Baja for sale!

Welcome to Baja

Rodrigo Vera

Una maniobra legislativa del salinismo ocasionó que, en violación del artículo 27 constitucional, 2 mil 200 kilómetros de litorales de la Península de Baja California hayan sido “privatizadas”. Aunque entre los “dueños” de las playas y del mar figuran magnates mexicanos, el actual gobernador “ejidatario” de Baja California Sur y una empresa gallega “accionista de Repsol”, 90% de las firmas constructoras de desarrollos inmobiliarios y turísticos son estadunidenses. Ellas no sólo están alterando gravemente la composición poblacional y la estructura urbana de la región –cinturones de miseria de inmigrantes que utilizan como albañiles o como servidumbre–, sino que reemplazan la toponimia tradicional por denominaciones en inglés…

LA PAZ, BCS.- Don José Zárate se limpia el sudor del cuello con un paliacate rojo, da un trago a su cerveza Pacífico y se recarga en su abollada camioneta, estacionada en la calle que cruza la polvosa comunidad costera de San Juan de Los Planes. Ya con la garganta fresca, comenta el viejo pescador: “Poco a poco, los gringos se están adueñando de nuestras playas. Ponen sus guardias privados y sus cercas de alambre para bloquearnos el paso. Hasta con satélite vigilan que nadie entre a sus costas. Nos están quitando el mar.”Apunta hacia la ardiente carretera que sale de Los Planes, corre entre los cactus arenosos y desemboca en el fulgor azul del Mar de Cortés.“Mire, ahí queda Ensenada de Muertos, una bahía muy bonita adonde antes íbamos a bañarnos con la familia. También están las playas de Punta Arena. Ahora ya no podemos pasar porque los gringos están construyendo centros turísticos a todo lujo, sólo para ellos. Hasta les ponen nombres en inglés.”
–¿Y dónde pescan ustedes?
–Donde se pueda. Pero estamos dejando de vivir de la pesca. Ahora la gente se emplea en la construcción y en los servicios que por todos lados están creando los gabachos. Ellos ponen el dinero y nosotros las playas y la mano de obra. Bay of Dreams es el nombre que los desarrolladores le pusieron ahora a Ensenada de Muertos. Este complejo turístico de superlujo –a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz, que contará con marina y campo de golf– se promociona sobre todo en Estados Unidos. De la carretera se desprenden los caminos de acceso a las playas, bloqueados muchos de ellos por alambradas de púas, plumas metálicas y guardias de seguridad uniformados. Hay letreros que advierten en español: “Vigilancia satelital y video. Propiedad privada”.En la cima de un monte opera el hotel Punta Arena, y abajo, a la orilla de la bahía, los huéspedes extranjeros, amantes de la pesca deportiva, toman plácidamente la sombra bajo una enorme palapa con bar y restaurante que anuncia en su entrada: The giggling marling beach club at the bay of dreams. Los yates se mecen en las aguas. En sus toldos, los pelícanos dormitan bajo el sol. A lo lejos se distinguen los peones, trascabos y camiones de volteo que participan en la construcción de las modernas villas de Bay of Dreams, que ya se venden en cientos de miles de dólares y se publicitan en internet o en folletos con profusión de imágenes paradisiacas.
–¡Váyanse! Por aquí no se puede pasar. ¡Esto es propiedad privada!
–grita el vigilante de una pluma metálica que impide el paso, forrada con largos y filosos picos.El guardia se comunica por radio a alguna parte. De inmediato se dejan venir varias personas montadas en cuatrimotos. Rondan haciendo círculos de polvo, observan con prismáticos, intimidan. Estas escenas se repiten en varios puntos de toda la zona costera de la Península de Baja California. Por el océano Pacífico, de Ensenada a la región de Los Cabos; y por el Mar de Cortés, de San Felipe a Los Cabos nuevamente. En total son 2 mil 200 kilómetros de litorales los que paulatinamente han ido quedando en manos de compañías inmobiliarias estadunidenses.
Las concesiones
María Luisa Cabral Bowling, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y especialista en el tema, advierte con preocupación:“Son estadunidenses más de 90% de las empresas inmobiliarias que se están quedando con las costas de la península. Hay una que otra canadiense, mexicana o española.“Estas empresas compran a precios muy bajos los terrenos. Luego los fraccionan y, a precios exorbitantes, venden lotes a los propios particulares estadunidenses, pues son los únicos que pueden pagarlos y fincar lujosas residencias aisladas a orillas del mar, o vivir en los llamados resorts o clubes de playa.”Indica que en las costas de la parte norte de la península de Baja California –“llamadas en Estados Unidos San Diego South”–, los estadunidenses construyen residencias para pasar los fines de semana, pues debido a la cercanía con la frontera pueden regresar entre semana a sus lugares de origen. En cambio, en Baja California Sur suelen residir personas jubiladas por etapas prolongadas, o quedarse de plano a vivir. Es el caso de Todos Santos, un pueblo de inmigrantes de Estados Unidos. Agrega la investigadora:“Hay una verdadera avalancha de estadunidenses que ya viven en la región, sin que nuestras autoridades migratorias tengan ningún control, puesto que los extranjeros no necesitan papeles de residencia para comprar propiedades y quedarse a vivir. Es más, a veces ni siquiera se les pide permisos de turista. Entran y salen libremente.”
–Pero, legalmente, los extranjeros no pueden adquirir terrenos costeros…
–Sí, sí. Lo marca el artículo 27 constitucional. Por cuestiones de soberanía, estipula que los extranjeros no pueden comprar terrenos a 50 kilómetros de la costa y a 100 kilómetros de la frontera. La experiencia de nuestra guerra con Estados Unidos, en 1848, cuando perdimos más de la mitad de nuestro territorio, fue clave para poner esta prohibición.
–¿Qué mecanismos utilizan para poder comprar?
–Principalmente se valen de la concesión.
Es el recurso más común a raíz de la Ley de Inversión Extranjera, de 1989, que permitió domiciliarse en el país a empresas con 100% de capital extranjero. Así, las firmas estadunidenses, como personas morales, obtienen concesiones de playa por 30 años, que luego pueden renovar cuantas veces quieran. Hemos comprobado que 75% de ellas no tienen su domicilio aquí. Son realmente empresas fantasma que se apropian de vastos terrenos ejidales. “Por desgracia, la pobreza en muchos ejidos provoca que, por unos cuantos pesos, entreguen sus tierras a esas compañías, que luego especulan y hacen grandes negocios con los terrenos. Las apoya toda una red de notarios públicos, corredores de bienes raíces y políticos locales que se enriquecen con el boom inmobiliario.“Mire, el anterior y el actual gobierno de Baja California Sur han sido de izquierda, encabezados por gobernadores del PRD, dizque muy nacionalistas. Pero entregaron y siguen entregando nuestro territorio a los estadunidenses. Propician la especulación de una manera brutal.”El caso más ilustrativo, dice, es el del anterior gobernador, Leonel Cota Montaño, dirigente nacional del PRD, quien, entre otras cosas, “vendió” la pequeña península de El Mogote, situada frente a la ciudad de La Paz, a sólo 17 pesos el metro cuadrado. A los compradores les encantó el precio prácticamente de regalo, pero les pareció espantoso el nombre de esa península, por lo que ya la bautizaron como Paradaise of the sea.Continúa María Luisa Cabral: “Paradaise of the sea resultó ser un negocio redondo. Es una ciudad autónoma que se está construyendo frente a La Paz, obviamente para puro gringo. Pueden verse, en obra negra, sus altos edificios de departamentos, muchos de ellos ya vendidos en 670 mil dólares cada uno, por la compañía hipotecaria estadunidense Colateral International”.
–¿No se está reflejando aquí la actual crisis hipotecaria de Estados Unidos?
–Lo que aquí vemos es pura bonanza inmobiliaria. Tengo una hipótesis: Con la acelerada privatización de las playas de la península de Baja California, que tienen una altísima plusvalía, se está contrarrestando un poco la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Señala que la zona de Los Cabos –el corredor turístico que conecta a Cabo San Lucas con San José del Cabo– se urbaniza a pasos agigantados: aumentan los hoteles de superlujo, los conjuntos residenciales para extranjeros, los vuelos internacionales, los exclusivos clubes de playa… pero también los cinturones de miseria a los que arriban los peones de la construcción, jardineros, meseros y demás mozos que son atraídos por la bonanza.“En el municipio de Los Cabos, en sólo tres meses surgen colonias de miles de habitantes que viven hacinados y sin servicios básicos; llegan principalmente de Guerrero, Chiapas y Veracruz. Su explosión demográfica es apabullante, de 300% anual, muy superior a la que tiene la zona turística de Cancún. Pero Los Cabos es un municipio pobre, pues las ganancias son para las empresas”, dice la investigadora.
Gobernador ejidatario
Tulio Ortiz, director de la revista local La Tijereta, indica que son alrededor de 60 empresas estadunidenses las que controlan el mercado inmobiliario en la península, entre las cuales destacan: Linda Neil Properties, Cabo Realty, Land’s and Realty, Grimes Properties, Baja Peninsula Real Estate, Rionda & Knapp, Costa Realty, entre otras.Agrega que algunos empresarios mexicanos, como Miguel Alemán Magnani, la familia Arango, Eduardo Sánchez Navarro –hijo de Juan Sánchez Navarro– y el empresario de la región Luis Cano Hernández también están invirtiendo en el ramo, pero muy lejos de poder competir con los estadunidenses, al grado de que en ocasiones prefieren tener nexos –poco claros, por cierto– con estos últimos.
Alemán Magnani no ha podido construir un desarrollo inmobiliario en Playa Balandra –que contará con campo de golf, hotel y condominios– debido a que es un área natural protegida. Hay un litigio de por medio.Sánchez Navarro ya tiene su proyecto Puerto Paraíso, un exclusivo club de playa en San José del Cabo. Mientras que la familia Arango, con Manuel Arango a la cabeza, maneja el proyecto Costa Baja, en la zona de La Paz. Y Cano Hernández –se dice que asociado con estadunidenses– es quien da la cara en el megaproyecto Paradaise of the sea, igualmente impugnado por los daños ecológicos que provocará.Añade Tulio Ortiz: “Los inversionistas españoles acaban de aparecer, a través de la empresa gallega Grupo Fadesa, accionista de Repsol, que planea invertir 4 mil millones de euros en un proyecto inmobiliario que construirá en terrenos del ejido San Bruno, al norte de Loreto”.
–¿Existen cifras sobre la apropiación de tierras ejidales?
–Bueno, aquí en Baja California Sur hay 100 ejidos, de los cuales 90 están en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), y su flujo de venta a particulares está por encima de la media nacional, según datos oficiales. Es muy común que, para encubrir actos de compraventa, inversionistas y políticos aparezcan como ejidatarios. Relata el caso del ejido La Purísima, situado al sur de Santa Rosalía y cuyas miles de hectáreas abarcan playas magníficas en ambas costas que despiertan la codicia de los voraces desarrolladores. Narciso Agúndez Montaño, actual gobernador perredista, resultó ser ejidatario de La Purísima. Lo mismo su secretario de Turismo, Alberto Treviño, y una hermana de éste, Alejandra. También el inversionista Luis Cano Hernández y Cristina Rodríguez, nieta del expresidente Abelardo L. Rodríguez, quien era oriundo de Sonora. Hasta personas con apellidos extranjeros aparecían como ejidatarios, entre ellos Dillon Snel, Alberto Esses Dayan y Tracy Parr, este último hijo de uno de los primeros especuladores de la zona, William Parr. Comunidades enteras de pescadores padecen igualmente estos embates político-empresariales. Filiberto Beltrán, representante de la Cooperativa Pesquera Puerto San Carlos, en Bahía Magdalena, cuenta su caso:“Al gobernador Agúndez de pronto le dio por venir a visitarnos con frecuencia. Llegaba en helicóptero, acompañado por el empresario Luis Cano. Juntos iban a recorrer la isla San Lázaro, frente a la bahía. Nos parecía muy raro. Pero nos sentíamos orgullosos por el interés del gobernador en nuestras costas. Le regalábamos langosta y camarón para corresponder a sus visitas.“Para nuestra sorpresa, en marzo pasado el gobernador anunció en su último informe que hará un multimillonario desarrollo turístico en la isla San Lázaro, a la que convertirá, dijo, en ‘la isla Cozumel de Baja California’. Por su lado, las autoridades agrarias le extendieron a Luis Cano el permiso para la posesión y usufructo de San Lázaro, cuya extensión es de 2 mil 500 hectáreas.”
–¿Pero la posesión de la isla la tienen ustedes?
–Sí, señor, durante 100 años ese territorio nacional ha estado en posesión pacífica de nosotros los pescadores. Ahora nos lo quieren arrebatar a la mala. Detrás de ese señor Cano siempre se han movido intereses muy oscuros. Quizás el gobernador sacará su buena tajada del proyecto, que a fin de cuentas planean dejarlo en manos de los gringos. Nosotros nos estamos defendiendo ante la Secretaría de la Reforma Agraria. El boom inmobiliario se advierte en todas partes. En las principales ciudades de la península abundan las oficinas de bienes raíces, con aparadores que exhiben fotografías de lujosas residencias y extensos terrenos costeros que se venden por acres. For sale, For sale, se lee aquí y allá. Proliferan las publicaciones y los catálogos de venta especializados: Los Cabos for sale, The real estate book, Baja real estate guide, Baja life… Para José Luis Vázquez Ceja, exdirector del Museo de las Misiones, en Loreto, la colonización estadunidense no sólo se da en el plano económico y territorial, sino también en el cultural; al extremo, dice, que la misma toponimia de la península empieza a cambiar aceleradamente:“Muchísimos nombres originales de los lugares de la península están siendo borrados del mapa, ¡muchísimos!, empezando por el nombre mismo de Baja California Sur, al que ahora se sustituyó con la contracción ‘Baja’, en un principio utilizada sólo por los estadunidenses, pero ahora se generalizó en toda la población.“A la ciudad de Loreto ya se le empieza a llamar Loreto bay, porque es el nombre del imponente conjunto residencial para extranjeros que se está construyendo a pocos kilómetros de ahí. Bay of Dreams sustituyó al nombre original de Ensenada de Muertos, pues ahí los galeones tiraban a las aguas a las víctimas de la peste. Y así nos podríamos ir.“Los misioneros jesuitas que, a finales del siglo XVII, empezaron a evangelizar la península fueron respetuosos con los nombres nativos. De ahí que a su primera misión la hayan bautizado Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó. En suma, la toponimia refleja nuestra memoria histórica.”Construida con gruesos muros de roca, esa misión –punta de la cristiandad en las Californias– se yergue en pleno centro de Loreto. Sus recintos exhiben antiguas joyas de arte sacro. Testimonios del pasado. A un lado, con la misma arquitectura colonial, los empresarios extranjeros tienen una construcción también de corredores con arcadas, pero ahí son oficinas donde venden un paraíso futuro con campos de golf. Loreto bay, reza la leyenda a la entrada. Por fuera, ambas construcciones semejan una sola fortaleza amurallada.

sondeo

¿A qué contribuye el spot contra López Obrador?

a) A que reflexionen los del FAP
9.06 % 275 votos
b) A enrarecer el ambiente político
60.74 % 1844 votos
c) A obstaculizar un acuerdo
30.2 % 917 votos

Para participar en el sondeo AQUI.

Palabra de lector

Acerca de cristeros y panistas

“Insensato, identificar a mártires con hipócritas y gobiernos ilegítimos”

Señor director:
Mucho agradeceré se sirva publicar esta carta en su prestigiada revista, donde a diferencia de otros medios periodísticos no hay censura a la discrepancia de opinión.
–Leí en días pasados el editorial de un periódico donde con mezquindad se critica el elogio de los mártires cristeros que hizo el Papa Benedicto XVI. Dicha crítica –ya sistemática al pontífice en tal medio– es intolerante, por decir lo menos.
–La Guerra Cristera fue una epopeya popular de sangre y gloria, cuya trascendencia y justificación fueron reconocidas nacional e internacionalmente. La protagonizaron mexicanos que defendieron la libertad religiosa ante el brutal ataque de Calles en 1926, quien pretendía no la separación Iglesia-Estado, sino el aniquilamiento de la primera. Fue la Cristiada una respuesta a la imposición de leyes injustas, dictadas por odio neroniano al catolicismo; es decir, se libró en defensa legítima de derechos fundamentales.
–Negarle valor a la causa de la rebelión cristera enfrentada a la fuerza de un Estado todopoderoso, con el argumento de que hubo excesos por parte de cristeros, es tan sofista como regatearle su grandeza heroica a Hidalgo, a Morelos, por los excesos de sus tropas insurgentes; o en el plano de la historia universal, guardada la proporción, demeritar la victoria de Lepanto por abusos de los valientes seguidores de Juan de Austria.
–La democracia menospreciada por los cristeros es la que se reduce –en palabras del maestro Anacleto González Flores, torturado y asesinado por los esbirros callistas– a un nauseabundo escamoteo de números, al encumbramiento de nulidades salidas de estercoleros. Los cristeros eligieron votar con sangre en una democracia donde el voto contra los césares se escribe para siempre.
–Es repulsivo e insensato identificar a los mártires cristeros que desafiaron al proyanqui Calles con los entreguistas e hipócritas del PAN de hoy, que encarnan grupos purpurados y gobiernos anticristianos por injustos e ilegítimos, que desprecian y reprimen al pueblo pobre, y que simulan inspirarse en valores católicos para engañar a los devotos de mentidero. Grave error de la izquierda mexicana –que beneficia en mucho a la derecha– es no saber distinguir, no saber identificar en la lucha cristera el clamor de las reivindicaciones del pueblo.
–Rememorar el heroísmo de los defensores de la libertad es un deber de ayer, hoy y siempre, porque significa mantener viva la convicción de que nunca el derecho se doblega ante el poder, de que tiene sentido la lucha de las víctimas de la historia de las que habla Horkheimer. Los mártires son, no el orgullo de un pueblo, de un papado, sino el orgullo de los dioses.
Atentamente
Mauro González Luna M.

Mas palabra de lector ...

Pide al INAH detener “un crimen y un atraco” del alcalde Jorge Rivadeneyra

Señor director:
El peor alcalde que ha tenido San Juan del Río, Querétaro, en las últimas décadas, pretende demoler, para construir un estacionamiento subterráneo de cuatro niveles, el Jardín Independencia, que tiene una tradición de más de 450 años y ha sido el sitio de reunión predilecto para actos religiosos, culturales y políticos, además de que cada domingo la gente lo visita para caminar, alimentar a las palomas y pasear a sus niños.El alcalde Jorge Rivadeneyra García está a punto de dar en concesión la construcción y explotación de dicho estacionamiento en un espacio que pertenece a la población y que es además un atractivo para el turismo.Hemos presentado al INAH esta denuncia en un documento con más de 400 firmas de protesta, pero como al parecer el encargado de ese instituto en Querétaro, Diego Prieto, ya dio su autorización para el proyecto, no hemos tenido respuesta.La población de San Juan del Río dice que el señor Rivadeneyra espera el importe de esa concesión porque en menos de seis meses va a lanzarse como candidato a la gubernatura del estado y necesita recursos. Cabe advertir que, como alcalde, el señor Rivadeneyra –de extracción industrial y sin experiencia política– sólo ha engañado al pueblo. En el pago del predial del año pasado, por ejemplo, ofreció un aumento de no más de 15%, y el incremento fue superior a 200%; además, obtuvo un préstamo de 140 millones de pesos a pagar en 20 años que hundirán económicamente al municipio por los siguientes cinco trienios. Mientras tanto, la ciudad luce llena de baches y con banquetas deshechas. Es evidente que al alcalde el pueblo no le importa en absoluto.Recurrimos a las páginas de nuestra revista Proceso con la esperanza de obtener apoyo por parte del INAH para frenar dicho proyecto, que es un crimen y un atraco. (Carta resumida.)
Atentamente
Raymundo Torres del Rosal
Rayón 79 – Casa 17
Colonia Centro
San Juan del Río, Querétaro
(Teléfono: 01 (427) 272-44-25)

Poder sin control

Silvio Berlusconi

Cynthia Rodríguez

Silvio Berlusconi será por tercera ocasión primer ministro de Italia debido a “la estupidez” del gobierno de izquierda de Romano Prodi, que no entendió las principales preocupaciones de la sociedad italiana ni aprobó leyes que evitaran lo que Il Cavalieri representa: la simbiosis del poder político con el mediático. A la luz de los resultados electorales recientes, el politólogo Giovanni Sartori señala en entrevista con Proceso: ahora Berlusconi tendrá el control de todo.ROMA.- Sin mayores contrapesos en el Parlamento y con el control de la mayoría de los medios de comunicación, como primer ministro Silvio Berlusconi podrá “hacer lo que quiera, hasta modificar la Constitución” para mantenerse en el poder “durante 12 años”: cinco como primer ministro y siete como presidente de la República. Giovanni Sartori, prestigiado politólogo italiano y experto en medios de comunicación, analiza el resultado de las elecciones italianas realizadas los días 13 y 14 de abril, en que la coalición de partidos que apoyaron a Berlusconi –Partido de la Libertad, Liga del Norte y Movimiento por la Autonomía– obtuvo 47.2% de los votos, lo que le permite una amplia mayoría en el Parlamento.Con esta será la tercera ocasión que asuma como primer ministro de Italia. La primera fue en 1994 y la segunda en 2000. En 2002 perdió por escaso margen contra la coalición de izquierda encabezada por Romano Prodi. Su actual triunfo, señala Sartori, se debe en parte a la “estupidez” y “corrupción” de la izquierda, la cual desde el gobierno no atendió “las exigencias de la opinión pública” sobre temas como seguridad e inmigración, ni aprobó leyes que evitaran lo que Berlusconi representa: la simbiosis del poder político con el mediático.“La culpa también la tiene quien pierde… En Italia tenemos una derecha mala, pero a la vez tenemos una izquierda muy mala y muy estúpida. Merecía perder. Esto también le ayudó a Berlusconi”, dice Sartori en entrevista con Proceso.Berlusconi –de 71 años, también conocido como Il Cavalieri– es propietario de Mediaset, el más importante grupo mediático de Italia: controla tres de los siete canales de televisión abierta (tres son del Estado). Además, es dueño de publicaciones –entre ellos el diario Il Jiornale y la revista Panorama–, así como de la editorial Mondadori y del equipo de futbol Milán, A.C.En 2006, Berlusconi declaró una fortuna de 139 millones 245 mil 570 de euros, casi cinco veces más de lo que había declarado en 2005. Sin embargo, según la revista estadunidense Forbes, este año dejó de ser el hombre más rico de Italia. Ocupa el tercer sitio, después de Michele Ferrero, creador de los chocolates Ferrero Rocher, y de Leonardo del Vecchio, dueño de Luxottica.Ahora, señala Sartori, él “regresa al poder controlando toda la televisión italiana, la pública y la privada. Controla todo. Fabrica la opinión como en ningún otro país. Esto también explica porqué vence otra vez. Si tiene el poder de la televisión, le será siempre más fácil”.
Los errores
De hecho, la victoria de Il Cavalieri fue una avalancha que no sólo sepultó lo que quedaba del gobierno de Prodi, sino que arrasó completamente a la izquierda italiana: por primera vez en la historia de este país, el nuevo Parlamento no tendrá un solo legislador que represente a esta tendencia. Partidos como Izquierda del Arco Iris, Refundación Comunista o Partido de los Trabajadores –organizaciones políticas que participaron en la formación de la República Italiana– no recibieron los votos suficientes para estar en el Congreso. Más aún, a diferencia de otras legislaturas, en la que participaban muchos partidos –en la que recién concluye había 13–, en la legislatura que comenzará el martes 29 estarán presentes sólo seis: Partido Democrático, Italia de los Valores –ambos se aliaron para apoyar a Walter Veltroni, candidato perdedor a primer ministro–, la Unión Demócrata Cristiana que encabeza Pierferdinando Casini; y los tres partidos ya mencionados que forman la coalición que apoyó a Berlusconi.Sartori considera lo anterior como un “progreso enorme”, pues “limpió la fragmentación del sistema de partidos en Italia”. Explica que existen 177 partidos en el país, de los cuales eran “visibles” unos 20. Esta situación dio pie a alianzas frágiles que paralizaron al gobierno de izquierda de Prodi. Pero “él tuvo la culpa”, señala el entrevistado.Ahora, dice, al existir seis partidos en el Parlamento “es posible crear coaliciones de gobierno más homogéneas y, por tanto, más funcionales”. Concede “el mérito” de ello al candidato Veltroni, quien decidió participar en las elecciones sin aliarse “con partidos enanos de la extrema izquierda o de la izquierda alternativa”.
Pero, a su juicio, ello no exime a la izquierda de sus “errores”.
Sintetiza: “Berlusconi ganó porque la izquierda hizo mal las cosas”.
Ejemplifica: “Los problemas que más preocupaban al electorado eran los de la seguridad y la excesiva inmigración clandestina. Ante ello, el gobierno de Prodi fue permisivo y provocó la molestia de los ciudadanos. La Liga del Norte (partido que se alió con el Pueblo de la Libertad que lidera Berlusconi) lo capitalizó (...) La izquierda no fue pragmática ni respondió a las exigencias de la sociedad. No puede decirse ahora sorprendida”.A lo anterior añade otro error cometido por la izquierda cuando estaba en el gobierno: no aprobó una ley que evitara “el conflicto de intereses” que encarna Berlusconi: máximo representante del Estado con claros intereses empresariales. “No esperaba que la izquierda fuera tan estúpida para no aprobar esa ley”, afirma.Así mismo, se refiere a una ley que el Parlamento empezó a discutir desde 1994, cuando Berlusconi se estrenó como primer ministro. En mayo de ese año, el entonces senador Gianfranco Pasquino presentó una iniciativa de ley de un solo artículo que prohibía llegar al Parlamento a representantes o propietarios de empresas privadas que tuvieran concesiones del gobierno.En el verano de ese mismo año, el entonces senador independiente de izquierda Stefano Passigli presentó otro proyecto de ley que preveía el recurso llamado blind trust (confianza ciega), el cual establecía que si un empresario quería ocupar un cargo público debería delegar a un administrador el manejo de sus negocios sin que éste le proporcionara información del gobierno que pudiera favorecer sus actividades lucrativas. Pero varios legisladores coincidieron en que, en los hechos, esta ley era imposible de aplicar a Berlusconi. Sus amplias redes dentro del gobierno le daban acceso a información privilegiada para sus empresas.En ese año Sartori escribió en el libro El gobierno Berlusconi, las palabras, los hechos y los riesgos que el Parlamento debía aprobar una ley que obligara a Il Cavalieri a elegir entre su imperio mediático o la política.Ahora, durante la entrevista con Proceso, dice: “Es aquí donde radica la estupidez de esta izquierda que tenemos, porque cuando llegó Prodi al gobierno lo primero que tenía que hacer era afrontar este problema de conflicto de intereses e impulsar la ley que diera a elegir a Berlusconi: o la televisión o la política, pero que por ningún motivo pudiera tener las dos. Él (Berlusconi) quería dos esposas y ahora tiene dos esposas”.Sartori afirma que una ley de este tipo estaba lista y redactada. “Incluso había sido aprobada dos veces por una parte del Parlamento (…) Massimo D’Alema (presidente del Consejo de Ministros de 1998 a 2000) no quiso aprobarla, quién sabe por qué”, afirma.Recuerda también que el gobierno de Prodi insistió en “la ley de la “confianza ciega –lo que era imposible de aplicar con Berlusconi y su cadena televisiva– en lugar de sacar la otra ley que ya estaba lista. Por eso digo que la izquierda fue muy estúpida, pero también corrupta, porque peor que eso no se puede ser. Es inexplicable lo que ha pasado”.
“Populismo demagógico”
Sartori opina que en otra parte del mundo occidental un personaje como Berlusconi no hubiera sido elegido primer ministro. Pero reconoce que actualmente en Italia todo es posible.Explica que la televisión provoca la simplificación mental y ésta a su vez favorece al “populismo demagógico”. Comenta que esta tesis –que desarrolla en el libro Homo videns, la sociedad teledirigida– establece que la gente pierde la capacidad de abstracción, porque sólo ve la imagen y no comprende los problemas.Además, agrega, “la gente tampoco recuerda y los medios parece que tampoco quieren recordar nada. Entonces es difícil castigar a un político por las cosas mal hechas o no hechas del pasado, porque las personas las olvidan. La otra característica de Berlusconi es que cambia de ideas y de opinión cada día, lo que confunde a todos. Pero por otra parte tiene un sentido político extraordinario, aunque sin duda su gran fuerza radica en que controla la formación de la opinión pública”.
–¿Cree que ahora vaya a existir censura?
–Aquí la censura es blanda. No hay necesidad de censura porque existe lo que yo llamo “las expectativas anticipadas”. Es decir, la gente se da cuenta de que el país está dominado por Berlusconi. Entonces de manera voluntaria se inclina a servirlo, no porque se lo pidan, sino por tener una buena relación. Es saltar al vagón del vencedor.Afirma: “Berlusconi ha demostrado ser un vencedor. Habrá que esperar los cinco años de su gobierno. En ese lapso ajustará las leyes para que lo tengamos de presidente de la República, por lo que estará 12 años en el poder”.
–¿Así lo cree?
–Es muy posible. Aquí existe la divina providencia. (Berlusconi) se podrá debilitar físicamente, pero al final puede hacer lo que quiera, hasta rehacer de nuevo la Constitución. Puede hacer un sistema electoral que siempre le dé ventaja, controlando también gran parte del sistema económico”.A la pregunta de qué pueden esperar ahora los italianos, Sartori responde que existe “la esperanza” de que Berlusconi “pueda ayudar un poco a los demás” después de que “ha arreglado todos sus intereses económicos y sus problemas judiciales”, pues, recuerda, logró la aprobación de “una serie de leyes que lo limpiaron” de delitos como fraude, corrupción y asociación mafiosa, los cuales “hasta ya prescribieron”.Considera difícil que “un hombre de 71 años cambie”. Pero “si eso sucede, estaré contentísimo”. Reitera: “La esperanza de todos es que Berlusconi, quien ahora se ha liberado de sus problemas personales, se concentre más en satisfacer el interés general de los italianos... Ya veremos”. l

El escándalo de la “parapolítica” toca a Uribe

Édgar Téllez

El escándalo de “la parapolítica”, que tiene paralizado y en crisis al Congreso de Colombia, podría llevar a prisión a un pariente del presidente Álvaro Uribe, luego de ocasionar el encarcelamiento de 30 legisladores y la investigación de otros 48, varios de ellos cercanos al mandatario. El motivo: haber llegado a sus cargos con el apoyo y la manipulación electoral de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, a la que se le atribuyen numerosas acciones terroristas, vínculos con el narcotráfico y por lo menos 300 asesinatos...

BOGOTÁ.- El 12 de marzo de 2002, apenas 48 horas después de las elecciones regionales para senadores y representantes a la Cámara, Salvatore Mancuso, uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dijo en tono triunfal que los paramilitares habían respaldado candidatos en todo el país y que por esa razón 35% de los nuevos legisladores eran afectos a ese movimiento clandestino de extrema derecha.Ese día, mientras las autoridades terminaban el escrutinio electoral, Mancuso hizo llegar a los medios de comunicación un mensaje en el que celebró el respaldo obtenido en las urnas. “Podemos afirmar, en tal sentido y con los datos a la mano, que la meta original de 35% ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC”.El anuncio de Mancuso fue calificado como un abierto desafío al saliente gobierno de Ernesto Samper, en cuya administración los paramilitares crecieron sin control al pasar de mil 300 a 9 mil. De ser cierta la proyección de Mancuso, los congresistas elegidos con la ayuda de los paramilitares serían 95 de los 268 nuevos miembros del Congreso.Aun cuando diversas entidades como la Fiscalía y la Procuraduría abrieron expedientes para investigar el alcance de las aseveraciones de Mancuso, el escándalo quedó en el olvido durante algunos años a raíz del cambio de gobierno y el comienzo del proceso de paz entre el mandatario entrante, el conservador Andrés Pastrana, y la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la zona desmilitarizada del Caguán, al sur del país, no lejos de la frontera con Ecuador.En junio de 2005, otro jefe de las autodefensas, Vicente Castaño Gil, retomó el asunto en una entrevista con la revista Semana al afirmar: “tenemos más del 35% de amigos en el Congreso, y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos”.Pero lo que marcó el principio del escándalo conocido como “La Parapolítica”, que hoy tiene tras las rejas a 30 legisladores, y sujetos a investigación a otros 48, fueron las capturas, en Bogotá y Santa Marta, de dos personas relacionadas con los grupos de autodefensa.El primero de ellos fue Rafael García Torres, nombrado en agosto de 2002 jefe de Informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un cuerpo de investigación que según la ley tiene como función preservar la seguridad del Estado y garantizar la vida del presidente de la República y de su familia. García fue detenido por la Fiscalía el 25 de enero de 2005, después de comprobar que borró de los archivos del DAS los antecedentes judiciales de cuatro delincuentes solicitados en extradición por Estados Unidos y modificó los registros migratorios de al menos seis importantes jefes de las autodefensas procesados por la justicia.El segundo fue el capitán retirado del Ejército Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, detenido el 11 de marzo de 2006 en Santa Marta bajo la acusación de ser el secretario personal de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, uno de los jefes paramilitares más sanguinarios de la zona norte del país.Los agentes encubiertos que cumplieron la orden judicial le decomisaron a Don Antonio una computadora portátil cuyos archivos se convirtieron poco después en la prueba principal contra varios de los congresistas investigados por sus vínculos con los paramilitares. Acorralados por el peso de las evidencias y ante la posibilidad de pasar más de 20 años en prisión, García y Fierro optaron por colaborar con la justicia para reducir su pena. Así, el 13 de diciembre de 2005 el exjefe de Informática del DAS confesó ante magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia –organismo competente para investigar a los miembros del Congreso– que los paramilitares hicieron fraude en las elecciones parlamentarias de 2002 para favorecer a sus candidatos mediante la creación de microcircuitos electorales, es decir, la parcelación de las regiones para dirigir los votos en uno u otro sentido. Por esa razón en muchas zonas del país se presentó un fenómeno atípico: altas votaciones en aquellos lugares donde los candidatos habían obtenido menos sufragios en la elección anterior. García les puso a los magistrados el ejemplo de lo ocurrido en los comicios regionales de 1998: los dirigentes políticos José Gamarra, Alfonso Campo y Jorge Luis Caballero obtuvieron entre 15 mil y 20 mil votos; pero en 2002, por la influencia de los paramilitares, consiguieron entre 50 mil y 65 mil sufragios. Además, los votos blancos y nulos, algo normal en las elecciones, prácticamente desaparecieron.En su declaración en la Corte, García explicó que en el departamento del Magdalena “los municipios del sur deberían votar por Alfonso Campo Escobar, a la Cámara; los del centro corresponderían a Dieb Maloof, al Senado, y a José Gamarra, a la Cámara; los de la ribera occidental a Salomón Saade, al Senado, y a Jorge Luis Caballero, a la Cámara”. Las revelaciones de García fueron corroboradas en abril de 2006 por Fierro y los archivos de la computadora, que permitieron conocer los estrechos vínculos de buena parte de la clase política de los siete departamentos de la zona norte con las autodefensas, así como las relaciones secretas entre este grupo armado ilegal y sectores de las Fuerzas Militares, la Policía, el DAS y la Fiscalía.
El desastre del Congreso
La computadora de Don Antonio dejó al descubierto la ejecución de más de 300 asesinatos, especialmente de dirigentes sindicales y defensores de los derechos humanos, así como el esquema montado por las autodefensas para apropiarse de los presupuestos regionales y los dividendos que obtenían por el tráfico de cocaína.El cúmulo de evidencias recopiladas por la Sala Penal de la Corte no tardó en desencadenar la captura de los primeros congresistas el 11 de noviembre de 2006. Se trató de los senadores Álvaro García y Jairo Merlano y del representante Erick Julio Morris, miembros de la bancada que sigue las orientaciones del presidente Álvaro Uribe. Los parlamentarios fueron acusados de concierto para delinquir, de homicidio y de promover, armar y financiar grupos paramilitares.A partir de ese momento y hasta el pasado miércoles 9 de abril, fecha en que fue capturado Vicente Blel, el legislador número 30, el estigma de “La Parapolítica” marca hondamente al Congreso, cuya legitimidad es cada día más cuestionada. Decenas de testigos –buena parte de ellos paramilitares desmovilizados–, pruebas documentales y grabaciones obtenidas por los organismos de investigación tienen al Congreso colombiano sumido en la peor crisis de su historia. No existe otro país que tenga a tantos políticos en la cárcel o en proceso de investigación. El escándalo envuelve a casi todas las tendencias y partidos políticos representados en el Congreso, incluidos los de oposición, como el liberalismo (con cinco capturados y nueve investigados), y los aliados del gobierno, como el Partido Conservador (seis detenidos y ocho investigados), Cambio Radical (cinco y cinco), Colombia Democrática (tres y cuatro) y Convergencia Ciudadana (un detenido y cinco investigados).De esta suerte se han salvado hasta el momento el Partido Mira y el Polo Democrático Alternativo (PDA), porque ninguno de sus miembros es investigado por la Corte Suprema.La gravedad de lo que ocurre y la posibilidad de que otros 15 congresistas sean encarcelados en los próximos meses obligaron a algunos legisladores a plantear opciones para salvar el Congreso, que está prácticamente paralizado. Es tan evidente el congelamiento de las actividades que sólo 10 congresistas asistieron a una sesión plenaria convocada el 8 de abril para explorar salidas a la crisis. La reunión debió ser suspendida por falta de quórum y ello desató la ira del congresista opositor Gustavo Petro, quien manifestó: “Esta sesión ha fracasado. Aquí no está el Senado de la República. Una parte del Senado está en la cárcel, otra parte está acostada descansando, paseando o esperando el momento de la captura. Habrá que hacer las plenarias en la cárcel La Picota”.Con todo, la senadora Gina Parody se atrevió a plantear la revocación del mandato de los congresistas y la realización de nuevas elecciones. No obstante, el presidente Álvaro Uribe salió al paso y, en una entrevista para Radio Santa Fe, dijo que ese no es el camino para superar semejante crisis institucional. “No pueden –señaló– hacerse propuestas que sean saltos al vacío. O fortalecemos la institucionalidad del Congreso, independientemente de sus integrantes, o impulsamos para el país un salto al vacío”.Al cierre de esta edición, el Congreso de Colombia había aprobado los primeros dos artículos de una reforma que busca castigar a los partidos políticos que incluyan en sus listas a candidatos con este tipo de problemas. Con todo, el temor a las detenciones era manifiesto en los pasillos del enorme y viejo edificio de piedra, ubicado en el corazón de Bogotá, donde sesionan los legisladores.No obstante la voluntad de los congresistas para salvar el escaso prestigio que aún les queda –tasado en menos de 40%, según las encuestas–, la Corte Suprema de Justicia vinculó a otros tres congresistas con el proceso de “La Parapolítica”. Se trata de los senadores Carlos García Orjuela, presidente del Partido de la U, movimiento que sigue las orientaciones del presidente Uribe, y Eduardo Henríquez Maya, así como de la representante Myriam Paredes. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte consideraron que existen suficientes pruebas testimoniales y documentales sobre sus presuntos nexos con las autodefensas. Y esa preocupación también se ha extendido al palacio presidencial, donde se teme por el futuro del exsenador Mario Uribe Escobar, primo del presidente Uribe y procesado por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares de Antioquia, el departamento del centro del país donde ha ejercido la política desde hace 30 años.La eventual detención y encarcelamiento de Mario Uribe sería un duro golpe para el jefe del Estado, no sólo por su parentesco, sino porque ambos llegaron al Congreso en 1986 y desde entonces han compartido su ascendente carrera política.

Fondos de Pemex, al bolsillo de los Mouriño

"El orejotas INEPTO"

Rosa Santana

Ahora que la crisis en el Congreso relacionada con la reforma energética alcanzó un punto álgido, y cuando aun no acaba de disiparse el escándalo sobre los ventajosos contratos otorgados por Pemex a la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, nuevos actos de favoritismo involucran al funcionario... En el estado de Campeche, Pemex entregó “apoyos adicionales” a cientos de pescadores. Pero el ayuntamiento panista de El Carmen y el gobierno priista del estado decidieron evitar que el dinero acabara “en las cantinas” y para eso les compraron Gasovales GES, es decir, les garantizaron a las gasolineras de la familia Mouriño una venta de 6 millones de pesos.

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP.- Como “contribución al desarrollo” del sector pesquero, la gerencia corporativa de Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos otorgó a pescadores de este municipio 6 millones de pesos en vales de gasolina, adquiridos a la empresa ESGES S.A. de C.V., ramificación del Grupo Energético del Sureste (GES), el conglomerado empresarial de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo. “Resulta una estupidez, o en el peor de los casos un acto de cinismo o verdadera desvergüenza, que justamente en medio de la crisis que atraviesa Juan Camilo debido a las denuncias del tráfico de influencias en que incurrió desde sus posiciones en el gobierno federal para favorecer los negocios de su familia, su propia gente le venga ahora a echar más leña al fuego con este tipo de acciones”, comenta el dirigente del partido Convergencia en Campeche e integrante del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, Aníbal Ostoa Ortega.El pasado 25 de marzo, en un acto protocolario celebrado en el ayuntamiento de El Carmen, la titular de la mencionada gerencia de Pemex –posición que a decir de Ostoa se conoce como un coto de poder de Mouriño en la paraestatal–, Yolanda Valladares Valle, hizo entrega “simbólica” de esos “apoyos extra” a pescadores afectados por el derrame de crudo en el accidente que ocurrió en octubre de 2007 en la plataforma Usumacinta. Javier Aguillón Osorio, representante del sector pesquero en la villa de Isla Aguada, asegura que Valladares Valle ofreció entregar esos recursos “en efectivo”. No obstante, cuando finalmente fueron liberados por la paraestatal llegaron a los beneficiarios en forma de Gasovales GES, válidos únicamente en las gasolineras de la familia Mouriño Terrazo.Aguillón, que también es vocal en el Fideicomiso Pesquero Ribereño que se constituyó con dinero del Anexo del Convenio de Ejecución de Pemex con el gobierno estatal, detalla que el 13 de noviembre se habló por primera vez de este “apoyo”.Disgustados los pescadores porque no se vislumbraba reparación alguna por los daños que causó el derrame, emplazaron a Pemex:“Amenazamos con bloquear el puerto industrial de Laguna Azul y tomar la sede del ayuntamiento si no venía alguien a responder por los perjuicios y para tratar lo de la indemnización. Sólo así fue que Yolanda Valladares se vio obligada a venir para reunirse con nosotros.“Nos dijo que ya sólo le quedaban 6 millones de pesos del presupuesto que le habían asignado para el año pasado, que era todo lo que nos podía dar y que lo tomáramos como un ‘apoyo extra’ de Pemex, un abono en tanto se presentaba el dictamen del estudio que se realiza para determinar la magnitud de la afectación ambiental. Pero siempre ella cuidándose de no aceptar que se trataba de una indemnización… Al reconocer que esto es el pago de una indemnización, implícitamente se estaría reconociendo la culpabilidad de la paraestatal… Y, no, hombre, cómo, si Pemex es una empresa inmaculada”, comenta Javier Aguillón. Durante el mes que duró la contingencia, según el último reporte de la Secretaría de Marina, se vertieron al mar 16 mil 536 barriles de crudo y se lanzaron a la atmósfera 25 millones de pies cúbicos de gas amargo.El ayuntamiento de El Carmen, cuyo presidente municipal es el panista Ignacio Seara Sierra, ligado al grupo político de Mouriño, se encargó de repartir los apoyos extraordinarios de Pemex por medio de su Dirección de Desarrollo Social y Economía, para lo cual utilizó el padrón del Fideicomiso Pesquero Ribereño, que enlista a 4 mil 196 pescadores. Cada uno de ellos recibió un monto equivalente a mil 223 pesos en Gasovales GES: un vale por mil pesos, otro por 200, uno más por 20 y tres de un peso. “Eso alcanza apenas para unos 190 litros de gasolina magna, que una lancha se gasta en dos viajes”. Los vales llevan impresas dos fechas de vigencia: del 18 de marzo de 2008 al 18 de marzo de 2009, de un aniversario de la Expropiación Petrolera al siguiente. Aguillón relata que ante el malestar de los pescadores por recibir los Gasovales, Valladares Valle dijo que en su oficina encontró una antigua solicitud del gobierno del estado para que los apoyos al sector les fueran entregados en especie.“No se pudo hacer nada para darles el apoyo en efectivo, chitos’, nos dijo Yolanda”, parafrasea a la funcionaria de Pemex. Y acota: “Seguro llegó a su oficina buscando los 6 millones de pesos que le quedaban de su presupuesto, pero en su cajón sólo encontró los Gasovales GES”.Se pregunta: “¿Quién y cómo decidió entonces que el apoyo se entregara en vales de gasolina? No sabemos. Tampoco, quién decidió que además fueran vales de GES. Si no fue Pemex fue el gobierno del estado, y si no fue el gobierno entonces fue el ayuntamiento”.Según la paraestatal, “los apoyos que Pemex otorga al sector ribereño tienen la finalidad de garantizar una convivencia armónica entre el sector productivo y la actividad petrolera, y se entregan en el marco de las iniciativas estratégicas encaminadas a fortalecer el proceso continuo para la transparencia y rendición de cuentas”.
“Fue el ayuntamiento”
En entrevista, el director de Desarrollo Social y Económico del ayuntamiento de El Carmen, Víctor Ruiz, deslinda a la comuna de la entrega de Gasovales GES a los pescadores, y argumenta: “Ya Pemex había establecido desde el principio que el recurso venía en especie, y así se los hizo saber a los pescadores en la reunión, que además, aclaro, no fue en noviembre sino en diciembre.“Los pescadores ya sabían que se les entregaría en especie este apoyo, que es totalmente ajeno al derrame que causó la Usumacinta, este es un recurso extra por las afectaciones que causan a la pesca las áreas de exclusión en la Sonda”.Ruiz sostiene que “incluso hay una minuta firmada por todos los representantes de los pescadores, donde se detalla todo lo que se dijo en la reunión. Por eso siempre les digo que lean muy bien lo que firman”.–Pero, ¿quién decidió que el apoyo se materializara precisamente en las gasolineras del GES? –se le insiste.–Nosotros, en el ayuntamiento, sólo nos encargamos de repartir, pregunten al gobierno del estado o a Pemex –contesta nervioso.Entrevistado aparte sobre el mismo tema, el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Fernando Sadek Abad, dice que la paraestatal depositó los 6 millones de pesos a la cuenta del Ejecutivo estatal, que a su vez los transfirió tal cual a la del ayuntamiento de El Carmen.El funcionario estatal afirma que entonces el ayuntamiento, “de acuerdo a sus necesidades y su disponibilidad de proveedores, determinó adquirir el combustible con el proveedor que así le convino... El gobierno del estado sólo recibió la factura con la que el ayuntamiento de El Carmen ampara la adquisición de la gasolina”. El GES opera cuatro gasolineras en el municipio de El Carmen. Dos de ellas son las únicas con que cuentan las comunidades de Isla Aguada y Sabancuy, donde se concentra por lo menos la mitad de los casi 4 mil 200 pescadores que la gerente de Desarrollo Social de Pemex decidió apoyar con vales.
“El estado dio los vales”
Dada la controversia, se le plantea el tema al presidente municipal Seara Sierra, quien niega que el ayuntamiento tenga convenio alguno con ESGES para comprarle combustible.Sostiene que el gobierno del estado, por medio del director de Proyectos Especiales de la Secretaría de Desarrollo Social, Mario Esquivel, entregó a la Dirección de Desarrollo Social y Economía del ayuntamiento los recursos ya convertidos en Gasovales GES.“Sí, el gobierno del estado entregó al ayuntamiento el paquete de vales”, aseguró. Para corroborarlo, sugirió: “Que muestren los documentos”. Al consultar de nuevo al secretario de Desarrollo Social del estado, Fernando Sadek, el funcionario exhibió ante esta corresponsal los documentos que supuestamente corresponden a la operación, pero no le permitió revisarlos. De todas formas se mantiene en su dicho. Dice que el 27 de diciembre de 2007 le envió a Seara Sierra el oficio AUT-AC-280-2007-003002, autorizándole la compra de gasolina, y el 13 de marzo de 2008 el presidente municipal envió la factura de ESGES a la Secretaría Finanzas del estado para que ésta depositara el pago a la cuenta del proveedor.Sadek detalla que el monto de la factura fue por 5 millones 998 mil pesos y que el resto de los 6 millones se quedó en la tesorería estatal. “Nosotros no escogimos al proveedor ni compramos los vales. El gobierno autorizó la compra y pagó la factura porque la donación la hizo Pemex al gobierno del estado, que es con el que celebró el convenio”, asegura el funcionario. “No es cierto que nosotros entregamos vales al ayuntamiento”, recalca. A su vez, Seara Sierra reconoce que su administración solicitó que los apoyos a los pobladores se entregaran en especie “para evitar que los beneficiarios hicieran mal uso del dinero”, pero en cuanto a los vales se mantiene firme: “Que no nos quieran tirar la bolita”. Para ahondar el enredo, en esta operación las cifras no cuadran: si cada uno de los 4 mil 196 pescadores le tocaron mil 223 pesos, faltan 866 mil 292 para alcanzar los 5 millones 998 mil pesos que se pagó a GES por los Gasovales. “Quien haya decidido apoyar a los pescadores con vales de GES, ya sea Yolanda Valladares, que es incondicional de Juan Camilo, el gobernador (el priista Jorge Carlos Hurtado), Ignacio Seara o el secretario de Desarrollo Social del estado, quien sea, flaco favor le hicieron (a Mouriño), porque están viendo el temblor y no se hincan”, opina el dirigente de Convergencia, Ostoa Ortega. “Pareciera que le quieren echar más leña a la hoguera para terminar de quemar a Juan Camilo, cuando están viendo que está siendo golpeado como ningún otro secretario de Gobernación en el país… No sé si la intención es pagarle por los favores concedidos o sólo quedar bien con él, pero por donde se le vea es un acto de estupidez política”, añade.Según esposas de pescadores, uno de los argumentos para no darles efectivo es evitar que los pescadores lo derrochen en cantinas, pero en esta ocasión muchos de los beneficiarios de los Gasovales los cambiaron por dinero en las gasolineras de GES, por lo cual los despachadores cobraron una “comisión” de 200 pesos. Lo mismo hicieron los permisionarios pesqueros.En algunos casos los Gasovales GES de todas formas fueron utilizados como moneda corriente en las tabernas, de modo que no se cumplió con el supuesto propósito del ayuntamiento y de Pemex. l

La traición, el madruguete

Yeidckol Polevnsky

Jenaro Villamil

En contravención de una serie de acuerdos que habían sido alcanzados con legisladores del Frente Amplio Progresista –en el sentido de sesionar sólo cuando el pleno del Congreso fuera restablecido–, diputados del PRI, el PAN y el Partido Verde aprobaron al vapor un conjunto de cambios a la Ley de Adquisiciones. De acuerdo con legisladores perredistas, estas enmiendas se inscriben en el proyecto privatizador de la industria petrolera nacional, pues ofrecen importantes garantías a los capitales extranjeros.Apoyados por sus pares del Senado, en sesión exprés 280 diputados del PAN, PRI y el Partido Verde Ecologista aprobaron el jueves 17 varios cambios a la Ley de Adquisiciones que permitirán a Pemex firmar contratos y hacer licitaciones bajo las leyes de otros países.En sus prisas, los legisladores incurrieron en fallas de procedimiento, alteraron incluso el dictamen y violaron un acuerdo previo con los partidos del Frente Amplio Progresista (FAP).El diputado José Alfonso Suárez del Real y la senadora Yeidckol Polevnsky, ambos del PRD, sostienen lo anterior y afirman que el propósito de esa precipitada sesión, realizada por los diputados en una sede alterna y en medio de la clausura del Senado, es “darle la vuelta a la Constitución”. Explican: Con esa maniobra se trata de aprobar una agenda legislativa paralela y complementaria al paquete de reformas energéticas presentadas por el presidente Felipe Calderón el martes 8.Según Polevnsky, se trata de un “albazo” porque “violenta la voluntad del Senado”, ya que tanto ella como el priista Eloy Cantú, presidente de la Comisión de Fomento Industrial, habían solicitado que se legislara “en conferencia”. Pero, afirma, “vamos a parar” dicho proyecto en el Senado.Tras la sesión, el autor de la iniciativa, el diputado priista Eduardo Sánchez Hernández –un abogado que trabajó para la empresa Multivisión y para la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la cúpula de los concesionarios–, declaró que con esta reforma se acabará con la corrupción en las compras gubernamentales. Según Sánchez, con la nueva modalidad que abarca su iniciativa, similar a la utilizada en las apuestas de bingo, será posible obtener ahorros “hasta por 87 mil millones de pesos” mediante las “ofertas subsecuentes de descuento” o “subastas en reversa”, para que gane quien ofrezca el menor precio.El presidente de la Comisión Dictaminadora, el panista Benjamín González Roaro, exdirector del ISSSTE y otrora brazo derecho de Elba Esther Gordillo, agregó que las subastas podrán efectuarse por internet.Juan Bueno Torio, uno de los cinco senadores que redactaron un anteproyecto de reforma energética en marzo pasado, declaró que la Ley de Adquisiciones formaba parte de un paquete de 15 leyes y reglamentos que deben cambiarse para permitir la inversión privada en áreas clave de Pemex, como refinación, transporte y almacenamiento del crudo.Senadores consultados por este reportero aseguran que Bueno Torio les dijo hace varias semanas: “Lo que no logremos sacar por las iniciativas del presidente lo haremos por la Ley de Adquisiciones”.
Críticas a granel
El senador Suárez del Real sostiene que las reformas a la Ley de Adquisiciones “van en la misma línea de la iniciativa del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Pemex, al permitir la supranacionalidad en las contrataciones fuera del territorio nacional y al amparo de las leyes en donde se suscriben, supeditando el marco jurídico nacional a normas extranjeras”.Entrevistado por Proceso un día antes del “albazo”, Suárez del Real advierte que el mecanismo de las subastas en reversa para adjudicar licitaciones a quienes ofrezcan el menor precio viola lo establecido en el artículo 28 constitucional porque, dice, no se toman en cuenta otros criterios, como calidad, cobertura y eficacia.“Cuando el PRI y el PAN dijeron que era necesario darle la vuelta al artículo 27 constitucional estaban avisando que le iban a dar la vuelta por donde se pudiera y como se pudiera. No sólo a través de leyes secundarias, sino reglamentarias, normas de operación, oficios y hasta minutas. La ley de Adquisiciones les abre la baraja de opciones”, sentencia.Las críticas no provienen sólo del PRD. Tres semanas antes de que Sánchez Hernández presentara su iniciativa, la Comisión Federal de Competencia (CFC) dio a conocer un documento fechado el 24 de septiembre de 2007. En éste, la comisión consideró “excesivos” los requisitos establecidos en el artículo 9-bis para participar en las subastas electrónicas y criticó el mecanismo de favorecer a la oferta de menor precio.Firmado por el presidente del CFC, Eduardo Pérez Motta, el documento iba dirigido al titular de la Comisión de la Función Pública, Benjamín González Roaro. Decía: “En los países que más han desarrollado las compras públicas a través de medios electrónicos, por lo general estas subastas se realizan de manera centralizada por una entidad gubernamental”.En sus recomendaciones, el organismo encargado de combatir las prácticas monopólicas abogaba porque organismos y dependencias públicas fungieran como subastadores.La CFC se muestra reacia a las “subastas en reversa” o de precios inferiores en su documento porque, aduce, “bajo estructuras de mercado oligopólicas con alta probabilidad de colusión, un proceso de ofertas subsecuentes podría facilitar la comisión de conductas anticompetitivas que incrementarían los costos de las compras públicas”.Por eso advierte: “La decisión sobre el tipo de bienes o servicios que se contratarán vía subastas electrónicas (debe) tomarse en el seno de los comités de adquisiciones de las dependencias y entidades tomando en cuenta las recomendaciones que para tal efecto emita la CFC”.La Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) también difundió comentarios críticos a la iniciativa de reformas a la Ley de Adquisiciones desde el mes pasado. Advirtió, por ejemplo, que el procedimiento de subasta electrónica descendente reducirá los precios y que existía el riesgo de que los oferentes dominen las técnicas de la subasta.Los industriales advirtieron que, de reformarse la Ley de Adquisiciones, se corre el peligro de que los proveedores nacionales menores “sean víctimas de los mayores, y éstos serían controlados por las grandes empresas internacionales”.
La votación
El jueves 17, mientras los senadores cambiaban dos veces de sede alterna, en la Cámara de Diputados los legisladores del FAP clausuraban los accesos al pleno, pero el PRI, PAN y Partido Verde aprobaron por 280 votos a favor la iniciativa del priista Eduardo Sánchez, lo que generó una airada respuesta del coordinador parlamentario del PRD, Javier González Garza, quien anunció su retiro de la Junta de Coordinación Política.Al inicio de la sesión, la diputada de Alternativa Marina Arvizu expresó que sus compañeros del FAP no avalaban la votación porque, dijo, se había violado el acuerdo de votar sólo cuando se normalizara la situación en el pleno.La defensa de la votación correspondió a Raúl Cervantes Andrade, del PRI, promotor a su vez de otras dos iniciativas para abrir el sector privado a Pemex (Proceso 1636). Al igual que su correligionario Eduardo Sánchez, promotor de la iniciativa, Cervantes trabajó como abogado para las televisoras, en especial para Televisa.Desde su curul, Cervantes afirmó que debía votarse porque “nadie puede hacer valer en su beneficio su propio dolo”, en alusión a los diputados del FAP, quienes no se encontraban en esa sesión.Benjamín González Roaro, exdirector del ISSSTE y ahora presidente de la Comisión de la Función Pública, también defendió la iniciativa. Dijo que Jesús Evodio Velásquez, diputado perredista de Guerrero, aprobó el dictamen en comisiones, pero evitó mencionar que ya antes los integrantes del FAP pidieron la moción suspensiva en la Junta de Coordinación Política.Y enumeró algunas de las modificaciones a la citada Ley de Adquisiciones: se eliminó la posibilidad de que la subasta electrónica fuera efectuada por terceros o particulares, para evitar contradicciones con el artículo 134 constitucional; la subasta de descuentos subsecuentes no será obligatoria, y se adicionó un párrafo al artículo 26 en el que se establece la posibilidad de que las licitaciones se lleven a cabo “a través de medios remotos de comunicación”, a semejanza de las apuestas de bingo o yaks.Pero no se mencionó ningún cambio a las subastas extraterritoriales que serán permitidas a partir de estas modificaciones. Para la senadora Polevnsky, esta posibilidad coincide con lo establecido en la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo federal.En el capítulo IV sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, la reforma de Calderón propone un régimen jurídico mixto para las adquisiciones: uno para las actividades “productivas o sustantivas” que se reservan en los términos del artículo 27 constitucional, y otro para las “actividades no productivas o no sustantivas”, como las adquisiciones de materiales de oficina, construcción, mantenimiento de hospitales y oficinas de Pemex.Un análisis jurídico del PRD al cual tuvo acceso este semanario advierte que la propuesta de Calderón se empata con las reformas a la Ley de Adquisiciones porque caen en los mismos vicios de discrecionalidad, falta de criterios de sustentabilidad y le delega a la Secretaría de la Función Pública la facultad de fijar los términos en que se llevarán a cabo las licitaciones públicas a través de subastas electrónicas.“Al considerar el precio más bajo como la condición determinante para adjudicar los contratos, se estaría incurriendo en los riesgos tradicionales de servicios y obras de mala calidad”, advierte el PRD.Poco antes de que terminara la sesión, emocionado por la inminente aprobación de su iniciativa, Eduardo Sánchez pintó en tribuna un mundo feliz de licitaciones y subastas vía cibernética:“Al hacerlo en internet –dijo– cualquier ciudadano, desde cualquier punto de la República, va a poder presenciar, en el momento real en el que se están dando las cosas, cómo se lleva a cabo un concurso, cómo se conducen los participantes y a qué precio está comprando el gobierno.”Todo será como en un Play City, en un Yak o en un Bingo.

El ganador de las elecciones es Encinas: Cota

Señala el líder nacional del PRD que la parte que no acepta el triunfo legítimo que el perredismo determinó el 16 de marzo, es la culpable de la crisis del partido

Jorge Octavio Ochoa
El Universal
Ciudad de México
Domingo 20 de abril de 2008

16:23 A tan sólo unas horas de concluir su mandato como dirigente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño ratificó hoy su postura y dijo que el verdadero ganador de las elecciones en ese partido fue Alejandro Encinas Rodríguez.

Denunció que en Oaxaca, las elecciones “fueron diseñadas” para revertir precisamente esa elección y por tanto, parte de las casillas de dicha entidad deben ser anuladas. Esto fue planteado luego de que el Consejo Nacional decretó un nuevo receso.

Abiertamente, el dirigente dijo que “una de las partes” metió en esta crisis al PRD, “la que no acepta el triunfo legítimo que el perredismo determinó el 16 de marzo”, dijo en abierta alusión a Nueva Izquierda, que no aceptó el resultado de los conteos rápidos.

Cota justificó la inacción en que ha caído ahora la Comisión Nacional de Garantías porque, dijo, el recuento está “maniatado” porque hay un gran número de casillas, particularmente en Oaxaca, donde ocurrieron el mayor número de prácticas ilegales.

En dicho estado, según dijo, no se instalaron casillas y al otro día aparecieron paquetes electorales “obvio es que esos paquetes indebidos están marcando desafortunadamente la condición del proceso interno del PRD”.

“Es una parte pequeña de la elección pero que está pensada para revertir los resultados”, sentenció.

Admitió que deja a su partido confrontado, en graves problemas de crisis; “han sido los mejores y los peores tiempos del PRD esta dirigencia nacional”; el 2 de julio (2006) tuvimos el mejor tiempo del partido, el 16 de marzo (2008) el peor”.

“Un liderazgo como el de Andrés Manuel nos llevó a la cúspide en la lucha política del país: y los grupos políticos, las corrientes que pretenden sostenerse, apropiarse del partido nos llevan a la crisis”.

Aún así, dijo que para él no es una derrota esta convulsión que vive el PRD; “para mi es una línea que tenemos que recorrer en la izquierda mexicana. Si somos capaces de procesar acuerdos saldremos adelante; si no somos capaces, la derrota será para todos”.

El modelo que hoy está en crisis en el PRD, es el modelo de las corrientes, sentenció al salir hoy, quizá por última vez, como dirigente nacional del perredismo.

Boletín Informativo ISA núm 401

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

INCONSTITUCIONAL LA LEY REGLAMENTARIA DEL 27 CONSTITUCIONAL QUE PROPONE CALDERÓN: MARIO DI COSTANZO

El pasado 19 de abril, en entrevista radiofónica, Andrés Manuel López Obrador habló de la posibilidad de aceptar reformas en Petróleos Mexicanos, siempre y cuando se cumplieran tres condiciones: “si no se viola la Constitución, si no hay privatización y si no se alienta la corrupción en Pemex, nosotros no tenemos ningún problema, no tenemos nada que objetar”, señaló entonces el presidente legítimo de México.

A continuación reproducimos un texto que analiza precisamente una de esas circunstancias, la intención de violación a la Constitución mediante las reformas a leyes reglamentarias. Su autor es el secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo, Mario di Costanzo.

Nuestra Constitución Política establece claramente en sus artículos 25, 27 y 28, que sólo la Nación podrá explotar el petróleo; para ello, no sólo prohíbe de manera explícita el hecho de que el Estado otorgue concesiones o contratos en esta materia, sino ordena que sea éste el que lleve a cabo su explotación; de esta manera, el artículo 27 establece textualmente que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.

Más aún, lo anterior tiene una razón de existir y es que el Constituyente se dio cuenta del carácter estratégico que para la Nación tienen tanto el petróleo como otras actividades, mismas que define claramente en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, siendo éstas las de: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad, y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso.

Todavía más, reiterando el carácter estratégico de las actividades mencionadas, la Carta Magna establece en su artículo 25 que “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.

Esto quiere decir que en cualquier organismo que se cree para llevar a cabo las actividades estratégicas, el gobierno tiene que mantener la “propiedad y control”, lo que podría sugerir, incluso, la imposibilidad de otorgarle la autonomía a Pemex, en virtud de las restricciones que impone, el artículo 25 constitucional.

Por estas razones, y a pesar de que en el artículo 28 constitucional, se establece que en México quedan prohibidos los monopolios, el párrafo 4º del citado ordenamiento establece claramente lo siguiente: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.

De esta manera, resulta claro que el espíritu de la Constitución Política y de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales son los de reservar de manera exclusiva al Estado todas las actividades relacionadas con el petróleo, sin otorgar concesiones de ninguna especie, tal y como lo refiere actualmente la Constitución Política y la propia ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que señala que “sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera”.

Por estas razones, es que en el caso de las reformas a “leyes secundarias” que años atrás se llevaron a cabo en materia de energía eléctrica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha concluido que las reformas llevadas a cabo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a su Reglamento contravienen lo dispuesto en el artículo 27 constitucional: es decir, que sobrepasan lo establecido en la Constitución, que es la Ley Suprema.

Es claro que en el caso de la propuesta de Reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, enviada por Felipe Calderón, se busca contravenir el principio de “actividad estratégica” del petróleo, pero también “sobrepasar o quitar la exclusividad del Estado en materia de explotación de petróleo”.

La propuesta del gobierno espurio enviada recientemente al Senado de la República viola flagrantemente nuestra Constitución Política, ya que el artículo 27 de nuestra Carta Magna establece claramente que, tratándose de petróleo, no puede haber concesiones ni contratos y, por lo tanto, sólo la Nación llevara a cabo su explotación.

Mediante una estrategia mentirosa e ilegal, están proponiendo reformar el artículo 4 de la ley reglamentaria del 27 constitucional, para que los privados, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica.

Pero también, mañosamente, la propuesta establece en el artículo mencionado que; Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo.

Así, resulta claro que el propósito es dejar a Pemex como simple proveedor de petróleo, es decir, un abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria.

Esto no sólo implica entregar nuestra renta petrolera, sino también regalar de toda la cadena de valor agregado de la industria.

Así, por ejemplo, el artículo cuarto de la Ley Reglamentaria del 27 constitucional, establece actualmente lo siguiente:

Artículo 4o. La Nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o., que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Salvo lo dispuesto en el artículo 3o., el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.

El transporte, el almacenamiento y la distribución de gas metano, queda incluida en las actividades y con el régimen a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando en la elaboración de productos petroquímicos distintos a los básicos enumerados en la fracción III del artículo 3o. de esta Ley se obtengan, como subproductos, petrolíferos o petroquímicos básicos, éstos podrán ser aprovechados en el proceso productivo dentro de las plantas de una misma unidad o complejo, o bien ser entregados a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, bajo contrato y en los términos de las disposiciones administrativas que la Secretaría de Energía expida.

Las empresas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, la cual tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley.

Sin embargo, la iniciativa de Calderón, propone que quede en los siguientes términos:

Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados.

Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.

El gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, se sujetará a las disposiciones aplicables de transporte, almacenamiento y distribución de gas.

Las empresas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, la cual tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones a que se refiere el artículo 15 A de esta Ley.

El 70 por ciento de los peruanos desaprueba la gestión del presidente García

TeleSUR _ 20/04/08 - 14:24 CCS

El 70 por ciento de los peruanos desaprueba al presidente de su país, Alan García, mientras que el 72 por ciento a su Gobierno, reveló este domingo una encuesta publicada por el diario limeño El Comercio.

El sondeo, efectuado por la empresa privada Apoyo, en 16 ciudades del país, señaló que apenas un 26 por ciento expresó su aprobación a García y un cuatro por ciento no precisó su opinión.

Entre los que desaprobaron al mandatario, un 57 por ciento explicó que su calificación se debió al alza de los precios, mientras un 41 por ciento dijo que "no cumple sus promesas, es mentiroso", un 37 por ciento que "no hay trabajo" y un 34 por ciento que hay un "mal manejo de la economía".

El sondeo, elaborado entre el 15 y 17 de abril, indicó que la aprobación de García bajó en dos puntos en relación a marzo pasado.

Instituciones como el Congreso y el Poder Judicial son desaprobadas por el 80 y el 76 por ciento, respectivamente, mientras que la gestión del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, es rechazada por el 62 por ciento.

Al mencionar los principales problemas de Perú, el 43 por ciento consideró que es la corrupción, el 38 por ciento el desempleo y la falta de trabajo, el 36 por ciento la pobreza y el hambre, y el 28 por ciento la delincuencia y la falta de seguridad.

También un 24 por ciento mencionó entre los problemas del país al costo de vida y los altos precios, un 23 por ciento al abuso de las autoridades y un 23 por ciento a la educación inadecuada.

El consultor Alfredo Torres, representante de Apoyo, declaró a El Comercio que es la primera vez que la corrupción "pasa adelante en el 'ranking' de principales problemas del país en la percepción de la opinión pública".

Resultados oficiales otorgan victoria a Lugo en presidenciales paraguayas

Lugo sale victorioso de acuerdo con los resultados parciales del TSJE.

Los primeros resultados oficiales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay otorgan la victoria al candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), Fernando Lugo.
- Fernando Lugo, un ex obispo que amenaza la hegemonía colorada
- En calma pero con varias irregularidades transcurrió proceso electoral en Paraguay

Festeja Paraguay

Radio Francia Internacional informa de que "Fernando Lugo, favorito en las elecciones presidenciales paraguayas que tendrán lugar el próximo domingo, suscita muchos comentarios en la prensa europea de este viernes".

"El obispo de los pobres en el umbral de la presidencia paraguaya", titula L'Humanité<. "Tras 50 años bajo el poder del Partido Colorado, la gente comienza a creer que puede haber un cambio en el país y, en su programa electoral, el ex obispo promete luchar enérgicamente contra la corrupción, emprender una reforma agraria y administrar de manera equilibrada los recursos naturales y energéticos", concluye L'Humanité. Por su parte, La Croix señala que "el gobierno paraguayo intenta hacer pasar a Fernando Lugo por un peligroso comunista y lo compara con el presidente boliviano Evo Morales y con el venezolano Hugo Chávez". El vocero católico francés afirma que "Lugo pertenece a una izquierda moderada".

En Londres, The Times considera que Lugo "desafía a una dinastía", la del Partido Colorado que --según indica este diario británico-- "desde 1946 ha gobernado ese país, desesperadamente corrupto y pobre. Ahora, el poder vitalicio de ese partido está amenazado por un ex obispo católico". "Si gana las elecciones, Lugo será el primer líder de oposición que llega al poder por la vía pacífica desde la independencia de Paraguay, en 1811".

Fernando Lugo es el candidato de la coalición opositora Alianza Patriótica por el Cambio (APC), quien, según las encuestas más recientes, es favorito para convertirse en el nuevo Presidente del país sudamericano. Las duras palabras del mandatario saliente reflejan la preocupación de su Partido Colorado, que podría estar a punto de ser desalojado, después de 61 años en el poder.

Llama la atención que la oposición paraguaya, hasta hace poco muy dividida, haya conseguido alinearse detrás de un candidato único, pero más llamativo aún es el hecho de que Lugo es un ex obispo de la Iglesia Católica. El hoy candidato opositor fue, durante casi 11 años, obispo de San Pedro, la región más pobre y conflictiva de Paraguay, en la que él mismo nació. En 2005 tomó una decisión drástica y envió una carta de renuncia al Vaticano, tras lo cual inició su carrera en la política paraguaya.

Puesto que el Vaticano no reconoce el derecho a la renuncia de sus funcionarios, un sacerdote nunca deja de serlo. Por lo mismo, Lugo está suspendido 'ad divinis', lo que significa que no puede celebrar misa, aunque debe seguir cumpliendo los preceptos de la Iglesia. Las más altas autoridades eclesiásticas intentaron sin éxito bloquear su candidatura presidencial.

Ahora Lugo es "el candidato de la esperanza", tal como lo describe la alianza opositora. Esperanza de terminar con la hegemonía del Partido Colorado, que en Paraguay es sinónimo de pobreza, corrupción y retraso. Esta formación fue el partido del general Alfredo Stroessner, quien lideró una de las dictaduras más prolongadas de Sudamérica, entre 1954 y 1989. Pero, cuando Stroessner fue derrocado por su cuñado, el Partido Colorado siguió vigente. Se dice que el fraude electoral ha sido una segunda naturaleza de los colorados.

Para las presidenciales de este fin de semana no faltan, nuevamente, las acusaciones y los indicios de manipulación electoral, como financiamiento de la campaña con dinero fiscal, aparición de personas fallecidas en registros electorales, obligatoriedad de los funcionarios a votar por la candidata colorada, Blanca Olevar; reparto de regalos o abierta compra de votos, son algunas de las acusaciones dirigidas contra el Gobierno y su entorno. La alianza opositora tiene puesta su confianza en los miles de observadores paraguayos y extranjeros que controlarán los centros de votación, y la opinión general es que "si se logra mantener a raya el fraude, gana Lugo".

La Alianza Patriótica por el Cambio es una amplia coalición de unos 20 partidos y agrupaciones que varían desde la izquierdista Tekojoja (Igualdad), hasta el Partido Liberal, formación tradicional de centro derecha a la que pertenecen muchos empresarios. Nada muy revolucionario, pero en términos paraguayos una novedad y, para algunos un escándalo. "Quiero cambiar el modelo económico para combatir las enormes desigualdades sociales", ha dicho Lugo. "La mayoría de la población paraguaya es pobre, y el 30 por ciento vive en la miseria más escandalosa, algo que, como cristiano, no puedo aceptar", agrega el candidato opositor.

Entrevista exclusiva con TELESUR

Rueda de prensa con periodistas extranjeros

El Partido Colorado no ha escatimado esfuerzos para desacreditar a Lugo, llamándolo "cura malo de la cabeza", "terrorista", "el Hugo Chávez paraguayo" o "el obispo rojo". En los últimos meses, el candidato opositor ha dejado de responder a los insultos y calumnias. Sólo ha dicho: "No soy Fidel Castro, no soy Hugo Chávez, no soy Evo Morales, soy Fernando Lugo y siempre lo seré, incluso cuando ocupe la Presidencia".

La usurpación Fecalista, el sueño de Goebbels

Ricardo Andrade Jardí

Y mientras el usurpador “demócrata”, que afirma haber ganado las elecciones del 2006, sin que él o su partido hallan mostrado una sola de las actas de escrutinio que “tienen en su poder” y que “prueban” sus afirmaciones, hablaba de “no sembrar miedo y mentiras para no cosechar ira y odio”, sus esbirros, incluyendo a la telecracia, por supuesto, sacaban a la luz pública un difamante, estúpido y denigrante spot, que pretende, como lo hubiera soñado Goebbels, a partir de las mentiras, comparar a AMLO con Hitler y sus copias.
Todas las comparaciones en el spot se hacen desde sujetos que accedieron por el voto popular o USURPARON el poder con golpes de Estado. Pero es probable, que quienes lo hicieron desconozcan, incluso a los dictadores (todos, los que el periodo histórico lo permite, amigos del PAN) presentados, los que tienen más similitudes ideológicas con Fecal y el PRIAN que con el movimiento de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo.
Una vez más la derecha fascista que usurpa el poder junto con los poderes de facto que hoy nos desgobiernan, intenta hacer parecer a su “enemigo” como lo que ellos son en la práctica y en lo espiritual.
Es evidente que la incapacidad cultural, el desconocimiento de la historia y su arraigado consenso con Washington, mezclado con toda su infinita mediocridad, no les permite ni siquiera imaginar lo que significa en realidad la democracia, no son capaces porque carecen de la educación más elemental para defender ni siquiera sus ideas, las cuales es presumible que les han sido impuestas. Su incultura no les permite ir más allá de la desacreditación y la difamación. Se trata de sujetos educados por las telenovelas de la telecracia, desinformados por las “noticias” de la telecracia y manipulados por el chantaje, la mentira, la complicidad criminal y la avaricia con lo que la “nueva clase política” no puede hacer nada más que servir a la delincuencia organizada en clase empresarial a través de las corruptísimas instituciones con las que se pretende hacer pasar la decadencia usurpadora como legal.
El nuevo spot que seguro será uno, de los tantos spots, con los que se pretenderá inyectar nuevamente el odio infinito contra todo aquel que sea capaz de pensar algo diferente a lo que el dúopolio telecrático impone, es la estrategia del odio de la sin razón de una empresarial clase que babea ante el pastel del petróleo, sin darse cuenta siquiera que del mismo no les tocará nada. El pastel de chapopote tiene otros dueños que lo tienen destinado para otros planes donde ni la telecracia mexicana ni la delincuencial clase empresarial del FOBAPROA tienen cabida… aunque, sus limitados sueños, se reduzcan a querer ser parte de ese selecto “club” en el que jamás pasarán de ser los mozos limpiadores de la arena de la plaza, es decir, de tener el rango más bajo, entre los más bajos.
Pero el spot de la ignominia, tiene otros objetivos más siniestros incluso que golpear AMLO, el spot, tiene otros destinatario más peligrosos aún que el propio AMLO, un “enemigo” que les es realmente intolerable, que les quita el sueño y los aterroriza sobremanera: el enorme movimiento de resistencia civil pacífica. Los aterriza incluso porque no se trata de un enemigo difamable sino de millones de ciudadanos que por algún azar afortunado han optado por abrir sus imaginarios más allá de lo que la trasnacional “Democracia Corporation S.A.” se los permite.
Cientos de miles de hombres y mujeres que están convencidos de que las cosas no tienen porqué ser como son, sino como deberían ser, millones de ciudadanos con un poder de convencimiento mucho mayor que el de cualquier monopolio telecrático, el poder de la palabra, el poder de la participación, el poder de convencer de frente y mirando a los ojos del, que es el mismo, el poder que da tener y saber que se tiene la razón… y contra ese poder, intolerable, no hay tiranía que pueda. Y a él es a quien se dirige la mentira difamante del spot fascista que hoy inunda la telecracia mexicana.
La nueva embestida del desgobierno usurpador, para desacreditar la enorme y cada día creciente oposición a rematar nuestra industria energética, tiene otro fin: el de intentar justificar la represión, con la que intentarán fracturar los frentes en defensa del petróleo, en eso radican las campañas de odio y miedo: en justificar el uso de la violencia ante la incapacidad y el nulo deseo de dialogar nada. La violencia del estado es la confirmación de la mediocridad y la cerrazón que cobijan la vocación intolerante de las “democracias de facto” que tanto gustan al imperio.

¡Todos a informarnos, para que todos informemos! ¡No permitas que la TV desgobierne tu vida, mejor vívela contrainformado!