domingo, octubre 25, 2009

''Pepe'' Mujica confirma que habrá segunda vuelta en Uruguay

''En este momento la sociedad nos exige un esfuerzo más, es decir, participar en una segunda vuelta. Hemos quedado cerca de obtener una mayoría'', aseguró el candidato por el Frente Amplio uruguayo.
Montevideo. El candidato presidencial izquierdista del Frente Amplio, José "Pepe" Mujica, acudió a emitir su voto durante los comicios para elegir mandatario. Aunque los sondeos le dan ventaja, ésta no le otorgaría la mayoría absoluta que evite una segunda vuelta, según reportes. Reuters


El candidato a la presidencia uruguaya por el Frente Amplio, José "Pepe" Mujica, confirmó este domingo que el 29 de noviembre habrá segunda vuelta pues la sociedad uruguaya así lo exige.
"En este momento la sociedad nos exige un esfuerzo más, es decir, participar en una segunda vuelta. Hemos quedado cerca de obtener una mayoría", dijo el también senador en conferencia de prensa.
Si bien los resultados no le dieron el triunfo en primera vuelta y aunque aún no se conocen los resultados oficiales, "Pepe" Mujica dijo que a la cita electoral de noviembre su partido va lleno de optimismo y expresó estar "muy reconfortado" por el clima electoral que se vivió durante esta jornada.
"Tenemos un punto de partida muy optimista para esta segunda vuelta y de todas maneras pensamos que ahora es un evento que involucra al país entero y desde este punto de vista abogamos para que (la sociedad) mantenga la altura que se ha manifestado (en el proceso electoral de este domingo). Estamos muy reconfortados por el clima electoral que se ha vivido", dijo.
Por su parte, Danilo Astori, compañero de fórmula de Mujica dijo sentirse "contentísimo" por la votación recibida, que supera a la de los dos partidos tradicionales juntos.
"Estamos contentísimos con la votación recibida, que supera a la de los dos partidos tradicionales juntos", agregó.
El candidato a la vicepresidencia afirmó que su partido se dirige "hacia la victoria sólo que se nos presenta un desafío más y vamos a encarar este nuevo reto, la distancia del Frente Amplio y el Partido Nacional es importante".Señaló que "nosotros estamos seguros que en la segunda vuelta vamos a plantear claramente el plebiscito", pues considera que el Frente es el único que tiene un proyecto por lo que "no tengo con qué compararlo".En este sentido, Astori no "descarta que lleguemos a la mayoría parlamentaria"."Vamos a seguir insistiendo para encontrar puntos de acuerdo con otros partidos", dijo Astori y explicó que desde el punto de vista electoral "vamos a dirigirnos a la ciudadanía en su conjunto y eso no debe ser confundido con la paciente búsqueda de acuerdo con otros partidos".Por su parte, "Pepe" Mujica atribuye los resultados en los plebiscitos celebrados este domingo al hecho de que el pueblo sea consultado sobre estos temas en conjunto con un proceso electoral."No soy partidario de poner plebiscito junto a las elecciones, en general quedan absorbidas por el pleito de carácter electoral. Creo que esto ha sido la causa fundamental que ha determinado este resultado", explicó.En cuanto al punto de las elecciones en el exterior, Mujica afirmó que "es un tema que en el futuro se va a seguir polemizando, debido a que es una nación que tiene una parte importante de su gente afuera". Sin embargo, "más adelante haremos un análisis más exhaustivo".Según resultados extraoficiales, el pueblo uruguayo rechazó, en primera vuelta, la anulación de la Ley de Caducidad, que otorgó amnistía a los responsables de violaciones de Derechos Humanos durante la época dictatorial en Uruguay. Luis Puig, portavoz de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, admitió este rechazo, pese a que en primera instancia los datos señalados por diferentes encuestadoras a pie de urna parecían otorgar el triunfo del "sí" al fin de la impunidad de esos delitos contra los derechos humanos.Según proyecciones un 47,7 por ciento de los uruguayos votaron para anular la "Ley de Caducidad" , dijo Oscar Bottinelli, de la consultora Factum. No obstante, la Corte Electoral indicó que no se conocerán los primeros resultados parciales sobre este tema, al menos hasta el próximo lunes. El otro plebiscito, que pulsaba la opinión de 2,5 millones de uruguayos sobre si implementar o no el voto desde el extranjero, tampoco alcanzó los niveles requeridos para su aprobación, de acuerdo a estos estudios.Los candidatos del Frente manifestaron que van a seguir luchando arduamente en la arena política en estos treinta días que restan para la segunda vuelta.
Mientras la Corte Electoral uruguaya aún contabiliza los votos, las principales encuestadoras del país suramericano le dan el triunfo a la fórmula Mujica -Astori en la primera vuelta, pero no la mayoría requerida (más del 50 por ciento) para imponerse definitivamente.Las proyecciones de la empresa Factum le dan al Frente Amplio entre un 47 y un 49 por ciento, al Partido Nacional, 29 a 31 por ciento y el Partido Colorado entre un 17 y 18 por ciento. El Partido Independiente tendría entre un 2 y 3 por ciento.La encuestadora Cifra, aegura que el Frente Amplio llegó a un 47 por ciento, el Partido Nacional tendría un 30 por ciento, el Partido Colorado estaría en un 17 por ciento, y el Partido Independiente estaría en un 2,4 por ciento del total de votos.Por su parte la empresa de estadísticas, Equipos Mori, con un 41 por ciento de votos escrutados, también proyecta que habrá balotaje, pues sus estadísticas sitúan al Frente Amplio con 48,1 por ciento de votos, el Partido Nacional 28,3 por ciento, el Partido Colorado 18,1 por ciento.Finalmente el Partido Independiente estaría llegando a 2,6 por ciento de votos y Asamblea Popular llegaría a 0,4 por ciento.

teleSUR - Observa / yi - MM

Proceso electoral no será legítimo sin restitución del presidente Zelaya

La canciller de Honduras manifestó que el proceso electoral que se pretende realizar en su país es ilegal, debido a que está condenado a las normas de un régimen de facto y manifestó que cada voto ''estará manchado de sangre y sangre de nuestro pueblo''.

La ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, expresó este martes en entrevista concedida a teleSUR que sin la restitución del presidente Manuel Zelaya, ni del orden constitucional en su país, el proceso electoral pautado para el próximo mes de noviembre no será legítimo. Asimismo, exhortó a la comunidad internacional de no reconocer "ni al proceso electoral ni a las autoridades espurias que de el surgiese".Rodas no se opone a la posibilidad de presentarse como candidata presidencial, pero "únicamente si los sectores de la sociedad consideraran que debemos serlo". No obstante, recordó que el tren que lideraba Rosales, estaba realizando cambios para la transformación de un país y que no lo han podido terminar en el tiempo que la constitución lo establecía, como consecuencia de la instauración de un gobierno de facto. En este sentido invitó al pueblo hondureño a seguir en la construcción de un nuevo Estado, "asumiremos la responsabilidad que corresponda y si es la candidatura el pueblo lo decidirá". A continuación el texto completo de la entrevista:
Cuando faltan unos 40 días para las elecciones previstas ¿qué contextos políticos acompañan estos comicios?
En primera instancia un proceso de diálogo que debe concluir con la restitución de nuestro presidente constitucional y el retorno al orden constitucional roto por un golpe de Estado militar. En este momento, nos prestamos a no reconocer, no admitir un proceso electoral que no ocurra dentro del orden, dentro del estado de derecho, dentro de un proceso constitucional y con la legitimidad que solo le puede dar el presidente Zelaya, a quien elegimos para gobernar en el país.Un proceso electoral no es, la asistencia de un pueblo un día de tantos a la urna, es todo un proceso a través del cual conocemos la propuestas de los candidatos y los ciudadanos tenemos el derecho a elegir a quien queremos y a quien no queremos, para eso se requiere un proceso de participación en igualdad de condiciones, un proceso de legitimidad en orden constitucional y en Honduras hubo un golpe de Estado. Es un crimen contra la democracia que deslegitima que desvalora y destruye cualquier proceso democrático, por lo tanto el contexto político al que nos enfrentamos es que sin restitución presidencial y sin retorno al orden constitucional no puede haber legitimidad, ni legalidad, ni del proceso electoral ni de lo surja, ni de sus resultados ni lo que en adelante se pretenda construir, tras una situación que no puede quedar impune, el proceso político es ilegal e ilegitimo y espurio en este momento.
Candidatos de la resistencia están llamando a desconocer las elecciones ¿Cuál es su opinión?
Los candidatos de la resistencia, que no aceptan que en Honduras quede en impunidad un golpe de Estado militar, como lo fue en el pasado, los que no aceptan ir a un proceso en donde se está imponiendo un proceso por las armas, disparando contra el pueblo hondureño y por supuesto habiendo asesinado gran parte de la esperanza democrática, para este próximo proceso electoral, están respondiendo a la Patria. No podemos ni como candidatos ni como ciudadanos, ni como votantes, aceptar un proceso electoral espurio ilegal, ilegitimo donde no existen ni siquiera la posibilidad y la oportunidad en las condiciones, donde no podemos dirigirnos al pueblo hondureño, conducir un proceso que a todos pertenecen, no hay igualdad en las condiciones.Se quiere legitimar un proceso electoral tutelado por armas, que ha nacido de un golpe militar eso no es, simple y sencillamente, aceptable. Los compañeros que tienen la dignidad de renunciar a sus propias expectativas electorales de un proceso ofrecido a sangre y fuego contra nuestro pueblo, ofrecida de un proceso criminal, ofrecida para seguir coadyuvando a los viejos privilegios de una oligarquía que no le importa pasar por quien sea, para conseguir sus ambiciones y poder finalmente proteger sus intereses, pues definitivamente merecen el aplauso y el respeto de todo nuestro continente y demócratas del mundo. Nosotros no tenemos otra cosa que conminarnos y seguir firmes en una posición, no participar en un proceso electoral donde cada voto estará manchado de sangre y sangre de nuestro pueblo, si no se restituyera el presidente y orden constitucional.
¿En el hipotético caso que se restituyera el orden constitucional habría tiempo -de aquí al 29 de noviembre- de garantizar la legitimidad de los comicios?
La legitimidad no mide tiempo, mide el orden de sus posibilidades, el tiempo merece una serie de actividades y de acciones que tendrá que suceder para que realmente existan comicios electorales y no elecciones a la fuerza contra viento y marea; en ese sentido será el régimen golpista que marque la posibilidad de que haya o no haya tiempo, porque el único que puede darle legitimidad aun proceso electoral es el presidente que elegimos todos los hondureños dentro del orden constitucional y el orden de derecho, lo que vinieron a romper la bota militar y la bayoneta calada. El tiempo será determinado la responsabilidad de ese tiempo, la culpabilidad histórica la tiene el régimen golpista, de ahí en adelante dependerá del régimen golpista, dependerá del momento de la restitución del orden constitucional para que se replanteen los calendarios, que den perfecta legitimidad y el tiempo suficiente para que la igualdad de condiciones y la igualdad de oportunidades para los participantes en el proceso electoral se cumpla a favor del pueblo hondureño a favor de los propios candidatos y no a favor de un tiempo medido tras un golpe de Estado, donde se han encaprichado, donde la intransigencia del régimen no permite la reconstrucción institucional del país. El tiempo no lo podemos determinar hasta saber en que momento las fuerzas del mal de nuestro país terminen por retroceder.
¿Cual será la reacción de la comunidad internacional ante un gobierno electo bajo los vicios de un golpe de Estado?
Todo país, todo pueblo, todo gobierno que se precie de ser demócrata, que cree en la democracia como principio fundante de una sociedad, no puede reconocer un proceso electoral, ni las autoridades de facto que de el surgiera cuando este se ha montado por un golpe de Estado militar. La comunidad internacional, estamos seguros, tenemos la profunda esperanza de que la democracia sigue siendo un paradigma de los pueblos libres, no podrá reconocer un proceso electoral que surge de un golpe de Estado que está alentado por el derramamiento de sangre en nuestro país, mientras nuestro presidente es un prisionero sometido a constantes torturas, cercado militarmente, el presidente constitucional de la república e impedido de comunicarse con el pueblo a quien gobierna. Nosotros hemos hecho un llamado a la comunidad internacional, no puede haber reconocimiento ni al proceso electoral ni a las autoridades espurias que de el surgiese, mientras no haya retorno al orden constitucional y la restitución de nuestro presidente, para poder restituir las instituciones de un país que va a seguir marchando en el proceso de transformación que comenzó hace más de tres años y medio con el presidente Zelaya y con nuestro pueblo con quien coordinamos, con el que articulamos acciones hasta construir un alto margen de transformación -que fue justamente por lo que se produjo el golpe de Estado- para que ese camino no continuara; sin embargo, lo que ha logrado es potenciar el pueblo que comenzó a marchar hace varios años y que ahora finalmente también se ha puesto a la luz del mundo entero, nuestro pueblo esta siendo reconocido por todos los pueblos del mundo, por todos los países del mundo, porque finalmente se han puesto los ojos sobre su lucha, que después de tanto tiempo merecía ser visible y visualizada por todas las sociedades de mundo.
¿Se presentaría usted como candidata presidencial en unas elecciones legítimas en Honduras?
Yo sería candidata presidencial, únicamente, si así los sectores de la sociedad consideraran que debemos serlo. Sin embargo, debemos recordar que nosotros hemos venido construyendo un proceso de cambio y transformación que no nos han permitido culminar en el tiempo en que nuestro estado de derecho y nuestra constitución establece, ese es el gobierno, ese es el proyecto que ha venido conduciendo nuestro presidente Manuel Zelaya Rosales. Hemos dicho que para poder seguir el proceso de transformación debemos asumir la responsabilidad de un proceso constituyente, para poder transformar la plataforma jurídica e institucional de nuestro país. El presidente Zelaya con la vieja estructura, logró procesos de profunda transformación que hicieron temblar a la oligarquía, por la pérdida de sus viejos privilegios en base a la expoliación, a la explotación, al robo y al engaño, agotadas los márgenes de maniobras que el propio sistema entregaba, entonces supimos que era necesario transformar y reformar las estructuras y eso sólo se puede hacer con todos los sectores de la sociedad en una asamblea nacional constituyente para que el pueblo no sólo recupere su poder constituyente, sino la voluntad soberana pueda imponerse sobre todo, eso es más importante que un nuevo proceso de candidatura en ese marco, para poder construir y seguir caminando el camino trazado por presidente Zelaya. En este momento nos ocupan tres cosas: el retorno al orden constitucional con nuestro presidente (Zelaya), la reconstrucción total del país y finalmente proyecto constitucional de un proceso participativo. Ahora tenemos que seguir en la construcción de un Estado ciudadano, asumiremos la responsabilidad que corresponda y si es la candidatura el pueblo lo decidirá y nosotros ponernos como soldados de la patria, Zelaya será el líder del proceso de transformación y el pueblo la vanguardia que lo dirige.
teleSUR/yi-MFD

Eduardo Ruiz-Healy justifica golpes y llama PUTA a diputada del PT

En la red social Twitter el "periodista" de Radio Formula, Eduardo Ruiz-Healy, justificó la violencia contra una mujer diputada de izquierda por parte del diputado panista Luis Enrique Mercado que se narra en esta nota periodística: http://bit.ly/1jHI1m y no sólo la justificó sino que llamó PUTA a la diputada agredida. ¿Ese es periodismo de altura? Su comentario, a menos que cobardemente sea borrado, puede leerse directamente aquí: http://bit.ly/1K9Bod


http://www.youtube.com/watch?v=AcvO7w9teNE

AMLO hace un llamado a SLIM


http://www.youtube.com/watch?v=xiOX-SJIu_o

Escamotea Los Pinos por qué extingue LFC


Roberto Garduño

Periódico La Jornada

El gobierno del presidente Felipe Calderón informó a la Cámara de Diputados que la documentación referente a Luz y Fuerza del Centro solicitada para elaborar el análisis sobre la probable controversia constitucional contra el decreto de extinción de la empresa fue reservada por la Secretaría de Energía.
La Presidencia, mediante la Secretaría de Gobernación, informó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados su determinación de salvaguardar los documentos que días atrás solicitó el grupo plural de legisladores encargado de analizar y proponer la viabilidad de una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, ante el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Así, la mesa directiva informó a la Junta de Coordinación Política del órgano camaral la determinación del Ejecutivo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez, prosiguió con el trámite y envió un oficio a cada coordinador de los grupos parlamentarios, explicando esta decisión del Ejecutivo.
El argumento de Gobernación señala que la Secretaría de Energía se amparó en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el cual se niega la información.
Grupo plural de legisladores
Tras la acción que dio por extinta la paraestatal, la Cámara aprobó un punto de urgente y obvia resolución por el cual se constituyó el grupo plural de legisladores que, con asistencia de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, estudia la elaboración de la controversia o de la acción de inconstitucionalidad.
Los diputados federales dicen en el punto que da por conformado el grupo que los trabajadores no originaron el quebranto financiero de la empresa. Demandan al Ejecutivo deslindar responsabilidades y no satanizar al sindicato.
Las dudas jurídicas a que dio origen el decreto presidencial tienen que ver con las irregularidades de la acción policiaca porque, exponen los diputados, lo correcto debería haber sido primero el decreto y después los actos de la Policía Federal.
Dicen que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 aparecen presupuestados para LFC 35 mil millones de pesos, lo que significa que la Cámara de Diputados deberá ser parte de la decisión del destino de la compañía, ya que, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, el Legislativo es el que aprueba el presupuesto de la Federación. De tal suerte, que el gobierno no puede hacer uso de los recursos de manera discrecional.

Dialogo Nacional propone Huelga Asamblea Nacional de Resistencia SME

Un sinnúmero de organizaciones se suman para confirmar el respaldo total al sindicato mexicano de electricistas, todo esto lleva a dejar claro mediante el discurso del secretario general Martin Esparza Flores, la contundencia de la lucha, la necesidad de movilizarnos a nivel nacional porque este movimiento es por la defensa del país, de los derechos de los trabajadores, de los campesinos y de los estudiantes. O ellos o nosotros.

http://www.youtube.com/watch?v=Pk_dtmk3CsU

En San Lázaro, la debacle de Calderón



Dentro del paquete fiscal para 2010, en medio de una galopante crisis, el presidente Calderón quiso aplicar a toda costa su impuesto"contra la pobreza". Lo que consiguió dista de ser la herramienta recaudatoria de sus sueños y desató el malestar generalizado de trabajadores, empresarios y partidos. Pero debe prepararse para una decepción mayor: el paquete está en manos del PRI, cuyas facciones se lo disputan con clara intención electoral.

Si ya habían quedado con la piel muy sensible por no haber podido modificar en su esencia la propuesta económica del gobierno federal para 2010 –en materia de ingresos y sobre todo en lo que se refiere a los impuestos–, los priistas explotaron con las declaraciones del dirigente nacional del PAN, el diputado César Nava Vázquez. Al sucesor de Germán Martínez le ganó, como con frecuencia a éste, la impericia, la inmadurez y la falta de oficio político, según acusaron diversos analistas y legisladores de todos los partidos, aun del suyo: el mismo día que en la Cámara de Diputados se aprobaron la Ley de Ingresos y diversos cambios en materia tributaria, Nava responsabilizó a los diputados del PRI de que se aprobara un paquete fiscal "incompleto e insuficiente". Dijo: "Ante su negativa, su cerrazón y su rechazo a la propuesta del presidente de la República de crear una contribución antipobreza, se tuvo que recurrir a esta alternativa". Se refería al aumento del IVA a 16%, más endeudamiento y más dependencia de los recursos petroleros. Diputados, senadores y dirigentes priistas reaccionaron con virulencia. La emprendieron contra el presidente Felipe Calderón, contra el PAN, y Nava se ganó epítetos nada amables: "chamaco irresponsable", "oportunista", "llorón", "maricón", "puto", "perverso", "cobarde"… entre muchos otros. Más allá de los calificativos, Nava puso en un brete al gobierno federal, que luego de largas y tensas negociaciones con el PRI había logrado la aprobación de un paquete más o menos "aceptable" para librar las dificultades del próximo año en materia de finanzas públicas. La tarde del miércoles y toda la mañana del jueves hubo un verdadero revuelo entre diputados y senadores priistas. Expresaron abiertamente su enojo y acusaron al gobierno y al PAN de emplear un doble discurso con el ánimo de endilgarle al PRI el costo político de las alzas impositivas aprobadas.Pero los senadores fueron más allá: amagaron con modificar por completo lo aprobado por los diputados, para no dejar pasar el alza de los impuestos. El propio coordinador de los legisladores priistas, Manlio Fabio Beltrones, cabildeó con el PRD y el PVEM para que juntos echaran abajo el aumento al IVA, los cambios en el esquema de consolidación fiscal, el aumento de dos puntos a la tasa del Impuesto Sobre la Renta y el nuevo gravamen de 3% a las telecomunicaciones.Como alternativa, propuso a los senadores perredistas y a los verdes que impulsen juntos un mayor déficit fiscal (más deuda), incrementen el precio de referencia del petróleo y suban de un solo golpe el precio de las gasolinas en 20 centavos por litro. Ante la inminencia de que los senadores regresen a la Cámara de Diputados el paquete fiscal con sus modificaciones, el gobierno se vio obligado a aplicar un rápido control de daños. Los secretarios de Hacienda y de Gobernación, Agustín Carstens y Fernando Gómez Mont, tuvieron que emitir un posicionamiento oficial en el que, en pocas palabras, reconocen "el profundo espíritu de responsabilidad" y la actitud "patriótica" de los diputados del PRI, pues a pesar de que los acuerdos alcanzados puedan "generar irritación en algunos sectores", tuvieron la "valentía" de cumplir "con los deberes que exige este país".No quedó ahí. El sainete provocado por César Nava fue aprovechado por los senadores priistas, en particular por su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, para insistir en que se cancelaran las alzas de impuestos aprobadas por los diputados. "Si el señor presidente del PAN dice que el paquete aprobado es incompleto e insuficiente, estamos de acuerdo; lo vamos a cambiar", dijo Beltrones.
Pero también la febril actividad de Beltrones en buscar alianzas y apoyos para echar abajo lo acordado por los diputados, tiene encolerizada a la bancada priista de esa cámara. Primero, dicen, porque Beltrones pretende hacer creer que los senadores estuvieron al margen de los acuerdos de los diputados con el gobierno federal, cuando ellos y la dirigencia del partido estuvieron presentes en las negociaciones y avalaron los acuerdos finales. “Nos quiere hacer quedar como pendejos”, dijo un diputado priista, y lo recogieron diarios capitalinos.Y en segundo término, de acuerdo con versiones obtenidas por este semanario entre diputados del PRI, porque Beltrones es el que salió perdiendo con lo aprobado en la cámara, toda vez que desde antes de que iniciaran las discusiones formales del paquete económico, él se había comprometido con grandes empresarios –en congruencia con sus aspiraciones presidenciales– a que no habría nada en ese paquete que los dañara económicamente, o a que la afectación fuera mínima.Pero como fueron aprobadas las propuestas oficiales de incrementar en dos puntos la tasa del Impuesto Sobre la Renta (que pasaría de 28% a 30%), el nuevo impuesto a telecomunicaciones y los impuestos especiales a la cerveza, los cigarros y juegos y sorteos –así fueran en tasas menores a las propuestas por el gobierno–, los empresarios se encresparon y le reclamaron a Beltrones.Aunque el mayor enojo de los empresarios se debió a que sí pasó el cambio en el esquema de consolidación, uno de los regímenes preferenciales del ISR, que ahora obligará sobre todo a los grandes corporativos a pagar los impuestos que estaban acostumbrados a diferir hasta el infinito.De hecho, el jueves 22 el Consejo Coordinador Empresarial tuvo una reunión privada con todos sus agremiados, incluido el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que congrega a los empresarios con las mayores fortunas del país, para presentar próximamente un posicionamiento público respecto de las alzas impositivas.Y ahora, cuentan a Proceso, Beltrones quiere salvar la cara, quedar como héroe y, si no prosperan sus esfuerzos, por lo menos demostrar que lo intentó hasta el final.Pero la actividad y los cabildeos de Beltrones tienen verdaderamente preocupado al gobierno de Felipe Calderón. Hasta el viernes 23 prosperaba entre senadores del PRI, PRD, PVEM y los demás partidos, salvo el PAN, el acuerdo de echar abajo el aumento de un punto porcentual al IVA. Para el fin de semana discutirían los argumentos para eliminar el 3% en telecomunicaciones y la retroactividad en el esquema de consolidación, así como para revisar las tarifas del ISR con el fin de que el incremento en la tasa, de 28% a 30%, les pegue a los contribuyentes de más altos ingresos.Todo ello ha llevado a funcionarios de Hacienda y de Gobernación a una febril actividad de cabildeo con los gobernadores priistas y perredistas, para convencerlos de que los cambios que intentan hacer los senadores serían lesivos para las arcas estatales, toda vez que con lo que proponen aquéllos bajarían sustancialmente los recursos participables.

Sobre los cautivos otra vez
Una revisión de los principales cambios a la propuesta gubernamental que se aprobaron en la Cámara de Diputados puede ayudar a contextualizar el debate sobre los ingresos públicos para el próximo año, que tiene confrontados a los priistas, en el agobio y la desazón al gobierno federal, encolerizados a los empresarios y en el más completo encono a la sociedad.La propuesta central del gobierno fue la llamada “Contribución para el combate a la pobreza”, un impuesto de 2% generalizado a todo el consumo, incluidos alimentos y medicinas. El gobierno pensaba recaudar por esa vía 71 mil 775 millones de pesos, de los cuales 21 millones serían para los estados y el resto se etiquetaría para programas de combate a la pobreza extrema.Aunque al final el rechazo fue absoluto, no fueron pocos los gobernadores que al principio se entusiasmaron con la idea. Se interpretó de inmediato como un IVA disfrazado, que en la práctica llevaría la tasa de ese impuesto a 17%. Entre la población privó la incredulidad y la desconfianza hacia el gobierno, pues ese aumento implicaba un ataque directo a los bolsillos.Los empresarios apoyaron la idea. Entre los partidos distintos del PRI y el PAN ni se discutió: por definición, ante cualquier aumento de impuestos la respuesta fue no. El PAN tenía que defender la propuesta del gobierno. Y el PRI tuvo dificultades para decidir pero finalmente la rechazó, pues en su plataforma electoral –y así lo prometieron abiertamente sus candidatos en las campañas electorales de este año– expresamente rechaza los impuestos a alimentos y medicinas.La solución fue incrementar el IVA en un punto porcentual, para dejar la tasa general en 16%, y 11% en la frontera. La recaudación por esta vía será muy inferior a la que se esperaba con el 2% al consumo generalizado, pues se estima en poco más de 29 mil millones de pesos, contra los casi 72 mil millones que dejaría la “contribución contra la pobreza”.Sin embargo, la menor recaudación será compensada con otras fuentes. El gobierno propuso, en su marco macroeconómico para 2010, un precio del petróleo de 53.9 dólares por barril; los diputados le aumentaron 5.1 dólares al precio estimado y lo dejaron en 59 dólares, con lo que se obtendrán 63 mil 243 millones de pesos adicionales.Otra parte saldrá de un aumento del déficit público, que el gobierno propuso en 0.5% del PIB y los diputados subieron a 0.75%, con lo que el ingreso por endeudamiento pasará de los 60 mil millones de pesos previstos por el gobierno, a 90 mil millones.La propuesta oficial de subir temporalmente la tasa del ISR de 28% a 30% –que bajaría a 29% en 2013 y volvería al actual 28% en 2014– fue aceptada por los diputados, pero fue, junto con el IVA a 16%, la que más irritó a los contribuyentes, personas y empresas. Implica que, para los próximos tres años, los asalariados que ganen más de 6 mil 663 pesos brutos al mes verán incrementada su carga fiscal.En pesos, por la actualización de tarifas, quiere decir que si una persona gana 8 mil pesos brutos al mes, pagará casi 53 pesos más de impuesto; a quien tenga un salario de 10 mil, le retendrán casi 78 pesos más cada mes; para un salario de 20 mil, el ISR será de 219 pesos más; el que gane 31 mil, pagará 391 pesos más al mes; si gana 40 mil brutos, dejará para el fisco 563.48 pesos mensuales más de lo que venía pagando hasta este año. Y así, durante los años que le restan al actual gobierno.La queja generalizada fue que otra vez el fisco se recarga sobre los de siempre: los contribuyentes cautivos, asalariados y por honorarios, y las empresas. Los que siempre pagan.Los empresarios en general también manifestaron su rechazo al aumento en la tasa del ISR, porque –argumentaron– necesariamente eleva sus costos y complica sus planes de inversión. Obviamente amagan con reducir sus plantillas laborales. Aunque como dicho aumento en el ISR es temporal, no hicieron mayor ruido.Pero quienes sí armaron escándalo fueron los grandes empresarios, porque al aumento de la tasa en ISR deben sumar los cambios en el esquema de consolidación, que les permitía diferir el pago de este impuesto. Desde que presentó la iniciativa, la Secretaría de Hacienda reconoció que muchas empresas han abusado permanentemente con ese régimen tributario especial que es la consolidación fiscal, pues nunca pagan o pagan muy poco. En 2008 unos 400 grandes grupos empresariales pagaron en promedio 1.7% de sus ingresos por ISR, cuando la tasa general es de 28%.El gobierno propuso acotar a cinco años la consolidación y que a partir de 2010 pagaran el saldo de los impuestos diferidos bajo este esquema: el próximo año deberán pagar 60% del saldo de los impuestos diferidos desde 2004, y el restante 40% lo aportarán en cuatro parcialidades de 10%. Y así será en lo sucesivo: tendrán que liquidar los impuestos que no pagaron en los cinco años anteriores.Los diputados aceptaron el acotamiento en la consolidación, pero cambiaron los montos: en 2010 las empresas que consolidan pagarán 40% del saldo acumulado y las siguientes cuatro anualidades serán de 15%.La aceptación de los cambios en la consolidación fiscal por parte de los diputados es, sin duda, la que tiene más encolerizados a los grandes empresarios. En breve, anunciaron, darán una respuesta unificada de rechazo. Mientras tanto, cabildean al máximo con los senadores para echarla abajo.Quienes también expresaron un abierto descontento fueron los empresarios de las telecomunicaciones, pues finalmente se le impuso al sector un impuesto especial de 3% –el gobierno proponía que fuera de 4%– a los servicios de televisión por cable, internet y telefonía celular.En este caso, los diputados aceptaron el argumento oficial de que será la población de mayores recursos la que cargue con el mayor peso de ese gravamen, además de que es un grupo muy reducido de empresas las que prestan esos servicios, por lo que el nuevo impuesto no impactará mayor cosa en sus costos.Los diputados también aceptaron elevar las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aunque en montos menores que los propuestos por el gobierno, para las bebidas alcohólicas, la cerveza, los cigarros y los juegos con apuestas y sorteos. Pasó sin cambios, además, la propuesta de subir la tasa de 2% a 3% al Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y de bajar el límite exento, de 25 mil pesos, actual, a 15 mil pesos. El propósito es atacar más decididamente la informalidad, pues los contribuyentes que pagan correctamente sus impuestos podrán acreditar el IDE contra el ISR o bien solicitar la compensación o devolución del mismo.El miércoles 21, cuando se aprobaron la Ley de Ingresos y las modificaciones en materia de impuestos, todos los sectores empresariales manifestaron su rechazo. Y unánime fue también su crítica al gobierno federal y a los diputados. Los calificaron de “miopes”, “carentes de visión”, “incapaces que sólo pueden hacer parches y no soluciones de fondo”, “temerosos de asumir costos políticos”, entre otros. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, no escondió su enojo: “No se vayan a quejar el próximo año de que no hay inversión, empleos y oportunidades. Ni se vayan a sorprender por la cascada de amparos que habrá”.Y desde ese mismo día se volcaron hacia los senadores, priistas sobre todo, con la esperanza de que reviertan lo aprobado en la Cámara de Diputados.Esta semana será también de intenso debate y mucho jaloneo. No sólo entre diputados y senadores del PRI, sino también con un gobierno sin capacidad de decisión, con su suerte atrapada en lo que otros dispongan.

CFE: el cártel de la electricidad

Corrupción que ahoga


Para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal ha presentado a la Comisión Federal de Electricidad como paradigma de eficiencia y rentabilidad. Lo que nunca mencionó es la corrupción que ahoga a la paraestatal y encarece el servicio en todo el país, y que se disparó desde 2003, cuando Felipe Calderón era el secretario de Energía de Vicente Fox.

Al decretar el 11 de octubre la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el presidente Felipe Calderón comparó a esa empresa pública descentralizada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En su balance, ésta es más eficiente y rentable. Desde ese momento, la paraestatal dirigida por Alfredo Elías Ayub opera el servicio en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo. Sin embargo, un análisis en torno a las prácticas internas de CFE lo desmiente: ahí "se hacen negocios sin escrúpulos, inflando costos; compra de equipo obsoleto; pagando obras inexistentes; incurriendo en fraudes en perjuicio del patrimonio de las entidades; pagando dos y hasta cinco veces la misma obra", entre otras muchas irregularidades.La corrupción en la paraestatal que ahora controla el servicio eléctrico en todo el país fue exhibida en un estudio presentado el 30 de julio pasado por la asociación civil "Energía y Desarrollo" –que ahora se denomina Energía y Rendición de Cuentas A.C.–, dirigida por Cuauhtémoc Velasco Oliva, del partido Convergencia, entonces secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.El documento titulado La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas muestra "la dimensión del saqueo patrimonial de CFE" y denuncia la existencia de un "cártel de la electricidad" en la paraestatal, al que responsabiliza de extorsiones para otorgar licitaciones, la rescisión de contratos a pequeñas empresas, la adjudicación de obras a empresas inexistentes y la elaboración de documentos apócrifos para justificar gastos, bajo la protección –dice– del director Alfredo Elías Ayub.También incluye copias de licitaciones públicas realizadas entre 2008 y 2009, comunicados de prensa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y copias de los "fallos de obras públicas" que concluyeron este año en Compranet y que demuestran cómo desde 2003, cuando el ahora presidente Felipe Calderón Hinojosa era secretario de Energía, CFE benefició a las empresas Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa con millonarios contratos para la compra de gas y de energía eléctrica.

La mafia interna

El exdiputado Velasco Oliva asegura que tres de las empresas más beneficiadas por contratos de CFE –Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa– son las mismas que se dispu­tan la concesión para operar la red de mil 100 millones de kilómetros de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro, hasta que Calderón decretó su liquidación.El estudio transcribe una conversación grabada el 12 de junio pasado entre un asesor de Velasco Oliva con un ingeniero de CFE –en funciones desde hace 25 años–, quien afirma que la corrupción en la paraestatal se recrudeció con Calderón como secretario de Energía. Además, dice sospechar que todos los funcionarios de la paraestatal han creado o se han asociado con empresas, a las cuales adjudican obras, modifican contratos e inflan costos. Según la fuente anónima, éste sería el caso de Isolux, una empresa filial de Iberdrola.El documento está plagado de ejemplos de corrupción. Uno ellos es el del ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz, director de Operación de CFE, quien fue destituido del puesto e inhabilitado por 10 años por la extinta Secodam, según el oficio DGAC/GOD-A/135/98 de marzo de 1998, por “conductas irregulares cometidas en el desem­peño de sus funciones”. Dos años después, el 26 de mayo de 2000, el apoderado general para pleitos y cobranzas de CFE, Ismael Macías Barrón, presentó una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República en contra de Moreno Díaz (entonces Coordinador de Transmisión y Transformación de la Subdirección de Transmisión) porque presuntamente estuvo al tanto de un préstamo indebido de materiales por 16 millones 208 mil 927 pesos a la empresa Apycsa S.A. de C.V., en un contrato fechado el 22 de diciembre de 1995, y no lo denunció.El documento cita otro caso: en mayo de 2008, el ingeniero Rubén Loredo, subgerente de división de la CFE en Puebla, presuntamente solicitó y recibió 2 millones 625 mil 87 pesos de la empresa Dobsa Construcciones S.A. de C.V., por adjudicarle el contrato DV000-18/08 por 43 millones 751 mil 465 pesos más IVA para la construcción del Centro de Operación de respaldo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en ese estado.“Al conocer Rubén Loredo que la mejor propuesta económica era la presentada por Dobsa, se abocó a contactar al apoderado legal y plantearle que él era la persona enviada para ofrecerle la ayuda para que la entidad le adjudicara el contrato mencionado, y el costo de la adjudicación del contrato era 6% del monto total, ya que sin esta ayuda era imposible que le otorgara CFE el contrato, a pesar de cumplir con los requisitos técnicos y ser la propuesta más económica de la entidad.”El administrador de Dobsa, Leonel López Sánchez, narró su experiencia con Loredo en un oficio que envió a Elías Ayub el 19 de marzo de este año, en el que señala que el 5 de diciembre de 2008 Loredo le pidió que se deslindara de una carpeta informativa elaborada por Velasco Oliva relativa a contratos de gas, regasificación y líneas de transmisión que el entonces legislador entregó un día antes a Elías Ayub y al presidente Calderón.López se queja porque su proyecto fue rescindido y enfrentó una demanda en su contra interpuesta por la Afianzadora Sofimex, por incumplimiento de contrato.

Las ganonas

La construcción de la hidroeléctrica El Cajón llevó cuatro años y costó 800 millones de dólares. Ubicada en el municipio La Yesca, en Nayarit, tiene la capacidad de generar 750 megavatios de electricidad, que representan 2% de la energía eléctrica del país.El ingeniero que habló con el asesor de Velasco Oliva le pidió investigar esa obra, que Calderón inauguró el 1 de junio de 2007, apenas seis meses después de haber asumido la Presidencia:

–Por ejemplo, El Cajón, que le escarben a El Cajón ahí, en las observaciones –dice el ingeniero.

–¿Pero qué, desviaciones sobre qué?

–responde el asesor de Velasco Oliva.

–Sobre pagos exagerados, sin justificación, sin soporte, cuando va a ser inaugurada por el presidente, ahí está todo…Cuando Calderón inauguró la hidroe­léctrica, reconoció que estuvo pendiente de su desarrollo desde que estaba al frente de Banobras y participó en el esquema “novedoso” de financiamiento, porque “el gobierno mexicano no contaba con 800 millones de dólares que implica la construcción”.Resaltó que después, como secretario de Energía, vigiló la construcción de la cortina hasta la derivación del río Santiago, mediante túneles. Ese día felicitó al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, al que llamó el “autor intelectual y promotor de la presa”.Entre las irregularidades señaladas en el estudio La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas destaca la adjudicación directa para el suministro de gas natural licuado en Manzanillo, Colima, otorgada en 2006 a Repsol Comercializadora de Gas, S.A.Perú le vendió a Repsol el gas a precio nacional: 6 mil millones de dólares; luego, Repsol le vendió a CFE a precio de Texas, que es el costo más alto para el gas a nivel mundial. “La irregular transacción generó una sobreutilidad estimada en 15 mil millones de dólares”, indica el reporte, y sostiene que “es claro que se puede evitar esta triangulación y ahorrar 15 mil millones de dólares. Hasta el momento (julio pasado), Repsol no ha entregado un pie cúbico de gas”.El análisis considera que “Repsol se adjudicó una estratosférica y ofensiva utilidad por 15 mil millones de dólares por su actividad de ‘coyote’, causando un daño patrimonial a las dos naciones”.De acuerdo con el contrato 9100005181, del 6 de junio de 2006, Repsol fue la única empresa que ofertó sus servicios de suministro de gas y se le adjudicó de manera directa. El contrato estipulaba un servicio por 25 años, pero Repsol lo redujo a sólo 20, por lo cual Alfredo Granados Gallardo, subgerente de Adquisiciones de la CFE, modificó la licitación para adecuarla a los requerimientos de la trasnacional. El contrato fue por 183 mil 51 millones 215 mil 337 pesos. Se iniciaría el 28 de octubre de 2006, indica la licitación pública internacional 18164067-009-06.Con esta triangulación en la compra de gas a las transnacionales se encarece el precio del energético y por ende las tarifas en el suministro eléctrico, impactando directamente en el uso doméstico de gas y electricidad, señala el estudio.

La favorita

El documento resalta que la empresa Iberdrola es la más beneficiada por la CFE desde 2003, cuando Calderón era secretario de Energía. Cita que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el incumplimiento, daño patrimonial, incrementos en plazos de ejecución y montos injustificados, entre otras irregularidades, en los contratos y permisos otorgados a la empresa.Según la ASF, Iberdrola cobró la obra por adelantado, para lo cual la CFE debió contratar un crédito de largo plazo, “incrementando los pasivos de la empresa, violando la Ley General de la Deuda Pública”.Indica otro caso: la Central de Ciclo Combinado Altamira, obra por 5 mil 601 millones de pesos que comenzó a operar 80 días después del plazo fijado en el contrato con Iberdrola.El 21 de enero de 2004 Iberdrola recibió uno de los 15 permisos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a empresas privadas para distribuir, transportar y almacenar gas natural, el G/153/TUP/2004. Pero la ASF descubrió incumplimientos al Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, pues la concesión no estaba planeada, programada, organizada ni controlada.En la revisión de la Cuenta Pública de 2006, la ASF fiscalizó el proyecto de Líneas de Transmisión 807 Durango y detectó la colusión de funcionarios de la CFE para modificar las especificaciones planteadas en la obra original para pagarle a Iberdrola precios adicionales a lo estipulado en el contrato PIF-022/2004.Iberdrola ejecutó el proyecto entre julio de ese año y enero de 2005. No tenía dictámenes, permiso, licencia, derecho de bancos de materiales ni derechos de vía, según la ASF. En octubre de ese año, Iberdrola pidió una prórroga porque el helicóptero que transportaba materiales tuvo un accidente, pero la Auditoría determinó que fue un permiso ilegal porque los materiales debían ser transportados a cuenta y riesgo de la contratista. Aún más, la CFE debió aplicar una pena de 12 millones de pesos a la empresa española.Otra beneficiaria de la CFE es la alemana Siemens S.A. de C.V., que fue investigada a nivel internacional por la Comisión de Valores de Estados Unidos el año pasado y descubrió que pagó sobornos de mil 300 millones de dólares para conseguir, acelerar y resolver disputas de contratos entre 2001 y 2007 en China, Rusia, Argentina, Israel, Venezuela y México. Siemens fue multada con mil 400 millones de dólares. El 29 de noviembre de 2005, la desa­parecida Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Siemens por infringir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, por tres años y nueve meses, y le impuso una sanción económica de 948 mil 375 pesos por no cumplir con los requisitos de un contrato con el Hospital Juárez de México, en 2002.Sin embargo, entre recursos jurídicos interpuestos por ésta y otras inhabilitaciones, Siemens obtuvo de la CFE los contratos 700161600, de agosto de 2006, para el proyecto llave en mano con PLC mod. LC 700 (sistema integral para golpeadores y precipitador); PIF-011/2007 para la construcción e instalación de siete bancos capacitadotes en líneas con voltajes de 13.8 y 23 kilovatios en Zacatecas y Aguascalientes; PIF-004/2008, del 6 de febrero de 2008, para la construcción e instalación de dos líneas de transmisión, y PIF-022/2008 para la construcción e instalación de ocho líneas de media tensión en Guerrero, Morelos y Estado de México.En diciembre de 2008, Siemens firmó con la CFE el contrato 900001394 por 31 millones 308 mil 129 pesos para mantenimiento y reparación de máquinas y herramientas. El 20 de marzo pasado firmó el contrato PIF-003/2009 “para la ejecución de todas las obras necesarias para la construcción e instalación de líneas de voltaje en los estados”, señala el contrato en poder de Proceso. El monto es por 30 millones 207 mil 740 pesos. l

El narco: la guerra fallida de Calderón



"Fracaso", es el término con que dos excolaboradores de Vicente Fox, Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar –al igual que muchos analistas y actores políticos–, califican la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga. En un libro que acaban de publicar en coautoría, El narco: la guerra fallida, el excanciller y el exvocero presidencial pretenden destruir las tesis del mandatario con las que justifica una estrategia que ha costado miles de muertos y, por lo demás, no se ha traducido en una disminución del narcotráfico. Mediante este recurso, refieren los autores a Proceso, Calderón buscó legitimarse tras su dudoso triunfo en 2006.
El presidente Felipe Calderón emprendió su sangrienta y costosa guerra contra el narcotráfico sólo con el fin de “legitimarse” en el poder, tras ver que resultó muy cuestionado su triunfo en las elecciones de 2006. Calculó que –para consolidarse en la Presidencia– bastaría con aplastar a los cárteles mexicanos de la droga mediante un combate “fácil”, “rápido” y de “bajo costo”.Pero calculó mal… Con tres años de gobierno, y después de miles de muertos, Calderón no ha podido acabar con esas mafias ni tampoco con el consumo, venta y distribución de droga, puesto que el mercado en México “continúa estable”.Hasta Vicente Fox, antecesor de Calderón en la Presidencia, acaba de pedirle públicamente que, ante su rotundo fracaso, mejor le ponga un alto a la masacre y regrese a los soldados a sus cuarteles, ya que el Ejército sólo “ha multiplicado” el problema.Y para rematar, dos funcionarios de la administración foxista, el exvocero presidencial Rubén Aguilar y el excanciller Jorge G. Castañeda, acaban de publicar el libro El narco: la guerra fallida, que comenzó a circular en estos días y en el que rebaten, una a una, las tesis de Calderón con las que justifica su combate al narcotráfico.Comenta Castañeda a Proceso:“Después de salir muy cuestionado de las elecciones de 2006, Calderón emprendió su guerra para legitimarse. Alguien le vendió esa idea, que suponemos salió de su círculo de asesores en la materia, conformado entonces por Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y el general (Guillermo) Galván.”
–¿Y por qué justamente contra el narcotráfico?–Le dijeron que sería una buena forma de legitimarse sin tener que golpear a los poderes fácticos lícitos, y que también sería una guerra fácil, rápida y de bajo costo. Partieron de la falsa idea de que los narcos son unos idiotas. Y no es así. Si fueran idiotas no serían ni ricos ni poderosos. Resultó, pues, una guerra dificilísima a la que no se le ve salida.
Lo secunda Rubén Aguilar:“No sabemos si los malos cálculos de Calderón fueron por ingenuidad o por soberbia. Lo cierto es que no tomó en cuenta tres factores básicos para emprender esa aventura: contar con una fuerza apabullante para aniquilar al enemigo, definir claramente en qué consistiría la victoria y, por último, tener claridad en cómo iba a salir de su guerra.”Ambos indican que los golpes para legitimarse son una constante de los últimos inquilinos de Los Pinos: Miguel de la Madrid arrestó a Jorge Díaz Serrano para afianzar su poder; Salinas de Gortari al líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia; Zedillo a Raúl Salinas, y Vicente Fox quiso consolidarse al intentar negociar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.“Sólo que, respecto a sus antecesores, hay una diferencia tremenda entre los costos sociales que ahora asumió Calderón. Sus intentos por legitimarse resultaron muy costosos y muy drásticos”, dice Aguilar.
Agrega Castañeda:“La de Calderón es además una guerra optativa. Nadie se la impuso. El gobierno estadunidense no intervino ni lo presionó para realizarla.”
–¿No la justificaba ni la violencia social?
–Aquí debemos aclarar que, antes de que Calderón comenzara su guerra, a finales de 2006, el grueso de la población no padecía la violencia provocada por el narcotráfico. Padecía, eso sí, los robos o los asaltos de la delincuencia común. No debemos confundir, pues, este tipo de inseguridad con la provocada por el narco. Ésta última se disparó sólo a raíz de la guerra de Calderón, que aumentó a lo bruto el número de ejecuciones.
–¿Entonces no valía la pena combatir al narco, emprender toda esta guerra?Rubén Aguilar contesta:
–¡No! No hay que confundir. Desde luego que hay que enfrentar el problema del narcotráfico; el Estado tiene la obligación de hacerlo. La cuestión reside en que Calderón implementó la estrategia errónea. Está demostrado que su vía punitiva y de confrontación no da resultados. El narcotráfico es un problema social, como lo es el alcohol, el tabaco o la prostitución. Siempre habrá consumidores y vendedores de drogas. Entonces enfrentemos el hecho no desde una perspectiva de seguridad, sino de salud pública, como lo está haciendo el gobierno estadunidense.
En su libro El narco: la guerra fallida, Aguilar y Castañeda pretenden desbaratar –basados en cifras y estadísticas– las justificaciones con las que el gobierno calderonista, a finales de 2006 y principios de 2007, sustentó su guerra: la violencia del narcotráfico, el alto consumo de drogas en México, la demanda estadunidense, el tráfico de armas proveniente de ese país o la penetración del narcotráfico en las esferas políticas mexicanas. De entrada, el libro señala que “la ‘guerra’ que la presente administración decidió dar contra el narcotráfico no se puede justificar por un mayor consumo (el cual es inexistente) ni por la presión del narcomenudeo”.Entre otras, da la siguiente estadística:“Dentro del ámbito internacional, México se ubica en el rango de los países de bajo consumo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima una prevalencia mundial promedio de 4.2% para cualquier droga ilícita entre la población mayor de 15 años; en México el promedio es de 1.3%.”Y respecto a la demanda en Estados Unidos, cubierta en gran medida por los cárteles mexicanos, señala categóricamente que “los estadunidenses seguirán consumiendo drogas y nunca darán la ‘guerra’ contra ellas”, como lo hace Calderón, cuya “estrategia punitiva está destinada al fracaso”.
Abunda:
“La estrategia de Estados Unidos y México para enfrentar el desafío de la venta y consumo de drogas es distinta. El gobierno norteamericano asume, cada vez más, que se trata de un problema social cuya solución depende, en buena medida, de las instituciones de salud pública. El gobierno mexicano lo enfoca como un problema de seguridad; hacerle frente corresponde a sus fuerzas militares y policiacas. La estrategia de Zedillo, Fox y Calderón ha sido la misma; lo que ha variado es la intensidad en su ejecución.”De ahí que –dice el libro, editado por Punto de Lectura– en aquel país 15 estados han “legalizado” el uso médico de algunas drogas: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawai, Maine, Maryland, Míchigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington. Señala que hasta el actual zar antidrogas estadunidense, Gil Kerlikowske, llamó a descontinuar el uso del anacrónico término “guerra contra las drogas”, acuñado durante la administración Nixon y que hoy retoma Calderón.
Añade el libro:
“Estados Unidos quiere que México libre la guerra y ponga los muertos, para no tener que hacerlo ellos.
Pero la pregunta es:
¿quién tiene la razón: los hipócritas o los ilusos?”Sobre la venta de armamento estadunidense a los cárteles mexicanos, el libro señala que el argumento de Calderón es el siguiente: “La violencia y la fuerza del narco disminuirían si Washington redujera la venta legal y la exportación ilegal de armas”.Sin embargo, indica que el gobierno de ese país, por “convicciones filosóficas o constitucionales”, nunca ha estado dispuesto a evitar la proliferación de armas. También cuenta “la actitud beligerante de organizaciones ciudadanas que se oponen a cualquier control de ventas”. Es parte de una cultura que se refleja en los llamados Gun Shows. Y agrega que “el ingreso ilegal de armas de Estados Unidos a México es histórico, se remonta al siglo XIX”.Y aun en el muy remoto caso de suprimir ese flujo, el narcotráfico puede recurrir, por ejemplo, “al contrabando de armas en Brasil, Paraguay, Argentina o Venezuela, y añadir a los cargamentos de coca una buena dotación de armas”. Tan sólo al mercado ilegal del mundo, según la ONU, ingresan anualmente unas 650 mil armas de todo tipo.“No existe una asociación directa entre la indiscutible permisividad norteamericana, la frontera mexicana con Estados Unidos, y la violencia y poder del narcotráfico en México”, asevera el libro.Otro argumento del gobierno para emprender su embestida contra el crimen organizado es “la pérdida de control, poder y vigencia del Estado en determinadas partes del territorio nacional, justo las características incipientes de un Estado fallido”.En este punto, el “dilema” consiste en “determinar con precisión” si este fenómeno, que no es nuevo, se ha agudizado en los últimos años, “y si el hipotético incremento compensa el inmenso costo de la guerra”.Ya en 1985, añade el libro, el entonces embajador de Estados Unidos, John Gavin, le mencionaba al presidente Miguel de la Madrid, pero sin ofrecer pruebas, que varios gobernadores y miembros de su gabinete estaban involucrados en el narcotráfico. Hasta el momento, el único gobernador encarcelado por vínculos con el narco es Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo. Y ya siendo exgobernador de Jalisco, Flavio Romero de Velasco.“Si nos referimos al gabinete presidencial, resulta tan difícil demostrar o probar que algunos de sus integrantes hayan sido cómplices, activos o pasivos, del crimen organizado como imaginar que ninguno lo haya sido”, dice el libro.Reconoce que “en el ámbito local” el narcotráfico ha llegado a imponerse en algunas zonas, como en los ochenta sucedió con la zona de Ojinaga, controlada por Pablo Acosta. O últimamente con el municipio de San Pedro Garza García, según reveló su propio alcalde, Mauricio Fernández Garza. “Esos arreglos y entendimientos siempre han existido y sin la menor duda siguen existiendo”. Lo importante, prosigue el libro, es que “no se eternicen, que abarquen ámbitos específicos y acotados, y que sean el resultado de un entendimiento tácito, nunca formalizado o verbalizado”. Este enfoque, aceptan los autores, les acarreará severas críticas.Así, “resulta insostenible la tesis según la cual la captura de zonas de territorio nacional –la corrupción de las autoridades civiles, municipales, estatales y federales– es nueva o mayor que antes. Tampoco resiste la prueba el argumento según el cual ahora los capos son más violentos que antes”. El exvocero presidencial y el excanciller también aseguran en su libro que, con su guerra, Calderón sólo atizó la violencia al meter al Ejército en el combate.
Y por lo demás, afirman, el trasiego de drogas sigue igual:“No existe ninguna razón para pensar que la producción mexicana de heroína y mariguana y el tránsito de cocaína por nuestro país hacia Estados Unidos hayan disminuido en estos tres años… el mercado lógicamente sigue estable.”Presentan luego un panorama del mercado estadunidense de la mariguana, la cocaína, la heroína y las metanfetaminas, cuyo consumo y venta –aseguran– se mantiene en términos generales sin variaciones.
Por último, los autores proponen cinco alternativas para enfrentar el problema del narcotráfico:La primera es “atacar los daños colaterales” que padece la sociedad –decapitados, balaceras, secuestros, atentados…–; ir despenalizando el consumo e implementar el enfoque de que se trata de un problema de “salud pública”; cabildear en Estados Unidos a favor de esta despenalización; construir una “policía nacional única” que reemplace a las policías municipales y estatales; y, por último, “sellar el istmo de Tehuantepec” para bloquear el trasiego proveniente del sur.El 15 de agosto pasado –durante el Simposio Internacional del Trigo, realizado en Mazatlán–, Vicente Fox pidió al actual gobierno “regresar al Ejército cuanto antes a los cuarteles”. Y todavía el pasado 18 –en el marco de la reunión de la Red Europea de Ideas, celebrada en la ciudad de Viena, Austria–, el expresidente volvió a insistir:“Usar al Ejército, usar la fuerza contra la fuerza, no ha resuelto el problema. Al contrario, lo ha multiplicado.”
Agregó:
“Hay que pensar en todas las alternativas. El presidente Calderón eligió una, que es la que se está siguiendo; la presencia del Ejército. Pero ya son tres años, y creo que es indispensable venir con nuevas ideas y nuevas estrategias.”Señaló que “debe abrirse el debate sobre el consumo de drogas” y su posible regulación, como sucedió en Estados Unidos cuando se derogó la Ley Seca, erradicándose así la corrupción y el crimen que acompañaban a la venta ilegal del alcohol.Aguilar y Castañeda aseguran que las declaraciones de Fox nada tienen que ver con la aparición de su libro, el cual comparte las mismas posturas.
Puntualizan:
no se trata de ninguna acción orquestada para oponerse a la lucha antinarco del actual gobierno ni tampoco para “exculpar” o “lavarle la cara” a Fox.“En nuestro libro no hay ninguna intención de exculpar a ningún expresidente”, dicen.–Sin embargo, causa suspicacias que los autores del libro sean precisamente quienes fueron el canciller y el vocero de Fox.
–¡Ah!, pero se le olvida que, antes de ser funcionarios, nosotros fuimos académicos, y ahora lo seguimos siendo. Tenemos una historia propia. El haber entrado a la política fue un accidente
–dice Rubén Aguilar.
Entrevistados en el amplio departamento de Castañeda, aledaño al Bosque de Chapultepec, los autores indican que Fox no es el único expresidente opuesto públicamente a la guerra de Calderón, pues Zedillo también lo ha hecho.“Fox sólo está repitiendo lo que oye en las conferencias internacionales a las que asiste. Seguramente en Viena –donde por cierto está la sede de las Naciones Unidas en control de drogas– escuchó esa idea y él la repitió. Pero nosotros ni siquiera hemos conversado con él sobre el tema”, dice Castañeda.
–¿Supo que estaban escribiendo el libro?
–No, ni siquiera se lo dijimos. Nuestra relación es de otro carácter. Yo tengo como siete meses que no lo veo. No conoce nada sobre el libro. Apenas se lo mandamos ayer a su rancho.Amigos desde hace 30 años, Rubén y Jorge empezaron a planear el libro desde principios de 2007, tan pronto Calderón se enfrascó en su combate y ellos vieron que no tenía ningún futuro. “El único objetivo de nuestro libro es informar y explicar. Y nos centramos en desmantelar las tesis del gobierno que justifican su guerra contra el narco. ¡Eso es todo!”, concluye Rubén Aguilar.

Los sobornos de Pride alcanzan a Pemex


MÉXICO, D.F., 23 de octubre (apro).- Mientras en Estados Unidos avanza la investigación sobre el pago de sobornos de la empresa perforadora de pozos petroleros Pride --que opera en México--, a funcionarios de Aduanas y, presumiblemente, de Petróleos Mexicanos (Pemex), ese caso languidece en México, como otros similares.
Entre inicios de 2002 y principios de 2006, Pride, con sede en la ciudad texana de Houston, pagó a uno o más funcionarios mexicanos no identificados miles de dólares para permitir el paso de equipo y de una plataforma de perforación, así como para que se incluyeran éstas en un contrato de perforación y entretenimiento para esos servidores públicos.
El presunto conocimiento y aceptación de esos desembolsos anómalos por parte de la alta dirección de la transnacional ha generado descontento entre sus accionistas, al grado de provocar demandas penales en su contra. Pride cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Kyle Arnold, accionista de la compañía, presentó el 14 de octubre una querella ante una corte distrital de Texas en contra de exejecutivos, consejeros y altos funcionarios de la corporación bajo el cargo de violación al deber fiduciario de buena fe, según la causa 2009-66082, a la que apro tuvo acceso.
El 17 de marzo de 2006, Pride informó que no podría presentar su informe 10-K --un reporte anual que se entrega a la Comisión Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) sobre el estado de una empresa-- del año fiscal 2005, y reconoció que el Departamento de Auditoría Interna había recibido señalamientos de pagos inapropiados a funcionarios extranjeros desde años atrás, lo que constituían violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de 1977. Por ello, anunció que iniciaba una investigación.
"Algunos directores actuales y pasados funcionarios de la compañía sabían de esas violaciones, y que éstas podrían, y eventualmente lo hicieron, ocasionar un daño serio a Pride y sus accionistas; aun así, fallaron en hacer un esfuerzo consciente para corregir o prevenir la anomalía", se indica en la demanda, de 34 páginas de extensión.
El 31 de mayo de 2006, la transnacional reveló la renuncia de John R. Blocker, Jr., vicepresidente ejecutivo y director operativo desde enero de 2005, a causa del escándalo.
El 30 de junio la compañía presentó sus reportes 10-K y 10-Q –de naturaleza similar al 10-K, pero trimestral--, en los cuales reconoció el pago de hasta un millón de dólares a funcionarios de México y Venezuela entre 2002 y 2006.
En su comunicación a la SEC, el 1 de marzo de 2007, la empresa abundó en los sucesos relacionados con México y que había descubierto más desembolsos anómalos en Arabia Saudita y Kazajstán. En el primer caso, la corporación pagó por "el entretenimiento inapropiado" de funcionarios mexicanos. Asimismo, reveló que el gerente de la filial mexicana de Pride fue despedido el 2 de diciembre de 2006.
La pesquisa interna de Pride descubrió que ésta compró a funcionarios públicos en Venezuela, México, Arabia Saudita, Kazajstán, Brasil, Nigeria, Libia, Angola, República Democrática del Congo, Malasia e India.
En consecuencia, el Departamento Justicia de Estados Unidos y la SEC iniciaron una investigación que aún se desarrolla, y de la cual cabe la posibilidad de que la transnacional llegue a un acuerdo y pague una multa que podría superar los 25 millones de dólares.
"Nuestros clientes en Venezuela y México podrían buscar la imposición de multas o tomar otras medidas contrarias a nuestros intereses", dijo Pride en el comunicado de marzo de 2007.
"Estamos cooperando con las autoridades correspondientes en asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que permanecen bajo investigación(…) Hemos tomado, y seguiremos haciéndolo, medidas disciplinarias donde sea apropiado, para enfatizar nuestro compromiso de manejar nuestras operaciones ética y legalmente, y para transmitir a nuestros empleados nuestra expectativa de que ellos alcancen los más altos niveles de honestidad, integridad, estándares éticos y respeto a la ley", declaró a apro Kate Pérez, directora de Relaciones con Inversionistas y Comunicación Corporativa de Pride.
Pride Internacional de México LLC, cuya oficina se encuentra en Ciudad del Carmen, Campeche, y Mexico Drilling Limited –ambas subsidiarias de la matriz estadunidense--, han recibido contratos de Pemex Exploración y Producción por más de 11 mil millones de pesos por el arrendamiento de sus plataformas desde 2004.
Pemex no respondió a la consulta del reportero.
Callada tolerancia
Arnold entabló la demanda en contra de Paul A. Bragg, David A. B. Brown, Archie W. Dunham, Ralph D. McBride, Louis A. Raspino, Blocker, Jr., y Gregory Looser.
Bragg fue presidente y director ejecutivo entre 1999 y 2005, y director operativo de 1997 a 1999; Brown ha sido presidente del consejo desde mayo de 2005 y consejero desde septiembre de 2001; Dunham, consejero desde mayo de 2005 e integrante de los comités de Auditoría desde 2006 y del de Compensación, desde este año.
Además, Kalman ha sido consejero desde octubre de 2005 y miembro del Comité de Auditoría desde 2006; McBride, consejero desde septiembre de 1995; Raspino, consejero desde junio de 2005 y es director financiero de la empresa; en tanto que Looser ha sido vicepresidente señor desde junio de 2008. Previamente, de 2005 a junio de 2008, ocupó ese cargo y el de consejero general y secretario.
De acuerdo con la querella, a todos los jefes, directores y empleados se les requería el apego al Código de Conducta Empresarial y Prácticas Éticas, aprobado por el Consejo de Administración el 19 de febrero de 2004. Éste estipula que "a todos los empleados se les requiere cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos.
En esencia, "ningún empleado debe hacer o prometer hacer, directa o indirectamente, ningún pago de dinero u objeto de valor a ningún funcionario de un gobierno, partido político o candidato a un cargo político, con el propósito de influir o inducir a esa persona a actuar de alguna manera para ayudar a la compañía a obtener o mantener un negocio para o con la empresa".
Según el documento legal, el Consejo sabía de las "violaciones sistemáticas y numerosas" a la ley, al menos desde febrero de 2006.
"Los acusados sabían de las violaciones mucho antes que la empresa hiciera pública su investigación. Empero, no actuaron hasta que un empleado anónimo se quejó de las irregularidades", cita el texto suscrito por los abogados Eric Zagar, Michael J. Hynes y Jesse Fuchs-Simon, de la firma, Barroway Topas Kessler Meltzer y Check, LLP, y representantes legales del acusador.
En una nueva comunicación del pasado 30 de julio, Pride dio a conocer que sostenía negociaciones con el DOJ y la SEC en relación con las violaciones incurridas, un proceso que concluiría a finales de este año.
Arnold presentó el pasado 15 de junio una solicitud de acciones contra los acusados ante el Consejo de Administración, para la cual no ha habido una respuesta oficial.
En diciembre de 2008, otro escándalo de corrupción golpeó a Pemex, luego de que la SEC reveló que la empresa alemana Siemens entregó a finales de 2004 al menos 2.6 millones de dólares a un consultor de negocios con conexiones políticas.
A su vez, este asesor usó una parte de esa cantidad para sobornar a un alto funcionario de la paraestatal para resolver una disputa entre la transnacional teutona y la petrolera nacional por la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León. Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora por Petróleos Mexicanos no han redundado en acusaciones o detenciones.

Paredes contra las mujeres


Mucho le debe Beatriz Paredes a su género. Una visibilidad especial. Una consideración bien intencionada. Para juzgar a Beatriz Paredes, los hombres y las mujeres demócratas primero se han acordado de que ella es mujer y mucho después de que es una priista. Tan bien lo ha comprendido Beatriz Paredes, que en su campaña para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, hace tres años, omitió en su propaganda el logo del PRI y en cambio puso un muy femenino corazón para señas de identidad.

“Admiramos tanto a Beatriz”, escribió Guadalupe Loaeza en el periódico Reforma. “Nos da tanto orgullo que sea mujer”. O como lo dijo hace 15 años Carlos Monsiváis en un foro de la revista Debate Feminista: “No puede desestimarse el poder simbólico de Beatriz Paredes”. Por ser mujer, a Paredes se le perdonó, hace 20 años, su “poético” primer informe como gobernadora de Tlaxcala, donde habló largamente del mar, a pesar de que Tlaxcala no tiene mar. Por ser mujer, más recientemente, y ya siendo ella presidenta de su partido político, a Paredes se le ha perdonado su también “poética” representación del PRI como un partido socialdemócrata. Y por ser mujer, han pasado meses hasta hacerse notorio lo mal que ha pagado la licenciada Paredes a su género: con una traición. Estos son los hechos. En el año 2007 se despenalizó en el Distrito Federal el aborto en todas sus causales, asegurando así a las mujeres el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos y sus propios destinos. A partir de entonces el PAN, siempre fiel a la agenda política del Vaticano, emprendió la batalla para blindar la penalización del aborto en el resto de la República. Nada asombroso en ello, pero sí que en esta guerra de los viejos patriarcas de la Iglesia católica por el control de los cuerpos de las mujeres, el PAN ha contado, en votación estatal tras votación estatal, con la alianza del PRI, y sólo gracias a ello en efecto el aborto ya se ha penalizado en 16 estados. Es decir, hoy, en 16 entidades, una mujer que decide suspender su embarazo es perseguida y encarcelada, como si su cuerpo fuese propiedad del Estado, y atribuyéndole al producto de su vientre más derechos que a su persona. Interpelada al respecto, Beatriz Paredes se ha lavado, como Pilatos, las manos. El pasado domingo 11 declaró tranquilamente que sobre el aborto se está “dando un debate interno dentro del partido” y ella por lo pronto ha llegado a “esta estrategia”: “que cada uno de mis diputados vote como crea”. Bueno, es de nuevo poesía, pero no alta poesía. Es de esa pobre y anticuada poesía entendida como una simulación de la realidad. Para empezar, sus afirmaciones no explican por qué para ella, como declarada feminista y socialdemócrata, la libertad de las mujeres, amén de la defensa del Estado laico, no es un tema de igual trascendencia que el impuesto del 2% a medicinas y alimentos, donde sí ha declarado que “sus” diputados seguirán la línea del partido al votar en contra.Para seguir, y acá las cosas se agravan, basta revisar los resultados de las votaciones para descubrir que la presidenta del PRI cubre con un manto de palabras democráticas una verdad distinta. Dicho en prosa: que la licenciada Paredes miente. Estos son los números de 11 de las votaciones estatales, números reunidos por la doctora Lucía Melgar, coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. (De las otras cinco votaciones, por desgracia, no se cuenta con la información actualizada.)En Guanajuato, cuatro priistas se abstuvieron, y todos los otros votaron por penalizar el aborto. San Luis Potosí: todos los priistas por la penalización, excepto dos en contra. Jalisco: dos abstenciones y todos los otros priistas por la penalización. Y en Baja California, Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Morelos, Sonora y Quintana Roo, TODOS los priistas por penalizar el aborto.¿Cuál debate interno? ¿Nota el lector trazas de una polémica interna? Al contrario. Salvo dos diputados indisciplinados y seis abstencionistas, los priistas de casi una docena de Congresos han votado en unanimidad, como una aplanadora. Una unanimidad que ocurre sólo cuando hay una línea de partido, una línea que nada más puede ser dictada desde la presidencia nacional del partido, cargo que ostenta la licenciada Paredes.Se murmura de negociaciones secretas de Paredes y el arzobispo de México. Se murmura de premios a los diputados priistas en dinero y en especie. Se especula de transacciones inconfesables del PAN con el PRI, distintas en cada estado. En fin, más allá de dilatarse en las minucias, hay que afirmar lo que a plena luz es evidente: Beatriz Paredes vendió la libertad de las mujeres sobre sus cuerpos a la Derecha. Sin duda, Beatriz Paredes seguirá haciendo en sus declaraciones poesía, pero estos son los hechos, en prosa. Ni el PRI es socialdemócrata ni Beatriz Paredes es una política progresista ni está en pro de la libertad de “sus” diputados ni mucho menos está por la libertad de las mujeres.Ah, y otra cosa. En Tlaxcala sigue sin haber un mar a la vista.

Los verdaderos privilegios



MÉXICO D.F., 22 de octubre (apro).- Cuando planteamos que en el siglo XXI realmente existe la discriminación entre hombres y mujeres, estamos hablando de que en más de cinco mil años de historia la humanidad no ha conseguido reconocer que vivimos en comunidades dominadas por quienes ejercen autoritarismo y nos enajenamos a sus intereses económicos, políticos, sociales y culturales.Todavía hay mucha gente que cree que así es. Que luchar por derechos y contra la impunidad es una equivocación. Esa gente permite, sin inmutarse, que a una mujer se le den golpes hasta poner en peligro su vida.El autoritarismo, la competencia, la envidia los domina. Desde la formación más elemental de la pareja o los grupos familiares, pasando por míseras sociedades, grupos, empresas o comunidades hasta la cúpula del poder real.Es contra la inteligencia reconocer semejante situación que produce este sistema donde una campaña mediática, llena de verdades a medias o de mentiras simples, funciona, al menos un tiempo precioso para que se ejecute la voluntad de nuestros verdugos.Lo de la empresa Luz y Fuerza del Centro es una expresión nítida de ello. Lo que corroe todo intento real de vivir en equidad y desarrollo, estas nuevas palabras vacías en la voz de quienes las aplican tranquilamente, esperando sometimiento, acciones como las que hoy vivimos.Hay grupos y personas que se resisten. Los electricistas van a resistir un buen tiempo. Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación lo sabemos se han formado comités en los barrios, grupos que se dan ánimo, personas capaces de llenar con su protesta el centro de la ciudad, clamando justicia, esperando ser oídos como sucedió con la fastuosa y emocionante marcha del 15 de octubre.A la escandalosa revelación de los intereses desaforados por controlar el tendido de fibra óptica, se suma hoy el anuncio de nuevos privilegios fiscales, esos sí, al duopolio televisivo para dejar de pagar impuestos durante 5 años, porque los pobrecitos, van a invertir un poco de sus fortunas a ponernos al día en la telefonía celular y lo que sigue.Son los negocios sin patria ni nombre ni principios. Eso los vamos comprendido a medida que pasa el tiempo. Mientras los dueños de todo manipulan la conciencia de millones de mexicanos aprovechado sus tentáculos, los medios, que lanzan falsos y permanentes mensajes.No me asusta el discurso de quienes usan el micrófono o la pantalla televisiva para asegurar que los electricistas, obreros, ingenieros, dibujantes, empleados, secretarias, mujeres de intendencia y todas las personas que ahí laboraban son unos privilegiados. No me asusta que mucha gente repita la propaganda del verdugo, que manipula al interior de su conciencia, esa formada para odiar al otro o a la otra, lo que toca la fibra profunda de "nuestra idiosincrasia" competitiva y horrenda.He escuchado y leído con cuidado los "análisis" de la intelectualidad traspasada por el pensamiento dominante; a políticos de los partidos, a empleadillos de publicaciones que ruegan por una plana de publicidad, a segundones de toda clase. Me asusta que seamos tan pocas las personas con capacidad de verdadera indignación, tan pocas nuestras fuerzas y nuestras capacidades para remontar esa enajenación brutal que fue tan bien descrita por pensadores de todos los tiempos, cuyas biografías nos hablan de la desilusión, la amargura o la frustración con la que acabaron sus vidas.Todas y todos sabemos que Ulises Ruiz ha sido un ruin, un cínico, que no quiere dejar su pedacito de reyezuelo oaxaqueño, responsable de la injusticia y de al menos 26 muertes durante el conflicto que buscaba mostrar el tamaño de la antidemocracia y el abandono de miles y miles de trabajadores e indígenas.Todas y todos, estamos ciertos de que un puñado de capitalistas -así se llaman- son los realmente privilegiados en un sistema donde hablar de reparto de la riqueza que todas y todos construimos parezca un atentado a la paz y al futuro de la nación.Hay quienes enajenados, pobres, empleados de tercera, todavía abren tamaños ojos cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, esos son los mismos que confunden derechos con privilegios, los que están de acuerdo en que tener seguro social, préstamo para casa, vacaciones suficientes, derecho a una jubilación digna, es un atentado a la economía de los pobres.Consentir el despido de 44 mil trabajadores, la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, los contratos colectivos que protegen a los trabajadores, es igualito que la inconciencia que sigue permitiendo el asesinato de mujeres por todo el territorio nacional, sólo por ser mujeres.Constatar esto me revela contra mi humanidad. No obstante siempre está la esperanza. Esa que nos permite todavía creer en la posibilidad de construir un camino diferente. Sin colores visibles, con una cosa tan deseada que se llama ciudadanía, principios, elemental sentido comunitario y generosidad.Por fortuna todavía hay un periodismo que no se deja engañar, que documenta e investiga; todavía hay gremios sensibles y capaces; seguramente habrá algunas, pocas, voces en el Congreso y espero que los ministros de la Corte sean capaces de demostrar hasta dónde Felipe Calderón y su grupo se excedieron.Y todavía hay mujeres que piensan que Margarita Zavala es buena persona e intercederá por sus familias, como sucedió en la semana con las señoras que la fueron a buscar a Los Pinos. Es esa la inocencia de la que se ríen los socios de Calderón, que esperan amasar muchos más recursos de los imaginables en el negocio que esconde la medida tan funesta que tomó el desgobierno mexicano.De esas cualidades, por fortuna también humanas, pende el futuro inmediato. Eso a pesar del control del duopolio, de las voces de la radio, de los empleados a los que sus patrones les echan migajas, porque los locutores y presentadores de noticias no son los dueños, son simples sirvientes, bien pagados, sin discusión, pero dominados también. Pobrecitos, ellos no lo saben porque su presupuesto es el de las próximas 24 horas, su casita bien puesta, sus vacaciones en Europa una vez al año. Pero de capital real, nada.Yo los acuso, han estado creando condiciones, día a día, para el desarrollo de la dictadura, del desmantelamiento de la ley a la que acuden como pretexto, del uso de la bayoneta y el odio, todos recursos del Príncipe, ese al que aconsejó Nicolás Maquiavelo; son ellos contemporáneos Joseph Goebbels. Cuando las bayonetas lleguen a su casa, se van a arrepentir.

Hallan seis pipas de Pemex enterradas en Nuevo León

LUCIANO CAMPOS GARZA

MONTERREY, N.L., 21 de octubre (apro).- Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) encontró sepultadas seis pipas en un terreno baldío del municipio de Escobedo, donde era depositado combustible extraído ilegalmente de los oleoductos de la paraestatal.
Durante el operativo fueron detenidos y consignados por su presunta responsabilidad en el robo de combustible Jorge Marroquín, Porfirio Campos, Celso Suárez, Jorge Suárez, Juan Silva y Adolfo Pérez.
Los técnicos de Pemex recuperaron de los tanques de cada pipa, con capacidad para 30 mil litros de combustible cada uno, 90 mil litros de carburante, de los cuales 70 mil eran de diesel, 20 mil de gasolina magna y una cantidad menor de gasolina premium.
Los contenedores estaban enterrados en un terreno arenoso al que se accedía por un hueco de concreto de un metro de profundidad, desde donde salían las líneas y conexiones de abastecimiento de los "ordeñadores".
Al hacer las excavaciones, se encontró que las pipas estaban enterradas enteras, con los logotipos de la paraestatal y hasta con escalerillas en sus costados.
Apenas el viernes pasado, personal de seguridad de la empresa detectó una toma clandestina en el kilómetro 63.5 de derecho de vía Cadereyta-Santa Catarina, en el mismo municipio de Escobedo.
A raíz de esa acción seis personas fueron detenidas, aunque no se dieron a conocer sus nombres.
El domingo 18, los guardias de Pemex encontraron otras dos tomas clandestinas en el derecho de vía del poliducto Satélite-Monclova-Sabinas, en el municipio de García. No se reportaron detenidos en ese operativo.

Dan los primeros 15 permisos para la siembra de maiz transgénico

PATRICIA DáVILA

MEXICO, D.F., 21 de octubre (apro).- Las empresas trasnacionales Monsanto, Downs y Pioneer recibieron los primeros 15 permisos para la siembra experimental de maíz genéticamente modificado, en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, informó Juan Elvira Quezada, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Añadió que otros ocho permisos serán entregados esta misma semana,
En conferencia de prensa, representantes de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Semarnat, informaron que, al día de hoy, han sido otorgados 15 permisos, de un total de 35 solicitudes recibidas, para la realización de siembras experimentales de maíz genéticamente modificado.
"Los permisos otorgados por la Sagarpa y con análisis vinculante de la Semarnat, están estrictamente apegados a la Ley de Bioseguridad Sobre Organismos Genéticamente Modificados y a su Reglamento", dijo Elvira Quezada.
Del total de los permisos entregados, nueve son para la empresa Monsanto Comercial y seis para Dow AgroScience/PHI México.
De los nueve correspondientes a Monsanto Comercial, tres se realizarán en los campos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP-Noroeste), situados en el municipio de Cajeme, en Sonora; tres más en los municipios de Ahome, Guasave y Navolato, en Sinaloa, y tres en los municipios de Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo, en Tamaulipas.
De los seis permisos otorgados a Dow AgroScience/PHI México, tres se llevarán a cabo en el Valle del Yaqui y Huatabampo, en Sonora, y tres en Los Mochis, Angostura y Navolato, en Sinaloa.
Elvira Quesada señaló que el gobierno federal, a través de esas dos secretarías, trabaja en este tema "sin dejarse influenciar por ningún tipo de presión, sino en apego a los tiempos que marca la ley, ya que lo más importante es dar a la sociedad la garantía de que se está haciendo el mejor de los trabajos".
Por su parte, Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Sagarpa, explicó que, para establecer las medidas de bioseguridad que se aplicarán en las siembras experimentales, se tomaron en cuenta opiniones técnicas y científicas presentadas por expertos y por la ciudadanía en el proceso de consulta pública, que se llevó a cabo en cumplimiento de la ley, con el apoyo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).
Aclaró que las siembras que se realizarán se mantienen en la fase de experimento y se harán en terrenos controlados y totalmente aislados de otro tipo de cultivos.
En cuanto a las medidas de bioseguridad establecidas por la ley, Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, se refirió a la implementación de mallas ciclónicas para evitar el fácil acceso a estas pequeñas parcelas donde se llevarán a cabo los experimentos; guardar una distancia mínima de por lo menos 500 metros respecto de otros cultivos, y marcar un aislamiento temporal después de un mes para evitar flujo génico a un posible maíz convencional.
Además, precisar las coordenadas geográficas; establecer una bitácora, instalar plantas de polen para que no pueda haber flujo por esta vía, así como incinerar el producto, ya que, aclaró, éste no entra al mercado alimentario.
Durante la conferencia de prensa, Elvira Quezada no precisó en qué consisten los permisos y qué superficie abarca, entre otros aspectos. Sólo se limitaron a señalar que la información se encuentra en la página de internet.
Sin embargo, al consultar la página www. Senasica.gob.mx, liga transgénicos, solo aparece la frase "disculpe las molestias. No existe información que cumpla con los criterios de búsqueda".

¡Chispas! ¿también en la CFE?

El principal argumento del gobierno federal para desaparecer Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y encargar a la Comisión Federal de Electricidad el suministro de energía en la zona centro del país es que la CFE es más eficiente y que, por lo tanto, no habrá más pérdidas económicas por mala administración ni corrupción.
Hasta ahora, ésa es la versión del gobierno federal. Pero la realidad podría ser muy diferente.





Por Anabel Hernández
23 Oct 2009
El principal argumento del gobierno federal para desaparecer Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y encargar a la Comisión Federal de Electricidad el suministro de energía en la zona centro del país es que la CFE es más eficiente y que, por lo tanto, no habrá más pérdidas económicas por mala administración ni corrupción.
Hasta ahora, ésa es la versión del gobierno federal. Pero la realidad podría ser muy diferente.
Documentos internos inéditos de la CFE en poder de Reporte Índigo, resultados de auditorías y audios de conversaciones de un funcionario, todo esto desde finales de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, revelan que la corrupción y el gansterismo imperan en algunas áreas de la compañía.
Durante los últimos 10 años ha operado una red formada por documentos internos inéditos de la CFE en poder de Reporte Índigo, resultados de auditorías y audios de conversaciones de un funcionario, todo esto desde finales de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, revelan que la corrupción y el gansterismo imperan en algunas áreas de la compañía.
Durante los últimos 10 años ha operado una red formada por funcionarios de la CFE y empresas nacionales e internacionales que han sido beneficiadas con contratos multimillonarios.
Algunos se refieren a este grupo como "el cártel de la electricidad". Reporte Índigo tuvo acceso a tarjetas informativas inéditas que Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, titular del Órgano de Control Interno de la CFE, envió a Mario López Araiza Orozco, subsecretario de Normatividad y Control de Gestión Pública de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Esto fue a finales del gobierno de Ernesto Zedillo.
En ellas, Olvera Mazariegos señala la "multiplicidad de irregularidades que se cometen en la licitación y construcción de obras de la CFE".
"Estas prácticas son del todo conocidas por empresas internacionales que potencialmente pudieran participar en éstas y de esa forma lograr para la entidad obras con mayor calidad y mejor costo de oportunidad", afirma Olvera Mazariegos en la tarjeta dirigida a López Araiza Orozco el 9 de agosto del año 2000.
"Los beneficios que pudieran resultar no se obtienen ya que CFE se encuentra catalogada como una entidad operada por funcionarios corruptos que impiden la participación de empresas en las áreas de generación, transmisión, distribución, empresas que no se involucren en irregularidades en las asignaciones", puntualiza.
Señala que las obras en las que detectaron más irregularidades fueron las centrales termoeléctricas Samalayuca II, Monterrey II y Topolobampo; las turbogeneradoras El Sauz, Huinalá y Hermosillo, así como la terminal de recibo y manejo de carbón para la termoeléctrica Petacalco.
La lista negra de 10 funcionarios presuntamente corruptos está encabezada por Néstor Félix Moreno Díaz, entonces coordinador de Transmisión y Transformación, y Rogelio Gasca Neri, ex director general de la CFE.
Pero Moreno Díaz no fue sancionado, sino premiado.
Actualmente es director de Operaciones de la CFE.
Fue nombrado por el actual director general de la empresa, Alfredo Elías Ayub, el 4 de abril de 2007.
Se pasó por alto el negro historial del funcionario, que incluye una inhabilitación por 10 años ordenada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
Y después de años de estar fuera de la administración pública, Gasca Neri fue contratado por Pemex el 17 de marzo de 2009 como consejero profesional del Consejo de Administración de la paraestatal.
Aunque Olvera Mazariegos recomendó entablar una denuncia penal contra estos funcionarios, lo cual consta en sus tarjetas informativas, ni Alfredo Elías Ayub ni López Araiza Orozco lo secundaron.
El problema es que las prácticas irregulares de la CFE no son cosa del pasado.En entrevista exclusiva con Reporte Índigo, Cuauhtémoc Velasco,director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, quien desde hace más de 10 años investiga y documenta actos ilegales cometidos por la CFE, afirma que la corrupción sigue enquistada en la paraestatal.
De acuerdo a sus cálculos, esa corrupción significa un quebranto al erario que asciende a mil 900 millones de dólares anuales.
Además, Velasco entregó a Reporte Índigo el audio de una conversación que tuvo uno de sus colaboradores con Rogelio Ángel Valencia, actual jefe de Oficina de la Gerencia de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE.
En dicha plática se revela el modus operandi de los presuntos funcionarios corruptos de la empresa.
Éste es el lado oscuro de la CFE, paraestatal a la que el gobierno federal pretende encargar la responsabilidad de iluminar a todo México.
Eran los últimos meses del sexenio de Ernesto Zedillo.
Antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio, había un clima de incertidumbre en las áreas de control interno de la CFE y en la Secretaría de la Contraloría.
No tenían claro quién ganaría, y existía el temor de que si no triunfaba el PRI, la corrupción de la CFE saldría a la luz pública, lo cual tendría consecuencias administrativas y penales para los involucrados.
El temor no era fortuito.
Era descomunal el cúmulo de irregularidades en los millonarios contratos asignados por la Comisión Federal de Electricidad con cargo a Pidiregas (Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto) para la construcción de centrales termoeléctricas y unidades turbogeneradoras.
Se modificaron bases de licitación para beneficiar a ciertas empresas, se pagaron sobreprecios, los trabajos que entregaron las empresas no cumplían con las especificaciones de los contratos.
Y todo esto tendría un impacto en la deuda pública de los siguientes cinco sexenios, 30 años.
En entrevista exclusiva, Cuauhtémoc Velasco, director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, explica que en aquella época, él era diputado federal de la 57 Legislatura.
Pertenecía a la bancada del PRD y era representante de ese partido ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Desde 1997 comenzó a recibir información sobre actos de corrupción en la asignación de los grandes contratos de termoeléctricas, en particular la de Petacalco, cuyo contrato fue entregado a la empresa Techint en 1993, cuando gobernaba el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Desde entonces, y durante los siguientes 12 años, Velasco ha hecho constantes denuncias ante las autoridades y medios de comunicación para señalar la pérdida de millones de dólares que provoca la corrupción de la CFE.
Hoy, cuando el gobierno federal espera que la CFE sea la solución a la corrupción, la ineficiencia y las supuestas pérdidas millonarias generadas por Luz y Fuerza del Centro (LyFC), las denuncias de Velasco y la documentación que presenta adquieren otra relevancia.
El intento de aprobar nuevos impuestos este 2009 suena familiar. Hace que el tiempo retroceda hasta al año de 2003 en el sexenio de Vicente Fox. La Elba Esther Gordillo de ayer se parece el Francisco Rojas de hoy. El Montiel de ese enonces recuerda al Peña Nieto de la actualidad. En aquella ocasión Manlio Fabio Beltrones impidio que se fraguara el plan Salinas y en esta ocasión podría volver a suceder lo mismo.
Conoce...
Déjà vu fiscal

Antonio Navalón y Ramón Alberto Garza ponen los puntos sobre las íes en "Los medios en la Habana".

Escalar o no la "guerra necesaria" a otro nivel, ése es el dilema que debe resolver el flamante Nobel de la Paz ante la creciente ansiedad de sus aliados europeos.
PARA VER REPORTE INDIGO AQUI.