Anonymous inicia ataque contra el fraude del PRI
http://youtu.be/XBsbpNCMr6E COMO ayudar con el ataque de anonymus al PRI
http://youtu.be/a1oGg640uiQ PARA ver el desglose de instrucciones por escrito AQUI.
http://youtu.be/P1u9qr3qRsY CARTA ABIERTA A TODOS LOS PANISTAS
http://youtu.be/Deyl0nnEU9o Yo Pensaba que AMLO era un Peligro en 2006; confesion de un Panista Cierre de AMLO zocalo
http://youtu.be/-bZUFjk3e40
Presentacion Todos Contamos www.contamos.org.mx
http://youtu.be/qE0ScY46w_c Arena Electoral Cuida el Voto.mov
http://youtu.be/Jw3jczjSa_M
Portal ciudadano para la recopilación de irregularidades y denuncia
electoral en el proceso de Elección Presidencial México 2012.
English captions available.
Este domingo, los ciudadanos vigilaremos, informaremos y documentaremos la elección.
Sigue minuto a minuto la transmisión especial, la cobertura total de la radio ciudadana: RadioAMLO a través de: www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv
Envía cualquier incidencia, anomalía, o delito electoral a:
www.contamos.org.mx
Culminada la votación, acude a tu casilla y tomale foto a la sábana con los resultados electorales. Súbela a: www.fotoxcasilla.mx (Entre más casillas cubras, ¡es mejor!)
Descarga Zello, aplicación de
comunicación inmediata (tipo radio Nextel) totalmente gratis a tu
smartphone o computadora y únete al canal: voto2012
WASHINGTON, D.C.- Observadores y analistas que prefirieron no
acreditarse oficialmente para la elección presidencial del 1 de julio
próximo en México debido al clima de violencia generalizada y corrupción
oficial que impera en ese país, advierten que las instituciones
electorales no son imparciales y no garantizan las mínimas condiciones
de equidad y libertad para evitar un fraude a escala nacional.
De
hecho, estos “observadores indocumentados” –como algunos de ellos mismos
se identifican– explican que a través de herramientas de observación
alternativa, como internet y las redes sociales, se podrían analizar los
resultados oficiales que, dicen, son altamente vulnerables y están
expuestos a la manipulación cibernética.
Bajo este clima de
desconfianza en las instituciones electorales, afirman, las misiones de
observación electoral acreditadas –entre ellas una delegación de la
Organización de Estados Americanos (OEA), un equipo técnico de la Unión
Europea (UE), un grupo de 95 autoridades electorales de 32 países y un
conjunto de diplomáticos de Estados Unidos adscritos a varios de los
consulados que operan el país– sólo serán relevantes para “validar” y
“justificar” un muy probable fraude.
Entre quienes critican el
proceso electoral se encuentra Ted Lewis, quien encabezó en 2006 a un
grupo de observadores de la ONG estadunidense Global Exchange, con sede
en San Francisco, California, y que junto con la ONG mexicana Alianza
Cívica documentó más de 2 mil irregularidades en casillas de todo el
país.
Seis años después de que su delegación exigió un recuento
voto por voto tras el cuestionado triunfo de Felipe Calderón con un
margen de apenas 243 mil 934 sufragios (0.58% de diferencia), el
panorama político para la observación electoral se ha “deteriorado
radicalmente”, dice Lewis en entrevista con Proceso.
Y añade: “En
México no existen las condiciones básicas para poder llevar a cabo una
observación funcional porque el país está en medio de un conflicto
violento sin resolución. Calderón quiso obtener legitimidad, pero
movilizar a las tropas como el primer acto de su presidencia fue una
estrategia muy agresiva. De entonces a la fecha hay más de 60 mil
muertos y un cuarto de millón de personas desplazadas. Vemos condiciones
de guerra reales”.
Para Lewis, el estado de emergencia nacional
en México es mucho peor que el caso de Siria, cuyo conflicto armado
comenzó en marzo de 2011 y ha causado la muerte de 3 mil civiles desde
que se integró una misión de monitoreo de la Organización de las
Naciones Unidas, según un reporte de The New York Times.
Por ello,
subraya Lewis, esta vez su organización decidió no enviar a ningún
grupo de observación. “Nuestros observadores tendrían que averiguar, por
ejemplo, si existen las condiciones en Tamaulipas, Chihuahua o
Michoacán para que la gente pueda expresar sus ideas libremente en los
medios y las redes sociales, pero todo indica que no es posible”, dice.
Sin
embargo, para otros organismos que observarán oficialmente la elección
en México, el país cuenta con instituciones democráticas sólidas y
viables que propiciarán una elección transparente.
Es el caso de
la delegación de la OEA, que observará el proceso electoral mexicano por
primera vez en la historia de este organismo y que enviará a México
unos 80 observadores acreditados en su misión, encabezada por César
Gaviria presidente de Colombia entre 1990 y 1994.
“El sistema
electoral mexicano se ha fortalecido sustantivamente en los últimos
años, y en el marco de relación externa también hemos avanzado mucho”,
dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, durante una
rueda de prensa en Cochabamba, Bolivia, el 30 de mayo, según reportó la
agencia de notificas EFE.
“Tenemos gran confianza en el sistema
electoral mexicano, tanto para llevar adelante una elección transparente
como para cubrirse del riesgo de cualquier intento por afectarla”,
recalcó.
La Unión Europea sólo envió a México dos expertos para
una observación “técnica” del desarrollo de las campañas y de la jornada
electoral. Se trata de Francisco Xabier Meilán Pita y Cristina Dos
Ramos Alves, originarios de España y Portugal, respectivamente, quienes
no harán pronunciamientos públicos sobre la elección.
Su
participación será muy distinta de la polémica intervención de la misión
de la UE en 2006, cuando el eurodiputado conservador español José
Ignacio Salafranca, que encabezaba la delegación de 76 observadores, fue
censurado por sus colegas europeos por haber actuado con una “falsa”
neutralidad. Incluso el eurodiputado alemán Tobias Pflüger acusó a
Salafranca de haber “promovido la victoria de Calderón”.
María
Gotsi, encargada de la oficina para México del Servicio Europeo de
Acción Exterior, dice a Proceso que la decisión de no enviar una misión
como la de 2006 se debió a cambios de prioridades en Europa y a la
disponibilidad de presupuestos, pero no a una situación política.
Elecciones “contaminadas”
Boletas electorales eran transportadas en
camioneta en el municipio de San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, por
simpatizantes del PRI, quienes fueron detenidos
Reparten en Oaxaca propaganda negra contra candidatos a legisladores en plena veda electoral Denuncian al tricolor por repartir despensas y materiales en 4 estados Aguascalientes: ofrecen dinero a delegados en casillas de la izquierda para que no vigilen el proceso
Lewis comenta que la ONG Global Exchange consideró la posibilidad de
trabajar con organismos mexicanos para integrar una misión de
observación preelectoral, pero los riesgos de seguridad y la corrupción
oficial, dice, vuelven demasiado problemática la tarea de monitoreo por
todo el país.
La misión que Lewis encabezó en 2006 se distinguió
por haber exigido el recuento voto por voto poco después de la elección,
basando su reclamo en un documento integrado por sus observadores que
registraba más de 2 mil anomalías en 26 estados –incluyendo como “focos
rojos” a Oaxaca, San Luis Potosí y el Estado de México– y que fue
elaborado en conjunto con la ONG mexicana Alianza Cívica.
Lewis,
quien tiene más de 15 años de experiencia en la observación de procesos
electorales en distintas partes del mundo, incluyendo las últimas tres
elecciones presidenciales mexicanas, afirma que el caso de México es
excepcionalmente problemático.
De hecho, Lewis dice que lamenta no
haber sido más enfático al denunciar la “falta de rigor” del IFE antes
de la elección”, así como su “incapacidad por mantener la equidad del
proceso” en la elección de 2006.
El director de Vinculación y
Cooperación Internacional del IFE –oficina encargada de acreditar a los
observadores extranjeros–, Rafael Riva Palacio, dice a Proceso que las
condiciones de observación son aceptables. Señala que éstas no han
cambiado desde 2006 y añade que “el IFE abrió las puertas para que
vinieran a observar. No se pusieron condiciones y cada organización
decidió cómo hacerlo”.
Observadores “indocumentados”
Al
igual que las misiones oficiales, varios grupos civiles y académicos se
preparan para monitorear el proceso electoral, dentro y fuera del país,
por medio de foros públicos, internet y las redes sociales.
Uno
de ellos es el Centro de Estudios California-México (CMSC, por sus
siglas en inglés). Su presidente, Armando Vázquez Ramos, profesor de
estudios chicanos y latinos de la Universidad Estatal de California en
Long Beach, dice a Proceso que su grupo se rehusó a acreditarse como
observador porque considera que el sistema electoral mexicano está
sobrepasado por intereses políticos que intentarán manipular el
resultado.
Los señalamientos de Vázquez Ramos se fundan en
estudios científicos realizados por un grupo de académicos de México y
Estados Unidos que después de analizar la elección presidencial en 2006
concluyó que en esos comicios se perpetró un fraude nacional.
El
grupo mexicano se hace llamar “Los Anomaleros” y está integrado, entre
otros, por Luis Mochán, investigador del Instituto de Ciencias Físicas
de la UNAM; Víctor Romero Rochín, investigador del Instituto de Física
de la UNAM, y Jorge Alberto López Gallardo, profesor de física nuclear
de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).
En 2006, por medio
de complejos análisis matemáticos, el grupo denunció la manipulación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IFE cuando
diseminó información con tendencias que progresivamente fueron cerrando
la diferencia de votos entre López Obrador y Calderón, lo que es
estadísticamente “imposible”.
“Durante un conteo de votos normal
se deben establecer tendencias firmes con 25% de las casillas
computadas”, explica López Gallardo en entrevista con Proceso. “Pero los
datos seguían variando durante toda la presentación de la información
del PREP. Eso sencillamente no es posible. Nosotros hicimos un análisis
científico de esa información, no un análisis político”.
Para esta
elección, el grupo señala ya varios problemas que ponen en riesgo el
resultado de la jornada electoral. Primero, explica López Gallardo, el
IFE insiste en utilizar Oracle, el mismo software con el que se programó
el sistema informático de 2006, incluyendo el PREP, y cuya venta se
vinculó con la empresa de Hildebrando Zavala, cuñado del presidente
Calderón.
Además, dice López Gallardo, el IFE ha ordenado la
creación de más de 19 mil casillas electorales nuevas, la mayoría en
zonas rurales del país –regiones poco monitoreadas por observadores y
donde se favorece tradicionalmente al PRI–, a pesar de que la población
de esas regiones disminuyó 2%.
“Somos una misión de observación
alternativa. Los observadores electorales analizan irregularidades
aritméticas, pero no hacen análisis de tendencias o extrapolaciones
matemáticas”, dice López Gallardo, autor del libro 2012 ¿Fraude
electoral?, publicado este año por la Universidad de Guadalajara.
“Estamos seguros de que habrá muchas irregularidades durante la
elección, tal y como ocurrió en 2006. Creemos que se hizo una
transferencia de votos electrónicamente para favorecer al PAN”.
“Los
Anomaleros” han creado el sitio en internet fotoxcasilla.mx, en el cual
invitan a la ciudadanía a fotografiar las sábanas con los resultados de
cada casilla del país el día de la elección y luego subirlas a esa
página.
A lo largo de la jornada electoral, el grupo de
científicos analizará cada fotografía para realizar un conteo
alternativo al PREP que no dependerá del procesamiento de información
que lleve a cabo el IFE a través de sus sistemas de cómputo.
Ante
las “evidencias” de que los paquetes electorales se alteraron durante la
jornada de 2006, el grupo se propone que “la sociedad civil tenga una
herramienta más para vigilar que esas prácticas fraudulentas no vuelvan a
realizarse y que en esta elección presidencial de 2012 se respete la
voluntad de sus votantes”, según explican en su sitio electrónico (Con
información de Marco Appel).
http://youtu.be/iLd7VTnAtkU
El domingo 1 de julio México elegirá a quien ocupará la residencia presidencial de Los Pinos en el sexenio 2012-2018. Casi 80 millones de ciudadanos tendrán la oportunidad de escoger entre los cuatro candidatos registrados por partidos o coaliciones –uno de ellos, figura decorativa–, en una jornada electoral con particularidades de las que Proceso se ocupa en esta edición:
• El árbitro electoral, el IFE, ha mostrado ser un organismo
complaciente, sin dientes, sin garras, sin uñas siquiera para impedir
los abusos, la iniquidad y las violaciones a la ley en el curso de las
campañas.
• El partido en el gobierno, el PAN, con una
desfalleciente candidata que no supo poner distancia entre su nebulosa
propuesta de campaña y el lastre que el gobierno de Felipe Calderón
significó y las corruptelas de su propio partido y su líder nacional. La
torpeza del propio gobierno federal en el episodio del supuesto hijo
del Chapo Guzmán acabó por enterrar virtualmente sus aspiraciones.
•
El partido que pretende regresar al poder, el PRI, con un candidato
ostensible y documentadamente apoyado por Televisa, ha recurrido al más
viejo estilo de la coacción, la compra de votos, el aparato electorero
que lo caracterizó durante tanto tiempo, para culminar un proyecto de
muchos años con la pantalla de la televisión como centro de su poder de
atracción.
• La izquierda, con un candidato que reincide, en un
intento más por convertirse en una tercera opción viable pero con la
propia carga de corrupción y clientelismo de muchos de los organismos
que la integran y con el propósito de, ahora sí, disponer de
representantes y observadores en todas las casillas para, en todo caso,
impedir el fraude posible.
• El contexto de la guerra de Calderón
contra el crimen organizado, con decenas de miles de muertos y
desaparecidos, sin éxito apreciable y con un remate imprevisible: la
cacería brutal de generales del Ejército que participaron en ella por
parte de la PGR.
Complacencia es la palabra más suave para
describir la actuación del Instituto Federal Electoral durante el
proceso que culminará el domingo 1 de julio. Prácticamente todos los
partidos señalan una u otra de sus múltiples deficiencias para
fundamentar su escepticismo respecto del órgano al que, optimista él, su
presidente ve en cambio como garante de unos comicios sin
contingencias. Su posición contrasta con la percepción de muchos
mexicanos, y de académicos, expertos electorales y observadores
extranjeros, de que la imparcialidad está en duda y que es posible
incluso un fraude a escala nacional.
Justo a una semana
de la jornada electoral del próximo domingo 1 de julio, el Instituto
Federal Electoral (IFE) no ha podido reducir el escepticismo de amplios
sectores de la población en el sentido de que puedan garantizarse
elecciones creíbles, justas y equitativas, con certeza en su legalidad y
certidumbre en sus resultados.
Es decir, sigue permeando en
millones de mexicanos el fantasma de la elección presidencial de 2006,
de un IFE poco transparente y eficaz, presionado –doblegado inclusive–
por el gobierno federal, los partidos políticos y los poderes fácticos,
en particular por el duopolio televisivo.
No ha tenido, tampoco,
capacidad para comunicar de manera efectiva y contundente a toda la
sociedad los cambios que introdujo la reforma político-electoral de
2007-2008. Según el IFE, con estas modificaciones se hace difícil, al
menos en teoría, una reedición del complejo de irregularidades e
insuficiencias del proceso de 2006, las cuales llevaron a un conflicto
poselectoral que puso en vilo al país.
Más aún, el instituto llega
a la recta final del proceso acusado por el PRI de ser muy permisivo,
por lo menos en lo que toca a la propaganda política y sobre todo a la
“guerra sucia” a través de promocionales de radio y televisión, que han
generado encono y división en la sociedad.
Carga también la
autoridad electoral con el recurrente cuestionamiento del PRD –y de los
otros dos partidos, PT y Movimiento Ciudadano, que también impulsan a
Andrés Manuel López Obrador– sobre la poca aplicación del IFE para
frenar el derroche de recursos económicos en las campañas y
transparentar su origen, particularmente en el caso del priista Enrique
Peña Nieto.
El PAN le reclama al IFE que no haya establecido, o no
la haya difundido ampliamente, una acción conjunta con el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la
PGR para reducir al mínimo la presencia de las viejas prácticas de
compra y coacción del voto, para evitar las famosas “mareas rojas”
mediante las cuales grupos de priistas movilizan y/o atemorizan a grupos
de votantes, para que sufraguen en su favor.
En otros frentes, el
IFE también es víctima de imputaciones. Académicos, expertos en materia
electoral y organizaciones civiles –que han realizado un estricto
monitoreo del proceso electoral y de la actuación del IFE– le achacan
deficiencias y omisiones. Por ejemplo, que ha sido complaciente con las
principales televisoras del país al permitir por años su abierto
respaldo a Enrique Peña Nieto, el candidato presidencial del PRI.
También,
que no hizo mayor esfuerzo por solicitar a la Secretaría de Gobernación
la cadena nacional para transmitir los debates de los candidatos
presidenciales, hecho que dejó impune la arrogancia de los dueños de las
principales televisoras. O bien, que ha sido laxo frente al evidente
dispendio de recursos y probables rebases de los topes de gastos de
campaña de Peña Nieto, o que ha hecho prácticamente nada para inhibir,
controlar o castigar los miles de casos de compra y coacción de votos,
que ya han sido denunciados.
El papel del árbitro
El consejero presidente
del IFE, Leonardo Valdés Zurita, está consciente de todas esas
imputaciones que se le hacen al instituto. Rechaza tajantemente unas,
discrepa de otras, matiza algunas, justifica otras…
Pero,
categórico, asegura que ni el proceso electoral de este año, la propia
votación el 1 de julio, ni el escrutinio de los sufragios ni el proceso
poselectoral serán iguales a la experiencia vivida en los comicios
presidenciales anteriores.
“De ninguna manera se repetirá el 2006.
La reforma de 2007-2008 modificó atribuciones en cuatro áreas del
sistema electoral que son fundamentales para evitar que lo que falló en
aquel año vuelva a suceder.”
Las enumera: un nuevo modelo de
comunicación política, que evita que particulares y gobiernos puedan
incidir en las preferencias electorales; mayores facultades de
fiscalización de los recursos públicos para el financiamiento de los
partidos, el origen de los mismos y su uso por parte de aquellos; un
mayor arbitraje del IFE, para resolver quejas, agravios y hasta para
sancionar a todo tipo de autoridad que pretenda intervenir en el proceso
electoral y, finalmente, un sistema de escrutinio de los votos, que
permite por ley el recuento voto por voto, casilla por casilla, distrito
por distrito.
En entrevista con Proceso, Valdés Zurita las
explica: El nuevo modelo de comunicación política está diseñado para
darle equidad a la competencia de los partidos políticos; disminuye el
costo de las campañas electorales; prohíbe a particulares, al gobierno
federal y a los gobiernos estatales, incidir en las preferencias
electorales de los ciudadanos. Los partidos tienen acceso gratuito y
equitativo a los tiempos del Estado en radio y televisión.
“Con
ello –dice– se evita una zona de conflicto que en 2006 fue de enorme
gravedad por la participación de los particulares que podían comprar
promocionales (spots) en radio y televisión. También se evita que los
gobiernos, por esos instrumentos, interfieran en la campaña electoral.
Además, se evita la iniquidad en las contiendas, pues antes los partidos
con mayor capacidad económica tenían ventajas sobre los demás.
“Ahora
está perfectamente claro que solamente a través del tiempo oficial los
partidos políticos pueden tener acceso a ese tipo de herramientas
promocionales.”
–Fue virulenta la reacción de las televisoras, que
se vieron despojadas de una extraordinaria fuente de ingresos. Y
actuaron en consecuencia, enfrentándose a la autoridad electoral. Como
el caso de Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, que se negó a
transmitir el primer debate de los candidatos. ¿Cómo ha vivido las
presiones de esos poderes?
–No me he dejado presionar por ningún
tipo de poder. Fue complejo y difícil el arranque: el IFE no tenía la
experiencia operativa, técnica, reglamentaria, para que el modelo se
aplicara. Fue una empresa muy compleja el hacer la normatividad, echar a
andar el sistema. Pero hoy podemos decir con certeza que al final el
modelo se aplicó.
“Un dato duro de este proceso, de las campañas,
es que no hemos tenido un solo tropezón en la aplicación del modelo, en
la aplicación del reglamento. Las televisoras, a pesar de que no están a
gusto con la reforma, han aplicado la ley y nosotros hemos vigilado que
se aplique.”
Otro cambio relevante en la legislación electoral es
el relativo a los dineros para los partidos políticos y la vigilancia
de los mismos.
Dice el consejero presidente del IFE:
“El
legislador ratificó lo que hemos experimentado desde la reforma
electoral de 1991, en el sentido de que los recursos para el
financiamiento de los partidos debe ser preponderante dinero público.
Pero además le dio al IFE mayores facultades de fiscalización: se creó
una Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,
que ahora es permanente y que tiene autonomía de gestión.
“También
se incrementó el número de informes que deben entregar los partidos
políticos. Las herramientas de auditoría crecieron significativamente:
hoy no hay secreto fiscal, bancario, fiduciario. El IFE, a través de la
Unidad de Fiscalización, puede conocer, por ejemplo, las cuentas
bancarias y los movimientos financieros de los partidos, así como su
situación en materia de impuestos.
“Esa parte, en 2006, fue muy
compleja, aunque también en elecciones anteriores, como la del año 2000,
en que se suscitaron los casos de Amigos de Fox y el Pemexgate.
“Entonces,
el legislador aprendió de esas experiencias y lo que hizo fue crear un
marco normativo que hace que hoy el IFE sea mejor garante de la
legalidad de los recursos que entran a los partidos y de la forma en que
los gastan.”
–Sin embargo, en el tema de la fiscalización
persisten dudas e inconformidades. El proceso fuerte de la fiscalización
empieza después de los comicios, se hace efectivo hasta que los
partidos informan de sus gastos e ingresos, y además no tiene efectos
jurídicos: si un candidato, para cualquier puesto de representación
popular, gana la elección con triquiñuelas, dinero irregular o exceso de
gastos, de todas formas asume el cargo.
–Aquí hay dos cosas que
debemos tener muy claras, que podemos o no estar de acuerdo con ellas.
Primero: los sujetos obligados, beneficiarios del financiamiento público
y obligados por la fiscalización, son los partidos políticos, no los
candidatos. En otros países sí, como en Canadá; allá no se fiscaliza el
gasto de campaña de los partidos, sino el de los candidatos. En Estados
Unidos igual. Aquí, el legislador decidió que quien recibe la
prerrogativa del financiamiento es el partido, quien está obligado a la
fiscalización.
“Segundo, se decidió un modelo de fiscalización de
auditoría. Esto quiere decir que sólo se puede fiscalizar en periodos
que han sido cerrados, en procesos que han iniciado y concluido y a
partir de los informes con los soportes que presenten los partidos. Hoy
los informes de los partidos deben venir acompañados de las pólizas,
cheques, de las facturas, de los proveedores… de toda la documentación
soporte para hacer realmente una auditoría. Ese modelo de fiscalización
por auditoría nos da la posibilidad de entrar muy a fondo a las cuentas
de los partidos, a los gastos e ingresos de los partidos.
“Además,
al auditar la campaña electoral a quien auditamos es al partido, no al
candidato, de tal suerte que si el candidato ganó legítimamente la
votación y rindió protesta, será gobernante o representante. Pero si el
partido para financiar esa campaña obtuvo dinero ilícito o si el partido
excedió los gastos de campaña de ese candidato, el partido será
sancionado enérgicamente por la autoridad electoral.”
Un tercer
cambio de envergadura, según Valdés Zurita, es la parte del arbitraje
electoral. “En 2006 –dice –los partidos políticos presentaron más de 800
quejas, desde los contenidos de la propaganda hasta de la presunta
intervención de quien era el presidente de la República. El IFE,
entonces, resolvió sólo un poco más de 70 de esas 800 quejas.
“Eso
quiere decir que los agravios que estaban incluidos en esas más de 700
quejas no habían sido resueltos en el momento en que se calificó la
elección presidencial. Hoy, la reforma se hizo cargo de eso. Hoy tenemos
un procedimiento especial sancionador. Se han presentado más de mil
quejas en el Consejo General del IFE y en los 300 consejos distritales y
llevamos resueltas más de 800 de esas quejas.
“Más todavía, en
2006 el Consejo General sesionó en 36 ocasiones; en 2012 llevamos
sesionadas más de 65 ocasiones, más las que se acumulen de aquí a que se
califique la elección. Ha sido muchísimo el trabajo, más visible la
actuación del instituto, porque hoy podemos analizar y decir si el
presidente de la República está violando las normas electorales, si los
candidatos y los partidos lo hacen.”
–Aun así, es persistente la
crítica hacia el IFE y sus consejeros, en el sentido de que trabajan
poco… que la institución adolece de una pasividad que irrita.
–Unos
dicen que hemos sido tibios, pero más bien hemos sido fríos. La
autoridad electoral lo que tiene que hacer es aplicar la ley con
frialdad, con ecuanimidad, con objetividad. El calor en estos tiempos se
siente allá, en las campañas electorales. Ahí necesariamente se debate
fuerte, pues ¡están luchando por el poder político en el país!
Finalmente,
la cuarta aportación de la nueva legislación electoral, que dará un
fuerte ingrediente de certeza y abonará en la limpieza a la hora de
contar los votos, según el entrevistado, es el referente al conteo
rápido, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el
cómputo distrital.
Dice Valdés Zurita:
“Hoy la ley dice que
si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un
punto porcentual y el segundo lugar solicita el cómputo distrital,
nosotros tenemos que abrir cada paquete, tenemos que recontar cada
boleta. El voto por voto, casilla por casilla está normado y en la ley
están establecidos los supuestos a partir de los cuales se tiene que
realizar esa actividad. Por supuesto que es un ingrediente de certeza.
“En
2009 ya aplicamos esta norma, pero ahora la ley dice algo que no decía
en ese año. Si la cantidad de votos nulos es mayor que la diferencia
entre el primero y el segundo lugar, ese paquete hay que abrirlo y hay
que recontar las boletas.
“Y dice más: si todos los votos en esa
casilla fueron a favor de un mismo partido, hay que abrir el paquete y
hay que recontar los votos.”
–El PRD no quería el conteo rápido, decía que era suficiente con el PREP.
–Impugnaron
ante el tribunal electoral la metodología. Pero el tribunal ratificó
que tenemos una metodología muy probada. Va a ser una muestra de 7 mil
559 casillas que representan a todas las entidades, los 300 distritos.
Incluso están representadas las zonas urbanas y las no urbanas, de
manera equilibrada, para que sea realmente una fotografía muy precisa de
la voluntad de los ciudadanos.
“Un elemento que le da mucha
certeza al conteo rápido es que los datos que se obtienen son de las
actas de los cómputos que se levantan en cada una de las casillas. No es
una encuesta de salida en la que se le pregunta al ciudadano, sino es
un conteo de resultados oficiales que están asentados en las actas.
Además, el conteo rápido sirve para frenar la especulación que generen
las encuestadoras particulares.”
–¿A qué hora se darán a conocer los resultados del conteo rápido?
–La
ley dice que antes de las 12 de la noche del día de la jornada
electoral. Yo estoy pensando establecer como horario para la transmisión
en cadena nacional las 11:45, para que no se apresuren de más los
científicos y hagan su trabajo con la calma necesaria para estimar bien
las tendencias y podamos salir a dar la información.
–¿El sentido del mensaje será sólo dar a conocer las tendencias o habrá posibilidad de dar ya un ganador?
–No.
Como siempre, en estos casos hay que advertir a los ciudadanos que se
trata de una estimación estadística, que son tendencias. Es más, ni
siquiera se da a conocer un porcentaje por cada candidato. Lo que
daremos a conocer es un intervalo, el rango en que se estima que –de
acuerdo con este ejercicio estadístico– pudiera caer la votación final
de cada uno de los cuatro candidatos. Pero vamos a dar a conocer la
información de los cuatro candidatos, sea cual sea. Si los intervalos se
cruzan daremos a conocer la información, y si hay que explicar qué
significa eso, lo explicaremos ampliamente.
Los avances democráticos
En relación con el PREP, el consejero presidente del IFE asegura que hoy tiene “enormes avances” respecto al de 2006.
“Mejoramos
pantallas; ya no hay archivos ocultos, sino que todas las actas,
incluso las que tengan algunas inconsistencias, se van a dar a conocer.
El lunes 2, a las ocho de la noche, vamos a subir al PREP la imagen
digitalizada de todas las actas que se hayan capturado, con el objeto de
que los ciudadanos, los partidos, los medios… puedan confrontar el
resultado de las actas levantadas a mano por los funcionarios de
casilla, que ahí estará su imagen digitalizada con lo que se capturó en
el PREP.”
En un documento con los datos y las acciones más
relevantes del proceso electoral, que en breve difundirá el IFE, se
desmiente la participación de la empresa Hildebrando –propiedad de un
cuñado de Felipe Calderón–, que tanta polémica desató en 2006.
Dice
el documento Proceso electoral federal 2011-2012: “Recientemente se ha
señalado falsamente que la empresa Hildebrando participa en el
desarrollo del PREP; sin embargo, debe aclararse que Hildebrando no ha
tenido ni tiene relación alguna con los sistemas informáticos del IFE.
Este instituto ha hecho públicos todos los contratos y toda la
información relacionada con este programa. Se reitera que el PREP es
desarrollado directamente por el IFE, supervisado y auditado por un
comité de expertos de la UNAM”.
Finalmente, Valdés Zurita reitera su rechazo a la posibilidad de un fraude electoral:
–La
gran participación de los ciudadanos –que no es de ahora– es el
principal blindaje para que pueda ocurrir un fraude. Hay que ver los
grandes números: tenemos 1 millón de ciudadanos como funcionarios de
casilla, perfectamente capacitados.
“Tenemos 2 millones de
ciudadanos que son representantes de los partidos en las casillas: en
99.9% de las casillas hay tres o más representantes de los partidos;
ellos serán los más celosos vigilantes de la aplicación estricta de la
ley, porque además la conocen y van a representar allí los intereses de
sus partidos.
“Además, tenemos los observadores electorales
nacionales, los visitantes extranjeros, los seis ciudadanos que son
consejeros en cada uno de los consejos distritales, que son mil 800; hay
192 consejeros ciudadanos locales que están trabajando desde octubre
para organizar esta elección.
“Yo diría, por último, que lo que
garantiza a México que esta elección va a ser limpia, libre, apegada a
derecho, es que son ciudadanos quienes tienen en sus manos la
organización, la recepción del voto y, al final del día, el cómputo de
la votación y el levantamiento de las actas.
“No hay lugar para fraude alguno. Mucho menos para que se repita la experiencia de 2006”, concluye Valdés Zurita.
Seis entidades del país tienen muy preocupado al PRI: Jalisco,
Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y el Distrito Federal. Sabe que en
ellas podría perder la elección su candidato presidencial, Enrique Peña
Nieto. Por lo tanto, el equipo de campaña elaboró estrategias y redactó
documentos para fortalecer “la promoción” del voto en ellas, a cargo
sobre todo de funcionarios de educación. Pero esa “promoción” en
realidad es un intercambio de sufragios por enseres domésticos y
material de construcción, sin mencionar el dinero en efectivo con el que
se paga a los “promotores”.
Debido a que “el PRI solo no gana
(con su voto duro)” –como se reconoce en el documento Todos con Peña
Nieto– el partido que postula a Enrique Peña Nieto creó una estrategia
que recurre a la compra de sufragios para ganar la elección presidencial
el próximo 1 de julio.
El plan es operado por funcionarios de los
gobiernos de los estados en coordinación con el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (que controla Elba Esther Gordillo),
gremios locales de maestros y algunas secretarías de las
administraciones estatales.
Para ello un ejército de “operativos” o
militantes del PRI han sido designados para cada uno de los 300
distritos del país. Todos han sido entrenados y se les han entregado
formatos para que cada uno convenza a 10 personas de revelar los datos
de su credencial de elector; a esas personas las deberán llevar el día
de la elección para que sufraguen y a cambio reciban “desayunos y
entrega de material”.
La estrategia llamada Todos con Peña Nieto
arrancó en Veracruz, tercer estado en importancia por su número de
votantes, debido a que según algunos de los operadores electorales del
candidato presidencial del PRI, es una de las entidades con mayor riesgo
de perderse por la mala administración del gobernador Javier Duarte.
El
operador de Peña Nieto que accedió a hablar con este semanario y que
labora en el sureste del país reveló que en toda la República se replicó
el modelo de Veracruz y que sólo varía según las necesidades de los
estados: por ejemplo, si la elección presidencial pasada se perdió, si
el municipio es gobernado por la oposición o si el PRI ha mantenido una
holgada ventaja en los últimos comicios.
Proceso habló con algunos
de los operadores de la estrategia priista, quienes solicitaron el
anonimato. Uno de ellos dijo: “Sí lo hay (el modelo en el resto de las
entidades), pero ha sido lo que siempre se programa como parte de la
promoción y movilización. En cada estado se ajusta a lo que se
acostumbra”.
Fuentes del PRI confirmaron también que el jueves 7
de junio, en la casa de gobierno del Estado de México, con Eruviel Ávila
como anfitrión se reunieron 16 de los 18 gobernadores priistas para
analizar “las cuotas de votación por estado”, e incluso ahí estuvo Peña
Nieto.
La mañana del jueves 21 el candidato de la izquierda,
Andrés Manuel López Obrador, se refirió a ese encuentro y a una parte
del operativo montado por el PRI. Horas más tarde el gobernador Ávila
aceptó que el encuentro tuvo lugar e incluso dijo que acudió Peña Nieto,
pero rechazó que ahí se haya exigido a los ejecutivos comprometer un
número de votos. Entidades críticas
De los
seis estados que concentran 30% de la votación nacional, el PRI ha
puesto los focos rojos en por lo menos tres por considerar que ahí puede
perder la elección presidencial y algunas de senadores o diputados
federales.
De los 79 millones 454 mil 802 votantes del padrón
nacional, en el Estado de México se concentran 10 millones 360 mil 537;
le sigue el Distrito Federal con 7 millones 217 mil 943, Veracruz con 5
millones 330 mil 347, Jalisco con 5 millones 260 mil 991 y Puebla con 4
millones 144 mil 140.
Los operadores del PRI consultados por este
semanario señalan que ese partido ha puesto la atención sobre todo en el
Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Tabasco, Guerrero y Oaxaca.
De
éstas sólo dos están gobernadas por el PRI (Veracruz y Tabasco), aunque
Puebla es considerado una cuota de apoyo a Peña Nieto pues el
gobernador Rafael Moreno Valle –quien ganó bajo las siglas del PAN– ha
sido desde hace por lo menos nueve años cercano colaborador de Gordillo.
Incluso mantiene en su administración a personajes clave cercanos a
Peña Nieto, como el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas,
exdirector de la AFI.
Según datos del Instituto Federal Electoral,
los seis estados que preocupan al PRI concentran poco más de 20
millones de votantes, más de 25% del padrón nacional.
Por ser el
Edomex el estado natal de Peña Nieto y estar controlado por el PRI, ese
partido no lo considera un problema. No ocurre lo mismo en el Distrito
Federal, donde poco puede hacer, ya que está bajo la férula del PRD. En
cambio el tercer estado con mayor número de votantes, Veracruz, sí le
representa un verdadero problema, por lo que establecieron ahí el
programa piloto de Todos con Peña Nieto.
Según el documento Somos
10, obtenido por este semanario, la operación incluye un análisis de las
tres elecciones federales pasadas en el distrito de Coatepec y sus
municipios (17).
“Se porcentualizan (sic) los incrementos o
decrementos del padrón electoral o los votos obtenidos por partido
político; con esta información se hace una proyección de la votación
meta que asegure la victoria del PRI en 2012”, se lee en el documento de
243 páginas que contiene la prospección de sufragios que se requieren
para ganar e incluye la cartografía electoral y la cantidad de casillas.
Estos elementos son utilizados para determinar la estructura llamada
Sumamos 10 del Distrito. En este caso el distrito es el IX federal, con
cabecera en Coatepec.
Luego se describen las funciones que en forma piramidal se van estableciendo con sus respectivos operadores.
“Se
opera por medio de un coordinador distrital, quien a su vez designa a
un coordinador en cada uno de los municipios que integran el distrito,
quien nombra a un coordinador por sección electoral encargado de definir
a un determinado número de subcoordinadores seccionales que se define
en función de las colonias o localidades que la integren; cada uno de
éstos busca a 10 operadores que se comprometen, cada uno, a llevar a
votar a favor del PRI a 10 personas el día de la elección.”
Por
ejemplo, en el caso de ese Distrito IX, que tiene 17 ayuntamientos, se
indica que el padrón electoral –de 262 mil 808 votantes– necesita 9 mil
362 militantes priistas, quienes al final deberán llevar 83 mil 100
personas a votar; previamente tomaron los datos de su credencial de
elector y los números telefónicos de todos esos votantes.
Dice el
documento que se necesita un coordinador distrital, 17 municipales, 203
seccionales, 831 subcoordinadores seccionales y 8 mil 310 operativos
encargados de obtener los 83 mil 100 votos para Peña Nieto.
Detalla
el documento: “Con 31.62% de votos a favor del PRI del total del padrón
electoral, se proyecta la victoria el día de la jornada”. El
coordinador del Distrito IX es Nemesio Domínguez Domínguez, quien
actualmente tiene el cargo de subsecretario de Desarrollo Educativo en
la administración estatal de Javier Duarte, además de haber sido dos
veces diputado federal por Veracruz.
En cada municipio se
proyectan los votos que se necesitan para ganar, y quienes están al
frente de toda la operación, según el documento, son funcionarios de la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).