Esta es la forma en que estudiantes con conciencia cívica defienden sus derechos y su patrimonio, es decir, no permiten que intereses puramente comerciales dañen las instalaciones que son suyas. Así se cuidan las cosas que uno considera suyas porque es parte de sus derechos, sus obligaciones y su responsabilidad.
http://www.youtube.com/watch?v=EcsIqtFSjH0
Esta es una de las contribuciones más valiosas del Presidente Hugo Chávez: a través de poner los recursos de la nación como es el petróleo o un medio de comunicación en manos de los venezolanos, ellos han aprendido a defender lo que de principio les pertenece.
Claro, esto es lo que la oligarquía considera "peligroso", esto es a lo que le teme el imperialismo yanqui donde el pobre pueblo estadounidense no puede defender ni la salud de sus hijos porque el cerdo de Bush veta un programa de salud que daría mayor cobertura a los niños y niñas estadounidenses. ¿Quién entonces es el peligro, quién es el dictador? Cuando los estadounidenses no tienen siquiera derecho a defender la salud de sus hijos. Es ahí donde está el totalitarismo.
viernes, octubre 05, 2007
Boletín Informativo ISA núm 215
http://www.serviciodenoticiasis
RESPALDA LÓPEZ OBRADOR LA INICIATIVA DE OFRECER SEGURO DE DESEMPLEO EN EL DISTRITO FEDERAL
Desde la sierra mixteca de Puebla, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó firmemente: “yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está llevando acabo a Marcelo Ebrard. ¡Claro que hay que ayudar a la gente!”, como respuesta a la consideración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de que el programa de Seguro de Desempleo para el Distrito Federal —anunciado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, durante su primer informe de gobierno, apenas hace unas semanas— no es la mejor opción para México. Así, López Obrador expresó su apoyo a Ebrard por haber emprendido dicha acción a favor de la población desocupada.
Al abundar al respecto, el dirigente de la izquierda mexicana dijo: “no es posible que se le dé la espalda a los desempleados, que sufren por esta política económica antipopular. Entonces aunque critiquen a Marcelo, muchos mexicanos, y ahí me incluyo, lo felicitamos por lo que está haciendo en beneficio de la gente que lo necesita, y claro que a los potentados nada les va a gustar”.
Recordó también que desde 1977, en su natal Tabasco, comenzó a trabajar con los habitantes de comunidades indígenas, y que cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal se apoyó a los adultos mayores y a los discapacitados. Por ello, indicó, sabe que “si uno actúa en beneficio del pueblo, se ayuda a la gente y se echa a andar a la economía”.
En el segundo día de gira por tierras poblanas, el presidente legítimo de México hizo duras comparaciones históricas al afirmar que los mexicanos viven como en el tiempo del Porfiriato, debido a que los salarios apenas alcanzan para que la gente sobreviva, pero no para avanzar, ni mejorar sus condiciones de vida ni de trabajo.
Comentó que la gente está conciente de lo que pasa en el país, porque sufren la aplicación de un régimen opresor e injusto que tiene a millones de mexicanos en la pobreza, es decir, en la supervivencia. “Nos robaron la Presidencia de la República, porque hay un grupo de potentados que se opone a cualquier cambio, que no quiere que el pueblo mejore, que tienen al pueblo oprimido y que han agarrado al gobierno como si fuese un comité al servicio de unos cuantos”, manifestó.
”A pesar de que nos robaron las elecciones del 2 de julio —explicó—, decidimos luchar para sacar al país del atraso en el que se encuentra y a nuestro pueblo de la pobreza y la marginación. Los que se creen amos y señores de México no van a poder con el movimiento de transformación del país”, señaló.
”México —sostuvo— debe ser un país para todos, la patria debe ser de todos; asimismo, el presupuesto público es dinero de los mexicanos y debe distribuirse con equidad y justicia. Debe distribuirse con justicia entre la gente pobre y humilde y eso no se hace en el país, porque siempre son los de arriba los que se aprovechan, y la mayor parte del pueblo no tiene ni lo más indispensable”, comentó.
En Chila, Petlalcingo, San Pedro Yeloixtlahuacán y San Pablo Anicano, Andrés Manuel López Obrador invitó a los poblanos a formar parte de la red de representantes del gobierno legítimo de México, para defender al pueblo y el patrimonio de la Nación, así como instaurar la Nueva República.
Reiteró también su convocatoria para el próximo 18 de noviembre, cuando se celebrará la Asamblea Informativa de la Convención Nacional Democrática, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se decidirán las acciones para detener el aumento a las tarifas de la gasolina y el diesel.
López Obrador informó que está recorriendo los 217 municipios de Puebla y que el próximo 4 de noviembre va a reunirse con los poblanos, para rendir un informe sobre la situación en que ha visto al estado.
En Petlalcingo, Andrés Manuel López Obrador manifestó que Vicente Fox está ostentando una riqueza a partir de dinero sustraído de manera ilegal del erario público y que es producto del influyentismo.
Durante su visita en San Pablo Anicano, el Presidente Legítimo de México indicó que los mexicanos no permitiremos el aumento a los precios de la gasolina y el diesel, “ni para octubre, ni para enero”.
Autoritario y dictatorial
Hacia allá va Felipe Calderón Hinojosa, al declararse partidario del monopolio del poder, advierte Bernardo Bátiz Vázquez, secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo / La expresión, propia del menosprecio a las leyes
Al espurio sólo le falta imitar a Luis XIV, quien manifestó: "El Estado soy yo", dijo Bernardo Bátiz.
Hacia allá va Felipe Calderón Hinojosa, al declararse partidario del monopolio del poder, advierte Bernardo Bátiz Vázquez, secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo / La expresión, propia del menosprecio a las leyesAl espurio sólo le falta imitar a Luis XIV, quien manifestó: "El Estado soy yo", dijo Bernardo Bátiz.
MEXICO, D.F., 4 de octubre.- La expresión "el monopolio del poder" del presidente espurio Felipe Calderón es fruto de un carácter autoritario, antidemocrático y de menosprecio a los límites que impone la ley a los gobernantes y muestra un pleno desconocimiento del Estado de Derecho y de la división e poderes, afirmó el secretario de Justicia y Seguridad, Bernardo Bátiz.
Destacó el hecho de que ni siquiera el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz habló de monopolizar el poder cuando trató de justificar la represión del 2 de octubre de 1968. "Creer que alguien que tiene el mando, que tiene el monopolio del poder, es indicio inequívoco de una mentalidad autoritaria y de un menosprecio a los límites que la ley pone a los gobernantes", puntualizó.
Precisamente -detalló- Calderón expresó el pasado 2 de octubre en Quintana Roo que "lo que justifica que alguien tenga el mando, que alguien tenga la fuerza pública, que alguien tenga el monopolio del poder, es garantizarle a cada quien su seguridad".
Recordó Bátiz Vázquez al presidente usurpador que el Ejecutivo tiene el mando de las fuerzas públicas, pero de ninguna manera ostenta el monopolio del poder, que se divide para su ejercicio, según lo establece el Artículo 41 Constitucional, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
"El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, no una persona y la declaración equívoca de Calderón indica un pleno desconocimiento de la estructura de un estado democrático de Derecho, en el que la soberanía se ejerce por el pueblo, a través de los poderes que se equilibran unos a otros, y no de uno solo de ellos, que se define a sí mismo como el titular del monopolio de lo que corresponde a todos", explicó.
Hizo énfasis en que la declaración "el monopolio del poder" corresponde a un subconsciente autoritario y antidemocrático, pero también representa una amenaza de Calderón, porque anticipa que "puede hacer con el poder lo que le venga en gana y, con el pretexto de garantizar la seguridad de la gente, puede convertir a nuestro estado en una dictadura".
Sin embargo, el secretario de Justicia y Seguridad aclaró que los mexicanos sí queremos seguridad, pero de ninguna manera a costa de las libertades políticas y las garantías individuales y mucho menos a cambio del establecimiento de un sistema autoritario y dictatorial.
También resaltó que la expresión "el monopolio del poder" muestra un desconocimiento del Estado de Derecho y de la división de poderes. "En un Estado moderno, regido por leyes, reconoce que el monopolio de la fuerza, no del poder, lo tiene precisamente el Estado, pero en su conjunto, por conducto de los tres órganos de poder, que son el Legislativo en primer lugar que es la representación popular, el Ejecutivo y el Judicial", abundó.
Si bien el titular del Ejecutivo tiene el mando de las fuerzas públicas, para el ejercicio de ese mando, debe estar sujeto a las disposiciones de la Constitución y de las leyes, "no es de ninguna manera un titular de la fuerza en lo personal, ni puede decir como Luis XIV: el Estado soy yo".
El presidente -prosiguió- de un país democrático es un mandatario y su mandato se cumple conforme a las disposiciones del Estado de Derecho.
Reiteró que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, no una persona y la declaración equívoca de Calderón, indica, por una parte desconocimiento de la estructura de un Estado democrático de derecho, en el que la soberanía se ejerce por el pueblo, a través de los poderes, que se equilibran unos a otros, no de uno solo de ellos, que se define a sí mismo como el titular del monopolio de lo que corresponde a todos.
Weber resume lo sustancial del Estado nacional, en el monopolio legítimo (el adjetivo es indispensable) de la violencia; esto significa que no puede haber ni sería legítima, una violencia o fuerza privada, que se elimina el derecho de venganza o el hacerse justicia por propia mano y que se reivindica para el Estado en su totalidad, no a través de uno solo de los poderes, la facultad de ejercer la protección, aun violentamente, del territorio y de los habitantes y siempre dentro del marco del derecho, destacó.
Quizá el origen ilegítimo de su mandato, hace que Calderón confunda tres conceptos que la Teoría del Estado y la política, distinguen perfectamente; la autoridad que es de orden moral y legal y que por supuesto él no tiene; el poder que pertenece al Estado y se ejerce por conducto de los tres órganos de gobierno y la fuerza que sólo se justifica si se ejerce legalmente y por quien legítimamente está autorizado a ello, abundó.
Plan México, perverso rompecabezas
Por Lilia Arellano
*Vulnera FCH la soberanía nacional
*A la vista plena subordinación a EU
*Abierta oposición de la sociedad
*Alerta con las sugerencias de la OCDE
"El problema con los gringos no es abrirles la puerta, sino cómo los sacamos después"
-General Lázaro Cárdenas-
Como en Colombia, tras involucrar al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, FeCal comete otro grave error en materia de seguridad nacional y preservación de la soberanía mexicana: establecer negociaciones con EU para implementar el Plan México...
Pocas piezas faltan para que quede totalmente armado el rompecabezas con el que el gobierno de Felipe Calderón avala la penetración de todas las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos en territorio mexicano. De una parte, hablan por sí solas las contrataciones de supuestos ex militares para proteger las zonas petroleras, operación disfrazada con la firma de contratación de prestación de servicios de una empresa norteamericana dedicada a esa rama.
Por otra, miembros de la DEA y del FBI trabajan abiertamente en una supuesta lucha contra el narcotráfico al lado del Ejército y otras fuerzas policiales mexicanas, sin embargo, el narco-avión localizado con un fuerte cargamento de droga, en el cual se involucra a la CIA, demuestran que no hay combate sino administración de los cárteles de la droga.
Y ahora surge el Plan México. Bajo este esquema no es ocioso presuponer que la penetración de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos actúan enmascarados con un claro propósito: frenar a tiempo cualquier brote de inconformidad social que se geste en el futuro próximo, provocado por medidas que van ahogando a la población. Tan es así que redoblan con autorización del gobierno mexicano la vigilancia en zonas estratégicas para evitar que cualquier movimiento afecte los intereses sembrados en nuestro país.
El panorama es verdaderamente aterrador. Tras involucrar al Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico, Felipe Calderón comete otro grave error en materia de seguridad nacional y preservación de la soberanía, que traerá consecuencias funestas para la Nación a mediano y largo plazo, al establecer negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para la implementación en nuestro país del Plan México, un programa de asistencia para supuestamente erradicar la producción y el tráfico de drogas, así como el combate al crimen organizado y al terrorismo, que se inscribe dentro de la Iniciativa de Seguridad Regional en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y que permitirá a los estadounidenses instaurar relaciones de poder y a involucrarse directamente en procesos de desestabilización, golpes de Estado y operaciones encubiertas, así como guerras de baja intensidad, además de lo anteriormente descrito.
Este jueves el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Carlos Rico, confirmó que el gobierno de México ha terminado las negociaciones con su contraparte estadounidense en torno al Plan antidrogas que negocian y adelantó que serán mil millones de dólares los que el gobierno de Estados Unidos entregue a la administración de Felipe Calderón para esta lucha en un periodo de dos años. El funcionario dijo que sólo se está a la espera de que el Congreso de EU lo apruebe para que entre en vigor, por lo que en los próximos días los gobiernos de ambos países emitirán una declaración conjunta sobre la bautizada "Estrategia Conjunta contra el Combate al Crimen Organizado".
En el contexto actual este hecho es de una gravedad máxima porque se inscribe en una estrategia de subordinación declarada y abierta del gobierno de Felipe Calderón al presidente George W. Bush, pues este programa constituye la pieza que faltaba para completar el rompecabezas que implica la estrategia de seguridad regional de los Estados Unidos en su "traspatio", y en el que también cumplen un papel fundamental los mercenarios extranjeros contratados para "proteger" las instalaciones estratégicas en territorio mexicano, particularmente de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad, así como la abierta intervención en nuestro país del FBI y la agencia antidrogas DEA no para el combate a la producción y tráfico de estupefacientes por territorio nacional, sino para su "administración".
Abierta injerencia de EU en México
La Cancillería mexicana, el propio Felipe Calderón y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, han insistido en que no se permitirá una injerencia militar y policial estadounidense en México. Sin embargo, es evidente que el abastecimiento de tecnología represiva a los regímenes autoritarios en el extranjero es un producto intencional y coherente, y no accidental, de la diplomacia de guerra de Washington.
Junto a la injerencia política de Estados Unidos en los asuntos de seguridad nacional de los mexicanos, el contacto entre las elites castrenses y policías derivado de este tipo convenios, permite a los estadounidenses instaurar relaciones de poder y de domino sobre las instituciones y corporaciones del Estado mexicano. Sobre este particular, el investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, Sergio Aguayo, advierte que no debe perderse de vista que para los planes estadounidenses "nuestro territorio forma parte de su perímetro de seguridad".
El especialista señala que "en su escudo desaparecen las fronteras y Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe, son parte de una región unificada en la cual la cola del águila calva con las alas extendidas arropa a nuestro país. Cuando de su seguridad se trata, seguimos siendo su patio trasero".
Ante la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el particular, la clase política opositora al régimen calderonista, así como intelectuales y analistas de seguridad nacional manifestaron de inmediato su oposición tajante a lo que consideran el último intento de violación de la soberanía nacional, por lo que exigieron al Ejecutivo Federal desistir del proyecto similar al "Plan Colombia" que, según lo han denunciado activistas, busca la criminalización de la lucha social y reforzará la guerra de baja intensidad y otras actividades contrainsurgentes como se documentó en el país sudamericano en 1999.
La implementación del mentado plan dejaría en manos de los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos el seguimiento e investigación de los movimientos sociales del país para que, en caso de salirse del control del gobierno mexicano, sean las fuerzas norteamericanas las encargadas de la operación para lograr su represión y eliminación.
Diputados de oposición coincidieron en señalar que las negociaciones en torno al Plan México son una muestra innegable de que el gobierno federal se encuentra en vilo frente al narcotráfico, con el que está perdiendo la batalla, por lo que ahora recurre al exterior poniendo en riesgo la soberanía nacional. "Dejarle a Estados Unidos la mínima posibilidad de actuar y dirigir el combate al narcotráfico en territorio nacional implicaría que nuestra soberanía quede en entredicho, porque el problema es tan amplio como el consumo y la producción", declaró el priísta Carlos Rojas, mientras que el perredista Juan Guerra sostuvo que la posición de Calderón "transgrede la soberanía del país y demuestra el fracaso total de la estrategia contra el crimen organizado".
Estos y otros reclamos de la sociedad orillaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir un comunicado en el que hace énfasis en que "no habrá presencia de tropas, ni participación de agentes estadounidenses en los operativos en territorio nacional" y en el que justifica que "la actividad de las organizaciones que operan en México, en particular las dedicadas al tráfico de narcóticos, está estrechamente relacionada con la demanda existente en los Estados Unidos".
La Cancillería aseguró que el gobierno mexicano "ha señalado a su contraparte la necesidad de que fortalezca la supervisión de las exportaciones de precursores químicos que transitan por su territorio con destino a nuestro país, así como instrumentar acciones para combatir el tráfico ilícito de armas y para detener el constante flujo de dinero en efectivo, vinculados al crimen organizado".
Agrega que "la cooperación planteada por México incluye acciones de naturaleza bilateral como el intercambio de información e inteligencia criminal, entrenamiento y capacitación, así como la transferencia de recursos materiales y técnicos que contribuyan a fortalecer las capacidades de México para enfrentar este flagelo".
Peligrosa similitud con el Plan Colombia
Prácticamente desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón se empezaron las negaciones para el multimillonario paquete de seguridad en el marco de la "guerra" a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo.
La información que sobre el particular fue conociendo la opinión pública de ambas naciones no se dio a través de dependencias oficiales. En nuestro país hasta hace unas semanas la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, se mantenía en su posición de negar la existencia de dichos tratos- sino de filtraciones hacia la prensa norteamericana, particularmente los diarios The Washington Post y The Dallas Morning News, los cuales revelaron que en las negociaciones estuvieron involucradas distintas instancias del gobierno estadounidense como los departamentos de Estado y Justicia, la Secretaría de Seguridad Interna, el Pentágono, la CIA, el FBI y la agencia antidrogas DEA, así como por la parte mexicana la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
En el mes de marzo, cuando el presidente de los EU, George W. Bush visitó Mérida, el plan fue afinado y en los meses siguientes funcionarios mexicanos del área de seguridad se reunieron en Washington con Condelezza Rice, la secretaria de Estado, para precisar los términos del acuerdo, en el que quedó establecido que los costos de la "colaboración" correrían por cuenta del gobierno estadounidense quien ofreció aeronaves, equipo de espionaje y seguimiento, así como cursos de capacitación. A cambio, los estadounidenses pidieron modificaciones a las leyes que regulan las extradiciones, para que se realicen de forma expedita; para que se incluya no sólo la extinción de dominio, que se hizo en marzo pasado, y para que se autorice a la policía realizar las llamadas "entregas vigiladas", así como la infiltración en las organizaciones criminales, que se realizan ya pero ilegalmente. Aunque tanto los gobiernos de México como de Estados Unidos han insistido en que en el mecanismo de cooperación bilateral no se prevé -hasta el momento- la operación directa en el territorio nacional de técnicos, instructores y asesores del Pentágono y de las otras agencias que intervienen en el proyecto de manera pública o encubierta, en las tareas de capacitación y entrenamiento de soldados y policías mexicanos, la "Estrategia Conjunta contra el Combate al Crimen Organizado" tiene peligrosas similitudes con el Plan Colombia, a través del cual el 80 por ciento de los 4 mil 800 millones de dólares que fueron canalizados a esa nación sudamericana se destinaron a las fuerzas armadas, a la capacitación y dotación de recursos como armamentos y helicópteros Black Hawk, la creación de brigadas de aproximadamente 2 mil 600 soldados, que permite que 500 soldados estadounidense estén estacionados en distintas bases castrenses de ese país, que suman a los 4 mil mercenarios subcontratados por el Pentágono para realizar tareas de espionaje y entrenamiento de personal militar. ¿Visto en esta perspectiva no representa la posición de la administración calderonista una abierta traición al Estado Mexicano, la Patria y el pueblo de México?
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PorEsto!
viernes, 05 de octubre de 2007
viernes, 05 de octubre de 2007
Después de la borrachera que le provocó robar la Presidencia, Felipe Calderón Hinojosa NO tiene consideración alguna con la gente pobre, afirma en Puebla el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador
El robo de la Presidencia de la República le provocó a Felipe Calderón una borrachera y a partir del 2 de julio deL 2006 vive una cruda, afirmó Andrés Manuel López Obrador en Puebla.
Durante el primer día de gira por la sierra poblana y al conceder una entrevista a los medios de comunicación, sostuvo que el presidente usurpador enfrenta un grave problema de conciencia, "porque no tiene ninguna consideración con la gente".
Destalló que desde hace 10 meses que usurpó la Presidencia de la República, Calderón se ha dedicado a aumentar los precios de la tortilla, el pan, pasando por el gas, la luz, la leche, el huevo, la carne de res, el pollo y otros productos de consumo básico.
"Es muy triste lo que pasa en el país, es un gobierno usurpador que no tiene ninguna consideración con los mexicanos", principalmente con aquellos que viven en condiciones de pobreza, destacó.
En la quinta gira del año por Puebla, recordó que el gobierno ilegítimo "ha aumentado en 35 por ciento los precios de la canasta básica, mientras que sólo incrementó 4 por ciento el salario mínimo".
Ahora, indicó, el presidente usurpador tiene la intención de aplicar para enero un aumento del 5.5 por ciento a los precios del petróleo y el diesel, sin embargo "los mexicanos no permitiremos el aumento ni para octubre, ni para enero", adelantó.
López Obrador sostuvo que es posible evitar el incremento de precios a los dos combustibles, si se bajan los salarios a la alta burocracia panista y se retiran las pensiones a los ex presidentes, como la chachalaca ladrona de Vicente Fox o a Carlos Salinas.
Al solicitarle su opinión sobre las críticas expresadas por el sub-comandamente Marcos hacia su persona, manifestó que su sentir hacia el luchador social se encuentra plasmado en las páginas del libro de su autoría La mafia nos robó la Presidencia.
En Xicotlán y Acaxtlahuacán de Albino Zertuche, López Obrador denunció que el gobierno usurpador pretende vender la empresa Aeroméxico a dos postores que apoyaron el fraude electoral del 2006: el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza, y el ex presidente del Consejo de Hombres de Negocios y actual dueño de Mexicana, Gastón Azcárraga.
En Axutla, invitó a los poblanos a formar parte de la Red de Representantes del Gobierno Legítimo, para defender al pueblo y el patrimonio de la Nación, así como a participar en la construcción de la nueva República para cambiar la actual política económica.
Comentó que el propósito de los recorridos por los 2 mil 500 municipios del país es para informar, de manera directa, a la gente sobre el movimiento de transformación del país.
En Chila de la Sal, Andrés Manuel López Obrador invitó a los poblanos a asistir el próximo 18 de noviembre, a las 11 de la mañana, a la Asamblea Informativa de la Convención Nacional Democrática, que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.
Detalló que en la asamblea se tratarán dos temas: la carestía de la vida y la pretensión que tiene Felipe Calderón y el gobierno ilegítimo de vender PEMEX a manos extranjeras.
Mencionó que el próximo 4 de noviembre, a las cuatro de la tarde, se reunirá con los poblanos en la plaza principal de la ciudad de Puebla, para rendir un informe sobre la situación que prevalece en la entidad y en específico sobre el caso del "gober precioso".
Cabe destacar que la mayoría los habitantes de los municipios de Xicotlán, Chila de la Sal y Axula tienen a sus familiares trabajando en Estados Unidos debido a que no hay empleos en esta comunidad.
En el traslado de Chila de la Sal y Xicotlán, López Obrador recorrió caminos de terracería en muy mal estado, debido a que las autoridades estatales en vez de hacer obras públicas y reparar las vías de comunicación, gastan el presupuesto en publicidad.
Para comidas, viáticos, asesorías y representación, $9 mil millones: Di Costanzo
Juan Antonio Zúñiga / La Jornada
La nómina burocrática del sector público mexicano se elevó a 415 mil 213.5 millones de pesos hasta agosto de este año, 26 mil millones de pesos más que el monto utilizado para este fin en ocho meses de 2006, indican informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El crecimiento anual del gasto en servicios personales fue de 6.7 por ciento, y su volumen es de tal magnitud, que la totalidad de los recursos transferidos por Petróleos Mexicanos (Pemex) al gobierno federal, entre enero y agosto, representaron 80 por ciento de las erogaciones destinadas a cubrir la nómina del sector público.
Según los informes oficiales, el gobierno federal recibió 332 mil 873.4 millones de pesos de Pemex en los primeros ocho meses de este año, por la carga impositiva aplicada a la paraestatal. Esa cantidad fue menor en casi 103 mil millones de pesos a la recaudada en el mismo lapso por la aplicación de derechos, aprovechamiento y otros impuestos a Pemex.
Las transferencias de Pemex al gobierno federal por la vía impositiva disminuyeron, pero los gastos de la nómina burocrática se mantienen en ascenso, a tal grado que la recaudación total obtenida por la aplicación del impuesto sobre la renta en los primeros ocho meses del año fue equivalente a 88 por ciento del gasto en sueldos, prestaciones y apoyos relacionados con los servicios personales del sector público, durante el mismo lapso.
Subieron 3.6% los gastos personales
Sólo en agosto reciente, los gastos en servicios personales absorbieron casi 68 mil 300 millones de pesos, lo que representó un incremento de 3.6 por ciento en términos reales respecto a lo erogado en el mismo mes de 2006.
Los recursos destinados a la nómina burocrática se elevaron, pero el gasto neto total pagado por el sector público registró una disminución anual de 5.3 por ciento en agosto. Los ajustes y ahorros alcanzados en los distintos renglones del gasto no tocan los pagos por servicios personales de los trabajadores del sector público, pero menos aún las elevadas remuneraciones de la alta burocracia.
Al respecto, Mario di Costanzo, secretario de la hacienda pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador, señala que en el presupuesto de egresos para 2008 se asignan 9 mil millones de pesos a gastos por concepto de Productos Alimenticios, Servicios de Asesoría y Consultoría, así como a Servicios Oficiales.
En la partida 2200, para Productos Alimenticios en las oficinas de directores generales, subsecretarios y secretarios de Estado, se asignan 671 millones de pesos. De esa cantidad, 29.7 millones corresponden únicamente a alimentos de la Secretaría de Hacienda y de éstos, un millón 26 mil pesos se destinan exclusivamente a la oficina del secretario.
El resto, indica Di Costanzo, se refiere a alimentos para las oficinas de los subsecretarios, directores generales y titulares del Servicios de Administración Tributaria (SAT), del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Condusef (Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras) y otros organismos.
Sin embargo, los mayores montos para gastos alimenticios se destinan al Poder Legislativo, donde se dedican 89.4 millones para comilonas; la Secretaría de Agricultura, la de Comunicaciones y Transportes, Hacienda y el Poder Judicial.
Estas facilidades, indica, “son independientes de lo que reciben los altos funcionarios del sector público por diferentes conceptos que integran los sueldos que perciben mensualmente, donde ya se les otorgan algunos vales para despensa”.
Pero además, en la partida presupuestal 3800, denominada de “Servicios oficiales”, se propone asignar 5 mil 272.1 millones de pesos para gastos, entre los que figuran los viáticos y pasajes de los funcionarios públicos, así como otros gastos de representación. Los mayores gastos por “servicios oficiales” correrán a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con mil 861.8 millones de pesos; Sagarpa, con mil 41.6, y Hacienda, con 896.1 millones.
Otra partida se refiere al gasto en “servicios de asesoría”, la 3300, para la cual se destinan 3 mil 61 millones de pesos en 2008. Di Costanzo señala que no se detalla a qué tipo de asesorías se refiere, pues en el Legislativo “se cuenta con varios centros de investigación que han sido creados para dar apoyo y soporte técnico a los legisladores, y en el caso del Ejecutivo federal, cada secretaría y subsecretaría cuenta con una coordinación de asesores y un área de cómputo y sistemas, al igual que el resto de las entidades, por lo que estos gastos no se encuentran claramente justificados”.
El crecimiento anual del gasto en servicios personales fue de 6.7 por ciento, y su volumen es de tal magnitud, que la totalidad de los recursos transferidos por Petróleos Mexicanos (Pemex) al gobierno federal, entre enero y agosto, representaron 80 por ciento de las erogaciones destinadas a cubrir la nómina del sector público.
Según los informes oficiales, el gobierno federal recibió 332 mil 873.4 millones de pesos de Pemex en los primeros ocho meses de este año, por la carga impositiva aplicada a la paraestatal. Esa cantidad fue menor en casi 103 mil millones de pesos a la recaudada en el mismo lapso por la aplicación de derechos, aprovechamiento y otros impuestos a Pemex.
Las transferencias de Pemex al gobierno federal por la vía impositiva disminuyeron, pero los gastos de la nómina burocrática se mantienen en ascenso, a tal grado que la recaudación total obtenida por la aplicación del impuesto sobre la renta en los primeros ocho meses del año fue equivalente a 88 por ciento del gasto en sueldos, prestaciones y apoyos relacionados con los servicios personales del sector público, durante el mismo lapso.
Subieron 3.6% los gastos personales
Sólo en agosto reciente, los gastos en servicios personales absorbieron casi 68 mil 300 millones de pesos, lo que representó un incremento de 3.6 por ciento en términos reales respecto a lo erogado en el mismo mes de 2006.
Los recursos destinados a la nómina burocrática se elevaron, pero el gasto neto total pagado por el sector público registró una disminución anual de 5.3 por ciento en agosto. Los ajustes y ahorros alcanzados en los distintos renglones del gasto no tocan los pagos por servicios personales de los trabajadores del sector público, pero menos aún las elevadas remuneraciones de la alta burocracia.
Al respecto, Mario di Costanzo, secretario de la hacienda pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador, señala que en el presupuesto de egresos para 2008 se asignan 9 mil millones de pesos a gastos por concepto de Productos Alimenticios, Servicios de Asesoría y Consultoría, así como a Servicios Oficiales.
En la partida 2200, para Productos Alimenticios en las oficinas de directores generales, subsecretarios y secretarios de Estado, se asignan 671 millones de pesos. De esa cantidad, 29.7 millones corresponden únicamente a alimentos de la Secretaría de Hacienda y de éstos, un millón 26 mil pesos se destinan exclusivamente a la oficina del secretario.
El resto, indica Di Costanzo, se refiere a alimentos para las oficinas de los subsecretarios, directores generales y titulares del Servicios de Administración Tributaria (SAT), del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Condusef (Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras) y otros organismos.
Sin embargo, los mayores montos para gastos alimenticios se destinan al Poder Legislativo, donde se dedican 89.4 millones para comilonas; la Secretaría de Agricultura, la de Comunicaciones y Transportes, Hacienda y el Poder Judicial.
Estas facilidades, indica, “son independientes de lo que reciben los altos funcionarios del sector público por diferentes conceptos que integran los sueldos que perciben mensualmente, donde ya se les otorgan algunos vales para despensa”.
Pero además, en la partida presupuestal 3800, denominada de “Servicios oficiales”, se propone asignar 5 mil 272.1 millones de pesos para gastos, entre los que figuran los viáticos y pasajes de los funcionarios públicos, así como otros gastos de representación. Los mayores gastos por “servicios oficiales” correrán a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con mil 861.8 millones de pesos; Sagarpa, con mil 41.6, y Hacienda, con 896.1 millones.
Otra partida se refiere al gasto en “servicios de asesoría”, la 3300, para la cual se destinan 3 mil 61 millones de pesos en 2008. Di Costanzo señala que no se detalla a qué tipo de asesorías se refiere, pues en el Legislativo “se cuenta con varios centros de investigación que han sido creados para dar apoyo y soporte técnico a los legisladores, y en el caso del Ejecutivo federal, cada secretaría y subsecretaría cuenta con una coordinación de asesores y un área de cómputo y sistemas, al igual que el resto de las entidades, por lo que estos gastos no se encuentran claramente justificados”.
"Todo se parece a su dueno", solo vean la masa monumental del Carstens y asi es su ambicion de poder, dinero y tragazon.
El monopolio
Luis Javier Garrido
La elección fraudulenta de Felipe Calderón en 2006 ha traído múltiples consecuencias regresivas al sistema político de México, y la más importante es la de estar conduciendo a un fortalecimiento del autoritarismo.
1. La llegada de Calderón a Los Pinos por la vía del fraude lo condujo a tratar de superar su debilidad política disfrazándose de militar y ordenando una escalada de la violencia represiva en contra de los movimientos sociales sin importarle los derechos fundamentales de los mexicanos. El fracaso de su gobierno de facto en unos cuantos meses, en los que no ha hecho más que pisotear las garantías sociales a fin de cumplir con el mandato que tiene de los poderes trasnacionales, está llevando, sin embargo, al grupo de Los Pinos a una escalada de la violencia represiva y a reformular el esquema autoritario.
2. La historia muestra que todos los gobiernos espurios tienden inexorablemente al autoritarismo a consecuencia de su carencia de un respaldo popular y del hecho de que no cuentan más que con el apoyo (no siempre incondicional) de las fuerzas golpistas que propiciaron y avalaron la usurpación, lo que los lleva a prevalecer por la fuerza y no por el consenso, como se ve en el México actual.
3. La afirmación delirante de Calderón de que él tiene el “monopolio del poder”, hecha en el aniversario del 2 de octubre, es preocupante no sólo por la ignorancia constitucional y jurídica de éste y de sus asesores, que desconocen de hecho el régimen constitucional de México, sino por la amenaza que entraña viniendo de un individuo desquiciado como Díaz Ordaz, carente de ascendencia moral y política y sin dignidad alguna para gobernar, ni siquiera como espurio.
4. El conflicto latente con el Vaticano es un ejemplo de ello, pues las afirmaciones del obispo Dominique-Joseph Mamberti (secretario para Relaciones con los Estados) exigiendo nuevos cambios constitucionales (2 de octubre) son abiertamente intervencionistas y transgreden las prácticas diplomáticas, pero no merecieron rechazo alguno de Los Pinos ni de Relaciones, asumiéndose que Calderón debe pagar la factura por la participación de la jerarquía católica en el fraude.
5. La descabellada afirmación de Calderón se sitúa en la línea de los tres anteriores titulares del Ejecutivo –Salinas, Zedillo y Fox–, que auspiciaron a su vez una permanente campaña para denigrar al Poder Legislativo, conforme al proyecto neoliberal definido por los organismos financieros internacionales, para los cuales en cada Estado nacional debe prevalecer un poder central sometido a sus dictados, las políticas públicas las deben instrumentar oscuros funcionarios dependientes de ellos (la tecnocracia) que las negocian con la “clase política”, dejando la mayor parte de las antiguas funciones estatales en manos del capital privado. La señora Josefina Vásquez Mota (titular de la SEP), quien estos días aparece en los medios anunciando Pepsi-Cola, sería el mejor ejemplo del “buen funcionario neoliberal”.
6. La actual campaña negra contra el Congreso y el sistema representativo no extraña por lo mismo, pues existe desde hace 20 años tras de que las Cámaras alcanzaron mayor pluralidad, aunque ninguna había alcanzado los niveles de los reclamos publicitarios de denostación que Tv Azteca empezó a difundir el día 3, que no van dirigidos contra los legisladores, sino contra el Poder Legislativo en su conjunto, con la lógica obvia de que si no hay (aun con todos sus vicios y defectos) un órgano de representación popular medianamente legítimo, sólo quedan el gobernante usurpador y los poderes de facto.
7. Las modificaciones constitucionales en materia político-electoral, que entre otros aspectos prohíben a los partidos contratar directamente propaganda con los medios, así como la propaganda negra, podrían por consiguiente no hacer perder multimillonarias sumas a televisoras y radiodifusoras, como muchos suponen, de alinearse éstas en el esquema de la ultraderecha mexicana, que les permitiría recuperar esas pérdidas con la propaganda de Los Pinos. Los partidos tendrán menos propaganda luego del cambio constitucional, pero el usurpador del Ejecutivo no tendrá límites y por esa vía podrá además controlar mejor a los medios: tendrá de hecho el monopolio de “la propaganda institucional”.
8. Los medios, al parecer, lo han entendido, pues el miércoles 26 al ser convocados a Los Pinos para transmitir el mensaje por el que Calderón buscaba desresponsabilizarse del aumento a los precios de la gasolina y el diesel, que él decidió y promovió, posponiendo su entrada en vigor unas semanas, no lo hicieron, por lo que se preparó el comercial pagado, que ha sido transmitido miles de veces, por el que Calderón miente una vez más a los mexicanos negando su responsabilidad en el alza y tratando de culpar de ella a los legisladores que la votaron, y que sólo fueron sus cómplices.
9. La reforma que urge en el país en esta materia es, como se ve, muy amplia, pero muy difícilmente la harán los legisladores al rediscutir la legislación de medios, pues supondría al menos dos cuestiones urgentes: a) prohibir a las concesionarias seguir usando sus espacios, y en especial los de noticias, antes o durante las campañas electorales, para hacer propaganda política, y b) prohibir toda propaganda oficial, y en particular la del Ejecutivo, salvo aquella que sirva para transmitir información útil y urgente.
10. Los avances que se pretende tienen las leyes no logran ocultar la realidad de los retrocesos que se están produciendo en el país y que están llevando a consolidar otra forma de monopolio del poder político, ahora en manos de unos cuantos, pues lo ejerce en apariencia un titular de facto del Ejecutivo, pero éste no es como lo establecen las leyes un servidor de la nación, sino un simple sirviente de los poderes fácticos.
La elección fraudulenta de Felipe Calderón en 2006 ha traído múltiples consecuencias regresivas al sistema político de México, y la más importante es la de estar conduciendo a un fortalecimiento del autoritarismo.
1. La llegada de Calderón a Los Pinos por la vía del fraude lo condujo a tratar de superar su debilidad política disfrazándose de militar y ordenando una escalada de la violencia represiva en contra de los movimientos sociales sin importarle los derechos fundamentales de los mexicanos. El fracaso de su gobierno de facto en unos cuantos meses, en los que no ha hecho más que pisotear las garantías sociales a fin de cumplir con el mandato que tiene de los poderes trasnacionales, está llevando, sin embargo, al grupo de Los Pinos a una escalada de la violencia represiva y a reformular el esquema autoritario.
2. La historia muestra que todos los gobiernos espurios tienden inexorablemente al autoritarismo a consecuencia de su carencia de un respaldo popular y del hecho de que no cuentan más que con el apoyo (no siempre incondicional) de las fuerzas golpistas que propiciaron y avalaron la usurpación, lo que los lleva a prevalecer por la fuerza y no por el consenso, como se ve en el México actual.
3. La afirmación delirante de Calderón de que él tiene el “monopolio del poder”, hecha en el aniversario del 2 de octubre, es preocupante no sólo por la ignorancia constitucional y jurídica de éste y de sus asesores, que desconocen de hecho el régimen constitucional de México, sino por la amenaza que entraña viniendo de un individuo desquiciado como Díaz Ordaz, carente de ascendencia moral y política y sin dignidad alguna para gobernar, ni siquiera como espurio.
4. El conflicto latente con el Vaticano es un ejemplo de ello, pues las afirmaciones del obispo Dominique-Joseph Mamberti (secretario para Relaciones con los Estados) exigiendo nuevos cambios constitucionales (2 de octubre) son abiertamente intervencionistas y transgreden las prácticas diplomáticas, pero no merecieron rechazo alguno de Los Pinos ni de Relaciones, asumiéndose que Calderón debe pagar la factura por la participación de la jerarquía católica en el fraude.
5. La descabellada afirmación de Calderón se sitúa en la línea de los tres anteriores titulares del Ejecutivo –Salinas, Zedillo y Fox–, que auspiciaron a su vez una permanente campaña para denigrar al Poder Legislativo, conforme al proyecto neoliberal definido por los organismos financieros internacionales, para los cuales en cada Estado nacional debe prevalecer un poder central sometido a sus dictados, las políticas públicas las deben instrumentar oscuros funcionarios dependientes de ellos (la tecnocracia) que las negocian con la “clase política”, dejando la mayor parte de las antiguas funciones estatales en manos del capital privado. La señora Josefina Vásquez Mota (titular de la SEP), quien estos días aparece en los medios anunciando Pepsi-Cola, sería el mejor ejemplo del “buen funcionario neoliberal”.
6. La actual campaña negra contra el Congreso y el sistema representativo no extraña por lo mismo, pues existe desde hace 20 años tras de que las Cámaras alcanzaron mayor pluralidad, aunque ninguna había alcanzado los niveles de los reclamos publicitarios de denostación que Tv Azteca empezó a difundir el día 3, que no van dirigidos contra los legisladores, sino contra el Poder Legislativo en su conjunto, con la lógica obvia de que si no hay (aun con todos sus vicios y defectos) un órgano de representación popular medianamente legítimo, sólo quedan el gobernante usurpador y los poderes de facto.
7. Las modificaciones constitucionales en materia político-electoral, que entre otros aspectos prohíben a los partidos contratar directamente propaganda con los medios, así como la propaganda negra, podrían por consiguiente no hacer perder multimillonarias sumas a televisoras y radiodifusoras, como muchos suponen, de alinearse éstas en el esquema de la ultraderecha mexicana, que les permitiría recuperar esas pérdidas con la propaganda de Los Pinos. Los partidos tendrán menos propaganda luego del cambio constitucional, pero el usurpador del Ejecutivo no tendrá límites y por esa vía podrá además controlar mejor a los medios: tendrá de hecho el monopolio de “la propaganda institucional”.
8. Los medios, al parecer, lo han entendido, pues el miércoles 26 al ser convocados a Los Pinos para transmitir el mensaje por el que Calderón buscaba desresponsabilizarse del aumento a los precios de la gasolina y el diesel, que él decidió y promovió, posponiendo su entrada en vigor unas semanas, no lo hicieron, por lo que se preparó el comercial pagado, que ha sido transmitido miles de veces, por el que Calderón miente una vez más a los mexicanos negando su responsabilidad en el alza y tratando de culpar de ella a los legisladores que la votaron, y que sólo fueron sus cómplices.
9. La reforma que urge en el país en esta materia es, como se ve, muy amplia, pero muy difícilmente la harán los legisladores al rediscutir la legislación de medios, pues supondría al menos dos cuestiones urgentes: a) prohibir a las concesionarias seguir usando sus espacios, y en especial los de noticias, antes o durante las campañas electorales, para hacer propaganda política, y b) prohibir toda propaganda oficial, y en particular la del Ejecutivo, salvo aquella que sirva para transmitir información útil y urgente.
10. Los avances que se pretende tienen las leyes no logran ocultar la realidad de los retrocesos que se están produciendo en el país y que están llevando a consolidar otra forma de monopolio del poder político, ahora en manos de unos cuantos, pues lo ejerce en apariencia un titular de facto del Ejecutivo, pero éste no es como lo establecen las leyes un servidor de la nación, sino un simple sirviente de los poderes fácticos.
Fox: ¿Revolución de la esperanza?
Jorge Camil
¿Cuántas fortunas se han construido sobre la sangre y el dolor de la mitad de los mexicanos que viven en la pobreza extrema?, preguntó Felipe Calderón a los “300 líderes más influyentes de México”. No cabe duda que muchas. Aunque irónicamente, por esas fechas, los mexicanos nos hayamos enterado de una que destruyó nuestra fe en la democracia: una fortuna descomunal, construida en el insólito curso de seis años, sobre una base tan delicada como la sangre y el dolor de los mexicanos: ¡la esperanza! El Presidente sabe que la fortuna en cuestión pertenece a su antecesor, el panista Vicente Fox, presidente del “gobierno del cambio”; el que sacó al PRI de Los Pinos para enriquecerse en el poder y ensombrecer el futuro de su sucesor con un proceso electoral vergonzoso.
Hoy el futuro de Fox, y más importante aún, el del propio Felipe Calderón están en manos del Congreso frente al tribunal inclemente de la opinión pública. Porque de la seriedad con que se investiguen las circunstancias de una riqueza perfectamente explicable depende la credibilidad del gobierno de Calderón. Por lo pronto Fox, como la atrevida Marta en su momento, secuestró al actual sexenio presidencial, envolviéndolo desde el principio en declaraciones, intervenciones indebidas en asuntos internacionales, “conferencias magistrales”, memorias, escándalos, intrigas partidistas y aspiraciones transexenales que continúan complicándole la vida a Felipe Calderón, y obligándolo a cambiar de rumbo. (¿Con qué cara iba a dar el gasolinazo frente a la riqueza ofensiva de los Fox?)
Nuestra risible democracia es tan frágil que una revista del corazón desató la tormenta: las inmensas propiedades inmobiliarias, la ostentación, la burla y las extravagancias de nuevos ricos reveladas en el reportaje de Quién dejaron al desnudo las realidades del país y de nuestro sistema político. ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? ¿Tenemos esperanza?
Resulta claro que Fox y la señora Marta (porque hacen todo en pareja, cogidos de la mano, como Batman y Robin) nos han dado una valiosa lección de realismo político: no tenemos partidos, sino grupos de interés. No estamos guiados por ideologías, porque nuestra brújula ha apuntado siempre hacia la codicia y la ambición. Exoneremos entonces al PRI, porque hasta hoy lo habíamos identificado injustamente como fuente exclusiva de la corrupción, la dictadura de partido y las elecciones amañadas. Ahora comprobamos, seis años después de la alternancia, que las imágenes borrosas de los dos institutos políticos que nos han gobernado en el último siglo se han fundido en una sola. El PRIAN, adivinado hace dos décadas por calenturientos analistas políticos, ha comenzado a parir dinosaurios de varios colores.
Hoy, 20 años después, el drama de la “colina del perro” de José López Portillo palidece frente al fastuoso escenario de La Estancia. (No olvidemos que López Portillo, actuando ex post facto, pero con hombría de bien, rechazó el rancho que le había regalado Carlos Hank.) ¡Con qué ingenuidad aceptamos la socarrona promesa de los Fox!: “terminando nos vamos al rancho”. Sin embargo, tras los negros nubarrones de abuso del poder, los Fox ofrecen ahora a nuestro exangüe sistema político la oportunidad de revitalizarse, o al menos de dar un paso más hacia la verdadera transición democrática, porque la investigación legislativa será un escaparate donde desfilarán frente a los electores los principales actores políticos. Sancionando la impunidad del sexenio anterior, e imponiendo el imperio de la ley, Calderón podría legitimarse en el ejercicio, el PRI recuperar la Presidencia en 2012, y el PRD, actuando con prudencia, y sin cobrar facturas atrasadas, adquirir la madurez para convertirse, frente a los lamentables fracasos de gobernantes del PRIAN, en el partido del futuro.
Si la investigación de la riqueza “inexplicable” se convierte en moneda de cambio entre los principales partidos políticos se perdería la credibilidad del Congreso, que es el actual depositario del poder político. Tras los señalamientos del Presidente, el Congreso debería preguntarse: ¿vamos a permitir que la ostentación de los Fox humille aún más a los pobres mencionados en la reunión de “los 300”: los padres de la niña de Guerrero que no llegó a los dos años de edad, el tarahumara de la Barranca del Cobre, o la joven de 13 años prostituida en La Merced?
La Jornada reportó el viernes pasado (28/9/07) que en medio de la tormenta Fox pidió eximir a Marta de cualquier acusación: “quisiera convertirme en un pararrayos, ser el blanco de todas las calumnias”, declaró el ex presidente antes de iniciar una gira en Estados Unidos para promover sus memorias, Revolution of hope (Revolución de la esperanza). Junto a él sollozaba la mujer que secuestró su sexenio y le arrebató su lugar en la historia. La primera sorpresa surgió en Los Angeles, etapa inicial de la gira, donde un público hostil lo esperaba blandiendo ratoneras. Irónico fin de una “esperanza”, que en opinión de muchos mexicanos debió llevarnos a la transición democrática.
¿Cuántas fortunas se han construido sobre la sangre y el dolor de la mitad de los mexicanos que viven en la pobreza extrema?, preguntó Felipe Calderón a los “300 líderes más influyentes de México”. No cabe duda que muchas. Aunque irónicamente, por esas fechas, los mexicanos nos hayamos enterado de una que destruyó nuestra fe en la democracia: una fortuna descomunal, construida en el insólito curso de seis años, sobre una base tan delicada como la sangre y el dolor de los mexicanos: ¡la esperanza! El Presidente sabe que la fortuna en cuestión pertenece a su antecesor, el panista Vicente Fox, presidente del “gobierno del cambio”; el que sacó al PRI de Los Pinos para enriquecerse en el poder y ensombrecer el futuro de su sucesor con un proceso electoral vergonzoso.
Hoy el futuro de Fox, y más importante aún, el del propio Felipe Calderón están en manos del Congreso frente al tribunal inclemente de la opinión pública. Porque de la seriedad con que se investiguen las circunstancias de una riqueza perfectamente explicable depende la credibilidad del gobierno de Calderón. Por lo pronto Fox, como la atrevida Marta en su momento, secuestró al actual sexenio presidencial, envolviéndolo desde el principio en declaraciones, intervenciones indebidas en asuntos internacionales, “conferencias magistrales”, memorias, escándalos, intrigas partidistas y aspiraciones transexenales que continúan complicándole la vida a Felipe Calderón, y obligándolo a cambiar de rumbo. (¿Con qué cara iba a dar el gasolinazo frente a la riqueza ofensiva de los Fox?)
Nuestra risible democracia es tan frágil que una revista del corazón desató la tormenta: las inmensas propiedades inmobiliarias, la ostentación, la burla y las extravagancias de nuevos ricos reveladas en el reportaje de Quién dejaron al desnudo las realidades del país y de nuestro sistema político. ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? ¿Tenemos esperanza?
Resulta claro que Fox y la señora Marta (porque hacen todo en pareja, cogidos de la mano, como Batman y Robin) nos han dado una valiosa lección de realismo político: no tenemos partidos, sino grupos de interés. No estamos guiados por ideologías, porque nuestra brújula ha apuntado siempre hacia la codicia y la ambición. Exoneremos entonces al PRI, porque hasta hoy lo habíamos identificado injustamente como fuente exclusiva de la corrupción, la dictadura de partido y las elecciones amañadas. Ahora comprobamos, seis años después de la alternancia, que las imágenes borrosas de los dos institutos políticos que nos han gobernado en el último siglo se han fundido en una sola. El PRIAN, adivinado hace dos décadas por calenturientos analistas políticos, ha comenzado a parir dinosaurios de varios colores.
Hoy, 20 años después, el drama de la “colina del perro” de José López Portillo palidece frente al fastuoso escenario de La Estancia. (No olvidemos que López Portillo, actuando ex post facto, pero con hombría de bien, rechazó el rancho que le había regalado Carlos Hank.) ¡Con qué ingenuidad aceptamos la socarrona promesa de los Fox!: “terminando nos vamos al rancho”. Sin embargo, tras los negros nubarrones de abuso del poder, los Fox ofrecen ahora a nuestro exangüe sistema político la oportunidad de revitalizarse, o al menos de dar un paso más hacia la verdadera transición democrática, porque la investigación legislativa será un escaparate donde desfilarán frente a los electores los principales actores políticos. Sancionando la impunidad del sexenio anterior, e imponiendo el imperio de la ley, Calderón podría legitimarse en el ejercicio, el PRI recuperar la Presidencia en 2012, y el PRD, actuando con prudencia, y sin cobrar facturas atrasadas, adquirir la madurez para convertirse, frente a los lamentables fracasos de gobernantes del PRIAN, en el partido del futuro.
Si la investigación de la riqueza “inexplicable” se convierte en moneda de cambio entre los principales partidos políticos se perdería la credibilidad del Congreso, que es el actual depositario del poder político. Tras los señalamientos del Presidente, el Congreso debería preguntarse: ¿vamos a permitir que la ostentación de los Fox humille aún más a los pobres mencionados en la reunión de “los 300”: los padres de la niña de Guerrero que no llegó a los dos años de edad, el tarahumara de la Barranca del Cobre, o la joven de 13 años prostituida en La Merced?
La Jornada reportó el viernes pasado (28/9/07) que en medio de la tormenta Fox pidió eximir a Marta de cualquier acusación: “quisiera convertirme en un pararrayos, ser el blanco de todas las calumnias”, declaró el ex presidente antes de iniciar una gira en Estados Unidos para promover sus memorias, Revolution of hope (Revolución de la esperanza). Junto a él sollozaba la mujer que secuestró su sexenio y le arrebató su lugar en la historia. La primera sorpresa surgió en Los Angeles, etapa inicial de la gira, donde un público hostil lo esperaba blandiendo ratoneras. Irónico fin de una “esperanza”, que en opinión de muchos mexicanos debió llevarnos a la transición democrática.
Precios de combustibles impactan la inflación
Carlos Fernández-Vega
Pasta de Conchos: se requirió una comisión legislativa para concluir lo que ya se sabía
Puntual infractor de sus propias reglas, en agosto de 2006 el gobierno foxista decretó que los precios de las gasolinas tuvieran incrementos mensuales graduales que “no rebasen, de manera acumulada, el 3 por ciento anual” al cierre de ese año, y para el gas licuado de petróleo (LP) y las tarifas eléctricas de uso doméstico, de bajo y medio consumo, el 4 por ciento anual.
Era por demás importante fijar un tope a los precios de los bienes energéticos administrados por el sector público, que crecían de forma desbordada, por tener un creciente peso específico en las finanzas públicas y en el comportamiento inflacionario, toda vez que sus ventas representan aproximadamente una quinta parte de los ingresos presupuestales totales y casi el 8 por ciento del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Eso decía el decreto firmado por el de la banda del jeep rojo, pero en realidad los incrementos en dichos precios sobrepasaron ampliamente la banda establecida: 6.96 por ciento, promedio anual. Ya en el primer trimestre de 2007, esos mismos precios disminuyeron para ubicarse en 3.43 por ciento, para repuntar a 3.71 por ciento en agosto pasado... hasta que llegó el gasolinazo septembrino, de tal suerte que a lo largo de un año esa proporción fácilmente se duplicará.
Poco más de un año después de tal decreto, y con el gasolinazo septembrino recién aprobado, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ha hecho un ejercicio sobre el comportamiento, en ese periodo, de los llamados precios administrados (gasolinas, electricidad, gas) que tanto inciden en el ingreso público y en el comportamiento inflacionario.
Así, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, el aumento en el precio de las gasolinas se establece conforme a un incremento predeterminado; el ajuste de los precios de las gasolinas debe ser de 0.3 por ciento mensual. Sin embargo, durante 2007, los incrementos mensuales observados han resultado, en general, mayores a los que se habían establecido. El precio de la gasolina Premium (importada) tuvo incrementos promedio mensuales de 0.4 por ciento, el único mes donde registró un incremento menor (0.24) fue en enero.
El incremento acumulado al mes de agosto de 2007 fue de 3.26 por ciento para la Premium y de 3.41 por ciento para la Magna, que se produce en el país, incrementos 0.86 y 1.01 por ciento mayores, respectivamente, a las disposiciones hacendarias (obvio que este balance es sin gasolinazo septembrino).
De acuerdo con lo aprobado por la Cámara de Diputados, a propuesta del gobierno calderonista, a partir del próximo mes de enero, y a lo largo de 18 meses, se registrará un incremento constante en el precio de las gasolinas. De 2 centavos mensuales a la gasolina Magna, y de 2.44 centavos a la Premium, hasta alcanzar 36 y 44 centavos por litro, respectivamente. La estimación del referido Centro de Estudios señala que la incidencia del incremento en la inflación en 2008 sea de 0.1218 puntos porcentuales; es decir, si se prevé una inflación de 3 por ciento para el cierre del año, con el aumento propuesto en las gasolinas la inflación se ubicaría en 3.1218 por ciento, pero sólo considerando el alza en el precio de las gasolinas, sin incluir la inflación esperada ni los incrementos mensuales autorizados por la Secretaría de Hacienda, ni mucho menos los efectos colaterales para el resto de la economía.
Por lo que hace a las tarifas eléctricas nominales, entre enero de 2006 y agosto de 2007 tuvieron un comportamiento volátil con una ligera tendencia ascendente, siguiendo el comportamiento de las tarifas en los mercados internacionales. En los sectores de los servicios y comercial se observa una tendencia positiva mayor a la de los otros sectores debido a que los precios tuvieron un incremento más pronunciado en los meses de marzo y abril de 2007; las tarifas eléctricas en los sectores industrial y doméstico muestran variaciones menos pronunciadas, mientras que en el sector agrícola los precios se mantuvieron prácticamente constantes.
No obstante, en el periodo de referencia la tarifa para el sector servicios tuvo un incremento de 9.66 por ciento en relación con el mismo lapso de 2006; para el sector agrícola el aumento fue de 8.99 por ciento y para el comercial de 8.71 por ciento. Para el industrial fue de 4.56 por ciento (el más reducido de todos) y de 6.58 por ciento para el sector doméstico.
En el caso del gas LP, durante 2007 continuaron las medidas establecidas para el control del precio y su incremento se establece de acuerdo con un desliz predeterminado. Aún cuando en los primeros ocho meses de 2007 los aumentos han estado por debajo del límite inferior establecido de 0.75 por ciento, las variaciones mensuales del precio en ese periodo han sido, en promedio, de 0.32 por ciento. Por lo que toca al gas natural, en el primer trimestre de 2007 los precios disminuyeron como resultado de la reducción del precio de referencia internacional; sin embargo, el segundo trimestre repuntaron debido al alza en el precio de energéticos de referencia internacional.
En fin, como lo señala la Cámara de Diputados, la participación de las ventas internas de los bienes administrados respecto a los ingresos presupuestarios del sector público muestra, en términos nominales, una tendencia al alza: pasaron de 12.47 por ciento en 1990 a 20.94 por ciento en 2006, y para julio de 2007 la proporción se incrementó a 21.51 por ciento, casi el doble que 17 años atrás y el mayor desde entonces (sin considerar el gasolinazo aprobado en septiembre pasado).
Las rebanadas del pastel
Requirieron de una comisión especial del Legislativo y un año y medio para concluir lo que todo el mundo supo desde aquel 19 de febrero de 2006: que el siniestro en Pasta de Conchos fue provocado por negligencia y omisión culposa de Industrial Minera México; la negligencia y omisión de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y el incumplimiento de la Secretaría de Economía. Bueno, ahora que ellos ya saben, pues que procedan en contra de los responsables.
Pasta de Conchos: se requirió una comisión legislativa para concluir lo que ya se sabía
Puntual infractor de sus propias reglas, en agosto de 2006 el gobierno foxista decretó que los precios de las gasolinas tuvieran incrementos mensuales graduales que “no rebasen, de manera acumulada, el 3 por ciento anual” al cierre de ese año, y para el gas licuado de petróleo (LP) y las tarifas eléctricas de uso doméstico, de bajo y medio consumo, el 4 por ciento anual.
Era por demás importante fijar un tope a los precios de los bienes energéticos administrados por el sector público, que crecían de forma desbordada, por tener un creciente peso específico en las finanzas públicas y en el comportamiento inflacionario, toda vez que sus ventas representan aproximadamente una quinta parte de los ingresos presupuestales totales y casi el 8 por ciento del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Eso decía el decreto firmado por el de la banda del jeep rojo, pero en realidad los incrementos en dichos precios sobrepasaron ampliamente la banda establecida: 6.96 por ciento, promedio anual. Ya en el primer trimestre de 2007, esos mismos precios disminuyeron para ubicarse en 3.43 por ciento, para repuntar a 3.71 por ciento en agosto pasado... hasta que llegó el gasolinazo septembrino, de tal suerte que a lo largo de un año esa proporción fácilmente se duplicará.
Poco más de un año después de tal decreto, y con el gasolinazo septembrino recién aprobado, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ha hecho un ejercicio sobre el comportamiento, en ese periodo, de los llamados precios administrados (gasolinas, electricidad, gas) que tanto inciden en el ingreso público y en el comportamiento inflacionario.
Así, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, el aumento en el precio de las gasolinas se establece conforme a un incremento predeterminado; el ajuste de los precios de las gasolinas debe ser de 0.3 por ciento mensual. Sin embargo, durante 2007, los incrementos mensuales observados han resultado, en general, mayores a los que se habían establecido. El precio de la gasolina Premium (importada) tuvo incrementos promedio mensuales de 0.4 por ciento, el único mes donde registró un incremento menor (0.24) fue en enero.
El incremento acumulado al mes de agosto de 2007 fue de 3.26 por ciento para la Premium y de 3.41 por ciento para la Magna, que se produce en el país, incrementos 0.86 y 1.01 por ciento mayores, respectivamente, a las disposiciones hacendarias (obvio que este balance es sin gasolinazo septembrino).
De acuerdo con lo aprobado por la Cámara de Diputados, a propuesta del gobierno calderonista, a partir del próximo mes de enero, y a lo largo de 18 meses, se registrará un incremento constante en el precio de las gasolinas. De 2 centavos mensuales a la gasolina Magna, y de 2.44 centavos a la Premium, hasta alcanzar 36 y 44 centavos por litro, respectivamente. La estimación del referido Centro de Estudios señala que la incidencia del incremento en la inflación en 2008 sea de 0.1218 puntos porcentuales; es decir, si se prevé una inflación de 3 por ciento para el cierre del año, con el aumento propuesto en las gasolinas la inflación se ubicaría en 3.1218 por ciento, pero sólo considerando el alza en el precio de las gasolinas, sin incluir la inflación esperada ni los incrementos mensuales autorizados por la Secretaría de Hacienda, ni mucho menos los efectos colaterales para el resto de la economía.
Por lo que hace a las tarifas eléctricas nominales, entre enero de 2006 y agosto de 2007 tuvieron un comportamiento volátil con una ligera tendencia ascendente, siguiendo el comportamiento de las tarifas en los mercados internacionales. En los sectores de los servicios y comercial se observa una tendencia positiva mayor a la de los otros sectores debido a que los precios tuvieron un incremento más pronunciado en los meses de marzo y abril de 2007; las tarifas eléctricas en los sectores industrial y doméstico muestran variaciones menos pronunciadas, mientras que en el sector agrícola los precios se mantuvieron prácticamente constantes.
No obstante, en el periodo de referencia la tarifa para el sector servicios tuvo un incremento de 9.66 por ciento en relación con el mismo lapso de 2006; para el sector agrícola el aumento fue de 8.99 por ciento y para el comercial de 8.71 por ciento. Para el industrial fue de 4.56 por ciento (el más reducido de todos) y de 6.58 por ciento para el sector doméstico.
En el caso del gas LP, durante 2007 continuaron las medidas establecidas para el control del precio y su incremento se establece de acuerdo con un desliz predeterminado. Aún cuando en los primeros ocho meses de 2007 los aumentos han estado por debajo del límite inferior establecido de 0.75 por ciento, las variaciones mensuales del precio en ese periodo han sido, en promedio, de 0.32 por ciento. Por lo que toca al gas natural, en el primer trimestre de 2007 los precios disminuyeron como resultado de la reducción del precio de referencia internacional; sin embargo, el segundo trimestre repuntaron debido al alza en el precio de energéticos de referencia internacional.
En fin, como lo señala la Cámara de Diputados, la participación de las ventas internas de los bienes administrados respecto a los ingresos presupuestarios del sector público muestra, en términos nominales, una tendencia al alza: pasaron de 12.47 por ciento en 1990 a 20.94 por ciento en 2006, y para julio de 2007 la proporción se incrementó a 21.51 por ciento, casi el doble que 17 años atrás y el mayor desde entonces (sin considerar el gasolinazo aprobado en septiembre pasado).
Las rebanadas del pastel
Requirieron de una comisión especial del Legislativo y un año y medio para concluir lo que todo el mundo supo desde aquel 19 de febrero de 2006: que el siniestro en Pasta de Conchos fue provocado por negligencia y omisión culposa de Industrial Minera México; la negligencia y omisión de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y el incumplimiento de la Secretaría de Economía. Bueno, ahora que ellos ya saben, pues que procedan en contra de los responsables.
Televisión Elektra
Julio Hernández López
Televisión Azteca no tiene credenciales (ni de moralidad ni de profesionalismo) para pretender asumirse como ente defensor de la libertad de expresión o como instancia de representación social. Desde su origen (Raúl, hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, “prestó” 30 millones de dólares para la ventajosa compra al gobierno federal de los canales 7 y 13 de televisión abierta), la empresa de Ricardo Salinas Pliego ha utilizado su deformada interpretación del periodismo para presiones políticas y negocios corporativos.
Con estilo gritón, amarillista, superficial y manipulado, el “periodismo” doblemente salinizado lo mismo ha arremetido de manera golpista contra el gobierno capitalino de Cuauhtémoc Cárdenas (e hizo una infame campaña de desprestigio y burla contra el íntegro procurador local de Justicia, el difunto Samuel del Villar), a causa del asesinato de una de sus estrellas del entretenimiento, a la que luego se encontraron mortales nexos con asuntos de narcotráfico, que se ha lanzado contra un secretario de Hacienda para defender delicados asuntos fiscales de la empresa o ha vituperado a uno de los grandes millonarios del país por asuntos de medicinas, cuando éste ha pretendido asociarse con siglas extranjeras para pujar en busca de una tercera cadena televisiva nacional.
En esos casos, como en muchos otros (el supuesto atentado, años atrás, contra una de sus locutoras de noticiarios, en las inmediaciones de lo que es llamado “El canal del Ajusco”), la marca de la casa es el encubrimiento de los intereses mercantiles y políticos tras el disfraz presuntamente heroico de la defensa de la sociedad y de valores como la libertad de expresión y el ejercicio crítico. El tono regañón, el ceño fruncido, los juicios severos y la denuncia de “injusticias” funcionan por encargo hacia fuera y contra otros, pero no hacia la propia conducta criticable, las manipulaciones y, en ocasiones, la conducta delictiva de algunos dueños y dirigentes de la empresa que ha llevado a algunos (¡quién lo iba a pensar!) a considerar que la peor televisión no es la que hace Televisa.
Un tema obviamente intocable es el asalto armado al cerro del Chiquihuite, que Salinas Pliego y un equipo de abogados, operadores políticos y guaruras organizaron (el Estado es Tv Azteca, diría Ricardo XV) para forzar y acelerar el proceso de apropiación de la señal de un canal que con algunos de sus programas noticiosos (notablemente la emisión nocturna, conducida por Ciro Gómez Leyva y Denisse Maerker) había dado muestras importantes de apertura, pluralidad y crítica al poder. El golpe del Chiquihuite mostró de manera brutal el sometimiento de un gobierno ausente, en permanente hibernación, ante poderes fácticos que llevaron al omiso Vicente Fox a pronunciar su famosa frase de abdicación confesa: “¿Y yo por qué?”.
Los aires extremos de falso sacrificio cívico se han vuelto a instalar en la empresa de Ricardo Salinas Pliego a partir de las reformas constitucionales en materia electoral, que han cercenado a los medios electrónicos el gran pastel publicitario de los comicios. A diferencia de Televisa (donde apuestan más a las negociaciones de elite que a la confrontación estilo abonero), los espacios informativos y de opinión de Tv Azteca se han convertido en desfondadas escenificaciones previsibles en las que los ardores comerciales y las pretensiones de poder político tratan de convencer a los televidentes de que en México se vive el preludio de una dictadura, en la que los intereses de la sociedad han sido secuestrados por la “partidocracia”, peligros todos ante los cuales los nobles y desinteresados locutores, comentaristas y directivos prometen luchar con denuedo para salvar a la patria (y al negocio de virtual agio llamado tiendas Elektra, y el pago por favores recibidos denominado Banco Azteca, y el botín de la publicidad para Tv Azteca y la garantía de sobrevivencia del duopolio actual, sin apertura a nuevos competidores).
El desbordamiento de las negras aguas críticas del canal del Ajusco se ha topado con un insólito frente común de legisladores federales que han confirmado en espots propios la arrogancia, la ambición y la ignorancia del golpismo Azteca. En nada lastima ni merma al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión lo aprobado por quienes representan en el Congreso federal a 90 por ciento de los votantes de 2006 y por la gran mayoría de las cámaras estatales que han abordado el asunto. Lo que las dos grandes televisoras defienden es el gran negocio que han venido haciendo con cargo al erario, que les permite convertir en ganancias empresariales “legítimas” el saqueo de los recursos públicos mediante contratos de publicidad política y electoral que crean escenarios falsos y percepciones tramposas y que promueven y exaltan personalidades y obras huecas e inexistentes.
En lugar de destinarse a gasto social (escuelas, hospitales, etcétera), los fondos públicos se van a las arcas de las empresas televisoras y luego sus estrellas y directivos lucen sus riquezas “bien habidas” en las revistas de frivolidades, además de que luego organizan colectas, teletones y otras formas de lavado empresarial de conciencia y de jineteos y malabares fiscales, para devolver a los pobrecitos pobres unas migajas de lo mucho que les arrebataron mediante las exacciones publicitarias de cuello blanco.
Y, mientras Aeroméxico se convierte en otro de los regalos sexenales a los favoritos del régimen (aéreos cobradores de cuentas electorales), Ma-nuel Espino va calentándose en contra del minidedazo de Los Pinos en favor del amigo Germán Martínez, La reina del Pacífico continúa sonriente en la pasarela distractora y el Reyecito de San Cristóbal esconde su yip rojo, ¡feliz fin de semana, con la elección de rector de la UNAM bajo la lupa!
Televisión Azteca no tiene credenciales (ni de moralidad ni de profesionalismo) para pretender asumirse como ente defensor de la libertad de expresión o como instancia de representación social. Desde su origen (Raúl, hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, “prestó” 30 millones de dólares para la ventajosa compra al gobierno federal de los canales 7 y 13 de televisión abierta), la empresa de Ricardo Salinas Pliego ha utilizado su deformada interpretación del periodismo para presiones políticas y negocios corporativos.
Con estilo gritón, amarillista, superficial y manipulado, el “periodismo” doblemente salinizado lo mismo ha arremetido de manera golpista contra el gobierno capitalino de Cuauhtémoc Cárdenas (e hizo una infame campaña de desprestigio y burla contra el íntegro procurador local de Justicia, el difunto Samuel del Villar), a causa del asesinato de una de sus estrellas del entretenimiento, a la que luego se encontraron mortales nexos con asuntos de narcotráfico, que se ha lanzado contra un secretario de Hacienda para defender delicados asuntos fiscales de la empresa o ha vituperado a uno de los grandes millonarios del país por asuntos de medicinas, cuando éste ha pretendido asociarse con siglas extranjeras para pujar en busca de una tercera cadena televisiva nacional.
En esos casos, como en muchos otros (el supuesto atentado, años atrás, contra una de sus locutoras de noticiarios, en las inmediaciones de lo que es llamado “El canal del Ajusco”), la marca de la casa es el encubrimiento de los intereses mercantiles y políticos tras el disfraz presuntamente heroico de la defensa de la sociedad y de valores como la libertad de expresión y el ejercicio crítico. El tono regañón, el ceño fruncido, los juicios severos y la denuncia de “injusticias” funcionan por encargo hacia fuera y contra otros, pero no hacia la propia conducta criticable, las manipulaciones y, en ocasiones, la conducta delictiva de algunos dueños y dirigentes de la empresa que ha llevado a algunos (¡quién lo iba a pensar!) a considerar que la peor televisión no es la que hace Televisa.
Un tema obviamente intocable es el asalto armado al cerro del Chiquihuite, que Salinas Pliego y un equipo de abogados, operadores políticos y guaruras organizaron (el Estado es Tv Azteca, diría Ricardo XV) para forzar y acelerar el proceso de apropiación de la señal de un canal que con algunos de sus programas noticiosos (notablemente la emisión nocturna, conducida por Ciro Gómez Leyva y Denisse Maerker) había dado muestras importantes de apertura, pluralidad y crítica al poder. El golpe del Chiquihuite mostró de manera brutal el sometimiento de un gobierno ausente, en permanente hibernación, ante poderes fácticos que llevaron al omiso Vicente Fox a pronunciar su famosa frase de abdicación confesa: “¿Y yo por qué?”.
Los aires extremos de falso sacrificio cívico se han vuelto a instalar en la empresa de Ricardo Salinas Pliego a partir de las reformas constitucionales en materia electoral, que han cercenado a los medios electrónicos el gran pastel publicitario de los comicios. A diferencia de Televisa (donde apuestan más a las negociaciones de elite que a la confrontación estilo abonero), los espacios informativos y de opinión de Tv Azteca se han convertido en desfondadas escenificaciones previsibles en las que los ardores comerciales y las pretensiones de poder político tratan de convencer a los televidentes de que en México se vive el preludio de una dictadura, en la que los intereses de la sociedad han sido secuestrados por la “partidocracia”, peligros todos ante los cuales los nobles y desinteresados locutores, comentaristas y directivos prometen luchar con denuedo para salvar a la patria (y al negocio de virtual agio llamado tiendas Elektra, y el pago por favores recibidos denominado Banco Azteca, y el botín de la publicidad para Tv Azteca y la garantía de sobrevivencia del duopolio actual, sin apertura a nuevos competidores).
El desbordamiento de las negras aguas críticas del canal del Ajusco se ha topado con un insólito frente común de legisladores federales que han confirmado en espots propios la arrogancia, la ambición y la ignorancia del golpismo Azteca. En nada lastima ni merma al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión lo aprobado por quienes representan en el Congreso federal a 90 por ciento de los votantes de 2006 y por la gran mayoría de las cámaras estatales que han abordado el asunto. Lo que las dos grandes televisoras defienden es el gran negocio que han venido haciendo con cargo al erario, que les permite convertir en ganancias empresariales “legítimas” el saqueo de los recursos públicos mediante contratos de publicidad política y electoral que crean escenarios falsos y percepciones tramposas y que promueven y exaltan personalidades y obras huecas e inexistentes.
En lugar de destinarse a gasto social (escuelas, hospitales, etcétera), los fondos públicos se van a las arcas de las empresas televisoras y luego sus estrellas y directivos lucen sus riquezas “bien habidas” en las revistas de frivolidades, además de que luego organizan colectas, teletones y otras formas de lavado empresarial de conciencia y de jineteos y malabares fiscales, para devolver a los pobrecitos pobres unas migajas de lo mucho que les arrebataron mediante las exacciones publicitarias de cuello blanco.
Y, mientras Aeroméxico se convierte en otro de los regalos sexenales a los favoritos del régimen (aéreos cobradores de cuentas electorales), Ma-nuel Espino va calentándose en contra del minidedazo de Los Pinos en favor del amigo Germán Martínez, La reina del Pacífico continúa sonriente en la pasarela distractora y el Reyecito de San Cristóbal esconde su yip rojo, ¡feliz fin de semana, con la elección de rector de la UNAM bajo la lupa!
Abuso de frecuencias y excesos salariales
Editorial
En días recientes, Tv Azteca ha venido desacreditando los anuncios del Senado de la República que se transmiten en sus canales sobre la recientemente aprobada disposición que suprimió la contratación de publicidad política en medios electrónicos y la circunscribe a los tiempos oficiales del Estado. La emisora privatizada por el salinismo retoma el anuncio oficial, intercala críticas a los altos salarios de senadores y parafrasea la expresión “en el Senado de la República vemos por ti” dándole un sesgo político propio: “En Tv Azteca sí estamos contigo”.
Tal maniobra parece una respuesta a la eliminación de la publicidad electoral. No debe olvidarse que la decisión legislativa significó para el duopolio televisivo la pérdida de cuantiosas ganancias que provenían de un dispendio injustificable y ofensivo de recursos públicos, y que puede traducirse en un acotamiento efectivo al enorme poder fáctico acumulado por los concesionarios de radio y televisión.
El propósito de la súbita campaña contra los altos ingresos de los legisladores puede verse con claridad si se considera que es la primera vez que la televisora del Ajusco difunde mensajes propios sobre el tema. Sin embargo, en la pasada legislatura, cuando se aprobó –luego de arduas presiones de la radio y la televisión comerciales– la llamada ley Televisa, que regalaba a grandes concesionarios parte del espectro electromagnético, frenada luego por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni a Tv Azteca ni a su competidora se les ocurrió criticar las insultantes dietas.
Por otra parte, los mensajes de Tv Azteca no se han referido a los salarios que se otorgan a sí mismos altos funcionarios del Ejecutivo federal, el Instituto Federal Electoral, la propia Corte o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cuestan también, y mucho, a todos los mexicanos. Por tanto, la campaña referida carece de autoridad moral e interés público, y se asemeja más a una vendetta o simple berrinche por la afectación que la reforma electoral causa a los intereses de esa empresa televisiva.
La empresa de Ricardo Salinas Pliego recurre, una vez más, a una práctica que, sin ser propiamente ilegal, resulta claramente indebida: el uso de frecuencias concesionadas, que siguen siendo propiedad de la nación, para defender sus intereses corporativos. Es oportuno citar al coordinador de la bancada perredista en el Senado, Carlos Navarrete, quien señala que Tv Azteca “utiliza la televisión y el tiempo-aire que es propiedad de la nación para dirimir asuntos mercantiles”, y que los títulos de concesión de ésta y otras empresas suponen ciertas obligaciones. En suma, que “no son propietarias para hacer lo que crean conveniente con el tiempo-aire y con las pantallas”.
Es necesario que en una próxima revisión del marco legal que rige a la radio y la televisión, los legisladores tomen nota de las presiones mediáticas de que han sido víctimas y del persistente empeño por avasallar la soberanía del Poder Legislativo para fijar disposiciones precisas que logren disuadir o sancionar esos usos abusivos de las concesiones.
Por lo demás, los desproporcionados salarios de los servidores públicos son, ciertamente, una de las principales debilidades morales de la institucionalidad mexicana, aunque el asunto no se limita sólo al Senado o al Legislativo, sino que incluye a los tres poderes, organismos electorales, gubernaturas y algunos municipios ricos, como los de las zonas conurbadas del Distrito Federal y de Monterrey.
Sin embargo, hasta ahora no se ha emprendido el debate nacional para fijar criterios que normen y definan los niveles de los sueldos y prestaciones de altos funcionarios. Tales criterios no pueden codificarse en abstracto ni en números absolutos, sino como una variable relacionada con los niveles de ingreso de la población, el tamaño de la economía, la proporción del gasto público que absorben las nóminas de las cúpulas administrativas, las condiciones que los servidores públicos necesitan para cumplir sus funciones y, sobre todo, con la necesidad ética y pragmática de reducir la pavorosa y creciente desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana, que tiene, entre otros efectos graves, erosionar la de por sí escasa credibilidad de las instituciones.
En días recientes, Tv Azteca ha venido desacreditando los anuncios del Senado de la República que se transmiten en sus canales sobre la recientemente aprobada disposición que suprimió la contratación de publicidad política en medios electrónicos y la circunscribe a los tiempos oficiales del Estado. La emisora privatizada por el salinismo retoma el anuncio oficial, intercala críticas a los altos salarios de senadores y parafrasea la expresión “en el Senado de la República vemos por ti” dándole un sesgo político propio: “En Tv Azteca sí estamos contigo”.
Tal maniobra parece una respuesta a la eliminación de la publicidad electoral. No debe olvidarse que la decisión legislativa significó para el duopolio televisivo la pérdida de cuantiosas ganancias que provenían de un dispendio injustificable y ofensivo de recursos públicos, y que puede traducirse en un acotamiento efectivo al enorme poder fáctico acumulado por los concesionarios de radio y televisión.
El propósito de la súbita campaña contra los altos ingresos de los legisladores puede verse con claridad si se considera que es la primera vez que la televisora del Ajusco difunde mensajes propios sobre el tema. Sin embargo, en la pasada legislatura, cuando se aprobó –luego de arduas presiones de la radio y la televisión comerciales– la llamada ley Televisa, que regalaba a grandes concesionarios parte del espectro electromagnético, frenada luego por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni a Tv Azteca ni a su competidora se les ocurrió criticar las insultantes dietas.
Por otra parte, los mensajes de Tv Azteca no se han referido a los salarios que se otorgan a sí mismos altos funcionarios del Ejecutivo federal, el Instituto Federal Electoral, la propia Corte o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cuestan también, y mucho, a todos los mexicanos. Por tanto, la campaña referida carece de autoridad moral e interés público, y se asemeja más a una vendetta o simple berrinche por la afectación que la reforma electoral causa a los intereses de esa empresa televisiva.
La empresa de Ricardo Salinas Pliego recurre, una vez más, a una práctica que, sin ser propiamente ilegal, resulta claramente indebida: el uso de frecuencias concesionadas, que siguen siendo propiedad de la nación, para defender sus intereses corporativos. Es oportuno citar al coordinador de la bancada perredista en el Senado, Carlos Navarrete, quien señala que Tv Azteca “utiliza la televisión y el tiempo-aire que es propiedad de la nación para dirimir asuntos mercantiles”, y que los títulos de concesión de ésta y otras empresas suponen ciertas obligaciones. En suma, que “no son propietarias para hacer lo que crean conveniente con el tiempo-aire y con las pantallas”.
Es necesario que en una próxima revisión del marco legal que rige a la radio y la televisión, los legisladores tomen nota de las presiones mediáticas de que han sido víctimas y del persistente empeño por avasallar la soberanía del Poder Legislativo para fijar disposiciones precisas que logren disuadir o sancionar esos usos abusivos de las concesiones.
Por lo demás, los desproporcionados salarios de los servidores públicos son, ciertamente, una de las principales debilidades morales de la institucionalidad mexicana, aunque el asunto no se limita sólo al Senado o al Legislativo, sino que incluye a los tres poderes, organismos electorales, gubernaturas y algunos municipios ricos, como los de las zonas conurbadas del Distrito Federal y de Monterrey.
Sin embargo, hasta ahora no se ha emprendido el debate nacional para fijar criterios que normen y definan los niveles de los sueldos y prestaciones de altos funcionarios. Tales criterios no pueden codificarse en abstracto ni en números absolutos, sino como una variable relacionada con los niveles de ingreso de la población, el tamaño de la economía, la proporción del gasto público que absorben las nóminas de las cúpulas administrativas, las condiciones que los servidores públicos necesitan para cumplir sus funciones y, sobre todo, con la necesidad ética y pragmática de reducir la pavorosa y creciente desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana, que tiene, entre otros efectos graves, erosionar la de por sí escasa credibilidad de las instituciones.
Urge visita a México de Relatoría para la Libertad de Expresión: CNDH
México, octubre 4, 2007.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a fijar en la fecha más próxima posible la visita al país de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la OEA.
En carta fechada el 26 de septiembre, el titular de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, explicó a la SRE que el organismo a su cargo presentó el 18 de julio un informe sobre las condiciones actuales del ejercicio periodístico en México y que representantes del gobierno mexicano reconocieron la grave situación en la que se encuentran los periodistas y medios de comunicación para desarrollar su trabajo.
En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa presentaron también un informe general sobre la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en México.
En esa audiencia celebrada en Washington, se aceptó la visita oficial de la Relatoría para la Libertad de Expresión para dar seguimiento a lo expuesto, así como a compromisos adquiridos por México en la materia.
Ante la urgente atención que merece el tema, afirmó la CNDH en la misiva, pide a la SRE realizar las gestiones pertinentes para establecer la fecha más próxima posible para la visita del Relator, que, a decir de algunas organizaciones presentes en la audiencia, está programada para abril o mayo del próximo año.
La defensa de la libertad de expresión no implica respaldo a actividades ilícitas o antiéticas de medios o periodistas.
**Esta información es responsabilidad de CEPET, un miembro provisional de IFEX**
En carta fechada el 26 de septiembre, el titular de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, explicó a la SRE que el organismo a su cargo presentó el 18 de julio un informe sobre las condiciones actuales del ejercicio periodístico en México y que representantes del gobierno mexicano reconocieron la grave situación en la que se encuentran los periodistas y medios de comunicación para desarrollar su trabajo.
En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa presentaron también un informe general sobre la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en México.
En esa audiencia celebrada en Washington, se aceptó la visita oficial de la Relatoría para la Libertad de Expresión para dar seguimiento a lo expuesto, así como a compromisos adquiridos por México en la materia.
Ante la urgente atención que merece el tema, afirmó la CNDH en la misiva, pide a la SRE realizar las gestiones pertinentes para establecer la fecha más próxima posible para la visita del Relator, que, a decir de algunas organizaciones presentes en la audiencia, está programada para abril o mayo del próximo año.
La defensa de la libertad de expresión no implica respaldo a actividades ilícitas o antiéticas de medios o periodistas.
**Esta información es responsabilidad de CEPET, un miembro provisional de IFEX**
Revista política acusa al gobierno de utilizar publicidad oficial
Información de la red de IFEX
ALERTA - MÉXICO
el 5 de octubre de 2007
Revista política acusa al gobierno de utilizar publicidad oficial para presionar a los medios
FUENTE: Centro de Periodismo y Etica Publica (CEPET), San Miguel de Allende
(CEPET/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado, con fecha del 4 de octubre de 2007, de CEPET, un miembro provisional de IFEX:
Evidencian reparto discrecional de publicidad oficial en México
México, octubre 4, 2007.- "El gobierno de Felipe Calderón utiliza los recursos públicos para castigar y presionar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación por su línea editorial", denunció la revista "Proceso" en su edición del 30 de septiembre de 2007.
De acuerdo con datos de la Subdirección de Comercialización de "Proceso", en el primer semestre del gobierno de Calderón sus ingresos por publicidad oficial fueron de 278.600 pesos (aproximadamente 25.600 USD). En el mismo período del año anterior la cifra ya de por sí castigada por el gobierno de Vicente Fox - fue de 1.424.092 pesos (aproximadamente 131.000 USD). Esto evidencia que la nueva administración redujo en cinco veces su pauta publicitaria en el semanario político.
Y la tendencia a la baja continúa. A pesar de ser la revista política más importante de México, "Proceso" se ubica en el último lugar de los semanarios que recibieron publicidad oficial de enero a junio de 2007, incluso muy por debajo de "Vértigo", cuya circulación es considerablemente menor a la publicación que se autodenomina de información y análisis.
Según datos de la Secretaría de Gobernación de México (Ministerio del Interior), "Proceso" obtuvo una pauta publicitaria de 110.980 pesos, mientras que registra 321.600 pesos para "Vértigo", publicación de Televisión Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego y la más beneficiada entre los medios electrónicos con 67,155,000 pesos.
"Proceso" señala que "cada año, la Secretaría de Gobernación emite, mediante un acuerdo que se publica en el 'Diario Oficial de la Federación', sus propias reglas para distribuir la publicidad oficial, dejando al arbitrio del Ejecutivo Federal el reparto de los recursos y sin ningún tipo
de control ni rendición de cuentas".
En 2003, la relatoría especial de la OEA para la libertad de expresión dedicó su informe al uso de la publicidad como restricción indirecta de la libre circulación de las ideas. En él señala que "como ocurre en México - con frecuencia se reparte la publicidad sin ninguna restricción o
supervisión legal, lo que da lugar a la discrecionalidad y en consecuencia a la autocensura de los medios".
Precisa que, si bien no existe un derecho intrínseco de los medios a recibir recursos del Estado por publicidad, cuando se entregan de forma discriminatoria "se viola el derecho fundamental a la libertad de expresión".
Para mayor información, comunicarse con Leonarda Reyes, directora de CEPET, Mesones 14-5, San Miguel de Allende, Guanajuato, 37700 México, teléf: +52 415 152 3197, fax: +52 415 152 3197, correo electrónico: libex@cepet.org, cepet@cepet.org, sitio Internet: http://www.cepet.org
Esta información es responsabilidad del CEPET. Favor de reconocer al CEPET al difundirla.
ALERTA - MÉXICO
el 5 de octubre de 2007
Revista política acusa al gobierno de utilizar publicidad oficial para presionar a los medios
FUENTE: Centro de Periodismo y Etica Publica (CEPET), San Miguel de Allende
(CEPET/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado, con fecha del 4 de octubre de 2007, de CEPET, un miembro provisional de IFEX:
Evidencian reparto discrecional de publicidad oficial en México
México, octubre 4, 2007.- "El gobierno de Felipe Calderón utiliza los recursos públicos para castigar y presionar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación por su línea editorial", denunció la revista "Proceso" en su edición del 30 de septiembre de 2007.
De acuerdo con datos de la Subdirección de Comercialización de "Proceso", en el primer semestre del gobierno de Calderón sus ingresos por publicidad oficial fueron de 278.600 pesos (aproximadamente 25.600 USD). En el mismo período del año anterior la cifra ya de por sí castigada por el gobierno de Vicente Fox - fue de 1.424.092 pesos (aproximadamente 131.000 USD). Esto evidencia que la nueva administración redujo en cinco veces su pauta publicitaria en el semanario político.
Y la tendencia a la baja continúa. A pesar de ser la revista política más importante de México, "Proceso" se ubica en el último lugar de los semanarios que recibieron publicidad oficial de enero a junio de 2007, incluso muy por debajo de "Vértigo", cuya circulación es considerablemente menor a la publicación que se autodenomina de información y análisis.
Según datos de la Secretaría de Gobernación de México (Ministerio del Interior), "Proceso" obtuvo una pauta publicitaria de 110.980 pesos, mientras que registra 321.600 pesos para "Vértigo", publicación de Televisión Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego y la más beneficiada entre los medios electrónicos con 67,155,000 pesos.
"Proceso" señala que "cada año, la Secretaría de Gobernación emite, mediante un acuerdo que se publica en el 'Diario Oficial de la Federación', sus propias reglas para distribuir la publicidad oficial, dejando al arbitrio del Ejecutivo Federal el reparto de los recursos y sin ningún tipo
de control ni rendición de cuentas".
En 2003, la relatoría especial de la OEA para la libertad de expresión dedicó su informe al uso de la publicidad como restricción indirecta de la libre circulación de las ideas. En él señala que "como ocurre en México - con frecuencia se reparte la publicidad sin ninguna restricción o
supervisión legal, lo que da lugar a la discrecionalidad y en consecuencia a la autocensura de los medios".
Precisa que, si bien no existe un derecho intrínseco de los medios a recibir recursos del Estado por publicidad, cuando se entregan de forma discriminatoria "se viola el derecho fundamental a la libertad de expresión".
Para mayor información, comunicarse con Leonarda Reyes, directora de CEPET, Mesones 14-5, San Miguel de Allende, Guanajuato, 37700 México, teléf: +52 415 152 3197, fax: +52 415 152 3197, correo electrónico: libex@cepet.org, cepet@cepet.org, sitio Internet: http://www.cepet.org
Esta información es responsabilidad del CEPET. Favor de reconocer al CEPET al difundirla.
U.S. NATIONAL DEBT CLOCK
The Outstanding Public Debt as of 05 Oct 2007 at 06:35:45 PM GMT is:
The estimated population of the United States is 303,172,945
so each citizen's share of this debt is $29,897.51.
The National Debt has continued to increase an average of
$1.50 billion per day since September 29, 2006!
Concerned? Then tell Congress and the White House!
La Casa de la Neta, otro medio alterno
Las formas de comunicación son importantes en estos tiempos, hagamos del ingenio y de la inteligencia, un instrumento de lucha para construir un mundo nuevo.
Fascismo Latino
ANTES
Tras las rejas, la vuida e hijos de PinochetDESPUES
Se les olvido enrejar a estos tambien!...auxilioooooooooo!
Estado ecuatoriano se quedará con 99 por ciento de las ganancias extraordinarias de petróleo
Rafael Correa calificó la medida como "justa y constitucional" (Foto: Efe archivo)
Según explicó el Ejecutivo, con la firma del decreto, el Estado ecuatoriano obtendrá al menos 700 millones de dólares anuales adicionales por concepto de ingresos extraordinarios petroleros, los cuales serán destinados a planes de desarrollo nacional y social.
El Estado ecuatoriano se quedará con 99 por ciento de las ganancias extraordinarias del petróleo, luego de que el presidente de ese país, Rafael Correa, firmó un decreto que modifica una ley que distribuía los ingresos en partes iguales con las empresas petroleras.
Mediante el nuevo decreto "se establece que el 99 por ciento de las ganancias extraordinarias del petróleo quedarán para el Estado y el 1 por ciento restante será para las empresas. Hasta el momento, existía una distribución a partes iguales", señaló Correa, quien calificó la medida de "justa y constitucional".
Previo a la firma de la reforma al "Reglamento de Aplicación de la Ley número 42-2006 Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos", Ecuador recibía 50 por ciento de los ingresos excedentes, mientras las trasnacionales extranjeras se quedaban con el 50 restante.
"El Gobierno de la Revolución Ciudadanía considera que es insuficiente que el Estado ecuatoriano reciba el 50% de las ganancias extraordinarias de los contratos de participación, como sucedía en años anteriores. Por lo que a través de esta nueva reforma se elimina la distribución que de cada 100 barriles de petróleo, para el país quedaban apenas entre 46 y 48 barriles", explicó Correa.
El Ejecutivo ecuatoriano explicó que con la resolución el país recibirá cerca de 700 millones de dólares anuales adicionales, que serán destinados para los planes de desarrollo nacional.
Por su parte, el subsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que la medida es una "verdadera revolución" con respecto a los antiguos esquemas de reparto de utilidades petroleras, que habían "beneficiado más" a las empresas privadas.
Recordó que el incremento del precio del crudo en el mercado internacional obliga a que la distribución de los ingresos adicionales sea revisada en beneficio del Estado y aclaró que ello no supone que las empresas privadas dejen de obtener sus ganancias.
El próximo 15 de octubre, el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, se reunirá con las empresas petroleras para establecer la nueva política en esa materia en el país. "Que empieza ratificando que el petróleo es de todos los ecuatorianos y que jamás volveremos a permitir perder la propiedad del mismo", precisó Correa.
vc-Presidencia de Ecuador/Afp
Que envida dan carajo!, no se podra tener un Correa, Chavez o Morales en Mexico?....nos urge uno de esos my friends!.
Gran rechazo en Francia por pruebas de ADN para inmigrantes
Sarkozy, quien aprueba la ley, tuvo incluso que reunirse con parlamentarios debido al contundente rechazo que hasta dentro de su propio gobierno ha desatado la legislación (Foto:Efe) TeleSUR _ 05/10/07 - 03:23 CCS enviar imprimir
La polémica ley, ahora debe pasar a una comisión mixta en el Congreso. La medida ha desatado un fuerte rechazo y ha reabierto el debate sobre el maltrato que reciben los inmigrantes. Y es que mientras en Francia se busca realizar exámenes de ADN, en Suiza se planea utilizar pistolas eléctricas y perros para expulsar a los inmigrantes.
En medio de una fuerte polémica, el Senado de Francia aprobó en la madrugada del jueves el proyecto de ley del ministro Brice Hortefeux sobre inmigración, que incluye la autorización de pruebas de ADN a los extranjeros que soliciten el reagrupamiento familiar en el Estado francés.
La ley, impulsada por el presidente Nicolas Sarkozy, finalmente fue aprobada por un margen relativamente corto: 176 votos a favor, 138 en contra y nueve abstenciones, en una votación en la que más de una docena de senadores de otras formaciones de centroderecha votaron en contra de la mayoría conservadora.
El proyecto de control de la inmigración endurece las condiciones del reagrupamiento familiar, mediante la realización de una prueba de ADN a los potenciales inmigrantes mayores de 16 años.
Además, los solicitantes de reagrupamiento familiar deberán pasar exámenes para demostrar conocimiento de lengua francesa y de los "valores de la República" y probar que sus familiares en Francia pueden mantenerlos y ganar por lo menos el salario mínimo.
" Contra la dignidad"
La medida ya ha encontrando fuerte rechazo. Líderes religiosos, intelectuales y políticos, tanto de derecha como de izquierda, forman parte de la oposición que se está organizando en el Estado francés en contra de la polémica ley.
El Comité consultivo nacional de Ética francés dijo este jueves que este proyecto de ley entra "en contradicción con el espíritu de la ley francesa".
Dentro del propio gobierno francés, siete ministros han expresado en público su oposición a la polémica enmienda de las pruebas de ADN. Bernard Kouchner, ministro de Exteriores; Fadela Amara, secretaria de Estado para la política de las ciudades, y Martin Hirsch, alto comisario para las políticas contra la pobreza, son algunos de los personajes que han criticado la enmienda.
El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Alpha Oumar Konaré, calificó los tests genéticos de "inaceptables a nivel ético, moral y cultural".
Por su parte, la conferencia de los obispos católicos de Francia consideraron que las pruebas de ADN representan "el riesgo de una grave desviación del sentido del hombre y de la dignidad de la familia".
Asimismo, la Federación Protestante de Francia se declaró "sorprendida por esta intromisión en la vida privada y en la intimidad de las familias extranjeras", en referencia a los tests de ADN, que están prohibidos en las familias francesas.
En este sentido, el líder centrista, François Bayrou, estimó que el proyecto de ley de Sarkozy "pretende aplicar a los inmigrantes un mecanismo biológico que nadie se atrevería a imponer a los ciudadanos franceses".
Y es que la propuesta choca con el Código Civil francés, que sólo permite las pruebas genéticas con la autorización judicial y por motivos científicos.
La actriz Isabelle Adjani, nacida en París de madre alemana y padre argelino, también rechazó la medida "en nombre de la dignidad humana" y porque "no quiero ni pensar que se pueda poner en marcha esta especie de purificación de la raza".
Bayrou y Adjani suscribieron junto al exprimer ministro Dominique de Villepin (UMP), los socialistas François Hollande, Ségolène Royal (ex cabdidata presidencial), Laurent Fabius y Lionel Jospin, el genetista Axel Kahn, los sindicalistas Bernard Thibault (CGT) y Jean-Claude Mailly (Fuerza Obrera), la actriz Jeanne Moreau, y los escritores Bernard-Henri Lévy y Jorge Semprún, un manifiesto en contra de los planes de Sarkozy.
Enmienda suavizadora
El contundente rechazo a la polémica ley, en especial en las filas de su gobierno, obligó al presidente francés a reunirse con parlamentarios de la oficial UMP y de Nouveau Centre (NC, los antiguos integrantes de UDF que optaron por Sarkozy frente a François Bayrou).
Incluso, pese a rechazar "las críticas" que según dijo "tratan de caricaturizar un texto que el Gobierno quiere que sea, al mismo tiempo, justo y protector", el propio ministro de Inmigración, Brice Hortefeux, impulsor de la ley, mostró síntomas de querer dar marcha atrás.
Para ello, introdujo en la ley enmiendas en las que ahora la decisión de hacer el test de ADN ya no será de los funcionarios consulares, sino de un juez civil; además el Estado pagará el costo del exámen, en lugar de hacerlo el inmigrante, y sólo se podrán hacer pruebas comparadas con el ADN de la madre para evitar que un inmigrante masculino pueda enterarse, mediante la prueba genética, de que no es el padre biológico de su hijo.
La polémica ley del gobierno francés, tras su aprobación en el Senado, debe pasar por la comisión mixta Asamblea-Senado y el voto definitivo está previsto para el próximos 22 de octubre en la Asamblea Nacional (la cámara de los diputados), donde previsiblemente será aprobado por la mayoría gubernamental.
Pero no cabe duda que la medida ha despertado un fuerte rechazo y ha reabierto el debate sobre el maltrato que reciben los inmigrantes pues, mientras en Francia se busca realizar exámenes de ADN, en Suiza se adelanta una ley que autoriza el uso de pistolas eléctricas y perros para expulsar a los inmigrantes.
El texto suizo, aprobado el miércoles en la cámara baja, debe ser ratificado ahora por el Senado.
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Violatorias, genocidas, indignantes, TODOS los procederes e ideas de los cretinos neoliberales......MUERA el imperio Yanqui y el neoliberalismo globalizador!.
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