domingo, junio 26, 2011
Telmex y SCT incumplen programa social de telecomunicaciones
La empresa del hombre más rico del mundo, Teléfonos de México, incumple el programa de cobertura social que habría de beneficiar a 10 millones de personas marginadas. Casi 267 millones de pesos se han entregado de manera puntual a la empresa de Carlos Slim Helú sin que hasta la fecha miles de comunidades reciban los servicios de telecomunicaciones contratados. Pese a las faltas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha sancionado a la empresa. Telmex es la única beneficiaria del fondo federal de cobertura social en materia de telecomunicaciones, cuyo saldo asciende a 843 millones de pesos.
Contrario al solícito modo con que en los últimos años ha concesionado la principal red de fibra óptica del país y parte del espectro radioeléctrico, el gobierno federal ha desdeñado durante casi una década la operación del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (Focosote), que habría de beneficiar a 10 millones de personas de escasos recursos.
Del incumplimiento es responsable la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en tanto encargada de su operación; pero también lo es la empresa Teléfonos de México (Telmex), beneficiaria de la concesión de los dos únicos proyectos que se han puesto en marcha desde 2002 para llevar servicios de telefonía a poblaciones urbanas y rurales marginadas.
Ahora mismo, la SCT y Telmex se encuentran entrampadas en el más reciente conflicto que se ha suscitado dentro del sector telecomunicaciones, luego de que el pasado 27 de mayo la Secretaría negara a la empresa de Carlos Slim Helú una concesión para ofrecer servicio de televisión restringida. Lo anterior, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación había otorgado un amparo a Telmex, en el cual reconocía que la omisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para responder en tiempo a la petición de la empresa, se traducía en una opinión favorable a ésta.
A pesar de la demora con que la dependencia informó de su negativa, ésta no ha sido mayor a la pasividad mostrada para sancionar a Telmex por el incumplimiento de los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06, conforme a los cuales para marzo de 2009 la compañía telefónica tendría que haber llevado el servicio de telefonía a, cuando menos, 6 mil 22 localidades marginadas, de las 11 mil 76 previstas por el Focosote.
En el conflicto que sostienen el gobierno federal y la empresa de Slim Helú, ésta ha argumentado que su entrada al mercado de la televisión restringida beneficiaría a los usuarios al ofrecer menores precios y mejor calidad en el servicio.
Pero al mismo tiempo, Telmex ha dejado cientos de comunidades pobres sin acceso a telefonía pública o con fallas en el servicio y ha hecho cobros indebidos a los usuarios, como consigna la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión al fideicomiso, al amparo del cual opera el programa de cobertura social de la SCT.
La auditoría, que forma parte del Informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, es la única inspección que el órgano fiscalizador ha hecho al Focosote desde su creación hace casi 10 años, a pesar de los exhortos de algunos senadores para transparentar su ejercicio.
El asunto no es menor si se considera que dicho Fondo recibió del gobierno federal 750 millones de pesos como aportación inicial para su operación, los cuales bien pudieron agotarse en el primer año de su ejercicio, dada la amplia necesidad de servicios de telecomunicaciones en el país, estima la doctora Clara Luz Álvarez González de Castilla, especialista en telecomunicaciones.
De la millonaria bolsa entregada al Focosote, hasta mayo del año pasado casi 267 millones habían ido a parar a manos de Slim Helú, de acuerdo con los saldos de sus estados financieros, cuyas copias posee Contralínea.
Datos más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que hasta marzo de 2011 el fideicomiso tenía recursos disponibles por 843 millones de pesos, sin que a la fecha existan nuevos proyectos para utilizarlos.
Telmex incumple
Aunque el Focosote se creó desde noviembre de 2002, fue hasta el 2 de febrero de 2005 y el 4 de septiembre de 2006 que se suscribieron los primeros y únicos contratos que en casi una década han aprovechado los recursos del fideicomiso. Según un comunicado de la SCT, con tan sólo esos dos proyectos se habría de beneficiar a 10 millones de personas.
La empresa de Slim Helú –cuyo título de concesión le obliga a ofrecer el servicio universal de telefonía como una contraprestación– resultó ganadora de las dos licitaciones públicas que ampararon los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06.
En éstos se lee que la empresa obtendría pagos no recuperables por máximos de 274 y 377 millones de pesos, respectivamente, así como la autorización para operar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico por 10 años.
En dichos acuerdos, Telmex se compromete a llevar el servicio público de telefonía básica local y de larga distancia tanto residencial como a través de casetas públicas a un total de 11 mil 155 localidades de escasos recursos. Un convenio modificatorio al primer contrato redujo la cifra a 11 mil 76 comunidades.
El acuerdo C-411-001-05 y su convenio modificatorio estipulan que Telmex tendría “como máximo 12 meses para instalar la infraestructura de la Red e iniciar la prestación del STB1 [Servicio Telefónico Básico Tipo 1]” en 1 mil 971 localidades previstas.
Una vez iniciada la prestación del STB1, contaría con seis meses más para iniciar la operación de un número de líneas telefónicas equivalente a la décima parte del total de viviendas electrificadas en cada comunidad.
En estas localidades el servicio sería proporcionado sin gastos de instalación, pago de renta mensual y se cobraría una tarifa máxima equivalente al promedio de las tarifas registradas de telefonía pública. Asimismo, el primer aparato telefónico sería proporcionado sin costo alguno para el usuario.
Para atender las 1 mil 880 regiones restantes, dispondría de 24 meses a partir de la firma del contrato y 12 meses más para poner en operación cuando menos el equivalente de líneas telefónicas al 5 por ciento de viviendas electrificadas. En éstas sí podría aplicar gastos de instalación, aunque mantendría las mismas características del servicio.
El segundo contrato fija plazos de 24 y 36 meses para la instalación de la infraestructura, más un semestre para la operación de líneas telefónicas en un porcentaje similar al establecido en el acuerdo anterior.
Esto significa que los trabajos de instalación y operación del primer contrato y los correspondientes a la primera etapa del segundo debieron concluir entre agosto de 2006 y marzo de 2009. Sin embargo, Telmex no cumplió con los plazos establecidos.
De acuerdo con la revisión de la ASF, para agosto del año pasado aún faltaban por instalar 7 mil 892 líneas telefónicas del contrato C-411-001-05 y 5 mil 792 de la primera fase del contrato C-411-001-06. De las líneas previstas en la segunda etapa de éste, hacían falta 32 mil 208 líneas –prácticamente la mitad de las programadas– a un mes de que venciera el plazo establecido.
Además del incumplimiento en la instalación de líneas telefónicas, se reportaron 2 mil 421 líneas que no funcionaban y 4 mil 731 que lo hacían pero con fallas técnicas, tan sólo durante 2009. También hubo 813 casos en los que el usuario había pagado por la instalación o por el aparato telefónico, en contravención con lo estipulado en los contratos.
En inspecciones físicas a comunidades de Oaxaca y Aguascalientes, (cuyas densidades de penetración del servicio de telefonía son de 7.6 y 20.5, respectivamente, por cada 100 habitantes), se detectaron 62 casos en los que no se instalaron las líneas telefónicas programadas, mientras que se reportaron 139 situaciones de cobros indebidos por la instalación o el aparato telefónico, y 62 por deficiencias en el servicio y en la instalación de las líneas.
Otro problema fue la falta de información, ya que en 103 casos a los usuarios no se les entregó el contrato formalizado con Telmex, a 152 no se les dejó el cuadro de tarifas, a 128 no se les informó que tenían acceso a internet y a 106 no se les proporcionó un número telefónico para reportar fallas.
Por si fuera poco, hubo discrepancias entre los informes entregados al Comité Técnico del fideicomiso –que preside la SCT– y los datos consignados en el Reporte del cumplimiento de la misión y fines, que se incluye en los informes trimestrales de información financiera entregados a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la misma Secretaría.
En esos informes, además, no se identifica el avance en el número de localidades atendidas, por lo que, a ojos de la ASF, no se puede medir el grado real de cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicación ofrecidos por Telmex.
SCT, responsable
A pesar del incumplimiento en que incurrió Telmex, la SCT no le ha fijado ningún tipo de sanción. De acuerdo con la Auditoría Superior, la Secretaría sólo le notificó de una falta por haber reportado líneas de 29 localidades después de la fecha establecida, por la cual la telefónica debía pagar 140 mil 800 pesos –equivalentes al 0.05 por ciento del dinero del Focosote que se le ha entregado.
Pero la empresa solicitó “dejar sin efectos” tal requerimiento, sin que para agosto del año pasado (cuando concluyó el proceso de auditoría) la SCT hubiera hecho algún pronunciamiento al respecto.
Además, la empresa tampoco ha cumplido con la entrega de reportes semestrales de índices para medir la calidad en el servicio y la SCT ha sido omisa al pedírselos.
La Auditoría advierte que aun cuando la SCT sancionara a Telmex por no cumplir con los plazos establecidos, no podría hacerlo por las fallas en el servicio ofrecido, ya que los contratos no establecen penas para ese tipo de irregularidades.
Para Clara Luz Álvarez González de Castilla lo más “grave” que evidencia la revisión al Focosote es la mala gestión que ha tenido desde su creación, y que se manifiesta en el copioso monto que sigue sin destinarse a proyectos sociales de telecomunicaciones.
Autora de los libros Derecho de las telecomunicaciones e Internet y derechos fundamentales, así como de diversos artículos en materia de telecomunicaciones, Álvarez González de Castilla imputa tal responsabilidad a todas las entidades que participan en el Comité Técnico del fideicomiso, a cuya cabeza está la SCT y su actual titular, Dionisio Pérez Jácome.
En dicho Comité también participan representantes de entidades públicas como la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, la Cofetel, la Coordinación General del Sistema Nacional e-México, la Comisión Federal de Competencia, así como representantes de la industria de las telecomunicaciones en el país.
La especialista en telecomunicaciones enfatiza que el tema de la cobertura social ha estado completamente ausente durante este sexenio, pues además de no destinársele más recursos al fideicomiso, tampoco se han elaborado nuevos proyectos para aprovechar el dinero disponible. “Es como si vieras que hay gente muriéndose de hambre y tienes comida para darle y no se la das”, equipara.
Rezago, el precio de la omisión
Desde la aparición del Focosote, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, el sector de las telecomunicaciones ha vivido episodios relevantes y controvertidos. Uno de ellos fue la modificación que se intentó hacer a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión para favorecer a las televisoras Televisa y TV Azteca con la entrega de espectro digital de frecuencias.
También lo fueron la entrega de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad a Televisa-Telefónica Movistar-Megacable, en un concurso en el que el consorcio fue el único participante, y la licitación de espectro radioeléctrico para telefonía móvil, en la que resultó ganador el grupo formado por Televisa (que después desistió) y Nextel, a cambio de un pago ínfimo al gobierno.
Pero ninguno de estos sucesos, ni de otros que han suscitado reyertas entre las empresas operadoras y la autoridad, han puesto atención en el tema de la cobertura social, ni mucho menos han colocado en la agenda los pendientes del Focosote.
Aunado a ello, en lo que va del sexenio calderonista el número de poblaciones con servicio telefónico en el país no ha mostrado avance, pues desde 2007 se mantiene en 55 mil 353, de acuerdo con datos de la SCT. Lo mismo ha ocurrido con las localidades comunicadas con telefonía rural, que desde hace cuatro años se estancaron en 51 mil 396.
Mientras tanto, la densidad de penetración de servicio de telefonía en el país se redujo entre 2005 y 2010, con lo que para el año pasado se encontraba en 17.9 líneas telefónicas por cada 100 habitantes. En el estado de Chiapas la situación es más crítica, pues la penetración ahí es de 5.7, lo que significa que menos de seis personas de cada 100 cuentan con servicio de telefonía en la entidad.
En el otro extremo se sitúa el Distrito Federal con el mayor nivel de penetración. Sin embargo, éste tampoco es muy alentador, pues apenas llega a 43.9 de cada centenar de habitantes.
Eso se traduce en un nivel de penetración de telefonía fija en el país menor al que existe en Brasil y Chile, además de representar la tercera parte de la penetración que tienen Alemania, Francia y Reino Unido.
Ramiro Tovar Landa, consultor en regulación y competencia económica, considera que en México no sólo ha faltado una cobertura universal en telecomunicaciones, sino que la ausencia de ésta ha dejado al país rezagado respecto de otras naciones.
En este tenor, considera que el Focosote no ha sido un instrumento utilizado por las dos últimas administraciones para cumplir con su obligación de brindar servicios de telecomunicaciones a las poblaciones marginadas. “No solamente en las cuentas se nota que no ha cumplido con sus objetivos, en los hechos también”, reprocha.
Para ejemplificar la gravedad de la brecha que persiste en cobertura de telecomunicaciones, Tovar Landa refiere datos del Censo de Población y Vivienda 2010, los cuales señalan que apenas el 16.6 por ciento de las viviendas rurales cuenta con línea telefónica, mientras que en las urbanas hay 3.5 veces más.
En servicio de internet la brecha es de 2.5 por ciento en zonas rurales contra 33 por ciento en áreas urbanas. En contraste, la penetración del servicio de televisión abierta –controlada actualmente por Televisa y TV Azteca– es de 99 por ciento en las ciudades y 97 por ciento en zonas rurales.
Dada la poca efectividad que el Focosote ha demostrado para reducir este rezago, el catedrático considera conveniente desaparecerlo y sustituirlo con un nuevo esquema que obligue a todos los operadores de servicios de telecomunicaciones a ofrecer servicios de cobertura social como una contraprestación. Actualmente, el único operador que tiene estipulada esta condición es Telmex.
La propuesta de Tovar Landa sobre el futuro del fideicomiso coincide con la planteada por la ASF, que recomienda a la SCT que “evalúe la conveniencia de extinguir[lo]”.
Para Álvarez González de Castilla la solución no está en desaparecer el fideicomiso, pues dice que ello no contribuiría a que se cumpliera con el mandato de dar cobertura en telecomunicaciones a las poblaciones de menores recursos, establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Considera que “el enemigo a vencer” no es el fideicomiso, sino la forma en que se está manejando.
El diputado Francisco Hernández Juárez, integrante de la Comisión de Comunicaciones y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, resalta la relevancia que tiene el tema de la cobertura social en telecomunicaciones, sobre todo en el contexto actual de confrontaciones entre operadores y el gobierno.
“Hoy es más vigente que nunca porque todo el conflicto se está centrando en el tema de la competencia, la regulación que el gobierno debe realizar y sobre la judicialización que se ha generado en el ámbito de las telecomunicaciones.”
Para conocer la postura de la SCT y de Telmex, Contralínea solicitó entrevistas a través de sus respectivas oficinas de comunicación y relaciones públicas. La subdirectora de Comunicación de Telmex, Concepción Rivera Romero, respondió que la información relativa al Fondo “se proporciona solamente a las autoridades”. Hasta el cierre de edición, la SCT no había respondido la petición.
Quién fue el niño héroe del Castillo de Chapultepec....
• Su cerrazón demuestra que el presidente ESPURIO no es sensible
• La presencia del inepto García Luna, un signo más de intransigencia
• Tal vez me faltó dureza...guevos pues!, pero también con serenidad se gana
• Yo también soy de mecha corta, pero no caí en la provocación, la verdad es que me culee!;
pero el que manoteó fue Calderón
• Aceptó cargar las culpas y su costo moral; tendrá que
asumir su consecuencia jurídica
• Cedimos el lugar pero ganamos voz y presencia públicas
En entrevista con Proceso, el poeta Javier Sicilia reflexiona sobre lo ocurrido el jueves en el Castillo de Chapultepec y saca sus conclusiones: la cerrazón del presidente demuestra que no es sensible; la presencia de García Luna, un signo más de intransigencia; tal vez me faltó dureza, pero también con serenidad se gana; yo también soy de mecha corta, pero no caí en la provocación; el que manoteó fue Calderón; aceptó cargar las culpas y su costo moral, tendrá que asumir su consecuencia jurídica y, cedimos el lugar pero ganamos voz y presencia públicas.
Javier Sicilia aún no se recupera de las emociones contenidas durante las cuatro horas que duró el encuentro con Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec y confiesa que le molestó que el presidente haya mantenido su cerrazón de no cambiar la estrategia militar de combate al narcotráfico que, advierte, seguirá costando la vida de miles de mexicanos.
Frescas aún las sensaciones del encuentro realizado la mañana del jueves 23 entre las víctimas de la guerra contra el narcotráfico con el jefe del Ejecutivo y parte de su gabinete, el poeta precisa que no hay un problema personal con Calderón sino con el presidente de la República, quien ahora acepta que pasará a la historia como “el presidente de las 40 mil muertes”.
A las críticas que le hizo Sicilia de que no hay un solo dato positivo que sustente la eficacia de su estrategia de combate al crimen organizado, Calderón repitió en varias ocasiones que mientras no tenga propuestas viables para combatir el crimen organizado y la violencia que genera, seguirá usando al Ejército y enfrentará la crítica “aunque sea injusta”.
“Estoy abierto a revisar la estrategia pero, realmente, mientras no sea clara la alternativa, como usted dice, mientras no se pueda decir ‘es para este otro lado’ (…) creo que tengo que seguir en eso: combatiendo a los criminales y reconstruyendo el tejido social”, dijo Calderón casi al final del encuentro.
Sin dar ninguna posibilidad de ceder, Calderón dijo que desde el inicio de su gobierno no podía esperar ninguna reforma de ley ni limpiar las instituciones para actuar con la fuerza del Ejército contra el crimen organizado, como se lo remarcó el poeta en el encuentro.
“Si estuviera en la posibilidad de evitar un crimen y no tuviera más que piedras en la mano, lo haría con piedras, esperando que por lo menos tuviera aliento para hacerlo. Pero así hay que hacer las cosas en un México que está dolido. Hay que hacerlo con lo que tenemos, que no es poco lo que tenemos. El Ejército no es poco (…) podrá haber muchos prejuicios, podrá haber abusos que se han cometido y que, además, se esclarecen y tienen que castigarse. Podrá haber muchas cosas, pero no es poco lo que tenemos.
“Y eso es lo que hice, don Javier. Pudo ser un error, probablemente. Yo no lo creo. (….) La verdad es que no vi, en conciencia, otra forma de actuar.”
Incluso ante la petición que le hizo Julián LeBarón de cambiar la estrategia y de que “mande un mensaje al mundo de que la violencia no termina nunca con la violencia, y así no sea recordado como el presidente de los 40 mil muertos y nosotros como una nación de salvajes y cobardes”, Calderón reviró:
“¿Que me gustaría que esta violencia terminara? ¡Por supuesto! Me gustaría ser recordado por las cosas que he hecho en la educación, por los hospitales que ya comenté, por las carreteras que ahora se han hecho (…) No. Probablemente voy a ser recordado por este tema y, probablemente, con mucha injusticia. Pero mire, don Javier, si algo comparto con usted es que cuando usted tiene un deber, tiene que hacerlo, y si cree que es su deber moral, tiene que cumplirlo, independientemente de lo que qué dirán.
“¿Cómo voy a ser recordado? Yo creo que en esa ética. Y sí, a lo mejor puedo estar equivocado, sí pude haberme hecho pato. Estoy dispuesto a rectificar, sí, nada más quiero ver con claridad en qué.”
“La verdad, prefiero, que se me juzgue –a veces creo que injustamente, en fin, la historia lo dirá– por haber actuado, que por haberme quedado quieto (…) Yo prefiero asumir la crítica, así sea injusta, de haber actuado, a quedarme con el cargo de conciencia de haber visto el problema y, por conveniencia, no haber hecho nada.”
Grave obcecación
Entrevistado al término del diálogo, Sicilia reflexiona sobre la necedad de Calderón. “Lamentamos la cerrazón del presidente, que es muy poco sensible todavía para un cambio de óptica en la seguridad, lo cual va a seguir provocando los problemas que criticamos (…) Como se lo dije, nosotros no somos competidores políticos, somos ciudadanos, no tenemos nada que perder. Le dijimos que podía hablar, mostrarse humilde. Entonces bajó el tono”.
Recuerda que Calderón pidió propuestas para cambiar su estrategia y que por eso llevarán expertos en la materia que han visto otros modelos, para que planteen al presidente nuevas alternativas sin costos para la sociedad. Sin embargo, señala que esta obcecación del mandatario es tan grave como su declaración de pasar a la historia con la carga moral de ser “el presidente de los 40 mil muertos”.
“Calderón dijo algo terrible y peligroso que debería repensar. Que estaría dispuesto a pagar los costos morales de su decisión. Eso es grave. Un hombre no puede decir eso, es muy irresponsable”, advierte.
–Dijo que puede pasar a la historia como el presidente responsable de miles de muertes.
–Si quiere asumir sus costos morales, pues bueno… eso es grave. Cargar eso está difícil, cargar con la responsabilidad moral de las muertes está cabrón. Quisiera decirle que retire esas palabras porque son un despropósito, unas palabras que pueden poner en riesgo su propia vida.
–¿Por qué?
–Porque acepta los costos morales, acepta cargar con la culpa.
–¿También porque podría tener una consecuencia jurídica?
–Claro, puede ser sujeto de juicio en tribunales, aunque él habló de costos morales. Por eso digo que eso es mucho más grave que los costos jurídicos que seguramente vendrán. Creo que esto le abrió una posibilidad al presidente pero no supo, por el lado de la Ley de Seguridad Nacional, abrírsela. Debió haber dicho: “Sí, me equivoqué; sí, entrémosle a una nueva estrategia”. Pero en esa posición pagará los costos morales que pueden también volverse jurídicos.
“Él dice que lo asume, dice que es injusto. Yo no lo creo así. En mi discurso hablo de las responsabilidades como jefe de Estado frente a esas muertes, pero también hay que entender que hay corresponsabilidades de las procuradurías, de los jueces, de los gobernadores. (…) Lo terrible es que quiera cargar o asumir la responsabilidad moral y, al mismo tiempo, engañarse con no sentir el peso de lo que representa esa misma responsabilidad moral.”
Estado fracasado
Otro de los aspectos que resalta Sicilia de lo que Calderón dijo en el encuentro con el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad es que al describir la transformación de los narcotraficantes mexicanos, de transportadores a vendedores de droga al menudeo, su crecimiento territorial y el aumento de su poder, aceptó implícitamente el fracaso del Estado mexicano.
En su primera intervención, el presidente dedicó un espacio para defender ante las víctimas su estrategia de combate al crimen organizado. Dijo que el Estado no era el responsable de la violencia sino los criminales, como Los Zetas y el cártel de El Chapo que tiene pueblos “asustados” en Zacatecas, Durango y Coahuila. Y de cómo reclutan a jóvenes “para satisfacer su apetito voraz de controlar territorios y comunidades”.
Explicó que al pasar del modelo tradicional del narcotráfico de llevar la droga a Estados Unidos a venderla aquí, ya no sólo corrompía a las autoridades sino que busca dominar territorios y “controlar ciudadanos y pueblos. Es una disputa violenta de cárteles contra cárteles lo que genera, fundamentalmente, la escalada de violencia”.
“El crimen, al controlar territorio –dijo Calderón– se adueña de esa comunidad, desplaza a la autoridad, la corrompe o la mata y entonces secuestra, extorsiona, asalta, viola impunemente. ¿Por qué? Porque la autoridad ya no existe o está a su servicio. Y es ahí donde yo coincido en la responsabilidad del Estado, que abdica de su deber esencial de defender a los ciudadanos.
“Ellos quieren ser ahora la autoridad. Por eso sustituyen las leyes de los Congresos por sus propias leyes; por eso sustituyen a la fuerza pública por sus propias fuerzas y por eso sustituyen la recaudación de impuestos por sus propias cuotas. Y eso es exactamente, Javier, lo que tenemos que impedir”, aceptó el presidente.
Pero esto, dice Sicilia, es que cuando hace este recuento, sin quererlo Calderón describe un Estado fallido.
“Exactamente eso fue lo que hizo. Por eso insistí en que una gran parte del problema estaba en el pudrimiento de esas instituciones. Cuando hace ese recuento, lo que refleja es la existencia de un Estado fallido, un Estado cooptado. ¿Cómo es posible que eso no lo quiera responder? Lo que vemos es que se encierra en su discurso, sólo ve lo que está bien. No es comprensible que el Estado esté marginado, desplazado por la delincuencia. Eso no lo ve el presidente, no se da cuenta de que ya hay estados, poblaciones donde quien reina es la delincuencia.
“Cómo vamos a ir a las elecciones si no van a poder ni siquiera instalar las casillas y si lo hacen va a ser con la anuencia de los narcos. Uno se tendrá que preguntar por qué cártel va a tener que votar. De eso no se está dando cuenta el presidente y por desgracia tampoco el Poder Legislativo ni los partidos, que es lo más grave.”
–¿No hizo falta de parte de ustedes enfatizárselo?
–Creo que hizo falta, pero dado el formato y que las víctimas eran lo importante, no se pudieron decir más cosas. Pero qué bueno que las víctimas lo rompieron. Por eso no pudimos darle más tiempo a estos temas que son importantes, pero también hay que entender que el agravio de las víctimas es muy grande, que sus dolores son tremendos, que querían solución, encontrar a su hijos, una respuesta a su largo peregrinar por esas instituciones fallidas y cooptadas. Preferimos eso. No queríamos desviar la discusión hacia temas más profundos o de fondo. Creo que era más importante lo humano.
El balance
Para Sicilia, el encuentro fue positivo porque el movimiento de víctimas logró sentar al mandatario a dialogar y a hacerle ver que su estrategia es fallida.
Ante las críticas de que fue muy flexible o condescendiente con el panista explica que prefirió mantener cierta serenidad ante la actitud impulsiva y hasta violenta de Calderón.
–Se vio usted moderado.
–Sí, porque conozco al presidente. Es un hombre de mecha corta. Me conozco a mí y también soy de mecha corta. Si hubiera caído en la provocación hubiera sido un diálogo de sordos. El que manoteó fue él. Era mejor bajar el tono para obligar a bajar el tono a Felipe. Eso se puede ver como debilidad, pero son lecturas. Creo que el discurso y la fuerza de los argumentos hablan por sí mismos. Hay que entender que a veces se ganan más posiciones con la apertura a un diálogo sereno que dando el espectáculo de la rudeza.
Dentro de un contexto de la dictadura presidencial que en México existe, el hecho de que un movimiento ciudadano de tres meses haya logrado sentar a Calderón también puede ser leído como una debilidad del presidente, considera Sicilia.
Sin embargo, manifiesta, ojalá esto se pueda leer como un signo de humildad.
“Yo le dije que no tenía por qué temer, ni por qué defenderse de nosotros; puede ser humilde, nosotros no estamos con fines políticos, no queremos pegarle para obtener las cosas. Estamos exigiendo desde la ética que tiene que ver con los ciudadanos. Tiene el derecho de ser humilde.”
–¿Qué hizo falta?
–Quizá más presión, una posición más fuerte. No sé si se hubiera ganado más o menos, no sé si se hubieran crispado los ánimos. Llegó un momento en que Julián LeBarón le dijo: “No nos insulte” o que el esposo de Bety Cariño les dijo que dejaran de burlarse de nosotros.
–Estaba ahí García Luna. ¿No era la oportunidad para insistir en la renuncia?
–No iba a cambiar nada, era perder el diálogo. Lo que nosotros estamos buscando es avanzar en la justicia para las víctimas. Nos molestó su presencia porque no estaba en la lista. Ese mensaje fue muy desagradable pero no quise entrar en esa polémica; fue como un reto de que, digamos lo que digamos, no cambiará su política.
–Hubo señales con lecturas polémicas. Por ejemplo, que usted le haya dado el escapulario.
–El problema es que no se entienden los símbolos. Hemos perdido el lenguaje poético. Cuando se lo di le dije cosas que ya no se escucharon porque ya no me llevé el micrófono. Pero le dije: “Todo esto que traigo es fruto del dolor que recogimos a lo largo del camino, de la gente que tenía compasión de mí y me ponía cosas para cuidarme, para seguir adelante con este consuelo. Nosotros decidimos traer puestos estos signos del consuelo y le entrego éste como símbolo de la justicia que usted le debe a las víctimas”.
Sicilia considera que en el encuentro ambas partes ganaron, pues “en un país donde nadie se sienta a dialogar, el hecho de que haya reconocido las víctimas y de que nosotros hayamos podido sentarlo, el hecho de que las víctimas hayan roto el formato sin que se violentara el acto, el hecho de que haya el compromiso de volverse a sentarse en esta mesa de diálogo, para que los ciudadanos intervengamos en la supervisión de lo que estamos pidiendo, todo eso hizo que todos ganáramos”.
Destaca como logros principales que “pudiéramos mandar nuestra narrativa y que no sólo se acreditaran los medios oficiales, sino los independientes, como un desafío a los monopolios. Cedimos el lugar pero ganamos estos espacios fundamentales. Ganamos voz y presencia públicas”.
También se visibilizaron las víctimas y se abrió el conducto para volverse a sentar para empezar a dar poco a poco dignidad a los deudos con la Ley de Víctimas que es fundamental.
Dice que el movimiento buscará fortalecerse con el apoyo de otras agrupaciones ciudadanas y que ahora buscarán hablar con los partidos, con la Conago, con el Poder Judicial y el Legislativo.
“El problema es muy grande y si queremos que se resuelva de la noche a la mañana estamos equivocados. Creo que es importante no dejar caer el movimiento, porque puede caer por la mecha corta de la ciudadanía que no sabe nada de los procesos largos, de los procesos lentos. La emergencia nacional tiene problemas muy fuertes. Hay que ir presionando, hay que ir avanzando, pero son procesos largos y los responsables son toda la clase política. Los diálogos tienen que seguir y a partir de ahí ver resultados y seguir presionando.”
De Contralínea
Mapuches contra Estado chileno y trasnacional de celulosa
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Mapuches de la costa y pescadores llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado chileno y a la trasnacional Celco. Los indígenas señalan que sus derechos a la cultura y territorio han sido violados; además, la contaminación de la productora de papel ya ha dejado una mortandad de especies animales y vegetales.
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Desde la Conquista hasta el neoliberalismo actual, la tribu que se asienta sobre 480 mil hectáreas en el Sur de Sonora defiende su territorio y su agua. Entrada la segunda década del siglo XXI, la comunidad de más de 32 mil habitantes se opone al despojo de las aguas del Río Yaqui, amenazado por la construcción del acueducto Independencia, que financian los gobiernos federal, de Felipe Calderón, y estatal, de Guillermo Padrés Elías.
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Investigaciones internacionales descubren nexos entre los cárteles mexicanos y las mafias italiana, japonesa, peruana e hindú para trasegar decenas de toneladas de drogas en América Latina, Europa y Asia. Esta fortaleza global les permite acceder a mercados que antes controlaban los colombianos, como España y Portugal, alertan autoridades europeas. En esta edición, Contralínea presenta el mapa de la internacionalización de las organizaciones criminales de México.
MAPA:
MAFIA MEXICANA: NEGOCIOS INTACTOS
Ecatepec, reprobado por la Auditoría Superior
El actual candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Eruviel Ávila, y el perredista Gutiérrez Cureño fueron reprobados por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2009. Ese año, se realizó el cambio de poderes en la demarcación: el PRD devolvió a los priistas el municipio más poblado del país. Ambas administraciones subejercieron recursos de programas sociales y de combate a la delincuencia. Además, incurrieron en un probable daño a la hacienda pública federal por 166 millones 913 mil 535 pesos.
Ecatepec de Morelos, el municipio más poblado del país y con altos índices de pobreza e inseguridad, presentó un subejercicio de 242 millones 21 mil pesos en programas sociales y de combate a la delincuencia en 2009, revela el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ese año, dos administraciones municipales tuvieron la responsabilidad de ejercer los recursos: la del perredista José Luis Gutiérrez Cureño y la del priista Eruviel Ávila Villegas, quien asumió la presidencia municipal el 18 de agosto de 2009 y actualmente es el candidato al gobierno del Estado de México.
El monto subejercido significa el 28.72 por ciento del total que la Federación le entregó (842 millones 707 mil pesos) a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun DF).
El presupuesto del FISM que recibió Ecatepec en 2009 ascendió a 166 millones 336 mil pesos, mientras que el del Fortamun DF fue por 676 millones 370 mil.
El dinero público no devengado afectó a una población sumida en la pobreza: el 60 por ciento de los residentes ganan menos de dos salarios mínimos, indican datos del ayuntamiento de 2008. Además, refieren que hay asentamientos irregulares en el 40 por ciento de los 155 kilómetros cuadrados territoriales.
Para julio de 2010, el ahora candidato priista al gobierno estatal no había resuelto el problema, descubre el máximo órgano de fiscalización de México: entonces, los recursos subejercidos únicamente se redujeron en 6.01 puntos porcentuales; es decir, 191 millones 306 mil pesos continuaban sin atender las problemáticas sociales y de seguridad pública.
Más aún, al cumplirse 100 días de la administración de Ávila Villegas, su “enemigo político” Gutiérrez Cureño lo señaló de endeudar “por segunda vez” a Ecatepec con 330 millones de pesos y de desaparecer sin ningún motivo 150 programas sociales.
Observaciones de la ASF
El mayor subercicio del municipio de Ecatepec se presentó en el dinero que le transfirió la Federación a través del FISM, cuyo objetivo es abatir el rezago social y la pobreza extrema en las colonias y comunidades rurales. Al 31 de diciembre de 2009, las autoridades únicamente habían ejercido 26 millones 447 mil pesos en obras, el 15.9 por ciento de los más de 160 millones.
Por ello, el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la ASF, dictamina negativamente el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de los objetivos de los programas federales.
Sus cinco pliegos de observaciones, respecto de las auditorías financieras y de cumplimiento 09-D-15033-02-0805 y 09-D-15033-02-0806, refieren un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 166 millones 913 mil pesos, casi el mismo monto que le correspondió a Ecatepec por el FISM.
De enero a agosto de 2009 –periodo cuya responsabilidad cayó en Gutiérrez Cureño–, 163 millones 477 mil pesos fueron transferidos a otras cuentas del municipio. De éstos, 71 millones 477 mil pesos se reintegraron a las cuenta del FISM; no así los intereses correspondientes, por 117 mil pesos. El resto, equivalente a 92 millones de pesos (el 55.3 por ciento del total de los recursos del FISM), no se reintegró a la cuenta de dicho Fondo.
A decir del máximo órgano de fiscalización del país, que encabeza Juan Manuel Portal Martínez, los 92 millones faltantes representan “un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal”.
Aunado a ello, 1 millón 993 mil 936 pesos también se cuentan como desfalco: 423 mil 392 correspondían a la construcción de dos aulas y obras complementarias en la preparatoria 128 General Francisco Villa, “que no se encuentran dentro de los rubros contemplados para el FISM en la Ley de Coordinación Fiscal”; y 1 millón 570 mil 544 pesos, a la falta de amortización del anticipo de la introducción de drenaje en las calles Apolo, Ulises, Calipso y Akenatón, así como de la pavimentación asfáltica y obras complementarias de la calle Camino de Consagrada que, hasta el cierre de la auditoría, se encontraban suspendidas.
A través del oficio CIM/648/2010, del 8 de diciembre de 2010 y dirigido a Juan Javier Pérez Saavedra, auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, la administración de Ávila Villegas, ahora candidato a la gubernatura del Estado de México, se compromete a realizar una investigación para esclarecer el destino de los recursos transferidos del FISM a otras cuentas del municipio.
Asimismo, a reintegrar los recursos de las dos obras que no se contemplaron en la Ley de Coordinación Fiscal y a evitar posteriores observaciones de este tipo. Respecto del importe que faltó de amortizar, el oficio firmado por Martha Araceli Contreras Navarrete, contralora de Ecatepec, asegura que se inició una investigación para conocer el motivo por el cual las empresas que llevaron a cabo las obras no devolvieron tal importe.
De las 25 observaciones que generó la auditoría al Fondo para la Infraestructura Social Municipal –uno de los ocho fondos que integran el Ramo General 33 “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”–, 21 fueron solventadas por el municipio.
Las cuatro restantes generaron tres pliegos de observaciones (09-D-15033-02-0805-06-001, 09-D-15033-02-0805-06-002 y 09-D-15033-02-0805-06-003), que presumen un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 94 millones 111 mil 744 pesos, y dos recomendaciones (09-0-06100-02-0805-01-001 y 09-0-20100-02-0805-01-001) dirigidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), respectivamente.
“No se proporcionó evidencia de que la SHCP y la dependencia coordinadora del FISM, Sedesol, acordaron con el municipio, por conducto del gobierno del estado, medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, las cuales fuesen resultado del seguimiento de las metas de los indicadores de desempeño del Fondo y de los resultados de las evaluaciones realizadas al mismo”, apunta el informe de la ASF.
Fondo para necesidades, obligaciones financieras y seguridad pública
Los dos pliegos de observaciones (09-D-15033-02-0806-06-001 y 09-D-15033-02-0806-06-002) que ameritó la auditoría financiera y de cumplimiento realizada al Fortamun DF, presumen un posible daño o perjuicio a la hacienda pública por 72 millones 801 mil 791 pesos.
Esto equivale al 9.29 por ciento de los recursos otorgados al municipio de Ecatepec, para el ejercicio fiscal 2009, por concepto del fondo destinado a la satisfacción de requerimientos, cumplimiento de obligaciones financieras (en 2009 cubrió el 40.8 por ciento de su deuda pública) y las necesidades vinculadas con la seguridad pública (el 39.6 por ciento del total ejercido en materia de seguridad pública fue solventado con recursos de este fondo).
Un monto de 71 millones 504 mil 71 pesos provienen de las transferencias por 291 millones 6 mil 400 pesos que, de enero a agosto de 2009, se realizaron de la cuenta del Fortamun DF a otras del municipio ubicado al Noroeste de la ciudad de México. De éstos, 220 millones 350 mil 300 pesos se reembolsaron a la cuenta de este fondo; sus intereses por 847 mil 900 pesos, no. El resto, 70 millones 656 mil 100 pesos, tampoco se reintegró.
Además, faltaron por amortizar 1 millón 297 mil 719 pesos, que corresponden a la construcción del centro comunitario ubicado en la avenida Acero, y de cuatro aulas y obras complementarias en la Escuela Preparatoria Municipal 2, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, que la ASF reportó suspendidas.
Lo anterior repercutió negativamente en los beneficios Fortamun DF, así como en el ejercicio de sus dineros, que al 31 de diciembre de 2009 alcanzó el 84.9 por ciento (574 millones 238 mil 894 pesos), y al 31 de julio de 2010, el 89.6 por ciento (605 millones 714 mil 700 pesos) del total de estos recursos federales: 676 millones 370 mil 900 pesos.
Respecto de la auditoría al Fortamun DF, el máximo órgano de fiscalización del país emitió una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (09-0-06E00-02-0806-05-001), que obliga al Servicio de Administración Tributaria a auditar el municipio de Ecatepec. La razón: “En las nóminas del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, de Tránsito y Protección Civil [pagadas con recursos del Fortamun DF] el municipio no incluyó en la base gravable, las percepciones complementarias al sueldo, como compensaciones, gratificaciones, bono por productividad, prima vacacional y prima dominical”.
Además, al igual que en la auditoría al FISM, el órgano dependiente de la Cámara de Diputados dirigió una recomendación a la SHCP (09-0-06100-02-0806-01-001) para que, en lo subsecuente, acuerde con los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por medio de las entidades federativas, “medidas de mejora para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos”.
Por conducto del oficio CIM/649/2010, del 8 de diciembre de 2010, el municipio de Ecatepec, entonces dirigido por Eruviel Ávila, intentó subsanar el dictamen negativo de la auditoría al Fortamun DF; además deslindarse de las irregularidades en el manejo de estos recursos.
El documento argumenta que las transferencias que refiere la ASF se realizaron por “la administración 2006-2009”. Ya se abrió un expediente de investigación al respecto, asegura la actual contralora de Ecatepec. Lo mismo pasó con el importe que faltó por amortizar; ahora se averigua la razón por la cual las empresas encargadas de las obras no devolvieron este dinero.
Finalmente, se indaga por qué no se consideraron, en la base gravable, las percepciones complementarias a los sueldos del personal de la Dirección de Seguridad Pública, de Tránsito y Protección Civil, en contravención de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Martha Araceli Conteras Navarrete, a través de Elena Nieves, su particular. Hasta el cierre de esta edición, la actual contralora de Ecatepec, quien también formó parte del equipo de Ávila Villegas, no respondió.
Principal responsable, Cureño; no Eruviel: PRI
Víctor Díaz, subtesorero de Egresos del municipio de Ecatepec, y Pedro Calleja, coordinador de Comunicación de la campaña de Eruviel Ávila Villegas, aseguran que de las observaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun DF)– son responsabilidad de la administración del perredista Gutiérrez Cureño. Afirman que el actual candidato al gobierno del Estado de México y anterior presidente municipal de Ecatepec sólo tendría responsabilidad en una observación.
Se trata de la 09-D-15033-02-0805-06-002, referente a la construcción de dos aulas y obras complementarias en la preparatoria 128 General Francisco Villa, que no se encuentran dentro de los rubros contemplados para el FISM.
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos de este Fondo deben destinarse, entre otras cosas, a la “infraestructura básica educativa”.
A decir de Víctor Díaz, dicha observación deriva de “una cuestión de interpretación de la ley”. Mientras los auditores entienden por “básico” el nivel educativo que abarca desde preescolar hasta secundaria, para el equipo de Ávila Villegas el mismo término refiere “la infraestructura necesaria o mínima para impartir la educación”.
No obstante, asegura el subtesorero de Egresos de Ecatepec, en días recientes la observación de la ASF fue subsanada: los 423 mil 400 pesos que se destinaron a estas obras se reintegraron a la cuenta del FISM. Las construcciones en la preparatoria 128 se solventarán con recursos municipales, acota el funcionario.
En lo que se refiere al Fortamun DF, el máximo órgano de fiscalización del país emitió también una promoción del ejercicio de la facultad de responsabilidad fiscal, pues el ayuntamiento de Ecatepec no incluyó en la base gravable las percepciones complementarias al sueldo de los policías a su cargo. El mandato de la ASF: que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) audite el municipio.
Dicha auditoría, dice Víctor Díaz, se realizó el año pasado. El SAT determinó que “había algunas diferencias entre lo que declaramos y lo que hacía falta por declarar”. Entonces, la administración en turno realizó una “declaración complementaria”. Esto ya quedó subsanado, dice, incluso hasta 2010.
La actual administración de Ecatepec, presidida por Indalecio Ríos Velázquez, continúa con las investigaciones respecto de los 163 millones 621 mil 800 pesos, que corresponden a las trasferencias realizadas a otras cuentas del municipio durante la gestión de José Luis Gutiérrez Cureño. A la fecha, el dinero no ha sido devuelto a las cuentas del FISM y Fortamun DF, asegura Víctor Díaz.
Al menos, en tres ocasiones, Martha Araceli Contreras Navarrete, contralora del municipio de Ecatepec, ha girado citatorios a exfuncionarios municipales.
Por medio del oficio CIM/SA/1182/2010, fechado el 18 de octubre de 2010, la funcionaria cita a comparecer a Edgar Antonio Martínez Zendejas, tesorero municipal durante la administración 2006-2009, “a efecto de esclarecer los destinos de los recursos del PAGIM (Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios), FISM y Fortamun DF”.
Se solicitó entrevista con el perredista Gutiérrez Cureño. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
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