncian a quienes construían barricadas o a los padres que expulsan a los maestros que participaron en el movimiento. A los grupos de choque del PRI se suman ahora "vigilantes" estilo gringo de las clases medias y altas. El encono y la confrontación se manifiestan ahora hasta en el tráfico urbano.
El terrorismo busca intimidar al enemigo. El que hoy practica el Estado ha fracasado. Es cierto que mucha gente tiene miedo y algunos concejales de la APPO han debido esconderse. Pero el 28 y 29 de noviembre pasado se reunieron en un foro público y abierto 300 delegados de organismos civiles y de 14 de los 16 pueblos indios de Oaxaca (que representan dos terceras partes de la población). Hubieran sido más si no lo hubieran impedido retenes ilegales instalados en las carreteras de acceso a la ciudad. En el pronunciamiento final los asistentes señalaron:
"Los pueblos indios queremos hacer saber a la sociedad y al gobierno de Oaxaca, de México y del mundo que el enorme abuso de la fuerza pública practicado en estos días no nos intimida ni nos paraliza, como lo hemos demostrado con la realización de este foro... Estamos bajo un estado de excepción no declarado y por tanto ilegal. El hecho nos preocupa y nos lleva a actuar con extremo cuidado. Pero no nos detiene. Nuestro camino está trazado y vamos a seguir caminando por él, a nuestra manera, en nuestros tiempos y ritmos."
Dijeron algo más, que en las circunstancias resulta asombroso: "Nos pronunciamos abiertamente por la no violencia. Estamos convencidos de que es el mejor medio para conseguir fines políticos. Como decía Gandhi, es la virtud de los fuertes. Sólo los débiles tienen que recurrir a la fuerza. Porque somos los fuertes, la mayoría, nos comprometemos sin reservas con la no violencia".
Trifulca es contienda y desorden, como la que ocurrió en el Congreso de la Unión o en las calles de Oaxaca. Pero es también un aparato con tres palancas que se usa para mover los fuelles en hornos metalúrgicos. Es metáfora para el diálogo que hoy hace falta. No es el monólogo autista entre tres partidos, sino el que ha de construirse entre los actores actuales, que no se reducen al capital y el Estado, como creen las clases políticas. Tienen que incluir a la gente, que ha decidido convertirse en el protagonista principal. Escucharla es la única manera de evitar una ola incontenible de violencia.
Derechos para los animales... tampoco
Iván Restrepo
Algunos noticieros de televisión del país mostraron recientemente la forma cruel en que las autoridades mexicanas matan a perros y gatos callejeros. En el espacio matutino, que conduce en Canal 2 Carlos Loret de Mola, se exhibió un video que ilustra el sacrificio de estos animales en Chetumal, capital de Quintana Roo. Antes de transmitir el video se advirtió a la audiencia que las escenas eran muy terribles y podían afectar a muchos televidentes. Las imágenes dijeron más que mil proclamas en defensa de los animales y contra su maltrato. En efecto, a los animales que van a parar a la perrera de Chetumal los empleados les conectan en las orejas cables a través de los cuales descargan varias veces corriente eléctrica. Para que el efecto sea más intenso y mueran más pronto electrocutados, les echan chorros de agua. El conductor del noticiero comparó esta forma de eliminar perros con la matanza de focas, a palos, en Canadá.
Las escenas de Chetumal dieron la vuelta al mundo despertando la protesta generalizada. El video confirma que la violencia en el país la fomenta el propio gobierno y no se limita a Oaxaca ni a Atenco, o a los narcos y a la delincuencia organizada en su lucha por conservar y extender sus espacios de acción, porque lo que ocurre en Chetumal es una práctica común, pese a que "asociaciones defensoras de la vida animal" supervisan que los ejemplares que van a ser sacrificados sean previamente anestesiados. Sin embargo, la realidad es que los matan a garrotazos, envenenados o con pistolete de émbolo y que antes, a la hora de capturarlos y durante su permanencia en los mal llamados "centros antirrábicos y de control canino y felino", los han maltratado. El sufrimiento y la forma de eliminar a dicha fauna han sido denunciados muchas veces por veterinarios y asociaciones protectoras de animales.
Aunque nuestros funcionarios suelen decirnos que ya somos parte del primer mundo, las instancias de salud siguen utilizando los métodos más crueles para "controlar" la sobrepoblación de perros y gatos, la cual obedece, fundamentalmente, a la irresponsabilidad ciudadana, a la falta de medidas que garanticen el control y cuidado de la fauna, a quienes adquieren mascotas que luego abandonan, o permiten que se reproduzcan sin medida alguna, arrojando después a la calle los ejemplares que ya no desean tener.
Es urgente, pues, que las instancias oficiales asuman la obligación tantas veces prometida de controlar eficaz y humanitariamente dicha sobrepoblación. Ello exige acciones de control suficientemente conocidas y efectivas (la principal es la esterilización masiva) que deben ir de la mano con campañas de educación pública.
Al respecto, existe a escala nacional una Norma Oficial aprobada en 1995 sobre el sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres. Lamentablemente no se cumple.
La Asamblea del Distrito Federal aprobó hace justo cinco años una Ley de Protección a los Animales que, aún con limitaciones, es un avance importante. Por causas desconocidas, que parecen radicar en falta de presupuesto, no entra en vigor todavía. Igual sucede en otras entidades que alegan no tener recursos para hacer cumplir las normas para la protección. No obstante, existe suficiente experiencia mundial sobre cómo financiar el control adecuado de la fauna canina y felina. La sobrepoblación de éstas y otras especies, repetimos, parte de la desidia oficial al no establecer programas educativos y preventivos a fin de evitar el problema que hoy se tiene en las calles de las ciudades y en el medio rural.
Nuestros funcionarios suelen ufanarse en escenarios internacionales de que cuidamos la biodiversidad. Por su parte, las autoridades de Quintana Roo pagan sumas millonarias en viajes "promocionales" y en mensajes publicitarios en los que resaltan el paisaje, la flora y fauna de dicho estado, la herencia cultural y la hospitalidad de sus moradores. Por eso lo visitan miles de turistas provenientes de países donde existe control sobre la fauna callejera y se sanciona el maltrato a los animales. No pidamos peras al olmo: si no se respetan los derechos humanos, menos se respetará la integridad de otros animales con cero posibilidad de protestar y defenderse.
La violación a los derechos humanos implica una falta de sensibilidad por el sufrimiento de los seres vivos y una tendencia a la destrucción, de ahí que quien lastima la integridad física de otro, no importa que sea un semejante o un animal, que por cierto, en general, éste último resulta ser mucho más noble que el primero, es un individuo carente de amor y de principios éticos.
Algunos noticieros de televisión del país mostraron recientemente la forma cruel en que las autoridades mexicanas matan a perros y gatos callejeros. En el espacio matutino, que conduce en Canal 2 Carlos Loret de Mola, se exhibió un video que ilustra el sacrificio de estos animales en Chetumal, capital de Quintana Roo. Antes de transmitir el video se advirtió a la audiencia que las escenas eran muy terribles y podían afectar a muchos televidentes. Las imágenes dijeron más que mil proclamas en defensa de los animales y contra su maltrato. En efecto, a los animales que van a parar a la perrera de Chetumal los empleados les conectan en las orejas cables a través de los cuales descargan varias veces corriente eléctrica. Para que el efecto sea más intenso y mueran más pronto electrocutados, les echan chorros de agua. El conductor del noticiero comparó esta forma de eliminar perros con la matanza de focas, a palos, en Canadá.
Las escenas de Chetumal dieron la vuelta al mundo despertando la protesta generalizada. El video confirma que la violencia en el país la fomenta el propio gobierno y no se limita a Oaxaca ni a Atenco, o a los narcos y a la delincuencia organizada en su lucha por conservar y extender sus espacios de acción, porque lo que ocurre en Chetumal es una práctica común, pese a que "asociaciones defensoras de la vida animal" supervisan que los ejemplares que van a ser sacrificados sean previamente anestesiados. Sin embargo, la realidad es que los matan a garrotazos, envenenados o con pistolete de émbolo y que antes, a la hora de capturarlos y durante su permanencia en los mal llamados "centros antirrábicos y de control canino y felino", los han maltratado. El sufrimiento y la forma de eliminar a dicha fauna han sido denunciados muchas veces por veterinarios y asociaciones protectoras de animales.
Aunque nuestros funcionarios suelen decirnos que ya somos parte del primer mundo, las instancias de salud siguen utilizando los métodos más crueles para "controlar" la sobrepoblación de perros y gatos, la cual obedece, fundamentalmente, a la irresponsabilidad ciudadana, a la falta de medidas que garanticen el control y cuidado de la fauna, a quienes adquieren mascotas que luego abandonan, o permiten que se reproduzcan sin medida alguna, arrojando después a la calle los ejemplares que ya no desean tener.
Es urgente, pues, que las instancias oficiales asuman la obligación tantas veces prometida de controlar eficaz y humanitariamente dicha sobrepoblación. Ello exige acciones de control suficientemente conocidas y efectivas (la principal es la esterilización masiva) que deben ir de la mano con campañas de educación pública.
Al respecto, existe a escala nacional una Norma Oficial aprobada en 1995 sobre el sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres. Lamentablemente no se cumple.
La Asamblea del Distrito Federal aprobó hace justo cinco años una Ley de Protección a los Animales que, aún con limitaciones, es un avance importante. Por causas desconocidas, que parecen radicar en falta de presupuesto, no entra en vigor todavía. Igual sucede en otras entidades que alegan no tener recursos para hacer cumplir las normas para la protección. No obstante, existe suficiente experiencia mundial sobre cómo financiar el control adecuado de la fauna canina y felina. La sobrepoblación de éstas y otras especies, repetimos, parte de la desidia oficial al no establecer programas educativos y preventivos a fin de evitar el problema que hoy se tiene en las calles de las ciudades y en el medio rural.
Nuestros funcionarios suelen ufanarse en escenarios internacionales de que cuidamos la biodiversidad. Por su parte, las autoridades de Quintana Roo pagan sumas millonarias en viajes "promocionales" y en mensajes publicitarios en los que resaltan el paisaje, la flora y fauna de dicho estado, la herencia cultural y la hospitalidad de sus moradores. Por eso lo visitan miles de turistas provenientes de países donde existe control sobre la fauna callejera y se sanciona el maltrato a los animales. No pidamos peras al olmo: si no se respetan los derechos humanos, menos se respetará la integridad de otros animales con cero posibilidad de protestar y defenderse.
La violación a los derechos humanos implica una falta de sensibilidad por el sufrimiento de los seres vivos y una tendencia a la destrucción, de ahí que quien lastima la integridad física de otro, no importa que sea un semejante o un animal, que por cierto, en general, éste último resulta ser mucho más noble que el primero, es un individuo carente de amor y de principios éticos.
Adiós, don Porfirio Fox
Carlos Beas
En Oaxaca se viven momentos aciagos y terribles; la brutal represión que ha desatado el gobierno federal a través de los militares de la Policía Federal Preventiva ha permitido que los escuadrones de la muerte, los sicarios y pistoleros de Ulises Ruiz operen de manera abierta disparando, secuestrando, torturando y desapareciendo a un número aún no determinado de ciudadanos oaxaqueños.
Ya antes del 25 de noviembre pasado, la policía de Vicente Fox había detenido, secuestrado y torturado a decenas de opositores al gobierno de Ulises Ruiz; los relatos de los sobrevivientes de los vuelos de la muerte; de aquellos detenidos que fueron subidos a helicópteros y amenazados con ser lanzados al vacío, nos muestran sólo una de las formas extremas de violación sistemática a los derechos humanos de las cuales Fox y su policía son responsables.
Fue tan brutal la embestida represiva del 25 de noviembre y tan avasalladoras las imágenes de los enfrentamientos ocurridos esa tarde en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, que aún se desconoce la gravedad de los brutales ataques cometidos por sicarios fuertemente armados en contra de manifestantes pacíficos que caminaban en esos momentos hacia el norte de la ciudad.
Todavía no se logra precisar la cantidad de muertos y heridos de bala, el número de caídos en esa tarde a causa de los ataques de policías vestidos de civil y pistoleros de Ulises Ruiz en las zonas del Llano, la Colonia Reforma y la Facultad de Medicina. Los organismos de derechos humanos no han logrado precisar el número exacto de desaparecidos y muertos y aún se desconoce el paradero de más de 40 personas.
Los múltiples testimonios de vejaciones, maltratos y torturas en los que se manifestaba una extrema coordinación entre los elementos de la PFP y las bandas de pistoleros del cacique de Oaxaca, sólo confirmaban lo que era evidente: Fox y Ulises Ruiz son parte del mismo proyecto y han operado de común acuerdo.
Los ataques del 20 y el 25 de noviembre, los más de 20 muertos, las detenciones y secuestros, y el envío de decenas de oaxaqueños a cárceles lejanas, es decir, la guerra sucia, están cerrando las vías de movilización ciudadana pacífica en Oaxaca y han abierto la puerta para que grupos pequeños y decididos combatan de manera violenta a las fuerzas represivas.
El escenario de la violencia sólo le ha servido a Ulises Ruiz. Los ataques a las barricadas del pasado 27 de octubre sólo aceleraron la llegada de la policía militar y los enfrentamientos ocurridos el 25 de noviembre únicamente justificaron una brutal embestida que aún no termina. Ante la evidencia de estos hechos, el movimiento ciudadano agrupado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) debe mantener la movilización masiva y pacífica como vía de acción.
A pesar de la guerra sucia y del miedo y terror que ha provocado la violencia gubernamental, el movimiento ciudadano ha demostrado una gran capacidad y creatividad, y debe, sobre todo, mantener las acciones masivas para lograr la liberación de los presos y la presentación de los desaparecidos, lo cual es prioritario, y avanzar en una reforma democrática integral que incluya la destitución de Ulises Ruiz.
El desprecio a la ley y al respeto a los derechos humanos por parte del régimen foxista, lo asemejan a su ancestro porfiriano. El traslado de más de 160 oaxaqueños a centros penitenciarios tan lejanos como los ubicados en Nayarit o en Tamaulipas, nos recuerdan las acordadas dispuestas por Porfirio Díaz.
Terminó su gobierno, señor Fox, y deja usted una estela de sufrimiento y violencia en Oaxaca. Concluyó su administración, y la violación a los derechos humanos no fue la excepción sino la regla: fue una forma de ejercer el poder.
Lo ocurrido en Oaxaca lo seguirá el resto de sus días; los agravios que ha recibido nuestro pueblo de parte de su gobierno no serán olvidados, don Porfirio Fox; espero que muy pronto sea usted enjuiciado por los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de mineros, de hombres y mujeres dignos de Atenco, de indígenas de Oxcum, de Viejo Velasco, y por la barbarie sufrida por las gentes sencillas, que en Oaxaca, señor Fox, la historia no perdona y tampoco el pueblo.
En Oaxaca se viven momentos aciagos y terribles; la brutal represión que ha desatado el gobierno federal a través de los militares de la Policía Federal Preventiva ha permitido que los escuadrones de la muerte, los sicarios y pistoleros de Ulises Ruiz operen de manera abierta disparando, secuestrando, torturando y desapareciendo a un número aún no determinado de ciudadanos oaxaqueños.
Ya antes del 25 de noviembre pasado, la policía de Vicente Fox había detenido, secuestrado y torturado a decenas de opositores al gobierno de Ulises Ruiz; los relatos de los sobrevivientes de los vuelos de la muerte; de aquellos detenidos que fueron subidos a helicópteros y amenazados con ser lanzados al vacío, nos muestran sólo una de las formas extremas de violación sistemática a los derechos humanos de las cuales Fox y su policía son responsables.
Fue tan brutal la embestida represiva del 25 de noviembre y tan avasalladoras las imágenes de los enfrentamientos ocurridos esa tarde en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, que aún se desconoce la gravedad de los brutales ataques cometidos por sicarios fuertemente armados en contra de manifestantes pacíficos que caminaban en esos momentos hacia el norte de la ciudad.
Todavía no se logra precisar la cantidad de muertos y heridos de bala, el número de caídos en esa tarde a causa de los ataques de policías vestidos de civil y pistoleros de Ulises Ruiz en las zonas del Llano, la Colonia Reforma y la Facultad de Medicina. Los organismos de derechos humanos no han logrado precisar el número exacto de desaparecidos y muertos y aún se desconoce el paradero de más de 40 personas.
Los múltiples testimonios de vejaciones, maltratos y torturas en los que se manifestaba una extrema coordinación entre los elementos de la PFP y las bandas de pistoleros del cacique de Oaxaca, sólo confirmaban lo que era evidente: Fox y Ulises Ruiz son parte del mismo proyecto y han operado de común acuerdo.
Los ataques del 20 y el 25 de noviembre, los más de 20 muertos, las detenciones y secuestros, y el envío de decenas de oaxaqueños a cárceles lejanas, es decir, la guerra sucia, están cerrando las vías de movilización ciudadana pacífica en Oaxaca y han abierto la puerta para que grupos pequeños y decididos combatan de manera violenta a las fuerzas represivas.
El escenario de la violencia sólo le ha servido a Ulises Ruiz. Los ataques a las barricadas del pasado 27 de octubre sólo aceleraron la llegada de la policía militar y los enfrentamientos ocurridos el 25 de noviembre únicamente justificaron una brutal embestida que aún no termina. Ante la evidencia de estos hechos, el movimiento ciudadano agrupado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) debe mantener la movilización masiva y pacífica como vía de acción.
A pesar de la guerra sucia y del miedo y terror que ha provocado la violencia gubernamental, el movimiento ciudadano ha demostrado una gran capacidad y creatividad, y debe, sobre todo, mantener las acciones masivas para lograr la liberación de los presos y la presentación de los desaparecidos, lo cual es prioritario, y avanzar en una reforma democrática integral que incluya la destitución de Ulises Ruiz.
El desprecio a la ley y al respeto a los derechos humanos por parte del régimen foxista, lo asemejan a su ancestro porfiriano. El traslado de más de 160 oaxaqueños a centros penitenciarios tan lejanos como los ubicados en Nayarit o en Tamaulipas, nos recuerdan las acordadas dispuestas por Porfirio Díaz.
Terminó su gobierno, señor Fox, y deja usted una estela de sufrimiento y violencia en Oaxaca. Concluyó su administración, y la violación a los derechos humanos no fue la excepción sino la regla: fue una forma de ejercer el poder.
Lo ocurrido en Oaxaca lo seguirá el resto de sus días; los agravios que ha recibido nuestro pueblo de parte de su gobierno no serán olvidados, don Porfirio Fox; espero que muy pronto sea usted enjuiciado por los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de mineros, de hombres y mujeres dignos de Atenco, de indígenas de Oxcum, de Viejo Velasco, y por la barbarie sufrida por las gentes sencillas, que en Oaxaca, señor Fox, la historia no perdona y tampoco el pueblo.
Resultados, no sueldos, el problema en el gobierno
Carlos Fernández-Vega
La herencia de don Jesús Reyes Heroles 36 años después
El nuevo inquilino de Los Pinos apuróse a concretar uno de sus primeros anuncios: "emitiré un decreto de austeridad en los gastos del Poder Ejecutivo y reduciré el salario del Presidente y de los altos funcionarios de mi gobierno para no incrementarlos hasta en tanto el Congreso revise una Ley de Sueldos de los Servidores Públicos".
Y lo emitió ayer, con un espectacular 10 por ciento de descuento en su estipendio y los de sus funcionarios, con lo que el mini presidente cree que el país está del otro lado, porque se "ahorrarán" 25 mil 500 millones de pesos, según su propio cálculo, lo que deja claro que a pesar de todo del erario saldrán casi 230 mil millones de pesos para cubrir dichos salarios.
Mucho se ha debatido en torno al salario presidencial y el de sus funcionarios de primer nivel, los poderes Legislativo y Judicial, y los gobiernos estatales y municipales. Es una sangría real, una ofensa para la mayoría de los mexicanos, aunque algunos aseguren que "son ingresos justos".
Si se revisa el presupuesto y simplemente se mide en dinero, lo más barato es el sueldo del inquilino de Los Pinos y sus funcionarios. En el caso del primero representa menos de 0.01 por ciento de la Presidencia de la República. El problema comienza cuando a ese salario se le suma todo lo demás: séquito, propaganda, "imagen", comunicación social, aparato de seguridad, transportación, "remodelaciones", "cabañitas", giras nacionales e internacionales, vestimenta, familia, parientes, etcétera, etcétera, que elevan a grado sumo el costo monetario que los contribuyentes deben pagar para que quien esté sentado en la Primera Silla de la Nación se sienta a gusto.
Si sólo en sueldos el Presidente de la República y sus funcionarios se comen más de 250 mil millones de pesos anuales, ¿cuánto le representa a la nación todo lo demás? Y con 10 por ciento descuento el problema, desde luego, no se soluciona.
Eso por el lado simplemente monetario, porque el verdadero costo, cada vez mayor, debe medirse por el lado de los resultados. Si el Presidente de la República y su gabinete, tuvieran un salario por decir de un millón de pesos diarios, pero debido a su trabajo, esfuerzo, acción de gobierno, capacidad negociadora, visión de Estado, etcétera, etcétera, el país, los mexicanos, ganaran en desarrollo, crecimiento económico, bienestar social, seguridad, paz social y demás, entonces no sólo habría que felicitarlos, sino aumentarles el estipendio.
La cruda realidad nos demuestra que no ha sucedido así. Por el contrario, el ingreso del Presidente de la República y de su gabinete, de la mano del Legislativo y el Judicial, de los gobiernos estatales y municipales, ha crecido de manera inversamente proporcional a los resultados por ellos ofrecidos a México, a los mexicanos, de tal suerte que como el primer escenario no se cumple, sería por demás conveniente recurrir al segundo, es decir, recortarles su estipendio hasta el nivel de salario mínimo, y en algunos casos como el de Fox exigirles que devolvieran el salario del sexenio.
De cualquier suerte, también por decreto, ya existen funcionarios de primera y de segunda, porque a contrapelo de lo que ordenó para los poco resultones civiles de su gabinete, el Felipillo decidió "incrementar de forma sustancial los haberes de tropa y marinería"; en razón "de la entrega, disciplina y lealtad de nuestras fuerzas armadas" sus salarios no serán considerados en el "decreto de austeridad". Tiene razón: si no fuera por los verdes, no sería el presidente tras bambalinas.
En fin. A lo largo de los últimos cinco gobiernos como les llaman, incluido el que recién empeza si algo ha prevalecido es el sentimiento, la raíz y la visión empresarial de quienes los han conformado. Tanto, que la democracia ha sido, es y seguirá siendo "de, para y por los empresarios". Pero estos gobiernos gerenciales obviaron la regla de oro empresarial: resultados, y de éstos dependerán los sueldos. Por ejemplo, ningún empresario medianamente capacitado hubiera permitido que un gerente como Fox durase seis meses en su empresa. Lo hubiera corrido, sin liquidación. Pero ya en el poder público se dan el lujo de mantenerlo seis años sentado en Los Pinos.
Entonces, más que un golpe mediático como el decreto de ayer (y el país está harto de golpes mediáticos), el nuevo inquilino de Los Pinos debe ofrecer resultados que justifiquen no sólo los salarios (con todo y 10 por ciento de descuento hasta que el Congreso diga lo contrario) por ellos obtenidos, sino su permanencia en el cargo. Así trabajaran gratis, sin resultados concretos serán, junto con los cuatro sexenios anteriores, los funcionarios más caros de la historia nacional.
Y, sin practicar la cartomancia, difícilmente obtendrán resultados con los más recientes nombramientos que redondearon su equipo de colaboradores: de los 11 ungidos el sábado, siete provienen del gobierno foxista. Considerando todos los nombramientos en el gabinete (legal y ampliado), el 60 por ciento de los funcionarios de la "continuidad" despacharon en el fracasado sexenio del "cambio", y algunos de ellos en éste y otros más, como el del "bienestar de la familia" de Zedillo y el de la "solidaridad" con Salinas.
Las rebanadas del pastel
Ya ni la burla perdonan: en 1970, el director general de Petróleos Mexicanos, don Jesús Reyes Heroles, advirtió que "... la explotación exclusiva de Petróleos Mexicanos es en beneficio de la nación, sin necesidad de ofrecer participaciones o derechos (al capital privado) sobre el valor de la producción del subsuelo. Con recursos propios y financiamientos normales, proseguirá el desarrollo y progreso de la industria petrolera". Treinta y seis años después, la "continuidad" nombró al hijo de aquel nacionalista como nuevo director de la paraestatal, para que proceda en sentido contrario.
La herencia de don Jesús Reyes Heroles 36 años después
El nuevo inquilino de Los Pinos apuróse a concretar uno de sus primeros anuncios: "emitiré un decreto de austeridad en los gastos del Poder Ejecutivo y reduciré el salario del Presidente y de los altos funcionarios de mi gobierno para no incrementarlos hasta en tanto el Congreso revise una Ley de Sueldos de los Servidores Públicos".
Y lo emitió ayer, con un espectacular 10 por ciento de descuento en su estipendio y los de sus funcionarios, con lo que el mini presidente cree que el país está del otro lado, porque se "ahorrarán" 25 mil 500 millones de pesos, según su propio cálculo, lo que deja claro que a pesar de todo del erario saldrán casi 230 mil millones de pesos para cubrir dichos salarios.
Mucho se ha debatido en torno al salario presidencial y el de sus funcionarios de primer nivel, los poderes Legislativo y Judicial, y los gobiernos estatales y municipales. Es una sangría real, una ofensa para la mayoría de los mexicanos, aunque algunos aseguren que "son ingresos justos".
Si se revisa el presupuesto y simplemente se mide en dinero, lo más barato es el sueldo del inquilino de Los Pinos y sus funcionarios. En el caso del primero representa menos de 0.01 por ciento de la Presidencia de la República. El problema comienza cuando a ese salario se le suma todo lo demás: séquito, propaganda, "imagen", comunicación social, aparato de seguridad, transportación, "remodelaciones", "cabañitas", giras nacionales e internacionales, vestimenta, familia, parientes, etcétera, etcétera, que elevan a grado sumo el costo monetario que los contribuyentes deben pagar para que quien esté sentado en la Primera Silla de la Nación se sienta a gusto.
Si sólo en sueldos el Presidente de la República y sus funcionarios se comen más de 250 mil millones de pesos anuales, ¿cuánto le representa a la nación todo lo demás? Y con 10 por ciento descuento el problema, desde luego, no se soluciona.
Eso por el lado simplemente monetario, porque el verdadero costo, cada vez mayor, debe medirse por el lado de los resultados. Si el Presidente de la República y su gabinete, tuvieran un salario por decir de un millón de pesos diarios, pero debido a su trabajo, esfuerzo, acción de gobierno, capacidad negociadora, visión de Estado, etcétera, etcétera, el país, los mexicanos, ganaran en desarrollo, crecimiento económico, bienestar social, seguridad, paz social y demás, entonces no sólo habría que felicitarlos, sino aumentarles el estipendio.
La cruda realidad nos demuestra que no ha sucedido así. Por el contrario, el ingreso del Presidente de la República y de su gabinete, de la mano del Legislativo y el Judicial, de los gobiernos estatales y municipales, ha crecido de manera inversamente proporcional a los resultados por ellos ofrecidos a México, a los mexicanos, de tal suerte que como el primer escenario no se cumple, sería por demás conveniente recurrir al segundo, es decir, recortarles su estipendio hasta el nivel de salario mínimo, y en algunos casos como el de Fox exigirles que devolvieran el salario del sexenio.
De cualquier suerte, también por decreto, ya existen funcionarios de primera y de segunda, porque a contrapelo de lo que ordenó para los poco resultones civiles de su gabinete, el Felipillo decidió "incrementar de forma sustancial los haberes de tropa y marinería"; en razón "de la entrega, disciplina y lealtad de nuestras fuerzas armadas" sus salarios no serán considerados en el "decreto de austeridad". Tiene razón: si no fuera por los verdes, no sería el presidente tras bambalinas.
En fin. A lo largo de los últimos cinco gobiernos como les llaman, incluido el que recién empeza si algo ha prevalecido es el sentimiento, la raíz y la visión empresarial de quienes los han conformado. Tanto, que la democracia ha sido, es y seguirá siendo "de, para y por los empresarios". Pero estos gobiernos gerenciales obviaron la regla de oro empresarial: resultados, y de éstos dependerán los sueldos. Por ejemplo, ningún empresario medianamente capacitado hubiera permitido que un gerente como Fox durase seis meses en su empresa. Lo hubiera corrido, sin liquidación. Pero ya en el poder público se dan el lujo de mantenerlo seis años sentado en Los Pinos.
Entonces, más que un golpe mediático como el decreto de ayer (y el país está harto de golpes mediáticos), el nuevo inquilino de Los Pinos debe ofrecer resultados que justifiquen no sólo los salarios (con todo y 10 por ciento de descuento hasta que el Congreso diga lo contrario) por ellos obtenidos, sino su permanencia en el cargo. Así trabajaran gratis, sin resultados concretos serán, junto con los cuatro sexenios anteriores, los funcionarios más caros de la historia nacional.
Y, sin practicar la cartomancia, difícilmente obtendrán resultados con los más recientes nombramientos que redondearon su equipo de colaboradores: de los 11 ungidos el sábado, siete provienen del gobierno foxista. Considerando todos los nombramientos en el gabinete (legal y ampliado), el 60 por ciento de los funcionarios de la "continuidad" despacharon en el fracasado sexenio del "cambio", y algunos de ellos en éste y otros más, como el del "bienestar de la familia" de Zedillo y el de la "solidaridad" con Salinas.
Las rebanadas del pastel
Ya ni la burla perdonan: en 1970, el director general de Petróleos Mexicanos, don Jesús Reyes Heroles, advirtió que "... la explotación exclusiva de Petróleos Mexicanos es en beneficio de la nación, sin necesidad de ofrecer participaciones o derechos (al capital privado) sobre el valor de la producción del subsuelo. Con recursos propios y financiamientos normales, proseguirá el desarrollo y progreso de la industria petrolera". Treinta y seis años después, la "continuidad" nombró al hijo de aquel nacionalista como nuevo director de la paraestatal, para que proceda en sentido contrario.
Oaxaca: el terror represivo
Editorial
El despliegue de fuerzas policiales federales en Oaxaca, que tenía como supuesto propósito el "restablecimiento de la legalidad y el orden", se ha traducido en una ruptura generalizada del estado de derecho, en un estado de excepción de hecho, en un apuntalamiento por la fuerza y la violencia del gobierno de Ulises Ruiz y en una escalada represiva que obliga a recordar las tácticas de contrainsurgencia de las dictaduras militares que asolaron este hemisferio en décadas pasadas. Organismos religiosos y de derechos humanos han documentado que en el empeño de los gobiernos federal y estatal por aplastar al movimiento ciudadano, que exige la salida del gobernador, se han cometido toda suerte de atropellos: detenciones injustificadas, desapariciones, torturas, fabricación de delitos, agresiones sexuales a mujeres, cateos ilegales y persecución de dirigentes políticos; al amparo de los contingentes de la Policía Federal Preventiva, grupos de choque de la autoridad local han perpetrado toda suerte de agresiones recuérdese que hay muertos en contra de activistas o simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) e inclusive contra transeúntes no involucrados de manera alguna con esa organización.
Esa suerte de esquema de contrainsurgencia, aplicado no contra organizaciones armadas sino contra un movimiento pacífico, como lo han sido a lo largo del conflicto el del gremio magisterial y el de la APPO, se ve complementado por muestras de una actitud gubernamental encarnizada y excesiva, como el traslado de 141 capturados a Nayarit, las acusaciones desmesuradas, si no es que abiertamente falsas, contra muchos de ellos, y la fijación de fianzas absurdas algunas de cuatro millones de pesos como condición para liberar a algunos de los detenidos.
En su pérdida progresiva del sentido de realidad y de mesura, el foxismo terminó como había prometido que no sería: un gobierno represor. El calderonismo, acorralado por su falta de legitimidad y por la necesidad de soportes políticos, más allá de su propio partido, empezó negociando con el PRI la permanencia de Ulises Ruiz a cambio de la presencia de las bancadas legislativas tricolores que harían el quórum necesario para la toma de posesión presidencial del viernes. Ahora es necesario que el nuevo gobierno vea más allá de las apuradas condiciones de su inicio y contribuya a resolver el desastre oaxaqueño, del que es corresponsable de origen.
Para empezar, el Ejecutivo federal tendría que deponer su pretensión de eliminar, mediante el tolete, el gas lacrimógeno y las persecuciones políticas injustificadas, expresiones de conflictos sociales que requieren de soluciones de fondo. De no proceder así, de no privilegiar a la política por sobre la policía, el gobierno de Felipe Calderón no sólo agravará los problemas de origen sino que confirmará los peores augurios sobre sus tendencias autoritarias y represivas, agudizará, por esa vía, su propia crisis de legitimidad y, ante la cancelación definitiva de garantías, libertades y espacios de expresión, abrirá las puertas a manifestaciones políticas violentas.
Demagogia y burla
Felipe Calderón empieza a ejercer el gobierno con una medida claramente demagógica: la reducción de 10 por ciento a los salarios de los altos funcionarios de su administración, incluido el suyo.
El viernes pasado, en la reunión que protagonizó en el Auditorio Nacional, el sucesor de Vicente Fox prometió que promovería tal recorte, pero no especificó el porcentaje. Se señaló en este mismo espacio que el anuncio, tomado directamente de las propuestas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, resultaba poco convincente y podía ser el anticipo de una simulación: una disminución meramente simbólica de las percepciones de los altos funcionarios.
Así ocurrió. En un contexto social de desigualdades sociales abismales, y en el que los ingresos de los principales servidores públicos llegan a ser cien o doscientas veces mayores que los de los mexicanos que sobreviven con un salario mínimo, o con dos, o con menos que eso, el propósito de Calderón Hinojosa de ser austero al 10 por ciento constituye una burla a la sociedad, porque con él se pretende mantener a 90 por ciento unos sueldos escandalosos e inmorales.
No hay manera de creer en los propósitos de un equipo de gobierno que persevera en la práctica inmoral de otorgar a sus integrantes percepciones que son causa de enriquecimiento explicable y que pervierten el sentido del servicio público: si los titulares de instituciones supuestamente encargadas entre otras cosas de aliviar la desigualdad social optan por seguir perteneciendo a la ínfima minoría que obtiene ingresos mensuales por encima de los 100 mil pesos (el salario mínimo, cabe recordarlo, no llega a mil 500) puede darse por ficticia cualquier promesa de reducir la inequidad imperante.
La explicación ofrecida ayer por Calderón no deja margen a la defensa de un recorte tan insustancial a ingresos tan desmesurados: con él, dijo el titular del Poder Ejecutivo, se logrará un ahorro de 25 mil 500 millones de pesos, lo que equivale a la construcción de dos mil 500 escuelas y al financiamiento de seis millones de becas. Ello implica que si los gobernantes se aplicaran a sí mismos una reducción salarial menos simbólica, por ejemplo de 50 por ciento, la administración podría disponer de unos 127 mil 500 millones de pesos para reactivar la economía, crear fuentes de empleo, reducir la pobreza, generar infraestructura, rescatar al sector energético (Pemex y la CFE) del estado ruinoso en que se encuentra, e inclusive para fortalecer los mecanismos de combate a la delincuencia organizada y contrarrestar de esa forma la escandalosa inseguridad pública.
Cuando López Obrador, al inicio de su gestión al frente del Gobierno del Distrito Federal, redujo en una proporción mucho mayor a 10 por ciento su salario, y el de sus colaboradores inmediatos, los círculos dirigentes de Acción Nacional y del gobierno foxista Calderón formó parte de unos y del otro lanzaron feroces críticas a esa medida y la tildaron de demagógica y populista. Ahora el partido oficial se deshace en elogios ante un decreto presidencial que tendría que ser calificado, en aras de una mínima congruencia, con adjetivos similares.
El despliegue de fuerzas policiales federales en Oaxaca, que tenía como supuesto propósito el "restablecimiento de la legalidad y el orden", se ha traducido en una ruptura generalizada del estado de derecho, en un estado de excepción de hecho, en un apuntalamiento por la fuerza y la violencia del gobierno de Ulises Ruiz y en una escalada represiva que obliga a recordar las tácticas de contrainsurgencia de las dictaduras militares que asolaron este hemisferio en décadas pasadas. Organismos religiosos y de derechos humanos han documentado que en el empeño de los gobiernos federal y estatal por aplastar al movimiento ciudadano, que exige la salida del gobernador, se han cometido toda suerte de atropellos: detenciones injustificadas, desapariciones, torturas, fabricación de delitos, agresiones sexuales a mujeres, cateos ilegales y persecución de dirigentes políticos; al amparo de los contingentes de la Policía Federal Preventiva, grupos de choque de la autoridad local han perpetrado toda suerte de agresiones recuérdese que hay muertos en contra de activistas o simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) e inclusive contra transeúntes no involucrados de manera alguna con esa organización.
Esa suerte de esquema de contrainsurgencia, aplicado no contra organizaciones armadas sino contra un movimiento pacífico, como lo han sido a lo largo del conflicto el del gremio magisterial y el de la APPO, se ve complementado por muestras de una actitud gubernamental encarnizada y excesiva, como el traslado de 141 capturados a Nayarit, las acusaciones desmesuradas, si no es que abiertamente falsas, contra muchos de ellos, y la fijación de fianzas absurdas algunas de cuatro millones de pesos como condición para liberar a algunos de los detenidos.
En su pérdida progresiva del sentido de realidad y de mesura, el foxismo terminó como había prometido que no sería: un gobierno represor. El calderonismo, acorralado por su falta de legitimidad y por la necesidad de soportes políticos, más allá de su propio partido, empezó negociando con el PRI la permanencia de Ulises Ruiz a cambio de la presencia de las bancadas legislativas tricolores que harían el quórum necesario para la toma de posesión presidencial del viernes. Ahora es necesario que el nuevo gobierno vea más allá de las apuradas condiciones de su inicio y contribuya a resolver el desastre oaxaqueño, del que es corresponsable de origen.
Para empezar, el Ejecutivo federal tendría que deponer su pretensión de eliminar, mediante el tolete, el gas lacrimógeno y las persecuciones políticas injustificadas, expresiones de conflictos sociales que requieren de soluciones de fondo. De no proceder así, de no privilegiar a la política por sobre la policía, el gobierno de Felipe Calderón no sólo agravará los problemas de origen sino que confirmará los peores augurios sobre sus tendencias autoritarias y represivas, agudizará, por esa vía, su propia crisis de legitimidad y, ante la cancelación definitiva de garantías, libertades y espacios de expresión, abrirá las puertas a manifestaciones políticas violentas.
Demagogia y burla
Felipe Calderón empieza a ejercer el gobierno con una medida claramente demagógica: la reducción de 10 por ciento a los salarios de los altos funcionarios de su administración, incluido el suyo.
El viernes pasado, en la reunión que protagonizó en el Auditorio Nacional, el sucesor de Vicente Fox prometió que promovería tal recorte, pero no especificó el porcentaje. Se señaló en este mismo espacio que el anuncio, tomado directamente de las propuestas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, resultaba poco convincente y podía ser el anticipo de una simulación: una disminución meramente simbólica de las percepciones de los altos funcionarios.
Así ocurrió. En un contexto social de desigualdades sociales abismales, y en el que los ingresos de los principales servidores públicos llegan a ser cien o doscientas veces mayores que los de los mexicanos que sobreviven con un salario mínimo, o con dos, o con menos que eso, el propósito de Calderón Hinojosa de ser austero al 10 por ciento constituye una burla a la sociedad, porque con él se pretende mantener a 90 por ciento unos sueldos escandalosos e inmorales.
No hay manera de creer en los propósitos de un equipo de gobierno que persevera en la práctica inmoral de otorgar a sus integrantes percepciones que son causa de enriquecimiento explicable y que pervierten el sentido del servicio público: si los titulares de instituciones supuestamente encargadas entre otras cosas de aliviar la desigualdad social optan por seguir perteneciendo a la ínfima minoría que obtiene ingresos mensuales por encima de los 100 mil pesos (el salario mínimo, cabe recordarlo, no llega a mil 500) puede darse por ficticia cualquier promesa de reducir la inequidad imperante.
La explicación ofrecida ayer por Calderón no deja margen a la defensa de un recorte tan insustancial a ingresos tan desmesurados: con él, dijo el titular del Poder Ejecutivo, se logrará un ahorro de 25 mil 500 millones de pesos, lo que equivale a la construcción de dos mil 500 escuelas y al financiamiento de seis millones de becas. Ello implica que si los gobernantes se aplicaran a sí mismos una reducción salarial menos simbólica, por ejemplo de 50 por ciento, la administración podría disponer de unos 127 mil 500 millones de pesos para reactivar la economía, crear fuentes de empleo, reducir la pobreza, generar infraestructura, rescatar al sector energético (Pemex y la CFE) del estado ruinoso en que se encuentra, e inclusive para fortalecer los mecanismos de combate a la delincuencia organizada y contrarrestar de esa forma la escandalosa inseguridad pública.
Cuando López Obrador, al inicio de su gestión al frente del Gobierno del Distrito Federal, redujo en una proporción mucho mayor a 10 por ciento su salario, y el de sus colaboradores inmediatos, los círculos dirigentes de Acción Nacional y del gobierno foxista Calderón formó parte de unos y del otro lanzaron feroces críticas a esa medida y la tildaron de demagógica y populista. Ahora el partido oficial se deshace en elogios ante un decreto presidencial que tendría que ser calificado, en aras de una mínima congruencia, con adjetivos similares.
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