Perfume de Gardenias
http://www.youtube.com/watch?v=w9MjcQETrzQ
Enamorado de ti
http://www.youtube.com/watch?v=z_le6jLBEWA
Ojos Marinos
http://www.youtube.com/watch?v=c63SiFkqlao
Pompas Ricas
http://www.youtube.com/watch?v=gLk7ZVW3MsE
miércoles, mayo 21, 2008
Boletín Informativo ISA núm 424
http://serviciodenoticiasisa
Sumario:
I. El Sendero del Peje, por Laura Itzel Castillo
II. “El petróleo debe permanecer en manos del Estado, porque es falso que no haya dinero para mejorar la infraestructura del Pemex”: AMLO
III. Hambruna, por Alejandro Encinas
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EL SENDERO DEL PEJE
por Laura Itzel Castillo
(publicado en El Gráfico el 21 de mayo de 2008)
El lunes pasado salió a la luz pública el primer número de El Sendero del Peje en su versión impresa. Ya antes, la semana pasada, se habían distribuido dos números de prueba. La nueva publicación, en formato tabloide, circulará en el Distrito Federal de lunes a viernes, con un costo de cinco pesos el ejemplar. Es una buena noticia por donde quiera que se le vea.
Cierto: no es fácil trasladar a un periódico impreso el trabajo hecho por jóvenes entusiastas y valientes en el blog del mismo nombre, pero la experiencia empresarial y periodística del director, Federico Arreola, hará posible redondear el esfuerzo voluntarioso y comprometido de Víctor Hernández y su equipo.
Desde 2004, pero especialmente en 2006, El Sendero es un verdadero fenómeno de comunicación, ante la cerrazón de los grandes medios electrónicos, que desde la época del desafuero tomaron partido en contra de Andrés Manuel López Obrador.
Durante los comicios, esos medios —especialmente Televisa— no sólo formaron parte activa, sino que encabezaron, sin el menor rubor, esa coalición de intereses inconfesables que impuso en el poder al usurpador Felipe Calderón.
Efectivamente, hubo algunas estaciones de radio, periódicos y revistas, a lo largo y ancho del país, que actuaron de manera profesional y no se sumaron a la guerra sucia. Sin embargo, fueron minoría. Esta realidad hizo que surgieran espacios de comunicación alternativa, como el blog de Víctor Hernández, que resultaron fundamentales para hacer llegar la información y los análisis de campaña a diversos segmentos de la población.
El Sendero del Peje puede convertirse en un medio muy importante en el contexto de la polarización política actual, acrecentada con el intento del régimen espurio de entregar la renta petrolera a intereses privados nacionales y extranjeros.
El nuevo proyecto tiene frente a sí enormes retos para lograr su consolidación. Importa el contenido, desde luego, pero también el diseño empresarial. Sin éste no hay lo otro. Lo más difícil no es salir a circulación, sino mantenerse. Ojalá que lo logre. Mejor: que esfuerzos como éste se multipliquen por todo el país y que se vinculen o asocien entre sí, pues la unión hace la fuerza. Quizá de esta manera podamos rescatar a buena parte de la opinión pública, secuestrada hoy por los grandes medios electrónicos. Ellos sí que son un peligro para México.
Por cierto, desde hace varios meses se viene configurando un amplio proyecto de comunicación, distinto a éste, pero similar en el objetivo de abrir nuevos espacios. Próximamente aparecerá con el nombre Desde la Izquierda e incluirá una revista, un periódico digital y un medio impreso masivo de distribución gratuita. Se trata de un diseño empresarial, periodístico y político, en ese orden, que bien vale la pena apoyar. Pero de ello escribiré la próxima semana.
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“EL PETRÓLEO DEBE PERMANECER EN MANOS DEL ESTADO, PORQUE ES FALSO QUE NO HAYA DINERO PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL PEMEX”: AMLO
“Aprobar la iniciativa de reforma impulsada por el gobierno usurpador de Felipe Calderón para privatizar la industria petrolera sólo incrementará los niveles de inseguridad y violencia en la República Mexicana porque decrecerán la oferta de empleo, las oportunidades de educación para los jóvenes y el ingreso de la mayoría de las familias mexicanas”, alertó Andrés Manuel López Obrador, durante sus actividades de organización de las brigadas en defensa del petróleo.
Este día, su recorrido tocó ciudades de Durango y de Coahuila. Desde la capital del primer estado, el presidente legítimo de México precisó: “Calderón y la derecha panista están empecinados en continuar aplicando la actual política económica neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos y, al mismo tiempo, ha dejado en la pobreza a millones de familias. El presidente pelele no puede combatir la delincuencia y el crimen organizado porque sólo se ha dedicado a atender los efectos y no las causas que genera la violencia en el territorio nacional”.
Al conceder una entrevista a los representantes de los medios de comunicación, López Obrador puntualizó que el narcotráfico y la inseguridad que prevalecen en México son fruto de la descomposición social que se registra en los últimos 25 años, es decir, desde que se impuso el modelo económico neoliberal que no ofrece empleo ni bienestar a los mexicanos.
Por ello, propuso atender las causas de la violencia en el país, principalmente ofrecer fuentes de empleo, garantizar la educación media y media superior para los jóvenes y asegurar al ciento por ciento el ingreso económico de las familias.
Asimismo, continuó, “debe combatirse a fondo la corrupción en el gobierno usurpador, especialmente en Petróleos Mexicanos”. Y se preguntó: “¿Qué ejemplo puede dar Calderón de rectitud, de integridad y de moralidad, si él no ganó la Presidencia de la República? ¿O qué ejemplo puede dar el secretario de Gobernación del gobierno usurpador, Juan Camilo Mouriño, si él es un delincuente confeso, un traficante de influencias?”.
López Obrador reiteró la necesidad de crear un comité anticorrupción en el Consejo de Administración de Pemex, con la deliberada intención de evitar la repetición de casos similares al de Mouriño. “Ahora, la derecha panista cree tener el dominio de la Nación y quiere privatizar el petróleo para regresar al país a la época del Porfiriato, donde las empresas extranjeras tenían en su poder la industria petrolera”, explicó.
Al iniciar la tercera gira por el país para fortalecer el movimiento en defensa del petróleo, convocó a los brigadistas a defender el hidrocarburo, “para evitar convertirnos en una colonia y seguir siendo un país libre y soberano. El petróleo bien manejado puede convertirse en una palanca para el desarrollo nacional, aun con los actos de corrupción que se han realizado en Petróleos Mexicanos”, añadió.
Apuntó que de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen de la venta del petróleo al extranjero, y además del hidrocarburo salen los fondos para construir la infraestructura que necesita la población. “El petróleo debe permanecer en manos del Estado, porque es falso que no haya dinero para mejorar la infraestructura del Pemex, si el gobierno usurpador obtiene 20 mil millones de dólares por los excedentes de la venta del hidrocarburo”, indicó.
Andrés Manuel López Obrador detalló que sólo 25 por ciento de los 20 mil millones de dólares de excedentes petroleros se transfieren a los gobiernos estatales. “El presidente pelele tiene apergollados a gobernadores como el de Durango, Ismael Hernández, quien hace poco, como lambiscón, manifestó su apoyo a la aprobación a la denominada reforma energética”, mencionó.
Agregó que el restante 75 por ciento de los excedentes por la venta del crudo “debería aplicarlo el gobierno usurpador para fortalecer Pemex y construir 5 refinerías, en vez de entregar el patrimonio nacional a empresas extranjeras”.
Al hacer un reconocimiento al fundador de las Redes Ciudadanas de Durango, Máximo Gámiz, invitó a los brigadistas a convertirse en un medio de comunicación “para romper el cerco informativo que ha impuesto el gobierno espurio alrededor del movimiento en defensa del petróleo. Los potentados cuentan con el apoyo de los medios de comunicación, especialmente con la televisión; sin embargo el movimiento en defensa del petróleo tiene a la gente”, aseguró.
Detalló que para finales de junio habrá 200 mil brigadistas, de los cuales mil 500 serán de Durango, y se encargarán de visitar 10 millones de familias “para informar sobre la intención del gobierno usurpador de privatizar el petróleo”.
Explicó que este martes comenzó la gira para reunirse con los brigadistas de los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Colima.
Frente a los brigadistas de Durango y Guadalupe Victoria, López Obrador sostuvo que aunque haya diferencias en el PRD o en otros partidos políticos, la defensa del petróleo debe estar por encima “de los intereses personales o de los partidos”.
Ante la declaración del PRI de estar de acuerdo con que se aplique un referéndum para saber si los mexicanos aprueban o rechazan la privatización del petróleo, López Obrador contestó: “ojalá y (los legisladores priistas) no se vayan a rajar y qué bueno que aceptaron la consulta popular”.
Para mañana, el presidente legítimo de México acudirá a Monclova y Saltillo, Coahuila.
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HAMBRUNA
por Alejandro Encinas Rodríguez
(publicado en El Universal el 20 de mayo de 2008)
El incremento en los precios de los alimentos en el mundo ha puesto en evidencia el fracaso de la política agropecuaria instrumentada durante las últimas décadas por los gobiernos neoliberales, y tira por la borda las tesis que implicaron el desmantelamiento productivo del campo mexicano.
Con una enorme dosis de dogmatismo y sigilo de grandes negocios, la tecnocracia nacional sostuvo durante años que para mantener tasas bajas de inflación era necesario importar alimentos baratos del exterior; que no importaba incrementar nuestra dependencia alimentaria dada la disponibilidad de productos en el mercado internacional, y que no era rentable mantener una política de estímulos y subsidios en un campo que carecía de niveles de competitividad frente a sus homólogos de América del Norte.
La realidad ha mostrado el equívoco de estas medidas: los alimentos se han incorporado al mercado de futuros y a la especulación internacional; la crisis internacional de alimentos a obligado a los países productores a priorizar su abasto, manteniendo altos niveles de subsidio a sus productores; en tanto que el campo mexicano se encuentra incapaz de responder en el corto plazo para garantizar el abasto de alimentos en el país.
Estamos ante un serio problema que va más allá de la especulación de inversionistas que buscan la ganancia rápida, pues como lo ha señalado Jacques Diouf, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, son diversos los factores que han conducido a esta situación: la caída en la producción debido al cambio climático; niveles de existencias sumamente bajos; un mayor nivel de consumo en economías emergentes, como China e India; altos costos de energía y transporte; y, sobre todo, la demanda cada vez mayor para la producción de biocombustibles.
En ese sentido, la FAO ha insistido en que el aumento mundial de la producción de biocombustibles amenaza el acceso a los productos alimenticios de las poblaciones pobres, ya que su producción se hace en detrimento de los cultivos de plantas comestibles utilizando las reservas de agua, desviando tierras y capitales, lo que origina un aumento en los precios de los alimentos, poniendo en riesgo el acceso a los víveres de los sectores menos favorecidos.
Esta situación ha alentado el alza de precios. De acuerdo con datos de la FAO, entre marzo de 2007 y marzo de 2008 el precio del trigo aumentó 130%, la soya 87%, el arroz 74% y el maíz 31%.
El mismo Banco Mundial advirtió que la duplicación en los precios durante los tres últimos años podría hundir más en la miseria a 100 millones de personas, lo que significaría, de acuerdo con la Cepal, que en América Latina más de 84.2 millones de personas vivirán en la indigencia.
En México las expectativas no son distintas. Los resultados dados a conocer por INEGI, Conapo y Sedesol en la presentación del estudio Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005 dan cuenta de que uno de cada tres habitantes de estas ciudades vive en situación de pobreza alimentaria y poco más de la mitad vive en pobreza patrimonial.
Es decir, 5 millones de habitantes de las grandes ciudades no gana lo suficiente para pagar su alimento diario, poco más de 10 millones no satisfacen sus necesidades de educación y salud, y poco más de 20 millones no satisfacen sus necesidades de vivienda, transporte y vestido. Situación que se agrava en el medio rural.
Esta emergencia reclama una renovación urgente del campo mexicano, lo que implica formular una política de Estado que revitalice al sector agropecuario —en la agricultura comercial y en la de autoconsumo—, que permita garantizar la seguridad alimentaria del país y deje atrás la falsa ilusión de las ventajas comparativas que ha llevado a niveles de riesgo el abasto de alimentos a la población.
Calderón no entiende
Del Correo:
Hace unos días Felipe Calderón convocó al diálogo para la Reforma Energética. En todos los foros establecidos, formal e informalmente, en todas las conversaciones en las calles, oficinas centros de estudio e investigación, el los mercados y en todo México, fue rechazada dicha iniciativa por todos o al menos por la abrumadora mayoría. Bueno, el monaguillo que fue nombrado por Felipe Calderón para presidir al PAN, estuvo de acuerdo, pero nadie aportó alguna idea para hacer cambiar de opinión a quienes no estamos de acuerdo con dicha iniciativa, en primer lugar por ser anticonstitucional, y fuera de la Constitución no se debe hacer nada. Tenemos que defender el Estado de Derecho.
Ahora dice que es urgente que se apruebe dicha iniciativa. ¿Qué pensará este señor? Está metido hasta el cuello con los narcos que cada día toman mayor fuerza y ahora matan en una guerra de posiciones o toman venganza contra pueblos indefensos como lo hacían los nazis en la Francia ocupada. No ha podido impulsar la creación de empleos. Sigue fomentando la impunidad al defender a Mouriño, al Gober Precioso, al gobernador de Oaxaca, a Fox, Martita y a sus hijos.
¿Qué le pasará? ¿Qué pensará que somos los mexicanos? ¿Creerá que a partir de una campaña tonta, repetitiva y muy poco efectiva, nos convenció a todos de vender nuestro patrimonio a terceros para que lo exploten y se vuelvan más ricos? ¿Tendrá idea del problema que se viene si esa "reforma" es aprobada?
Les envío un saludo fraterno.
Hace unos días Felipe Calderón convocó al diálogo para la Reforma Energética. En todos los foros establecidos, formal e informalmente, en todas las conversaciones en las calles, oficinas centros de estudio e investigación, el los mercados y en todo México, fue rechazada dicha iniciativa por todos o al menos por la abrumadora mayoría. Bueno, el monaguillo que fue nombrado por Felipe Calderón para presidir al PAN, estuvo de acuerdo, pero nadie aportó alguna idea para hacer cambiar de opinión a quienes no estamos de acuerdo con dicha iniciativa, en primer lugar por ser anticonstitucional, y fuera de la Constitución no se debe hacer nada. Tenemos que defender el Estado de Derecho.
Ahora dice que es urgente que se apruebe dicha iniciativa. ¿Qué pensará este señor? Está metido hasta el cuello con los narcos que cada día toman mayor fuerza y ahora matan en una guerra de posiciones o toman venganza contra pueblos indefensos como lo hacían los nazis en la Francia ocupada. No ha podido impulsar la creación de empleos. Sigue fomentando la impunidad al defender a Mouriño, al Gober Precioso, al gobernador de Oaxaca, a Fox, Martita y a sus hijos.
¿Qué le pasará? ¿Qué pensará que somos los mexicanos? ¿Creerá que a partir de una campaña tonta, repetitiva y muy poco efectiva, nos convenció a todos de vender nuestro patrimonio a terceros para que lo exploten y se vuelvan más ricos? ¿Tendrá idea del problema que se viene si esa "reforma" es aprobada?
Les envío un saludo fraterno.
Defensa del Petróleo y la Electricidad - Actividades
El próximo jueves 22 de mayo a las 18.00 hrs.
el Lic. Mario Di Costanzo darà una conferencia titulada
"Pemex y el futuro de la Nación"
Te invitamos para que nos acompañes en el Salón Morelos de la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, ubicada en Francisco Sosa 202, frente a la Plaza de Santa Catarina, en el Centro Histórico de Coyoacán.
Agradecemos tu interés y apoyo en la lucha por la defensa de la soberanía.
(entrada libre)
Esperamos contar con tu presencia, saludos.
Arq. Laura Itzel Castillo Juárez
Gobierno Legítimo de México
Justifica Germán Martínez retiro de debate pretrolero
Ricardo Gómez
El Universal
Asegura que los presidentes de otros partidos políticos ya sabían que abandonaría el lugar luego de su discurso, por lo que negó que se haya tratado de una grosería o una intención de reventar el debate.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Germán Martínez, justificó ante miembros de su partido su salida del debate energético que se lleva a cabo en el Senado, durante el inicio de los trabajos el pasado 13 de mayo. En la reunión privada que celebró el CEN la noche del martes, Martínez aseguró ante sus correligionarios que los presidentes de otros partidos políticos ya sabían que abandonaría el lugar luego de su discurso, por lo que negó que se haya tratado de una grosería o una intención de reventar el debate. Martínez matizó así su accionar al inicio del debate energético. Fuentes que acudieron a la reunión explicaron a EL UNIVERSAL que el senador Santiago Creel, presidente del Senado y coordinador de su bancada, apoyó a Germán Martínez en su defensa. La salida intempestiva de Martínez del debate para asistir a una entrevista radiofónica causó polémica, pues antes había emitido un discurso para algunos fuerte y crítico contra el PRD y Andrés Manuel López Obrador, que se salía de la característica del debate energético. En el mismo encuentro del martes, el PAN nombró a los gobernadores de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y de Morelos, Marco Antonio Adame, como representantes del partido para asistir a las mesas del debate petrolero, aunque quedó pendiente el nombramiento de un tercero.
TETOS EN ACCION!
La burla
Integrantes de la Comisión MouriñoDesde su formación, la comisión legislativa creada para investigar a Juan Camilo Mouriño fue criticada por los legisladores del PRD, quienes se abstuvieron de participar en ella. Tras analizar el informe del órgano legislativo, el abogado Pablo Casas Lías y el diputado perredista Juan N. Guerra denuncian las fallas en que incurrieron los comisionados y concluyen que todo fue una simulación para exonerar al secretario de Gobernación del escándalo por sus negocios familiares con Pemex.Los integrantes de la comisión especial creada en la Cámara de Diputados para investigar la legalidad de los contratos que Pemex Refinación entregó a la empresa Transportes Especializados Ivancar (TEISA), de la familia de Juan Camilo Mouriño, incumplieron su mandato.Luego de analizar el informe de 69 cuartillas presentado por legisladores, el abogado Pablo Casas Lías, especialista en derecho penal y administrativo, y Juan N. Guerra, diputado del PRD, concluyen que los comisionados se extralimitaron en sus funciones, por lo que pueden ser sometidos a juicio político.Casas Lías, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, asegura: “Contrario a la naturaleza y objeto con que fue creada la comisión, y conforme a lo que dispone el artículo 93 constitucional, los diputados se excedieron en sus funciones y fueron más allá de ellas al pretender exculpar a un particular como lo es Juan Camilo Mouriño, dejando de referirse exclusivamente en sus conclusiones al estado del funcionamiento del organismo denominado Pemex Refinación”.Luego de que la revista Contralínea, en su edición del 16 de febrero pasado, reveló la existencia de ocho contratos que Pemex Refinación entregó a la empresa familiar de Juan Camilo Mouriño Terrazo sin licitación alguna (en los que éste aparece como apoderado legal de TEISA, por lo que tiene la doble calidad de proveedor del gobierno y servidor público), la Cámara de Diputados conformó una comisión especial que indagaría todos los contratos entregados por la subsidiaria de Pemex a partir de 1997.Casas Lías insiste: la comisión debió emitir conclusiones “únicamente respecto del funcionamiento de Pemex Refinación, ya que la aplicación e interpretación de la ley y la legalidad de un acto o hecho jurídico compete exclusivamente al Poder Judicial de la federación, por lo que al exculpar a Juan Camilo Mouriño de cualquier responsabilidad y considerar legales los contratos de Ivancar, conlleva exceso en el actuar de la comisión. Pero no sólo eso, sino que para exculparlo hicieron una interpretación absurda de la ley”.La ley, explica el abogado, los mandató para que investigaran “la legalidad de los contratos de Pemex Refinación de 1997 a la fecha”, encomienda que los legisladores no cumplieron porque, asegura, limitaron su estudio al análisis de los contratos de 2000 a 2004; y de éstos, sólo incluyeron los que la paraestatal entregó a la empresa Ivancar y luego únicamente a los que firmó Juan Camilo Mouriño.Sólo por este hecho se les puede fincar el juicio político, reitera Casas, pues la Constitución dice en su artículo 109 que esto puede ocurrir “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales”.El diputado Juan N. Guerra va más allá. Considera que los miembros de la comisión dejaron de lado su responsabilidad de investigar porque ni siquiera analizaron bien los contratos. “En este caso, el objeto no era la investigación a Mouriño como persona, la investigación sólo se justificaba en la medida en que se analizara la legalidad o ilegalidad de los contratos que otorga Pemex a los particulares, y eso no se ve en su informe”.“No fueron a investigar, no vieron si los contratos están dentro de las leyes, si su entrega fue discrecional, si la adjudicación directa se justificó o no. A partir de ahí, el asunto sobre un particular vendría con posterioridad, se daría de manera natural”, explica el perredista.Enfatiza que precisamente su partido, igual que el PT y Convergencia, decidió no participar en dicha comisión por considerar que estaba planeada para exonerar al secretario de Gobernación.A su vez, el abogado Casas Lías dice que el informe de la comisión “es una burla” de los legisladores y hasta absurda en sus razonamientos para tratar de exonerar a Juan Camilo Mouriño.
Un “simple apoderado”
La comisión legislativa determinó que los contratos que entregó Pemex Refinación a Ivancar son legales. Arguye en su informe que la Constitución establece en su artículo 134 que los bienes y servicios prestados al Estado deben hacerse mediante licitación pública, pero también prevé las adjudicaciones directas, siempre y cuando exista una justificación, como el beneficio económico para el gobierno.Para respaldarse, los miembros de la comisión presentaron las actas del Comité de Adquisiciones de Pemex Refinación en las que se alude al párrafo tercero del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, donde se explica que se pueden hacer contratos sin licitación cuando “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.Sin embargo, el abogado Casas Lías señala que la comisión nunca pidió el análisis económico donde se justifique que sale más barato adjudicar que licitar, como lo obliga el artículo 12 de la misma ley. “A partir de ahí todos los convenios establecidos por Pemex Refinación son ilegales y un convenio no puede estar por encima de una ley, aunque esta subsidiaria haya firmado el famoso convenio marco con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar)”.Por lo que atañe a la ilegalidad del contrato, dice, los legisladores fueron omisos en su obligación de investigar. Se quedaron con los argumentos que les dio la paraestatal, cuyos representantes alegaron que el convenio marco les ofrecía “flexibilidad” en la prestación del servicio. Pero tampoco dicen con base en qué norma fundamentan esa interpretación, insiste el abogado.Lo más grave, añade, es la exoneración de Juan Camilo Mouriño. Para decretarla recurrieron a una interpretación de las leyes que el secretario de Gobernación violentó cuando firmó los contratos en su calidad de “representante legal” de la empresa de su familia. Él no debió hacerlo porque era servidor público.Para empezar, en lugar de analizar los 16 contratos que se entregaron a Ivancar o TEISA, los legisladores se limitaron a seis convenios, los de 2000 a 2004, porque fueron firmados por Juan Camilo Mouriño en su calidad de “apoderado legal”, cuando ocupó los cargos de diputado federal y director general de Planeación Energética de la Secretaría de Energía.El abogado se remite a la página 41 del informe de la comisión. Ahí, afirma, los legisladores hicieron un análisis del artículo 50, párrafo II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que las dependencias y entidades se abstendrán de recibir o celebrar contratos con las siguientes personas: “las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.Aquí inicia la burla de los diputados, señala el abogado. Para exculpar a Mouriño Terrazo, prosigue, los comisionados interpretaron este artículo diciendo que “cuando la administración pública contrata con una persona moral (como el caso de Ivancar), debe cerciorarse de que no forme parte de la sociedad contratante un servidor público federal, siendo irrelevante que quien la representa en el acto de la celebración o firma del convenio sea un servidor público federal, siempre que dicho individuo no forme parte de la sociedad. La hipótesis legal no excluye a persona física alguna de representar a la sociedad, pues su prohibición sólo se refiere a las sociedades contratantes de las que forme parte un servidor público, la cual, como se explica, no incluye al simple apoderado”.Antes de señalar lo anterior en su informe, la comisión recuerda que Juan Camilo Mouriño donó sus acciones de Ivancar en 1999, convirtiéndose en un “simple apoderado legal”.De igual forma, la comisión afirma que la Ley de Adquisiciones prohíbe que se contrate con sociedades de las que forme parte un servidor público federal, pero justifica al secretario de Gobernación: “Al respecto, esta comisión conoció que el señor Juan Camilo Mouriño Terrazo dejó de ser accionista de TEISA el 2 de julio de 1999, por lo que en las fechas de celebración de los convenios investigados, esto es entre el 20 de diciembre de 2000 y el 29 de diciembre de 2004, ya no formaba parte de la sociedad contratante. Así mismo, el señor Juan Camilo Mouriño Terrazo nunca ha sido administrador único, consejero ni comisario de TEISA, por lo que, en opinión de esta comisión, no formaba parte de esa sociedad.”Eso es un absurdo, dice el abogado Casas, porque la ley se aplica tanto para el que solicita el contrato como para el que contrata. Juan Camilo, quien firma como “apoderado legal”, era también un servidor público aunque ya no tuviera acciones en la empresa.La comisión sostiene: “Si bien Juan Camilo Mouriño actuó como apoderado legal de la empresa en la firma de los convenios, no por ello puede considerársele legalmente como parte de la empresa TEISA. En efecto, si bien el apoderado legal tiene una relación jurídica con la sociedad, no forma parte de ella, ya que la representación que ostenta deriva de una relación contractual posterior a la formación de la sociedad, es decir, no es consecuencia necesaria y concomitante de su creación, ni es esencial para su operación”. Y remata: “De lo anterior se desprende que Juan Camilo Mouriño, en su carácter de mero apoderado legal de TEISA, no formaba parte de la sociedad en las fechas de celebración de los convenios”.
Análisis a modo
El abogado Casas Lías agrega que, en su afán por exonerar a Mouriño, los diputados reconocen que el actual secretario de Gobernación forma parte del Grupo Energético del Sureste, del que a su vez forma parte TEISA, pero argumentan que no pueden incluir a GES en su análisis porque eso sería como no reconocerle la personalidad jurídica individual a TEISA.“Para esta comisión no pasó inadvertido el hecho de que en algunas de las fechas de celebración de los convenios con Pemex Refinación, el señor Juan Camilo Mouriño era accionista de GES que, como se ha dicho, es la sociedad controladora de TEISA; sin embargo, la prohibición del artículo 50, fracción II de la Ley de Adquisiciones no abarca a las demás empresas que forman parte del mismo grupo empresarial, por lo que no impide que Pemex Refinación celebre contratos con sociedades controladas por una sociedad controladora de la que formen parte servidores públicos federales.”Otra anomalía que detectó el abogado radica en la manera en que los legisladores tratan de exculpar a Mouriño de haber violado el artículo 47, fracciones I, III, XII, XV y XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.Este artículo se refiere a las obligaciones de los servidores públicos, entre ellas “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia…, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”. Y la fracción I establece que debe “cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.Sin embargo, los diputados de la comisión consideran que esta disposición “sólo rige a quien decide en nombre de la Administración Pública Federal”.Por esta razón, exponen en su informe, “en el caso que nos ocupa, el señor Juan Camilo Mouriño suscribió los convenios en su carácter de apoderado legal de TEISA, que es un particular, y no como servidor público de Pemex Refinación. Si bien el señor Juan Camilo Mouriño se desempeñaba como servidor público federal, su cargo no lo ocupaba en Pemex Refinación sino como diputado federal y en consecuencia los convenios no los suscribió en el ámbito de sus cargos y dentro de los límites de los servicios que tenía encomendados.“En consecuencia, no existe indicio para suponer que la suscripción de los convenios con Pemex Refinación por parte del señor Juan Camilo Mouriño representara que incumpliera con los servicios que tenía encomendados en otro ámbito, ni que se causara la suspensión o deficiencia de dichos servicios, ni implicó abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.”Esta es una de las aberraciones más grandes, dice el abogado, porque la ley no hace distingos entre el que entrega el contrato y el que lo firma, sólo se refiere a los servidores públicos.El diputado Juan N. Guerra lo secunda: “Entonces esto también puede aplicar al Ejecutivo federal y éste puede hacer todos los negocios que quiera de una empresa de él con el gobierno. Total, el que firma no lo hace en calidad de director del área contratante, ¡sino como particular!”.Este mismo artículado especifica en su fracción XIII que los servidores públicos deben “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta en cuarto grado, por afinidad o civiles, para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.Para Casas Lías esta fracción XIII muestra claramente que el secretario de Gobernación incurrió en una violación a la ley, pero no es así para los miembros de la comisión investigadora.En su interpretación de la ley, los legisladores dicen: “Esta disposición busca inhibir a quien decide en nombre de la Administración Pública Federal… La ley no tiene como propósito extender la prohibición con sus consecuencias a las personas que tramitan dichos asuntos ante la autoridad en su carácter de particulares”.Para los diputados de la comisión, Mouriño suscribió los convenios “en su carácter de apoderado legal de TEISA, que es un particular, y no como servidor público de Pemex Refinación”. Por eso afirman: “Si bien el señor Juan Camilo Mouriño Terrazo se desempeñaba como servidor público federal, su cargo no lo ocupaba en Pemex Refinación y, en consecuencia, los convenios no los suscribió en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.Para Juan N. Guerra, las violaciones a la ley en que incurrió Juan Camilo Mouriño se traducen en “tráfico de influencias”. Los contratos entregados a funcionarios, añade, trasgreden la ley de responsabilidades, “pero lo que hace esta comisión, de manera ilegal y chueca para exonerarlo, es interpretar la ley para protegerlo.“Ahora resulta que el asunto de beneficiarse con contratos sólo es aplicable a los responsables de las unidades de ejecución del gasto. Esto es un absurdo. La ley no hace distingos y ahora estos diputados consideran que no importa que seas funcionario federal. Es una burla total”, concluye el legislador perredista.Entre los diputados que exoneraron a Mouriño está el priista Raúl Cervantes, quien ha sido asesor de la Canacar, asociación a la que pertenece la empresa familiar del secretario de Gobernación y con la que Pemex Refinación firmó el convenio marco que el abogado Casas Lías considera ilegal.“Tan sólo por este hecho debió excusarse de participar”, considera Juan N. Guerra, quien asegura que no le extraña la actitud del presidente de la comisión, Xavier López Adame, miembros del PVEM, “pues este partido siempre se ha caracterizado por la negociación con el gobierno”.“Del que sí me extraña es del representante de Alternativa, Armando García Méndez; no tengo indicios para decir que lo compraron, en todo caso supondría que lo chamaquearon o lo mayoritearon.”De Miguel Ángel Jiménez Godínez, representante del Partido Nueva Alianza (Panal) en la comisión, el perredista sostiene que el acuerdo político entre Felipe Calderón y Elba Esther, de quien depende este partido, es demasiado fuerte como para no exonerar al amigo del presidente.En cuanto a los panistas, Guerra asegura: “¿Qué puede uno esperar de ellos? Obdulio Ávila Mayo fue quien hizo campaña por Felipe Calderón para la candidatura presidencial. Lo menos que puede hacer él es defender al amigo de su jefe”.
La desesperación
Materia FECALTras el asesinato del “cerebro” de la estrategia de Felipe Calderón contra el narcotráfico, el presidente montó en ira: regañó a los poderes Judicial y Legislativo y acusó a los medios de comunicación de colaborar con el narcotráfico. Destacados personajes de esos ámbitos consideran que la actitud del mandatario no sólo es equivocada y autoritaria, sino que el problema viene desde el propio Ejecutivo, quien emprendió su guerra de manera unilateral y sin el consenso de los Poderes de la Unión ni de los sectores sociales a los que hoy reprende. Así que, al reclamarle a la sociedad una mayor colaboración, lo único que está propiciando es que la gente le diga: “Oiga presidente, ¡ya basta!” El exabrupto presidencial del 12 de mayo último, cuando Felipe Calderón responsabilizó con un “¡Ya basta!” a los poderes Legislativo y Judicial, a los ciudadanos y aun a los medios de comunicación de su propio fracaso en su guerra contra el narcotráfico, “es injusto y absurdo”, según la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, mientras que para la periodista Carmen Aristegui es una mezcla de “preocupación y desesperación, y una dosis de intolerancia”.Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, respondieron así a una solicitud de Proceso para comentar las declaraciones del presidente: “no hay ni habrá ninguna declaración”.Lo cierto es que los hermanos Beltrán Leyva –miembros del cártel de Sinaloa– tocaron el sistema nervioso del gobierno cuando ejecutaron a mansalva al coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), Édgar Eusebio Millán Gómez, considerado por las autoridades como “el cerebro” de la estrategia contra el narcotráfico.Ante esto, el presidente Felipe Calderón acusó a los medios de comunicación de colaborar con la delincuencia; al Poder Judicial le reprochó no revisar la actuación de los jueces fomentando la impunidad y a los legisladores les exigió ponerse a trabajar para que los delincuentes no regresen a la calle.Durante 6 minutos y 58 segundos, el mandatario golpeó con frecuencia el atril colocado al pie de la escalinata de la residencia Miguel Alemán, ubicada dentro de Los Pinos, al responder a un pregunta hecha por los reporteros de la fuente presidencial en torno a la percepción de algunos sectores de la sociedad en el sentido de que su estrategia contra el narcotráfico está fracasando.Los comunicadores, antes de iniciar la rueda de prensa con motivo de la visita oficial del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, también acordaron pedir una explicación sobre su exclamación “¡Ya basta!”, lanzada por Calderón en Reynosa, Tamaulipas, horas después de que se conociera el asesinato.Cuando la reportera de Excélsior Ivonne Melgar acababa apenas de concluir la pregunta, el mandatario apretó la mandíbula y arrugó la frente. “El ‘¡Ya basta!’ es una convocatoria y es una exigencia a todos sin excepción: a los ciudadanos, para no ser cómplices de la ilegalidad, para denunciar los delitos, para avisar a las autoridades de las operaciones criminales, para no solapar la existencia ni en el barrio ni en la ciudad ni en el comercio ni en la cámara empresarial, de las organizaciones criminales”, dijo en tono enérgico, lanzando una aguda, punzante mirada hacia los rostros de los comunicadores.Apenas un día antes de ese encuentro, el domingo 11 de mayo, los diarios locales en Sinaloa y los periódicos de circulación nacional reportaron que las calles de Culiacán estaban vacías. La gente sentía miedo luego del tiroteo entre grupos de narcotraficantes durante el cual resultó muerto Édgar Guzmán, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Sicosis y miedo atrapan a Sinaloa, tituló en su primera plana El Universal. Festejan con temor las mamás su día, rezó el encabezado del Noroeste, editado en Culiacán.No obstante, al mandatario este tipo de tratamientos, noticias y crónicas no lo hicieron cambiar. Por el contrario, advirtió que su gobierno seguirá adelante sin sumarse “al abandono, a la cobardía o la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación”.Cada frase del mandatario iba acompañada de un manotazo al aire, de golpes al atril; ya fuera con la palma de la mano o clavando el dedo índice en la madera.Calderón arremetió primero contra los legisladores:“El ‘¡Ya basta!’, es un llamado a los líderes del Congreso para tener una legislación que permita terminar con la impunidad con la cual los delincuentes salen de las prisiones. El asesino material de Édgar Millán había estado preso tres veces en el Distrito Federal por diversos delitos, y las tres veces, a los pocos meses, obtuvo su liberación; eso es inaceptable”.El vehemente reclamo de Felipe Calderón “es injusto y absurdo”, responde la aún presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta.Entrevistada por Proceso, pide al mandatario tomar las cosas con más calma y, sobre todo, reflexionar en qué pretende cuando la experiencia internacional arroja que el endurecer las leyes no necesariamente significa disminuir la violencia.El Poder Legislativo, puntualizó, “no puede sumarse a ciegas a su estrategia contra el narcotráfico como si fuéramos la PGR”. El problema, añadió, no va a resolverse acusando a los diputados, cuando en los hechos su plan contra la delincuencia consiste sólo en empuñar las armas.“Es absurdo pensar que los legisladores van a levantar la mano sólo para sumarse a las persecuciones contra los jefes del narcotráfico. No es posible que pretenda utilizar a los mexicanos para que sólo digan dónde están vendiendo droga, sin programas de prevención y de participación ciudadana.”
–¿Qué es no sumarse a ciegas?–No sabemos si en la estrategia oficial hay cabida para algo más que no sean los soldados y la rigidez de las leyes, dejando a un lado otras experiencias internacionales que han rendido frutos, como fue en Palermo, Italia, por citar un ejemplo. “Sin impulsar un programa de prevención del delito, difícilmente va a lograrse un consenso. Si en la Iglesia, por ejemplo, difunde la cultura de la legalidad y de no consumir drogas, entonces las cosas van a empezar a cambiar”, explica la legisladora mientras sostiene entre las manos un documento emanado de su corriente partidista, Nueva Izquierda, en el cual retomaron la experiencia de dos ciudades: Medellín y Palermo.
–¿Y cómo enfrentar entonces a los jefes del narcotráfico?
–La estrategia del gobierno es solamente de una cara: las armas. No hay que denostar el trabajo del Ejército, pero el costo está siendo muy alto, la gente tiene miedo. Y eso se está reflejando en discursos desesperados, como el que acabamos de escuchar en boca del presidente.“Quizá sean justificables sus palabras si se siente solo, pero el problema es que no ha lanzado un proyecto que vaya más allá de las armas. Por ejemplo, poco ha dicho sobre cómo podemos trabajar en el tema del lavado de dinero.”
–¿El reclamo tiene que ver con el hecho de que no se aceptara su reforma penal, con los cateos sin orden judicial?
–Habría que preguntarle en qué estaba pensando. Los cateos sin orden judicial no se dejaron para proteger a los líderes sociales. Este gobierno metió en una cárcel de máxima seguridad al líder de la APPO, Flavio Sosa, por ejemplo. Eso no es un buen antecedente para confiar en ellos.
Del traje militar al indígena
Antes de que los hermanos Beltrán Leyva contrataran a sicarios para ejecutar a uno de los jefes policiacos mexicanos más experimentados en aprehender secuestradores y capos del narcotráfico, Felipe Calderón estaba en plena campaña para posicionar su programa de combate a la pobreza extrema, “Vivir Mejor”, por encima de la agenda de seguridad nacional a la que había dedicado la primera parte de su gobierno.Entre el 1 de enero y el 16 de mayo pasados, Calderón sólo tuvo en su agenda alrededor de seis actos relacionados con la milicia. El presidente que arrancó su sexenio difundiendo una imagen de legalidad y orden mediante la difusión de 75 spots de televisión diarios en 39 días, ahora aparecía en los periódicos portando ropas indígenas: en Chiapas se vistió de chamula, y en Nayarit de cora.Esas imágenes contrastan con el Calderón que el 3 de enero de 2007 se presentó en el campo militar de Apatzingán, uniformado con una casaca militar –tan larga que le cubría la mitad de las manos– y un quepí con el grado de general bordado en hilo negro –que le cubrió parte de las cejas– para saludar a la tropa encargada de enfrentar al narcotráfico en el operativo Michoacán.Uno de los momentos más significativos en este giro del “presidente del orden y la legalidad” al presidente que “erradicará la pobreza extrema” en México se produjo el pasado 7 de mayo, cuando empezó a circular el Sistema 1 del Tren Suburbano que correrá de Cuautitlán, Estado de México, al norte del Distrito Federal.Ese día Calderón miraba con satisfacción la puesta en marcha de uno de sus proyectos más ambiciosos. A pesar de que Ernesto Cordero, el secretario de Desarrollo Social, afirmó que “Vivir Mejor” no perseguiría fines políticos, los logotipos de ese programa eran visibles dentro y fuera de los vagones.Durante la ceremonia de inauguración, en los trenes y las instalaciones de la Terminal Buenavista lucieron carteles con el símbolo del gobierno federal y de “Vivir Mejor”. La propaganda estaba en todos lados: al frente, en los costados y dentro de los vagones. En los pilares de concreto de la estación y en las grandes mamparas colocadas en ese sitio por el que pasarán diariamente un promedio de 280 mil personas.Decenas de acarreados del Estado de México y del Sindicato Ferrocarrilero vitorearon a un Calderón sonriente, acompañado del gobernador Enrique Peña Nieto. El presidente daba las gracias y, ante el griterío, pedía que lo dejaran hablar; 48 horas después, el cártel de Sinaloa asesinó al cerebro de su estrategia contra el narcotráfico.
Al defender los operativos militares, Calderón también atacó al Poder Judicial:“Tiene que haber una transformación en la administración de la justicia, y esta tarea es un llamado también al Poder Judicial, que también tiene que cerrarle el paso a la impunidad que se da, precisamente, en la liberación de muchos delincuentes que el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, el Ejército o la Secretaría de Seguridad Pública ponen en la cárcel y salen a los pocos meses por su propio pie”, acusó con el rostro descompuesto, lanzando miradas airadas contra los reporteros de la fuente presidencial, quienes habían formulado la pregunta que lo hizo estallar durante la rueda de prensa.A solicitud de Proceso, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que encabeza Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijeron explícitamente: “no hay ni habrá ninguna declaración” sobre las palabras del mandatario. Sin embargo, el exministro Juventino Castro y Castro envió a este semanario una opinión titulada: El fracaso del combate a la delincuencia.
En el texto, acusa a Calderón de regañar a los jueces como si el ofendido fuera él, cuando aún no ha proporcionado a la sociedad un plan o por lo menos un proyecto.“Y en efecto, ya basta de soportar tanta angustia y tanto fracaso, que espero no sea por culpa de los mexicanos. Contra quien mostró más indignación Calderón, fue contra los jueces que ponen en libertad a los delincuentes, a pesar de las bien formuladas y fundamentadas consignaciones de las profesionales averiguaciones previas de nuestros flamantes procuradores de justicia”, ironizó el ministro.Para el especialista en derecho penal, si el presidente se limitó a regañar a los jueces, no será posible salir de la escandalosa situación por la que pasa el país. Por ello, propuso un encuentro nacional de todos los procuradores y los jefes policiacos para que encuentren soluciones, junto con criminólogos y sociólogos, que vayan más allá del uso de las armas.“De buenos propósitos está lleno el infierno; por ello, ante todo, para tener éxito, debe existir voluntad política e institucional, sinceridad de propósitos, metas a alcanzar, medios para actuar. Y firmeza, mucha firmeza. Más de la que tienen en nuestro Ejército, excelentes soldados pero pésimos policías”, comentó.
Miradas que matan
El presidente Calderón estaba enojado ese lunes 12 de mayo. Édgar Millán había dado golpes tan espectaculares como efectivos. Fue él quien participó en la liberación de Rubén Omar Romano cuando era entrenador del club de futbol Cruz Azul y aprehendió a Andrés Caletri, jefe de una de las bandas de secuestradores más activas y violentas.Millán Gómez desempeñaba una labor estratégica en los Operativos Conjuntos contra el Narcotráfico, y unas horas después de que estuvo cerca de detener al jefe del cártel de Sinaloa, Arturo Beltrán Leyva, fue ejecutado dentro de su casa paterna por un sicario a sueldo.En los funerales, el presidente Calderón entregó a los familiares de Millán Gómez la bandera con la cual envolvieron el féretro del jefe policiaco. Dos días después, Calderón estalló contra los medios de comunicación:“El ‘¡Ya basta!’ es una exigencia a los medios de comunicación, precisamente para que manifiesten y divulguen las acciones que están, precisamente, deteniendo la estructura de los criminales; para que no se convierta la estrategia de los criminales, que es una estrategia que busca sembrar el terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación.”
Y remató su reproche así:
“… Para que los medios se unan a esta estrategia nacional contra la delincuencia porque son sus propios compañeros los que están siendo acallados en esas zonas.”En su editorial del martes 13, titulado Calderón: delincuencia y despropósitos, el periódico La Jornada respondió así a las imputaciones del presidente:Por lo que hace a las “exigencias” a los medios y a los informadores de que acepten y difundan de manera acrítica las versiones oficiales sobre el combate a la delincuencia, resulta inevitable recordar que el gobierno federal carece de cualquier atribución legal para formularlas, y que la declaración misma es, además de un amago a la libertad de expresión, un despropósito de tintes autoritarios y hegemónicos.Por añadidura, la insinuación de que la crítica a las políticas de seguridad en curso denota complicidad con el crimen organizado constituye un barrunto de chantaje, inaceptable e impresentable en un entorno democrático; una presión orientada a inducir la autocensura y, a fin de cuentas, la manifestación de una creencia inadecuada y peligrosa para el ejercicio del poder: los problemas se resuelven si se deja de mencionarlos, y para que las estrategias gubernamentales tengan éxito basta con que los medios las celebren y se abstengan de expresar señalamientos críticos en torno a ellas.En contraparte, en su artículo de Milenio diario publicado el viernes 16, el periodista Ciro Gómez Leyva sostuvo que el “¡Ya basta!” fue una arenga “que no quedó en el vacío, sino que conmovió y promovió adhesiones”.Y citó lo dicho por el senador priista Manlio Fabio Beltrones, “quien (…) fijó lo que, supongo, es el sentimiento de la mayoría de los priistas: en este combate no se le puede regatear apoyo al presidente de la República”.Compañero de Gómez Leyva en las páginas de Milenio diario, Joaquín López Dóriga había escrito el miércoles 15, con el título Yo no soy cómplice, señor presidente: “es injusto (el discurso de Calderón) porque no todos los medios de comunicación a los que exigió no ser cómplices de la estrategia del crimen organizado, a los que acusó de compartir su estrategia, somos cómplices de esa delincuencia organizada o compartimos su estrategia criminal”.Para Diódoro Carrasco, el exgobernador expriista que ahora milita en las filas del PAN y colabora en Milenio diario, los indignados comentarios de medios y periodistas al exabrupto de Calderón no son más que “respuestas victimistas”, por lo que cuestiona a quienes suponen, “desorbitada y facciosamente, que con sus exhortos el presidente está pisoteando la división constitucional de poderes y la libertad de expresión”.Entrevistada por el reportero, la periodista Carmen Aristegui opina que el “¡Ya basta!” del presidente es en principio un despropósito por los destinatarios del mensaje. “El talante mostrado es una mezcla de preocupación, desesperación y una dosis de intolerancia. La forma en que exige a los ciudadanos no ser cómplices de la delincuencia organizada está fuera de lugar”, puntualiza.Y comenta que el mandatario debería preguntarse por qué la gente no está denunciando a los narcotraficantes como él quisiera. La respuesta, dice, es muy sencilla: porque tiene miedo.
–¿Cómo interpreta usted el reclamo presidencial?–El presidente está pidiendo que hagamos nuestro trabajo acríticamente, y creo que eso no se va a poder. Es una barbaridad decir que los medios le estamos haciendo el juego al narcotráfico por difundir lo que está pasando. ¿Qué se supone que debemos hacer cuando aparece una manta de narcos dirigida a narcos? ¿Hacer como si no estuviera ahí?
–…Y, según el presidente, poner en ese sitio una noticia sobre la estrategia del gobierno…
–Lo grave no es que los medios retraten lo que está ocurriendo, sino que ocurra esa realidad. Entonces, cuando pide que los medios divulguen las acciones gubernamentales y que no compartan la estrategia de los narcos, creo que está confundiendo seriamente los terrenos. Creo que el presidente tendría que rectificar esa seria acusación.
–¿Confunde el papel de los medios o trata de imponer una línea oficialista?
–Creo que el presidente se mostró intolerante ante la crítica de esta lógica discursiva. Los críticos de la estrategia oficial, sean periodistas o ciudadanos, ¿pretenden que se deje a la gente en manos de la delincuencia? Vaya mensaje.“Entiendo lo difícil de enfrentar este monstruo, pero por qué no va siendo más tolerante para aquilatar si la estrategia que él ha adoptado es la adecuada.”
–¿Qué consecuencias puede haber ante esta intolerancia en estos momentos?
–Lo que sucede es que si sube el reclamo a todos los mexicanos, también él está dando pie a que todos los ciudadanos digan: “Oiga presidente, ¡Ya basta!”.
–¿Autoritarismo?
–El presidente tendría que replantearse el sentido de la crítica, la cual no debe entenderse como algo que pretenda, por sí misma, destruir al gobierno. Los periodistas quisiéramos que el narcotráfico sea vencido; pero no entender que la crítica es un elemento valioso para revisar el camino, es muy grave. “Al presidente le podemos preguntar si realmente está seguro de lo que está haciendo. Es nuestro derecho. Hace unos días, un experto, Eduardo Buscaglia, cuestionó en CNN la estrategia de Calderón por incompleta o riesgosa.“Si se va por la actual ruta, dijo, lo peor está por venir. Los países que alcanzaron el éxito contra el narcotráfico transitaron por cuatro vías: atacar a las cúpulas del narcotráfico, atacar a los brazos armados, pegarle a las redes financieras y atacar a la protección política. “Esto significa que Calderón se ha aplicado en los primeros dos. Y entre más soldados, más armamento meta el gobierno, más dinero invertirá el narcotráfico para defenderse...”
... Y encima, los desaparecidos
Granados Chapa, Hernández Monje, González Ruiz, Montemayor, Ibarra de Piedra y López y RivasLa desaparición forzada de personas “es una de las conductas más aberrantes, de las que han causado más dolor, más sufrimiento y heridas profundas a la sociedad mexicana”, dice el abogado Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de Mediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario y el gobierno de Felipe Calderón. Y aclara que su labor es ayudar a que los eperristas Edmundo Reyes y Alberto Cruz, desaparecidos hace ya casi un año, sean presentados con vida.Cuando está por cumplirse un año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), este grupo guerrillero y el gobierno de Felipe Calderón iniciaron un diálogo a través de la Comisión de Mediación, cuyo único fin es que los eperristas sean presentados con vida.
El 25 de mayo de 2007 los dos militantes del EPR fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca y hasta ahora ninguna autoridad se ha responsabilizado de su desaparición. Por el contrario, tanto el gobierno federal como el estatal, encabezado por Ulises Ruiz, se han culpado mutuamente de este hecho.Tanto el EPR como los exguerrilleros que integran la organización Izquierda Democrática Popular (IDP) sostienen que el Ejército tiene en su poder a Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Su certeza se basa en lo siguiente: los operativos militares realizados en entidades donde se presume que existen bases eperristas, las versiones de dos soldados que dijeron haberlos visto en el Campo Militar Número Uno, y en varios mensajes electrónicos de un grupo que asegura tener a los insurgentes.Sobre este caso la Procuraduría General de la República (PGR) ya tiene en curso algunas investigaciones, que la Comisión de Mediación podría solicitar como parte de su trabajo. “Seremos una comisión con iniciativa, no nos quedaremos con lo brazos cruzados”, señaló en entrevista el abogado Enrique González Ruiz, miembro de la instancia ciudadana.
Silencio culpable
El 2 de junio de 2007 el EPR dio a conocer que el 25 de mayo, en una “acción fortuita”, la policía de Oaxaca detuvo a sus dos militantes y que los mantuvo durante 10 días en las instalaciones de la procuraduría estatal, donde fueron torturados “hasta causarles fracturas”. Después de eso, afirmó el grupo guerrillero, Reyes y Cruz fueron entregados a los mandos de la Octava Región Militar.El 25 de julio siguiente, en un nuevo comunicado emitido desde Veracruz, el EPR denunció por primera vez que sus dos miembros permanecían detenidos en instalaciones del Ejército.Varias semanas después, el 9 de agosto, llegaron a las oficinas de IDP dos sujetos que se identificaron como militares y les informaron que habían presenciado el ingreso de los militantes eperristas en el Campo Militar Número Uno, ubicado en la Ciudad de México.De acuerdo con el exguerrillero Felipe Edgardo Canseco, integrante de IDP, uno de los militares les dijo que vio cuando Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez entraban por la puerta donde se encuentra la Policía Militar, y que había escuchado que los torturaban todos los días. Además, les informó que en el mencionado campo militar se reforzaron las medidas de seguridad para evitar filtraciones de información.En entrevista con Proceso, Canseco dice que estos hechos fueron denunciados ante las secretarías de la Defensa, de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.“Nosotros, como colectivo de expresos políticos, le dijimos en una reunión al subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare, lo que nos revelaron los militares en nuestra oficina. El general no negó ni afirmó nada, pero nos dijo que no tenía jurisdicción sobre la Policía Militar. Añadió que lo único que está cerca de la puerta 1 del Campo Militar Número Uno es esta corporación, de la cual se encarga directamente el secretario de la Defensa. Nosotros entendimos que no estaba a su alcance confirmar la versión, ni podía intervenir en este asunto”, dice Canseco.Después de esa denuncia, a la que se sumaron varias organizaciones sociales que demandaron la aparición con vida de los eperristas, el 14 de agosto de 2007 la Secretaría de la Defensa Nacional abrió las instalaciones del Campo Militar Número Uno a representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que confirmaran que los guerrilleros no estaban ahí. No encontraron nada.Sin embargo, en las últimas semanas se han difundido versiones en el sentido de que los dos eperristas están en manos del gobierno de Ulises Ruiz. Se asegura que el responsable del operativo en el que los detuvieron fue Jorge Fernando Franco Vargas, cuando era secretario de gobierno en Oaxaca. Ahora es líder estatal del PRI, pero se le señala como organizador de un equipo especial de policías ministeriales que actuaba al margen de las propias autoridades, pero con la anuencia del gobernador.En el marco de una reunión de gobernadores priistas realizada el martes 6 en la Ciudad de México para discutir la reforma energética, el mandatario oaxaqueño dijo que no haría caso a “chismorreos y señalamientos infundados”. Sin embargo, esa noche fue sorpresivamente a la Secretaría de Gobernación para reclamarle al titular, Juan Camilo Mouriño, que se estuviera señalando a funcionarios de su gobierno como los responsables de la desaparición de los dos miembros del EPR. Dijo que estaba dispuesto a colaborar para que todo se aclarara.En este ambiente de tensión, Canseco sostiene que lo único claro es que “un grupo de algún organismo del Estado mexicano retiene a los miembros del grupo insurgente”. Además, acusa a ese organismo de haber “filtrado” la versión de que él y Francisco Cerezo Cruz estaban negociando secretamente con el gobierno la liberación de los hermanos Cerezo, a cambio de detener las acciones del EPR.
Maniobras de distorsión
Ante la posibilidad de un diálogo entre el EPR y el gobierno de Felipe Calderón, el pasado 24 de abril comenzó a circular un correo electrónico en el que un grupo anónimo aseguró que tenía en su poder a los dos eperristas desaparecidos. El mensaje se publicó incluso en algunos medios de comunicación.Los remitentes del correo se presentan como “justicieros” de las familias de los policías ejecutados por los mandos históricos del EPR y afirmaron que el líder de la guerrilla, Tiburcio Cruz, ya estaba negociando con el gobierno a fin de que se pusiera en libertad a sus hijos Antonio y Héctor Cerezo, que están en la cárcel bajo la acusación de atentar con bombas contra sedes bancarias en 2001.Según ese grupo de “justicieros”, los negociadores del EPR son Francisco Cerezo y su tío Felipe Edgardo Canseco, exmilitante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (PROCUP), y quien estuvo preso durante siete años por sedición.Entrevistado por este semanario, Felipe Edgardo Canseco niega que sea “negociador” del EPR y sostiene que el rumor desatado forma parte de una “guerra sicológica, de desinformación” que puso en marcha el gobierno y cuyo único objetivo es sembrar dudas.“Jamás he sido representante ni militante del EPR, ni mucho menos negociador, porque no tengo vínculos con este grupo insurgente ni con ningún otro. Esa versión, manejada por el grupo de inteligencia del gobierno, es totalmente distorsionadora”, afirma.Precisa que, a raíz de la crisis que se generó por la desaparición de los dos miembros del EPR, los expresos políticos de IDP fueron “requeridos” por múltiples corporaciones de seguridad. “Pero –indica– fuimos muy claros en manifestar que nosotros éramos absolutamente ajenos al EPR y a cualquier grupo insurgente, que no éramos negociadores ni mensajeros; acudíamos sólo para exigir la presentación con vida de los dos desaparecidos”.En entrevista, ocho integrantes de IDP revelan que en agosto y septiembre del año pasado se reunieron cuatro veces con funcionarios y mandos del Ejército. Las dos primeras fueron con el subsecretario Tomás Ángeles Dahauare –hoy retirado– en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y dos más a las que asistió el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos.El exguerrillero Hermenegildo Torres Cruz, quien acudió a la primera reunión con el general Ángeles, dice que el principal deseo del militar era enviar un mensaje a Tiburcio Cruz para pedirle que detuviera los bombazos. “Nos dijo que quería una plática con el EPR, pero nosotros le insistimos que nuestra organización era política y legal, que no pertenecíamos al EPR”, dice Torres.Puntualiza: “La preocupación de Valdés era cómo decirles a los del EPR que no siguieran poniendo bombas y explicarles que el gobierno federal no tenía a sus compañeros. El mensaje que quería darles era que estaban en la mejor disposición de encontrarlos, pero que dieran una tregua”.A su vez, el director del Cisen les advirtió a los integrantes de IDP que era mejor para todos que hubiera esa comunicación a fin de establecer una tregua, porque había “grupos duros” que estaban dispuestos a actuar y a “nadie le convenía que se soltaran los guamazos”, comenta Torres.Cuando los exguerrilleros reiteraron que no tenían contacto con el EPR, los representantes del gobierno pidieron que por lo menos escribieran un correo y lo enviaran a la página electrónica del grupo armado. Así lo hicieron ellos, pero nunca hubo respuesta: el EPR decidió cancelar su página en internet y anunció que ese no era el conducto para establecer el diálogo, comenta Felipe Edgardo Canseco.“Ellos (los funcionarios federales) insistían en que querían hablar con Tiburcio Cruz, a quien identifican como el mando mayor del EPR, y nosotros les dijimos en todo momento que no éramos el conducto” adecuado, asevera el exmiembro del PROCUP.La última de esas cuatro reuniones se realizó a mediados de septiembre de 2007. Sin embargo, Canseco dice estar seguro de que la información expuesta en esos encuentros fue filtrada al grupo autor de los correos electrónicos y que dice tener en su poder a los dos eperristas. A la pregunta de quién les proporcionó la información confidencial, Canseco responde: “Nadie puede tener acceso (al contenido de las reuniones) más que ellos. Sólo el círculo más restringido del Consejo Nacional de Seguridad, en el que están los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional, el Cisen y la Procuraduría General de la República. Son los únicos”.
El diálogo
Durante ocho meses el gobierno de Felipe Calderón y el Ejército buscaron dialogar con los mandos del EPR, pero fue el pasado 24 de abril cuando el grupo armado se mostró dispuesto a ello. Sin embargo, puso como condición que el contacto se realizara a través de una Comisión de Mediación integrada por el obispo Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el antropólogo Gilberto López y Rivas, además del Frente Nacional contra la Represión, que designó como representantes a la senadora Rosario Ibarra y al exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el abogado Enrique González Ruiz. El viernes 8 por fin se acordó iniciar el diálogo. El gobierno aceptó escuchar los “planteamientos de estas personalidades a fin de ir avanzando en condiciones de confianza recíproca y creciente entre las partes”.Sin embargo, en un comunicado del 12 de mayo pasado, el EPR precisó que no entablaría conversaciones directas sino a través de la Comisión de Mediación. Aclaró que esto no significaba una rendición y denunció que el gobierno de Calderón estaba buscando crear “chivos expiatorios” para salir al paso en el tema de los guerrilleros desaparecidos.Dos días después la comisión se reunió con el subsecretario de Gobernación, Abraham González, para iniciar el proceso. En entrevista, González Ruiz señala que el funcionario de Gobernación fue respetuoso, pero aclaró que la Comisión de Mediación no será “mirón de palo”, sino que se mantendrá activa y planteará iniciativas en su tarea de coadyuvante.Entrevistado por Proceso el miércoles 14, después del primer contacto con la parte oficial, González Ruiz aclara que el interés del EPR y de la propia comisión se limita a colaborar para que los dos guerrilleros sean presentados con vida y no iniciar un proceso para que el grupo guerrillero deponga las armas, como pretende el gobierno de Felipe Calderón.Insiste el abogado en que el papel de la comisión es actuar como una especie de árbitro, lo que le impide asumir una posición. Sin embargo, dice, sí puede condenar la desaparición forzada de personas como un mecanismo para la aplicación de la “justicia”.“Esto –añade– es un crimen de lesa humanidad. No tenemos duda de que es una de las conductas más aberrantes, de las que han causado más dolor, más sufrimiento y heridas profundas a la sociedad mexicana. Eso sí queremos decir con toda firmeza y convicción: que se erradique de manera definitiva esa práctica. Lo hemos dicho durante 30 años y lo seguiremos exigiendo porque es una práctica muy enraizada en el ejercicio del poder.”
Cerco a Telmex
La "RATA" Slim
En la guerra por el control de las telecomunicaciones, Telmex está rodeada de enemigos: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Televisa, las empresas de televisión por cable y ahora también sus viejos rivales Roberto Hernández y Francisco Gil Díaz. Este último, como director de Telefónica, recientemente calificó a la compañía de Slim de depredadora y monopólica; además, exige al gobierno que obligue a Telmex a otorgar la interconexión al Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, filial de Telefónica.La disputa contra Telmex no inició hace año y medio con los reclamos de Telefónica por la falta de interconexión a su filial Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM)”, sostiene el director de Regulación y Asuntos Jurídicos de la principal empresa mexicana de telecomunicaciones, Javier Mondragón Alarcón.De acuerdo con el responsable de la estrategia jurídica de Telmex, el pleito comenzó hace 20 años, cuando Roberto Hernández intentó quedarse con la empresa pero no ganó la puja.Mondragón Alarcón alude a una vieja historia que, con la entrada del magnate Carlos Slim al mercado de triple play –en el que se disputan los servicios de telefonía, televisión por cable e internet para más de 4 millones de suscriptores–, vuelve a colocarlo en franca disputa con Roberto Hernández, su antiguo rival en negocios financieros, inmobiliarios y ahora de telecomunicaciones.Desde antes de la privatización de 1990, afirma Mondragón, Hernández buscó el control de Telmex. Incluso llegó a tener 10% del capital de la empresa y ocupó un asiento en su Consejo Ejecutivo. Además, en alianza con GTE y Telefónica, compitió por el control de la empresa, que finalmente se quedó en manos de Slim en sociedad con Southwestern Bell (ahora AT&T) y France Telecom.Roberto Hernández no ha quitado el dedo del renglón desde entonces. Creó la empresa Avantel –donde tuvo como director a Francisco Gil Díaz, ahora director de Telefónica–, mantiene su sociedad con esta empresa española y en enero de 2007 desplazó formalmente a Slim como el segundo socio de Emilio Azcárraga Jean en Televisa, al adquirir poco más de 7% de las acciones más valiosas del consorcio, tras la venta de las acciones de María Asunción Aramburuzabala.Mondragón Alarcón asegura que “Gil Díaz no es el que opera comercialmente en Telefónica, sino que es sólo su operador político”. Y acusa a los rivales de Telmex con el mismo argumento con que éstos suelen atacar a la compañía de Slim: “Ellos tienen secuestrados los órganos reguladores”, dice.Mondragón acepta hablar con Proceso luego de una temporada difícil para el consorcio que representa. El mes pasado, Gil Díaz calificó a Telmex de “depredador” y “monopólico” en dos ocasiones: la primera en el foro del centro Woodrow Wilson en Miami, el 8 de abril; y la segunda en la conferencia que dictó en la Expo Convención Canitec 2008, el pasado 23 de abril en la Ciudad de México.Las declaraciones de Gil Díaz reactivaron públicamente la guerra con la industria de televisión por cable, un sector reacio al ingreso de Telmex al servicio de video y televisión restringida. Además, el jueves 8, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ordenó a Telmex que en un período límite de 10 días le otorgue la interconexión a GTM, filial de Telefónica. “En caso de no hacerlo –dice el oficio de la SCT– se le aplicarán las sanciones correspondientes”. Así mismo, la dependencia le recordó a Telmex que “no debe negar la interconexión argumentando que una empresa concesionaria se encuentra en una supuesta violación de la ley”.GTM es una subsidiaria de Telefónica que ofrece el servicio de tecnología inalámbrica para telefonía fija –el mercado que domina Telmex–, con el concepto de prepago. Durante año y medio la empresa de Slim argumentó que GTM, de acuerdo al informe 20-F enviado a la Securities Exchange Commision (SEC) de Estados Unidos, es propiedad en 97% de Telefónica, lo cual viola la prohibición de la ley mexicana para que una empresa extranjera posea más de 49% de una empresa nacional de telefonía fija.
–¿Le correspondía a Telmex denunciar? ¿No es una función de las autoridades? –pregunta el reportero a Mondragón.
–Sólo faltaba que no pudiéramos denunciar. El artículo 990 de la Ley General de Vías de Comunicación me obliga a denunciar este tipo de casos. GTM está interconectado con Telmex de manera indirecta. Tan sólo en 2007, Telmex interconectó más de 4 mil millones de minutos a Grupo Telefónica de México.A cambio de acatar la orden de la SCT, Slim espera que antes de que concluya este año las autoridades le autoricen el cambio de su título de concesión para que Telmex pueda ingresar al mercado de televisión por cable.Slim tuvo un gestor de lujo ante las autoridades de Ecuador, que se negaban a renovarle la concesión a su empresa de telefonía celular, América Móvil. El sábado 10, vía telefónica, el presidente Felipe Calderón le pidió a su colega ecuatoriano, Rafael Correa, que renegociara con los ejecutivos de Slim el acuerdo por 480 millones de dólares. El asunto se arregló y América Móvil pudo renovar la concesión.En el terreno de la telefonía celular Slim también mantiene una fuerte competencia con Telefónica Movistar para dominar el mercado de América Latina. Hasta el momento, América Móvil tiene 159 millones de suscriptores en 17 naciones y busca expandirse en Jamaica, Panamá y Chile.
Cableras al ataque
En paralelo con la guerra de las telefónicas, Slim tiene otro frente abierto con la industria de la televisión por cable, un mercado con 4.1 millones de suscriptores dominado en contenidos por Televisa, el principal proveedor de video. El inminente ingreso de Telmex a este mercado, con sus 18 millones de abonados en telefonía fija, es la principal amenaza para sus competidores.En medio de los ataque de las cableras, Mondragón defiende a su empresa: “En ocho años Telmex no ha subido sus tarifas, pero las empresas de televisión por cable incrementaron sus precios en 20.3% durante 2005, 20.5% en 2006 y 12.1% en 2007”.
Advierte: “La apuesta de las empresas de televisión por cable es hacer que los clientes estén comprometidos con ellos en la contratación telefónica y en internet. Hay 4 millones de usuarios y ellos sólo atienden a ese mercado de altos ingresos”. Y expone: “Si se restringe la convergencia sólo a ese mercado, no habrá posibilidades de democratizar la información. Hay alrededor de 13 millones de usuarios en los que ellos no van a invertir, y nosotros sí.”
–¿A qué se debe la confrontación actual, si Slim llegó a ser el segundo propietario de Cablevisión, filial de Televisa?
–Es una historia interesante. A finales de 1994, Emilio Azcárraga Milmo vendió parte de las acciones de Cablevisión. Azcárraga recibió 200 millones de dólares para que Telmex comprara 49%. Slim honró su palabra e hizo una inversión neutra, sólo de tipo financiero.“Cuando Salinas privatizó Telmex se incluyó un candado en el título de concesión para que Televisa no comprara. Por eso se le prohibió originalmente a Telmex dar servicios de video.”
–¿No visualizaban ustedes en ese momento la posibilidad de la convergencia tecnológica?
–No de aquí para allá, pero sí de Cablevisión para la telefonía. Los dos son negocios de redes de telecomunicaciones.
–Por eso se dio el Acuerdo de Convergencia, a finales de 2006, que algunos llamaron el Acuerdo Telmex, en compensación con la Ley Televisa…
–Más bien, al Acuerdo de Convergencia lo llamaría un acuerdo cablero porque benefició a la industria de televisión por cable. En ese acuerdo se estableció que Telmex podría entrar al servicio de video, siempre y cuando cumpla con los tres requisitos: interconexión, portabilidad e interoperabilidad. “Cofetel decidió posponerlo dos años, aunque nosotros garantizamos que podríamos cumplir en 90 días esos requisitos. Los cableros pidieron un período de gracia de siete años sin competencia. En los hechos, se está dando este período de gracia que ellos pidieron”.El Acuerdo de Convergencia regulaba el mercado del triple play que en el país representa 50 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil millones están en el mercado de la telefonía móvil, 15 mil millones en telefonía fija, 3 mil 500 millones en televisión abierta y mil 500 millones de dólares en televisión en cable, de acuerdo a los datos de la propia SCT.La firma del acuerdo generó un fuerte desencuentro entre Francisco Gil Díaz, entonces secretario de Hacienda, y la SCT, encabezada por Pedro Cerisola. Gil Díaz demandó que Telmex pagara una contraprestación para que se le cambiara el título de concesión y pudiera dar el servicio de video.La compañía telefónica Avantel, propiedad de Roberto Hernández, se negó a firmarlo por considerar que beneficiaba a Telmex. Junto con otras compañías telefónicas, Avantel encabezó un litigio acusando a Telmex de monopólico. En respuesta, la Comisión Federal de Competencia emitió desde finales de noviembre de 2006 una opinión sobre los contenidos audiovisuales, y está pendiente que emita su opinión final sobre la dominancia de Telmex en el mercado de telefonía.La industria de televisión por cable renovó sus críticas a Telmex, en sintonía con las críticas públicas de Gil Díaz, quien además calificó como “fracaso abismal” la privatización de la empresa telefónica en el gobierno de Carlos Salinas, cuando él mismo fue un alto funcionario de Hacienda.El pasado 24 de abril, Alejandro Puente, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec), se quejó ante el presidente Felipe Calderón de que Telmex, “abusando del recurso del amparo, evadió las resoluciones de la autoridad, con lo que se perjudica de forma directa a más de 3.5 millones de mexicanos en más de 2 mil 400 poblaciones que siguen pagando tarifas de larga distancia donde la autoridad ya determinó que no deben hacerlo”.
Televisa, el otro frente
Menos visible que la guerra con Telefónica y con las empresas de televisión por cable, la confrontación entre Telmex y Televisa se intensificó de manera soterrada. Sin embargo, Mondragón afirma: “No descartamos un escenario de alianza entre Televisa y Telefónica”.
–¿Existen negociaciones entre ambas empresas? –insiste el reportero.
–No, hasta donde se conoce, a menos que se aplique la “cláusula de Angoitia”.Mondragón alude a Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Finanzas de Televisa y responsable de la estrategia de alianzas de la empresa. Según el asesor jurídico de Telmex, la cláusula señala que las negociaciones sólo se pueden hacer públicas cuando se concretan.
–¿Cuál es el problema actual con el Grupo Televisa?
–Si se democratizan los contenidos en la televisión por cable, se va a caer el servicio de televisión abierta. El mercado natural de Televisa y TV Azteca es el de más bajos ingresos, y es al que llegaría Telmex con servicios de televisión restringida.Telmex prepara una ambiciosa estrategia para crear contenidos de televisión por cable, incluyendo noticiarios, telenovelas, series y documentales. En los últimos dos años, la empresa de Carlos Slim ha invertido cerca de 3 mil millones de dólares para adquirir compañías de televisión por cable en Colombia, Brasil, Perú y Argentina. Se incrementaron los rumores de una posible sociedad con el Grupo Prisa, el consorcio español rival de Telefónica, que produce contenidos audiovisuales.En medio de estos reacomodos, Televisa recibió la autorización de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para adquirir el 49% de las acciones de Cablemás, la segunda empresa más importante, que tiene abonadas a 770 mil personas. Con esta adquisición, Televisa controla cuatro empresas de televisión restringida: Sky, Cablevisión, Cablemás y TVI.En su resolución de miércoles 14, la CFC advirtió que serán permanentes las condiciones impuestas para que Televisa ofrezca públicamente sus contenidos de televisión abierta (must offer) y transmita todos los contenidos de empresas que no sean de su propiedad (must carry).“Televisa estará obligada, en cualquier momento, a ofrecer en términos no discriminatorios sus contenidos audiovisuales en televisión abierta a cualquier concesionario de televisión restringida que lo solicite”, señala la resolución de la CFC.No se sabe cuál será la actitud de Televisa cuando Telmex, con más de 5 millones de clientes, ingrese en un mercado que por ahora controla el consorcio de Azcárraga Jean. Las que se quejaron fueron las compañías MVS, propiedad de Javier Vargas, y la michoacana Telecable Centro Occidente (TCO), pues afirman que Televisa no ha cumplido con el must offer.
Gobernador en la ilegalidad
Emilio GonzálezOrgulloso de anteponer su fe a los deberes del servidor público, el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, desafía leyes e instituciones, agrede a los ciudadanos y vulnera el laicismo del Estado que marca el texto constitucional. Y todo para quedar bien con quienes pueden darle un empujoncito político: la Iglesia católica, las televisoras y su amigo el procurador, Tomás Coronado, acusado de pederastia y protegido por el mandatario.
GUADALAJARA, JAL.- El procedimiento que el gobernador Emilio González Márquez siguió al otorgar la macrolimosna de 90 millones de pesos del erario para la construcción del Santuario de los Mártires está plagado de irregularidades.Y aunque la administración del panista apenas cumple 14 meses, ese donativo a la Iglesia católica se convirtió ya en el mayor de los escándalos que la han marcado.De acuerdo con información que obtuvo Proceso mediante requerimientos al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) y según documentos publicados en la página de internet del gobierno estatal, la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos –que solicitó el donativo– no cumplió la mitad de los requisitos para acceder a los recursos de la partida presupuestal denominada “4222 Promoción Turística”.Además, la carta compromiso que entregó dicha fundación al gobierno no incluye la firma de su presidente, Carlos Álvarez Bermejillo, y el texto fue elaborado en computadora, mientras que la fecha se puso con máquina de escribir, por lo cual se presume que está sobrepuesta.De igual forma, la solicitud del donativo se hizo en papel membretado de una constructora propiedad del secretario de la fundación, Juan Manuel Hernández Méndez, y en el expediente gubernamental de la macrolimosna los documentos que deberían servir de sustento jurídico carecen de número de folio y no están firmados por los funcionarios que realizaron los oficios, lo que se presta a la manipulación y alteración de los mismos.La entrega de 30 millones de pesos –a manera de adelanto– se realizó el 13 de marzo –once días antes del acto oficial del 24 de marzo–, mediante un cheque. Este semanario consultó a los miembros de la fundación y nadie reconoció la firma de recibido que aparece en la copia de la póliza emitida por la Secretaría de Finanzas.Por si fuera poco, las reglas del Programa Operativo Anual de 2008 de la Secretaría de Turismo del estado, al que se inscribió la fundación como concursante única, en ninguna parte señalan que se puede dar apoyo alguno para la construcción de santuarios religiosos u obras de caridad.
Legalidad trunca
El que hasta ahora es el peor de los escándalos del gobernador alcanzó repercusión nacional el pasado 23 de abril, durante la cena anual de beneficencia privada conocida como el Banquete del Hambre.Al tomar el micrófono González Márquez, alcoholizado, les mentó la madre a quienes critican su uso discrecional del erario y, desafiante, le entregó un cheque por 15 millones de pesos al Banco Diocesano de Alimentos local, también ligado con la Iglesia católica y que ha sido acusado de presuntos malos manejos de los recursos que se le donan para su posterior distribución a centros asistenciales. En respuesta a una solicitud de información presentada por este semanario por medio del Itei, la Secretaría de Turismo de Jalisco entregó 52 copias simples entresacadas de su expediente sobre la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos.Así se comprobó que la carta compromiso en la que aparecen los nombres del presidente, el secretario y el tesorero de la fundación, respectivamente Carlos Álvarez Bermejillo, Juan Manuel Hernández Méndez y Julio García Briseño, carece de la firma del primero. Así mismo, es evidente que la fecha está escrita en máquina mecánica y el texto en computadora.También por medio del Itei, Proceso fue informado de que las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Desarrollo de Sitios de Interés Turístico, firmado el pasado 10 de enero por el secretario del ramo, Aurelio López Rocha, exigía ocho requisitos para obtener recursos de la partida 4222 Promoción Turística, que cuenta con un presupuesto anual de 57 millones de pesos. Sin embargo, la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos cumplió únicamente la mitad de esos requisitos: debió entregar su acta constitutiva actualizada, la descripción del proyecto para el cual solicitó el apoyo y una constancia en la que indique claramente que éste no es incompatible con su objeto social.De igual manera, la fundación tenía que justificar los beneficios directos e indirectos que obtendrá el estado, e indicar el costo total de la obra desglosando la cantidad de apoyo solicitado y cómo se financiará el resto. Las reglas de operación exigen además que la organización solicitante entregue una carta compromiso para asegurar que cumplirá la normatividad del programa, e incluir una “relación sucinta y detallada de los conceptos a los que serán destinados los apoyos otorgados”, lo mismo que el calendario físico y financiero de la ejecución del proyecto. De acuerdo con López Rocha, la Fundación Pro Santuario cumplió los requisitos exigidos, pero lo desmienten los documentos proporcionados por la Secretaría de Turismo a este semanario. En éstos se aprecia que la fundación católica entregó una solicitud de dos cuartillas y media, el acta constitutiva, la carta compromiso –con las irregularidades ya mencionadas– y el programa financiero de la obra, incluyendo la descripción arquitectónica. Sin embargo, no entregó la “relación detallada y sucinta de los conceptos que serán cubiertos con el apoyo solicitado”, no especifica cómo se financiará el resto del proyecto y tampoco entregó la “justificación de los beneficios directos e indirectos” para el estado. La Secretaría de Turismo entregó al Itei copias simples del acta constitutiva de la fundación con los nombres de todos los socios tachados con tinta negra, porque la Dirección de Trámites y Verificación Jurídica de la dependencia, que encabeza Marcela Ivonne López, determinó que son “confidenciales”.No obstante, se alcanzan a distinguir algunos nombres que comparecieron ante la Notaría Pública 60, del licenciado Conrado Cevallos Ponce, quien se suicidó con un disparo en la cabeza a finales del año pasado. Este notario era investigado por la Procuraduría General de Justicia de Jalisco por actos de corrupción en el Registro Público de la Propiedad e incluso se había girado una orden de aprehensión en su contra.
Desaprobación
Para anunciar el donativo de 90 millones de pesos –del cual ya entregó la tercera parte–, el gobierno estatal citó a los medios informativos en la Casa Jalisco, la mañana del lunes 24 de marzo.En el acto estuvieron funcionarios, empresarios y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. El cheque de la Secretaría de Finanzas del estado se emitió a nombre de la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos, A.C., y lo recibió uno de los integrantes de ésta, el constructor Juan Manuel Hernández.El donativo representa sólo 4.5% del costo de la obra –calculado en 2 mil millones de pesos–, y el Arzobispado de Guadalajara lo calificó de “estrictamente innecesario”, pero según el gobernador servirá para fomentar el empleo y el turismo religioso, pues asegura que el santuario atraerá a miles de visitantes y cada año dejará una derrama económica equivalente al costo total del templo, que ya se edifica en el cerro del Tesoro, al sur de Guadalajara.La macrolimosna también provocó ya marchas de protesta y más de 5 mil quejas contra González Márquez ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por abuso de poder y violación al Estado laico. Católicos y no católicos consideran que esa dádiva es ilegal. En la entidad, por lo demás, existen urgencias como el saneamiento de la cuenca del río Santiago, una de las más contaminadas del país, pero ni siquiera hay un proyecto, y mucho menos presupuesto, para llevarlo a cabo. Esto, sin contar las carencias en materia de infraestructura en educación, salud y comunicaciones.Por eso, al conocerse el donativo, el diputado local del PRD Enrique Alfaro expresó que, por su inmoralidad, la entrega de dinero público al clero “es igual al de una narcolimosna. Y creen (los que lo hacen) que con eso se ganan la gloria eterna, aunque hablando en los mismos términos religiosos, si siguen mal utilizando el dinero de los jaliscienses, no habrá quien los salve de las llamas eternas del infierno”. Por su parte, los sacerdotes diocesanos Francisco Estrada y Jesús Madrid, entrevistados sobre el tema, declararon que la fe en Cristo no se demuestra construyendo grandes edificios, sino aliviando el dolor de los demás. También se mostraron preocupados por “el compadrazgo de la Iglesia con el poder”.En el ámbito federal, recientemente la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en el que solicita a las secretarías de Gobernación y de la Función Pública que “investiguen y, en su caso, determinen las presuntas irregularidades” en las que el mandatario pudo haber incurrido al otorgar dicho donativo a su iglesia.Casi inmediatamente después de dar a conocer “su” ofrenda para el Santuario de los Mártires, Emilio González anunció que destinará otros 90 millones de pesos, en tres años, para mejorar la infraestructura de la Ruta del Peregrino en Talpa de Allende, donde están el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos y la basílica de la Virgen de Zapopan.
Fila de escándalos
Nativo de Lagos de Moreno, en Los Altos, descendiente de familia cristera, panista, de ideas sinarquistas, miembro de El Yunque y enemigo declarado del laicismo, Emilio González Márquez tiene apenas 14 meses como gobernador y su gestión aparece marcada por proteger a pederastas y por apoyar con dinero público tanto a la Iglesia católica como a Televisa y a TV Azteca. González Márquez ha utilizado la Casa Jalisco (residencia oficial del gobernador) para recibir cursos de Biblia junto con los miembros de su gabinete y sus esposas. Y antes, cuando fue alcalde de Guadalajara, patrocinó clases de “bioética” y pagó con dinero público la edición de un libro de texto de historia y geografía en el que se condena el laicismo y el uso de métodos anticonceptivos.Desde el año pasado, al gobernador de Jalisco le dio por regalar dinero público. Primero le obsequió a Televisa 67 millones de pesos para realizar en Guadalajara su evento Espacio 2007. Luego le entregó más de 30 millones para el Teletón y otros 42 millones en efectivo, además de apoyos logísticos, comidas, viáticos y hospedaje, para el rodaje de la telenovela Las tontas no van al cielo.A TV Azteca le obsequió más de 7.7 millones para el Juguetón, su evento de Las Trece Maravillas y para la telenovela Tengo todo excepto a ti. También ofreció el gobernador más de 20 millones para que se realice en Guadalajara la entrega de los premios MTV.Para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones Expo Guadalajara, entregó 50 millones de pesos. A la maquiladora trasnacional Flextronics la apoyó, también a fondo perdido, con 35 millones de pesos, aparte de donaciones menores a distintos eventos religiosos.En total, entre los donativos entregados y los comprometidos suman cerca de 420 millones de pesos. Pero los desatinos de González Márquez en sus 14 meses al frente del Ejecutivo estatal no paran ahí. Aparte del pleito nada soterrado con su antecesor Francisco Ramírez Acuña por controlar el PAN estatal y por la candidatura presidencial de 2012 –mismo que va perdiendo–, González Márquez ha contravenido leyes, reglamentos, costumbres y protocolos de toda índole.Por otra parte, el 16 de septiembre de 2007 Proceso Jalisco dio a conocer que el procurador de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, amigo del gobernador, está involucrado en casos de pederastia, prostitución y pornografía infantil. Ante la denuncia penal, González Márquez ha sido el principal protector de Coronado y, al mismo tiempo, se convirtió en perseguidor de una de las víctimas, Águeda Yazmín, y de su madre, Araceli Arellano.Si bien el mandatario jalisciense se comprometió públicamente a instaurar una fiscalía especial –nunca a remover al procurador–, incumplió la promesa y despidió y demandó al subprocurador C Víctor Manuel Landeros Arvizu, quien le dio entrada a la denuncia penal contra Coronado.A pesar de la denodada defensa de Coronado que lleva a cabo el gobierno estatal, las acusaciones de pederastia en su contra ya llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas.Mientras tanto, las menores que fueron víctimas de los abusos en fiestas a las que asistían Coronado y Martín Aguirre Aguirre –un exfuncionario judicial y del ayuntamiento de Guadalajara– están ahora a la espera de lo que resuelva la Fiscalía Especial de Violencia contra las Mujeres (Fevim), que preside Guadalupe Morfín Otero, respecto de su denuncia penal.
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