Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
En Sobre mis pasos, libro de inminente aparición publicado por Aguilar, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano revela “cómo se robó a los mexicanos y al país la elección federal de 1988”, en la que él fue candidato a la presidencia por el Frente Democrático Nacional. Responsabiliza de ello al entonces presidente Miguel de la Madrid y a su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, y ofrece nuevos elementos en refuerzo de su acusación. También aporta un dato tan sorprendente como inédito: según versiones a las que tuvo acceso, el avionazo en que perdió la vida el exdirigente nacional del PRI Carlos A. Madrazo fue provocado; el autor: Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Con la autorización del autor y del sello editorial ofrecemos algunos pasajes del volumen.
La elección
(…) El 6 de julio en compañía de Lázaro y Cuate, de dirigentes del Frente Democrático, de amigos cercanos y rodeados por un apretado enjambre de cámaras y grabadoras de los representantes de todos los medios de información, acudimos Celeste y yo a votar en Polanco, en una casilla ubicada a la vuelta de nuestro departamento.
(…) Pasado el mediodía empezamos a recibir informaciones, de diferentes partes del país, de casillas en las que por la fuerza no se había permitido el acceso a los representantes acreditados del FDN, de su expulsión a punta de pistola en otras. Hubo actitudes violentas de autoridades, de rechazo a las protestas presentadas según los procedimientos de la ley. No esperábamos, con los antecedentes que teníamos, una jornada ni fácil ni tranquila en ese día, pero los reportes de irregularidades, por llamarles de algún modo, sobrepasaban todo lo previsto.
Temprano por la tarde, cuando seguía llegando información de más y más atropellos, por conducto de Porfirio se buscó una reunión con Manuel Clouthier, que se acordó para un par de horas más tarde en el departamento de Luis H. Álvarez, presidente del PAN, en la colonia del Valle. Ahí encontramos al candidato, al dueño de la casa, a Diego Fernández de Cevallos y a Carlos Castillo Peraza. Se convino en redactar un documento que suscribiríamos los candidatos, e invitar a Rosario Ibarra para que también se integrara, a lo que en cuanto se le llamó, accedió.
Se encomendó la redacción del documento a Porfirio y a Carlos Castillo y quedamos que ellos lo llevarían, alrededor de las 9 de la noche, al Hotel Fiesta Americana, frente al Monumento a Colón, para de ahí dirigirnos a Gobernación, donde se encontraba en sesión permanente la Comisión Federal Electoral.
Mientras discutíamos de la protesta en Gobernación, fue cuando el sistema se cayó y se calló, de lo que nos enteramos ya más tarde, razón por la cual en el documento que se redactaba no se hizo alusión a la, a partir de entonces, famosa caída del sistema, a la que me referiré un poco más adelante.
(…) En las afueras de Gobernación encontramos a la gente de los medios informativos, adentro a Manuel Bartlett, que en su calidad de presidente de la Comisión Federal Electoral nos esperaba. Rosario Ibarra, con la representación de todos, ante el pleno de la Comisión reunida, leyó el documento que denominamos Llamado a la legalidad.
(…) Desde que entramos al Salón Juárez se sentía el aire pesado, denso. La situación era sumamente tensa. Durante toda la lectura del documento Manuel Bartlett mantuvo el gesto más adusto que de costumbre. Escuchó y de hecho nada dijo en su respuesta. Salimos y en una terraza de la propia Secretaría, con los representantes de los medios un piso abajo, Rosario Ibarra leyó de nueva cuenta el documento. Cuando terminó, Diego Fernández lanzó el fajo de copias que traía en la mano hacia los reporteros y fotógrafos, en un gesto que a varios nos pareció insolente, nada comedido y poco serio, sobre todo considerando la circunstancia que se estaba viviendo.
La caída del sistema: a confesión de parte, relevo de pruebas
El día de las elecciones, la Comisión Federal Electoral se instaló a partir de las cinco de la tarde en sesión permanente para dar seguimiento a la jornada electoral. Se había tomado el compromiso de que los partidos tendrían acceso, a través de conexiones en paralelo, al sistema de cómputo de la Comisión para conocer al mismo tiempo que ésta, cómo se fuera dando el flujo de los votos. Por la tarde, después del cierre de las casillas, empezaron a llegar los números de los diferentes distritos. Uno de los primeros resultados que llegaron y se hicieron públicos en el seno de la Comisión Electoral fue el correspondiente al distrito con cabecera en Tula, del estado de Hidalgo.
Reunido el pleno de la Comisión, presidido como la ley lo establecía por el secretario de Gobernación, aparecieron en pantalla y se dio lectura, en actitud triunfalista, a las cifras oficiales de la elección en el distrito de Tula, favorables, señalaban, al candidato oficial. Y ahí sucedió lo inesperado para los representantes del gobierno y del partido oficial: el representante del PARM pidió la palabra y dijo que tenía en su poder y exhibió el acta levantada en la junta distrital, firmada por los funcionarios electorales y por los representantes de todos los partidos, incluido el PRI, con cifras distintas a las presentadas como oficiales.
En ese momento se interrumpió la sesión y se interrumpió igualmente la presentación de datos de la elección al pleno de la Comisión, el hacer éstos públicos y que los partidos pudieran tener acceso a la información que llegaba a la Comisión. Fue entonces cuando se cayó y se calló el sistema. La información oficial sobre los resultados electorales se suspendió más de 72 horas y sólo se contó con la que los partidos tenían consignadas en las actas de casilla que sus representantes pudieron colectar. En el caso del Frente Democrático no fueron las correspondientes a todas, pues debido a la incipiente organización no había sido posible designar y contar con representantes en la totalidad de las casillas.
Al darse la controversia entre las cifras oficiales y las que presentó el representante del PARM correspondientes al distrito con cabecera en Tula, de inmediato se informó al presidente Miguel de la Madrid; éste dio la instrucción de suspender el flujo de la información al presidente de la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett, y de paso a José Newman Valenzuela, director del Registro Nacional de Electores, institución responsable de operar el sistema de cómputo e información electoral. Funcionó con dos contabilidades, la alterada, que se empezó a hacer pública hasta antes de que se callara y se cayera el sistema de información, y la real, que se decidió desde un principio ocultar, a cargo de Óscar de Lassé, quien operaba este sistema paralelo por encomienda del secretario de Gobernación.
Robo
En su libro Cambio de rumbo. Testimonio de una presidencia: 1982-1988, publicado en 2004, Miguel de la Madrid escribe que al descubrírsele la maniobra, él desde luego lo dice con otras palabras: “… se dejó de dar dicha información, pues los funcionarios de los comités distritales se dedicaron de lleno a analizar y computar las casillas que les correspondían, a fin de llegar al resultado oficial.” Esto es, se suspendió la información oficial pero no para analizar y computar, pues sería una ingenuidad creerlo así, sino para manipular las cifras y ponerlas a tono con el fraude, o sea, con el que quería presentarse como resultado oficial.
Aunque no había números oficiales, en los partidos del Frente se estaba recibiendo información de representantes en las casillas y de candidatos y se trataba de reunir el mayor número posible de actas de casilla, para conocer cómo se estaban dando en la realidad las distintas elecciones: la presidencial, las de senadores y de diputados.
Los datos que pudo reunir el Frente Democrático respecto a la elección presidencial fueron llegando como sigue:
El 7 de julio, al día siguiente de la elección, se habían recibido datos de casillas que en conjunto sumaban 2 millones 724 mil 7 votos, 14.2 % del total (que al final ascenderían a 19 millones 143 mil 12), de los que correspondía 26.61 % al PAN, 26.76% al PRI y 40.16% al FDN.
El 9, dos días después, con 6 millones 709 mil 351 votos que representaban 35 % del total, 25.19% eran votos del PAN, 32.69% del PRI y 38.8% del Frente.
El 12 de julio, que fue el último día que se recibió información que todavía se podía considerar confiable, pues eran cada vez mayores y más claras las evidencias de un fraude masivo y generalizado, se contaban 10 millones 355 mil 293 votos, que serían 54.09% del total oficial, de los cuales 21.38 % eran votos a favor del PAN, 35.76% del PRI y 39.4% del FDN. Esos votos correspondían a 30 mil casillas, 54.5 % de todas las instaladas en el país.
Mirando hacia atrás y llevando años de navegar con cifras electorales y de dar seguimiento a elecciones bien conducidas en otros países, tendría que pensarse que con 54 % de los votos y de los sitios de votación se establece una tendencia que no varía mayormente respecto al resultado final. No sucedió así en nuestra elección de 1988 y Miguel de la Madrid confiesa en el libro sobre su presidencia que realizados los cómputos en 30 mil casillas, se dejó “pendiente el desglose de la información de otras 25 mil, de las que sólo se dieron resultados agregados por distrito”. Es decir, lo que De la Madrid confiesa a fin de cuentas en su libro es que no se contaron los votos de 25 mil casillas, 45.5 % del total, o que se contaron pero no se hicieron oficiales y los que se presentaron como tales, nunca casilla por casilla y candidato por candidato, sólo fueron los agregados por distrito, como él les llama.
Esta es, sin duda, la más clara confesión de Miguel de la Madrid de cómo se robó a los mexicanos y al país la elección federal de 1988. Más allá de explicaciones y deslindes hechos o que vayan a hacerse, contó con la complicidad de su secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral Manuel Bartlett, de José Newman Valenzuela, de Óscar de Lassé y de otros más, cuyos nombres y número no conocemos y quizá no lleguemos nunca a conocer, funcionarios mayores y menores vinculados de distintas maneras con aquel proceso electoral.
(…) Para terminar con este tema, vuelvo al libro de Miguel de la Madrid, en el que también se lee que al mismo tiempo que ordenó a su secretario de Gobernación no dar más datos sobre la elección, instruyó al Presidente del PRI, Jorge de la Vega, para que se presentara ante los medios de información y declarara que la elección la había ganado el candidato del PRI, pues necesitábamos “darlo por sentado (el triunfo del PRI) el día 7, ante el peligro de que cundiera la convicción que Cuauhtémoc había ganado en todo el país”. Hasta aquí De la Madrid y como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas.
Mi entrevista con Carlos Salinas
Después de hacerse públicos los resultados oficiales de la elección, Manuel Camacho se acercó a Jorge Martínez Rosillo, que me había estado acompañando en distintos momentos de la campaña y con quien Camacho tenía también amistad. Le planteó la posibilidad de reunirme con Carlos Salinas. Rosillo me lo comentó y después de reflexionar sobre ello, accedí, fijándose como fecha del encuentro el 29 de julio, en la casa de Manuel Aguilera.
Ese día, alrededor de las ocho y media de la noche, pasó a buscarme Jorge Rosillo. Había pedido a Roberto Robles Garnica que me acompañara y los tres nos dirigimos a la casa de Aguilera. Ahí me encontré con Carlos Salinas, acompañado por Manuel Camacho. El dueño de la casa nos recibió, nos invitó a pasar a un salón separado del cuerpo principal de la casa y se retiró con Roberto Robles y Jorge Rosillo, dejándome con Salinas y Manuel Camacho para que conversáramos.
Salinas y yo expusimos nuestras visiones de las campañas que habíamos realizado, yo hice referencia al fraude electoral y a la necesidad de limpiar la elección. A lo largo de la conversación, que debe haberse prolongado por alrededor de hora y media, recurrentemente me preguntaba qué quería, a lo que todas las veces que hizo esa pregunta respondí que lo único que quería era que se limpiara la elección.
Propuse incluso que se tomara una muestra diseñada por quienes manejaran cuestiones estadísticas, que pensaba podía ser de unas mil casillas, que se contaran sus votos y si se detectaban irregularidades respecto a las cifras oficiales correspondientes, se procediera al recuento del resto. Si no se detectaban irregularidades, se aceptaría el resultado que se estaba dando como oficial. No obtuvo ninguna otra respuesta de mi parte y finalmente convinimos en que para diseñar y llevar a cabo el muestreo de las mil casillas o las que se determinaran se reunirían, por parte de él, Manuel Camacho, y en mi representación Antonio Ortiz Salinas y Roberto Robles Garnica. Días después, efectivamente se reunieron, quizá en dos o tres ocasiones, sin llegar a acuerdo o resultado alguno.
Escéptico respecto a lo que pudiera derivarse de aquellas reuniones, pensé que lo menos que podía hacerse era explorar esa posibilidad, para ver si por ahí se abría una rendija por la cual documentar y revertir el fraude. Siempre he considerado útil dialogar aun con quien pudiera considerar el más acérrimo adversario. En el curso del encuentro, ninguno de los dos varió su posición. Salinas lo último que en realidad quería era limpiar la elección y poco o nada le importaba que del fraude surgiera un gobierno carente de legitimidad.
Esperaba muy probablemente que en la plática hubiera de mi parte la petición de senadurías y diputaciones, algún cargo para mí y para otros dirigentes del FDN, concesiones, eventualmente dinero, a cambio de que reconociera un resultado electoral que sólo mediante una absoluta falta de ética, moralidad y responsabilidad podía haber reconocido como válido.
Estimo que la conducta que he seguido con posterioridad a este hecho, muestra que lo tratado en aquella ocasión quedó en lo que he dicho, en nada respecto a la limpieza de la elección y en que se mantuvo una firme confrontación política con el régimen surgido del fraude.
Una conversación sobre el 68 y algo más
En 2004 sostuve una conversación con un amigo militar de alta graduación, hoy en situación de retiro, que me permitió confirmar hechos que yo suponía cómo se habían dado, relacionados con los acontecimientos del 68.
Me dijo mi amigo en esa ocasión que, según lo que él sabía, aquel 2 de octubre el gobierno esperaba que los dirigentes del movimiento estudiantil anunciaran una tregua en sus exigencias y movilizaciones hasta pasados los Juegos Olímpicos. Pero antes de que esto sucediera, tiradores empezaron a disparar desde lo alto de los edificios contra los paracaidistas, que era el único contingente del Ejército que en ese momento se encontraba en el lugar. Cuando miembros de este cuerpo, ya herido su comandante, el general Hernández Toledo, fueron tras los tiradores, se encontraron con que se trataba de personal del Ejército, de judiciales y agentes de Sinaloa (por qué de Sinaloa, comentó, ¿quién sabe?) con un guante blanco, como identificación. Esa gente, me dijo, estaba al mando del Estado Mayor Presidencial, cuyo jefe era el general Luis Gutiérrez Oropeza.
Le comenté algo que para mí reforzaba el hecho de que el responsable militar de aquella agresión hubiera sido Gutiérrez Oropeza: la ocasión en que, pocos días después de desplomarse el avión en el que perdieron la vida el licenciado Carlos Madrazo, su esposa y todos los pasajeros de aquel vuelo comercial que se dirigía a Monterrey –oficialmente se reportó como un accidente– el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, había visitado a mi padre en la casa de Andes. Le dijo con los ojos rasos de lágrimas (según lo refirió mi padre a mi madre, la que hasta años después me lo contó), entre otras cosas, que la caída del avión en el que viajaba Madrazo se había debido a un acto de sabotaje, preparado y mandado por Gutiérrez Oropeza, quien era dado al uso de la violencia y el presidente se lo permitía.
El militar con el que platiqué me dijo también que en aquella época él era oficial de baja graduación y en esa condición tuvo conocimiento de un hecho que puede relacionarse con el anterior: el licenciado Madrazo tenía como ayudante a un capitán Levy, retirado, que lo acompañaba a todas partes; por razones que desconocía, no había ido con él en el vuelo a Monterrey en el que perdió la vida y que días después del accidente, en un bar de la Zona Rosa en el que estaba bebiendo abundantemente, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, en ese tiempo al mando de Fernando Gutiérrez Barrios, lo escucharon lamentarse con altisonantes calificativos para el gobierno. Eso no le pareció a los agentes y por decisión propia lo detuvieron y se lo llevaron a un edificio en las calles de Morelia, en la Colonia Roma, donde lo golpearon con brutalidad.
Alguien informó a familiares de Levy que gente con apariencia de policías se habían llevado al capitán, lo que hicieron saber al secretario de la Defensa, García Barragán, con el que llevaban amistad. Éste de inmediato mandó detener a los agentes que por la fuerza y sin facultad alguna habían detenido a Levy. García Barragán llamó en ese momento a Gutiérrez Barrios, al que habló golpeado y muy molesto, ordenándole se presentara con él y diciéndole además le llevara inmediatamente a Levy, agregando que a sus agentes se los devolvería en las mismas condiciones en que él recibiera a Levy. Gutiérrez Barrios llegó muy serio, nervioso, con Levy fuertemente golpeado y en esas mismas condiciones le fueron devueltos poco después sus agentes de la Federal de Seguridad. Levy fue entonces reincorporado al Ejército, dejando su condición de retirado, y el secretario le dio instrucciones de irse a Cuautla, donde le ordenó permanecer. Mi amigo militar no me dijo qué fue posteriormente de Levy.
(*) Este texto se publica en la edición 1779 de la revista Proceso, ya en circulación.
Fuente: Proceso
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