Madrid, octubre 25 - El rey aprovechó su viaje a Bombay para respaldar públicamente las políticas de austeridad que está impulsando el ejecutivo de Mariano Rajoy en España. Rodeado de grandes empresarios españoles e indios reunidos en la capital de la India, Juan Carlos manifestó que las "serias medidas de política económica ya han comenzado a dar sus frutos mejorando la productividad y competitividad", así como la tendencia de las exportaciones de bienes y servicios, que este año tendrán un "supéravit significativo".
Uno de los frutos es el suicidio de los pobres.
Mientras el rey celebraba el cadáver de un hombre de 53 años fue hallado hoy en un patio interior de un inmueble de Granada una hora antes de que fuera desahuciado (desalojado) de su vivienda, por la que había formalizado una hipoteca en 2007 de 240.000 euros, según fuentes de la Policía Nacional.
Estas fuentes informaron que la Policía fue alertada sobre las 9 de horas de esta mañana del hallazgo del fallecido, ahorcado. Una hora después, las dotaciones policiales que ya estaban en el lugar de los hechos se encontraron con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), también del Cuerpo Nacional de Policía, que se habían desplazado al domicilio del fallecido para ejecutar una orden de desahucio (desalojo).
La Policía Nacional, comprobó que la persona que se había suicidado era la misma a la que iban a desahuciar (desalojar) esta mañana de su vivienda en cumplimiento de una orden judicial.
El rey ni se enteró. Aprovechaba de preguntar por algunos elefantes..
jueves, octubre 25, 2012
Las modalidades de guerra permanente contra la revolución boliviana
Por Hugo Moldiz Mercado
Evo Morales y el proceso de cambio en Bolivia enfrentan, incluso desde antes de ganar las elecciones de diciembre de 2005, diversos tipos de guerra en el más amplio sentido del concepto empleado ahora por estrategas del imperio más poderoso que la humanidad haya conocido.
La afirmación del presidente Evo Morales de que Estados Unidos le ha declarado la guerra al proceso de cambio boliviano es muy tajante y quizá en determinados sectores sociales sea interpretado como una exageración, sobre todo cuando se apela al concepto clásico del uso de la fuerza para derrotar al otro bando.
Pero cuando se hace referencia al concepto de guerra empleado desde los Estados Unidos a partir de la década de los 90, que no es otra cosa que la resignificación del concepto utilizado por Karl von Clausewitz–el jefe militar prusiano que derrotó a Bonaparte en la batalla de Waterloo-, las palabras del jefe del Estado Plurinacional adquieren sentido.
Para los departamentos de Defensa y Estado de EE.UU. la Guerra de Baja Intensidad –una de las tres modalidades de guerra definidas por la administración Reagan para preservar la hegemonía mundial estadounidense y hasta ahora vigentes-, es la combinación de diversas medidas políticas, ideológicas, mediáticas, económicas y militares para derrotar cualquier proceso social que ponga en peligro la dominación imperial en los países del Tercer Mundo, del que América Latina forma parte.
Pero a este concepto, resignificado a la luz de dos experiencias traumáticas para Estados Unidos: el triunfo de la revolución sandinista y la derrota en Vietnam, así como dentro de la llamada revolución conservadora se añade un segundo concepto, también redefinido a la luz de la realidad, en los manuales estadounidenses: el de victoria, que cambia radicalmente respecto del concebido en la clásica Doctrina de la Seguridad Nacional.
En la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuyos orígenes se encuentran en la década de los 60, el concepto de victoria implicaba la derrota o aniquilamiento físico del enemigo, lo cual explica el por qué las Fuerzas Armadas locales –utilizadas por el imperio para el desarrollo de sus planes-, provocaran miles de muertos, desaparecidos y heridos en la instalación y defensa de las dictaduras militares o en la detención y asesinato de guerrilleros, como ocurrió con Ernesto Che Guevara y Marcelo Quiroga Santa Cruz en las décadas de los 60 y 80, respectivamente, por solo citar hechos bastante conocidos en Bolivia y el mundo.
En contraste con ese concepto restringido de victoria, la Guerra de Baja Intensidad lo amplía, pues desde inicios de la década de los 80, el triunfo implica lograr la derrota política del enemigo, es decir quitarle base social, minar moralmente sus fuerzas, aislarlo de la mayor parte del pueblo y, si además fuera necesario, golpearlo militarmente. La victoria, por tanto, es privarle a las fuerzas progresistas y revolucionarias de su natural base social, de la misma manera como se quita el agua al pez para que éste muera.
Con la resignificación de ambos conceptos –el de guerra y el de victoria-, el imperialismo puso en marcha en América Latina una nueva ofensiva político-militar destinada a “conquistar el corazón y la mente de las gentes” y eliminar la mínima posibilidad de proyectos contestatarios a su hegemonía.
Una de sus medidas no militares en el sentido clásico para garantizar la reproducción de la hegemonía estadounidense en la región ha sido la democracia controlada, cuya forma política en Bolivia fue la democracia de pactos. Esta implicaba aislar a las fuerzas socialdemócratas de la izquierda política y social más radical, incorporarlas al juego por el gobierno temporal (gobierno como tal) sin modificar lo central del gobierno permanente (el estado). Es decir, no alternativa pero si alternancia dentro del mismo proyecto de dominación.
Pero vayamos bajando en la aplicación de estos conceptos a la realidad boliviana de los últimos diez años, lo cual permitirá constatar que la afirmación de que Estados Unidos le declaró la guerra al proceso boliviano no carece de sentido. Desde una perspectiva más amplia puede decirse que se han desarrollado al menos cuatro tipos de guerra: mediática, económica, política y subversiva.
Si ubicamos los orígenes del proceso de cambio en el año 2000, cuando el bloque de las clases subalternas empieza a jugar un papel de dirección efectiva y real de la sociedad, en contraposición a los centros de poder institucionalizados cada vez más acorralados y deslegitimados, vamos a encontrar que la guerra contrainsurgente alentada por el imperio tuvo en mayo-junio de 2003 su máxima expresión, en un intento fallido de colocar a Hormando Vaca Diez como presidente del país.
Contra la revolución boliviana y su líder se han construido varias matrices de opinión: totalitario, permisible con el narcotráfico, aliado de los países que “promueven” el terrorismo y violador de los derechos humanos. Cada una de estas se han desarrollado en distintos momentos, aunque a veces se han articulado en una misma temporalidad. Es más, la campaña de desprestigio contra Morales se remonta a las elecciones de 2002, cuando el embajador estadounidense Manuel Rocha llamó a votar en su contra.
El instrumento más importante para la creación y difusión de estas matrices de opinión han sido los medios de comunicación, nacionales e internacionales, cuyas narrativas nos conducen a autoridades estadounidenses, a dirigentes políticos nacionales desplazados a un lugar secundario en la escena política, así como a analistas cuya concepción del mundo está reñida con la aspiración emancipadora de los pueblos. Pero sobre todo nos conduce a dos pilares fundamentales de la política exterior estadounidense y de su política doméstica: la guerra como mecanismo de dominación y el temor como dispositivo para la generación de consenso nacional.
En diciembre de 2009, por ejemplo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, lanzó una advertencia contundente: “Estamos muy conscientes de la intención de Irán de ampliar sus vínculos con algunos países como Venezuela o Bolivia y solo podemos decir que realmente es mala idea para los países involucrados”.
Las declaraciones de Clinton obviamente apostaban a crear temor y desinformación en la población de ambos países. EEUU no ha dejado de hacer campaña, como parte de los preparativos de una intervención militar hasta ahora no respaldada por Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, para instalar en la mente de la gente a nivel mundial de que Irán está desarrollando armas nucleares con fines militares.
Lo que ninguna autoridad estadounidense dice, por razones obvias, que el estado iraní mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con la mayor parte de los países de América Latina, con la sola excepción de unos cuantos, dentro de los cuales está Panamá.
La Casa Blanca también es la principal responsable de que Bolivia sea permanentemente asediada por el crecimiento de la producción y el tráfico de cocaína, sobre todo desde que el presidente Morales dispusiera la expulsión de la DEA en septiembre de 2008, acusada de llevar adelante tareas de inteligencia con fines políticos.
A partir de ese hecho político, que demostró la recuperación de la soberanía, Bolivia ha sido objeto de ataques permanentes. Estados Unidos ha descertificado al país en materia de lucha contra las drogas, a pesar que, por ejemplo, en 2011 es el país que más ha reducido –sin violencia y concertadamente- sus cultivos excedentarios de coca (12%) frente a Perú y Colombia –que no superaron el 3%- y el que más operativos antidroga ha desarrollado con bastante éxito, según el reporte de Naciones Unidas.
Otro de los hechos utilizados por EEUU para construir en el imaginario colectivo una montaña de sospechas sobre la relación del gobierno boliviano con el narcotráfico es la detención del general René Sanabria en la ciudad de Panamá, en febrero de 2011 en un operativo coordinado con la policía chilena.
Una semana antes de que se realizara el operativo de la DEA en Panamá contra Sanabria –que en el pasado fue un activo colaborador de la DEA-, un agente de apellido Tillery participó en una reunión secreta en la embajada estadounidense en La Paz, donde también estuvo presente el señor Rodney Delano Smith, alto oficial de la CIA en Bolivia, bajo fachada de Primer Secretario de la Misión estadounidense a cargo de asuntos regionales.
En esa reunión secreta en la embajada de Estados Unidos fue precisamente Delano, el que -luego de evaluar la situación- propuso a la oficina central de la CIA en Virginia la pertinencia de la operación detención de Sanabria en Panamá. De acuerdo a la información, Delano fue el encargado de planificar esta operación, que ya en una primera parte contó con la colaboración de agentes de la inteligencia estadounidense en Chile y con los propios organismos de seguridad del vecino país
En la mencionada reunión y a sugerencia de Tillery, se acordó la participación directa del oficial DEA radicado en Paraguay Andy Banks, en el operativo de detención de Sanabria. Banks es un viejo compinche de Tillery. Durante los años de 2007 hasta febrero de 2009 estuvo radicado como oficial de la DEA en Cochabamba, al igual que otros agentes de la DEA se dedicó más a la labor subversiva y de espionaje contra el gobierno popular de Evo Morales que a colaborar con las autoridades bolivianas para combatir el narcotráfico.
Por lo tanto, ya es muy claro que el general Sanabria, a quien la DEA tenía como un cercano colaborador, fue convertido de la noche a la mañana en un narcotraficante por los servicios especiales estadounidenses, con el objetivo de poder presentar un supuesto testigo de este nivel, que le permita a Washington montar una nueva campaña difamatoria contra el gobierno boliviano, alegando la existencia de supuesta corrupción y vínculos con narcotráfico en sus más altas esferas.
El segundo tipo o modalidad de guerra es la política. Le ha correspondido al embajador Philip Golberg, expulsado por el gobierno de Evo en septiembre de 2008, desarrollar una activa agenda con la oposición más violenta y ultraderechista, principalmente asentada en la entonces denominada la “Media Luna”, conformada por los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, a la que luego se sumó Chuquisaca.
Golberg -un político con bastante experiencia en temas de desestabilización fue una de las principales figuras en la desarticulación de Yugoslavia y ahora es director de inteligencia en el Departamento de Estado-, mantuvo una estrecha relación con la dirigencia cívica opositora y alentó –según volvió a recordar Morales el 13 de octubre- el intento de golpe de estado, cuya apuesta era la división del país en dos (la Bolivia del occidente y la Bolivia del oriente).
Le ha correspondido al representante estadounidense organizar una entrevista clandestina a diputados de su país con la oposición, instruir a jóvenes ciudadanos norteamericanos el seguimiento de las actividades de los médicos cubanos y venezolanos, así como abrir el trabajo hacia las organizaciones indígenas con menos historia de policiticidad, como es el caso de la CIDOB y Conamaq.
Por tanto, esa guerra política contra el proceso de cambio adquiría a la vez la forma de guerra subversiva. Esta guerra, además de lo anteriormente explicado, ha ido desde el financiamiento directo con fondos de USAID a organizaciones políticas y sociales opositoras, así como ciertos movimientos de cierta naturaleza militar en el sentido amplio.
Si bien todavía no existe información suficiente sobre el grado de participación de los servicios secretos de Estados Unidos en la organización, planificación y ejecución del plan terrorista encabezado por el croata Eduardo Rozsá entre octubre de 2008 y abril de 2010, que consideraba incluso el asesinado de Evo Morales, la huída de muchos de sus protagonistas a territorio estadounidense tras la oportuna desactivación por parte de la seguridad boliviana, es un indicio muy serio de su presencia.
El grupo terrorista, integrado por otros extranjeros y algunos nacionales, mantenía una relación muy estrecha con altos dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz, los cuales a la vez tenían contactos muy frecuentes con la embajada de los Estados Unidos, aún después de la expulsión de Golberg.
Otra de las principales acciones de la embajada de los Estados Unidos dentro de la guerra subversiva ha sido el intento –desactivado por el gobierno boliviano- de traslado de armas, municiones y equipos de telecomunicaciones del departamento del Beni a Santa Cruz, el 27 de mayo de 2012, donde se usó un vehículo diplomático.
Pero a la guerra política hay que añadirle la guerra económica por doble partida. Por un lado, excluyendo a Bolivia de la aplicación de las preferencias arancelarias (Atpdea) y, por otro lado, alentando a principios del gobierno de Evo a que los sectores productores de Santa Cruz generaran un ambiente de desabastecimiento. A la primera se le respondió, desde el gobierno, diversificando mercados para los textiles con Venezuela y otros países del ALBA, pero también con Brasil y Argentina en menor medida. A la segunda se le respondió con la creación de EMAPA, una empresa nacional de alimentos encargada de desarrollar tareas de acopio y distribución.
No es poco entonces lo que el proceso de cambio ha tenido que enfrentar desde mucho antes de que Evo Morales se convirtiera en el primer presidente indígena de Bolivia y sería ingenuo pensar que el principal líder de la revolución boliviana no vaya a seguir siendo sistemáticamente asediado por todo tipo de guerras. En un primer momento se lo hizo para impedir su victoria, ahora se lo hace para evitar la consolidación del proyecto emancipador.
Evo Morales y el proceso de cambio en Bolivia enfrentan, incluso desde antes de ganar las elecciones de diciembre de 2005, diversos tipos de guerra en el más amplio sentido del concepto empleado ahora por estrategas del imperio más poderoso que la humanidad haya conocido.
La afirmación del presidente Evo Morales de que Estados Unidos le ha declarado la guerra al proceso de cambio boliviano es muy tajante y quizá en determinados sectores sociales sea interpretado como una exageración, sobre todo cuando se apela al concepto clásico del uso de la fuerza para derrotar al otro bando.
Pero cuando se hace referencia al concepto de guerra empleado desde los Estados Unidos a partir de la década de los 90, que no es otra cosa que la resignificación del concepto utilizado por Karl von Clausewitz–el jefe militar prusiano que derrotó a Bonaparte en la batalla de Waterloo-, las palabras del jefe del Estado Plurinacional adquieren sentido.
Para los departamentos de Defensa y Estado de EE.UU. la Guerra de Baja Intensidad –una de las tres modalidades de guerra definidas por la administración Reagan para preservar la hegemonía mundial estadounidense y hasta ahora vigentes-, es la combinación de diversas medidas políticas, ideológicas, mediáticas, económicas y militares para derrotar cualquier proceso social que ponga en peligro la dominación imperial en los países del Tercer Mundo, del que América Latina forma parte.
Pero a este concepto, resignificado a la luz de dos experiencias traumáticas para Estados Unidos: el triunfo de la revolución sandinista y la derrota en Vietnam, así como dentro de la llamada revolución conservadora se añade un segundo concepto, también redefinido a la luz de la realidad, en los manuales estadounidenses: el de victoria, que cambia radicalmente respecto del concebido en la clásica Doctrina de la Seguridad Nacional.
En la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuyos orígenes se encuentran en la década de los 60, el concepto de victoria implicaba la derrota o aniquilamiento físico del enemigo, lo cual explica el por qué las Fuerzas Armadas locales –utilizadas por el imperio para el desarrollo de sus planes-, provocaran miles de muertos, desaparecidos y heridos en la instalación y defensa de las dictaduras militares o en la detención y asesinato de guerrilleros, como ocurrió con Ernesto Che Guevara y Marcelo Quiroga Santa Cruz en las décadas de los 60 y 80, respectivamente, por solo citar hechos bastante conocidos en Bolivia y el mundo.
En contraste con ese concepto restringido de victoria, la Guerra de Baja Intensidad lo amplía, pues desde inicios de la década de los 80, el triunfo implica lograr la derrota política del enemigo, es decir quitarle base social, minar moralmente sus fuerzas, aislarlo de la mayor parte del pueblo y, si además fuera necesario, golpearlo militarmente. La victoria, por tanto, es privarle a las fuerzas progresistas y revolucionarias de su natural base social, de la misma manera como se quita el agua al pez para que éste muera.
Con la resignificación de ambos conceptos –el de guerra y el de victoria-, el imperialismo puso en marcha en América Latina una nueva ofensiva político-militar destinada a “conquistar el corazón y la mente de las gentes” y eliminar la mínima posibilidad de proyectos contestatarios a su hegemonía.
Una de sus medidas no militares en el sentido clásico para garantizar la reproducción de la hegemonía estadounidense en la región ha sido la democracia controlada, cuya forma política en Bolivia fue la democracia de pactos. Esta implicaba aislar a las fuerzas socialdemócratas de la izquierda política y social más radical, incorporarlas al juego por el gobierno temporal (gobierno como tal) sin modificar lo central del gobierno permanente (el estado). Es decir, no alternativa pero si alternancia dentro del mismo proyecto de dominación.
Pero vayamos bajando en la aplicación de estos conceptos a la realidad boliviana de los últimos diez años, lo cual permitirá constatar que la afirmación de que Estados Unidos le declaró la guerra al proceso boliviano no carece de sentido. Desde una perspectiva más amplia puede decirse que se han desarrollado al menos cuatro tipos de guerra: mediática, económica, política y subversiva.
Si ubicamos los orígenes del proceso de cambio en el año 2000, cuando el bloque de las clases subalternas empieza a jugar un papel de dirección efectiva y real de la sociedad, en contraposición a los centros de poder institucionalizados cada vez más acorralados y deslegitimados, vamos a encontrar que la guerra contrainsurgente alentada por el imperio tuvo en mayo-junio de 2003 su máxima expresión, en un intento fallido de colocar a Hormando Vaca Diez como presidente del país.
Contra la revolución boliviana y su líder se han construido varias matrices de opinión: totalitario, permisible con el narcotráfico, aliado de los países que “promueven” el terrorismo y violador de los derechos humanos. Cada una de estas se han desarrollado en distintos momentos, aunque a veces se han articulado en una misma temporalidad. Es más, la campaña de desprestigio contra Morales se remonta a las elecciones de 2002, cuando el embajador estadounidense Manuel Rocha llamó a votar en su contra.
El instrumento más importante para la creación y difusión de estas matrices de opinión han sido los medios de comunicación, nacionales e internacionales, cuyas narrativas nos conducen a autoridades estadounidenses, a dirigentes políticos nacionales desplazados a un lugar secundario en la escena política, así como a analistas cuya concepción del mundo está reñida con la aspiración emancipadora de los pueblos. Pero sobre todo nos conduce a dos pilares fundamentales de la política exterior estadounidense y de su política doméstica: la guerra como mecanismo de dominación y el temor como dispositivo para la generación de consenso nacional.
En diciembre de 2009, por ejemplo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, lanzó una advertencia contundente: “Estamos muy conscientes de la intención de Irán de ampliar sus vínculos con algunos países como Venezuela o Bolivia y solo podemos decir que realmente es mala idea para los países involucrados”.
Las declaraciones de Clinton obviamente apostaban a crear temor y desinformación en la población de ambos países. EEUU no ha dejado de hacer campaña, como parte de los preparativos de una intervención militar hasta ahora no respaldada por Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, para instalar en la mente de la gente a nivel mundial de que Irán está desarrollando armas nucleares con fines militares.
Lo que ninguna autoridad estadounidense dice, por razones obvias, que el estado iraní mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con la mayor parte de los países de América Latina, con la sola excepción de unos cuantos, dentro de los cuales está Panamá.
La Casa Blanca también es la principal responsable de que Bolivia sea permanentemente asediada por el crecimiento de la producción y el tráfico de cocaína, sobre todo desde que el presidente Morales dispusiera la expulsión de la DEA en septiembre de 2008, acusada de llevar adelante tareas de inteligencia con fines políticos.
A partir de ese hecho político, que demostró la recuperación de la soberanía, Bolivia ha sido objeto de ataques permanentes. Estados Unidos ha descertificado al país en materia de lucha contra las drogas, a pesar que, por ejemplo, en 2011 es el país que más ha reducido –sin violencia y concertadamente- sus cultivos excedentarios de coca (12%) frente a Perú y Colombia –que no superaron el 3%- y el que más operativos antidroga ha desarrollado con bastante éxito, según el reporte de Naciones Unidas.
Otro de los hechos utilizados por EEUU para construir en el imaginario colectivo una montaña de sospechas sobre la relación del gobierno boliviano con el narcotráfico es la detención del general René Sanabria en la ciudad de Panamá, en febrero de 2011 en un operativo coordinado con la policía chilena.
Una semana antes de que se realizara el operativo de la DEA en Panamá contra Sanabria –que en el pasado fue un activo colaborador de la DEA-, un agente de apellido Tillery participó en una reunión secreta en la embajada estadounidense en La Paz, donde también estuvo presente el señor Rodney Delano Smith, alto oficial de la CIA en Bolivia, bajo fachada de Primer Secretario de la Misión estadounidense a cargo de asuntos regionales.
En esa reunión secreta en la embajada de Estados Unidos fue precisamente Delano, el que -luego de evaluar la situación- propuso a la oficina central de la CIA en Virginia la pertinencia de la operación detención de Sanabria en Panamá. De acuerdo a la información, Delano fue el encargado de planificar esta operación, que ya en una primera parte contó con la colaboración de agentes de la inteligencia estadounidense en Chile y con los propios organismos de seguridad del vecino país
En la mencionada reunión y a sugerencia de Tillery, se acordó la participación directa del oficial DEA radicado en Paraguay Andy Banks, en el operativo de detención de Sanabria. Banks es un viejo compinche de Tillery. Durante los años de 2007 hasta febrero de 2009 estuvo radicado como oficial de la DEA en Cochabamba, al igual que otros agentes de la DEA se dedicó más a la labor subversiva y de espionaje contra el gobierno popular de Evo Morales que a colaborar con las autoridades bolivianas para combatir el narcotráfico.
Por lo tanto, ya es muy claro que el general Sanabria, a quien la DEA tenía como un cercano colaborador, fue convertido de la noche a la mañana en un narcotraficante por los servicios especiales estadounidenses, con el objetivo de poder presentar un supuesto testigo de este nivel, que le permita a Washington montar una nueva campaña difamatoria contra el gobierno boliviano, alegando la existencia de supuesta corrupción y vínculos con narcotráfico en sus más altas esferas.
El segundo tipo o modalidad de guerra es la política. Le ha correspondido al embajador Philip Golberg, expulsado por el gobierno de Evo en septiembre de 2008, desarrollar una activa agenda con la oposición más violenta y ultraderechista, principalmente asentada en la entonces denominada la “Media Luna”, conformada por los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, a la que luego se sumó Chuquisaca.
Golberg -un político con bastante experiencia en temas de desestabilización fue una de las principales figuras en la desarticulación de Yugoslavia y ahora es director de inteligencia en el Departamento de Estado-, mantuvo una estrecha relación con la dirigencia cívica opositora y alentó –según volvió a recordar Morales el 13 de octubre- el intento de golpe de estado, cuya apuesta era la división del país en dos (la Bolivia del occidente y la Bolivia del oriente).
Le ha correspondido al representante estadounidense organizar una entrevista clandestina a diputados de su país con la oposición, instruir a jóvenes ciudadanos norteamericanos el seguimiento de las actividades de los médicos cubanos y venezolanos, así como abrir el trabajo hacia las organizaciones indígenas con menos historia de policiticidad, como es el caso de la CIDOB y Conamaq.
Por tanto, esa guerra política contra el proceso de cambio adquiría a la vez la forma de guerra subversiva. Esta guerra, además de lo anteriormente explicado, ha ido desde el financiamiento directo con fondos de USAID a organizaciones políticas y sociales opositoras, así como ciertos movimientos de cierta naturaleza militar en el sentido amplio.
Si bien todavía no existe información suficiente sobre el grado de participación de los servicios secretos de Estados Unidos en la organización, planificación y ejecución del plan terrorista encabezado por el croata Eduardo Rozsá entre octubre de 2008 y abril de 2010, que consideraba incluso el asesinado de Evo Morales, la huída de muchos de sus protagonistas a territorio estadounidense tras la oportuna desactivación por parte de la seguridad boliviana, es un indicio muy serio de su presencia.
El grupo terrorista, integrado por otros extranjeros y algunos nacionales, mantenía una relación muy estrecha con altos dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz, los cuales a la vez tenían contactos muy frecuentes con la embajada de los Estados Unidos, aún después de la expulsión de Golberg.
Otra de las principales acciones de la embajada de los Estados Unidos dentro de la guerra subversiva ha sido el intento –desactivado por el gobierno boliviano- de traslado de armas, municiones y equipos de telecomunicaciones del departamento del Beni a Santa Cruz, el 27 de mayo de 2012, donde se usó un vehículo diplomático.
Pero a la guerra política hay que añadirle la guerra económica por doble partida. Por un lado, excluyendo a Bolivia de la aplicación de las preferencias arancelarias (Atpdea) y, por otro lado, alentando a principios del gobierno de Evo a que los sectores productores de Santa Cruz generaran un ambiente de desabastecimiento. A la primera se le respondió, desde el gobierno, diversificando mercados para los textiles con Venezuela y otros países del ALBA, pero también con Brasil y Argentina en menor medida. A la segunda se le respondió con la creación de EMAPA, una empresa nacional de alimentos encargada de desarrollar tareas de acopio y distribución.
No es poco entonces lo que el proceso de cambio ha tenido que enfrentar desde mucho antes de que Evo Morales se convirtiera en el primer presidente indígena de Bolivia y sería ingenuo pensar que el principal líder de la revolución boliviana no vaya a seguir siendo sistemáticamente asediado por todo tipo de guerras. En un primer momento se lo hizo para impedir su victoria, ahora se lo hace para evitar la consolidación del proyecto emancipador.
Panamá: Colón en "estado de sitio"
Por Marco A. Gandásegui*
"A llorar al cementerio…" fue el grito de batalla del presidente de la Asamblea de Diputados después de aprobar la Ley 72 que privatiza las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC). Fue un anticipo de la muerte del niño José Patricio Vega Betancourt, de 9 años de edad, y del trabajador Andreve Dixon, de origen kuna. El niño fue atravesado por una bala y el trabajador kuna recibió un disparo en la frente en medio de la represión desatada contra el pueblo colonense por parte de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
Este cuerpo militarizado es financiado, armado y entrenado por el Comando Sur de EEUU que ha identificado como el enemigo número uno de sus intereses a “los campesinos e indígenas de Panamá”. La militarización acelerada del país puede explicar el reciente nombramiento de un comisionado (coronel) de la Policía como vice-ministro de Seguridad.
La Policía actúa sin un plan de contingencia y los heridos de bala se acumulan. Los medios de comunicación fueron amedrentados por actos de violencia contra su personal. La Policía Nacional allanó la Iglesia San José de la ciudad atlántica con el fin de detener a personas refugiadas en ese sitio. Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio de Colón, denunció el ataque de la Policía y dijo que Colón se encuentra en “estado de sitio”. El Frente inició un paro de 48 horas de todos los sectores de Colón a partir del lunes. Cabezas declaró que el Frente quiere dialogar con el gobierno una vez que derogue la Ley 72. Como consecuencia de la represión del martes, el Frente anunció que el paro tendría carácter indefinido. El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, aseguró que la represión que ha causado dos muertes y decenas de heridos se justifica para proteger a los manifestantes. Igual opinó el Director de la Policía Nacional, Julio Moltó.
Apenas en febrero de este año, Martinelli desplazó al SENAFRONT a San Félix donde el pueblo ngobe buglé organizado se opone a la construcción de hidroeléctricas en su comarca. Murieron dos trabajadores. En 2010 Martinelli también transportó en avión varios batallones del SENAFRONT para aplastar una protesta de los trabajadores de la bananera Bocas Fruit. En este caso, murieron dos obreros indígenas. Todas las muertes fueron provocadas por heridas de balas. Se registraron, además, decenas de heridos de perdigones y mujeres ultrajadas.
La privatización de la ZLC
La “privatización” de las tierras de la ZLC traspasa la propiedad de ese patrimonio de la ciudad de Colón a intereses privados. Hasta ahora, la tierra era propiedad del Estado y patrimonio de los colonenses (según la Ley que creó la ZLC en 1948). Los comerciantes alquilaban los lotes donde construían mejoras (almacenes y tiendas) para depositar mercancías y venderlas a los compradores de países vecinos (en gran parte, la región andina, el Caribe y Centro América).
Hay dos versiones para justificar la operación financiera del gobierno de Martinelli, ninguna de las cuales se relaciona con las políticas neoliberales impuestas por las agencias financieras norteamericanas. Por un lado, los financistas del Ministerio de Economía y Finanzas incluyeron en el presupuesto de 2013 una partida de US$ 400 millones que sería cubierta con la venta de las tierras de la ZLC. Por el otro, con la venta de las tierras el gobierno está creando un nuevo segmento de “rentistas” que vivirían de los alquileres de las tierras de la ZLC. Es decir, se trasladaran los ingresos de los alquileres que recibe el gobierno a un grupo de propietarios privados.
Una tercera versión, que surge de algunos sectores, es que Martinelli tiene interés en comprar el paquete inmobiliario y convertirlo en parte de su patrimonio personal. También se estudia la venta de los terrenos vecinos (del Estado) que ampliarían la ZLC que serían adquiridos inmediatamente. Esta opción no fue concebida ni por los fundadores de la ZLC quienes veían la zona franca como un negocio rentable sin necesidad de tener que compartirlo con los “rentistas”. Los gobiernos liberales (1948-1968), militares (1968-1989) y neoliberales (1990-2010), a su vez, vieron la ZLC como una “caja menuda” siempre disponible para desarrollar proyectos en diferentes partes del país. El diputado de la oposición, Elías Castillo, señaló que el gobierno quiere vender estas tierras para “utilizar ese dinero para gastos y para politiquería”. Según otro diputado, José Blandón, el gobierno necesita dinero para sufragar “el clientelismo y el robo descarado de los recursos públicos”.
Todo Panamá se solidariza con Colón
En una extraña coincidencia, la Asociación de Usuarios de la ZLC, la Cámara de Comercio, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones cívicas y populares condenaron la actitud del gobierno que no quiso dialogar antes de aprobar la Ley 72 en la Asamblea. En medio de las manifestaciones populares en la ciudad de Colón, el presidente Martinelli salió del país con destino a Japón (su viaje número 67 al exterior en tres años de gobierno). En Japón Martinelli tuvo el tiempo necesario para atacar a China provocando un incidente internacional deplorable con el principal surtidor de mercancías de la ZLC y el segundo usuario más importante del Canal de Panamá.
El gabinete de Martinelli parece que está experimentado serias grietas por la forma irresponsable que ha manejado las protestas colonenses. Por un lado, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, ha indicado en privado que abandonaría su cargo por razones de salud. A su vez, la ministra de Educación, Lucy Molinar, también ha evidenciado descontento por los acontecimientos de Colón. La ministra fue la única miembro del gabinete que no firmó el proyecto de Ley cuando fue enviado a la Asamblea.
El país entero se ha solidarizado con el pueblo de Colón, las provincias, las comarcas, los municipios, los trabajadores del agro, los obreros de la ampliación del Canal de Panamá, estudiantes e, incluso, sectores empresariales. A la vez, responsabilizan nuevamente al presidente Martinelli, por los desmanes cometidos por las fuerzas policíacas.
*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemen
Fuente: http://www.rnv.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=631:panama-colon-en-qestado-de-sitioq&catid=37:opinion
"A llorar al cementerio…" fue el grito de batalla del presidente de la Asamblea de Diputados después de aprobar la Ley 72 que privatiza las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC). Fue un anticipo de la muerte del niño José Patricio Vega Betancourt, de 9 años de edad, y del trabajador Andreve Dixon, de origen kuna. El niño fue atravesado por una bala y el trabajador kuna recibió un disparo en la frente en medio de la represión desatada contra el pueblo colonense por parte de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
Este cuerpo militarizado es financiado, armado y entrenado por el Comando Sur de EEUU que ha identificado como el enemigo número uno de sus intereses a “los campesinos e indígenas de Panamá”. La militarización acelerada del país puede explicar el reciente nombramiento de un comisionado (coronel) de la Policía como vice-ministro de Seguridad.
La Policía actúa sin un plan de contingencia y los heridos de bala se acumulan. Los medios de comunicación fueron amedrentados por actos de violencia contra su personal. La Policía Nacional allanó la Iglesia San José de la ciudad atlántica con el fin de detener a personas refugiadas en ese sitio. Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio de Colón, denunció el ataque de la Policía y dijo que Colón se encuentra en “estado de sitio”. El Frente inició un paro de 48 horas de todos los sectores de Colón a partir del lunes. Cabezas declaró que el Frente quiere dialogar con el gobierno una vez que derogue la Ley 72. Como consecuencia de la represión del martes, el Frente anunció que el paro tendría carácter indefinido. El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, aseguró que la represión que ha causado dos muertes y decenas de heridos se justifica para proteger a los manifestantes. Igual opinó el Director de la Policía Nacional, Julio Moltó.
Apenas en febrero de este año, Martinelli desplazó al SENAFRONT a San Félix donde el pueblo ngobe buglé organizado se opone a la construcción de hidroeléctricas en su comarca. Murieron dos trabajadores. En 2010 Martinelli también transportó en avión varios batallones del SENAFRONT para aplastar una protesta de los trabajadores de la bananera Bocas Fruit. En este caso, murieron dos obreros indígenas. Todas las muertes fueron provocadas por heridas de balas. Se registraron, además, decenas de heridos de perdigones y mujeres ultrajadas.
La privatización de la ZLC
La “privatización” de las tierras de la ZLC traspasa la propiedad de ese patrimonio de la ciudad de Colón a intereses privados. Hasta ahora, la tierra era propiedad del Estado y patrimonio de los colonenses (según la Ley que creó la ZLC en 1948). Los comerciantes alquilaban los lotes donde construían mejoras (almacenes y tiendas) para depositar mercancías y venderlas a los compradores de países vecinos (en gran parte, la región andina, el Caribe y Centro América).
Hay dos versiones para justificar la operación financiera del gobierno de Martinelli, ninguna de las cuales se relaciona con las políticas neoliberales impuestas por las agencias financieras norteamericanas. Por un lado, los financistas del Ministerio de Economía y Finanzas incluyeron en el presupuesto de 2013 una partida de US$ 400 millones que sería cubierta con la venta de las tierras de la ZLC. Por el otro, con la venta de las tierras el gobierno está creando un nuevo segmento de “rentistas” que vivirían de los alquileres de las tierras de la ZLC. Es decir, se trasladaran los ingresos de los alquileres que recibe el gobierno a un grupo de propietarios privados.
Una tercera versión, que surge de algunos sectores, es que Martinelli tiene interés en comprar el paquete inmobiliario y convertirlo en parte de su patrimonio personal. También se estudia la venta de los terrenos vecinos (del Estado) que ampliarían la ZLC que serían adquiridos inmediatamente. Esta opción no fue concebida ni por los fundadores de la ZLC quienes veían la zona franca como un negocio rentable sin necesidad de tener que compartirlo con los “rentistas”. Los gobiernos liberales (1948-1968), militares (1968-1989) y neoliberales (1990-2010), a su vez, vieron la ZLC como una “caja menuda” siempre disponible para desarrollar proyectos en diferentes partes del país. El diputado de la oposición, Elías Castillo, señaló que el gobierno quiere vender estas tierras para “utilizar ese dinero para gastos y para politiquería”. Según otro diputado, José Blandón, el gobierno necesita dinero para sufragar “el clientelismo y el robo descarado de los recursos públicos”.
Todo Panamá se solidariza con Colón
En una extraña coincidencia, la Asociación de Usuarios de la ZLC, la Cámara de Comercio, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones cívicas y populares condenaron la actitud del gobierno que no quiso dialogar antes de aprobar la Ley 72 en la Asamblea. En medio de las manifestaciones populares en la ciudad de Colón, el presidente Martinelli salió del país con destino a Japón (su viaje número 67 al exterior en tres años de gobierno). En Japón Martinelli tuvo el tiempo necesario para atacar a China provocando un incidente internacional deplorable con el principal surtidor de mercancías de la ZLC y el segundo usuario más importante del Canal de Panamá.
El gabinete de Martinelli parece que está experimentado serias grietas por la forma irresponsable que ha manejado las protestas colonenses. Por un lado, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, ha indicado en privado que abandonaría su cargo por razones de salud. A su vez, la ministra de Educación, Lucy Molinar, también ha evidenciado descontento por los acontecimientos de Colón. La ministra fue la única miembro del gabinete que no firmó el proyecto de Ley cuando fue enviado a la Asamblea.
El país entero se ha solidarizado con el pueblo de Colón, las provincias, las comarcas, los municipios, los trabajadores del agro, los obreros de la ampliación del Canal de Panamá, estudiantes e, incluso, sectores empresariales. A la vez, responsabilizan nuevamente al presidente Martinelli, por los desmanes cometidos por las fuerzas policíacas.
*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemen
Fuente: http://www.rnv.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=631:panama-colon-en-qestado-de-sitioq&catid=37:opinion
Wikileaks revela crueles políticas de detención ejecutadas por el Pentágono
El sitio web WikiLeaks comenzó este jueves la publicación de más de 100 archivos clasificados o de acceso restringido del Departamento de Defensa estadounidense, donde son reveladas las crueles normas y procedimientos de las detenciones bajo custodia militar que realiza la nación norteamericana.
El portal especializado en filtraciones reseña que, durante el próximo mes, “desnudará” en orden cronológico las políticas que emplea Estados Unidos en las detenciones militares practicadas durante más de una década, incluyendo manuales sobre las técnicas de interrogación y tortura.
La agencia Russia Today (RT) destaca que los documentos incluyen los Procedimientos Operativos Estándar en las prisiones militares de Irak y Guantánamo (Cuba), los manuales de interrogatorio y “órdenes fragmentarias de los cambios en las políticas y procedimientos de las detenciones”.
Parte de los archivos desvelan casos ejecutados en Camp Bucca, la mayor prisión de Irak; en Abu Ghraib, la cárcel ubicada en Bagdad; en Guantánamo y en instalaciones penitenciarias militares de EE.UU. en Europa.
Un documento fechado en 2005, durante la Administración de George W. Bush, aborda la “política de asignación de números seriados internos a los detenidos”.
Wikileaks afirma que se evitaba “sistemáticamente” adjudicar estos números, para luego poder hacer “desaparecer” burocráticamente a detenidos que pasaban a estar custodiados por otras agencias estadounidenses mientras permanecían registrados en la base central de datos.
Otra revelación es que en 2008 se eliminó “el requerimiento de grabar sesiones interrogatorias” en algunas instalaciones concretas de prisioneros, específicamente tras hacerse públicas cintas y fotos sobre torturas en Abu Ghraib. No obstante, el presidente Barack Obama revocó luego esta orden.
Un documento de 2005 detalla prácticas de interrogatorio aprobadas para las fuerzas militares en Irak. Una de ellas la técnica del “aproximamiento al amor emocional”, que explota el amor que el detenido sienta por su familia, patria o compañeros.
También se menciona la técnica de “infundir miedo severo”, en la que “el interrogador se comporta de manera poderosa con una voz alta y amenazadora para convencer a la fuente de que realmente tiene algo que temer; que no hay otra opción que cooperar”.
El portal también publicará el documento de la fundación del “Campamento Delta” en la Bahía de Guantánamo en 2002, desvelando también los procedimientos rutinarios en centros de detención de Irak.
A finales de noviembre de 2010, el portal WikiLeaks sorprendió al mundo publicando cerca de 250 mil mensajes secretos de la diplomacia estadounidense. Asimismo, filtraciones posteriores desvelaron también detalles comprometedores sobre algunos de los principales líderes mundiales.
El portal especializado en filtraciones reseña que, durante el próximo mes, “desnudará” en orden cronológico las políticas que emplea Estados Unidos en las detenciones militares practicadas durante más de una década, incluyendo manuales sobre las técnicas de interrogación y tortura.
La agencia Russia Today (RT) destaca que los documentos incluyen los Procedimientos Operativos Estándar en las prisiones militares de Irak y Guantánamo (Cuba), los manuales de interrogatorio y “órdenes fragmentarias de los cambios en las políticas y procedimientos de las detenciones”.
Parte de los archivos desvelan casos ejecutados en Camp Bucca, la mayor prisión de Irak; en Abu Ghraib, la cárcel ubicada en Bagdad; en Guantánamo y en instalaciones penitenciarias militares de EE.UU. en Europa.
Un documento fechado en 2005, durante la Administración de George W. Bush, aborda la “política de asignación de números seriados internos a los detenidos”.
Wikileaks afirma que se evitaba “sistemáticamente” adjudicar estos números, para luego poder hacer “desaparecer” burocráticamente a detenidos que pasaban a estar custodiados por otras agencias estadounidenses mientras permanecían registrados en la base central de datos.
Otra revelación es que en 2008 se eliminó “el requerimiento de grabar sesiones interrogatorias” en algunas instalaciones concretas de prisioneros, específicamente tras hacerse públicas cintas y fotos sobre torturas en Abu Ghraib. No obstante, el presidente Barack Obama revocó luego esta orden.
Un documento de 2005 detalla prácticas de interrogatorio aprobadas para las fuerzas militares en Irak. Una de ellas la técnica del “aproximamiento al amor emocional”, que explota el amor que el detenido sienta por su familia, patria o compañeros.
También se menciona la técnica de “infundir miedo severo”, en la que “el interrogador se comporta de manera poderosa con una voz alta y amenazadora para convencer a la fuente de que realmente tiene algo que temer; que no hay otra opción que cooperar”.
El portal también publicará el documento de la fundación del “Campamento Delta” en la Bahía de Guantánamo en 2002, desvelando también los procedimientos rutinarios en centros de detención de Irak.
A finales de noviembre de 2010, el portal WikiLeaks sorprendió al mundo publicando cerca de 250 mil mensajes secretos de la diplomacia estadounidense. Asimismo, filtraciones posteriores desvelaron también detalles comprometedores sobre algunos de los principales líderes mundiales.
Guerra contra el narco en México deja millones a empresas estadounidenses
Telesur
Una investigación realizada por El Diario de El Paso de México reveló que el auge de la violencia en ese país y la guerra contra el narcotráfico producen millones de dólares para las empresas estadounidenses contratistas de seguridad.
El entrenador experimentado en armas, James Richmond, indicó que dependencias oficiales y empresas mexicanas contratan servicios de entrenamiento en uso de armas sofisticadas de origen europeo y asiático, porque las bandas del crimen organizado utilizan este tipo de armamento.
“Tenemos entrenadores haciendo servicios en México. Les mostramos como usar armas que el narco está usando ya (...) armas como el Ak-47 o el Ak-40”, agregó.
Richmond labora para la empresa Special Tactical Services, que fue creada en el año 2000 y provee armas a las autoridades estadounidenses y entidades privadas.
Una información publicada en enero pasado señaló que con la guerra de Irak finalizada los contratistas estadounidenses en seguridad buscan nuevos prospectos en México, “donde la violencia ligada al crimen organizado ha creado una demanda para profesionales en la materia”.
“Luego de años de lucrativas labores en el Medio Oriente y Asia Central, donde su presencia fue en ocasiones manchada por incidentes de uso excesivo de fuerza, distintas firmas de seguridad buscan entrar a México”, añadió.
Entre tanto, el profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Víctor Manuel Quintana, aseveró que la guerra contra el narcotráfico en el territorio mexicano ha sido un negocio de gran provecho para estas compañías y que solo beneficia a Estados Unidos.
“Hay decadencia económica y social de este lado de la frontera y hay auge económico y social apenas unos metros más allá de la frontera. Entonces, el gran beneficiario de todo esto ha sido indudablemente Estados Unidos”, expresó.
Quintana precisó que las compañías estadounidenses se lucran entrenando gente o recibiendo jugosos contratos en México con el uso de armas de alto calibre.
En declaraciones a la cadena de noticias RT, el profesor destacó que con el armamento usado se podría “hacer frente a las armas también sofisticadas que han sido introducidas a México a través de la operación 'Rápido y Furioso”.
Esta táctica fue realizada por federales estadounidenses que en 2009 permitieron el tráfico de armas a México para seguir el rastro de las bandas criminales, pero gran parte del armamento acabó en manos de narcos.
Una investigación realizada por El Diario de El Paso de México reveló que el auge de la violencia en ese país y la guerra contra el narcotráfico producen millones de dólares para las empresas estadounidenses contratistas de seguridad.
El entrenador experimentado en armas, James Richmond, indicó que dependencias oficiales y empresas mexicanas contratan servicios de entrenamiento en uso de armas sofisticadas de origen europeo y asiático, porque las bandas del crimen organizado utilizan este tipo de armamento.
“Tenemos entrenadores haciendo servicios en México. Les mostramos como usar armas que el narco está usando ya (...) armas como el Ak-47 o el Ak-40”, agregó.
Richmond labora para la empresa Special Tactical Services, que fue creada en el año 2000 y provee armas a las autoridades estadounidenses y entidades privadas.
Una información publicada en enero pasado señaló que con la guerra de Irak finalizada los contratistas estadounidenses en seguridad buscan nuevos prospectos en México, “donde la violencia ligada al crimen organizado ha creado una demanda para profesionales en la materia”.
“Luego de años de lucrativas labores en el Medio Oriente y Asia Central, donde su presencia fue en ocasiones manchada por incidentes de uso excesivo de fuerza, distintas firmas de seguridad buscan entrar a México”, añadió.
Entre tanto, el profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Víctor Manuel Quintana, aseveró que la guerra contra el narcotráfico en el territorio mexicano ha sido un negocio de gran provecho para estas compañías y que solo beneficia a Estados Unidos.
“Hay decadencia económica y social de este lado de la frontera y hay auge económico y social apenas unos metros más allá de la frontera. Entonces, el gran beneficiario de todo esto ha sido indudablemente Estados Unidos”, expresó.
Quintana precisó que las compañías estadounidenses se lucran entrenando gente o recibiendo jugosos contratos en México con el uso de armas de alto calibre.
En declaraciones a la cadena de noticias RT, el profesor destacó que con el armamento usado se podría “hacer frente a las armas también sofisticadas que han sido introducidas a México a través de la operación 'Rápido y Furioso”.
Esta táctica fue realizada por federales estadounidenses que en 2009 permitieron el tráfico de armas a México para seguir el rastro de las bandas criminales, pero gran parte del armamento acabó en manos de narcos.
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