lunes, mayo 09, 2011

Beneficia gobierno a empresa ligada a primo de Margarita Zavala

La incorporación de Luis Gómez del Campo Gurza a la Dirección Financiera ha redituado al Grupo Andrade millonarios beneficios. El primo de Margarita Zavala –esposa del presidente Felipe Calderón– provee de parque vehicular a Pemex, Sedesol, Ssa, STPS, SEP, SAT, Fonhapo, Banjército, ASA, SCT, Profepa, CFE. En la Secretaría de la Función Pública, donde se le ha acusado de tráfico de influencias, despacha su hermana Teresa Gómez del Campo. Ante las contralorías internas del SAT y la CNBV, por las actividades que realiza, fueron acusados de omisión sus hermanos Antonio y Pablo Gómez del Camp.

Ana Lilia Pérez

A cuatro años de su gobierno, Felipe Calderón aún paga las facturas a los empresarios que lo respaldaron en su campaña política para la Presidencia de la República. Entre ellos, figura el Grupo Andrade, cuyas finanzas administra el primo del presidente Luis Gómez del Campo Gurza, hermano de la líder del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo.

Los millonarios contratos que desde 2007 Pemex Refinación ha adjudicado a Camiones Andrade, una de las empresas del grupo, ha provocado la inconformidad de diversos proveedores, quienes han promovido quejas y denuncias ante el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para que frenen el supuesto tráfico de influencias de Luis Gómez del Campo a favor de esa compañía.

Con Gómez del Campo, los empresarios Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, directivos de Grupo Andrade, se convirtieron en los contratistas con las asignaciones más lucrativas de Pemex Refinación.

Sólo entre 2007 y 2010, mediante los contratos 4500236448, 4500298819, y 4500350033, la subsidiaria les compró más de 900 pipas para transportar hidrocarburos, cuyo costo unitario rebasa el millón de pesos; es decir, más de 1 mil millones de pesos. Es la facturación más alta en la historia de esa compañía. También les compró 57 autostanque y 91 tractocamiones mediante las licitaciones 18576178-003-10 y 18576178-004-10.

Para tales adjudicaciones, se argumentó que Grupo Andrade cumplía con los requerimientos técnicos y económicos, y que tenía la suficiente solvencia para compromisos contractuales de tal envergadura, no obstante que durante 2009 diversas cuentas bancarias le fueron embargadas por proveedores que alegaron falta de pago e incumplimientos, como Daimler Financial Services, derivado del juicio mercantil 159/2010.

Los órganos internos de Control en Pemex recibieron quejas de que las adjudicaciones responden a las gestorías e “influencias” de Gómez del Campo. Tales inconformidades también se hicieron públicas en desplegados que transportistas dirigieron a los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de Pemex.

El Grupo Andrade rechaza que existan tales influencias: “La relación de Luis Gómez del Campo con el Grupo tiene más de 15 años y sus funciones no lo vinculan en los procesos de licitación, en los que las empresas del Grupo participan”, dice a Contralínea el área de relaciones públicas del corporativo, a nombre del director general Ángel Mieres Zimmermann.

Sin embargo, fuentes internas del Grupo Andrade refieren que aunque la amistad entre Gómez del Campo y Ángel Mieres data de hace 15 años, su ingreso a la nómina fue en agosto de 2005. Antes, se desempeñaba como ejecutivo del grupo financiero Multiva, de la familia Vázquez Raña.

Explican que aunque Luis Gómez del Campo no participa directamente en los procesos de licitación gubernamental, sino a través de sus subordinados, él opera las relaciones públicas y administra los recursos económicos del consorcio, la mayoría desde 2007. Según el sistema Compranet, provienen del erario.

El Grupo Andrade se dedica a la venta de automóviles y camiones. Fue fundado en 1986 por Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, accionistas mayoritarios junto con Antonio y María Cristina Mieres Zimmermann. Agrupa las firmas Automovilística Andrade; Camiones Andrade; Autoangar, SA de CV; Camiones de Cuautitlán, SA de CV; Refacciones y Servicio Zaragoza; Angar Azcapotzalco, SA de CV; Autos Británicos Angar, SA de CV; Camiones y Refacciones El Pajarito (Carepasa); Eurocamiones, SA de CV; Autos Japoneses Angar; Italo Angar, y Velotrans.

Si bien el consorcio ya era proveedor del gobierno desde el sexenio de Vicente Fox, sus contratos eran menores –uno de ellos, matizado de irregularidades–. En 2006, la Secretaría de Salud le concedió, fuera de ley, un plazo de cuatro meses para que entregaran las compras que les hizo el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de una unidad de comando operativo para seguridad en salud y siete unidades de respuesta rápida para seguridad en salud.

Las cláusulas obligaban a Camiones Andrade a entregar las unidades el 10 de marzo de 2006; pero dos semanas antes de que se cumpliera la fecha, funcionarios del sector salud ampliaron el plazo hasta el 26 de julio mediante un convenio que la Auditoría Superior de la Federación calificó como ilegal; acusó a funcionarios de la Secretaría de Salud por violar la Ley de Adquisiciones para favorecer a la contratista y pidió al Órgano Interno de Control (OIC) fincar responsabilidades.


La bonanza

La llegada del gobierno autodenominado “de las manos limpias” impactó de manera directa al corporativo, no sólo con millonarias compras de Pemex, sino de secretarías de Estado, instituciones de salud, procuradurías, corporaciones policiacas, y lo colocó a la cabeza de los proveedores de parque vehicular.

Ya con Felipe Calderón, aun con la presencia de contralores y la incorporación de testigos sociales a los concursos de gobierno, se les ha permitido que dos, tres y hasta cuatro de sus compañías concursen en una misma licitación, un hecho que a otras contratistas les ha valido severas inhabilitaciones por simulación de competencia y por contravenir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Al respecto, Rogelio Aldaz Romero, director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, precisa que las leyes de Adquisiciones y Obra Pública prohíben que empresas de un mismo grupo participen en una misma licitación con propuestas diferentes, porque “este tipo de prácticas vulneran precisamente la libre competencia entre los servicios que se ofrecen al gobierno”.

Las sanciones, explica, promedian tres años de inhabilitación y multas económicas que “dependen del monto del contrato que se obtuvo con ese mecanismo de participación simulada. Pero, de entrada, amerita la inhabilitación severa de tres años”.

Esta pena no se ha aplicado al Grupo Andrade. En junio de 2009, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) emitió la licitación 00020043-012-09 para comprar vehículos a Liconsa, Diconsa y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares. En el proceso, se permitió que cuatro compañías del grupo –Camiones y Refacciones El Pajarito, Camiones de Cuautitlán, Autoangar y Automovilística Andrade– concursaran, y se les adjudicó la compra de vehículos por 42 millones 969 mil 800 pesos.

Al año siguiente, la Sedesol convocó a la licitación 00020043-010-10 para compra de vehículos a Liconsa, Diconsa y Oportunidades. Se permitió que concursaran Autoangar, Camiones de Cuautitlán y Camiones y Refacciones El Pajarito, todas representadas por una persona distinta. Se les adjudicó el contrato por 33 millones 200 mil pesos a Camiones de Cuautitlán, y 3 millones 227 mil pesos, a Camiones y Refacciones El Pajarito.

Rogelio Aldaz, de la SFP explica que para que se acredite la infracción debe haber coincidencia de socios entre las empresas que están participando en un mismo concurso.

En las actas constitutivas de Camiones de Cuautitlán y Autoangar, Ángel y María Cristina Mieres Zimmermann aparecen como accionistas principales. En las actas de Automovilística Andrade, ambos aparecen como miembros del Consejo de Administración.

Los llamados públicos y a través de las contralorías internas para que la SFP escrute los contratos adjudicados al consorcio camionero pondrán en una encrucijada al área encargada de vigilar la legalidad de las contrataciones gubernamentales, pues otra integrante de los Gómez del Campo, Teresa, es funcionaria de dicha Secretaría.


SAT, compras al por mayor

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es otra área de gobierno que más compras ha hecho al Grupo Andrade. Quizá sea coincidencia que Antonio Gómez del Campo, hermano de Luis, sea administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes de esa dependencia.

En septiembre pasado, el SAT compró a Autoangar 58 camionetas tipo Guayin y 35 camionetas tipo pick up, que facturaron 10 millones 558 mil pesos. A finales de ese mes, compró camionetas por 153 millones 587 mil 471 pesos con dinero del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Auditorías Aduaneras.

Vehículos de lujo para secretarios y subsecretarios, camionetas para funcionarios ejecutivos y 4 por 4 para ejecutivos junior; vehículos utilitarios, camiones de carga, pipas y tractocamiones para la industria petrolera; pipas y camiones cisterna; camiones adaptados como unidades médicas para el sector salud; camiones de carga para transportar bienes incautados; patrullas con torreta para policías; motocicletas para los federales; blindados para el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjército); grúas para Comisión Federal de Electricidad, etcétera. El Grupo Andrade surte de todo al gobierno federal en licitaciones públicas o adjudicaciones directas.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares compra a Grupo Andrade autostanque para gasavión, dispensadores para suministro de combustible, vehículos de rescate y extinción de incendios. A la Comisión Nacional del Agua, vehículos y camiones tanque cisterna. Con cargo al Fondo Nacional de Desastres, el gobierno federal compra al Grupo Andrade camiones tanque cisterna, tractocamiones y camiones 6 por 4 con grúa.

En 2009, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) compró una flotilla de 46 automóviles sedan cuatro puertas, con dirección hidráulica y aire acondicionado, y 49 camionetas tipo pick up 4 por 4 con sistema de doble tracción.

Por adjudicación directa, también les compran la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría del Trabajo, Banjército, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y por “invitación restringida”, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública.

El SAT, además de comprar vehículos, contrata a Grupo Andrade el servicio de mantenimiento; igual que Pemex Corporativo, que en febrero de 2008 contrató el mantenimiento de los vehículos de sus ejecutivos por 590 mil pesos. También Liconsa, la Policía Federal Preventiva y la Secretaría del Trabajo.

Pemex Refinación compra a Andrade refacciones y el mantenimiento de pipas y del parque vehicular, así como de tanques de terminales del país.


Denuncias elocuentes

El pasado 30 de agosto, el SAT recibió una denuncia donde se ventilan, con santo y seña, supuestas irregularidades del corporativo Andrade. Aquí, la parte sustancial de la denuncia, a la que tuvo acceso Contralínea:

“Los trabajadores del Grupo Andrade son empleados de una administradora de personal Trasinmex, SA de CV, y/o Servicios de Contraloría, Administración y de Personal, SA de CV. Los gerentes y directivos son miembros de una cooperativa. Adicionalmente, los dueños y directivos reciben sus ingresos por medio de depósitos en efectivo de la empresa de transporte Velotrans, SA de CV, la cual factura a las distribuidoras ciertos montos con IVA [impuesto al valor agregado], los cuales son depositados a cuentas bancarias de los dueños, directivos, gerentes y empleados de las distribuidoras.

“La empresa de transporte acumula el IVA y factura como asesorías administrativas. Esto se ha llevado a cabo mensualmente por más de cinco años, abusando de las ventajas fiscales de las deducciones de las empresas de transporte. Al final, esta empresa está ‘vendiendo’ facturas y realiza operaciones fuera de su giro. A sabiendas de que este tipo de transacciones son ilegales, los directivos y dueños sacan sus ingresos adicionales de las empresas, ya que cobran una mínima porción dentro de la nómina de la empresa administradora de personal.

“Tanto propietarios como empresas no son asesorados por empresas externas como es común, sino que copian esas prácticas y las implementan por medio de sus directores de contraloría y del área legal. Además de incurrir en simulaciones contables, triangulaciones financieras, doble contabilidad, evasión de pago del ISAN, y promueven amparos para dejar de pagar contribuciones.

“Los dueños podrían ser responsables de evasión fiscal, lavado de dinero, fraude, ya que a pesar de hacer ventas importantes a Pemex de auto tanques y tener utilidades, buscan figuras para no contribuir al fisco a pesar que el mismo Estado le hace importantes compras…” (sic).

Al respecto, la Administración Regional de Evaluación Metropolitana, de la Administración General de Evaluación del SAT, integró el expediente (103-24) 331-02-02-2010-208.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió una denuncia similar.

En octubre, ambas denuncias derivaron en otras que se presentaron ante las contralorías internas del SAT y la CNBV. La razón: se acusa a Antonio Gómez del Campo, en el SAT, y Pablo Gómez del Campo, en la CNBV, de supuesta “omisión ante las actividades que realiza su hermano Luis Gómez del Campo Gurza, director financiero del Grupo Andrade”.

En la CNBV, Pablo Gómez del Campo es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV. La queja en su contra quedó integrada en el expediente AQ/DE-17/10.

La denuncia ante los órganos internos de Control detalla el supuesto encubrimiento de los Gómez del Campo a las supuestas prácticas de su hermano Luis en el Grupo Andrade.

Cita el texto:

“Denuncio las presuntas irregularidades cometidas por Pablo Gómez del Campo Gurza, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la H Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Presuntas irregularidades: el servidor en cuestión ha encubierto a su hermano Luis Gómez del Campo Gurza de operaciones financieras ilícitas, ya que la empresa de la cual es el director financiero conocida como Grupo Andrade, ha sido señalada de presunta evasión fiscal, ya que utiliza diferentes mecanismos para no cumplir con sus obligaciones fiscales.

“El servidor público en cuestión podría estar actuando por omisión ante las actividades de su hermano. Puede ser también probable cómplice de su hermano al asesorarlo y/o ayudarle a él y G Andrade en cómo tramar las operaciones sospechosas, así como evadir las sospechas de las autoridades fiscales y judiciales.

“Puede también tener conflictos de intereses al serle cuestionado por las autoridades sobre el actuar de su hermano, así como de las actividades de la empresa de la que es director.

“Sobre la responsabilidades y actividades de Luis Gómez del Campo se pueden señalar, entre otras: contacto con personas o socios de las empresas en las que labora, que probablemente lavan dinero producto de negocios ilícitos o de evasión fiscal. Las personas son el exedil de Tuxpan, Michoacán, Gilberto Coria Gudiño; los propios socios de las empresas de Grupo Andrade Ángel Mieres Zimmermann, Jorge Armando Olivares de Emparan, amigos personales de Luis Gómez del Campo, así como otros directivos del grupo.

-“Ha sido ejecutor de movimientos financieros inusuales y sospechosos, en complicidad con los socios señalados.

-“A sabiendas de las actividades irregulares, no reporta ni denuncia las mismas ante las autoridades competentes, más aún, teniendo un hermano servidor público que su deber es prevenir tales actividades.

- “El mismo Luis Gómez del Campo es en lo personal evasor fiscal, ya que por diferentes mecanismos (por medio de la empresa transportadora del grupo llamada Velotrans) obtiene ingresos que no registra, haciéndolo sospechoso de enriquecimiento ilícito y desmesurado, lo cual Pablo Gómez del Campo ya debió haber notado en los últimos años.

- “Luis Gómez del Campo, junto con el contralor de las empresas Antonio Carlos Colombo son los responsables de autorizar los movimientos de efectivo por medio de Trasportadora Velotrans a los socios y directivos, abusando de los deducciones y régimen fiscal de empresas dedicadas al transporte.

-“Responsable de elaborar estados financieros y modificarlos con datos no reales, con el fin de mostrarlos a las instituciones financieras y recibir créditos, así como de falsificación de pagarés y otras obligaciones junto con el señor Ángel Mieres Zimmermann. Prueba de esto son los diversos juicios entre las financieras de las armadoras de las marcas que representan.

“La lista puede continuar, pero la idea es que consideren que este servidor público, encargado de vigilar y prevenir muchas de las actividades descritas con anterioridad, haga su encomienda, independiente de quien se trate, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente Calderón, del que, curiosamente, los hermanos Gómez del Campo se relacionan familiarmente. Parece que el enemigo a combatir está cerca de casa.

“Estas actividades descritas se han llevado a cabo al menos durante el periodo que comprende del 1 de octubre de 2005 a la fecha.

“Pido respetuosamente se dé seguimiento a esta denuncia, ya que la H CNBV tiene la capacidad de verificar la información de movimientos bancarios sospechosos y que se lleguen a aclarar todos estos inconvenientes, por el bien de Mexico y de los que lo queremos y buscamos un mejor país.”

En noviembre pasado, el OIC ordenó cerrar el caso por “improcedencia”.

Contralínea solicitó a los representantes del Grupo Andrade su postura respecto de dichas denuncias. La respuesta fue que ellos no tienen conocimiento de tales denuncias y que sus empresas “siempre se han conducido bajo la observancia y cumplimiento de las leyes. Ninguna de las empresas de Grupo Andrade ni sus funcionarios, ni sus socios se encuentran involucrados en alguna actividad ilícita y no se tiene conocimiento de investigación alguna”.

Ante los graves señalamientos que en dichas denuncias hay en su contra, se solicitó a Luis Gómez del Campo una entrevista. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. También, a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien, a través de su Secretaría Particular, dijo que no haría comentario alguno al respecto.

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011

Calderón debe respetar la Constitución

* Se vulneran las garantías individuales
* Calderón debe respetar la Constitución
* El gobierno evade su responsabilidad
Oficio de Papel
Miguel Badillo

En medio de la crisis de violencia y la incapacidad de un gobierno fallido que conduce el panista Felipe Calderón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es violada todos los días y muchos mexicanos consideran que llegó la hora de que el presidente renuncie.

A la letra y en los hechos, las garantías individuales consagradas en la Constitución prácticamente han perdido su fuerza y su valor porque el Poder Ejecutivo dejó de respetarlas. Los sentimientos de la nación hoy sangran y mueren lentamente. Se vive, de esta forma, bajo el control de un gobierno federal que ha dejado de cumplir con sus responsabilidades básicas y la situación, al final de esta administración – impugnada desde las elecciones de 2006 – no sólo resulta insostenible sino preocupante para el futuro de millones de mexicanos que han perdido casi todas sus libertades: el libre derecho de tránsito por el territorio nacional, las garantías de seguridad jurídica, la libertad de expresión y, sobre todo, el derecho a tener un futuro digno.

Los casi 40 mil mexicanos muertos y la falta de investigaciones e integración de expedientes por cada uno de ellos, sólo revela la impunidad y falta de justicia que vive el país, en donde la Constitución parece más estorbar a los gobernanetes en turno que hacer uso de ella para volver a la calma y seguridad social.

Las desapariciones forzadas de millones de personas y la falta de respuesta por parte del gobierno, marcaran a Felipe Calderón como un presidente omiso, negligente y obstinado con una guerra contra el crimen organizado que desde el inicio estaba destinada al fracaso.

En ese contexto el gobierno de Calderón ignora las garantías individuales de los mexicanos y deja al Poder Ejecutivo en una situación crítica y de repudio social, pues hoy como nunca el miedo, la inseguridad, la desconfianza y la violencia tienen a la población secuestrada.

A esa crisis hay que sumar la corrupción gubernamental que ha inundado a las instituciones porque lo importante, lo legal, ha dejado de tener importancia.

Hace dos años escribimos en este espacio que Felipe Calderón tenía la obligación moral y constitucional de aplicar en su gobierno y en su fallida estratégica contra el crimen organizado, el Artículo 29 de la Constitución, que establece claramente que, en caso de “invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión, podrán suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación”.

La Constitución establece, sin embargo, que dicha suspensión deberá darse por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que ello se contraiga a determinado individuo. Llevamos casi cinco años de terror.

Pues mal, Felipe Calderón no asumió su responsabilidad y, como ha caracterizado a su gobierno, los agravios contra la población carecieron de esa declaratoria constitucional, le han permitido una y otra vez cambiar el discurso: ha pasado de la guerra a la batalla, de su responsabilidad asociada a la intervención del Ejército al deslinde de culpas hacia los gobiernos estatales y municipales.

Calderón ha perdido también la oportunidad de hacer valer la soberanía nacional al solicitar el aval y el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos, para combatir problemas nacionales generados por la permisividad del país más poderoso del mundo, frente a sus adictos y a su propio crimen organizado que envía armas a territorio mexicano para terminar con millones de mexicanos.

La felicitación de Felipe Calderón al gobierno de Barack Obama tras la tortura, persecución y ejecución de Osama Bin Laden sólo revela la confusión de su administración. ¿Lo felicitó por violar las leyes y la soberanía de un país como Pakistán? ¿Acaso México no está en la misma situación? ¿Pedirá también Calderón la intervención de las fuerzas estadounidenses en territorio mexicano para combatior al narcotráfico?

Mientras tanto, en México el imperio de la impunidad está presente y han sido los medios de comunicación los que han dado cuenta de cómo el gobierno federal calderonista ha violado de forma sistemática las garantías constitucionales consagradas en la Constitución.

Calderón no hizo partícipe al Congreso de esta responsabilidad, pero tampoco de analizar con los legisladores la estrategia fallida contra el crimen organizado que, al final, se transformó en un bumerang contra mexicanos inocentes. Pero el Congreso tampoco está a salvo de responsabilidades, porque desde la tribuna también pudieron llamar a cuentas a Calderón, frenar la escalada de violencia y dar un nuevo sentido a las soluciones: aprobar, por ejemplo, presupuestos históricos para la educación, para la generación de fuentes de empleos y para reducir la enorme desigualdad de una economía que genera grandes fortunas, pero también las más tristes historias de injusticia y desigualdad.

Los mexicanos, en resumen, con la guerra de Felipe Calderón como “jefe supremo de las Fuerzas Armadas”, han perdido las garantías de igualdad – por que ahora se declaran buenos y malos sin que medie un proceso judicial, se les asesina sólo con la presunción de culpabilidad –; han perdido también las garantías de libertad – porque las desapariciones forzadas y los secuestros ya no importan, aunque se denuncien ante las autoridades “competentes” –; los mexicanos han perdido las garantías de propiedad — porque en los tribunales civiles campea la corrupción y sólo se respeta una palabra, la del dinero– , y finalmente porque las garantías de seguridad pública simplemente se han olvidado y el aislamiento social amenaza a estados como Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Durango, Sinaloa, en donde la violencia se ha apoderado de pueblos y ciudades, sin que autoridad alguna pueda hacer algo al respecto.

En estops momentos de crisis es omento de abrir y usar la Constitución, y el gobierno tiene la obligación de respetarla, pues de lo contrario la poblacion podría tomar en sus manos la justicia y ya hay muchos ejemplos en el mundo de lo ocurrido.

En el Artículo Sexto, la Constitución establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

En este gobierno, sin embargo, representantes del Poder Judicial se han atrevido a manipular y tergiversar este derecho de los mexicanos, al dictar resoluciones resoluciones contrarias a derecho que satisfacen a poderes fácticos generados al amparo de la corrupción. Con lo cual se violan la libertades de expresión y de prensa, y se deja vulnerable a la poblacion para estar bien informada.

El Artículo Séptimo también se ha visto vulnerado porque “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. en ningún caso, además, podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”, dice nuestra Constitución.

Y cuando vemos retenes, revisiones y, sobre todo, la amenaza de un arma de alto poder en las calles de la ciudad, tenemos que recordar el Artículo 11 constitucional que a la letra dice: “Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho, no obstante, estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa”.

Este artículo nunca habla del Ejército. Esta es, de hecho, una de las peticiones del poeta Javier Sicilia al encabezar durante tres días este histórico movimiento de la población civil: “Que el Ejército regrese al cuartel y que Calderón cambie la estrategia pero ya”.

Aún más, el Artículo 17 de nuestra Constitución señala claramente que ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Porque toda persona, “hasta los malos” –como los llama Calderón – tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Y finalmente, en el terreno económico, Felipe Calderón también está transitando como un presidente fallido en los términos del cumplimiento de la Constitución. El Artículo 25 asegura que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado, por lo tanto, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevara a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al final, después de revisar estas garantías individuales, queda claro porque Calderón falló: el modelo económico de México también padece la falta de soberanía, sujeto y sumiso a las necesidades de la economía estadounidense que también está fallando, porque sus empresarios no invierten, sus consumidores no compran y su gobierno sólo ofrece pírricas victorias como la captura y muerte de Osama Bin Laden.

A Calderón se le acaba el tiempo y la sociedad civil puede tener la última palabra, mientras los políticos panistas han demostrado su incapacidad para conducir al Estado y hacer valer la Constitución.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Renuncia, Calderón, o estalla la nación

El desastre social del país ya es intolerable. En 10 años, tras el ascenso del foxismo-panista (Alejandra Lajous y otros, Vicente Fox, el presidente que no supo gobernar; editorial Océano de México, 2007) y el cuatrienio calderonista-yunquista, la nación como sociedad, el Estado y el gobierno han sufrido retrocesos económicos, políticos y culturales tan dramáticamente dañinos que la única solución debe ser de raíz: la renuncia, forzada o voluntaria, del inquilino del búnker en los sótanos de Los Pinos, quien, como un Hitler derrotado, se resiste a irse a consecuencia de su notoria incapacidad e ineficacia para implantar políticas públicas. Asido al clavo ardiente del “dejad hacer, dejad pasar”, el calderonismo es un rotundo fracaso y su mal gobierno, en el bicentenario de 1810 y el centenario de 1910, que generaron esos levantamientos populares, es, nuevamente, el caldo de cultivo para un nuevo estallido del pueblo que imponga la paz social contra la violencia sangrienta, por igual, del narcotráfico y los gobernantes.

Emplazados al “si no pueden, renuncien”, particularmente Calderón y su grupo, ha llegado el momento para una solución radical. Y la raíz del mal gobierno federal es Calderón. La nación ya no resiste sin solucionar sus principales problemas: la cada vez más pavorosa, sangrienta y aterradora inseguridad que oficialmente arroja más de 40 mil homicidios, pero que, desde hace 22 años, sino es que desde el decadente régimen de Miguel de la Madrid (que suman 28 años), arrojan más de ¡100 mil asesinatos con toda impunidad!

La política económica, desde el maldito salinato –cuya cabeza rapada anda tanteando el terreno del des-Peña-dero para resurgir–, arrastra a más de 40 mil desempleados acumulados con los del foxismo-calderonista; a 50 millones de pobres. Hay bajísimo consumo de productos para la alimentación; alza de precios a los bienes y servicios que presta el gobierno, y los empresarios, no obstante la baja demanda en general, también le meten a fondo el acelerador de la inflación. Y niños y jóvenes sin presente, presas de enfermedades y falta de escolaridad, pervirtiéndose en la vagancia, la prostitución, el desgarre de las relaciones familiares, el narcotráfico y cometiendo otros delitos en la anarquía de la vida pública.

Y como el eje en torno al cual gira la totalidad de las vidas privadas y públicas sigue siendo el presidencialismo (al que la reforma de Beltrones propone restarle poderío para equilibrar democrática y republicanamente pesos, contrapesos y otros cuestionamientos analizados por Gabriel L Negretto, editor con otros autores del libro Debatiendo la reforma política, edición Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, 2010), entonces su inactividad, desaciertos, ineficacia e incompetencia, como es el caso de Calderón, trastorna todas las potenciales fuerzas económicas, sociales, culturales y políticas hasta llegar a la paralización agrícola, ganadera, industrial, comercial, minera, etcétera. Por esto, el señor Calderón debe irse y se debe designar un presidente sustituto para que la crisis política toque fondo y, tras ese sacudimiento por su renuncia (por causa grave: incapacidad), nos demos a la tarea de la reconstrucción.

Calderón y la mayoría de los panistas (en los gobiernos municipales, estatales y federal) carecen de una mínima formación e información cultural, sobre todo en teoría y práctica políticas (de aquí sus fracasos en la administración y el gobierno propiamente). Ignoran el consejo, por ejemplo, de Max Weber, en su espléndido ensayo El político, cuando dice que quienes ejercen el poder del Estado al menos deben aspirar a ser estadistas y que “lo decisivo no es la edad, sino la educada capacidad para mirar de frente las realidades de la vida, soportarlas y estar a su altura”, y que ha de alternarse la acción, la práctica política-administrativa, “conforme a la ética de la responsabilidad o la ética de la convicción”.

Calderón, empero, ha permanecido agazapado a la ética religiosa con sus compañeros de viaje desde la pandilla de El Yunque. Agrega Weber que quien “siente realmente y con toda su alma la responsabilidad por las consecuencias llega a un cierto momento y dice: ‘no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo’”. Pero Calderón se resiste a renunciar, a irse… a detenerse. No tiene vocación para la política. Y debe presionársele para que renuncie, pues no supo ni sabe gobernar… después de más de cuatro años, mientras transcurre la década panista que ya desgració a la nación, que, con su paciencia, ha llegado al límite de su estallamiento. Y si no se quiere más derramamiento de sangre, que se vaya sin violencia o, de lo contrario, un día de éstos irrumpirán las revueltas. “Ésa es, señores, mi convicción profunda: creo que estamos durmiéndonos sobre un volcán”, escribió, vaticinando la Revolución de 1848 Alexis de Tocqueville, a lo que se puede agregar que Calderón y los panistas se han convertido, por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios (sus adicciones etílicas), en “incapaces e indignos de gobernar”. Calderón no fue hecho para la política. No es un hombre de Estado… es un arribista que se apoderó del gobierno “haiga sido como haiga sido”. Y debe salir constitucionalmente o la nación estallará violentamente. Ésa es la alternativa: con la Constitución o contra ella.

*Periodista

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011

El desastre en México y las “agendas” del poder

Es injustificable que haya tanta pobreza en México, cuando en realidad el territorio nacional posee recursos suficientes para que no existiera ese flagelo. Cifras oficiales dan cuenta de que 54.8 millones de mexicanos están en esa condición, cantidad demasiado alta para una nación con amplias expectativas de formar parte de los llamados países del primer mundo. Si tuviéramos un Estado como el japonés, el alemán o el holandés, estaríamos en el nivel de potencia económica, pero como somos dirigidos por un puñado de tecnócratas inescrupulosos, dependientes además de la superpotencia del Norte, nuestra realidad es la de una nación tercermundista con amplias posibilidades de seguir descendiendo al nivel de un país africano.

Ciertamente, ha sido una desgracia para México la vecindad con Estados Unidos, cuya voracidad no tiene parangón con ningún otro imperio a lo largo de la historia de la humanidad. Pero más lamentable es que sólo en muy cortos periodos de tiempo el Estado mexicano ha tenido la fortaleza y capacidad para enfrentar las embestidas expansionistas de nuestros vecinos.

A partir de la instauración del neoliberalismo, la entrega de nuestros recursos a inversionistas extranjeros ha sido el común denominador, decisión reaccionaria que ha influido en un más acelerado proceso de empobrecimiento, como lo demuestran las estadísticas y la propia realidad nacional. Volvimos a los tiempos del porfiriato, cuando empresarios extranjeros tenían más derechos y garantías que los propios mexicanos.

Sin embargo, según Felipe Calderón, “estamos resolviendo los mexicanos los problemas ancestrales del país”, pues los municipios más pobres “han mejorado su situación”. Es obvio que vive muy alejado de la realidad, rodeado de cientos de guaruras que le impiden conocer algo de los problemas ancestrales que agobian a la mitad de la población del país. Aun cuando haya visitado algunas regiones marginadas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo ha hecho como si llevara una gruesa venda en los ojos, por eso, sin recato alguno, hace declaraciones tan absurdas. Lo cierto es que la pobreza en dichos estados ha ido en aumento, y en otros, donde no era tan aguda, como en Durango, Zacatecas y Nayarit, ahora se ha convertido en un lastre social de graves consecuencias, entre las que destaca el aumento de la violencia ligada a la delincuencia juvenil, pues la mayoría de delincuentes y víctimas de la violencia es joven.

Afirma Calderón que la pobreza durante su “administración” se combate con hechos, y puso como ejemplo la subestación eléctrica de Chemax, Yucatán. Y lo dice sin parar mientes en que envió a la pobreza a más de 40 mil trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro con tal de privatizar el sector y hacer un lucrativo negocio con la fibra óptica, que costó al erario nacional la friolera de 30 mil millones de pesos. Los hechos a los que hace referencia el inquilino de Los Pinos no encajan con una realidad ominosa que amenaza convertirse en apocalíptica, de continuar como vamos. De ahí lo equivocado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al pretender relevar al Partido Acción Nacional (PAN) en la casa presidencial, siguiendo la misma política neoliberal y neoporfirista que el propio partido tricolor puso en marcha en 1983.

Así como Humberto Moreira puntualiza que “nada justifica la urgencia del PAN” para aprobar cuanto antes una reforma sustancial a la Ley Federal del Trabajo, también es válido señalar lo mismo en lo que se refiere a la aprobación inmediata de la iniciativa del tricolor de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que daría facultades extralegales al presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas contraviniendo los preceptos constitucionales. Al PRI le urge que se apruebe dicha iniciativa, incluso violando el reglamento de la Cámara de Diputados, pero Moreira opina, en lo referente a la iniciativa panista, que “se puede llevar al otro periodo de sesiones, es decir, no hay algo que implique que si no sale ahorita tiene algún problema para el país”. Entonces ¿por qué la prisa de los priistas en el Congreso para que se apruebe ahora la reforma a la Ley de Seguridad Nacional?

Lo que les interesa a ambos partidos ligados a la oligarquía son sus propias agendas, no el interés del país, flagelado por gravísimos problemas que la oligarquía ha propiciado con sus ambiciones irracionales, pues no hay explicación alguna para amasar tanta riqueza en medio de tanta pobreza. Así como vamos, tendrá que llegar el día en que el mercado interno se reduzca a su mínima expresión, con los problemas colaterales que tal situación acarrearía. Esto no parece importar a la minoría que se beneficia todavía con un modelo económico excluyente como ningún otro, al fin que sus riquezas ya están a buen recaudo en el extranjero. Con todo, no se ponen a pensar que también podría llegar la hora en que ni ellos mismos estarían a salvo, como ocurrió con el empresario lagunero Carlos Ignacio Valdés Berlanga.

*Periodista

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011


British Petroleum, detrás de la invasión destructiva de Irak


Definitivamente la maligna trasnacional petrolera británica British Petroleum (BP) se ha vuelto uno de los mayores peligros para el humano, el medio ambiente y la armonía planetaria, ante los cuales los ciudadanos afectados exhiben su patética impotencia.

Debka, portal propagandístico del sionismo jázaro, abiertamente desnuda que Gran Bretaña abandonó a su anterior aliado Muamar el Gadafi con el fin de posicionar a las petroleras británicas en el nuevo orden energético de Libia impuesto por los bombardeos “humanitarios” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

En particular, BP piensa resarcir con el petróleo libio sus enormes pérdidas en el Golfo de México que ascienden a un mínimo de 30 mil millones de dólares.

Con sobrada razón: en Libia existen enormes excedentes de petróleo y gas para pagar el daño ambiental de BP en el Golfo de México.

Ahora, con ocho años de retraso, Paul Bignell, del periódico británico The Independent (19 de abril de 2011), esculca los “documentos secretos que vinculan la invasión de Irak a las trasnacionales petroleras”.

¿No fue siempre la invasión de Irak tan publicitada por sus consuetudinariamente mendaces medios, por las “armas de destrucción masiva” de Saddam Hussein que nunca existieron?

Son tiempos tanto de Wikileaks como de funcionarios atormentados con acceso a información sensible quienes, en sus intermitentes crisis de conciencia, transmiten al público evidencias de las sospechas sostenidas desde el inicio por lúcidos analistas.

Los documentos evidencian que “fueron discutidos planes para explotar las reservas del petróleo de Irak por ministros del gobierno y las mayores trasnacionales petroleras un año antes de que Gran Bretaña tomara el liderazgo de invadir Irak”.

Ninguna novedad: lo mismo había hecho el vicepresidente Dick Cheney con las trasnacionales petroleras estadunidense mucho antes de la invasión a Irak. Hasta Alan Greenspan, el malhadado y malvado exgobernador de la Reserva Federal, comentó en su reciente libro Las turbulencias de la globalización que la invasión a Irak se debió al petróleo.

Se recuerda que el más mentiroso de los mentirosos, el primer ministro Tony Blair, pese a la reticencia marcada de su gabinete, encabezó la cruzada petrolera para invadir Irak en contubernio con Baby Bush y el español José María Aznar López.

En su momento (primavera de 2003), los invasores involucrados, así como los ejecutivos de las trasnacionales petroleras (desde BP hasta Chevron Texaco) negaron públicamente que la destrucción de Irak se debió a su posesión de una de las mayores reservas de petróleo ligero del mundo –datos del Departamento de Energía de Estados Unidos llegaron hasta colocarlas a niveles superiores a las de Arabia Saudita.

Bignell enjuicia que a nivel de la pérfida Albión, tanto Shell como BP negaron rotundamente, en la primavera de 2003, como “altamente imprecisas” las sospechas de la invasión a Irak por petróleo que “carecía de interés estratégico”. ¡Cómo no!

Blair, la encarnación de la maldad depurada, llegó a denostar “la teoría de la conspiración del petróleo” como “la más absurda”.

Ya destruido Irak y visto en retrospectiva, ¿qué podemos hacer los ciudadanos del mundo ante tanta maldad diabólica?

¿No sería conveniente que erijamos un tribunal criminal internacional para juzgar, aunque sea simbólicamente, a los gobernantes delincuentes que pululan en el planeta?

¿Cómo puede ser que los Bush, los Blair y los Aznar se escapen de una rigurosa condena moral universal y sigan expectorando sus mentiras a los cuatro vientos en sus multimedia controlados?

¿Por qué no aparecieron tales documentos en la “investigación Chilcot” en Gran Bretaña sobre la guerra en Irak?

Los documentos con antelación a la invasión anglosajona a Irak exponen que la baronesa Symons, ministra de Comercio de Blair, susurró a los castos oídos de BP que “el gobierno pensaba que las petroleras británicas debían recibir una participación de las enormes reservas de petróleo y gas de Irak como recompensa al compromiso militar de Tony Blair con los planes de Estados Unidos para el cambio de régimen”.

En vísperas de la invasión, se firmaron contratos por 20 años: “Los mayores en la historia de la industria petrolera”, y “cubrían la mitad de las reservas iraquíes”. ¡Qué manera de repartirse lo ajeno!

¿Qué obtuvo la baronesa Symons por su entrega patriótica?

La baronesa Symons, revela Bignell, a sus 59 años de edad (ya está bastante adiestrada), “descolgó un puesto de consultora de un banco mercader de Gran Bretaña donde obtuvo los beneficios por los contratos de la reconstrucción de la posguerra en Irak”. Todo ha sido negocio en Irak para la dialéctica anglosajona: se gana destruyendo y se gana más reconstruyendo.

El nombre del banco, que no aporta Bignell, es Mercahnt Bridge, que ganó fortunas con la “reconstrucción (sic) de Irak”.

Los negocios le fascinan a la baronesa Symons de Vernham Dean, nacida Elizabeth Conway Symons, y casada con un amanuense (Phil Berty Basset) del polémico magnate de los multimedia Rupert Murdoch (dueño de la televisora tóxica Fox News y del rotativo The Times).

La baronesa multifacética tiene en su haber numerosas tratativas sórdidamente escandalosas con varias empresas, como Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, la firma legal DLA Piper y British Airways. ¿Qué tantos favores le deberán?

En forma interesante, la baronesa Symons acaba de renunciar a su puesto de “consultora voluntaria” (sin sueldo. ¡Qué generosa!) de Muamar Gadafi en el Consejo de Desarrollo Económico Nacional de Libia. ¡Qué sensibilidad tan singular de la baronesa Symons entre su doble disfraz en Irak y Libia!

Según exponen los documentos, el gobierno bushiano ya había “cerrado acuerdos” bajo la mesa “con los gobiernos de Francia y Rusia” (con sus respectivas firmas petroleras), por lo que la baronesa Symons, en forma desprendida y filantrópica, accedió a interceder y cabildear a favor de BP, Shell y British Gas.

Lo que queda más expuesto es el mito del libre mercado cuando se trata de las poderosas trasnacionales petroleras y su bidireccionalidad de sus intereses traslapados con los del gobierno.

Ya desde noviembre de 2002 (cuatro meses previos a la invasión anglosajona con su ballet parking español), la cancillería británica invitó a BP, que andaba “angustiosamente desesperado”, para “charlar” sobre las oportunidades del “posrégimen de cambio” en Irak. La viabilidad para “su futuro” de “largo-plazo (sic)” de BP y Shell se encontraba en entredicho.

En privado, BP confesó a la cancillería que “Irak era lo más importante que hayamos visto durante un largo tiempo”. Pues sí. ¡Se trata(ba) de las mayores reservas de petróleo ligero del planeta!

El pánico de BP radicaba en que “los contactos existentes” de la petrolera francesa Total Fina Elf con Saddam Hussein, en caso de perdurar, la convertirían en la principal petrolera del planeta.

De allí nace la disposición temeraria de BP a tomar “grandes riesgos”. ¿Cuáles fueron sus “grandes riesgos”? ¿Haber enviado a la muerte en el desierto iraquí a los soldados británicos? ¿Qué comisiones se habrá llevado de tajada Tony Blair para conducir a su país al desastre iraquí que resultó, a nuestro juicio, el inicio de la decadencia geopolítica anglosajona?

Recuerdo que exactamente un año después de la fallida invasión anglosajona a Irak, BP salió despavorida de Basora, el puerto chiíta iraquí, cuando supo que no podía controlar sus pletóricos yacimientos debido a la guerra de guerrillas circundante a la que no estaban preparados los ejércitos regulares anglosajones.

Para quien esto escribe, dotado con la hipótesis operativa del petróleo como motivo primordial de la dolosa invasión anglosajona –que resultó correcta–, la fuga de BP marcó uno de mis mayores aciertos, dicho sea con humildad de rigor: haber vaticinado “el barómetro del siglo 21” sobre el desplome del dólar y de la triple alza de los hidrocarburos, oro y plata. Siete años más tarde, “el barómetro del siglo XXI” queda correcta y diáfanamente demostrado.

*Catedrático de geopolítica y negocios internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011


La explotación infantil no es un juego de niños

La explotación infantil no es un juego de niños

La explotación infantil no es un juego de niños

México: de alumno ejemplar a discípulo patético

Quizás dos de sus más recientes viajes internacionales representaron una especie de bálsamo y de sosiego al contrito espíritu militante y religioso de Felipe Calderón, luego de que su zóon politikon y su homo œconomicus fueran ríspidamente vapulados por quienes supuestamente son sus principales socios, aliados o agentes “neutrales” foráneos: la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Organización de las Naciones Unidas, entre otros.
Mirenlos, los CACHORRITOS del IMPERIO YANQUI. El Presidente de Perú, Alan García, se reunió con sus homólogos de Chile, Sebastián Piñera, Colombia, Juan Manuel Santos, y el ESPURIO de México, Felipe Calderón, para tratar de una futura alianza comercial del arco pacífico americano, por instrucciones de su padrote; EUA.

Su participación en la cumbre de Lima, a finales de abril, seguramente insufló su ánimo bravucón al departir con sus pares de la derecha gobernante latinoamericana, Alan García, Juan Manuel Santos y Sebastián Piñera, que, como los últimos cruzados neoliberales, resisten en sus ínsulas a las tempestuosas aguas progresistas que se han ensanchado por el continente. Y su asistencia en la ceremonia de beatificación de uno de los papas más retrógrados y siniestros del siglo XX, uno de los más feroces guerreros católicos que, durante su reinado absolutista y oscurantista, acompañó y pontificó las peores causas en contra de la humanidad –su apoyo a las genocidas campañas anticomunistas, colonialistas, guerreristas o golpistas de los Bush; su respaldo a las criminales dictaduras militares; su rabioso liderazgo, cual Tomás de Torquemada, en la persecución en contra de quienes defienden los derechos de las mujeres, de los homosexuales, la educación y la vida secular, entre otras exigencias ciudadanas–, sin duda, reanimó su concupiscencia mística. Su presencia en este acto, justo el día internacional de los trabajadores arrollados por el neoliberalismo global, “es congruente con los principios de laicidad del Estado mexicano”, según el retorcido comunicado emitido por la Presidencia para justificarse, y cuya inasistencia hubiera sido una “descortesía”, según la clerigalla local, convertida en vocera oficiosa de Calderón, bajo la lógica de que “ser cortés no quita lo laico” a un Ejecutivo devoto que tuvo que ponerse ese irritante ropaje constitucional y que le gustaría convertir a ese organismo en un Estado teocrático. Además, Calderón, Javier Lozano y compañía son bestiales enemigos y opositores de los obreros y sus conquistas laborales, a las que pretenden destruir completamente para convertir a los asalariados en esclavos “flexibles”, sometidos a la dictadura de la productividad, la competitividad y la rentabilidad del capitalismo salvaje. Al cabo, son mejores la ensoñación y los cantos celestiales, comparados con las groseras y arrabaleras imprecaciones con que podría ser recibido por sus enemigos de clase, a los que ha ultrajado hasta la abyección.

El huidizo y fugaz peregrinaje a tierras vaticanas y de sus iguales reaccionarios, empero, fue inútil para conjurar los pétreos juicios emitidos por funcionarios libres de toda sospecha. Como aves de mal agüero, le revolotearon por la cabeza durante el viaje y su retorno, al grado de tornarlo más irascible. Unos están relacionados con la ascendente inseguridad que se enseñorea despiadadamente en México, convertido en un camposanto y en un tiradero de cadáveres a lo largo y ancho de su territorio, manifestación del fracaso de la guerra de Calderón en contra del narco, la principal divisa de gobierno que atizó la criminalidad y su salvajismo, así como la violación de los derechos humanos. Esa situación inquieta a los inversionistas extranjeros, de suyo nerviosos, sobre todo los especuladores, los cuales requieren de la suficiente tranquilidad para especular, explotar al máximo a los trabajadores y depredar las riquezas nacionales. Un mayor escalamiento podría provocar la estampida de capitales. Desde luego, su aflicción nada tiene que ver con sus escrúpulos al momento de violentar el estado de derecho local.

El gasto militar durante el calderonato ha sido desaforado e inútil, si se considera que su guerra fue improvisada y está perdida. El dinero se drena entre las grietas de la ineficiencia y su empleo es poco claro. Según los Indicadores del desarrollo mundial, del BM, éste aumentó 44 por ciento, de 45 mil millones de pesos (MMDP) en 2006 a 64.3 MMDP en 2009. En cambio, el de educación y salud apenas creció marginalmente. El de salud por habitante, por ejemplo, pasó de 507 dólares a 515. Los egresos totales en seguridad, corrigió Ernesto Cordero, ascienden a 200 MMDP anuales, seis veces más que el destinado al combate de la pobreza extrema (en 2011, a 35.4 MMDP). Por cada 5.6 pesos erogados en seguridad, corresponderá 1 a la pobreza extrema. A la educación se aplicarán 230 MMDP, y a la educación superior, 146.3 MMDP.

Según el BM, lo anterior explica la elevación de la pobreza. El neoliberalismo mexicano primero genera miserables, a unos cuantos les da limosnas y a otros los atiende a balazos y con la cárcel.

Otras críticas “amigas” corresponden al manejo económico y sus resultados.

Lejos están los neoliberales mexicanos de la efímera “época dorada” en la que eran considerados como los “alumnos ejemplares”, dignos de emularse, la cual se acabó violentamente con el trágico colapso de la ficción salinista, en diciembre de 1994.

Ahora son vistos con recelo; como aprendices remisos; lerdos.

Contra el optimismo de los calderonistas, en su informe semestral Panorama de la economía mundial, el FMI considera que la economía mexicana aún no se recupera de la crisis de 2008-2009 y su nivel es 10 por ciento menor al registrado antes de ella. A escala mundial, esa situación sólo es compartida por Rusia y Turquía. Comparado con los países latinoamericanos, su desempeño es mediocre. La mayoría de ellos ya recuperó y superó el terreno perdido. En particular, destacan Argentina y Brasil que, a diferencia de México, hace tiempo abandonaron la ortodoxia económica y crecen a buen ritmo. Para el FMI, la mediocridad económica de México se explica por su dependencia a Estados Unidos y el estancamiento del mercado interno. Sin embargo, ese organismo guarda silencio ante su corresponsabilidad en el asunto. Sus alumnos, los Chicago Boys mexicanos, aplican desde 1983 las políticas ortodoxas que el FMI “propone” para contener la inflación, que condena al consumo, la inversión, el crecimiento y el empleo internos al estancamiento crónicos, e imponen las contrarreformas estructurales neoliberales, entre ellas el Tratado de Libre Comercio, que terminaron subordinando al país ante su “socio” del Norte y cuyo futuro es incierto, merced a sus graves desequilibrios que obstaculizan su expansión, entre ellos el déficit fiscal (10.8 por ciento del producto interno bruto, PIB) y la deuda pública (99.5 por ciento del PIB y que llegará a 110 por ciento en menos de cinco años), que reflejan el oneroso rescate de los especuladores financieros que provocaron su colapso y contribuyeron al del sistema capitalista mundial. El ritmo de crecimiento mexicano en este siglo sólo supera al de los países más humildes: Jamaica, Bahamas, Barbados, Granada y Haití.

Augusto de la Torre, economista en jefe del Banco Mundial, también arrojó un balde de agua fría al optimismo calderonista. En el informe El éxito de Latinoamérica y el Caribe se somete a prueba, presentado por De la Torre, México es considerado como un caso “excepcional” y “misterioso”. Es “excepcional” porque su recuperación económica no sólo no genera empleos, sino que aumentan los desempleados, a diferencia del resto de América Latina que no padeció una destrucción significativa de puestos de trabajo: los que se perdieron ya fueron recuperados, la tasa de desempleo se ubica por debajo de la conocida antes del inicio de la crisis y se crean nuevos empleos. Ello sucede en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, cuyos gobiernos progresistas, a excepción de Perú, son la antípoda del régimen derechista, clerical y neoliberal calderonista. “Sólo México es un foco especial en materia de empleo en la región”.

Es un enigma para el BM, porque si bien “México es un país estrella en el ámbito macroeconómico” y es visto como una economía robusta, debido a su desempeño estelar en el manejo macro, especialmente el monetario y fiscal, lo que supuestamente no genera preocupaciones sobre la vulnerabilidad macroeconómica, también representa un “gran misterio”. “¿Por qué no consigue generar tasas de crecimiento mayores?”.

Los asertos de De la Torre y el BM son verdaderos disparates. Sólo un ignorante, un malintencionado o un Chicago Boys pueden creer en la dicotomía entre lo micro y lo macro. Lo macro está bien gracias a que lo micro está pésimo. Es decir, la “fortaleza” monetaria –los altos réditos que premian a la especulación financiera y castigan a la inversión productiva y el consumo– y fiscal –su equilibrio logrado con la reducción del consumo, la inversión y el gasto social públicos–, medidas empleadas para controlar la inflación, tal y como “recomiendan” el FMI y el BM, son las causantes, junto con las contrarreformas neoliberales, de la pérdida del crecimiento, del estancamiento, de la falta de empleos formales, del retroceso del poder de compra real de los salarios, de la miseria, la exclusión social, la inseguridad y el descontento que sufre México y todos los países en donde se aplicaron y se imponen esas políticas. En ese sentido, no existe ningún misterio, sólo tonterías.

De alguna manera esto lo tiene claro Robert Zoellick, presidente del BM, aunque oculte las causas. En el Informe sobre el desarrollo mundial 2011. Conflicto, seguridad y desarrollo, recién presentado por Zoellick a nombre de ese organismo, se dice que el progreso sin precedentes de la delincuencia organizada, que ahoga a México y que podría provocar el hundimiento de muchos estados frágiles, a medida que sus instituciones caigan presas de la violencia organizada, se debe al desempleo, en especial el juvenil; los bajos ingresos, las tensiones étnicas, religiosas y sociales, entre otros. Ello explica que parte de la población se vea obligada a integrarse a las pandillas y movimientos rebeldes”, ya sea para sobrevivir o buscar un mundo mejor.

La creación de instituciones más legítimas, responsables y eficientes que ofrezcan seguridad, justicia y empleos son algunas medidas que, a juicio del BM, pueden romper los círculos de la violencia criminal y política. Por desgracia, el FMI, el BM y los neoliberales nada tienen que ofrecer al respecto.

Desdichadamente, el colapso mundial iniciado en 2007, la especulación con los precios, la imposición de políticas antipopulares para enfrentar la crisis y la antidemocracia sólo reforzarán la pobreza, el descontento y la delincuencia.

Si el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestra que el ingreso laboral por persona en México cayó 20 por ciento entre el segundo trimestre de 2008 y 2010, el informe Monitor de precios de alimentos del BM agrega que el índice que mide la proporción de gente que no puede adquirir una canasta mínima de consumo con su ingreso laboral se incrementó cerca de 5 por ciento entre el segundo y cuarto trimestres de 2010. En 2006, la pobreza afectaba a 42.6 por ciento de los mexicanos; en 2008, a 47.4 por ciento. En las zonas rurales pasó de 54.7 por ciento a 60.8 por ciento; en las urbanas, se elevó de 35.6 a 39.8 por ciento. Aún se desconoce cómo quedó la situación después del colapso.

Según el Informe sobre seguimiento mundial 2011. Mejorar las posibilidades de alcanzar los ODM, elaborado por el BM, ocho de cada 10 indígenas mexicanos son pobres, relación que sólo es superada en el mundo por la República Democrática del Congo, donde la relación es de 8.4 por cada 10. La relación casi duplica a la de la población general, en la que la pobreza afecta a 4.5 de cada 10 mexicanos. Los indígenas son los principales excluidos por el sistema.

En su Panorama de la sociedad, la OCDE ve más pobreza en México y más sobreexplotación: “Uno de cada cinco mexicanos es pobre, comparado con sólo uno de cada 10 en promedio en la OCDE; a la mitad de la población le resulta difícil o muy difícil vivir con sus ingresos. México ocupa el segundo lugar en desigualdad de ingresos” dentro de la OCDE. Más trabajadores mexicanos se ven obligados a laborar más para elevar los ingresos que reciben.

“La crisis no ha terminado”, señala Dominique Strauss-Kahn, director del FMI. “Estamos en una zona peligrosa”, remarcó Zoellick, del BM, debido al alza de los precios de los alimentos que arrojaron a la pobreza a 44 millones de personas en el mundo; 10 millones se agregan a ese infierno cada vez que las tarifas de los alimentos suben 10 por ciento, según el BM. Y su índice de precios de alimentos se elevó 36 por ciento en el último año. El del maíz se elevó 74 por ciento; en México, 37 por ciento; más del doble respecto de Brasil y Argentina. El precio del trigo mundial se elevó 69 por ciento; la soya, 36 por ciento, y el azúcar, 21 por ciento.

Contra el optimismo ficticio de Calderón, más pobreza, más delincuencia, más descontento social se atisban en el horizonte de México y el mundo capitalista.

*Economista

Fuente: Contralínea 231 / 01 de mayo de 2011