domingo, octubre 25, 2009
''Pepe'' Mujica confirma que habrá segunda vuelta en Uruguay
Montevideo. El candidato presidencial izquierdista del Frente Amplio, José "Pepe" Mujica, acudió a emitir su voto durante los comicios para elegir mandatario. Aunque los sondeos le dan ventaja, ésta no le otorgaría la mayoría absoluta que evite una segunda vuelta, según reportes. Reuters
El candidato a la presidencia uruguaya por el Frente Amplio, José "Pepe" Mujica, confirmó este domingo que el 29 de noviembre habrá segunda vuelta pues la sociedad uruguaya así lo exige.
"En este momento la sociedad nos exige un esfuerzo más, es decir, participar en una segunda vuelta. Hemos quedado cerca de obtener una mayoría", dijo el también senador en conferencia de prensa.
Si bien los resultados no le dieron el triunfo en primera vuelta y aunque aún no se conocen los resultados oficiales, "Pepe" Mujica dijo que a la cita electoral de noviembre su partido va lleno de optimismo y expresó estar "muy reconfortado" por el clima electoral que se vivió durante esta jornada.
"Tenemos un punto de partida muy optimista para esta segunda vuelta y de todas maneras pensamos que ahora es un evento que involucra al país entero y desde este punto de vista abogamos para que (la sociedad) mantenga la altura que se ha manifestado (en el proceso electoral de este domingo). Estamos muy reconfortados por el clima electoral que se ha vivido", dijo.
Por su parte, Danilo Astori, compañero de fórmula de Mujica dijo sentirse "contentísimo" por la votación recibida, que supera a la de los dos partidos tradicionales juntos.
"Estamos contentísimos con la votación recibida, que supera a la de los dos partidos tradicionales juntos", agregó.
El candidato a la vicepresidencia afirmó que su partido se dirige "hacia la victoria sólo que se nos presenta un desafío más y vamos a encarar este nuevo reto, la distancia del Frente Amplio y el Partido Nacional es importante".Señaló que "nosotros estamos seguros que en la segunda vuelta vamos a plantear claramente el plebiscito", pues considera que el Frente es el único que tiene un proyecto por lo que "no tengo con qué compararlo".En este sentido, Astori no "descarta que lleguemos a la mayoría parlamentaria"."Vamos a seguir insistiendo para encontrar puntos de acuerdo con otros partidos", dijo Astori y explicó que desde el punto de vista electoral "vamos a dirigirnos a la ciudadanía en su conjunto y eso no debe ser confundido con la paciente búsqueda de acuerdo con otros partidos".Por su parte, "Pepe" Mujica atribuye los resultados en los plebiscitos celebrados este domingo al hecho de que el pueblo sea consultado sobre estos temas en conjunto con un proceso electoral."No soy partidario de poner plebiscito junto a las elecciones, en general quedan absorbidas por el pleito de carácter electoral. Creo que esto ha sido la causa fundamental que ha determinado este resultado", explicó.En cuanto al punto de las elecciones en el exterior, Mujica afirmó que "es un tema que en el futuro se va a seguir polemizando, debido a que es una nación que tiene una parte importante de su gente afuera". Sin embargo, "más adelante haremos un análisis más exhaustivo".Según resultados extraoficiales, el pueblo uruguayo rechazó, en primera vuelta, la anulación de la Ley de Caducidad, que otorgó amnistía a los responsables de violaciones de Derechos Humanos durante la época dictatorial en Uruguay. Luis Puig, portavoz de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, admitió este rechazo, pese a que en primera instancia los datos señalados por diferentes encuestadoras a pie de urna parecían otorgar el triunfo del "sí" al fin de la impunidad de esos delitos contra los derechos humanos.Según proyecciones un 47,7 por ciento de los uruguayos votaron para anular la "Ley de Caducidad" , dijo Oscar Bottinelli, de la consultora Factum. No obstante, la Corte Electoral indicó que no se conocerán los primeros resultados parciales sobre este tema, al menos hasta el próximo lunes. El otro plebiscito, que pulsaba la opinión de 2,5 millones de uruguayos sobre si implementar o no el voto desde el extranjero, tampoco alcanzó los niveles requeridos para su aprobación, de acuerdo a estos estudios.Los candidatos del Frente manifestaron que van a seguir luchando arduamente en la arena política en estos treinta días que restan para la segunda vuelta.
Mientras la Corte Electoral uruguaya aún contabiliza los votos, las principales encuestadoras del país suramericano le dan el triunfo a la fórmula Mujica -Astori en la primera vuelta, pero no la mayoría requerida (más del 50 por ciento) para imponerse definitivamente.Las proyecciones de la empresa Factum le dan al Frente Amplio entre un 47 y un 49 por ciento, al Partido Nacional, 29 a 31 por ciento y el Partido Colorado entre un 17 y 18 por ciento. El Partido Independiente tendría entre un 2 y 3 por ciento.La encuestadora Cifra, aegura que el Frente Amplio llegó a un 47 por ciento, el Partido Nacional tendría un 30 por ciento, el Partido Colorado estaría en un 17 por ciento, y el Partido Independiente estaría en un 2,4 por ciento del total de votos.Por su parte la empresa de estadísticas, Equipos Mori, con un 41 por ciento de votos escrutados, también proyecta que habrá balotaje, pues sus estadísticas sitúan al Frente Amplio con 48,1 por ciento de votos, el Partido Nacional 28,3 por ciento, el Partido Colorado 18,1 por ciento.Finalmente el Partido Independiente estaría llegando a 2,6 por ciento de votos y Asamblea Popular llegaría a 0,4 por ciento.
teleSUR - Observa / yi - MM
Proceso electoral no será legítimo sin restitución del presidente Zelaya
La ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, expresó este martes en entrevista concedida a teleSUR que sin la restitución del presidente Manuel Zelaya, ni del orden constitucional en su país, el proceso electoral pautado para el próximo mes de noviembre no será legítimo. Asimismo, exhortó a la comunidad internacional de no reconocer "ni al proceso electoral ni a las autoridades espurias que de el surgiese".Rodas no se opone a la posibilidad de presentarse como candidata presidencial, pero "únicamente si los sectores de la sociedad consideraran que debemos serlo". No obstante, recordó que el tren que lideraba Rosales, estaba realizando cambios para la transformación de un país y que no lo han podido terminar en el tiempo que la constitución lo establecía, como consecuencia de la instauración de un gobierno de facto. En este sentido invitó al pueblo hondureño a seguir en la construcción de un nuevo Estado, "asumiremos la responsabilidad que corresponda y si es la candidatura el pueblo lo decidirá". A continuación el texto completo de la entrevista:
Cuando faltan unos 40 días para las elecciones previstas ¿qué contextos políticos acompañan estos comicios?
En primera instancia un proceso de diálogo que debe concluir con la restitución de nuestro presidente constitucional y el retorno al orden constitucional roto por un golpe de Estado militar. En este momento, nos prestamos a no reconocer, no admitir un proceso electoral que no ocurra dentro del orden, dentro del estado de derecho, dentro de un proceso constitucional y con la legitimidad que solo le puede dar el presidente Zelaya, a quien elegimos para gobernar en el país.Un proceso electoral no es, la asistencia de un pueblo un día de tantos a la urna, es todo un proceso a través del cual conocemos la propuestas de los candidatos y los ciudadanos tenemos el derecho a elegir a quien queremos y a quien no queremos, para eso se requiere un proceso de participación en igualdad de condiciones, un proceso de legitimidad en orden constitucional y en Honduras hubo un golpe de Estado. Es un crimen contra la democracia que deslegitima que desvalora y destruye cualquier proceso democrático, por lo tanto el contexto político al que nos enfrentamos es que sin restitución presidencial y sin retorno al orden constitucional no puede haber legitimidad, ni legalidad, ni del proceso electoral ni de lo surja, ni de sus resultados ni lo que en adelante se pretenda construir, tras una situación que no puede quedar impune, el proceso político es ilegal e ilegitimo y espurio en este momento.
Candidatos de la resistencia están llamando a desconocer las elecciones ¿Cuál es su opinión?
Los candidatos de la resistencia, que no aceptan que en Honduras quede en impunidad un golpe de Estado militar, como lo fue en el pasado, los que no aceptan ir a un proceso en donde se está imponiendo un proceso por las armas, disparando contra el pueblo hondureño y por supuesto habiendo asesinado gran parte de la esperanza democrática, para este próximo proceso electoral, están respondiendo a la Patria. No podemos ni como candidatos ni como ciudadanos, ni como votantes, aceptar un proceso electoral espurio ilegal, ilegitimo donde no existen ni siquiera la posibilidad y la oportunidad en las condiciones, donde no podemos dirigirnos al pueblo hondureño, conducir un proceso que a todos pertenecen, no hay igualdad en las condiciones.Se quiere legitimar un proceso electoral tutelado por armas, que ha nacido de un golpe militar eso no es, simple y sencillamente, aceptable. Los compañeros que tienen la dignidad de renunciar a sus propias expectativas electorales de un proceso ofrecido a sangre y fuego contra nuestro pueblo, ofrecida de un proceso criminal, ofrecida para seguir coadyuvando a los viejos privilegios de una oligarquía que no le importa pasar por quien sea, para conseguir sus ambiciones y poder finalmente proteger sus intereses, pues definitivamente merecen el aplauso y el respeto de todo nuestro continente y demócratas del mundo. Nosotros no tenemos otra cosa que conminarnos y seguir firmes en una posición, no participar en un proceso electoral donde cada voto estará manchado de sangre y sangre de nuestro pueblo, si no se restituyera el presidente y orden constitucional.
¿En el hipotético caso que se restituyera el orden constitucional habría tiempo -de aquí al 29 de noviembre- de garantizar la legitimidad de los comicios?
La legitimidad no mide tiempo, mide el orden de sus posibilidades, el tiempo merece una serie de actividades y de acciones que tendrá que suceder para que realmente existan comicios electorales y no elecciones a la fuerza contra viento y marea; en ese sentido será el régimen golpista que marque la posibilidad de que haya o no haya tiempo, porque el único que puede darle legitimidad aun proceso electoral es el presidente que elegimos todos los hondureños dentro del orden constitucional y el orden de derecho, lo que vinieron a romper la bota militar y la bayoneta calada. El tiempo será determinado la responsabilidad de ese tiempo, la culpabilidad histórica la tiene el régimen golpista, de ahí en adelante dependerá del régimen golpista, dependerá del momento de la restitución del orden constitucional para que se replanteen los calendarios, que den perfecta legitimidad y el tiempo suficiente para que la igualdad de condiciones y la igualdad de oportunidades para los participantes en el proceso electoral se cumpla a favor del pueblo hondureño a favor de los propios candidatos y no a favor de un tiempo medido tras un golpe de Estado, donde se han encaprichado, donde la intransigencia del régimen no permite la reconstrucción institucional del país. El tiempo no lo podemos determinar hasta saber en que momento las fuerzas del mal de nuestro país terminen por retroceder.
¿Cual será la reacción de la comunidad internacional ante un gobierno electo bajo los vicios de un golpe de Estado?
Todo país, todo pueblo, todo gobierno que se precie de ser demócrata, que cree en la democracia como principio fundante de una sociedad, no puede reconocer un proceso electoral, ni las autoridades de facto que de el surgiera cuando este se ha montado por un golpe de Estado militar. La comunidad internacional, estamos seguros, tenemos la profunda esperanza de que la democracia sigue siendo un paradigma de los pueblos libres, no podrá reconocer un proceso electoral que surge de un golpe de Estado que está alentado por el derramamiento de sangre en nuestro país, mientras nuestro presidente es un prisionero sometido a constantes torturas, cercado militarmente, el presidente constitucional de la república e impedido de comunicarse con el pueblo a quien gobierna. Nosotros hemos hecho un llamado a la comunidad internacional, no puede haber reconocimiento ni al proceso electoral ni a las autoridades espurias que de el surgiese, mientras no haya retorno al orden constitucional y la restitución de nuestro presidente, para poder restituir las instituciones de un país que va a seguir marchando en el proceso de transformación que comenzó hace más de tres años y medio con el presidente Zelaya y con nuestro pueblo con quien coordinamos, con el que articulamos acciones hasta construir un alto margen de transformación -que fue justamente por lo que se produjo el golpe de Estado- para que ese camino no continuara; sin embargo, lo que ha logrado es potenciar el pueblo que comenzó a marchar hace varios años y que ahora finalmente también se ha puesto a la luz del mundo entero, nuestro pueblo esta siendo reconocido por todos los pueblos del mundo, por todos los países del mundo, porque finalmente se han puesto los ojos sobre su lucha, que después de tanto tiempo merecía ser visible y visualizada por todas las sociedades de mundo.
¿Se presentaría usted como candidata presidencial en unas elecciones legítimas en Honduras?
Yo sería candidata presidencial, únicamente, si así los sectores de la sociedad consideraran que debemos serlo. Sin embargo, debemos recordar que nosotros hemos venido construyendo un proceso de cambio y transformación que no nos han permitido culminar en el tiempo en que nuestro estado de derecho y nuestra constitución establece, ese es el gobierno, ese es el proyecto que ha venido conduciendo nuestro presidente Manuel Zelaya Rosales. Hemos dicho que para poder seguir el proceso de transformación debemos asumir la responsabilidad de un proceso constituyente, para poder transformar la plataforma jurídica e institucional de nuestro país. El presidente Zelaya con la vieja estructura, logró procesos de profunda transformación que hicieron temblar a la oligarquía, por la pérdida de sus viejos privilegios en base a la expoliación, a la explotación, al robo y al engaño, agotadas los márgenes de maniobras que el propio sistema entregaba, entonces supimos que era necesario transformar y reformar las estructuras y eso sólo se puede hacer con todos los sectores de la sociedad en una asamblea nacional constituyente para que el pueblo no sólo recupere su poder constituyente, sino la voluntad soberana pueda imponerse sobre todo, eso es más importante que un nuevo proceso de candidatura en ese marco, para poder construir y seguir caminando el camino trazado por presidente Zelaya. En este momento nos ocupan tres cosas: el retorno al orden constitucional con nuestro presidente (Zelaya), la reconstrucción total del país y finalmente proyecto constitucional de un proceso participativo. Ahora tenemos que seguir en la construcción de un Estado ciudadano, asumiremos la responsabilidad que corresponda y si es la candidatura el pueblo lo decidirá y nosotros ponernos como soldados de la patria, Zelaya será el líder del proceso de transformación y el pueblo la vanguardia que lo dirige.
teleSUR/yi-MFD
Eduardo Ruiz-Healy justifica golpes y llama PUTA a diputada del PT
http://www.youtube.com/watch?v=AcvO7w9teNE
Escamotea Los Pinos por qué extingue LFC
El gobierno del presidente Felipe Calderón informó a la Cámara de Diputados que la documentación referente a Luz y Fuerza del Centro solicitada para elaborar el análisis sobre la probable controversia constitucional contra el decreto de extinción de la empresa fue reservada por la Secretaría de Energía.
La Presidencia, mediante la Secretaría de Gobernación, informó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados su determinación de salvaguardar los documentos que días atrás solicitó el grupo plural de legisladores encargado de analizar y proponer la viabilidad de una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, ante el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Así, la mesa directiva informó a la Junta de Coordinación Política del órgano camaral la determinación del Ejecutivo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez, prosiguió con el trámite y envió un oficio a cada coordinador de los grupos parlamentarios, explicando esta decisión del Ejecutivo.
El argumento de Gobernación señala que la Secretaría de Energía se amparó en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el cual se niega la información.
Grupo plural de legisladores
Tras la acción que dio por extinta la paraestatal, la Cámara aprobó un punto de urgente y obvia resolución por el cual se constituyó el grupo plural de legisladores que, con asistencia de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, estudia la elaboración de la controversia o de la acción de inconstitucionalidad.
Los diputados federales dicen en el punto que da por conformado el grupo que los trabajadores no originaron el quebranto financiero de la empresa. Demandan al Ejecutivo deslindar responsabilidades y no satanizar al sindicato.
Las dudas jurídicas a que dio origen el decreto presidencial tienen que ver con las irregularidades de la acción policiaca porque, exponen los diputados, lo correcto debería haber sido primero el decreto y después los actos de la Policía Federal.
Dicen que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 aparecen presupuestados para LFC 35 mil millones de pesos, lo que significa que la Cámara de Diputados deberá ser parte de la decisión del destino de la compañía, ya que, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, el Legislativo es el que aprueba el presupuesto de la Federación. De tal suerte, que el gobierno no puede hacer uso de los recursos de manera discrecional.
Dialogo Nacional propone Huelga Asamblea Nacional de Resistencia SME
http://www.youtube.com/watch?v=Pk_dtmk3CsU
En San Lázaro, la debacle de Calderón
Sobre los cautivos otra vez
Una revisión de los principales cambios a la propuesta gubernamental que se aprobaron en la Cámara de Diputados puede ayudar a contextualizar el debate sobre los ingresos públicos para el próximo año, que tiene confrontados a los priistas, en el agobio y la desazón al gobierno federal, encolerizados a los empresarios y en el más completo encono a la sociedad.La propuesta central del gobierno fue la llamada “Contribución para el combate a la pobreza”, un impuesto de 2% generalizado a todo el consumo, incluidos alimentos y medicinas. El gobierno pensaba recaudar por esa vía 71 mil 775 millones de pesos, de los cuales 21 millones serían para los estados y el resto se etiquetaría para programas de combate a la pobreza extrema.Aunque al final el rechazo fue absoluto, no fueron pocos los gobernadores que al principio se entusiasmaron con la idea. Se interpretó de inmediato como un IVA disfrazado, que en la práctica llevaría la tasa de ese impuesto a 17%. Entre la población privó la incredulidad y la desconfianza hacia el gobierno, pues ese aumento implicaba un ataque directo a los bolsillos.Los empresarios apoyaron la idea. Entre los partidos distintos del PRI y el PAN ni se discutió: por definición, ante cualquier aumento de impuestos la respuesta fue no. El PAN tenía que defender la propuesta del gobierno. Y el PRI tuvo dificultades para decidir pero finalmente la rechazó, pues en su plataforma electoral –y así lo prometieron abiertamente sus candidatos en las campañas electorales de este año– expresamente rechaza los impuestos a alimentos y medicinas.La solución fue incrementar el IVA en un punto porcentual, para dejar la tasa general en 16%, y 11% en la frontera. La recaudación por esta vía será muy inferior a la que se esperaba con el 2% al consumo generalizado, pues se estima en poco más de 29 mil millones de pesos, contra los casi 72 mil millones que dejaría la “contribución contra la pobreza”.Sin embargo, la menor recaudación será compensada con otras fuentes. El gobierno propuso, en su marco macroeconómico para 2010, un precio del petróleo de 53.9 dólares por barril; los diputados le aumentaron 5.1 dólares al precio estimado y lo dejaron en 59 dólares, con lo que se obtendrán 63 mil 243 millones de pesos adicionales.Otra parte saldrá de un aumento del déficit público, que el gobierno propuso en 0.5% del PIB y los diputados subieron a 0.75%, con lo que el ingreso por endeudamiento pasará de los 60 mil millones de pesos previstos por el gobierno, a 90 mil millones.La propuesta oficial de subir temporalmente la tasa del ISR de 28% a 30% –que bajaría a 29% en 2013 y volvería al actual 28% en 2014– fue aceptada por los diputados, pero fue, junto con el IVA a 16%, la que más irritó a los contribuyentes, personas y empresas. Implica que, para los próximos tres años, los asalariados que ganen más de 6 mil 663 pesos brutos al mes verán incrementada su carga fiscal.En pesos, por la actualización de tarifas, quiere decir que si una persona gana 8 mil pesos brutos al mes, pagará casi 53 pesos más de impuesto; a quien tenga un salario de 10 mil, le retendrán casi 78 pesos más cada mes; para un salario de 20 mil, el ISR será de 219 pesos más; el que gane 31 mil, pagará 391 pesos más al mes; si gana 40 mil brutos, dejará para el fisco 563.48 pesos mensuales más de lo que venía pagando hasta este año. Y así, durante los años que le restan al actual gobierno.La queja generalizada fue que otra vez el fisco se recarga sobre los de siempre: los contribuyentes cautivos, asalariados y por honorarios, y las empresas. Los que siempre pagan.Los empresarios en general también manifestaron su rechazo al aumento en la tasa del ISR, porque –argumentaron– necesariamente eleva sus costos y complica sus planes de inversión. Obviamente amagan con reducir sus plantillas laborales. Aunque como dicho aumento en el ISR es temporal, no hicieron mayor ruido.Pero quienes sí armaron escándalo fueron los grandes empresarios, porque al aumento de la tasa en ISR deben sumar los cambios en el esquema de consolidación, que les permitía diferir el pago de este impuesto. Desde que presentó la iniciativa, la Secretaría de Hacienda reconoció que muchas empresas han abusado permanentemente con ese régimen tributario especial que es la consolidación fiscal, pues nunca pagan o pagan muy poco. En 2008 unos 400 grandes grupos empresariales pagaron en promedio 1.7% de sus ingresos por ISR, cuando la tasa general es de 28%.El gobierno propuso acotar a cinco años la consolidación y que a partir de 2010 pagaran el saldo de los impuestos diferidos bajo este esquema: el próximo año deberán pagar 60% del saldo de los impuestos diferidos desde 2004, y el restante 40% lo aportarán en cuatro parcialidades de 10%. Y así será en lo sucesivo: tendrán que liquidar los impuestos que no pagaron en los cinco años anteriores.Los diputados aceptaron el acotamiento en la consolidación, pero cambiaron los montos: en 2010 las empresas que consolidan pagarán 40% del saldo acumulado y las siguientes cuatro anualidades serán de 15%.La aceptación de los cambios en la consolidación fiscal por parte de los diputados es, sin duda, la que tiene más encolerizados a los grandes empresarios. En breve, anunciaron, darán una respuesta unificada de rechazo. Mientras tanto, cabildean al máximo con los senadores para echarla abajo.Quienes también expresaron un abierto descontento fueron los empresarios de las telecomunicaciones, pues finalmente se le impuso al sector un impuesto especial de 3% –el gobierno proponía que fuera de 4%– a los servicios de televisión por cable, internet y telefonía celular.En este caso, los diputados aceptaron el argumento oficial de que será la población de mayores recursos la que cargue con el mayor peso de ese gravamen, además de que es un grupo muy reducido de empresas las que prestan esos servicios, por lo que el nuevo impuesto no impactará mayor cosa en sus costos.Los diputados también aceptaron elevar las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aunque en montos menores que los propuestos por el gobierno, para las bebidas alcohólicas, la cerveza, los cigarros y los juegos con apuestas y sorteos. Pasó sin cambios, además, la propuesta de subir la tasa de 2% a 3% al Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y de bajar el límite exento, de 25 mil pesos, actual, a 15 mil pesos. El propósito es atacar más decididamente la informalidad, pues los contribuyentes que pagan correctamente sus impuestos podrán acreditar el IDE contra el ISR o bien solicitar la compensación o devolución del mismo.El miércoles 21, cuando se aprobaron la Ley de Ingresos y las modificaciones en materia de impuestos, todos los sectores empresariales manifestaron su rechazo. Y unánime fue también su crítica al gobierno federal y a los diputados. Los calificaron de “miopes”, “carentes de visión”, “incapaces que sólo pueden hacer parches y no soluciones de fondo”, “temerosos de asumir costos políticos”, entre otros. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, no escondió su enojo: “No se vayan a quejar el próximo año de que no hay inversión, empleos y oportunidades. Ni se vayan a sorprender por la cascada de amparos que habrá”.Y desde ese mismo día se volcaron hacia los senadores, priistas sobre todo, con la esperanza de que reviertan lo aprobado en la Cámara de Diputados.Esta semana será también de intenso debate y mucho jaloneo. No sólo entre diputados y senadores del PRI, sino también con un gobierno sin capacidad de decisión, con su suerte atrapada en lo que otros dispongan.
CFE: el cártel de la electricidad
Para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal ha presentado a la Comisión Federal de Electricidad como paradigma de eficiencia y rentabilidad. Lo que nunca mencionó es la corrupción que ahoga a la paraestatal y encarece el servicio en todo el país, y que se disparó desde 2003, cuando Felipe Calderón era el secretario de Energía de Vicente Fox.
Al decretar el 11 de octubre la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el presidente Felipe Calderón comparó a esa empresa pública descentralizada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En su balance, ésta es más eficiente y rentable. Desde ese momento, la paraestatal dirigida por Alfredo Elías Ayub opera el servicio en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo. Sin embargo, un análisis en torno a las prácticas internas de CFE lo desmiente: ahí "se hacen negocios sin escrúpulos, inflando costos; compra de equipo obsoleto; pagando obras inexistentes; incurriendo en fraudes en perjuicio del patrimonio de las entidades; pagando dos y hasta cinco veces la misma obra", entre otras muchas irregularidades.La corrupción en la paraestatal que ahora controla el servicio eléctrico en todo el país fue exhibida en un estudio presentado el 30 de julio pasado por la asociación civil "Energía y Desarrollo" –que ahora se denomina Energía y Rendición de Cuentas A.C.–, dirigida por Cuauhtémoc Velasco Oliva, del partido Convergencia, entonces secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.El documento titulado La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas muestra "la dimensión del saqueo patrimonial de CFE" y denuncia la existencia de un "cártel de la electricidad" en la paraestatal, al que responsabiliza de extorsiones para otorgar licitaciones, la rescisión de contratos a pequeñas empresas, la adjudicación de obras a empresas inexistentes y la elaboración de documentos apócrifos para justificar gastos, bajo la protección –dice– del director Alfredo Elías Ayub.También incluye copias de licitaciones públicas realizadas entre 2008 y 2009, comunicados de prensa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y copias de los "fallos de obras públicas" que concluyeron este año en Compranet y que demuestran cómo desde 2003, cuando el ahora presidente Felipe Calderón Hinojosa era secretario de Energía, CFE benefició a las empresas Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa con millonarios contratos para la compra de gas y de energía eléctrica.
La mafia interna
El exdiputado Velasco Oliva asegura que tres de las empresas más beneficiadas por contratos de CFE –Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa– son las mismas que se disputan la concesión para operar la red de mil 100 millones de kilómetros de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro, hasta que Calderón decretó su liquidación.El estudio transcribe una conversación grabada el 12 de junio pasado entre un asesor de Velasco Oliva con un ingeniero de CFE –en funciones desde hace 25 años–, quien afirma que la corrupción en la paraestatal se recrudeció con Calderón como secretario de Energía. Además, dice sospechar que todos los funcionarios de la paraestatal han creado o se han asociado con empresas, a las cuales adjudican obras, modifican contratos e inflan costos. Según la fuente anónima, éste sería el caso de Isolux, una empresa filial de Iberdrola.El documento está plagado de ejemplos de corrupción. Uno ellos es el del ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz, director de Operación de CFE, quien fue destituido del puesto e inhabilitado por 10 años por la extinta Secodam, según el oficio DGAC/GOD-A/135/98 de marzo de 1998, por “conductas irregulares cometidas en el desempeño de sus funciones”. Dos años después, el 26 de mayo de 2000, el apoderado general para pleitos y cobranzas de CFE, Ismael Macías Barrón, presentó una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República en contra de Moreno Díaz (entonces Coordinador de Transmisión y Transformación de la Subdirección de Transmisión) porque presuntamente estuvo al tanto de un préstamo indebido de materiales por 16 millones 208 mil 927 pesos a la empresa Apycsa S.A. de C.V., en un contrato fechado el 22 de diciembre de 1995, y no lo denunció.El documento cita otro caso: en mayo de 2008, el ingeniero Rubén Loredo, subgerente de división de la CFE en Puebla, presuntamente solicitó y recibió 2 millones 625 mil 87 pesos de la empresa Dobsa Construcciones S.A. de C.V., por adjudicarle el contrato DV000-18/08 por 43 millones 751 mil 465 pesos más IVA para la construcción del Centro de Operación de respaldo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en ese estado.“Al conocer Rubén Loredo que la mejor propuesta económica era la presentada por Dobsa, se abocó a contactar al apoderado legal y plantearle que él era la persona enviada para ofrecerle la ayuda para que la entidad le adjudicara el contrato mencionado, y el costo de la adjudicación del contrato era 6% del monto total, ya que sin esta ayuda era imposible que le otorgara CFE el contrato, a pesar de cumplir con los requisitos técnicos y ser la propuesta más económica de la entidad.”El administrador de Dobsa, Leonel López Sánchez, narró su experiencia con Loredo en un oficio que envió a Elías Ayub el 19 de marzo de este año, en el que señala que el 5 de diciembre de 2008 Loredo le pidió que se deslindara de una carpeta informativa elaborada por Velasco Oliva relativa a contratos de gas, regasificación y líneas de transmisión que el entonces legislador entregó un día antes a Elías Ayub y al presidente Calderón.López se queja porque su proyecto fue rescindido y enfrentó una demanda en su contra interpuesta por la Afianzadora Sofimex, por incumplimiento de contrato.
Las ganonas
La construcción de la hidroeléctrica El Cajón llevó cuatro años y costó 800 millones de dólares. Ubicada en el municipio La Yesca, en Nayarit, tiene la capacidad de generar 750 megavatios de electricidad, que representan 2% de la energía eléctrica del país.El ingeniero que habló con el asesor de Velasco Oliva le pidió investigar esa obra, que Calderón inauguró el 1 de junio de 2007, apenas seis meses después de haber asumido la Presidencia:
–Por ejemplo, El Cajón, que le escarben a El Cajón ahí, en las observaciones –dice el ingeniero.
–¿Pero qué, desviaciones sobre qué?
–responde el asesor de Velasco Oliva.
–Sobre pagos exagerados, sin justificación, sin soporte, cuando va a ser inaugurada por el presidente, ahí está todo…Cuando Calderón inauguró la hidroeléctrica, reconoció que estuvo pendiente de su desarrollo desde que estaba al frente de Banobras y participó en el esquema “novedoso” de financiamiento, porque “el gobierno mexicano no contaba con 800 millones de dólares que implica la construcción”.Resaltó que después, como secretario de Energía, vigiló la construcción de la cortina hasta la derivación del río Santiago, mediante túneles. Ese día felicitó al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, al que llamó el “autor intelectual y promotor de la presa”.Entre las irregularidades señaladas en el estudio La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas destaca la adjudicación directa para el suministro de gas natural licuado en Manzanillo, Colima, otorgada en 2006 a Repsol Comercializadora de Gas, S.A.Perú le vendió a Repsol el gas a precio nacional: 6 mil millones de dólares; luego, Repsol le vendió a CFE a precio de Texas, que es el costo más alto para el gas a nivel mundial. “La irregular transacción generó una sobreutilidad estimada en 15 mil millones de dólares”, indica el reporte, y sostiene que “es claro que se puede evitar esta triangulación y ahorrar 15 mil millones de dólares. Hasta el momento (julio pasado), Repsol no ha entregado un pie cúbico de gas”.El análisis considera que “Repsol se adjudicó una estratosférica y ofensiva utilidad por 15 mil millones de dólares por su actividad de ‘coyote’, causando un daño patrimonial a las dos naciones”.De acuerdo con el contrato 9100005181, del 6 de junio de 2006, Repsol fue la única empresa que ofertó sus servicios de suministro de gas y se le adjudicó de manera directa. El contrato estipulaba un servicio por 25 años, pero Repsol lo redujo a sólo 20, por lo cual Alfredo Granados Gallardo, subgerente de Adquisiciones de la CFE, modificó la licitación para adecuarla a los requerimientos de la trasnacional. El contrato fue por 183 mil 51 millones 215 mil 337 pesos. Se iniciaría el 28 de octubre de 2006, indica la licitación pública internacional 18164067-009-06.Con esta triangulación en la compra de gas a las transnacionales se encarece el precio del energético y por ende las tarifas en el suministro eléctrico, impactando directamente en el uso doméstico de gas y electricidad, señala el estudio.
La favorita
El documento resalta que la empresa Iberdrola es la más beneficiada por la CFE desde 2003, cuando Calderón era secretario de Energía. Cita que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el incumplimiento, daño patrimonial, incrementos en plazos de ejecución y montos injustificados, entre otras irregularidades, en los contratos y permisos otorgados a la empresa.Según la ASF, Iberdrola cobró la obra por adelantado, para lo cual la CFE debió contratar un crédito de largo plazo, “incrementando los pasivos de la empresa, violando la Ley General de la Deuda Pública”.Indica otro caso: la Central de Ciclo Combinado Altamira, obra por 5 mil 601 millones de pesos que comenzó a operar 80 días después del plazo fijado en el contrato con Iberdrola.El 21 de enero de 2004 Iberdrola recibió uno de los 15 permisos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a empresas privadas para distribuir, transportar y almacenar gas natural, el G/153/TUP/2004. Pero la ASF descubrió incumplimientos al Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, pues la concesión no estaba planeada, programada, organizada ni controlada.En la revisión de la Cuenta Pública de 2006, la ASF fiscalizó el proyecto de Líneas de Transmisión 807 Durango y detectó la colusión de funcionarios de la CFE para modificar las especificaciones planteadas en la obra original para pagarle a Iberdrola precios adicionales a lo estipulado en el contrato PIF-022/2004.Iberdrola ejecutó el proyecto entre julio de ese año y enero de 2005. No tenía dictámenes, permiso, licencia, derecho de bancos de materiales ni derechos de vía, según la ASF. En octubre de ese año, Iberdrola pidió una prórroga porque el helicóptero que transportaba materiales tuvo un accidente, pero la Auditoría determinó que fue un permiso ilegal porque los materiales debían ser transportados a cuenta y riesgo de la contratista. Aún más, la CFE debió aplicar una pena de 12 millones de pesos a la empresa española.Otra beneficiaria de la CFE es la alemana Siemens S.A. de C.V., que fue investigada a nivel internacional por la Comisión de Valores de Estados Unidos el año pasado y descubrió que pagó sobornos de mil 300 millones de dólares para conseguir, acelerar y resolver disputas de contratos entre 2001 y 2007 en China, Rusia, Argentina, Israel, Venezuela y México. Siemens fue multada con mil 400 millones de dólares. El 29 de noviembre de 2005, la desaparecida Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Siemens por infringir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, por tres años y nueve meses, y le impuso una sanción económica de 948 mil 375 pesos por no cumplir con los requisitos de un contrato con el Hospital Juárez de México, en 2002.Sin embargo, entre recursos jurídicos interpuestos por ésta y otras inhabilitaciones, Siemens obtuvo de la CFE los contratos 700161600, de agosto de 2006, para el proyecto llave en mano con PLC mod. LC 700 (sistema integral para golpeadores y precipitador); PIF-011/2007 para la construcción e instalación de siete bancos capacitadotes en líneas con voltajes de 13.8 y 23 kilovatios en Zacatecas y Aguascalientes; PIF-004/2008, del 6 de febrero de 2008, para la construcción e instalación de dos líneas de transmisión, y PIF-022/2008 para la construcción e instalación de ocho líneas de media tensión en Guerrero, Morelos y Estado de México.En diciembre de 2008, Siemens firmó con la CFE el contrato 900001394 por 31 millones 308 mil 129 pesos para mantenimiento y reparación de máquinas y herramientas. El 20 de marzo pasado firmó el contrato PIF-003/2009 “para la ejecución de todas las obras necesarias para la construcción e instalación de líneas de voltaje en los estados”, señala el contrato en poder de Proceso. El monto es por 30 millones 207 mil 740 pesos. l
El narco: la guerra fallida de Calderón
"Fracaso", es el término con que dos excolaboradores de Vicente Fox, Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar –al igual que muchos analistas y actores políticos–, califican la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga. En un libro que acaban de publicar en coautoría, El narco: la guerra fallida, el excanciller y el exvocero presidencial pretenden destruir las tesis del mandatario con las que justifica una estrategia que ha costado miles de muertos y, por lo demás, no se ha traducido en una disminución del narcotráfico. Mediante este recurso, refieren los autores a Proceso, Calderón buscó legitimarse tras su dudoso triunfo en 2006.
Los sobornos de Pride alcanzan a Pemex
MÉXICO, D.F., 23 de octubre (apro).- Mientras en Estados Unidos avanza la investigación sobre el pago de sobornos de la empresa perforadora de pozos petroleros Pride --que opera en México--, a funcionarios de Aduanas y, presumiblemente, de Petróleos Mexicanos (Pemex), ese caso languidece en México, como otros similares.
Entre inicios de 2002 y principios de 2006, Pride, con sede en la ciudad texana de Houston, pagó a uno o más funcionarios mexicanos no identificados miles de dólares para permitir el paso de equipo y de una plataforma de perforación, así como para que se incluyeran éstas en un contrato de perforación y entretenimiento para esos servidores públicos.
El presunto conocimiento y aceptación de esos desembolsos anómalos por parte de la alta dirección de la transnacional ha generado descontento entre sus accionistas, al grado de provocar demandas penales en su contra. Pride cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Kyle Arnold, accionista de la compañía, presentó el 14 de octubre una querella ante una corte distrital de Texas en contra de exejecutivos, consejeros y altos funcionarios de la corporación bajo el cargo de violación al deber fiduciario de buena fe, según la causa 2009-66082, a la que apro tuvo acceso.
El 17 de marzo de 2006, Pride informó que no podría presentar su informe 10-K --un reporte anual que se entrega a la Comisión Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) sobre el estado de una empresa-- del año fiscal 2005, y reconoció que el Departamento de Auditoría Interna había recibido señalamientos de pagos inapropiados a funcionarios extranjeros desde años atrás, lo que constituían violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de 1977. Por ello, anunció que iniciaba una investigación.
"Algunos directores actuales y pasados funcionarios de la compañía sabían de esas violaciones, y que éstas podrían, y eventualmente lo hicieron, ocasionar un daño serio a Pride y sus accionistas; aun así, fallaron en hacer un esfuerzo consciente para corregir o prevenir la anomalía", se indica en la demanda, de 34 páginas de extensión.
El 31 de mayo de 2006, la transnacional reveló la renuncia de John R. Blocker, Jr., vicepresidente ejecutivo y director operativo desde enero de 2005, a causa del escándalo.
El 30 de junio la compañía presentó sus reportes 10-K y 10-Q –de naturaleza similar al 10-K, pero trimestral--, en los cuales reconoció el pago de hasta un millón de dólares a funcionarios de México y Venezuela entre 2002 y 2006.
En su comunicación a la SEC, el 1 de marzo de 2007, la empresa abundó en los sucesos relacionados con México y que había descubierto más desembolsos anómalos en Arabia Saudita y Kazajstán. En el primer caso, la corporación pagó por "el entretenimiento inapropiado" de funcionarios mexicanos. Asimismo, reveló que el gerente de la filial mexicana de Pride fue despedido el 2 de diciembre de 2006.
La pesquisa interna de Pride descubrió que ésta compró a funcionarios públicos en Venezuela, México, Arabia Saudita, Kazajstán, Brasil, Nigeria, Libia, Angola, República Democrática del Congo, Malasia e India.
En consecuencia, el Departamento Justicia de Estados Unidos y la SEC iniciaron una investigación que aún se desarrolla, y de la cual cabe la posibilidad de que la transnacional llegue a un acuerdo y pague una multa que podría superar los 25 millones de dólares.
"Nuestros clientes en Venezuela y México podrían buscar la imposición de multas o tomar otras medidas contrarias a nuestros intereses", dijo Pride en el comunicado de marzo de 2007.
"Estamos cooperando con las autoridades correspondientes en asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que permanecen bajo investigación(…) Hemos tomado, y seguiremos haciéndolo, medidas disciplinarias donde sea apropiado, para enfatizar nuestro compromiso de manejar nuestras operaciones ética y legalmente, y para transmitir a nuestros empleados nuestra expectativa de que ellos alcancen los más altos niveles de honestidad, integridad, estándares éticos y respeto a la ley", declaró a apro Kate Pérez, directora de Relaciones con Inversionistas y Comunicación Corporativa de Pride.
Pride Internacional de México LLC, cuya oficina se encuentra en Ciudad del Carmen, Campeche, y Mexico Drilling Limited –ambas subsidiarias de la matriz estadunidense--, han recibido contratos de Pemex Exploración y Producción por más de 11 mil millones de pesos por el arrendamiento de sus plataformas desde 2004.
Pemex no respondió a la consulta del reportero.
Callada tolerancia
Arnold entabló la demanda en contra de Paul A. Bragg, David A. B. Brown, Archie W. Dunham, Ralph D. McBride, Louis A. Raspino, Blocker, Jr., y Gregory Looser.
Bragg fue presidente y director ejecutivo entre 1999 y 2005, y director operativo de 1997 a 1999; Brown ha sido presidente del consejo desde mayo de 2005 y consejero desde septiembre de 2001; Dunham, consejero desde mayo de 2005 e integrante de los comités de Auditoría desde 2006 y del de Compensación, desde este año.
Además, Kalman ha sido consejero desde octubre de 2005 y miembro del Comité de Auditoría desde 2006; McBride, consejero desde septiembre de 1995; Raspino, consejero desde junio de 2005 y es director financiero de la empresa; en tanto que Looser ha sido vicepresidente señor desde junio de 2008. Previamente, de 2005 a junio de 2008, ocupó ese cargo y el de consejero general y secretario.
De acuerdo con la querella, a todos los jefes, directores y empleados se les requería el apego al Código de Conducta Empresarial y Prácticas Éticas, aprobado por el Consejo de Administración el 19 de febrero de 2004. Éste estipula que "a todos los empleados se les requiere cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos.
En esencia, "ningún empleado debe hacer o prometer hacer, directa o indirectamente, ningún pago de dinero u objeto de valor a ningún funcionario de un gobierno, partido político o candidato a un cargo político, con el propósito de influir o inducir a esa persona a actuar de alguna manera para ayudar a la compañía a obtener o mantener un negocio para o con la empresa".
Según el documento legal, el Consejo sabía de las "violaciones sistemáticas y numerosas" a la ley, al menos desde febrero de 2006.
"Los acusados sabían de las violaciones mucho antes que la empresa hiciera pública su investigación. Empero, no actuaron hasta que un empleado anónimo se quejó de las irregularidades", cita el texto suscrito por los abogados Eric Zagar, Michael J. Hynes y Jesse Fuchs-Simon, de la firma, Barroway Topas Kessler Meltzer y Check, LLP, y representantes legales del acusador.
En una nueva comunicación del pasado 30 de julio, Pride dio a conocer que sostenía negociaciones con el DOJ y la SEC en relación con las violaciones incurridas, un proceso que concluiría a finales de este año.
Arnold presentó el pasado 15 de junio una solicitud de acciones contra los acusados ante el Consejo de Administración, para la cual no ha habido una respuesta oficial.
En diciembre de 2008, otro escándalo de corrupción golpeó a Pemex, luego de que la SEC reveló que la empresa alemana Siemens entregó a finales de 2004 al menos 2.6 millones de dólares a un consultor de negocios con conexiones políticas.
A su vez, este asesor usó una parte de esa cantidad para sobornar a un alto funcionario de la paraestatal para resolver una disputa entre la transnacional teutona y la petrolera nacional por la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León. Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora por Petróleos Mexicanos no han redundado en acusaciones o detenciones.
Paredes contra las mujeres
Mucho le debe Beatriz Paredes a su género. Una visibilidad especial. Una consideración bien intencionada. Para juzgar a Beatriz Paredes, los hombres y las mujeres demócratas primero se han acordado de que ella es mujer y mucho después de que es una priista. Tan bien lo ha comprendido Beatriz Paredes, que en su campaña para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, hace tres años, omitió en su propaganda el logo del PRI y en cambio puso un muy femenino corazón para señas de identidad.
“Admiramos tanto a Beatriz”, escribió Guadalupe Loaeza en el periódico Reforma. “Nos da tanto orgullo que sea mujer”. O como lo dijo hace 15 años Carlos Monsiváis en un foro de la revista Debate Feminista: “No puede desestimarse el poder simbólico de Beatriz Paredes”. Por ser mujer, a Paredes se le perdonó, hace 20 años, su “poético” primer informe como gobernadora de Tlaxcala, donde habló largamente del mar, a pesar de que Tlaxcala no tiene mar. Por ser mujer, más recientemente, y ya siendo ella presidenta de su partido político, a Paredes se le ha perdonado su también “poética” representación del PRI como un partido socialdemócrata. Y por ser mujer, han pasado meses hasta hacerse notorio lo mal que ha pagado la licenciada Paredes a su género: con una traición. Estos son los hechos. En el año 2007 se despenalizó en el Distrito Federal el aborto en todas sus causales, asegurando así a las mujeres el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos y sus propios destinos. A partir de entonces el PAN, siempre fiel a la agenda política del Vaticano, emprendió la batalla para blindar la penalización del aborto en el resto de la República. Nada asombroso en ello, pero sí que en esta guerra de los viejos patriarcas de la Iglesia católica por el control de los cuerpos de las mujeres, el PAN ha contado, en votación estatal tras votación estatal, con la alianza del PRI, y sólo gracias a ello en efecto el aborto ya se ha penalizado en 16 estados. Es decir, hoy, en 16 entidades, una mujer que decide suspender su embarazo es perseguida y encarcelada, como si su cuerpo fuese propiedad del Estado, y atribuyéndole al producto de su vientre más derechos que a su persona. Interpelada al respecto, Beatriz Paredes se ha lavado, como Pilatos, las manos. El pasado domingo 11 declaró tranquilamente que sobre el aborto se está “dando un debate interno dentro del partido” y ella por lo pronto ha llegado a “esta estrategia”: “que cada uno de mis diputados vote como crea”. Bueno, es de nuevo poesía, pero no alta poesía. Es de esa pobre y anticuada poesía entendida como una simulación de la realidad. Para empezar, sus afirmaciones no explican por qué para ella, como declarada feminista y socialdemócrata, la libertad de las mujeres, amén de la defensa del Estado laico, no es un tema de igual trascendencia que el impuesto del 2% a medicinas y alimentos, donde sí ha declarado que “sus” diputados seguirán la línea del partido al votar en contra.Para seguir, y acá las cosas se agravan, basta revisar los resultados de las votaciones para descubrir que la presidenta del PRI cubre con un manto de palabras democráticas una verdad distinta. Dicho en prosa: que la licenciada Paredes miente. Estos son los números de 11 de las votaciones estatales, números reunidos por la doctora Lucía Melgar, coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. (De las otras cinco votaciones, por desgracia, no se cuenta con la información actualizada.)En Guanajuato, cuatro priistas se abstuvieron, y todos los otros votaron por penalizar el aborto. San Luis Potosí: todos los priistas por la penalización, excepto dos en contra. Jalisco: dos abstenciones y todos los otros priistas por la penalización. Y en Baja California, Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Morelos, Sonora y Quintana Roo, TODOS los priistas por penalizar el aborto.¿Cuál debate interno? ¿Nota el lector trazas de una polémica interna? Al contrario. Salvo dos diputados indisciplinados y seis abstencionistas, los priistas de casi una docena de Congresos han votado en unanimidad, como una aplanadora. Una unanimidad que ocurre sólo cuando hay una línea de partido, una línea que nada más puede ser dictada desde la presidencia nacional del partido, cargo que ostenta la licenciada Paredes.Se murmura de negociaciones secretas de Paredes y el arzobispo de México. Se murmura de premios a los diputados priistas en dinero y en especie. Se especula de transacciones inconfesables del PAN con el PRI, distintas en cada estado. En fin, más allá de dilatarse en las minucias, hay que afirmar lo que a plena luz es evidente: Beatriz Paredes vendió la libertad de las mujeres sobre sus cuerpos a la Derecha. Sin duda, Beatriz Paredes seguirá haciendo en sus declaraciones poesía, pero estos son los hechos, en prosa. Ni el PRI es socialdemócrata ni Beatriz Paredes es una política progresista ni está en pro de la libertad de “sus” diputados ni mucho menos está por la libertad de las mujeres.Ah, y otra cosa. En Tlaxcala sigue sin haber un mar a la vista.
Los verdaderos privilegios
Hallan seis pipas de Pemex enterradas en Nuevo León
MONTERREY, N.L., 21 de octubre (apro).- Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) encontró sepultadas seis pipas en un terreno baldío del municipio de Escobedo, donde era depositado combustible extraído ilegalmente de los oleoductos de la paraestatal.
Durante el operativo fueron detenidos y consignados por su presunta responsabilidad en el robo de combustible Jorge Marroquín, Porfirio Campos, Celso Suárez, Jorge Suárez, Juan Silva y Adolfo Pérez.
Los técnicos de Pemex recuperaron de los tanques de cada pipa, con capacidad para 30 mil litros de combustible cada uno, 90 mil litros de carburante, de los cuales 70 mil eran de diesel, 20 mil de gasolina magna y una cantidad menor de gasolina premium.
Los contenedores estaban enterrados en un terreno arenoso al que se accedía por un hueco de concreto de un metro de profundidad, desde donde salían las líneas y conexiones de abastecimiento de los "ordeñadores".
Al hacer las excavaciones, se encontró que las pipas estaban enterradas enteras, con los logotipos de la paraestatal y hasta con escalerillas en sus costados.
Apenas el viernes pasado, personal de seguridad de la empresa detectó una toma clandestina en el kilómetro 63.5 de derecho de vía Cadereyta-Santa Catarina, en el mismo municipio de Escobedo.
A raíz de esa acción seis personas fueron detenidas, aunque no se dieron a conocer sus nombres.
El domingo 18, los guardias de Pemex encontraron otras dos tomas clandestinas en el derecho de vía del poliducto Satélite-Monclova-Sabinas, en el municipio de García. No se reportaron detenidos en ese operativo.
Dan los primeros 15 permisos para la siembra de maiz transgénico
MEXICO, D.F., 21 de octubre (apro).- Las empresas trasnacionales Monsanto, Downs y Pioneer recibieron los primeros 15 permisos para la siembra experimental de maíz genéticamente modificado, en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, informó Juan Elvira Quezada, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Añadió que otros ocho permisos serán entregados esta misma semana,
En conferencia de prensa, representantes de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Semarnat, informaron que, al día de hoy, han sido otorgados 15 permisos, de un total de 35 solicitudes recibidas, para la realización de siembras experimentales de maíz genéticamente modificado.
"Los permisos otorgados por la Sagarpa y con análisis vinculante de la Semarnat, están estrictamente apegados a la Ley de Bioseguridad Sobre Organismos Genéticamente Modificados y a su Reglamento", dijo Elvira Quezada.
Del total de los permisos entregados, nueve son para la empresa Monsanto Comercial y seis para Dow AgroScience/PHI México.
De los nueve correspondientes a Monsanto Comercial, tres se realizarán en los campos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP-Noroeste), situados en el municipio de Cajeme, en Sonora; tres más en los municipios de Ahome, Guasave y Navolato, en Sinaloa, y tres en los municipios de Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo, en Tamaulipas.
De los seis permisos otorgados a Dow AgroScience/PHI México, tres se llevarán a cabo en el Valle del Yaqui y Huatabampo, en Sonora, y tres en Los Mochis, Angostura y Navolato, en Sinaloa.
Elvira Quesada señaló que el gobierno federal, a través de esas dos secretarías, trabaja en este tema "sin dejarse influenciar por ningún tipo de presión, sino en apego a los tiempos que marca la ley, ya que lo más importante es dar a la sociedad la garantía de que se está haciendo el mejor de los trabajos".
Por su parte, Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Sagarpa, explicó que, para establecer las medidas de bioseguridad que se aplicarán en las siembras experimentales, se tomaron en cuenta opiniones técnicas y científicas presentadas por expertos y por la ciudadanía en el proceso de consulta pública, que se llevó a cabo en cumplimiento de la ley, con el apoyo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).
Aclaró que las siembras que se realizarán se mantienen en la fase de experimento y se harán en terrenos controlados y totalmente aislados de otro tipo de cultivos.
En cuanto a las medidas de bioseguridad establecidas por la ley, Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, se refirió a la implementación de mallas ciclónicas para evitar el fácil acceso a estas pequeñas parcelas donde se llevarán a cabo los experimentos; guardar una distancia mínima de por lo menos 500 metros respecto de otros cultivos, y marcar un aislamiento temporal después de un mes para evitar flujo génico a un posible maíz convencional.
Además, precisar las coordenadas geográficas; establecer una bitácora, instalar plantas de polen para que no pueda haber flujo por esta vía, así como incinerar el producto, ya que, aclaró, éste no entra al mercado alimentario.
Durante la conferencia de prensa, Elvira Quezada no precisó en qué consisten los permisos y qué superficie abarca, entre otros aspectos. Sólo se limitaron a señalar que la información se encuentra en la página de internet.
Sin embargo, al consultar la página www. Senasica.gob.mx, liga transgénicos, solo aparece la frase "disculpe las molestias. No existe información que cumpla con los criterios de búsqueda".
¡Chispas! ¿también en la CFE?
Hasta ahora, ésa es la versión del gobierno federal. Pero la realidad podría ser muy diferente.
Por Anabel Hernández
23 Oct 2009
El principal argumento del gobierno federal para desaparecer Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y encargar a la Comisión Federal de Electricidad el suministro de energía en la zona centro del país es que la CFE es más eficiente y que, por lo tanto, no habrá más pérdidas económicas por mala administración ni corrupción.
Hasta ahora, ésa es la versión del gobierno federal. Pero la realidad podría ser muy diferente.
Documentos internos inéditos de la CFE en poder de Reporte Índigo, resultados de auditorías y audios de conversaciones de un funcionario, todo esto desde finales de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, revelan que la corrupción y el gansterismo imperan en algunas áreas de la compañía.
Durante los últimos 10 años ha operado una red formada por documentos internos inéditos de la CFE en poder de Reporte Índigo, resultados de auditorías y audios de conversaciones de un funcionario, todo esto desde finales de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, revelan que la corrupción y el gansterismo imperan en algunas áreas de la compañía.
Durante los últimos 10 años ha operado una red formada por funcionarios de la CFE y empresas nacionales e internacionales que han sido beneficiadas con contratos multimillonarios.
Algunos se refieren a este grupo como "el cártel de la electricidad". Reporte Índigo tuvo acceso a tarjetas informativas inéditas que Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, titular del Órgano de Control Interno de la CFE, envió a Mario López Araiza Orozco, subsecretario de Normatividad y Control de Gestión Pública de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Esto fue a finales del gobierno de Ernesto Zedillo.
En ellas, Olvera Mazariegos señala la "multiplicidad de irregularidades que se cometen en la licitación y construcción de obras de la CFE".
"Estas prácticas son del todo conocidas por empresas internacionales que potencialmente pudieran participar en éstas y de esa forma lograr para la entidad obras con mayor calidad y mejor costo de oportunidad", afirma Olvera Mazariegos en la tarjeta dirigida a López Araiza Orozco el 9 de agosto del año 2000.
"Los beneficios que pudieran resultar no se obtienen ya que CFE se encuentra catalogada como una entidad operada por funcionarios corruptos que impiden la participación de empresas en las áreas de generación, transmisión, distribución, empresas que no se involucren en irregularidades en las asignaciones", puntualiza.
Señala que las obras en las que detectaron más irregularidades fueron las centrales termoeléctricas Samalayuca II, Monterrey II y Topolobampo; las turbogeneradoras El Sauz, Huinalá y Hermosillo, así como la terminal de recibo y manejo de carbón para la termoeléctrica Petacalco.
La lista negra de 10 funcionarios presuntamente corruptos está encabezada por Néstor Félix Moreno Díaz, entonces coordinador de Transmisión y Transformación, y Rogelio Gasca Neri, ex director general de la CFE.
Pero Moreno Díaz no fue sancionado, sino premiado.
Actualmente es director de Operaciones de la CFE.
Fue nombrado por el actual director general de la empresa, Alfredo Elías Ayub, el 4 de abril de 2007.
Se pasó por alto el negro historial del funcionario, que incluye una inhabilitación por 10 años ordenada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
Y después de años de estar fuera de la administración pública, Gasca Neri fue contratado por Pemex el 17 de marzo de 2009 como consejero profesional del Consejo de Administración de la paraestatal.
Aunque Olvera Mazariegos recomendó entablar una denuncia penal contra estos funcionarios, lo cual consta en sus tarjetas informativas, ni Alfredo Elías Ayub ni López Araiza Orozco lo secundaron.
El problema es que las prácticas irregulares de la CFE no son cosa del pasado.En entrevista exclusiva con Reporte Índigo, Cuauhtémoc Velasco,director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, quien desde hace más de 10 años investiga y documenta actos ilegales cometidos por la CFE, afirma que la corrupción sigue enquistada en la paraestatal.
De acuerdo a sus cálculos, esa corrupción significa un quebranto al erario que asciende a mil 900 millones de dólares anuales.
Además, Velasco entregó a Reporte Índigo el audio de una conversación que tuvo uno de sus colaboradores con Rogelio Ángel Valencia, actual jefe de Oficina de la Gerencia de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE.
En dicha plática se revela el modus operandi de los presuntos funcionarios corruptos de la empresa.
Éste es el lado oscuro de la CFE, paraestatal a la que el gobierno federal pretende encargar la responsabilidad de iluminar a todo México.
Eran los últimos meses del sexenio de Ernesto Zedillo.
Antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio, había un clima de incertidumbre en las áreas de control interno de la CFE y en la Secretaría de la Contraloría.
No tenían claro quién ganaría, y existía el temor de que si no triunfaba el PRI, la corrupción de la CFE saldría a la luz pública, lo cual tendría consecuencias administrativas y penales para los involucrados.
El temor no era fortuito.
Era descomunal el cúmulo de irregularidades en los millonarios contratos asignados por la Comisión Federal de Electricidad con cargo a Pidiregas (Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto) para la construcción de centrales termoeléctricas y unidades turbogeneradoras.
Se modificaron bases de licitación para beneficiar a ciertas empresas, se pagaron sobreprecios, los trabajos que entregaron las empresas no cumplían con las especificaciones de los contratos.
Y todo esto tendría un impacto en la deuda pública de los siguientes cinco sexenios, 30 años.
En entrevista exclusiva, Cuauhtémoc Velasco, director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, explica que en aquella época, él era diputado federal de la 57 Legislatura.
Pertenecía a la bancada del PRD y era representante de ese partido ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Desde 1997 comenzó a recibir información sobre actos de corrupción en la asignación de los grandes contratos de termoeléctricas, en particular la de Petacalco, cuyo contrato fue entregado a la empresa Techint en 1993, cuando gobernaba el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Desde entonces, y durante los siguientes 12 años, Velasco ha hecho constantes denuncias ante las autoridades y medios de comunicación para señalar la pérdida de millones de dólares que provoca la corrupción de la CFE.
Hoy, cuando el gobierno federal espera que la CFE sea la solución a la corrupción, la ineficiencia y las supuestas pérdidas millonarias generadas por Luz y Fuerza del Centro (LyFC), las denuncias de Velasco y la documentación que presenta adquieren otra relevancia.
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Déjà vu fiscal