Por Lilia ArellanoMéxico, nación en riesgo“La violencia no es sino una expresión del miedo”.Arturo Graf En los días que corren graves peligros confronta la Nación: la pérdida de su riqueza patrimonial, con la presunta aprobación de la reforma energética el próximo mes de marzo; la cancelación de libertades ciudadanas fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones personales y de la libertad individual -abiertas y francas restricciones a los derechos humanos consagrados en la Constitución- con la “reforma de justicia”, que legitima y abre la puerta para reglamentar el uso de la fuerza policial; y la militarización del país con la carta blanca que se le ofrece al Ejército Mexicano como última y única opción de la administración de Felipe Calderón, dentro de su fracasada estrategia para hacerle frente al crimen organizado y a los cárteles de la droga, pues le ha apostado mal al uso de la fuerza y no de la inteligencia, policial y humana, y omite que el problema de la criminalidad está profundamente ligado a la pobreza que existe en el país y que no se resolverá de fondo hasta que ésta se disminuya y se cierre la brecha de la enorme desigualdad social que impera en el territorio mexicano.
En los últimos años, México se ha visto sacudido por una ola de violencia ligada al narcotráfico y el lavado de dinero, que es cada vez más trasnacional, y que ha dejado una impresionante estela de sangre por todo el país, cuyas cifras congelan la sangre del más valiente: tan sólo en el sexenio del primer panista que logró acceder a la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, se registraron más de 9 mil narcoejecuciones, principalmente en los centros de población más importantes como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, entre muchas otras, mientras en lo que va de la gestión calderonista, los homicidios relacionados con el crimen organizado rompen todos los récords y superan ya las 3 mil muertes, costo realmente muy alto que ha pagado el país por resultados prácticamente imperceptibles en el tráfico de estupefacientes en el territorio mexicano y hacia los Estados Unidos.
Y precisamente en el marco del Día del Ejército México, el titular de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, admitió que el narcotráfico y el crimen organizado son una amenaza para la estabilidad de las instituciones nacionales y reconoció que representan un peligro real para la salud y la seguridad de todos.
También advirtió que los militares “no daremos un paso atrás” contra esas organizaciones que pretenden “construir imperios del crimen”.
El militar salió al paso de las críticas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sostuvo que las “Fuerzas Armadas no pretenden discrecionalidad en el ejercicio coercitivo, sino una transparencia que permita apreciar la veracidad de sus acciones”.
Y para compensar su disposición en esta tarea que no les corresponde y para la cual no fueron constituidos, Felipe Calderón les anunció un aumento de 500 pesos al salario mensual de los integrantes de las fuerzas armadas y les prometió que este incremento sería retroactivo a enero pasado y adicional a los “aumentos originales”, que por cierto aún no ha cumplido todavía y que se suman a la total carencia de recursos para modernizar los equipos militares (comunicaciones, vehículos, aviones, armamento, aparatos de visión nocturna, etc.).
También prometió a los militares una iniciativa de seguridad social a fin de que los soldados retirados tengan garantizado un salario digno.
La medida, dijo, podría concretarse en no más de cinco años y forma parte de la reforma a la ley castrense con el objetivo de estar a tono con los nuevos retos que enfrentan las fuerzas armadas.
Los documentados excesos en que han caído algunos militares en el cumplimiento de la impuesta tarea de combatir a los cárteles de la droga, ha llevado a las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos a demandar que los soldados regresen a los cuarteles y se les saque del combate a los capos de los diversos cárteles que operan en el país.
Incluso dichos reclamos fueron llevados hasta la residencia oficial de Los Pinos, por la Alta Comisionada de Naciones Unidos para los Derechos Humanos, Louise Arbour, quien subrayó la semana pasada ante el propio Calderón que el empleo del Ejército para combatir el narcotráfico no es una política sustentable y puede ser muy riesgoso en el largo plazo toda vez que los soldados están entrenados para hacer uso de una fuerza excesiva, mientras que en el campo de procuración de justicia un principio básico es el uso razonado de la fuerza.
Arbour también advirtió a los senadores de la República la necesidad de que el Ejército Mexicano esté bajo vigilancia de una autoridad civil cuando lleve a cabo funciones civiles o policíacas.
Lo anterior se agrega a la gran impunidad que existe en todo el país en materia de procuración de justicia y cuya punta del iceberg son las muertas de Ciudad Juárez, las narcoejecuciones, la tortura y la represión a los severos conflictos sociales, en los que se aplicó una auténtica política de Estado.
Sobre el particular, este martes la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos sostuvo que la violación a las garantías individuales en México es extremadamente crítica y el responsable de esto es Felipe Calderón.
Dicha comisión pidió al gobierno federal adoptar medidas urgente para establecer el paradero de la desaparición forzada de personas registradas en 2007; para esclarecer los dos atentados a instalaciones de PEMEX que presuntamente realizó el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para exigir se establezca el paradero de dos de sus militantes; para definir la situación jurídica de los 70 presos políticos, una parte de los cuales participaron en el conflicto social que se registró en el Estado de Oaxaca en 2006 con saldo de 13 muertos, mientras que otra parte fueron detenidos por participar en mayo de 2006 en la toma de una carretera en San Salvador Atenco, en donde los ejidatarios dieron una férrea defensa de sus tierras.
Castro renunció al poder
En un hecho calificado como histórico, el presidente cubano Fidel Castro renunció al poder, tras detentarlo por 50 años.
A los 81 años y luego de 19 meses de convalecencia, anunció que no aceptará de nuevo, por razones de salud, el cargo de Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe.
La noticia causó alegría al presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, que andaba de gira por Africa. Sin embargo, su administración descartó levantar el embargo económico, reiteró que mantendrá su política hacia la isla y calificó a Raúl Castro de “dictador lite”.
La noticia también impactó en la contienda electoral por la presidencia de Estados Unidos: los aspirantes demócratas Barack Obama y Hillary Clinton, así como el republicano John McCain, exigieron al régimen cubano la liberación de todos los presos políticos y una transición hacia la democracia.
¿Nuevo proyecto?
Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gabinete lopezobradorista, cuestionó el plan de Felipe Calderón para reactivar la industria petroquímica nacional, a través de la subasta, entre particulares, del ramo productos petroquímicos, como el etanol y las gasolinas naturales, mediante contratos de suministro por 15 años, a cambio de que el sector privado construya una nueva planta petroquímica en la que invertirían alrededor de mil millones de dólares, más 700 millones de dólares para la generación de derivados.
PEMEX Gas y Petroquímica Básica adelantó que estiman que ya en abril, una vez que se hayan recibido las observaciones de los inversionistas interesados en participar, estará en condiciones de emitir los criterios para asignar el contrato de suministros, así como las garantías y compromisos del suministro de materias primas y los referentes a la inversión.
Durante una entrevista realizada en el Programa Estado de los Estados, que se transmite de lunes a viernes por Radio 620 de la Cadena Rasa, Di Costanzo reprobó el hecho de que el proyecto para la nueva planta petroquímica -que no es otro que un reciclado plan derivado del fracasado “megaproyecto Fénix”, que no pudo concretar Vicente Fox el sexenio pasado- lleve dedicatoria y se le pretenda asignar a Grupo Idesa, una pequeña empresa petroquímica que produce Etilénglicoles, Propilénglicoles, Etanolaminas, Anhídrido Ftálico, y Etanolaminas, entre otros, y que con este proyecto “se iría al cielo”, gracias al amplio subsidio que recibirían sus costos de producción del gobierno federal.
De los pasillos
Por primera vez, este martes el precio del barril de crudo superó los 100 dólares, impulsado por el notable encarecimiento que registraban los combustibles.
El precio del crudo de Texas subió 4.7 por ciento y cerró a un precio récord de 100.1 dólares en Nueva York, cuyo mercado es muy sensible a cualquier noticia alusiva a interrupciones imprevistas de la actividad de las refinerías, por coincidir con el inicio de tareas periódicas de mantenimiento antes de incrementar las empresas la producción de gasolinas en los meses de primavera en Estados Unidos.
Además, la escalada de precios coincidió con un debilitamiento del dólar ante el euro y otras divisas. El repunte también tiene relación con las expectativa de que la OPEP pudiera decidir el mes próximo reducir sus cuotas de producción, en previsión de un descenso de la demanda de crudo durante el segundo trimestre del año. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) pidió al gobierno federal revisar el reglamento del Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU), a fin de que se dé un tratamiento diferenciado a sectores que participan en esa actividad económica.
El presidente de la CMIC, Nezahualcóyotl Salvatierra, argumentó que la aplicación del IETU afecta de forma distinta a desarrolladores de vivienda que a cadenas comerciales o constructores de plataformas marítimas.
La petición de la CMIC pone de manifiesto una vez más la inconveniencia e impracticidad de ese nuevo gravamen impuesto por el Congreso a los sectores productivos del país, pues lo único que está logrando, además de una lluvia de amparos, es impulsar la elusión fiscal, debido, entre otras muchas razones, a la complejidad que existe para reportarlo.
Senadores del PRI, PRD y PT pidieron al gobierno federal sancionar con más rigor a los responsables del accidente en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, y solicitaron poner en práctica los convenios internacionales en materia de seguridad en el trabajo, en especial en las minas.
A dos años de la tragedia, la Secretaría del Trabajo informó que por fin fueron depositados en la Junta de Conciliación y Arbitraje las cantidades correspondientes a la totalidad de las indemnizaciones por los 65 mineros fallecidos en esa mina.
La Secretaría de Hacienda confirmó que en el último trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó un crecimiento de 3.3 por ciento, nivel inferior al 4.8 por ciento observado en el 2006, lo que representa una desaceleración de la economía mexicana.
El "pelele"
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