martes, junio 07, 2011

Aumenta explotación sexual infantil

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas no tienen acceso a la justicia en México. En el actual gobierno, sólo se han consignado 39 de las 798 averiguaciones previas abiertas y únicamente se han dictado 63 sentencias firmes por cuatro delitos relacionados con este flagelo. Mientras se estima que entre 20 mil y 80 mil infantes son explotados sexualmente en este país, por el lenocinio de personas menores de 18 años no hay un solo sentenciado.

Isabel Argüello

Por el delito de lenocinio de personas menores de 18 años y de personas que no tienen capacidad de resistirlo no se ha emitido ninguna sentencia de última instancia entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, admite el Consejo de la Judicatura Federal.

El dato contrasta con los miles de víctimas de trata de personas: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) refieren que más de 16 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos y centroamericanos son víctimas de explotación sexual cada año en este país; mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal asegura que son 20 mil los menores explotados y la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas contra la Venta de Niños, la Pornografía y la Prostitución Infantil alerta, desde 2006, que la cifra asciende a 80 mil menores en esa situación.

El abuso de poder o engaño, a través de violencia física o moral, que dé como resultado la explotación sexual o laboral es lo que se denomina trata de personas, define la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. El modus operandi: enganche, traslado o encierro de la víctima y la realización o consumación de la explotación.

México es considerado país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Para Mario Luis Fuentes Alcalá, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), la falta de registros oficiales impide conocer las dimensiones reales de la trata, específicamente en el caso de los niños. Por ello, señala, las instituciones gubernamentales y las políticas públicas desarrolladas no son suficientes, pues no garantizan los derechos básicos a la ciudadanía.

Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados, reconoce que no existen cifras oficiales. Coincide en que lo “oculto” de este flagelo dificulta el análisis.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, se han dictado seis sentencias firmes por el delito de pornografía infantil entre diciembre de 2006 y febrero de 2010. En ese mismo periodo, los jueces y magistrados han sentenciado en última instancia a cuatro individuos por corrupción de personas que no tienen capacidad de resisitirlo y a 53, por corrupción de menores.

Entre enero de 2007 y junio de 2010, sólo se han consignado 39 de las 798 averiguaciones previas abiertas vinculadas a la trata de infantes, revelan datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

En 2007, se tramitaron 107 averiguaciones en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); en 2008, 194; en 2009, 271; y durante el primer semestre de 2010, 226. Sólo el 5 por ciento de ese total se consignó ante las autoridades judiciales.

La PGR refiere en su Cuarto informe de labores que 19 averiguaciones previas consignadas en 2009 involucraron a servidores públicos federales ?ocho del sector educativo, dos de salud, dos adscritos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, uno a Petróleos Mexicanos y uno al Instituto Nacional de Antropología e Historia, sin detallar los otros cinco casos?; mientras que las otras 19, a particulares que causaron agravio a 12 niños y ocho mujeres.De una más, no se especifica.

Otras averiguaciones no fueron consideradas competencia de la Fiscalía: en 2007, 35 se remitieron al fuero común; dos, a otras instancias de la PGR, y una, al Consejo Tutelar. En 2008, 55, al fuero común; cuatro, a la PGR, y una, a la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2009, 34, al fuero común, y 10, a la PGR. Mientras que, de enero a junio de 2010, 10, al fuero común, y una, a la PGR.

Para Mario Luis Fuentes, es necesario visibilizar el riesgo que implica ser pobre: “Ser vulnerable por pobreza, desigualdad, falta de acceso a salud y educación puede derivar en una víctima de trata. Hay que recordar que siete de cada 10 niños viven en pobreza. El Programa Oportunidades, entre otros, que, sin duda, logra palear ciertos problemas, es insuficiente”.


El trabajo de la PGR

En la Procuraduría General, la persecución de la trata de personas no sólo está a cargo de la Fevimtra, también de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero.

“Cuando las víctimas son mexicanas o se desarrolla el delito en nuestro país, es competencia de cada una de las procuradurías locales. El delito se federaliza si hay delincuencia organizada” o si está involucrado un funcionario federal, dice a Contralínea Sara Irene Herrerías Guerra. La titular de la Fevimtra agrega: “Nuestra competencia es muy reducida”.

La Fiscalía recibe todas las denuncias a través de la Estrategia de Denuncia Segura; hace una primera investigación, y si el caso es de orden local, declina la competencia. Herrerías Guerra asegura que la víctima de trata regularmente no denuncia porque fue “enganchada sentimentalmente” por el tratante; también, porque puede estar amenazada: si denuncia, sus hijos o familia son quienes corren riesgos.

Del 1 de septiembre de 2009 al 31 de julio de 2010, la Fiscalía inició 34 averiguaciones previas por trata. Las víctimas no sólo son de nacionalidad mexicana; también hay argentinas, chinas, colombianas, guatemaltecas, hondureñas y venezolanas, detalla el Cuarto informe de labores de la PGR. De estos casos, 23 son menores de edad.

Del 1 de septiembre de 2009 al 31 de julio de 2010, se iniciaron 182 expedientes para la búsqueda de mujeres y niñas. Hubo coordinación entre las procuradurías de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán para localizar a 135.

Irene Herrerías actualiza los datos del Informe de la Procuraduría: de enero de 2008 al 15 de mayo de 2011, han sido iniciadas 158 averiguaciones. El mayor porcentaje, 97 de ellas, ha sido por explotación sexual; 47, por explotación laboral; 11, por explotación sexual y laboral; dos, por extirpación de un órgano, tejido o sus componentes; y una, por prácticas análogas a la esclavitud. De 37 consignadas, 13 han ameritado prisión.

Durante el mismo periodo, ha habido 134 actas circunstanciadas en las cuales aún no se determina el tipo de delito ni al probable responsable. Respecto de otros delitos, la averiguación previa de trata es mucho más complicada de acreditar porque se tiene una víctima que no coopera, puntualiza la fiscal.

La funcionaria asegura que el mayor número de casos de trata es competencia de las entidades federativas. Respecto de las 80 mil víctimas que señala la ONU, indica que “las organizaciones de la sociedad civil dan cifras y no sé dónde están esos casos”.


Refugio de alta seguridad

No hay mejor ejemplo de que la trata de personas es parte del negocio del crimen organizado que el “refugio de alta seguridad” que mantiene la Fevimtra con recursos públicos.

A decir de la fiscal, las mujeres refugiadas ahí reciben servicios médicos y educativos. Se procura que la estancia no sea mayor de seis meses, aunque a veces depende de la duración del proceso. “En el momento en que se sientan preparadas y empoderadas, es cuando van a denunciar. En el refugio, tenemos niñas de 12 años. Sabemos que todas estaban ahí por necesidad económica”.

Agrega que “falta sensibilizar a los ministerios públicos y al Poder Judicial de que la víctima de trata muchas veces rompe estos parámetros, donde nosotros como penalistas pensamos que las primeras declaraciones son las que tienen mayor valor probatorio. El tratante siempre va a tener una forma de enganchar a la víctima. Tenemos que redoblar los esfuerzos para cuidar a nuestras niñas y niños; muchos de ellos han sido captados a través del internet porque no hay una vigilancia”.

Trata en el DF

“Algún día estaré dando testimonio del otro lado, apoyando a las víctimas. Por ahora, estoy detrás de las cámaras por mi seguridad, porque estoy amenazada de muerte y mi familia no está protegida. Estoy en un proceso de reintegración”, dijo Nayeli, víctima de trata en La Merced, durante el Foro sobre Víctimas, realizado en la Cámara de Diputados el pasado 17 de mayo. Ahí mismo, Margarita Zavala, presidenta del Consejo Consultivo del DIF, calificó la trata de personas como una forma de esclavitud.

A pesar de que el Distrito Federal es la entidad con mayor índice de desarrollo humano, La Merced, Tepito, Santo Domingo, Tlalpan y la zona Oriente de la ciudad han sido identificadas como centros de operación de poderosas redes de tratantes, según el Índice mexicano sobre la vulnerabilidad ante la trata de personas, del CEIDAS.

El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales califica como delito grave la trata de personas; lo mismo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La Ley para Prevenir la Trata de Personas establece medidas para reparar el daño y proteger a las víctimas, promueve el desarrollo de políticas públicas y la obligación de hacer un programa nacional en el tema.

La diputada panista Rosi Orozco advierte que hace falta homologar la ley, pues Querétaro y Sinaloa no cuentan con una que tipifique de acuerdo con el Protocolo de Palermo ?que considera todos los aspectos de la trata; en vigor desde diciembre de 2003.

“Es tan diferente. Un estado puede castigar seis meses la trata de personas y otro, 48 años. A pesar de que unos tienen una ley, la atención que prestan a las víctimas es pobre. Se puede agarrar a los padrotes y cerrar los lugares, pero si la víctima no llega empoderada, al final de la audiencia ese operativo no habrá servido de nada. Se pierde tiempo, dinero y fuerza de las víctimas que, si no se les atiende, vuelven a caer en el crimen organizado.”

El 8 de abril de 2010, la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, presentó un decreto de reforma a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 15 de febrero de 2011 se discutió en el Congreso de la Unión y fue aprobado con 378 votos.

El Senado de la República revisó la reforma el 7 de abril y la ratificó con 77 votos. Hasta el momento, se espera la dictaminación de las legislaturas de cada estado.

Dicha reforma implica que el delito de trata de personas sea considerado “grave”, que se resguarden los datos personales de las víctimas y se faculte al Congreso para expedir una ley general en materia de trata, con la cual se establezca una coordinación entre las autoridades locales y federales cuando exista comisión de delitos.

Para Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión Atención a Grupos Vulnerables del Senado, la trata, además de ser un fenómeno global, es una de las actividades ilegales más lucrativas, comparable, incluso, con el tráfico de armas y de droga.

El senador panista califica como una conducta repugnante este delito, para él, focalizado en urbes y destinos turísticos, como la ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Acapulco, Vallarta, Mazatlán y en zonas donde el crimen organizado está presente, como en el Oriente del Estado de México. Asegura que, por falta de voluntad política, los gobernantes no han promovido un marco jurídico que contrarreste la explotación sexual.

“Se ha logrado que en los estados empiecen a creer que la víctima, el ser humano, es lo más importante. Siempre he dicho que la trata de personas es el secuestro de la gente más vulnerable, gente que ha sido migrante o que sufre una condición de pobreza o de marginación o de violencia intrafamiliar. Es el secuestro que va a tener que pagar con su propia vida y con su propio cuerpo”, comenta Rosi Orozco.

Si las víctimas no se insertan de manera “integral” a la sociedad, les espera un futuro poco alentador. Las que están con padrotes violentos probablemente serán victimarias (madrotas) mucho más violentas, agrega la diputada panista.

“La inserción es bastante lenta porque traen cargas difíciles de solventar. El ser humano, como dice la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la campaña de Corazón Azul, no está a la venta. Como política pública, debemos darles oportunidades. Antes de decir ‘vamos a reglamentar o legislar a favor de’… hay que ofrecerles oportunidades; vamos a abrirles caminos.”

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Cd. Juarez En La Sombra: Cronicas De Una Ciudad Que Se Resiste A Morir

El lugar donde encontraron el cuerpo de una mujer en un bote de basura, en el centro de Ciudad Juárez, permanece resguardadoFoto Reuters


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http://www.youtube.com/watch?v=XtWgmZeqncc

¡Viva la muerte!

Felipe Calderón, la MIERDA que usurpa Los Pillos.

Álvaro Delgado

MÉXICO, DF, 6 de junio (apro).- La conmemoración en México del Día de la Libertad de Expresión, este martes 7, tiene el sello de la infamia: Intimidación, censura, acoso, represión y desaparición contra centenares de periodistas, 38 de los cuales han sido asesinados en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, ocho más de los que acumuló Vicente Fox en todo su sexenio.

En una década, la que lleva el Partido Acción Nacional (PAN) en el ejercicio de gobierno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado 68 asesinatos de periodistas, 13 desapariciones y 21 atentados a instalaciones de medios de comunicación, crímenes que en su mayoría están en la impunidad.

Pero estas cifras de vergüenza para los mexicanos, que coloca a nuestro país como el más peligroso del hemisferio y el segundo del planeta para el ejercicio periodístico --por lo que se mide la vigencia de la libertad de expresión--, le inspiran al gobierno de Calderón exactamente lo mismo que los cerca de 40 mil muertos en su “guerra” contra un sector del narcotráfico: Desprecio.

No puede entenderse de otra manera la indolencia oficial para articular acciones de prevención y castigo a las sistemáticas y crecientes agresiones contra periodistas y medios de comunicación, que no sólo provienen de los criminales, a los que el Estado está obligado a combatir, sino de las propias estructuras gubernamentales.

Hay que aclararlo: Las acechanzas contra la libertad de expresión de los periodistas, que lesionan no sólo este derecho de los periodistas, sino en lo fundamental el derecho de la sociedad a la información, no provienen sólo del Ejecutivo federal en la esfera oficial, sino de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del Estado.

Y vale precisar, también, que las acometidas no son sólo burdas, como la violencia física de policías o las amenazas al estilo del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sino sutiles y maliciosas, como el condicionamiento de la publicidad gubernamental a medios de comunicación, un modelo que ya se ha arraigado en todos los niveles de gobierno de todos los signos políticos.

Así, en la misma medida que crece la escalada de violencia contra periodistas y medios de comunicación –los independientes, por supuesto, cada vez más escasos--, aumenta también el vilipendio y la negligencia gubernamentales, que son literalmente criminales porque la impunidad alienta las agresiones.

Una prueba fehaciente de esta inaceptable conducta es la implementación del programa de protección a periodistas, al que el gobierno de Calderón se comprometió el 2 de noviembre de 2010 y que, si de por sí observaba graves omisiones, la publicación de su reglamento de operación se ha retrasado por lo menos cinco meses.

Aun si ser la panacea para prevenir y sancionar la violencia contra periodistas, porque además –como ya es común en el gobierno-- ha desoído las propuestas de las organizaciones gremiales, este plan gubernamental implicaba por lo menos una pálida muestra de voluntad política para proteger mínimamente, desde el poder público, la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

De manera que lo que puede anticiparse, entonces, es que la violencia física y sicológica contra los periodistas continuará y malamente, gracias a la impunidad, se seguirán cegando vidas de éstos.

Por eso, además del reguero de cadáveres derivados de su “guerra” por su fanatismo policiaco-militarista, el desdén de Calderón por el periodismo independiente y la libertad de expresión evoca al general franquista José Millán-Astray quien, para atacar al escritor Miguel de Unamuno, exclamó: “¡Viva la Muerte!”

Apuntes

El clan Hank es en México emblema del hampa, mezcla de política, crimen e impunidad, sin las cuales el humilde profesor rural Carlos Hank González, el patriarca fallecido, no hubiese podido acumular la fortuna de que goza su descendencia. Jorge Hank Rhon, el magnate de Tijuana, habrá de pasar unos años encarcelado, pero el caso apesta. La captura cimbró al PRI, no sólo en el Estado de México, donde el desplome del candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena --conocido en El Yunque con el seudónimo de Tito--, ya estaba en el dígito, y en la carrera hacia el 2012 --con el dócil Ernesto Cordero--, sino en Baja California, donde los priistas ya no tienen candidato y los panistas sí: Francisco Blake, el secretario de Gobernación, que más parece “parejita” del policía García Luna. Ya se sabe: Calderón es muy inepto para conducir el gobierno, pero carece de escrúpulos...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

El hankazo, las lecturas de una detención

Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana.

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 7 de junio (apro).- Desde la mañana del sábado 4 hasta la madrugada del 7 de junio, la detención de Jorge Hank Rhon, exalcalde priista de Tijuana, Baja California, hombre de una fortuna mayor a los mil millones de dólares y considerado uno de los “intocables” del viejo régimen, ha generado distintas lecturas en los medios masivos, impresos y en las redes sociales.

El primer impacto ha sido, sin duda, en las filas del priismo. Cuidadoso después de muchas demostraciones de exceso discursivo, el líder nacional priista Humberto Moreira insistió en que esperará al desenlace de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR).

La acción del Ejército y el traslado de Hank Rhon a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) generaron una carambola de varias bandas en las lecturas políticas de este incierto verano. He aquí algunas de las más señaladas:

1. Impacto en el Estado de México. La más insistente en las redes sociales, en los corrillos políticos y en las columnas periodísticas es la presunta intención de impactar en la campaña de Eruviel Avila, abanderado priista, y en las aspiraciones de Enrique Peña Nieto por un dato biográfico indudable: Hank Rhon es el hijo de Carlos Hank González, máximo emblema de poder del Grupo Atlacomulco que ha gobernado el Estado de México desde la mítica fundación por Isidro Fabela de esta cofradía de intereses y de redes familiares.

La familia Hank es clave en la cultura de los negocios y de la política mexiquenses. Su padre mitificó la práctica del patrimonialismo y negocios privados al amparo del poder público. Su hermano, Carlos Hank Rhon, aspiró a ser el sucesor de Arturo Montiel y se “disciplinó” en aras de recibir parte del pastel que ha repartido en estos cinco años Enrique Peña Nieto. La familia está adscrita a la corriente de Roberto Madrazo, excandidato presidencial de 2006, y se trata de una dinastía con múltiples conexiones y negocios en todo el territorio nacional: de Tijuana hasta Cancún, Quintana Roo.

Paradójicamente, el posible impacto de la detención en el escenario electoral del Estado de México fue alentado por los propios priistas. Moreira no metió las manos al fuego por la culpabilidad o inocencia de Hank Rhon, pero sí lo consideró un “extraordinario presidente municipal” de Tijuana y parte de una “destacada familia” priista. Se quejó porque podría tratarse del inicio de una “cacería de brujas”.

Quien generó una sobrerreacción de impacto negativo fue el coordinador de la campaña de Eruviel Avila, el diputado federal Luis Videgaray. En una inusual declaración, Videgaray, exsecretario de Finanzas del gabinete de Peña Nieto, afirmó que era “una perversidad política” querer empañar el proceso electoral estatal con la detención del hijo de Hank González, y aclaró que “no hay un solo peso” del dueño del Grupo Caliente en la campaña del PRI.

Un viejo refrán mexicano afirma que “aclaración no pedida, acusación manifiesta”. ¿Está dispuesto Videgaray a transparentar las cuentas y donaciones de Eruviel Avila para confirmar su dicho?

Sin duda, el tema ocupará un espacio en el primer debate oficial de Eruviel, Luis Felipe Bravo Mena y Alejandro Encinas este miércoles 8 de junio.

2. Impacto en Baja Californa. Un segundo nivel, menos comentado a escala nacional, es el impacto de esta detención en el escenario político-electoral de Baja California, entidad que elegirá gobernador en 2013.

Hank Rhon es un actor y un factor esencial en esta disputa. Eliminarlo de la contienda beneficia lo mismo al PAN que a sus posibles adversarios del PRI, aun cuando su derrota electoral hace cinco años hiciera muy difícil que repitiera en esta aventura.

No se puede olvidar que el secretario de Gobernación, el bajacaliforniano Francisco Blake Mora, tiene su interés puesto en la gubernatura de su estado, y que uno de los aspirantes priistas es el senador Fernando Castro Trenti. Este legislado fue el coordinador de la fallida campaña electoral de Hank Rhon y el distanciamiento entre ambos se agudizó tras la derrota de 2005.

3. Impacto en el escenario del 2012. Para dirigentes priistas como Emilio Gamboa Patrón se trata de una “embestida” contra el partido que aspira a recuperar el poder presidencial en el 2012 o del inicio de una “cacería de brujas”, según Moreira. Ambas lecturas presuponen que, realmente, existen “expedientes negros” que el gobierno federal panista podría utilizar en contra del PRI. ¿Por qué entonces apenas una semana atrás negó esta posibilidad el propio Moreira?

Para distintas voces de la izquierda partidista se trata del inicio de una etapa de “terror en materia electoral”, según declaró el senador Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo (PT), mientras que otros voceros como Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, advirtió que Hank “no es una blanca palomita”, pero despierta sospechas el momento, el allanamiento militar al domicilio del exalcalde y la posibilidad de que este golpe espectacular acabe como una cortina de humo, al estilo del michoacanazo.

La reacción más difundida, dentro del ámbito del calderonismo, fue la de su secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, abiertamente promovido en medios, aun cuando sus declaraciones sean fallidas. Para Cordero la aprehensión responde “a una limpieza de casa”. ¿Quiere decir el responsable del manejo de las finanzas públicas que vendrán otras medidas similares?

En un comunicado muy escueto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN afirmó que sólo se aplica la ley y que “no puede haber impunidad, ni ciudadanos con privilegios superiores”.

4. Aplicación dudosa de la justicia. Distintos observadores han coincidido al subrayar que la detención de Hank está plagada de elementos más sospechosos que la propia fortuna de este personaje fichado desde años atrás en los archivos de las agencias estadunidenses como un hombre de dudoso prestigio.

Para empezar, nadie se cree la versión de que los militares actuaron a partir de una “denuncia ciudadana” anónima. Si así fuera, el mensaje es muy ominoso: bastaría una llamada anónima o la sugerencia de un soplón --y no una orden judicial-- para allanar el domicilio de un político o empresario vinculado a operaciones turbias.

En segundo lugar, la familia, en especial la esposa María Elvia Amaya y el propio Hank Rhon, a través de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), han insistido que las armas fueron sembradas y que no se presentó ninguna orden de cateo.

“Me dijeron que me parara frente a unas armas que se encontraban en el piso y me tomaron unas fotos, armas que nunca había visto y que no reconozco”, insistió Hank Rhon en su escrito de dos cuartillas.

Ni la PGR ni el Ejército han sido convincentes ni contundentes en la operación del Hankazo. Ni siquiera el segundo cateo al domicilio del dueño de Grupo Caliente, realizado el lunes 6 de junio, arrojó certezas y despejó las dudas crecientes sobre una detención que periódicos como La Jornada editorializó como “insostenible”.

5. La mala fama de Hank Rhon. Buena parte de la información de contexto se ha dedicado a relatar las excentricidades y los antecedentes siempre polémicos de Hank Rhon. Ha salido a relucir la presunta autoría intelectual de Hank Rhon en el crimen del periodista Héctor Félix Miranda, El Gato Félix, en 1988, y de su constante acoso al semanario Zeta.

También se ha recordado que, en 1995, Hank fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en posesión de piedras preciosas, abrigos de tigre y objetos de marfil. Hank Rhon se sobrepuso al escándalo y salió libre bajo fianza.

En numerosas ocasiones se le ha vinculado al cártel de los Arellano Félix, los dueños de la plaza de Tijuana, así como a negocios turbios, que van desde la especulación inmobiliaria, el tráfico de especies animales y las cuentas poco claras del Grupo Caliente. La mitad de las acciones de este corporativo de apuestas, entretenimiento, hoteles y otras “atracciones”, ha sido vendida a un consorcio español.

Sin embargo, pese a su mala fama, Hank Rhon ha salido siempre bien librado. Incluso, cuando Dolia Estévez, entonces corresponsal del periódico El Financiero, publicó en 1997 que existía una presunta Operación Tigre Blanco de varias agencias estadunidense (desde la DEA hasta el FBI y el organismo de Aduanas) para atrapar al empresario-político, la revelación se diluyó en medio de demandas por daño moral contra la periodista.

La mala fama de Hank Rhon no fue, hasta ahora, ningún obstáculo para que ascendiera política y económicamente. Hoy su estrella priista estaba en declive, no así el monto y las ramificaciones de su fortuna. ¿Por qué no se realizó una investigación en este sentido?

Comentarios: www.homozapping.com.mx

Jorge Hank Rhon: Delitos Pendiente y Sus Vinculos Con Enrique Peña Nieto



http://www.youtube.com/watch?v=DJh-E8oChGw


http://www.youtube.com/watch?v=2fMdvqHc_8U

Acerca de las opiniones de Krauze y Domínguez sobre Javier Sicilia

Javier Sicilia, escritor.

Francisco Segovia*

MÉXICO, D.F., 7 de junio.- Las notas de Christopher Domínguez y Enrique Krauze en el periódico Reforma del 15 de mayo repiten una misma acusación. Una acusación, por lo demás, reiterada hasta la saciedad por los que siempre se han preciado de ser “animales políticos”; es decir, hombres prácticos, que actúan con realismo y sensatez. Porque uno y otro opinan, en efecto, que el movimiento encabezado por Javier Sicilia es ingenuo, y que le falta probar su valía más allá de las buenas intenciones y la mera buena fe. Sicilia, dicen, debe “proponer algo serio (…) y no sólo pacifismo histriónico y antigobiernismo ritual” (Domínguez); debe “proponer ideas, (…) no rollos autocomplacientes, confusos, vindicativos, militantes, retóricos, dogmáticos” (Krauze). Pero algo distingue a estos dos críticos, y yo me atrevería a sugerir que es eso que a veces se llama “olfato político”. El de Krauze, por ejemplo, es más fino y cauteloso que el de Domínguez, pues él no sólo no cancela la posibilidad de que el movimiento resulte en algo distinto de aquello a lo que nos tiene acostumbrados la política mexicana, sino que le pide expresamente a Sicilia que haga durar su movimiento, aunque aún no tenga claro adónde va. El de Domínguez, en cambio, más encuadrado en el molde tradicional de moros y cristianos, sentencia que Sicilia tendrá que elegir, “tarde o temprano, entre dos polos”: el de fundar una asociación de víctimas y el de… no sé… ¿dejarse comer el mandado por la izquierda radical –ésa que sólo tiene derechos porque se los otorgan las barrabasadas legislativas de México–, o por la otra izquierda –ésa que es rencorosa, mala perdedora y populista?...

Lo de Krauze es una especie de apuesta a lo Pascal; ha visto lo que ha ocurrido en Egipto y otras partes del mundo musulmán y pone sus barbas a remojar. Lo de Domínguez, en cambio, es más sentencioso: o la Madre Teresa, o el Diluvio. El primero llamó a apoyar la marcha del 8 de mayo y tiene curiosidad por el movimiento; el segundo, no, ninguna de las dos cosas. El primero saludaría sin duda la fundación de una asociación de víctimas de la violencia; el segundo, en cambio, bostezaría ante esa misma asociación, que a sus ojos no pasaría de ser una más entre las instituciones de asistencia social.

Es notable que estas diferencias se den entre el director de la revista Letras Libres y uno de sus redactores. Y más notable aún parece que en este caso el director parezca menos asertivo que su redactor. Podría verse en ello, quizás, una prueba de que, mal que bien, el movimiento de Sicilia está generando una discusión, y de que la está generando aun dentro de grupos que hasta hace poco parecían gozar de cierta unanimidad de opiniones. Y es que las diferencias que ocurren en el seno de Letras Libres ni son únicas ni originales. También ocurren entre los jóvenes ritualistas –como los llama Domínguez–, entre “los artistas incapaces de desperdiciar una oportunidad de hacer vida mundana al aire libre”, entre “los grandes poetas”, etcétera. Ya sólo eso me parece un logro nada desdeñable. Porque un movimiento lo primero que debe generar es… movimiento. Y se ve que aquí algo se mueve.

Pero al hablar de eso que se mueve entramos ya de lleno al tema de fondo del debate, en el que coinciden Krauze y Domínguez. Ambos se hacen las mismas preguntas: ¿adónde va el movimiento? y ¿qué alternativas propone? Con todo, uno y otro hacen las preguntas desde actitudes diferentes. He dicho ya que Krauze es prudente, así que expresa sus dudas y expone sus objeciones, pero también se permite aconsejar y hasta pedirle algo al movimiento: que dure. A Krauze, es cierto, le gustaría que el movimiento de Sicilia “se panificara”; es decir, que no desperdiciara la oportunidad de encauzar hoy los principios democráticos que el panismo original pudo haber encarnado y no encarnó. Pero, aun jalando agua para su molino, Krauze espera que sea el movimiento mismo el que responda las preguntas. Domínguez es menos generoso y, sobre todo, menos paciente. Él no espera nada y, como buen desilusionado de la política en general, responde las preguntas con impaciencia y desprecio. ¿Que adónde va el movimiento? A ningún lado. ¿Que qué alternativas propone? Ninguna…

Plantear una pregunta y responderla uno mismo a continuación ¿no es prueba de que la pregunta era retórica? Por supuesto (y acabo de mostrarlo de bulto), pero no me voy a detener ahora en eso. Lo que me interesa es la exigencia de fondo que Krauze y Domínguez le hacen a Sicilia: debe ser práctico y debe proponer alternativas concretas (como si exigiendo estas cosas ellos sí fueran prácticos, alternativos y concretos). Ambos le exigen, en suma, que actúe como ellos creen que debe actuar alguien que encabeza un movimiento; o sea, le piden que actúe como actúan los políticos normalmente. Pero ¿no es justo este tipo de actuación lo que ha estado siempre en el centro de las críticas de Sicilia, mucho antes incluso de que el asesinato de su hijo lo condujera a encabezar, aun a su pesar, un movimiento? Ni Krauze ni Domínguez dejan de reconocer que las ideas de Sicilia no son brotes repentinos en mitad de la tragedia, sino que han venido formándose a lo largo de los años y al amparo de Tolstoi, Gandhi, Lanza del Vasto, Maritain, Ilich y un largo etcétera. ¿Qué ha cambiado, entonces? Es obvio, me dirán: Sicilia encabeza ahora un movimiento. Si eso me dicen, entonces me estarán diciendo que el solo hecho de entrar activamente a la vida política obliga a un hombre a traicionar sus ideales y principios, aunque sólo sea porque los ideales y los principios no suelen ser ni realistas ni prácticos. Entiendo que digan esto, porque eso es justamente lo que hacen nuestros políticos: cambian de partido político según les sople el viento electoral; y porque esa es en efecto la clase de política que se hace tradicionalmente en México, donde los partidos se comportan como simples agencias de colocaciones. Lo que no entiendo del todo es la forma en que remata esta crítica, pues supone que tratar de hacer algo distinto es ingenuidad. Sobre todo –y en esto coinciden casi literalmente Krauze y Domínguez–, si esta diferencia se concibe como una resistencia civil pacífica. Ambos críticos citan aquí a Gandhi y dan por sentado que en México un movimiento inspirado en él sería inútil, ingenuo, histriónico. ¿Por qué? No lo sé. No lo dicen. Supongo que porque aquí lidiamos con delincuentes crueles y sin conciencia, mientras que los indios lidiaban con el civilizadísimo ejército británico. No lo sé. En cualquier caso, la descalificación del pacifismo sirve para apoyar el uso de la fuerza militar en el combate al crimen organizado.

Domínguez parece apoyarse en Weber para declarar que la violencia es prerrogativa exclusiva del Estado y añadir que, en ese sentido, el presidente Calderón tiene derecho a ella –aunque violente la Constitución sacando al Ejército a la calle. Pero ni siquiera él deja de escuchar el reclamo de fondo –ése que no le niega al Estado tal derecho, sino que le exige que lo use para el bien de la ciudadanía, no para su mal; ése que le señala al gobierno actual su fracaso en el empleo de la violencia, porque la violencia se ha vuelto en contra de aquellos a quienes dice proteger de la violencia, y se ha vuelto en contra de ellos impunemente. No, Domínguez no apoya este reclamo, pero al menos lo escucha. Y no podría ser de otro modo, cuando hasta el presidente y el secretario de la Defensa han reconocido que militares y policías cometen “errores”, y que en esta guerra, como en todas, hay “daños colaterales”. Llamar así a las cosas es cínico y es ofensivo, pero también evasivo. Esos sí que son términos vagos y abstractos, encaminados a rebajar la gravedad del problema; vagos y mal intencionados, encubridores, mentirosos…

Es la impunidad de esos actos y de esas palabras lo primero que reclama Sicilia. Por eso lo que dice su movimiento no es abstracto ni es ingenuo. No podría serlo. Porque no es, en principio, sino una reacción ante lo evidente. Y lo que dice es simple: ¡Estamos hasta la madre! Hay 40 mil muertos en lo que va de este sexenio, mientras los políticos y los funcionarios sólo piensan en lo suyo (las elecciones, las prebendas, los cochupos). El país se está cayendo a pedazos, carcomido por la corrupción, el crimen y la violencia (de los narcos y de las fuerzas del Estado). ¡Paren esta locura! ¡Ya basta!...

La demanda es simple y está bien justificada. Pero el gobierno no parece sopesar su gravedad como debiera. Porque no parece entender que los mexicanos –como todos– aguantamos mejor la pobreza y la miseria que la injusticia. O, dicho de otro modo, que aguantamos mejor la injusticia económica y la injusticia social que la injusticia jurídica, la injusticia en su sentido lato. Cuando ve a la gente protestar por la injusticia, el gobierno debería escuchar con atención y actuar con diligencia. Se trata de algo simple, pero muy grave y urgente. Es indicio del desmoronamiento del estado de derecho.

Si Krauze se siente llamado a advertirnos del peligro que corre el movimiento de Sicilia al cometer el pecado de ingenuidad es quizá porque está pensando ya en lo que sigue, y a sus ojos lo que sigue es “la politización” del movimiento. Quiero decir, la politización en el peor sentido del término. El movimiento es ya político, desde luego, pero lo es sobre todo respecto de lo político, no de la política (y de ahí que su actitud sea “ciudadana”). Cuando Krauze le pide a Sicilia que haga durar su movimiento, lo que le pide es que lo conserve libre de la mala politización, libre de la política, no de lo político. La advertencia es valiosa, por más que uno no crea que Sicilia se vaya a dejar arrastrar a la cloaca de la política “normal”. Domínguez abriga menos esperanzas –o, mejor dicho, no abriga ninguna. Él condena desde ya al movimiento a no tener más futuro que el de la fundación de una A.C. o la sumersión en el charco pantanoso de la izquierda. Para él, Sicilia no tiene ninguna esperanza de sobrevivir en el violento mar de tiburones que es este país. Por eso es extraño que, con todo, también él tenga algo que pedirle: que busque –dice– “un meridiano político-moral que concilie a quienes consideramos que el presidente Calderón posee toda la legitimidad para combatir al narcotráfico con quienes consideran errada la estrategia”. Sí, algo se mueve...

Yo supongo que Javier Sicilia leerá los artículos de Krauze y Domínguez con la generosidad de siempre y que sabrá ver en sus palabras, no algo que le piden, sino algo que le dan. Esto es, creo, parte de la lección moral que Sicilia está dándole al país. l

*Francisco Segovia es investigador de El Colegio de México, autor de varios libros de poesía y miembro del equipo de análisis y redacción que dio forma al Diccionario del español de México (Colmex, 2010).

Lozano, Moreira y el carbón rojo

Javier Lozano, titular de la STPS.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 5 de junio.- En la región carbonífera de Coahuila llaman carbón rojo al que se obtiene a costa de la salud y la vida de los mineros que lo extraen. Sus condiciones laborales se asemejan a las descritas por Emile Zolá en Germinal. Sólo que el autor francés escribía a fines del siglo XIX y hoy estamos en el comienzo del XXI. Y en vez de que mejoren, tienden a empeorar porque están sujetas a un entramado de componendas políticas en pos de lograr ganancias en operaciones que no son rentables más que a costa de la explotación de los trabajadores.

El 3 de mayo, 14 mineros murieron y un niño quedó mutilado al producirse un estallido en el Pocito número 3 de un lote minero explotado por las empresas Binsa y Minería y Acarreos, S.A. Ambas empresas tienen como denominador común la participación de miembros de las familias Montemayor Seguy, Montemayor Marines y Montemayor Garza. Miembros de esas familias han sido, uno, gobernador del estado, y otro, presidente municipal de Sabinas: lo es hoy mismo Jesús Montemayor Garza, sobrino de Rogelio, el exgobernador. Tener presente ese dato es imprescindible para comprender la naturaleza de la industria carbonífera coahuilense y el escándalo político, creado quizás artificialmente, no para revelar, sino para ocultar los escondrijos de la inicua explotación minera.

Javier Lozano Alarcón no cesa de mostrar su despecho ante el PRI, partido al que perteneció y le dio altos puestos en el gobierno federal (hasta subsecretario de Gobernación llegó a ser) pero no pudo hacerlo diputado, porque perdió la elección a que se postuló en Puebla. Convertido en panista, o mostrándose tal como en realidad era, promovió durante un lustro una nueva legislación laboral. Cuando finalmente la había colocado en la ruta de la aprobación en la Cámara de Diputados, a través de la bancada priista, los desencuentros en el interior del PRI, y la movilización que ya se veía venir en contra del proyecto, obligaron a la fracción dirigida por Francisco Rojas a apaciguar su entusiasmo panista y a congelar su propia iniciativa. Del plato a la peculiar boca de Lozano se cayó esa sopa y el secretario del Trabajo no se cansa de reprocharlo a su antiguo partido. Se borró así el puntaje que ese proyecto le hubiera dado en su estéril lucha por ser candidato presidencial.

Harto a su vez de las invectivas de Lozano, y en torno a sus propios intereses, el líder del PRI salió a embestir al secretario del Trabajo. No lo hizo personalmente, sino que confió la tarea a David Penchyna, el brillante diputado hidalguense, vocero del comité nacional priista. El 25 de mayo, en medio de certeras y agrias críticas a Lozano, el PRI lo declaró inhábil como interlocutor válido. Recordó Penchyna su pobre desempeño, su ineficacia, y adujo para probar su dicho, entre otros casos, que el secretario del Trabajo “se mostró de cuerpo entero en la tragedia minera de Sabinas. Más preocupado por tuitear minuto a minuto, y culpar a su compañero de equipo, el titular de Economía, Bruno Ferrari, que en solventar las causas y raíces, entre ellas las inspecciones a cargo de su dependencia, que fincaron esa tragedia”.

Para su descargo, Lozano había alegado que la empresa tenía sólo 18 días de operación y que no había notificado su comienzo. Con ello quiso mostrar la imposibilidad de revisar las condiciones laborales. Es una mentira. Lo es porque una sana y eficaz administración pública en materia de riesgos industriales debería impedir que una empresa empiece operaciones sin contar con el visto bueno de la autoridad laboral, previa inspección de las condiciones de seguridad e higiene industrial. En rigor estricto, además, no es cierto que apenas iniciara labores la empresa. El Pocito 3, donde murieron 14 mineros, forma parte de un lote que consta de cuatro pocitos más, dos de ellos abandonados y otros tantos en operación. Éstos se hallan en esas condiciones hace más de un año, y la concesión data de 2007.

Lozano y Ferrari fueron llamados a comparecer, a causa de esa tragedia, ante comisiones de la Comisión Permanente del Congreso. Acudieron el último día de mayo, acompañados de otros miembros del gabinete: los secretarios de Energía, José Antonio Meade (a quien una semana de estas se verá mudarse, de regreso, pero a la oficina principal, a la Secretaría de Hacienda), y Rafael Elvira, secretario del Medio Ambiente, así como Antonio Vivanco, flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, principalísimo adquirente de carbón para la planta termoeléctrica de Nava, en la propia Coahuila.

La sola presencia de esa variedad de funcionarios de ese rango resultaba promisoria. Parecía posible delinear con ellos allí los ejes de un plan integral para la explotación del carbón en esa comarca, única manera de modernizar una industria que no tiene por qué ser letal, salvo porque se ahorre en seguridad laboral a fin de minimizar los costos y aumentar las ganancias. Ese plan debería cubrir todos los aspectos del ciclo económico y social respectivo. Debería evitar las simulaciones, el arrendamiento de concesiones y la intermediación en la venta del combustible a la CFE, así como impedir trabajos en pocitos donde es imposible establecer condiciones de seguridad, como fue el caso del Pocito 3.

Pero Lozano tenía previsto reventar la sesión, como hacen los porros en los sindicatos, acaso la única enseñanza que le ha dejado su paso por la Secretaría del Trabajo. Encaró con pretendida valentía a los diputados y senadores que buscaban información sobre la seguridad e higiene en las minas del carbón. Los provocó y luego se ufanó, y después hasta ha buscado presentarse como campeón de la libertad de expresión, adalid de los pobrecitos e inermes miembros del gabinete que acuden al Congreso únicamente a ser vilipendiados y zaheridos por la turba legislativa. Ésta, en contraste, se halla exenta de ser llamada a cuentas. Lozano se empecinará, anunció, en seguir diciéndoles sus verdades.

El cruce de acusaciones y burletas entre legisladores y Lozano impidió que se ventilara el caso de Binsa, y ni siquiera pudo abordarse el de Pasta de Conchos. En la secuela de esa tragedia, verdadero crimen en realidad, a Lozano le ha correspondido, como en el momento del siniestro mismo a su antecesor Francisco Javier Salazar, cuidar los intereses de la empresa, parte del poderoso Grupo México de la familia Larrea. Por ello no ha sido posible rescatar los restos de 63 de las 65 personas sepultadas bajo los escombros de esa mina.

Ahora la protección opera a favor de las familias Montemayor, que obtuvieron concesiones y las hacen explotar por terceros, en una forma que cabría comparar con la aparcería rural. Sólo que esos encargados de la explotación, que pertenecen a la misma familia, simulan su actuación. Tal es el caso de Minería y Acarreos, que provee carbón a la CFE sin tener de dónde extraerlo. Cuenta con sólo 33 trabajadores y ni siquiera incluye la minería del carbón en su objeto social. Por lo menos, sin embargo, tiene inscritos a sus empleados en el IMSS, a diferencia de Binsa, que no los registra en ese instituto. A su planta pertenecían las 15 víctimas del Pocito 3, y los del resto de ese lote, que trabajan en plena desprotección.

No sé si de manera concertada, pero sí con efectos coincidentes, los intereses de Moreira (por su vínculo político con su antecesor Rogelio Montemayor, salinistas plenos ambos) y de Lozano quedaron bien servidos en estos lances que se vuelven anecdóticos. No lo son, en cambio, los de los mineros de Sabinas y otros municipios de Coahuila, expuestos a seguir produciendo carbón rojo.

Ademas de ineptos, humoristas en el gabinete?...

Reconocimiento-Magú
Se le ve madera-Hernández
El caso se complica-Fisgón
Anónimo sinónimo-Rocha
Empresa líder en ineficiencias
  • Denuncian ola de hostigamientos contra quienes no pagan
La CFE acumula unas 66 mil quejas por cobros excesivos
  • Los llamados recibos locos disparan los supuestos consumos hasta 2 mil por ciento

De un bimestre a otro, Yamilet Ríos, vecina de la delegación Miguel Hidalgo y usuaria del servicio doméstico de energía eléctrica, vio incrementado el cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de 564 pesos a 11 mil 751. Ella es una de las decenas de miles de afectados por los exhorbitantes cobros, los llamados recibos locos de la paraestatal, que han motivado a más de 65 mil 800 usuarios a presentar quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las cifras no cuadran, ni en los requerimientos de pago ni en en el número de denuncias que se han levantado ante la Profeco. Jesús Luna, quien encabeza un grupo de abogados que apoyan la presentación de denuncias de los consumidores contra la CFE, señala que desde la desaparición del Luz y Fuerza del Centro (LFC) se han acumulado casi 66 mil quejas presentadas ante las autoridades del Consumidor y de este total, 90 por ciento se refieren a cobros excesivos, que llegan en algunos casos hasta 2 mil por ciento.

Desde la parte oficial, la Profeco maneja datos muy diferentes. Su más reciente reporte sobre quejas y denuncias contra prestadores de servicios, indica que entre enero y abril del 2011 se presentaron 3 mil 988 quejas contra la CFE por tres razones principales: negativa de la empresa a corregir errores; cálculos mal hechos y aplicación indebida de cuotas extraordinarias. Según estas cifras, el número de quejas va en aumento, ya que en 2010, el promedio por cuatrimestre fue de 2 mil 789.

A partir de la declaratoria de extinción de LFC, el nuevo proveedor de energía eléctrica en la zona centro del país, CFE, se hizo acreedor a multas por parte de esta procuraduría por más de 2 millones 372 mil pesos. Incluso la Profeco inició en los primeros cuatro meses de este año 183 procedimientos por infracciones a la ley en contra de la paraestatal.

La información que da el abogado Luna puntualiza que la Profeco no ha sentado a la empresa a resolver de fondo el problema. Del total de quejas, a la fecha sólo se han iniciado 75 juicios, ya que la dependencia argumenta que únicamente puede atender un promedio de 5 a 7 audiencias por día. Los representantes de la CFE, afirma, ni siquiera hacen acto de presencia, sólo les llaman por teléfono para que declaren por esta vía. Esta Procuraduría no cumple con su tarea de defensa de los usuarios de luz, dice.

Paralelo al proceso legal, en los hechos la CFE tiene su peculiar forma de presionar a los usuarios, y ya inició en las últimas semanas el envío masivo de requerimientos de pago a los habitantes del Distrito Federal, con la amenaza de interponer la acciones legales penales a que haya lugar contra los que no paguen.

Una muestra de estos requerimiento es el que se remitió a Benito Bahena Lomé, líder de la Alianza de Tranviarios. El pasado 24 de mayo, este dirigente recibió el requerimiento NAV/05/012, firmado por el licenciado Christian Guzmán Rasgado, jefe de la oficina comercial agencia Narvarte, notificándole que tiene un adeudo de 26 mil 761 pesos y que tenía como plazo para el pago el 27 de mayo –le concedían tres días para efectuarlo–, o de lo contrario le suspenderían el suministro de energía eléctrica.

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Palabras que no valen nada

A la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LFC), decretada el 11 de octubre de 2009, el gobierno federal determinó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sería la encargada de otorgar el servicio en la zona centro del país, es decir, el Distrito Federal, el estado de México y diversas zonas de Hidalgo, Morelos y Puebla.
En las declaraciones que hicieron los secretarios del Trabajo, Javier Lozano; de Energía, Georgina Kessell, y el director de CFE, Alfredo Elías Ayub, en las primeras conferencias que se sucedieron a la extinción de LFC –de las cuales dan cuenta los periódicos de la segunda quincena de octubre de 2009–, los funcionarios aseguraron que se contrataría en la CFE a los trabajadores que primero se liquidaran; que el costo de la luz incluso podía bajar, dado que LFC tenía un enorme costo laboral, y representaba una carga fiscal que se ahorraría el gobierno. Además, argumentaron que mejoraría el servicio. Tres ofrecimientos –entre muchos otros– que no se cumplieron.
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  • El prepago permitirá desaparecer las tarifas de bajo costo
La comisión invita a que los usuarios generen energía eléctrica

Al asumir la operación de la zona centro del país en octubre de 2009, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) modificó de tajo la política de tarifas para el Distrito Federal y estados circunvecinos; prácticamente desapareció las de bajo costo. Inició además el cambio de medidores por digitales y de prepago, para que los consumidores paguen por anticipado, y ahora empuja a usuarios residenciales e industriales a que mejor instalen sus propios plantas generadoras de luz.

Ahora puedes instalar en tu domicilio o negocio tu propia fuente de energía renovable o sistema de cogeneración en pequeña o mediana escala y realizar un contrato de interconexión con CFE. Al hacerlo, además de ahorrar en tu gasto por concepto de consumo de energía, contribuirás en la utilización de tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica, en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y por ende, en la conservación del medio ambiente, invita la paraestatal a sus clientes, de acuerdo con mensajes difundidos por medio de Internet y cartas a los domicilios.

Es la nueva política de CFE, en la que ofrece contratos de manera indefinida para quienes opten por producir o generar su propia electricidad, así sea para una casahabitación. Un sinnúmero de grandes y medianos usuarios industriales y comerciales, así como prestadores de servicios, ya le tomaron la palabra, aunque de momento sólo empresas han instalado equipos propios.
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  • El grupo Al Consumidor organiza a muchos de los descontentos
Indefensos ante saldos injustificados

Ante las arbitrariedades y cobros injustificados de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE), los usuarios están desprotegidos. A quienes inician un trámite de reclamo en las oficinas que ha creado la empresa únicamente les dicen que primero paguen, que tenían saldos acumulados; son juez y parte y siempre fallan en contra de los ciudadanos, planteó Daniel Gershenson, integrante de la agrupación Al Consumidor, organismo civil que encabeza la defensoría de una queja colectiva de más de cientos de usuarios del servicio eléctrico.

Empresas con el tamaño de esta paraestatal regularmente abusan de los consumidores y no mejoran sus prácticas pese a las protestas, pues la impunidad las protege, señala, luego de sostener que la CFE aplica los cobros de manera discrecional y, cuando se le llega a sancionar con una multa, ésta es irrisoria por su monto y regularmente las impugna.

Para dar una idea del daño económico en el que se traducen los abusos contra los usuarios del servicio eléctrico, Al Consumidor realizó un ejercicio matemático para calcular la afectación al bolsillo de los clientes de la paraestatal.
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  • Vida plena con 6 mil pesos al mes, fin de la pobreza en el país y recuperación salarial, tres perlas
En el México ideal de Cordero sus dichos duran un día y son rectificados al siguiente
  • Millones de familias, en desacuerdo con las anecdóticas declaraciones del titular de Hacienda
  • Desde 2009, como secretario de Desarrollo Social, ofrecía grandes beneficios a las familias
Víctor Cardoso

Las declaraciones sobre la recuperación del poder adquisitivo del salario en México completaron este lunes las expresiones del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, en las que pinta un México que no corresponde con la realidad de millones de familias.

Primero, el alto funcionario calculó que con un ingreso de 6 mil pesos al mes una familia puede enviar a sus hijos a escuelas privadas, pagar un crédito hipotecario y hasta uno automotriz. Luego, el funcionario fue más allá y afirmó que México había dejado de ser un país de pobres, opinión que no comparten más de 40 millones de habitantes.

Las declaraciones de Ernesto Cordero son ya anecdóticas y las sigue expresando pese al revuelo que provoca cada vez que se refiere al bienestar social en el país. Todavía como secretario de Desarrollo Social prometió, en septiembre de 2009, que las familias pobres del país recibirían mucho más con el paquete de política social de lo que gastarían con el pago del impuesto generalizado de 2 por ciento propuesto por el gobierno federal ese año.
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Canasta inalcanzable

Para 5 millones 862 mil mexicanos que se estima ganan un salario mínimo al día, el fortalecimiento de su poder adquisitivo es tema aparte. Sólo les alcanza –en zonas urbanas– para cubrir poco más de 41 por ciento de los productos que integran el indicador conocido como canasta básica.
“Si consideramos que más de 16 millones de mexicanos tienen ingresos de entre uno y tres salarios mínimos –36 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país–, y eso representa el único ingreso de igual número de familias integradas por cuatro miembros cada una, tenemos a 64 millones de mexicanos sin posibilidades de cubrir los requerimientos mínimos de alimentación, vivienda, vestido, calzado, recreación, etcétera”, afirmó el presidente de la firma Consultores Internacionales, Julio A. Millán.
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El operativo, acto de intimidación que debe esclarecerse, señalan ONG

Ciudad Juárez, Chih., 6 de junio. Organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales exigieron a autoridades estatales y federales esclarecer el cateo realizado por la Policía Federal (PF) a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez, y calificaron el operativo de acto de intimidación para los organizadores de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia y llegará a esta frontera el viernes próximo.

El sacerdote católico Óscar Enríquez, director del centro, dijo que por tratarse de un “operativo anticonstitucional”, para amedrentar a los defensores de las garantías individuales, presentó quejas ante las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por abuso de autoridad, allanamiento de morada y daños.

La ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, demandó a la fiscalía mexicana realizar una investigación exhaustiva e imparcial, luego de que a las 20:30 horas del domingo unos 20 agentes irrumpieron en las instalaciones del centro, el cual se caracteriza por su férrea defensa de las garantías de personas detenidas por militares durante operativos anticrimen.
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  • Culpan de los hechos al presidente Calderón; no responderemos con violencia: Sicilia
Acusa Caravana por la Paz que policías allanaron inmueble de centro de derechos

Zacatecas, Zac., 6 de junio. El allanamiento de las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte por la Policía Federal, el domingo por la noche en Ciudad Juárez, provocó indignación y enojo entre los miembros de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, quienes en un pronunciamiento leído por el poeta Javier Sicilia, en la plaza central de esta urbe, culparon de los hechos al presidente Felipe Calderón.

¿Qué busca Felipe Calderón en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte? ¿El expediente de dolor e injusticia? ¿Las pruebas irrefutables de su incapacidad para garantizar paz y legalidad? ¿Qué guerra pretende ganar instruyendo a su gente a comportarse como delincuentes?, expresó Sicilia, quien comentó que dicho centro, dirigido por el sacerdote Óscar Enríquez, es el organismo de la sociedad civil que participa en la recepción de la caravana en Ciudad Juárez.

Esta vez la mención del Presidente no causó mentadas de madre. Sólo silencio y el aval colectivo al pronunciamiento leído por Sicilia. Parte del mensaje fue: Si con esta agresión se pretende que perdamos los estribos y respondamos con violencia, manifestamos desde esta tierra, que vio nacer al poeta Ramón López Velarde, que no vamos a cooperar con la espiral de violencia, que no cuenten con nosotros, que sus juegos de guerra nos lastiman y nos indignan, y que vamos a desobedecer todo mandato de guerra e inhumanidad.
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Se sumaron decenas a la campaña Un minuto por no más sangre

  • Exigen al gobierno poner fin a la guerra contra el crimen organizado

En la ceremonia Un minuto por no más sangre, académicos, defensores de los derechos humanos, investigadores, periodistas, moneros, artistas, intelectuales y familiares de víctimas exigieron al gobierno federal poner fin a la guerra contra el crimen organizado, abatir la impunidad, justicia y el retorno de los militares a sus cuarteles.

Los participantes llenaron el Museo de la Ciudad de México. Hubo más de 120 oradores, y todos coincidieron en la demanda de poner fin a la violencia en el país.

Eduardo del Río, Rius, se dijo sorprendido. “No pensé que viniera tanta gente. Como me consideran el padre de la criatura, a mis años sólo puedo ser padre de ideas. Ya me hice la vasectomía. La campaña empezó el 10 de enero con la aparición, en más de 30 periódicos y revistas, de caricaturas alusivas al tema.

“Ese día, en la revista Proceso, por la solidaridad de Julio Scherer, aparecieron varios artículos hablando de la campaña. Lo mismo ocurrió en el periódico La Jornada, que por cortesía de nuestra amiga Carmen Lira se sumó a la campaña. Excelente cortesía. Los únicos que se hicieron rosca y se negaron a publicar fueron Televisa y su calca malísima Tv Azteca. Ellos se fueron del lado del gobierno diciendo que la campaña era de mala fe, porque estaba destinada a hablar mal del gobierno y a proteger a los delincuentes".
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El combate al crimen no se contrapone al respeto a las garantías: Silva Meza
  • Ejército y policía deben actuar bajo el control civil: ex ministra de Defensa colombiana
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, advirtió que en el combate al crimen organizado hay un falso dilema sobre seguridad o derechos; combate a la inseguridad o vigencia de la Constitución; convivencia pacífica o libertades, y que la existencia de fenómenos extraordinarios no deslegitima el pacto social por el que se establecen límites al poder del Estado en el respeto de las garantías constitucionales previstas para la protección de los individuos.

Al participar en la Conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia, que organiza la UNAM, Silva Meza agregó: es urgente lograr en el país un balance armónico entre consolidación de un régimen democrático que conduzca paulatinamente al desarrollo económico y a la superación de las desigualdades sociales y a la recuperación de la tranquilidad en la vida social, pues la confianza en las instituciones del Estado se está deteriorando.

Ante el rector de la UNAM, José Narro, y especialistas nacionales e internacionales que analizarán durante cinco días temas de seguridad, el ministro presidente sostuvo que democracia sin derechos es simple regla de mayoría, aritmética vacía de sentido.
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Los juicios orales no resolverán la inseguridad, coinciden expertos

Con la aplicación del sistema penal acusatorio (juicios orales) no se resolverán los problemas de inseguridad que enfrenta el país, advirtieron especialistas en la Conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia. Actualmente sólo en siete estados se aplica la reforma en la materia que se elaboró en 2008.

La delincuencia organizada quedaría excluida de este tipo de procesos porque hace tres años, al tiempo que se aprobaron los juicios orales, se hizo otra reforma constitucional en la que se alude en 12 ocasiones a la delincuencia organizada; algunos de sus planteamientos contradicen al sistema penal acusatorio. Tantas menciones deben prender un foco para ver cuál es el mensaje, aseveró Miguel Ángel Mancera, procurador general de Justicia del Distrito Federal.

En la conferencia organizada por la UNAM, enumeró algunos de esos cambios. Se establece algo que me parece inusitado, la descripción del tipo penal de delincuencia organizada en el texto constitucional.

Se menciona, detalló, que en estos casos criminales el Ministerio Público puede obtener la información de carácter reservado, el juez ordenará prisión preventiva oficiosamente –mientras el sistema acusatorio la elimina– y se plantea el resguardo de la identidad de datos personales cuando son menores de edad; es decir, cuando hay un acusador se puede guardar su identidad en caso de delincuencia organizada. Esto va todavía más allá del debate del testigo protegido".
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La inseguridad es peor ahora que en 2010, estima 58% de la población: Inegi
  • Según el sondeo, 48% de los entrevistados sienten más desprotección que hace 12 meses
Juan Antonio Zúñiga M.

Casi 58 por ciento de la población urbana consideró, en el pasado mes de mayo, que la situación de la seguridad pública en México se encuentra peor de la que prevaleció hace un año, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (Ecosep) aplicada en mayo, el organismo indicó que 48.4 por ciento de los entrevistados dijo sentirse más inseguro en lo personal que hace 12 meses; 50.39 por ciento consideró que dentro de un año su seguridad individual se mantendrá igual que ahora; mientras que 42.38 por ciento percibe que la situación de la seguridad pública en el país permanecerá sin cambios en mayo de 2012, respecto de la situación actual.
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  • La SSP federal habría ofrecido a EU información de seguridad
Exhortaría Congreso a Calderón que informe de revelaciones de Wikileaks

La primera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión de este martes, analizará un dictamen por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que informe “a esta soberanía si se entregaron al gobierno de Estados Unidos informes en materia de seguridad y de combate al crimen organizado, como lo revelan los cables de Wikileaks publicados en el periódico La Jornada”.

Los senadores Ricardo Monreal, del PT, y Luis Walton, de Convergencia, presentaron, el 31 de mayo pasado, sendos puntos de acuerdo solicitando que se convocara a los responsables de seguridad pública a comparecer para informar sobre lo divulgado por Wikileaks en sus cables 98281 y 98138, difundidos por el periódico y en los que se hace referencia a que el actual secretario de Seguridad Pública federal ofreció a autoridades estadunidenses supuesto libre acceso de información nacional e inteligencia en materia de seguridad.

La comisión dictaminadora consideró que la preservación de la seguridad nacional es un asunto constante que resulta en el mantenimiento de la integridad del Estado mexicano y, por tanto, es necesario que las instituciones que lo integran trabajen de manera adecuada para asegurar aquellos elementos que le dan lugar a su existencia; es decir, que se debe actuar adecuadamente para mantener la estabilidad y asegurar las condiciones que hacen factible su permanencia en el tiempo.
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Multa el IFE a Convergencia y PT por promover el Morena
  • Declara infundada queja de Acción Nacional contra López Obrador
El consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) resolvió en sesión extraordinaria imponer una multa a los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia, por la difusión de espots en los cuales se convoca a asistir a las reuniones de Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, el colegiado respaldó la propuesta de declarar infundada la queja que el PAN presentó contra López Obrador y el PRD.

Por unanimidad resolvieron sancionar a las radiodifusoras que han transmitido los espots en el lapso que va del 26 de abril al 31 de mayo de este año –aunque el PAN presentó la queja el 20 de mayo–, pero sólo con una amonestación pública.

En otro caso, el IFE resolvió un procedimiento especial contra Televisión Azteca y la revista Vértigo, del Grupo Editorial Diez, a las cuales impuso una sanción de 7 millones 551 mil 201.23 pesos, para la primera, y de 2 millones 550 mil 809.60 pesos para la revista.
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  • El titular del Trabajo ocasionó enorme daño al sector laboral, expresa el líder minero
Lozano Alarcón resultó ser un peligro para México, afirma Gómez Urrutia
  • Anuncia que pronto retornará al país, después de superar procesos penales en su contra
Tras asegurar que pronto estará la resolución final de las acusaciones penales en su contra, lo cual le permitiría su regreso a México, el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, es quien resultó ser un peligro para el país, ya que ocasionó un enorme daño al sector laboral mexicano.

Desde Vancouver, Canadá, vía telefónica, Gómez Urrutia indicó que es una aberración que ahora este funcionario pretenda justificar que no hizo nada en cinco años para inspeccionar y regular el trabajo en las minas de la región carbonífera, porque no se aprobó la reforma laboral. Argumento que calificó de muy infantil.

“Lozano sólo fue a Sabinas –al pozo donde murieron otros 14 mineros– a ponerse el casco de minero para la foto, por sus aspiraciones políticas, pero no quiso ver a los 10 mil trabajadores que siguen laborando en pozos en esa zona, ni a las viudas de Pasta de Conchos que están a 20 kilómetros de Sabinas, todavía en espera de que rescaten los cuerpos de sus familiares. Tampoco quiso dar a conocer que ahora Grupo México encabeza una guerra en la zona contra otros empresarios por las concesiones de gas natural”, planteó el dirigente.
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Intentan desbarrancar al PRD en Michoacán: Zambrano

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, reveló que el mismo jueves que entregó las listas de sus candidatos a puestos de elección popular a la Secretaría de Gobernación (SG) para solicitar su deslinde de vínculos con el crimen organizado, reclamó al subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez, la respuesta oficial a su petición.

“Fue muy grosera e insultante la declaración que la SG dio minutos después que nosotros salimos –cuando rechazó certificar directamente a los candidatos, con el argumento de que no está facultada para revelar información de las personas– y yo se lo reclamé duramente, por la noche de ese mismo día, al subsecretario Juan Marcos Gutiérrez. Le dije que me parecía una falta de respeto, porqué, ¿de dónde saca que eso significaba un salvoconducto para nuestros candidatos?

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PRD y PT felicitan a Humala por su victoria

El triunfo de Ollanta Moisés Humala en Perú fue saludado por partidos de izquierda mexicanos, porque, una vez más, en Latinoamérica se consolidan las fuerzas progresistas. A su vez, el gobierno de México envió una felicitación al político sudamericano y al hermano pueblo peruano por su vocación democrática, reflejada el día de ayer en la ejemplar jornada electoral. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) expuso en un comunicado que nuestro partido comparte la vocación democrática del pueblo peruano que ha dado su confianza a la izquierda, al aportar con una propuesta que combata la pobreza, corrupción y fortalezca la democracia en la región en andina; que luche a lado de los pueblos indígenas amazónicos como los del movimiento por la regulación de la explotación forestal y la sierra de cultivo en Bagua, así como la condena sobre las esterilizaciones forzosas de mujeres durante la dictadura fujimorista.
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Astillero
  • Aberraciones ópticas
  • La inocencia de Hank
  • Denuncias ciudadanas
  • Felipe ayuda al PRI
Julio Hernández López

La conocida impericia política de Felipe Calderón y los gatos salvajes que le rasguñan la panza electoral han producido una aberrante ilusión óptica: Jorge Hank Rhon, un personaje que merecidamente debería estar en la cárcel a causa de las múltiples infracciones a la ley que constituyen su genealogía y orgullo, hombre de casinos con prolongado olor a mafia, grosero emblema de la transmutación priísta de riqueza pública en privada, se ha convertido hoy en una impensada pieza de denuncia de los abusos cometidos por la administración militar felipista contra sus adversarios políticos, en un lance que los atrincherados de Los Pinos pretendieron etiquetar como el arranque de una guerra de alto nivel contra el dinosaurismo encopetado, pero que podría acabar como una tragicómica pataleta de madrugada que solamente enturbia el panorama político y electoral, sin aportar aires de justicia, ni percepción de legalidad triunfante, ni victoria moral alguna, sino simple pleito callejonero por el poder.

Increíble torpeza militarizada la que llevó a armar esa historia fofa (de denuncias ciudadanas, guardaespaldas que denuncian arsenales domésticos, flagrancias durmiendo en cama, etc...), indigna de ser montada por quienes tienen poder y recursos suficientes para cuando menos ofrecer platillos decorosamente aceptables pero, al mismo tiempo, absolutamente coincidente lo que luego denunciarían los familiares del peculiar priísta, con el agresivo e ilegal comportamiento de elementos gubernamentales armados que irrumpen en domicilios particulares para cumplir órdenes superiores, sin fundamento legal alguno, allanando, atropellando, agrediendo...)

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México SA
  • Se cae el paraíso clasemediero
  • Pobres de ingreso mediano alto
  • Hank Rhon: ¡qué casualidad!
Carlos Fernández-Vega

Desde Los Pinos, a golpe de trucos técnicos y bombardeo propagandístico, pretenden imponer una tesis por demás insostenible: México, de sólido crecimiento económico, es un país de ingreso mediano alto, y lo es porque lo dice el Banco Mundial. ¡Albricias!: los millones y millones de pobres que sobreviven en la República pueden presumir que lo son, sí, pero con un ingreso de tales características, mientras a otros millones ficticiamente los incorporan, a empujones, a las filas de clasemedieros igual de felices que de inexistentes (marca Bartola) que con 6 mil pesos pagan el teléfono, la renta y la luz, y todavía les sobra para coche y colegiatura en escuela privada.

Pues bien, entre las novedades que ofrecen las más recientes cifras oficiales (Inegi) destaca una que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas sintetiza así: en el primer trimestre de 2011, el 57.73 por ciento de la población ocupada (casi seis de cada diez) ganaba hasta tres salarios mínimos, por lo que gana menos del PIB per cápita, es decir, una cantidad inferior a la que, según la presunción oficial, hace de esta una nación de ingreso mediano alto. Para lo anterior, una cereza: la tasa de desempleo permanece alta y volvió a incrementarse, por lo que aún no recupera el nivel que mostraba antes del inicio de la crisis. En pocas palabras la República mediática es derrotada, una vez más, por la realidad.
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Dinero
  • Un humorista en el gabinete
  • Perú: efecto Humala pega a Larrea
  • ¿El próximo es Ulises Ruiz?
Enrique Galván Ochoa

El kilo de tortilla costaba 2.50 pesos el mes de diciembre de 2000, cuando llegó el panismo a la Presidencia. El salario mínimo de la zona A (el mayor) era de $32.15. Podías comprar casi 13 kilos de tortilla. Hoy el mínimo –en la misma zona A– es de $59.82, y el kilo de tortilla cuesta 12 pesos; es decir, no alcanza para comprar cinco kilos. Si hacemos el comparativo empleando como ejemplos la gasolina, el gas doméstico, el frijol y las papas, llegaremos al mismo resultado: el poder de compra se hizo pequeño. ¿De dónde sacó el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, la conclusión contraria? A menos de que él conozca una tortillería donde le hacen un descuento sustancial, la única explicación es que está haciendo chistes de mal gusto a costillas de los consumidores mexicanos. A veces llega a una posición importante del gobierno un humorista involuntario, de humor negro; podría ser su caso. Aun los supermercados que usan la tortilla como producto gancho mantienen un precio mucho más alto al de hace una década: $6.80. Por otro lado, la situación económica personal del secretario del Humor ha mejorado notoriamente. A principios de sexenio vivía en un departamento al sur de la ciudad, pero sus amigos dicen que ahora posee una residencia de más de 5 millones de pesos. Nadie podría decir que es mal habida, le pagamos un magnífico sueldo, es un lujo que puede darse desahogadamente.
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El Zapotillo y el calderonismo como bufete empresarial

Magdalena Gómez

La crisis nacional agudizada por la estrategia de combate al crimen organizado y sus saldos de muertes impunes está colocada de manera muy explicable en el centro de nuestras preocupaciones. Sin embargo, también es tiempo de dar cuenta de otro tipo de daños colaterales que no son los de la muerte de ciudadanas y ciudadanos, como les ha señalado el ocupante de Los Pinos. Me refiero al hecho de que el gobierno practica, también impunemente, su política de otorgamiento de concesiones para megaproyectos sin considerar siquiera la opinión de las poblaciones afectadas cuyos derechos históricos adquiridos simplemente se ignoran. Los movimientos opositores a tales proyectos son invisibilizados y criminalizados con la complicidad de los grandes medios, sobre todo electrónicos, y con el muy escaso o nulo interés de los partidos políticos, para quienes la ciudadanía sólo es útil en tiempos electorales. Hoy México lamentablemente está en los medios internacionales por la muy alarmante nota roja y poco se conoce sobre el avance neoliberal en la imposición de proyectos, el arrasamiento de sus pueblos, menos aún por la persistente defensa social frente a ellos.

Un ejemplo de ello es el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que enfrenta desde hace seis años una desigual lucha frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) del gobierno de Jalisco por la oposición a la construcción de la presa El Zapotillo, cuya autorización está plagada de irregularidades (empezando por la manifestación de impacto ambiental que sirvió de base para la aprobación del proyecto), las cuales se han comprobado ante instancias judiciales (amparo otorgado por el juzgado auxiliar de distrito en el expediente 2245/2008 y su acumulado 2262/2008, que dicta instrucciones para que se cancele la obra) y la comisión estatal de derechos humanos (recomendación 35/2009), entre muchos otros resolutivos en favor de los pueblos amenazados de ser sepultados por el agua con toda su historia, cultura, monumentos históricos y que simplemente se pretende intercambiar por la promesa de un nuevo centro de población. Para refrendar la postura sobre este proyecto se organizó la consulta comunitaria de enero de 2011, donde 98 por ciento reiteró su rechazo al mismo. Ante la postura de continuar el proyecto e incumplir las resoluciones judiciales, el pasado 28 de marzo de 2011 un grupo de comuneros se estableció en plantón para impedir el avance del mismo. La solidaridad desplegada en su defensa logró que Conagua, Gobernación y la CEA abrieran unas mesas de diálogo que fueron aceptadas por los comuneros con el compromiso de retirar las denuncias penales en su contra.
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Hank es lo de menos

Pedro Miguel

Hank es lo de menos. La noticia es que la negociación entre los cárteles subió de tono. Felipe Calderón cumplió con su amenaza de emprender acciones judiciales contra priístas destacados y empezó por uno de los más indefendibles: Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, involucrado en los homicidios de dos periodistas del semanario Zeta, presunto responsable del desvío de 300 millones de pesos de las arcas municipales y, a decir de Ronald Kramer, ex cónsul estadunidense en esa ciudad, protector de narcotraficantes. Carente de originalidad, el gobernante panista siguió, paso a paso, en las formas, el guión del Quinazo, la operación lanzada en los albores del salinato para domesticar al jurásico priísta: allanamiento militar de la morada, siembra de armas, inmediato traslado de los detenidos a la capital. Pero las intenciones son distintas. En aquel entonces Salinas buscaba imponer su autoridad –emanada de un escandaloso fraude electoral– a los sectores del aparato que se sentían amenazados por su proyecto; Calderón, ahora, trata de negociar, así sea con modales bruscos, su permanencia en el poder o, cuando menos, su sobrevivencia.

A partir de este hecho pueden ocurrir varias cosas: que la cúpula priísta dé su brazo a torcer, por lo pronto, a la espera de una circunstancia en que la correlación de fuerzas le resulte más favorable, y que Eruviel Ávila reciba la instrucción superior de jugar a la pérdida (más o menos, como lo hizo Fernández de Cevallos en 1994), o algo así. Pero puede suceder también –nunca se sabe– que el PRI respingue, cierre filas, ruja, y que Calderón salga corriendo como niño asustado, mande a Blake y a alguien más a aplacar al dinosaurio y que Hank se convierta en destinatario de un usted disculpe tras la chambonada de acusación por posesión de armas.
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Con los guantes puestos

Luis Hernández Navarro

Son días de vértigo. Suena la campana. Uno, dos, tres, Felipe Calderón lanza golpes con miras a 2012. Uno: le declara la guerra a Carlos Slim. Dos: refuerza su alianza con Televisa. Tres: mete a la cárcel a Jorge Hank Rhon.

El viernes 27 de mayo el gobierno rechazó la entrada de Teléfonos de México al negocio de la televisión. La empresa –dice el gobierno– no ha ofrecido servicios de interconexión a terceros. La medida beneficia al duopolio televisivo y, muy especialmente, al negocio de Emilio Azcárraga.

El miércoles 1º de junio, la Comisión Federal de Competencia (CFC) impuso a Telmex una multa por 91.5 millones de pesos, por negarse a interconectar durante siete meses a Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas. La sanción es producto de una investigación iniciada en 2008. Es el segundo castigo a una empresa de Carlos Slim en menos de dos meses.

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