Barco de cemex destruye arrecifes mientras fecal festeja
lunes, abril 21, 2008
Chávez y Lugo coinciden en continuar construcción de la Unasur
Lugo recibió la felicitación de los presidentes de Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay. Tras el anuncio del triunfo de Fernando Lugo en las elecciones presidenciales de Paraguay, los presidentes de Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay, se comunicaron telefónicamente con el recién electo gobernante para expresarle su felicitación y reconocimiento.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, felicitó al presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, por su victoria en las elecciones celebradas este domingo y ambos coincidieron en "seguir construyendo" la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), según un comunicado de la Cancillería venezolana hecho público este lunes.
Vía telefónica, Chávez y Lugo acordaron continuar la conformación de la Unasur "sobre la base de la reivindicación de la historia de la lucha de nuestros pueblos", agrega parte del texto.
"El presidente Chávez le recordó al presidente electo Fernando Lugo su admiración por la historia heroica del pueblo paraguayo, digno heredero de la memoria del Mariscal Francisco Solano López, además coincidieron en la necesidad de seguir construyendo la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)", destacó la Cancillería.
Además el gobernante venezolano reconoció la "impecable jornada democrática" que llevó adelante el pueblo paraguayo este 20 de abril, con lo cual se demuestra "la madurez política alcanzada por este hermano pueblo suramericano".
Finalmente, el documento informa que Chávez y Lugo manifestaron su deseo de reunirse "lo más pronto posible" para abordar los planes de "cooperación y complemetariedad" entre las naciones.
Hugo Chávez le ratificó al presidente electo Fernando Lugo, su voluntad "de seguir trabajando en función de lograr el desarrollo compartido del pueblo paraguayo y el pueblo venezolano", finaliza la misiva.
Suramérica felicita a Lugo
También los presidentes de Bolivia; Evo Morales, de Chile, Michelle Bachellet; de Argentina; Cristina Fernández y de Uruguay; Tabaré Vásquez, felicitaron a Lugo, según afirmó él mismo este lunes.
Entrevistado por la televisora nacional paraguaya, Lugo aseguró que recibió saludos de felicitación de Bachelet, Fernández, Morales y Vásquez.
Precisó que la mandataria argentina le telefoneó desde Ecuador, donde se encuentra de visita oficial
Lugo, de 56 años de edad, arrasó en los comicios presidenciales de este domingo y se situó en primer lugar con 40,82 por ciento de los votos, frente a los 30,72 de la oficialista Blanca Ovelar. En tercer lugar se ubicó el general retirado Lino Oviedo.
Con el triunfo de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) terminan 61 años de hegemonía del Partido Colorado, la organización política más antigua en el poder en América Latina.
TeleSUR - Efe - Abn - Minci / mm - AV
Porque sus caras repugnan y asquean?.....que tendran por dentro?
Del Estado laico a las macrolimosnas (De escasos noventa millones de pesos)
González MárquezEn sus horas libres, el señor Emilio González Márquez se acuerda de su condición de gobernador de Jalisco, y en ese período vacacional recurrente se empeña, por ejemplo, en tareas útiles como el quebrantamiento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), o en el envío de su desdén y prepotencia hacia las minorías religiosas de la entidad. En esto coincide en lo esencial y en mucho de lo contingente con su partido, Acción Nacional, que todavía hace unos meses y tal vez por ocio, en la voz de su líder se declaró “de centro-izquierda”, y este impulso duró tal vez doce horas. Las pruebas de la imposibilidad de “la derecha moderna”: jamás, ni por asomo, el PAN se ha deslindado de los comportamientos de sus gobernadores de Jalisco, Guanajuato y Querétaro, entre otros, partidarios de la vuelta a la religión única desde el gobierno, y emblemas del desprecio iletrado por el Estado laico.¿Por qué a veinte años de la declaración del “triunfo cultural” del PAN, anunciado por Carlos Castillo Peraza y reconocido por nadie más, Acción Nacional persiste en el ataque al Estado laico con tal ineptitud y energía? Respuesta no muy provisional: porque luego de la privatización del petróleo debe venir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Falta algo de tiempo pero por lo pronto que la población se acostumbre a ver que la Silla del gobierno se transforma en el Púlpito. Así, hace unas semanas, el gobernador González Márquez le otorgó al cardenal Juan Sandoval Íñiguez 90 millones para edificar un templo de culto del rito católico, el Santuario de los Mártires. Con esto no nada más deja de lado obras sociales de primer orden, también señala el rumbo de su gobierno y de su partido. Este donativo no es el único, desde luego. Según Público (29 de marzo de 2008) ha sido amplia la disposición del gobernador de confundir el gobierno de Jalisco con una sociedad de obras pías. Así, ha entregado, nunca de su bolsillo, en millones de pesos:
90 mdp para la construcción del Santuario de los Mártires,
30 mdp para la ruta del peregrino en Los Altos de Jalisco,
1 mdp para la remodelación de la parroquia de Yahualica,
800 mil para las figuras navideñas donadas a El Vaticano,
15 mdp para los bancos diocesanos de alimentos Cáritas,
90 mdp para la ruta cristera en Los Altos de Jalisco.
La generosidad es también mediática, según datos del Movimiento en Defensa del Dinero Público y el Estado laico:
35 millones de pesos a la empresa Flextronic,
45 millones de pesos al Teletón (vinculado a Televisa) en 2007 y 2008,
67 millones de pesos para Espacio 2007, evento de Televisa,
12 millones de pesos para la telenovela Las tontas no van al cielo de Televisa,
3.5 millones de pesos para el Juguetón, evento de TV Azteca,
102 mil pesos a la telenovela Tengo todo excepto a ti de TV Azteca,
4.1 millones de pesos al concurso 13 maravillas de México de TV Azteca,
Más un ofrecimiento de 2 millones de dólares a MTV para un evento en Jalisco.
Al denunciar los hechos, la investigadora Laura Campos Jiménez pregunta: ¿De qué partida presupuestal han salido dichos fondos? Hasta la fecha no hay respuesta.
Para leer el articulo completo AQUI.
Totalmente INDEFENSOS....mientras EL PELELE siga sentado en Los Pinos
Sin garantías en México
Lucía Morett. En QuitoQUITO.- Lucía Morett salió inesperada y discretamente de Ecuador el pasado 16 de abril a las 6:00 de la mañana hacia Managua, luego de permanecer dos meses en este país. En Nicaragua espera que el gobierno mexicano le garantice todas las condiciones para regresar a su patria, rehabilitarse físicamente y retomar sus labores profesionales y académicas, además de proseguir el tratamiento sicológico que recibe tras el ataque de que fue víctima, el pasado 1 de marzo, por parte del ejército colombiano.Para llegar a Nicaragua, Morett recibió la ayuda de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), pues se encontraba bajo el Programa de Protección a Víctimas y Testigos. Dos funcionarios de esa organización realizaron todas las gestiones y el operativo para que su salida y arribo se hicieran en sigilo.Desde la capital nicaragüense, uno de esos funcionarios explicó que se optó por Nicaragua porque el gobierno de ese país le ofreció una estancia segura y las condiciones para que Lucía continúe con su rehabilitación y tratamiento de las heridas sufridas. Así mismo, por la cercanía de esa nación con México, en la expectativa de que se den facilidades para su retorno.Lucía Morett recibió esquirlas de bomba en los glúteos y en parte de la espalda, por lo que debe recibir atención para recuperar la movilidad de sus piernas y conseguir el restablecimiento general de su organismo. No decidió viajar directamente a México porque no cuenta en su país con las garantías que le brinda Nicaragua. “Se pidieron a la Cancillería de México las garantías, pero no hay ninguna respuesta, no hay las garantías para que pueda llegar”, declaró una funcionaria de la Aldhu. En cambio, agregó, el gobierno de Daniel Ortega le ofreció todas las facilidades para su permanencia, junto a sus padres, y la atención médica y sicológica necesaria.Se consideró que, debido a la cercanía de Ecuador con Colombia, Lucía Morett corría varios riesgos, aparte de que en Quito recibía mucha presión de los medios de comunicación e inclusive de las personas que se solidarizaban con ella, pues se hallaba sometida a un estrés que no era favorable para su recuperación. Antes de partir para Managua, Lucía mantuvo contacto con varias autoridades ecuatorianas, organizaciones sociales y políticas que se solidarizaron con ella. Prometió volver a este país y conversar con el presidente Rafael Correa, a quien agradeció, en una carta, “por toda la ayuda recibida”. A Lucía Morett no se le inició ningún proceso judicial, y el fiscal general de la nación encargado, Alfredo Alvear, impidió que los investigadores colombianos le tomaran algún tipo de declaración sobre su permanencia en el campamento de Raúl Reyes que fue bombardeado. En comunicación dirigida al exministro de la Defensa Nacional, Wellington Sandoval, el fiscal manifestó que “ninguna autoridad extranjera, sea ésta judicial o policial, podrá realizar diligencias procesales en el Ecuador sin la previa autorización expresa y escrita de este despacho”. En ese escrito, del 28 de marzo, el fiscal ordenó que no se permitiera el ingreso de ninguna autoridad extranjera al Hospital Militar de Quito, donde permaneció Lucía Morett hasta el viernes 4 de abril. La misma Aldhu inició una investigación sobre los hechos que ocasionaron las heridas de Lucía y la muerte de cuatro estudiantes mexicanos. En un comunicado que emitió el 7 de marzo, la Aldhu pidió “identificar a los autores, cómplices y encubridores” del delito de asesinato contra Soren Avilés Ángeles, Fernando Franco, Juan González y Verónica Velásquez, para en seguida “proceder a la sanción en el marco de la ley, incluyendo la extradición al Ecuador (de los responsables) si éstos se encontraban fuera del país”.Si este proceso continúa, implicaría investigar a las autoridades colombianas que ordenaron el ataque al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Dentro del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, el período de indagaciones no puede sobrepasar los 90 días, luego de los cuales se puede iniciar el juicio acusando a los presuntos culpables o encubridores y pidiendo la orden de prisión si fuera el caso. El jueves 17 Juan de Dios Parra, presidente de la Aldhu, dijo que enviaría una solicitud a la Procuraduría General de la República de México para que dicte orden de aprehensión contra el presidente colombiano Álvaro Uribe por bombardear el campamento de las FARC en que murieron cuatro mexicanos. Al mismo tiempo, en México, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta al presidente Felipe Calderón a presentar “una formal protesta ante el gobierno colombiano por el acto de invasión al territorio ecuatoriano” y a solicitar a la Organización de Estados Americanos “la revisión de los actos violatorios a los derechos humanos de los cinco ciudadanos que se encontraban presentes en la selva ecuatoriana” al momento de ser atacados por el ejército de Colombia. l
Rechaza estudiante mexicana acusaciones de terrorismo
La estudiante mexicana Lucia Morett rechazó este lunes en Nicaragua acusaciones de terrorismo lanzadas en su contra por el gobierno de Colombia.
Al comparecer en la capital Managua ante centenares de nicaragüenses, la joven mexicana, sobreviviente del ataque de militares colombianos contra un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) el 1 de marzo en territorio ecuatoriano, dijo que es víctima del terrorismo de Estado.
Denunció la campaña mediática en su contra lanzada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe y subrayó que continuará la lucha para que el mundo conozca lo que pasó ese día. “No he cometido ningún delito”, aseguró.
Dijo que ahora la quieren acusar de terrorista porque fue la única sobreviviente mexicana. "Soy estudiante no terrorista”, subrayó.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega hizo un llamado al mundo para ser solidario con la joven mexicana y su denuncia.
Señaló que el 1 de marzo fue un día de dolor y de tragedia cuando los militares colombianos usando tecnología estadounidense bombardearon y asesinaron a personas en territorio ecuatoriano. “Eso es terrorismo de Estado”, puntualizó Ortega.
Reiteró que Morett puede estar en Nicaragua el tiempo que quiera "y si quiere le damos la residencia, pues somos un pueblo de puertas abiertas".
TeleSUR - Prensa Latina / sb - SB
Cortina de humo
Álvaro UribeBOGOTÁ.- El calificativo de “terroristas” endilgado el pasado miércoles 16 por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, a los universitarios mexicanos que se encontraban en el campamento del número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, forma parte de una estrategia para distraer a la opinión pública.Así lo afirman legisladores colombianos consultados por Proceso, quienes sostienen que Uribe aprovecha incluso los insultos para hacerse la víctima. Así lo hizo cuando la estudiante Lucía Morett, “la única mexicana sobreviviente al ataque perpetrado el pasado 1 de marzo”, lo acusó de narcotraficante y declaró que por culpa de él, ella no puede regresar a su país, señala uno de los entrevistados, quien pidió omitir su nombre.El presidente de México, Felipe Calderón, respondió de inmediato a su par colombiano, aprovechando la clausura del Foro Económico Mundial realizado en el puerto de Cancún:“Me parece que lo prudente es no calificar ni prejuzgar en un sentido u otro las características o las actividades de esos jóvenes hasta que los resultados de la investigación así lo arrojen. Entonces (una vez terminada la investigación), cada quien sacará sus conclusiones. Pero no quiero ni creo que debamos anticiparnos respecto del perfil de estos jóvenes.”
Estrategia mediática
Tanto Uribe como el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, han sacado provecho de la crisis generada por el operativo del ejército colombiano mediante el que Reyes fue eliminado. El ataque, que según las autoridades de Ecuador violó la soberanía de este país, disparó la popularidad de Correa. El 9 de marzo, cuando la crisis diplomática con el país vecino se encontraba en su momento más crítico, la empresa Cedatos publicó una encuesta en la que informó que la imagen del mandatario subió ocho puntos, con lo que llegó a 66% de aceptación entre la ciudadanía.En Colombia sucedió algo similar. La popularidad de Uribe subió de 81 a 84% como consecuencia de la aprobación que recibió por haber ordenado el ataque al campamento donde se refugiaba el comandante guerrillero Raúl Reyes. Así lo reveló la encuesta de Gallup realizada entre el 4 y el 6 de marzo, justo cuando Uribe enfrentaba la más dura crisis diplomática de su segundo mandato. No sólo tenía problemas con Correa, sino que había tenido una confrontación verbal con su homólogo venezolano Hugo Chávez.Sin embargo, la buena estrella de Correa y Uribe, sobre todo la de este último, no tiene contentos a sus detractores políticos, quienes ven en su accionar una hábil estrategia para ocultar los problemas internos que amenazan su gestión.El jefe del Estado colombiano no ha podido hacer nada, por ejemplo, para impedir que la Corte Suprema de Justicia encarcele a buena parte de los legisladores que lo apoyan. La coalición uribista en el Congreso ha sido duramente golpeada por las decisiones de los magistrados que investigan las relaciones entre la clase política y los grupos paramilitares.Ante esa situación, según los dirigentes de la oposición consultados por este corresponsal, Uribe ha montado una exitosa campaña mediática encaminada a magnificar el conflicto con sus vecinos para mitigar las consecuencias del escándalo de “La Parapolítica”, que mantiene nerviosos a decenas de congresistas, pues algunos de ellos podrían ir a prisión.El senador liberal Juan Fernando Cristo asegura a Proceso que a Uribe le conviene hacer política con los ecuatorianos y a Correa le conviene hacer política con los colombianos. Explica: “En este caso, creo que se han juntado el hambre con las ganas de comer porque mientras los dos sigan jugando a la política, no van a arreglar el lío diplomático en que están metidos. A los dos les conviene que siga el conflicto porque ello fortalece su imagen interna en momentos en que los dos afrontan problemas”. l
La nueva frontera
LORETO BAY, BCS.- Al bajar la árida sierra de La Giganta hacia el Mar de Cortés –puros peñascos y arenales caldeados–, de pronto se recibe un fuerte golpe visual: es el verdor de un extensísimo campo de golf que bordea las aguas de una bahía, un verdor salpicado por los colores intensos de lujosas residencias. No es ningún espejismo del desierto… es Loreto Bay, la más acabada expresión de los desarrollos para estadunidenses que proliferan en las costas peninsulares.En un reportaje publicado el pasado 7 de marzo, The New York Times aseguraba que ahora el territorio de Estados Unidos se recorrió hasta Loreto Bay. Ni más ni menos. “La nueva frontera de México”, lo titulaba. El mágico encanto del paraje –resumía el diario– se debe a que “tiene los elementos más básicos de la naturaleza, sol y agua, roca y arena, lo vertical y lo horizontal”.Sin embargo, hay alarma entre los grupos ecologistas debido a que este desarrollo de 6 mil residencias –situado nueve kilómetros al sur de la población de Loreto– puede ocasionar una “catástrofe ecológica”, sobre todo porque no existen los mantos de agua dulce para sustentar a las decenas de miles de pobladores que llegarán en calidad de residentes o trabajadores.Amyra López, gerente de proyectos especiales de Loreto Bay, trata de aplacar tales temores:“No hay por qué preocuparse. Loreto Bay será el proyecto sustentable más grande de todo México. Tendrá una planta desaladora para convertir en dulce el agua del mar. Está bien planificado el crecimiento demográfico que se vendrá. Y contribuiremos a la cultura del reciclaje en toda la zona.”Explica que los desarrolladores –encabezados por la trasnacional City Group– adquirieron 8 mil hectáreas de costa para levantar Loreto Bay, la mayoría de las cuales serán “dejadas como reserva natural”. En total, dice, en nueve fases se construirán 6 mil residencias estilo “colonial español”. La primera fase ya concluyó. Actualmente, seis compañías constructoras trabajan afanosamente para terminar las residencias de la segunda fase. Amyra recorre las calles adoquinadas que están en el área de la primera fase. Las avenidas principales tienen amplios camellones bien empastados con altas palmeras. Hay callejuelas estrechas que se retuercen, flanqueadas por casas de dos o tres pisos, con puertas de madera y aldabones de hierro. Topan con arroyuelos y pequeños lagos artificiales que son cruzados por puentes de tablones. Florecen las plantas de ornato… da la impresión de estar en alguna zona exclusiva de San Diego, Long Beach, Malibú o Santa Bárbara, sólo que aquí impera la calidez del clima.Un par de caddies eléctricos atraviesan una avenida. Los manejan estadunidenses en short y camisa hawaiana que saludan sonrientes: “¡hello!... ¡hello!”. Explica Amyra: “Aquí estará muy restringida la circulación en automóvil. Habrá estacionamientos a la entrada para que se dejen ahí los autos. Las calles son para caminar, andar en bicicleta o en caddy”.
–¿De dónde es la población que está comprando las casas? –se le pregunta.
–Un 70% son estadunidenses; el resto vienen de Canadá. Hasta el momento, hemos vendido unas 600 casas.Amyra muestra el folleto donde se exhiben los distintos tipos de residencias, con sus características, dimensiones y precios: 700 mil… 800 mil… hasta 1 millón 400 mil dólares las residencias más caras, por estar a las orillas de la bahía o del campo de golf de 18 hoyos, donde se observa a un grupo de personas empuñando sus palos y pegando a la pelota.Hay también canchas de tenis totalmente terminadas, así como un moderno hotel –con 155 cuartos– para quienes sólo vienen de visita. Los desarrolladores publicitan así su verde oasis sudcaliforniano:Imagine a place where every day the air is cleaner, the water is purer, the people are healthier, life is more abundant and we are enriched by the culture.Fernando Arcas, un luchador ecologista de alborotada melena cana, desbarata esos ardides publicitarios: “¡Loreto Bay no es natural! ¡Todo es ficticio! ¡Es una Disneylandia de superlujo! Cuándo ha visto usted esas enormes extensiones de césped en el desierto. ¡Nunca! Aquí hay escasez de mantos acuíferos. De dónde sacarán el agua para seguir dándole mantenimiento a ese aparatoso campo de golf, o para mantener a los nuevos miles de pobladores.”
–¿No son una solución las plantas desaladoras?
–No. Ésas resultan costosísimas, por lo que elevan los precios del agua hasta cinco veces. Y además dejan los residuos de la salmuera en cantidades proporcionales al agua desalada. ¿Qué harán con la salmuera? Pues si la tiran al mar, van a crear una supersalinidad que destruirá a las especies marinas.“Por otra parte, las áreas empastadas que crean estos desarrolladores ocasionan muchos daños ecológicos. Las mantienen verdes no sólo con agua, sino con gran cantidad de fertilizante. Son áreas con bastantes plagas y, por consiguiente, requieren de mucho pesticida.” Director de Antares –una organización cuyo fin es proteger los ecosistemas marinos y terrestres de la región–, Fernando Arcas habla sobre los estragos que ocasionará la explosión demográfica propiciada por Loreto Bay:“Debemos aclarar que Loreto Bay no es para turistas de paso. No, será otro pueblo más con una población fija. ¿Cuántos residentes vivirán en cada una de sus 6 mil casas? No lo sabemos. Además, esos habitantes extranjeros requerirán de varios servicios. ¿Dónde vivirá esa otra población que llegará de fuera y trabajará para ellos? Tampoco lo sabemos. “Según los estándares, los huéspedes de cada cuarto de hotel requieren de 20 personas para que se les atienda: meseros, recamareras, empleados turísticos, mecánicos, electricistas, plomeros, etcétera. Aquí podría aplicarse una proporción semejante, por lo que estaríamos hablando de varias decenas de miles de personas que tendrían que venir de fuera para atender a los residentes de Loreto Bay.”Arcas señala que el poblado de Loreto, de apenas 15 mil habitantes, no tiene capacidad para afrontar esa avalancha demográfica.Lo peor de todo, dice, es que aparte de Loreto Bay ya hay otros desarrollos en marcha en la misma zona costera: la empresa Villas Group construirá 2 mil 200 cuartos de hotel en Ensenada Blanca; empresarios de Arizona levantarán Golden Beach, un proyecto que incluye cuatro hoteles, dos campos de golf y una marina; El Grupo Fadesa edificará el complejo turístico Loreto Paraíso, en San Bruno, en el que invertirá 4 mil millones de euros….“Estos desarrollos están proyectados para realizarse en una franja costera de sólo 40 kilómetros. Sabemos que hay más proyectos, sólo que hasta el momento se mantienen ocultos”, refiere Arcas.
–¿Serán sustentables?
–Nada de eso. Provocarán una catástrofe ecológica en manglares, esteros, ojos de agua, islas e islotes. Para los únicos que serán sustentables, pero económicamente, será para los empresarios. l
IFE: dos meses de errores
En apenas 70 días de gestión, el presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, ha incurrido en una larga y variada serie de yerros y deslices: Las desafortunadas propuestas para los nombramientos que debe aprobar el Consejo y las designaciones directas que realiza el consejero presidente; el desproporcionado e incoherente aumento presupuestal solicitado para el IFE; el aprobado incremento de 20% en los salarios de los consejeros; el absurdo propósito de exhibir las boletas electorales de la elección presidencial de 2006 antes de destruirlas; el apoyo a la decisión de dar carpetazo al asunto de los 280 mil spots no reportados por los partidos políticos en aquel proceso, y la incapacidad de conducir a buen puerto un concurso para ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral.Tres de esos errores se resaltaron en la última sesión del Consejo General del IFE, el pasado miércoles 16 de abril, cuando repentinamente Valdés Zurita cambió de secretario del Consejo y, en la mesa, modificó su propuesta de orden del día de la sesión.El cambio de secretario de Consejo, y de encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, tiene que ver con el fracaso en la conducción de los concursos del Servicio Profesional Electoral –en marcha desde enero pasado– para ocupar plazas de vocal ejecutivo local y distrital, así como de otros puestos, lo cual ocasionó que se revocara la designación inicial de Ignacio Ruelas como encargado de despacho.En cuanto a la determinación de retirar del orden del día de la sesión el punto número 3, “Designación de funcionarios (Presidencia del Consejo)”, tiene que ver con la incapacidad del consejero presidente para lograr una mayoría calificada, de al menos seis votos, en su propósito de nombrar nuevo secretario ejecutivo del IFE.Cuando rindió protesta el pasado 8 de febrero, Valdés Zurita se encontró con dos direcciones ejecutivas vacantes: la de Administración y la del Servicio Profesional Electoral, además de otra vacante en la Dirección de Comunicación Social. Logró el número de votos necesarios para sacar adelante la designación de Fernando Santos en la primera Dirección Ejecutiva, y de Ignacio Ruelas en la segunda; en cambio, en el caso de la Dirección de Comunicación Social tuvo que retirar su propuesta –que era en favor de Luis Fernando Ramírez– porque en la misma sesión del Consejo se percataron de que no cumplía con los requisitos establecidos en la normatividad del IFE.Además, durante el desempeño de Valdés Zurita ya se generaron otras dos vacantes: en las titularidades de la Secretaría Ejecutiva y de la Unidad Técnica de Fiscalización. En consecuencia, ahora hay tres vacantes que tiene que llenar el Consejo General, una por mayoría simple (cinco votos), y dos, las de la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Técnica, por mayoría calificada (seis votos). En el caso de Comunicación Social, Valdés Zurita optó por buscar la reforma al Reglamento Interior para eliminar el requisito de que su ocupante tenga título profesional; respecto a la Unidad, ha hecho varias propuestas que no han alcanzado los votos necesarios en las reuniones previas y ha determinado no llevar el asunto al Consejo; y en el caso de la Secretaría Ejecutiva, propuso a Juliana Araujo, actualmente presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, quien contaba apenas con dos votos a favor (el suyo y el del consejero Andrés Albo). Valdés Zurita decidió no dar opciones a los consejeros electorales, sino simplemente hacer su propuesta y obligarlos a pronunciarse a favor o en contra. Este método ya ocasionó fricciones en el Consejo. El martes 15 por la mañana hizo su último esfuerzo por convencer al menos a otros cuatro consejeros de apoyar su propuesta, pero no logró sumar ni un voto más, y eso lo molestó.Ninguna de las dos designaciones del Consejo fue aprobada por unanimidad, ya que ambas tuvieron votos en contra, por motivos diversos. Tampoco fue bien recibido el nombramiento directo que hizo de Ruelas como encargado de despacho, pues aunque hacerlo es prerrogativa del consejero presidente, la costumbre era depositar la confianza en el director ejecutivo con mayor antigüedad en su puesto, y en este caso Ruelas era, por el contrario, el más reciente.Pero ese fue un problema menor ante la probada incapacidad de Ruelas para cumplir con sus obligaciones como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, ya que por errores operativos dio al traste con el Concurso de Incorporación. Para mantener la confidencialidad de los aspirantes y evitar los favoritismos al calificar los exámenes, éstos se identifican únicamente con un número de folio y el puesto al que aspira el candidato y, en un sobre cerrado (que se abre después de conocer los resultados, y únicamente de los aspirantes que resultan aprobados y que pasan a la siguiente etapa), aparecen los datos personales de los aspirantes relacionados por la vía del número de folio.En esta ocasión, cuando se disponían a enviar los exámenes al Ceneval para su calificación, se dieron cuenta de que más de 200 aspirantes (de una cifra superior a los 2 mil 100) carecían de la información del puesto al que aspiraban, por lo cual tuvieron que abrir los sobres cerrados y violar la confidencialidad, con lo cual se perdió la credibilidad del proceso. Para colmo, han empezado a llegar al IFE denuncias, algunas anónimas y otras con nombre y apellido, de que durante la aplicación del examen algunos aspirantes recibieron trato privilegiado y pudieron utilizar sus calculadoras, a pesar de que está prohibido.Al enterarse de estas deficiencias, algunos consejeros cuestionaron la capacidad de Ruelas para seguir al frente de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE), y el consejero presidente no tuvo más remedio que reconocer que se equivocó al designarlo encargado de despacho. Decidió entonces removerlo y designar a Hugo Concha director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.Éstos son apenas los últimos eslabones de una cadena de yerros que empezó unos días después de la toma de protesta de Valdés Zurita. El 20 de febrero, en la tercera sesión que presidía, dedicada a revisar los spots inexplicados del proceso electoral de 2006 (aunque fueron registrados por los monitoreos del IFE, los partidos políticos no los reportaron ni los reconocieron), el nuevo consejero presidente del IFE se opuso a la investigación de oficio para determinar quién pagó por ellos. De ese modo, dio carpetazo a una revisión que podía haber desembocado en un escándalo similar –y con sanciones parecidas– a los casos Pemexgate y Amigos de Fox (Proceso 1634).Unos días antes, en la Junta General Ejecutiva que preside Valdés Zurita, se aprobó un aumento neto de 20% –aproximadamente 25 mil pesos– al sueldo mensual neto de los consejeros electorales y del consejero presidente del IFE, bajo el argumento de que el año pasado sus antecesores se lo habían rebajado 10% y ahora simplemente se homologaba, tal como lo marca la Constitución, al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Aún más, el último día de marzo, el Consejo General aprobó en sesión extraordinaria solicitar un aumento de mil 453 millones de pesos al presupuesto de este año. El argumento: que mil 140 millones se destinarían a la compra de equipo y a la reestructuración necesaria para monitorear la radio y la televisión, de conformidad con las nuevas atribuciones establecidas en la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.Pero pronto se advirtió que esa solicitud era exagerada y carecía de un planteamiento operativo lógico, pues propone equipar 333 oficinas (300 Juntas Distritales, 32 Juntas Locales y las oficinas centrales), cuando en varias áreas metropolitanas se concentran un buen número de distritos que estarían realizando tareas similares a las de la Junta Local y otras Juntas Distritales. Únicamente en el área metropolitana del Distrito Federal se localizan 50 distritos, una Junta Local y las oficinas centrales; en Monterrey existen 11 distritos y una Junta Local; y en Guadalajara se dispone de 10 distritos y de una Junta Local. Así, únicamente en esas tres áreas metropolitanas podría ahorrarse una cuarta parte de los equipos presuntamente requeridos.Y lo mismo sucede en muchas otras ciudades, como Puebla, Chihuahua, Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Saltillo, Torreón. Basta elaborar el mapa de coberturas para identificar claramente cuántos equipos se requieren con el fin de realizar un monitoreo adecuado. Y un análisis somero arroja que serían alrededor de la tercera parte de los solicitados.Unos días antes, en el mismo mes de marzo, al participar en Veracruz en una reunión de los órganos electorales estatales, Valdés Zurita declaró que propondría al Consejo General que, antes de proceder a la destrucción de las boletas electorales de la elección presidencial de 2006, se exhibieran en sus respectivos distritos. El 25 de marzo, El Universal publicó que la idea era exhibirlas en vitrinas y sin posibilidad de proceder a un nuevo escrutinio. Sólo podrían ser contempladas a través de los cristales. Las preguntas que de inmediato brotaron fueron: ¿Cuál sería el sentido de hacerlo? ¿Para qué serviría? ¿Cuántos kilómetros de vitrinas se requerirán para exhibir casi 42 millones de boletas? Tal parece que el consejero presidente del IFE ya abandonó su descabellada idea, pues hace casi un mes que no se comenta nada al respecto.Falta aún ver qué pasará con la obligación de transmitir en todas las estaciones de radio y canales de televisión los promocionales y programas de los partidos políticos dentro de los horarios establecidos en la ley. Como se analizó en Proceso (1638), los concesionarios están acostumbrados a ignorar las solicitudes iniciales del IFE (que anteriormente se hacían a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación) para obligar a negociar otros horarios o emisoras.Por ejemplo, TV Azteca todavía persiste en su actitud desafiante y ya llevó su caso a los tribunales, mediante un amparo, de acuerdo a lo que declaró su representante legal, Salvador Rocha Díaz. En este asunto, el IFE tiene una responsabilidad histórica y en este momento está pendiente de resolución.Registrar toda esta serie de desatinos que se producen en una etapa de preparación del proceso electoral, puede servir para impedir que ocurran éstos u otros peores cuando el IFE se encuentre sometido a la presión de los tiempos fatales, en medio de la virulencia y el encono de las campañas electorales. l
Última carta
Encinas, Ortega, Cota y NúñezEntrampado en el conteo de los votos de su elección interna del 16 de marzo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) intenta jugar su última carta: ampliar por lo menos hasta el domingo 30 la presidencia de Leonel Cota Montaño, quien este martes 22 termina su gestión. El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, asegura que este planteamiento se hará durante el noveno pleno del Sexto Consejo Nacional Extraordinario de este partido, que se realiza este fin de semana. El viernes 18 por la noche Leonel Cota, presidente nacional del PRD, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y los candidatos Alejandro Encinas y Jesús Ortega se reunieron con el propósito de alcanzar un “acuerdo político” que impida la ruptura de ese partido, luego de la renuncia de los miembros de la Comisión Técnica Electoral.
La reunión fue infructuosa.
Sin embargo, alrededor de la medianoche del mismo viernes, en entrevista con Proceso, el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, declaró que la última carta que tiene su partido es prorrogar el mandato de Cota y del secretario general, Guadalupe Acosta Naranjo, por lo menos hasta el miércoles 30.Esta posibilidad, comenta, fue planteada en “el peor de los mundos”, luego de que el martes 15 los miembros de la Comisión Técnica Electoral, Arturo Núñez y Edmundo Cancino, presentaron su renuncia. Además, dice, “estamos a unos días de que concluya el período de la actual dirigencia nacional”. Incluso, adelanta, es posible que la propuesta se plantee este domingo 20 durante el noveno pleno del Sexto Consejo Nacional Extraordinario perredista. Según Navarrete, quien fue entrevistado al término de una reunión de la corriente Nueva Izquierda, Encinas y Ortega intensificaron sus contactos en la búsqueda de consensos. Pero advierte: “Si las partes no llegan a un acuerdo político sobrevendrá la catástrofe y puede darse el inédito caso de que la principal fuerza política que disputó la Presidencia de la República en 2006 se quede incluso sin Congreso Nacional, sin Consejo nacional y, lo peor, sin dirigentes”.Navarrete sostiene que existe otra opción: nombrar “sustitutos” del presidente nacional y del secretario general, pues es imposible elegir a un presidente interino, toda vez que Cota Montaño y Acosta Naranjo concluyen su mandato este martes 22.Se llegue o no un acuerdo, el proceso de cómputo seguirá su curso, pese a que la Comisión Nacional de Garantías carece de facultades para realizarlo. Ahora, afirma Navarrete, la única instancia facultada para contar las boletas electorales es la Comisión Técnica Electoral (CTE), pero está acéfala tras la renuncia de su presidente, Arturo Núñez.El senador Ricardo Monreal, entrevistado el jueves 17, también considera que la única forma de salvar de la crisis a su partido es lograr el acuerdo político, pues el problema escaló más allá del recuento de votos. Plantea que Encinas y Ortega deben llegar a un consenso; si no ceden, será el Consejo Nacional del PRD el que tome cartas en el asunto. De lo contrario, el partido se quedaría sin órganos de gobierno.“Se requiere de un acuerdo al interior del partido, renunciar a posiciones cerradas. Nadie tiene las terceras partes del CEN para lograr acuerdos. Hay una interpretación muy fuerte de fractura y de ruptura, pero el PRD tiene posibilidades de reencontrar su camino y reencauzar su vida orgánica; para esto se requiere de voluntad política”, indica Monreal.
Los desencuentros
Un mes después de la elección interna, la crisis del PRD llegó a su clímax. Imposibilitados para resolver el diferendo entre Encinas y Ortega, los comisionados electorales Arturo Núñez y Edmundo Cancino tiraron la toalla el martes 15. En un comunicado, ambos explicaron: “Para los integrantes de la Comisión Técnica Electoral está claro que, desde el pasado lunes 7, los procedimientos para concluir el cómputo están agotados para esta instancia. Existen otros organismos del partido que insisten en regresar el cómputo a un espacio donde todos sus elementos legales para hacerlo se encuentran rebasados.”Días antes de tomar esa decisión, Núñez comentó en vista de que los seguidores de Nueva Izquierda e Izquierda Unida “querían un cómputo a modo”, que él no estaba dispuesto a aceptar. Núñez, quien se afilió al PRD apenas el 22 de octubre de 2007 después de militar 37 años en el PRI y con una amplia experiencia en materia electoral, contó que parte fundamental del conflicto electoral fueron las posturas de las corrientes que apoyaron a Encinas y a Ortega.La crisis interna se gestó desde antes del proceso electoral, dice Núñez, cuando el Comité Ejecutivo Nacional perredista decidió repartir a cuatro delegados electorales entre las corrientes orteguista y encinista. Éstos, a la hora de desempeñar sus labores, se convirtieron en representantes de los candidatos y se plegaron a su línea.La polémica, sin embargo, se agudizó la noche de la elección del 16 de marzo, cuando Nueva Izquierda rechazó el conteo rápido de Mitofsky e IMO, que daba el triunfo a Encinas. Ahí comenzó la guerra de descalificaciones.Según Núñez, ante las presiones de los contendientes, el presidente y el secretario general del PRD, Leonel Cota y Guadalupe Acosta, respectivamente, determinaron hacer el conteo de tres tipos de casillas –las que tenían más de mil votos, aquellas en que se habían realizado el 100% de la votación para un candidato y las que no fueron instaladas– en nueve estados donde se detectaron “irregularidades” durante la elección.“De entrada –sostiene– los cómputos comenzaron a ser rehenes de las posiciones de las partes”. Así, mientras los encinistas querían que no se contaran las casillas controvertidas, los orteguistas exigían el recuento de todas las urnas y boletas electorales; después vendrían las impugnaciones ante la Comisión Nacional de Garantías.Y se paró el cómputo, al grado de que el 23 de marzo –una semana después de la contienda– los organizadores no pudieron entregar resultados como lo tenían previsto. El conteo se trabó durante varios días, durante los cuales hubo reuniones y se instalaron mesas políticas. Todo fue en vano. Camilo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva del Consejo Nacional, convocó para la semana siguiente pero no prosperó; hizo un segundo intento a principios de abril pero tampoco tuvo éxito. Espera que en el tercer intento, programado para el viernes 19 y sábado 20 de abril, se logre un acuerdo y se proponga que la dirigencia nacional amplíe su mandato hasta el miércoles 30.En ese período, los perredistas intentarán destrabar el recuento de votos. Por eso intensificaron las reuniones la semana pasada. Sin embargo los candidatos se inconformaron ante Garantías, que ordenó a la CTE seguir contando los votos en 12 estados que estaban en litigio. Avanzaron sólo en tres.Núñez insiste en que renunció porque “no existían condiciones para continuar el cómputo y estábamos regresando a lo mismo”. Cada corriente quería realizar el cómputo a su modo.
No funcionaron las reglas
El jueves 17, la Comisión Nacional de Garantías comenzó la etapa de calificación de la elección del 16 de marzo y anunció su determinación de terminar con 7% del cómputo que falta, pese a carecer de facultades para ello. En conferencia de prensa, los integrantes de esta comisión aseguraron que se tomó una resolución “extraordinaria” debido a que el partido está “en una situación extraordinaria”.Ante este escenario, la presidenta de la Comisión Nacional de Garantías, Ernestina Godoy, comenta que este “esfuerzo” se dio para que el partido no siga “en vilo”; dice que más allá de la calificación del proceso y de los resultados de la elección, lo importante es superar el encono que enfrenta a las corrientes internas.“Se reflejó lo que ha venido pasando desde hace un buen rato en el partido y hay diferencias que se han soslayado. Efectivamente, hay dos visiones de relación con gobierno, actividades parlamentarias y muchas cosas sustanciales”, dice Ernestina Godoy.Sobre las reglas electorales que se crearon en el X Congreso Nacional Extraordinario de agosto de 2007, donde cambiaron estatutos y la línea política del PRD, Arturo Núñez y Ernestina Godoy aseguran que, lejos de alivianar el proceso, lo complicaron. No hay reglas definidas, dicen; en este aspecto el Cofipe es más claro.Desde 1999, luego de que se anuló la elección interna del PRD debido a las irregularidades cometidas durante el proceso electoral de 1997, los militantes de este partido advirtieron que debían mejorar sus órganos, procedimientos y reglas. Entonces se modificaron los estatutos y la línea política partidista; también, la forma de elección de los órganos de dirección interna, y se determinó que el voto universal y directo en el Congreso fuese indirecto. Así mismo, se emitió un resolutivo que posibilitará alianzas coyunturales con el PRI. Variaron las reglas electorales y se transformaron los órganos directamente responsables del proceso electoral: se le quitó la autonomía al Comité Nacional del Servicio Electoral y Membresía CNSEyM, que se transformó en la Comisión Técnica Electoral (CTE) dependiente del Comité Político Nacional (CPN) que supuestamente entró en funciones el 1 de noviembre de 2007.En esos cambios desaparecieron el Registro Nacional de Afiliados, que fue sustituido por una Comisión de Afiliados dependiente del Secretariado Nacional. Además, a la Comisión Nacional de Garantías le quitaron el carácter de vigilancia y las facultades para sancionar. La CTE y Garantías comenzaron a operar el pasado 1 de enero sólo para este proceso electoral (Proceso 1636).Arturo Núñez insiste: “A pesar de las modificaciones seguimos teniendo normas deficientes e insuficientes, contradicciones en las mismas reglas que permiten ser interpretadas de un sentido u otro con facilidad.”
La maraña Unefon
Salinas Pliego. Guerra mediática
El litigio que enfrenta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Unefon, empresa que ahora reclama la devolución de 3 mil 57 millones de pesos, no avanza. El propietario de la empresa de telefonía, Ricardo Salinas Pliego, aprovecha la situación y a través de los espacios noticiosos de TV Azteca –otro de sus negocios– presiona a las autoridades para que le paguen. Peor aún, los exfuncionarios implicados en el asunto se echan la pelota entre sí, lo que en el fondo beneficia al demandante.El reclamo de la compañía Unefon a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que esta dependencia le devuelva poco más de 3 mil millones de pesos por concepto de actualizaciones, intereses acumulados y recargos derivó ya en una guerra mediática.Y en esta disputa los viejos aliados de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa de telefonía inalámbrica, como Javier Lozano Alarcón –quien durante 1998 fue presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)–, son cuestionados por su actuación e incluso podrían ser investigados por la Secretaría de la Función Pública.El nuevo capítulo de este diferendo se inició en las últimas semanas a raíz de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que no había irregularidad alguna en la entrega de 550 millones de pesos a Unefon hecha el 30 de noviembre de 2006, último día de la administración foxista. En su resolución, el órgano fiscalizador no aclaró si la SCT debe pagar los 46 millones de pesos restantes a la telefónica ni se pronunció en torno del reclamo de 3 mil 57 millones de pesos que esa misma compañía litiga en la sexta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Proceso 1639).Lo que sí dejó en claro la ASF fue que el origen de la disputa con Unefon, que originalmente perteneció a Moisés Saba, radica en el otorgamiento “indebido y sin facultades para ello” de dos prórrogas en 1998 y 1999 autorizadas por el entonces presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón.Por lo anterior Salinas Pliego insiste en que se le retribuyan los restantes 46 millones de pesos de un total de 596 millones, según la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, así como otros 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y recargos.Y ya movió sus piezas en la sexta sala regional metropolitana para conseguir esos dividendos. En el expediente 16383/07-17-06-6, al cual tuvo acceso este semanario, aparecen como defensoras de Unefon las exfuncionarias de la Secretaría de Hacienda María de la Concepción Patiño Cestafe y Ana Berta Thierry Aguilera.Estas nuevas abogadas de Unefon formaron parte del entramado burocrático para que a la compañía telefónica se le pagaran 550 millones de pesos. Como administradora de grandes contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria, Thierry Aguilera autorizó en septiembre de 2006, mediante oficio, que el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Álvarez Hoth, pagara a Unefon “con sus recursos” el monto litigado.
La ofensiva
En paralelo, Unefon emprendió una ofensiva mediática y política. El martes 15 la empresa pagó un desplegado que fue publicado en diversos medios impresos. En el documento, difundido también en los espacios noticiosos de los canales televisivos 7 y 13, pertenecientes al corporativo TV Azteca, la empresa llama mentiroso al titular de la SCT, Luis Téllez, quien se niega a pagarle los 46 millones de pesos reclamados en el juicio contencioso administrativo iniciado en junio de 2007 y “que se encuentra en trámite” en la sexta sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.Unefon aduce que solicitó dos prórrogas ante la Cofetel debido a “un deterioro súbito en los mercados financieros”. Incluso sostiene que ambas peticiones, autorizadas por Lozano Alarcón, no fueron irregulares. Lo que sí fue indebido, dice, son las dos sanciones aplicadas a la empresa: “un pago de intereses de más de 596 millones de pesos y un retraso de nueve meses en la liberación de las frecuencias para iniciar operaciones”.“Esta última decisión tuvo un doble impacto para Unefon, la ventaja que obtuvieron sus competidores y el costo financiero acumulado en nueve meses de inactividad y sin haber usufructuado las frecuencias subastadas”, afirma Unefon en su desplegado.Lo que no menciona es un punto clave en la resolución de la ASF, organismo que plantea que al incumplir con el pago de 80% de la contraprestación, “Unefon se situó en la causal de descalificación, acción que no fue aplicada por la Cofetel, habiéndose en su lugar autorizado indebidamente dos prórrogas para el pago del 80% restante citado” (Proceso 1639).La SCT respondió con un comunicado en el que insiste que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa referidas por Unefon “no ordenaron al secretario, ni a ningún otro funcionario de la secretaría, el pago de cantidad alguna a favor de esa empresa por ningún concepto, ni incluyeron o determinaron cuantificación alguna como se argumenta en el desplegado”.Así mismo, anunció que en el nuevo juicio por 3 mil 57 millones de pesos que Unefon promueve en la sexta sala regional metropolitana del mencionado tribunal, “continuará utilizando todos los instrumentos jurídicos necesarios para evitar realizar el pago solicitado, por considerarlo improcedente”.En este litigio que enfrenta a Unefon con la SCT destaca Gonzalo Martínez Pous, un abogado de esa dependencia que participó en 1998 como testigo en la segunda prórroga que su jefe en aquella época, Javier Lozano Alarcón, otorgó a la empresa de Ricardo Salinas.Consultado por Proceso, Martínez Pous asegura que su papel como testigo en la expedición de la segunda prórroga no implica conflicto de interés alguno, pues el testigo sólo conoce y se vincula con la apreciación que del hecho mismo se actualiza sobre sus sentidos.
Alarcón en la mira
En las últimas semanas, el caso Unefon ha cobrado relevancia política y los comentaristas de TV Azteca han aprovechado para defender a su patrón, Ricardo Salinas. La resolución de la ASF concluye que el origen del conflicto no está en el pago indebido de los 550 millones de pesos, sino en las prórrogas que autorizó Javier Lozano Alarcón, con el visto bueno del entonces titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán.Esta situación llevó a la auditoría a solicitar a la Secretaría de la Función Pública una investigación en torno de las presuntas responsabilidades de los funcionarios involucrados en el caso Unefon. En paralelo, el martes 8, los diputados del PRI, del PRD y del Partido Verde pidieron a Felipe Calderón que separara de la Secretaría del Trabajo a Javier Lozano para que sea investigado por la Secretaría de la Función Pública.A su vez, el senador panista Federico Döring, defensor de las televisoras durante la reforma electoral, pidió el miércoles 9 que Gonzalo Martínez Pous, abogado de la SCT, renunciara a su cargo por el presunto conflicto de interés.Javier Lozano se defiende y alega que las prórrogas que él otorgó fueron correctas; propone incluso que la Secretaría de la Función Pública concentre su investigación en el pago de los 550 millones de pesos hecho a Unefon. Y se lanza contra los funcionarios de la SCT durante el foxismo: Pedro Cerisola, quien fue titular de la dependencia, y Jorge Álvarez Hoth, quien se desempeñó como subsecretario. Y acusa a la ASF por “extralimitarse” al sugerir que lo investigaran.El miércoles 16, el funcionario declaró a Reforma: “Que alguien haya perdido con un expediente como éste cualquier juicio me parece lamentable, pero lo más lamentable es que, además de perder, entregaron el dinero.” Señaló también que él nunca fue consultado por Álvarez Hoth para el pago de los 596 millones de pesos litigados por Unefon.En el fondo, este pleito que enfrenta a funcionarios que durante los dos últimos sexenios estuvieron en la Cofetel y en la SCT sólo beneficia a Unefon. El dueño de esta compañía, Ricardo Salinas Pliego, le apuesta a que el litigio se prolongue y el gobierno acabe pagándole más del doble de lo que su negocio obtuvo por usufructuar la primera gran licitación de telefonía inalámbrica en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Prepotentes e impunes
Manuel y Jorge Alberto Bribiesca. Contra la paredLos hijos de Marta Sahagún intentaron mantener en secreto la forma en que la PGR determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra ellos por las acusaciones de la comisión especial de la Cámara de Diputados que los investigó por presunto tráfico de influencias. Manuel y Jorge Alberto Bribiesca amenazaron al IFAI para que no abriera el expediente, pero sólo consiguieron indignar a los comisionados. Finalmente, la averiguación será pública.Los hermanos Bribiesca Sahagún reaparecieron en forma inesperada al amenazar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por liberar el expediente en el cual la Procuraduría General de la República (PGR) los exoneró de presuntos delitos cometidos durante el sexenio pasado, cuando su madre, Marta Sahagún, fungía como “primera dama” en una lujosa oficina de Los Pinos.Mediante sus abogados, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún hicieron llegar al IFAI una carta en la que amagan con demandar a los comisionados ante los tribunales y se niegan a que cualquier persona, no autorizada por ellos, conozca la forma en que se les libró de la investigación hecha por una Comisión Especial en la Cámara de Diputados durante seis años.Aún no transcurrían 72 horas desde la recepción de la carta cuando el IFAI rechazó cualquier tipo de presión. Los comisionados advirtieron que los apellidos no influyen en sus decisiones y brindaron a los hijos de Martha Sahagún el mismo trato que a cualquier otro ciudadano.“El IFAI ya tomó una decisión. Es imposible, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, que pueda detenerse la entrega de ese archivo por parte de la PGR al ciudadano que lo solicitó”, dijo a Proceso el presidente del IFAI, Alonso Lujambio.“Esta es la primera vez, desde que se creó el IFAI, que dos particulares piden a los comisionados que no cumplan con la Ley Federal de Transparencia”, comentó Juan Pablo Guerrero Amparán, encargado del proyecto de sentencia que liberó el expediente de los hermanos Bribiesca Sahagún.Así, los hijastros del expresidente Vicente Fox quedaron contra la pared. El tono amenazante de su carta provocó molestia en el pleno del IFAI, que ordenó la distribución de copias en los medios de comunicación.La carta de los Bribiesca se suma a la férrea resistencia que la PGR opuso al IFAI para dar a conocer el expediente mencionado. La dependencia utilizó prácticamente todos sus recursos para no liberar el expediente. El 31 de octubre de 2007, Guillermo Alfaro Cázares solicitó a la PGR que le diera acceso al expediente en que esa dependencia exoneró a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún de las acusaciones presentadas por el exdiputado federal Jesús González Schmal. En “respuesta”, la PGR le envió al ciudadano un resumen con las fechas más importantes del caso: cuándo se presentó la denuncia, quién lo hizo, quiénes la recibieron y el día en que se decidió el no ejercicio de la acción penal. La procuraduría agregó que el contenido del expediente en sí era confidencial. Es decir, que estaba bajo llave para siempre por razones de Estado.Inconforme, el peticionario solicitó la intervención del IFAI. Al abrirse el litigio, el comisionado Juan Pablo Guerrero pidió a la PGR que sustentara su respuesta con mayor detalle y presentara los alegatos que considerara pertinentes.El 28 de enero pasado, la PGR dio un giro. Mediante un oficio expuso ante el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero que la exoneración de los hermanos Bribiesca está reservada. Es decir, que ya no se trataba de un asunto confidencial, bajo resguardo ante cualquier circunstancia, sino que implicaba una serie de elementos legales que impedían conocerla por el momento.En la resolución 042/08 del IFAI consta que la PGR expuso que el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales le impedían abrir ese archivo al público, además de que hacerlo sería motivo de demandas contra los funcionarios responsables del caso. Además, la procuraduría señaló que el expediente de los hijos de Marta Sahagún estaba relacionado con otras averiguaciones previas y estaba pendiente un amparo de la Cámara de Diputados para que se reactivara el caso.Ante los bandazos de la PGR, el comisionado Guerrero llamó a una audiencia para el 28 de enero pasado. Ahí emplazó a Adriana Báez Ricárdez, directora de Análisis y Proyectos de la PGR, para que presentara una lista con los números de averiguaciones que estaban relacionadas con el caso y el estado legal en que se encontraban. De acuerdo con la resolución, dicha lista no fue proporcionada.Como en otros casos, el pleno del IFAI concluyó que al determinarse el no ejercicio de la acción penal el caso está cerrado y, por lo tanto, el expediente es público. La decisión fue unánime.La información, “inconveniente” La noche del martes 15, alrededor de las 19:00 horas, un representante del despacho jurídico Ayala, Chaurand y Asociados llegó al edificio del IFAI frente a los Viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México. Con la misiva de los Bribiesca en las manos, pidió entrar a los despachos del comisionado presidente, Alonso Lujambio, y del comisionado ponente, Juan Pablo Guerrero.El IFAI cuenta con una oficialía de partes para recibir documentación, pero a esa hora ya estaba cerrada. El representante de los hijos de Marta Sahagún no quiso regresar al otro día; insistió en entregar personalmente el documento a la secretaria de Alonso Lujambio y a Juan Pablo Guerrero.Al fin subió a la oficina de Lujambio, en el cuarto piso, y dejó la carta:Manuel y Jorge Alberto Bibriesca Sahagún, por nuestro propio derecho, promoviendo en el expediente al rubro indicado señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones el despacho jurídico ubicado en el número 1519 de la Calle San Francisco, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, en esta Ciudad de México, autorizando para recibirlas en nuestro nombre y representación a los lics. Rubén Ayala Chaurand y Guillermo Ostos del Río, comparecemos ante esta instancia y por esta vía para manifestar lo siguiente:...Los hijos de quien fue la “primera dama” presentaron este alegato aun cuando no formaron parte del litigio sobre el carácter público de la información. En el expediente 0042/08 del IFAI –al que tuvo acceso el reportero– consta que los involucrados son la PGR y la persona que solicitó el expediente de no ejercicio de la acción penal, Guillermo Alfaro Cázeres. Nadie más.El comisionado encargado del caso, Juan Pablo Guerrero, sí solicitó alegatos, pero sólo a la PGR y al peticionario de la información. Los hermanos Bibriesca Sahagún no fueron convocados a alguna audiencia ni notificados del avance del litigio, al menos por el IFAI.Aun así, intentaron detener la acción del instituto. La carta continúa:Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que el IFAI ha resuelto, ilegalmente, requerir a la PGR información relativa a la averiguación previa número A.P 59/UEIDCSPCAJ/2006 radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, en la que ambos tuvimos la calidad de inculpados, misma que, conforme a la ley, ha sido determinada con el acuerdo de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL debido de que en las constancias que integran dicha indagatoria se contiene información cuyo manejo irresponsable pudiera pararnos perjuicio. Por este medio, venimos a manifestar nuestra inconformidad y nuestra más enérgica protesta y oposición a que este instituto requiera y obligue al Ministerio Público de la Federación a entregar cualquier tipo de información o documentación relacionada con la averiguación previa de mérito, injustamente seguida en nuestra contra.Si ya de por sí dicha investigación nos produjo serios inconvenientes, por ningún motivo permitiremos que por razones ajenas a la “transparencia” y “rendición de cuentas”; a que por razones de tipo político de las que estamos absolutamente sustraídos, se nos perjudique más. No en vano la Justicia de la Unión nos concedió su amparo y protección contra actos ilegales anticonstitucionales del Congreso de la Unión, similares a los que este instituto pretende ejecutar; no en vano yo, Manuel Bribiesca, obtuve una sentencia favorable en contra de la periodista Olga Wornat por publicar infamias en mi contra. Claramente señalamos: NO CONCEDEMOS NUESTRA AUTORIZACIÓN ABSOLUTAMENTE A NADIE PARA QUE SE ENTREGUE NINGUNA CLASE DE INFORMACIÓN NI DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA RADICADA EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Decisión firme
El miércoles 16, el día siguiente a la recepción de la carta, los cinco comisionados tuvieron una reunión privada tras concluir la sesión pública de la semana. Estaban indignados.En charla con Proceso, Alonso Lujambio destaca que, dado el hecho de que la PGR decidió el no ejercicio de la acción penal contra los Bribiesca, el IFAI no discutió otro tema que no fuera si la resolución debía ser pública.“Hay al menos cuatro precedentes sobre cómo el pleno del IFAI actúa en este tipo de casos. En ningún momento hay distingos de nombres ni de apellidos”, argumenta.
–¿Qué piensa de que los hermanos Bribiesca argumentan que hay consideraciones políticas para abrir su expediente?
–El IFAI no puede tomar en cuenta valoraciones de tipo político. En su carta, los hermanos Bribiesca hablan de una serie de factores, de intereses políticos que han intentado dañarlos; pero dentro del IFAI no tomamos en cuenta ese tipo de variables. Nosotros no actuamos por consigna.
–¿Se puede echar atrás la decisión de abrir ese expediente?
–Ya tomamos una decisión. Es imposible, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo puede detenerse la entrega de ese archivo por parte de la PGR al ciudadano que lo solicitó.
–¿Habrá alguna consecuencia legal en contra de ustedes?
–Se entregará (al peticionario) una versión pública del no ejercicio de la acción penal para que la sociedad conozca cómo las autoridades llegaron a esa conclusión.
La ley dice: si vas a hacer público un documento, elimina los datos confidenciales.
–¿Esto quiere decir que ahora cualquier persona puede pedir ese expediente?
–Si el IFAI ya resolvió el acceso a ese expediente mediante versión pública, esa característica de publicidad es para todos. Ellos están en su derecho de tomar la decisión que mejor convenga a sus intereses. Sin embargo, quiero dejar en claro que en el IFAI no nos interesan los nombres ni los apellidos de una persona. La decisión del pleno se basó en que ya está decretado el no ejercicio de acción penal. En todo caso, ese archivo será sometido al escrutinio público.La carta de los hermanos Bribiesca concluye así:Quebrantar la reserva de una averiguación previa constituye un delito y, por lo tanto, genera responsabilidades penales y civiles, tanto a las personas en lo particular, como a las instituciones en lo general, de manera que responsabilizamos al IFAI, a usted señor comisionado del presidente del instituto, a usted comisionado ponente y a la Procuraduría General de la República, de la comisión de cualquier delito y de los daños y perjuicios que puedan ocasionarnos a razón de la ilícita e ilegal entrega de información o documentación aludida.Les señalamos que nos reservamos el derecho de ejercer cualquier acción ante los tribunales civiles por los daños y perjuicios que se nos puedan ocasionar por la publicación de cualquier información a la que nos hemos referido.Sobre esta amenaza, Juan Pablo Guerrero reitera que en la resolución 42/08 del instituto se trató el tema igual que en otros casos de averiguaciones previas concluidas, y no hubo una atención especial hacia los particulares involucrados en el expediente de la PGR.“Haberlo hecho, poner de por medio una valoración sobre los particulares, hubiera sido tanto como caer en una consideración política. La decisión unánime del pleno en este caso es que las averiguaciones previas concluidas tienen que garantizar el acceso a la información, a fin de que los ciudadanos conozcan la actuación del Ministerio Público”.
–Pero esto es precisamente lo que molesta a los hermanos Bribiesca –se le comenta al comisionado.
–Sobre las averiguaciones previas hay que preguntarse: ¿cómo es que el Ministerio Público consideró que había pruebas para solicitar la acción penal? O bien, como sucedió en este caso, ¿cómo es que el Ministerio Público determinó que no había responsabilidad penal en los inculpados?“Si el IFAI hiciera una interpretación distinta de la Ley Federal de Transparencia, como siempre lo ha querido la PGR, entonces las averiguaciones previas nunca serían públicas. Para ellos, no debería haber acceso para siempre, vaya, ni mis bisnietos podrían conocer las averiguaciones.”
–¿Cómo sustenta esto la PGR?
–La PGR ha sido muy insistente en utilizar cuanto recurso tienen a su alcance para impedir que se conozcan las averiguaciones previas concluidas. Pero independientemente de eso, en el caso de los hermanos Bribiesca no hay duda de que actuamos con todo rigor jurídico. La resolución, aprobada por unanimidad, es obligatoria para la PGR. Nuestra responsabilidad es velar por que se cumplan las resoluciones.
–¿La resolución lastima la intimidad o los datos personales de los Bribiesca o viola la ley, como ellos dicen?
–La resolución establece que la PGR haga una versión pública que protege los derechos de terceros, la privacidad de los involucrados, y mantiene intacta la información confidencial.
“En el IFAI estamos perfectamente tranquilos. En todo caso estos hermanos, como cualquier otro ciudadano, pueden hacer valer lo que mejor les convenga. Bienvenido. Pero estamos sorprendidos por el camino seguido, es la primera vez que se nos pide no cumplir con la ley y además echar atrás una decisión ya tomada.”
Los PANcificos.....
La promoción del odio
Guillermo Velasco Arzac
México, D.F., 21 de abril (apro).- “Mejor sociedad, mejor gobierno”, que firma el spot que compara a Andrés Manuel López Obrador con dictadores como Adolfo Hitler, y que desde la noche del pasado jueves 17 se transmite por televisión en horario estelar, es uno de los organismos que auspiciaron, en la campaña presidencial de 2006 y al margen de la ley, campañas en medios contra el entonces candidato presidencial perredista y en favor de Felipe Calderón.El presidente de “Mejor Sociedad, mejor gobierno” es Guillermo Velasco Arzac, coautor, junto con José Antonio Ortega Sánchez, de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de “terrorismo” contra los mexicanos asesinados en Ecuador a manos del ejército de Colombia, con cuyo presidente, Alvaro Uribe, ambos se entrevistaron, apenas la mañana del miércoles.El tercer invitado en la entrevista con Uribe, quien calificó de “terroristas” a los cuatro jóvenes mexicanos muertos por las tropas colombianas y la sobreviviente Lucía Morett, fue el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, quien paga del presupuesto estatal un sueldo de asesor a Ortega Sánchez. Este último es también abogado del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, a quien el mandatario recientemente le dio un donativo de 90 millones de pesos.Velasco Arzac preside la Coordinadora Ciudadana, agrupación política nacional registrada ante el Instituto Federal Electoral (IFE), y Ortega Sánchez --quien preside el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, un organismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)-- son operadores de El Yunque, la organización de extrema derecha a la que pertenecen, por ejemplo, el secretario particular de Calderón, César Nava, y la subsecretaria de Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Ana Teresa Aranda.Los dos tienen un abultado expediente de andanzas como activistas de El Yunque y las numerosas fachadas que ha tenido esta organización secreta en su medio siglo de historia:Velasco Arzac, cuyo seudónimo es Jenofonte, se inició como miembro del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) en la Universidad Iberoamericana, en la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y luego en México Unido contra la Delincuencia, del que fue expulsado, junto con Ortega Sánchez, por pretender utilizar la agrupación como una fachada más de El Yunque. Fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública en los albores del del gobierno de Vicente Fox, pero fue despedido por Alejandro Gertz y se refugió como asesor de Marta Sahagún, de quien su hijo, Guillermo Velasco Barrera, fue su publirrelacionista, junto con otra militante de El Yunque, Ana García García.Ortega Sánchez, por su parte, milita en El Yunque desde que era estudiante de preparatoria y fue compañero de la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido, quien pretendió, en coordinación con el cardenal Sandoval Iñiguez, reabrir las investigaciones del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo para acreditar la tesis del complot y convertirlo en santo. De hecho, con ese propósito el gobierno de Jalisco le paga una asesoría a Ortega Sánchez, cuyo jefe inmediato es el secretario general de gobierno del estado, Fernando Guzmán Pérez-Peláez, penúltimo presidente de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), otra fachada de El Yunque.“Mejor sociedad, mejor gobierno” inició anoche la campaña con tiempos que compró en la televisión y, por ello, el IFE inició este mediodía un procedimiento para determinar si Velasco Arzac, quien preside una agrupación política nacional, tiene prohibido hacerlo, conforme al artículo 41 de la Constitución, y también a solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD).El representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández, presentó una queja con solicitud de medidas cautelares para que deje de difundirse en Televisa un spot contratado por miembros y simpatizantes del PAN, como Velasco Arzac, quien a su vez, en entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, reconoció públicamente que es suya la idea del spots, pero rechazó revelar el origen del financiamiento para transmitirlo por televisión. El spot, en el que aparece el rostro de López Obrador, junto con los dictadores, es relatado por una voz en off: “¿Quiénes clausuran los Congresos? 1933, Adolfo Hitler en Alemania; 1939 Benito Mussolini en Italia; 1973, Augusto Pinochet, en Chile; 1913 Victoriano Huerta fue el último que había clausurado el Congreso en México. Ahora, 2008, PRD, PT y Convergencia han clausurado el Congreso. ¡Nuestra democracia está en peligro, nuestra paz está en riesgo! ¡México no merece esto!.” Un spot semejante se difundió profusamente en televisión en el proceso electoral del 2006, cuando López Obrador fue comparado con Hugo Chávez no en funciones de presidente de Venezuela, sino cuando encabezó un golpe de Estado, en el 2001, y que mezclaba imágenes de armas y cadáveres en las calles de Caracas. Los spots estaban firmados por el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), Compromiso Joven y Alianza Sindical Mexicana (ASM), organismos formados por Velasco Arzac y encabezados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), como el caso de los hermanos Terrazas Torres, dueños de Cementos Chihuahua.Tal como se acredita en el libro El engaño. Prédica y práctica del PAN, cuyo autor es el reportero, Celiderh, Compromiso Joven y ASM contrataron tiempos en radio y televisión contraviniendo la ley electoral que, en su artículo 48, establece: “Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo...”.A pesar de esta prohibición expresa, el Consejo General del IFE presidido por Luis Carlos Ugalde impidió la difusión de las campañas de estos organismos vinculados con el PAN que, además, formaban parte de la organización Sociedad en Movimiento, patrocinado por la Coparmex y por otros organismos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que, también, ilegalmente, contrataron tiempos en radio y televisión para hacer campaña por Calderón y contra López Obrador.“Mejor sociedad, mejor gobierno” fue, también, uno de los membretes que formaban parte de Sociedad en Movimiento y, de hecho, Velasco Arzac fue habilitado como vocero y uno de los representantes era el jefe nacional del Yunque, Bernardo Ardavín Migoni.Tal como se describe en los capítulos “Los financieros del odio” y “El jefe Ardavín”, Velasco Arzac hizo abierta campaña contra López Obrador, a menudo de manera ilegal como lo acreditó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y a favor de Calderón, a quien supuestamente le hizo ganar más de un millón de votos.Después de que el TEPJF decidió que Calderón era el ganador de las elecciones, y como habían hecho campaña por él, Velasco Arzac hizo pública su intención de ser tomados en cuenta en el nuevo gobierno.“No le hemos pedido ningún premio, no estamos cobrando facturas, pero que tome en cuenta la agenda de los ciudadanos que lo apoyamos, que fuimos muchos”, declaró velasco Arzac, el 3 de octubre.Velasco Arzac no consiguió chamba en el gobierno de Calderón, pero sí prominentes miembros de El Yunque y, al mismo tiempo, militantes del PAN: Uno de ellos es José Ramón Ardavín Ituarte, hijo del jefe nacional de la organización, quien es subdirector de la Comisión Nacional del Agua, con José Luis Luege, y otro es César Nava, secretario particular de Calderón, entre decenas de ellos en el gobierno federal...
Del desalojo mediático al policiaco
Suspendidas las negociaciones en el Senado para definir el diseño del debate sobre la reforma energética y a 10 días de la ocupación de las tribunas del Congreso, las posiciones del FAP, el PAN, el PRI y los grupos afines a cada uno se han radicalizado, e incluso comienzan a perfilarse tres métodos de “desalojo”: el jurídico, el policiaco y el mediático.Este último inició la noche del jueves 17 con la nueva guerra sucia a través de los spots financiados por organismos como Mejor Sociedad, Mejor Gobierno A.C., justo cuando se negociaba una opción intermedia para definir el formato del debate sobre la reforma energética.De acuerdo con legisladores consultados por Proceso, el lunes 21 o el martes 22 de abril podría clausurarse el período ordinario de sesiones del Congreso, lo que estaba previsto originalmente para el 29 de abril, a pesar de la agenda legislativa pendiente que incluye varias leyes derivadas de la reforma electoral y otros dictámenes, como el referente a la ley del libro.Para el coordinador de los senadores del PT, Alejandro González Yáñez, sería un “desalojo jurídico” a los legisladores del FAP que desde el jueves 10 mantienen ocupadas las tribunas de San Lázaro y de la casona de Xicoténcatl:“La intención clara al acordar los integrantes de la Comisión Permanente podría ser la necesidad de clausurar el período ordinario de sesiones para que las cámaras tomadas se queden sin materia legislativa, y hasta podrían declarar una sede itinerante con acceso aéreo.”El legislador del PT prevé este escenario a raíz de lo sucedido el jueves 17, cuando los 52 senadores del PAN, encabezados por Santiago Creel, tuvieron que trasladarse dos veces de recinto alterno para poder sesionar, ante el endurecimiento del cerco impuesto por “las Adelitas” del movimiento de resistencia civil dirigido por Andrés Manuel López Obrador.Esa tarde los blanquiazules no pudieron disimular su molestia. Para evadir el cerco los panistas tuvieron que ingresar al recinto alterno de Donceles 14 a través de un estacionamiento ubicado en la calle República de Cuba. Los senadores fueron “entregados” en cuatro tandas de camionetas Suburban resguardados por guaruras y agentes del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública. Dos helicópteros sobrevolaban la zona y cientos de granaderos capitalinos y policías federales impidieron el paso a los grupos de la resistencia civil.Sin embargo, la fracción de los senadores del PRI no pudo ingresar al Centro Histórico. Un grupo quedó varado en los alrededores de La Lagunilla. Su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, se comunicó con Creel para volver a cambiar la sede, ahora al piso 5 de la Torre del Caballito, ubicado en la avenida Reforma, lejos del cerco civil del Centro Histórico.Ya en la sesión, Creel, alterado, condenó ante los 75 legisladores reunidos “la violencia que se manifiesta en el cerco impuesto con el objeto de que el Senado no cumpla con sus responsabilidades constitucionales”. A pesar de los duros mensajes, los senadores eligieron por mayoría de 70 votos la lista de los 38 legisladores que formarán parte de la Comisión Permanente, entre ellos a cinco senadores del FAP: Carlos Navarrete, Pablo Gómez, Rosalinda López, Dante Delgado y Alejandro González Yáñez, y como sustitutos José Guadarrama, Francisco Javier Castellón, Claudia Corichi y Gabino Cué.Dante Delgado, coordinador de Convergencia, explicó que decidieron formar parte de la Comisión Permanente para no quedarse fuera de las decisiones que se tomen en esta instancia, que sesiona entre los dos períodos ordinarios anuales.
La “recuperación”
Los grupos más duros del PAN y del PRI mantienen presente la posibilidad de que la tribuna del Senado y las calles aledañas del Centro Histórico sean “recuperadas” con la fuerza policiaca.El jueves 17, los 75 senadores reunidos aprobaron un punto de acuerdo leído por Arturo Escobar, del Partido Verde, en el que le exigen al jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que “de manera inmediata otorgue garantías al Congreso de la Unión y, en nuestro caso, al Senado de la República, para que podamos realizar nuestro trabajo”.A propuesta del senador priista Jesús Murillo Karam, se le solicitaron las mismas garantías al gobierno federal. Ese mismo día, Ebrard respondió que si pudieron sesionar en dos sitios distintos a la casona de Xicoténcatl fue “gracias a la intervención del Gobierno de la Ciudad de México y la SSP local; estamos cumpliendo nuestro deber; el problema es al interior del Senado”.Sin embargo, el endurecimiento de las medidas policiacas parece corresponder con el recrudecimiento de las medidas de resistencia civil, las cuales dependerán de la suerte que corra en el Senado la demanda del FAP para convocar a un debate sobre la reforma energética que sea nacional, plural y a través de los medios masivos de comunicación.Durante la semana pasada las posiciones se endurecieron hasta el grado de casi provocar una ruptura entre el PRI y el FAP. Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, propuso el lunes 14 que el debate se realizara durante 50 días ininterrumpidos. Los coordinadores del FAP, después de sostener un encuentro con López Obrador, rechazaron esta propuesta y demandaron que fuera por 120 días, hasta el final de agosto.Suspicaz, Beltrones especuló que esta posición del FAP preocupa en las esferas del gobierno calderonista porque busca “secuestrar” no sólo al Congreso, sino también al primer mandatario, ya que el debate terminaría justo un día antes del informe presidencial del 1 de septiembre.La posición de Beltrones y la respuesta del perredista Ricardo Monreal en el sentido de que el FAP buscaría la interlocución con el PAN porque el PRI era la tercera fuerza, colocó las negociaciones al borde de la ruptura.Creel propuso el jueves una salida intermedia: definir primero el programa de los 14 foros de debate y los 35 subtemas, “con el tiempo que sea necesario tomar”. Tanto Carlos Navarrete como Beltrones saludaron la propuesta.El viernes 18 de abril, Navarrete perfiló en conferencia de prensa la posibilidad de que el debate se realice, no en 50 ni en 120 días, sino en la media, 85 días. La Comisión de Energía, presidida por Francisco Labastida, será la encargada de negociar y procesar las distintas posiciones.
La nueva guerra
Justo cuando las posiciones se distendían y se perfilaba un acuerdo sobre el debate nacional, la transmisión de una serie de spots financiados por grupos de la derecha empresarial provocó un airado reclamo del PRD y un deslinde del PAN.Patrocinado por la organización Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, A.C., presidida por Guillermo Velazco Arzac, el spot pregunta: “¿Quiénes clausuran los congresos?”. Una secuencia de imágenes señala que en 1933, Adolfo Hitler en Alemania; en 1939, Benito Mussolini en Italia; en 1973, Augusto Pinochet en Chile, y en 1917, Victoriano Huerta en México clausuraron los congresos. El spot compara a estos personajes con Andrés Manuel López Obrador.La voz en off, muy similar en estilo y tono a la de los spots del “peligro para México” de 2006, remata: “Ahora, 2008, PRD, PT y Convergencia ¡han clausurado el Congreso! ¡Nuestra democracia está en peligro, nuestra paz está en riesgo! ¡México no merece esto!”.Javier González Garza y Carlos Navarrete, coordinadores del PRD en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, respectivamente, condenaron la “campaña de odio”, desmintieron que el FAP haya secuestrado el Congreso y pidieron al IFE que tomara medidas para retirar el spot. Navarrete afirmó en el Senado que con esta campaña “la derecha radical pretende reventar cualquier salida política, porque le apuestan a la crispación mayor y a salidas de fuerza al conflicto que enfrenta el Congreso”. Agregó que todo indica que la campaña “cuenta con el visto bueno de Los Pinos”.La tarde del viernes 18, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se deslindó de los spots, rechazó la “contratación de promocionales por parte de asociaciones civiles que vulneren la ley” y también pidió al IFE que ordene el retiro de esos anuncios.En respuesta, Guillermo Velazco Arzac negó que el spot viole la ley y afirmó que se trasmitirá hasta que los legisladores del FAP “devuelvan las tribunas”. Por lo pronto, la nueva guerra sucia es una muestra de que el debate sobre la reforma energética se radicalizó y revive los fenómenos de la campaña electoral de 2006. l
sondeo
¿A qué contribuye el spot contra López Obrador?
a) A que reflexionen los del FAP
9.77 % 545 votos
b) A enrarecer el ambiente político
62.37 % 3481 votos
c) A obstaculizar un acuerdo
27.86 % 1555 votos
Para participar en el sondeo AQUI.
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