domingo, abril 03, 2011
Coalición “occidental” se apodera del 80 por ciento del petróleo de Libia
No existe la menor consistencia entre la intervención militar de Occidente (sin Alemania) para dizque defender selectivamente a los “civiles” de Bengazi (capital de la región histórica de Cirenaica que concentra 30 por ciento de la población de Libia) y el abandono de otros “civiles” en Baréin (asiento de la quinta flota de Estados Unidos) y Arabia Saudita (la mayor potencia petrolera del mundo aliada de Estados Unidos).
Tampoco le importa a la coalición occidental que la mayor parte de los rebeldes de Cirenaica pertenezca a los jihadistas de Al Qaeda, que supuestamente combate Estados Unidos en el planeta entero, como ilustra un estudio de 2007 Harmony Project, del Centro del Combate al Terrorismo de la Academia Militar estadunidense de West Point (Al-Qaida’s foreign fighters in Iraq: a first look at the sinjar records).
Dejaremos de lado los cables secretos de 2008 (hace apenas poco más de dos años) de la embajada de Estados Unidos en Trípoli, exhumados por Wikileaks, sobre el “extremismo en la parte oriental de Libia” (léase: la Cirenaica y su capital Bengazi).
Más allá de la guerra desinformativa de los ubicuos cuan omnipotentes multimedia “occidentales”, la única constante es el petróleo que define la axiología de Occidente dependiendo de la identidad del controlador del “oro negro” y, por lo que se puede entender, la razón tanto de la intervención militar de la triada de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña en Libia, así como su pasividad pasmosa en Baréin y Arabia Saudita.
La intervención militar de la triada neocolonial consiguió levantar el sitio de las tribus de Bengazi por sus rivales de las tribus del coronel Gadafi, que se han replegado a su bastión en la parte oriental de Tripolitania (capital Trípoli), que concentra el 60 por ciento de la población.
El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle –quien se soltó la lengua a sabiendas quizá de su derrota en las elecciones regionales teutonas–, fustigó la hipocresía “occidental” en búsqueda del vellocino de “oro negro” y su involucramiento en una lucha fratricida de tribus en Libia.
La intervención militar “occidental” propició no solamente el levantamiento del sitio de Bengasi, sino también la recaptura tanto de Brega, la principal terminal exportadora de petróleo en la parte oriental, así como de Ras Lanuf, su principal refinadora.
Prácticamente el 80 por ciento de los hidrocarburos de Libia, que Alá ha dispuesto se ubiquen del lado oriental, es ahora controlado por los jihadistas de Al Qaeda, apuntalados paradójica y/o coincidentemente (como guste) por la triada Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Así las cosas, el mando militar puede ser trasladado ahora a manos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que sale triunfante de su control de los hidrocarburos de Libia, la mayor parte concentrada en la parte oriental.
Los estrategas “occidentales” se rompen la cabeza montando diferentes escenarios sobre el epílogo del coronel Gadafi, replegado en su feudo de Tripolitania, lo cual, a estas alturas, resulta irrelevante cuando, más que la balcanización de facto de Libia, la triada controla el 80 por ciento de los hidrocarburos.
En la ecuación de Libia –que depende del 90 por ciento de sus ingresos petroleros–, la única constante son los hidrocarburos y los actores resultan sus variables en consecuencia.
¿Puede existir voltereta de las lealtades de las tribus, como ha sucedido en el pasado? Todo es posible.
Inmediatamente a la recuperación de los rebeldes jihadistas en el terreno militar, Qatar –una de las seis petromonarquías del Consejo de Cooperación del Golfo que participa conspicuamente al lado de la coalición “occidental”– se ha adelantado a comprar la producción petrolera de las tribus enemigas del coronel Gadafi. Se necesita mucho dinero para mantener inalterable la lealtad de las tribus del desierto libio.
Stratfor se basa en un reporte del 23 de febrero de varias empresas petroleras que expone la importancia del control del Golfo de Sidra desde cuyos puertos se exporta el 77 por ciento del petróleo libio: “El Golfo de Sidra es crucial para las exportaciones de energía de Libia. Los puertos de Sidra, Marsa el Brega, Ras Lanuf, Tobruk y Zuetina manejan aproximadamente el 77 por ciento de las exportaciones petroleras de Libia”.
La refinería de Marsa el Brega, hoy en manos de los jihadistas de Al Qaeda, destila 200 mil barriles al día.
Los tres campos petroleros –Nafura, Messla y Sarir– están en manos de la tribu zawiya (enemiga de las tribus aún leales a Gadafi). El campo de Sarir nutre el puerto de Tobruk (donde combatieron el alemán Rommel y el británico Montgomery en la Segunda Guerra Mundial).
Ras Lanuf, en manos de los rebeldes jihadistas, aliados paradójica y/o coincidentemente de la coalición” occidental”, constituye la mayor refinería de exportación libia (220 mil barriles al día). El peso de la refinería de Ras Lanuf es enorme en la economía libia.
La relevancia de Ajdabiya (también bajo control jihadista, aliada paradójica y/o coincidentemente de la coalición “occidental”) –cerrojo de la principal carretera costera entre Bengazi y Trípoli a lo largo del Golfo de Sidra– radica en su cercanía al estratégico puerto de Zuetina.
La ráfaga de disparos de los misiles Tomahawk, al unísono de los bombardeos de los aviones de Francia y Gran Bretaña para “llevar a cabo” la zona de exclusión aérea, permitieron la recaptura de Ajdabiya por los jihadistas de Al Qaeda.
Stratfor, centro de pensamiento texano-israelí, es muy veloz para las cuentas: “Las tres cuartas partes de los ingresos petroleros de Libia, del orden de 30 mil millones de dólares en 2009, son exportados al extranjero a través del Golfo de Sidra”.
A través del prisma inamovible de los hidrocarburos, la balcanización de Libia ha resultado exitosa para la triada “occidental”, que al corte de caja de hoy controla el 80 por ciento de su producción y reservas, mientras deja el restante 20 por ciento en manos de las tribus de Gadafi, que se pudieran quedar con el yacimiento petrolero de Elephant (producción de 110 mil barriles al día) para subsistir penosa y puniblemente el tiempo que se decanta la situación.
Vale la pena consultar las fotos, publicadas por Réseau Voltaire (“Un Festival de Hipocresía”, www.voltairenet.org/article169090.html), que exhiben sin rubicundez al hoy pestilente coronel Gadafi con sus amigos aliados de ayer, los hipócritas mandatarios de Occidente, que en su infausto “pacto faustiano” hace mucho le vendió su alma a Mefistófeles, y quienes hoy, después de haber exprimido sus capitales, lo arrojan inmisericordemente a las aves de rapiña de las trasnacionales petroleras que merodean en el desierto libio.
¿Pasarán las tribus de Gadafi a una prolongada guerra de guerrillas con sus aliados de Chad y Níger?
¿Qué advendrá de los pletóricos capitales del coronel Gadafi depositados en Occidente? Estados Unidos ha congelado 32 mil millones de dólares y Gran Bretaña, otro tanto. Se recuerda que ambos países padecen una severa insolvencia financiera.
¿Tendremos una nueva narrativa “occidental” para depurar a los rebeldes de Bengazi de sus matrices jihadistas y así conservar los capitales congelados en una nueva edición de las Mil y dos noches que agregó su capítulo final más inverosímil: la salvación del género humano en el Golfo de Sidra?
¿Qué pasará con los suculentos “fondos soberanos de riqueza” (Wealth Sovereign Funds) de Libia, que superan los 100 mil millones de dólares?
Por lo pronto, los bancos “occidentales” los podrán usar ad libitum y especular con ellos las alzas del petróleo y los alimentos para cerrar su círculo vicioso.
En caso de la defenestración del coronel Gadafi, el control “occidental” de los hidrocarburos libios pasaría a un ciento por ciento. As simple as that. Lo demás es literatura barata.
*Catedrático de geopolítica y negocios internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México
Detrás de Libia: ¡control del mayor acuífero del mundo!
Bajo la lupa
Mitin en Bengasi para exigir el fin de la guerra, luego de que un ataque aéreo de fuerzas de la OTAN contra un convoy de leales a Kadafi matara a ocho civilesFoto Reuters.Se encuentra más vigente que nunca nuestra apreciación (Bajo la Lupa, 20/3/11) sobre
la batalla por el petróleo de Libia y la esquizofrenia occidental, así como el riesgo de su
balcanizacióny la emergencia jihadista del
emirato islámico de Bengasi(Bajo la Lupa, 23/2/11) y que ahora admite hasta Wall Street Journal (2/4/11). La historia trágica del coronel Kadafi tiene mucho parecido con la de Saddam Hussein en Irak. La imaginación de las potencias neocoloniales hoy en declive no comporta mucha variación.
Saddam fue usado en su guerra pírrica contra Irán, para luego ser torturado a fuego lento con zonas aéreas de exclusión
edulcoradas con su satanización multimediática y, finalmente, ser oprobiosamente ahorcado.
Hasta Alan Greenspan, malhadado y malvado gobernador de la Reserva Federal –brujo aprendiz de la peor crisis multidimensional de la historia– confesó que el motivo de la guerra de Irak fue el petróleo.
Hoy el coronel Kadafi ha sido colocado en las gemonías por el hipócrita Occidente
(menos Alemania). En dado caso de que el coronel Kadafi sea axiológicamente indefendible, lo es infinitamente mucho más la triada extraña de Sarkozy-Obama-Cameron (en ese orden misilístico de sus bombardeos intervencionistas para favorecer a una tribu contra otra), al haber aceptado los depósitos de la gran riqueza libia en sus bancos de Wall Street y Londres (que luego confiscó olímpicamente; como sucedió con los depósitos del sha de Irán hace 32 años, que aún no devuelve EU) y al haberle procurado gran parte de su arsenal.
Previa ingesta de un antiemético, recomiendo consultar el inigualable álbum de fotos de Réseau Voltaire (Un festival de hipocresía”; www.voltairenet.org/article169090.html) del coronel Kadafi con sus aliados de ayer y verdugos de hoy: Sarkozy, Blair, Brown, Obama, Berlusconi, rey Juan Carlos, Barroso, etcétera.
¿Qué habrá sucedido tras bambalinas para que el coronel, tardíamente converso a las supuestas bondades tanto del neoliberalismo financiero como del modelo blairiano cuan demencial de la tercera vía de Anthony Giddens (el gran gurú de la London School of Economics), haya sido colocado en las gemonías de Occidente
(sin Alemania)?
Se recuerda que el hijo reformista
del coronel Kadafi, Saif Al Islam (filántropo
de la London School of Economics, por lo que fue eyectado su director en forma humillante), privatizó el total de 16 bancos libios (Nota: al estilo neoliberal itamita mexicano
). ¡Más se entregan y peor les va!), entre ellos, seis concedidos a la banca de sus hoy ingratos verdugos, lo cual provocó un despido masivo de casi 400 mil empleados bancarios (una parte nada desdeñable de los contestatarios) en un país de 6.5 millones de habitantes (ver El Neoliberalismo provocó la revuelta árabe; Radar Geopolítico, de Contralínea, 20/3/11).
Sátrapas van y vienen en el mundo árabe, pero el petróleo y el agua permanecen como la única constante de la política neocolonial del siglo XXI por potencias hoy en franca decadencia que huyen hacia delante.
Hoy el telón del proscenio teatral de Occidente
(sin Alemania) se finca en la superchería de la protección humanitaria a los civiles
, que estimula un flagrante intervencionismo neocolonial.
De vez en cuando falla el tino de los misiles Tomahawk, y como daño colateral y fuego amigo asesinan a más de una docena de rebeldes libios
, a quienes alegan rescatar de la muerte segura a manos del coronel Kadafi: las tribus jihadistas prodemocracia
aliadas de Al Qaeda en Bengasi, que son usadas como vulgar carne de cañón para los propósitos aviesos de Occidente
(sin Alemania).
Cuando se recorre el telón teatral aparece todo el drama verdadero detrás de la guerra contra Libia: el control del mayor acuífero del planeta y la captura de sus hidrocarburos, cuyo 80 por ciento se encuentra en la región de Bengasi dominada por los aliados jihadistas de Al Qaeda de Francia, EU y Gran Bretaña (Ver La coalición occidental se apodera de 80 por ciento del petróleo de Libia; Radar Geopolítico, de Contralínea, 3/4/11).
No importa que la mayoría de los rebeldes prodemocracia
de Bengasi hayan resultado miembros de Al Qaeda según un estudio del 2007: Harmony Project, del Centro de Combate al Terrorismo de la Academia Militar estadunidense de West Point. A estas alturas de hambruna y sed globales, específica y exquisitamente mediorientales, ¿a alguien en Occidente
(menos Alemania) le importa la congruencia? Recorramos sucintamente su telón teatral.
Según Stratfor, centro de pensamiento texano-israelí, GB libra la guerra contra Libia para reposicionar a su petrolera BP (que salió despellejada después de su depredación ambiental en el Golfo de México). BP ya no desea obtener sólo el 15 por ciento minoritario en su acuerdo petrolero con Kadafi (Business Week, 31/5/07), sino va por el control mayoritario, lo que hace que el coronel se vuelva desechable. Nada nuevo sobre la legendaria codicia petrolera anglosajona.
En el siglo XXI, la ruta trágica de los hombres perversos
(filósofo galo René Girard dixit), los hidrocarburos y el agua se entrecruzan con peculiaridad notable en Medio Oriente.
Lo novedoso de la guerra contra Libia no es la captura de sus hidrocaburos, un truismo ya muy aburrido, sino el control del mayor acuífero del planeta –del orden de 2 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a todo un México acuático
–, que abarca la parte oriental de Libia (léase: Cirenaica y su capital Bengasi), casi todo Egipto y partes considerables de Sudán y Chad, lo cual ha sido expuesto por la AIEA como Sistema Acuífero Nubio de Arenisca (NSAS, por sus siglas en inglés).
Los alemanes Martina Müller, Claudia Dengler y Felix Leicht, investigadores de la Universidad de Stuttgart (www.warem.unistuttgart.de/.../NubianSandstoneAquiferSystem.pdf) exponen la geografía del NSAS, el mayor acuífero del mundo
(¡150 mil kilómetros cúbicos de agua fósil¡) que comparten las transfronteras de cuatro países: casi todo Egipto (80 por ciento), con una extensión de 826 mil kilómetros cuadrados; el sudoriente de Libia (la Cirenaica, capital Bengasi) 760 mil kilómetros cuadrados; el noroccidente de Sudán ya balcanizado (básicamente Darfur, a punto también de ser balcanizado) 376 mil kilómetros cuadrados, y el nororiente de Chad, 235 mil kilómetros cuadrados.
Probablemente, el pecado capital del coronel Kadafi consista en haberse atrevido a desarrollar, a su cuenta y riesgo, el mirífico proyecto de título megalomaniaco Río Grandioso (sic) Hecho por el Hombre (GMRP, por sus siglas en inglés), a un costo de 20 mil millones de dólares (datos de la Sociedad Estadunidense de Ingenieros Civiles): un acueducto de 4 mil kilómetros de largo que extrae parte de las aguas del NSAS y que la publicidad de la oclocracia kadafista catalogó como la octava maravilla del mundo
.
El GMMR del coronel Kadafi empezó a sustraer sustanciales cantidades de agua del acuífero NSAS: 2.37 kilómetros cúbicos al año para abastecer el oasis Al-Khufrah (en el sur-oriente de Cirenaica).
A nuestro juicio, lo más grave radica en los costos competitivos por metro cúbico del fenomenal proyecto acuífero de Kadafi: 0.35 dólares frente al agua desalinisada, que es mayor a 3 dólares, de la tecnología
franco-anglosajona: casi 10 veces menos. ¡Maten a Kadafi, se pasó de raya!
Función Pública investiga a la directora de PMI por supuesta malversación
La Secretaría de la Función Pública investiga a la actual directora de PMI Comercio Internacional por una supuesta malversación de fondos. Según la contraloría, Rocío Cárdenas estaría involucrada en la contratación irregular de un estudio utilizado en la defensa de su exsubordinada y “amiga” Karen Miyasaki, acusada de defraudar por 13 millones de dólares al erario. El análisis, que costó 21 mil 500 dólares, habría sido adjudicado a PIRA Energy ex profeso para “justificar” compras irregulares de combustibles. La SFP también indaga todos los esquemas vigentes en la filial de Pemex para adquisición de combustóleo, diésel y gasolinas en el mercado internacional.
María del Rocío Cárdenas Zubieta –directora general de PMI Comercio Internacional desde el 26 de enero de 2009– enfrenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por una supuesta malversación de fondos, revelan fuentes de primer nivel de esa dependencia que solicitan el anonimato por temor a represalias.
La indagatoria busca acreditar la probable participación de la funcionaria en supuestas irregularidades detectadas en el contrato CIM-DA-105/09 y en el posterior uso de un estudio derivado de éste.
La adjudicación directa a favor de la consultora PIRA Energy Group, ocurrida el 21 de agosto de 2009 y con un costo de 21 mil 500 dólares, no habría tenido ninguna utilidad pública a pesar de que se sufragó con recursos de la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), indican los avances de las investigaciones.
Oficialmente, su objeto fue definido como “Heart of the barrel: the future for middle distillate fuels”. De este contrato se derivó el Analysis of diesel import pricing for PMI, dado a conocer por el reportero Luis Carriles –en Milenio, el 15 de mayo de 2010– como una de las pruebas ofrecidas en un caso de corrupción también documentado por la SFP.
De acuerdo con las fuentes consultadas por Contralínea, el estudio fue usado para justificar compras irregulares de combustibles que implicaron un fraude por 13 millones de dólares contra el erario.
En esa defraudación está involucrada Karen Miyasaki Hara, exsubdirectora Comercial de Destilados Intermedios de PMI, a quien en breve se le acreditarán otras dos adquisiciones irregulares que implican daños a las arcas públicas por 6 millones de dólares más.
La supuesta actuación de la directora de PMI implicaría el desvío de recursos públicos por los 21 mil 500 dólares que se pagaron a PIRA con un fin de “orden privado”, señalan los funcionarios de la SFP. Ese fin es la defensa de una exservidora pública separada de su cargo por la probable comisión de un fraude a las finanzas de PMI, que en total alcanzaría 19 millones de dólares.
Ante este nuevo hecho, la contraloría federal, a cargo de Salvador Vega Casillas, busca configurar el delito de malversación de fondos, en el cual estaría implicado, además de Cárdenas Zubieta, el director de Administración en esa época.
La defraudación
El fraude por 13 millones de dólares se destapó el 23 de mayo de 2010. Ese día, el secretario Vega Casillas y César Chávez, visitador general de la Procuraduría General de la República, dieron a conocer detalles de las investigaciones que llevan ambas dependencias.
Sin mencionar directamente su nombre, los funcionarios señalaron que Miyasaki Hara estaba implicada en presuntos actos de corrupción relacionados con cuatro operaciones de compraventa de cargamentos de diésel ultrabajo azufre, que favorecieron a la japonesa Idemitsu Kosan Company y a Blue Oil Trading.
“Se estima que el perjuicio causado a PMI entre agosto y diciembre de 2008, hasta el momento, supera los 13 millones de dólares. Las investigaciones señalan como presunta responsable a la [entonces] subdirectora Comercial de Destilados Intermedios de PMI”, dijo Vega Casillas en conferencia de prensa.
El modus operandi, agregó, “consistía en la realización de varias operaciones de compraventa innecesarias de cargamento de diésel ultra bajo azufre, con el probable beneficio de empresas extranjeras en perjuicio de PMI. Una de esas empresas está vinculada con el cónyuge de la presunta responsable”.
Las fuentes de la SFP consultadas por Contralínea indican que, al interior de PMI, el escándalo comenzó tiempo atrás. Fue a partir de febrero de 2009 cuando los auditores de la Función Pública iniciaron los trabajos y requirieron todos los documentos vinculados con cuatro de las seis compras irregulares.
Para agosto de ese año, era tal el nerviosismo de los directivos de la filial de Pemex que se contrató a PIRA Energy Group para intentar desvirtuar las indagatorias del Órgano Interno de Control, revelan fuentes de PMI.
Amistad, el conflicto
De acuerdo con los informantes de la Función Pública, la hipótesis principal de la investigación en contra de Cárdenas Zubieta es que el estudio fue hecho ex profeso para defender a Miyasaki Hara. Hasta ahora, ni la directora de la filial ni sus subordinados han podido acreditar otro uso para ese análisis.
Consultadas por Contralínea, fuentes de PMI –brazo comercial de Pemex en el mercado internacional, pues maneja todas las importaciones y exportaciones del crudo y sus derivados de la paraestatal– aseguran que Cárdenas Zubieta y Miyasaki Hara mantienen una relación de amistad.
Esa relación, aseguran, inició cuando Rocío Cárdenas se desempeñaba como directora de Refinados, y Miyasaki Hara, como subdirectora de esa misma área.
Cárdenas Zubieta, de profesión ingeniera química, nació en México en 1967. Su trayectoria en PMI incluye, además de su estancia como directora de Refinados, su presidencia en PMI Services North America, Inc, y en PMI Holdings North America, Inc. Antes fue directora General de PMI Norteamérica, SA de CV.
Estas tres últimas forman parte de la red empresarial privada que Pemex mantiene en México y en el extranjero desde la década de 1990. Filiales que según la Auditoría Superior de la Federación se encuentran al margen de la ley y no rinden cuentas a nadie.
En el ranking de “Las 50 mujeres más poderosas de 2010” de la revista Expansión, Cárdenas Zubieta ocupa el décimo lugar. Según la publicación, porque “está a cargo nada más y nada menos que de las operaciones de Pemex en todo el mundo, y maneja las importaciones y exportaciones de crudo”.
Otras investigaciones
El caso de Miyasaki Hara ha servido a los contralores para detectar otras “formas sutiles de corrupción”. Por ello, la SFP indaga todos los esquemas de adquisición de combustóleo, diésel y gasolinas vigentes en la subsidiaria.
En esas indagatorias, la principal dificultad ha sido acreditar desvíos de centavos de dólar por cada barril comprado y vendido por PMI en altamar, aseguran las fuentes. Y es que la filial comercia millones de barriles de combustibles y todas las operaciones las realiza en moneda extranjera.
Esto habría permitido que, en ciertas operaciones multimillonarias, los funcionarios movieran las compras dependiendo del tipo de cambio, e incluso facturaran en días distintos al que originalmente le correspondería a la operación, en colusión con las empresas privadas.
Así, las conversiones de dólares a pesos siempre darían una ligera ganancia a la subsidiaria, pero también a bolsillos privados. Aunado a esto, las investigaciones se complican por la participación de traders o intermediarios, por las fórmulas de preciación utilizadas en la empresa, por el uso de swaps y porque PMI participa de manera activa en los mercados de futuros.
En el caso de la importación de petrolíferos –que en lo que va de este sexenio supera los 690 mil millones de pesos–, las investigaciones también han detectado un elemento que no necesariamente compete a la demanda del mercado nacional.
Los informantes ponen como ejemplo el incremento de las importaciones de gasolinas: éste se explica en un contexto internacional en el que Europa ha cerrado la puerta a las energías sucias y no en el supuesto desabasto de México.
En el mercado internacional de los combustibles, América Latina es considerada como el “basurero” de Europa y Estados Unidos; mientras que África es el más grande “basurero” del mundo, refieren. Así, cuando América Latina cancele por política ambiental las adquisiciones de gasolinas, éstas se venderán en mayor proporción al continente africano.
Al margen de ese contexto, el discurso de la paraestatal que encabeza Juan José Suárez Coppel insiste que la importación de cuatro de cada 10 litros de gasolina que se consumen en México se debe a la falta de producción nacional.
Para la realización de este trabajo, Contralínea solicitó conocer la versión de Cárdenas Zubieta, sin que al cierre de esta edición se haya obtenido respuesta.
¡Estamos hasta la madre...!
De todo Estado nacional fallido se derivan –obvio es– expresiones fallidas regionales, locales... Muestra a escala de la descomposición social generalizada en México y, más aún, de la manifiesta incapacidad política para contenerla, Morelos se desbocó: 80 asesinatos perpetrados en lo que va del año... nada menos que cinco veces la cifra del primer trimestre de 2010. El récord del gobernador Marco Antonio Adame es, pues, de mil 500 ejecuciones en un lustro. Dos de ellas suman su carga de indignación y hartazgo en una entidad paralizada por el miedo: la del líder local de la CTM y la del hijo del poeta Javier Sicilia, articulista de Proceso. Javier Sicilia: Carta abierta a políticos y criminales
El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera, se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal, que ha roto sus códigos de honor.
No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo, para servir, como tantos otros muchachos, a este país que ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras –sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía–. Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza –la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada–, desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre.
Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos–, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder– de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo; porque, en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos hasta la madre porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones; estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después, criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación; estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia.
De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido.
Antiguamente ustedes tenían códigos de honor. No eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables Sonderkommandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes. Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal –los animales no hacen lo que ustedes hacen–, sino subhumana, demoniaca, imbécil. Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento humillan a nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto.
Ustedes, “señores” políticos, y ustedes, “señores” criminales –lo entrecomillo porque ese epíteto se otorga sólo a la gente honorable–, están con sus omisiones, sus pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha levantado la solidaridad y el grito de indignación –que mi familia y yo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones– de la ciudadanía y de los medios. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes: “Si no pueden, renuncien”. Al volverla a poner ante nuestros oídos –después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes asesinados y envilecidos–, esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen, en estos momentos de emergencia nacional, a unirse para crear una agenda que unifique a la nación y cree un estado de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una marcha nacional el miércoles 6 de abril que saldrá a las 5:00 PM del monumento de la Paloma de la Paz para llegar hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo justicia y paz. Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente en todas las ciudades, en todos los municipios o delegaciones del país, si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, “señores” políticos, a gobernar con justicia y dignidad, y a ustedes, “señores” criminales, a retornar a sus códigos de honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generando nos llevará a un camino de horror sin retorno. Si ustedes, “señores” políticos, no gobiernan bien y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su unidad, y ustedes, “señores” criminales, no limitan sus acciones, terminarán por triunfar y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres amedrentados y destruidos en su alma. Un sueño que ninguno de nosotros les envidia.
No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz, y la historia del México de hoy sólo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado, sólo conoce que lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, se convierta en un asunto de estadística y de administración al que todos debemos acostumbrarnos.
Porque no queremos eso, el próximo miércoles saldremos a la calle; porque no queremos un muchacho más, un hijo nuestro, asesinado, las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una unidad nacional ciudadana que debemos mantener viva para romper el miedo y el aislamiento que la incapacidad de ustedes, “señores” políticos, y la crueldad de ustedes, “señores” criminales, nos quieren meter en el cuerpo y en el alma.
Recuerdo, en este sentido, unos versos de Bertolt Brecht cuando el horror del nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación, se anunciaba: “Un día vinieron por los negros y no dije nada; otro día vinieron por los judíos y no dije nada; un día llegaron por mí (o por un hijo mío) y no tuve nada que decir”. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito de indignación para que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro país.
Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación
CUERNAVACA, MOR.- A la Autopista del Sol, la vía que conduce a Acapulco, los morelenses la empiezan a llamar “la ruta de la muerte” pues en el tramo que pasa por esta ciudad ha sido arrojada la mayoría de los 335 ejecutados del último año en Morelos.
La violencia parece imparable en este lugar que hasta hace poco era una especie de paraíso. Hoy Morelos se ha vuelto un infierno; sus habitantes han visto cómo la indolencia del gobernador Marco Antonio Adame Castillo ha convertido la entidad en campo de batalla de los grupos criminales que se disputan la plaza tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva y la detención de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
En lo que va del año han sido 80 las ejecuciones, cinco veces más que en el primer trimestre de 2010. La mayoría de los muertos han sido jóvenes. Casi un asesinato diario sin que el ejército o las policías municipal, estatal ni federal hayan detenido a un solo responsable.
Pero toda esa violencia parece no afectar al gobernador panista. Ante la crisis generada el 27 de marzo –cuando encontraron ejecutado a Juan Francisco Sicilia junto con otras seis personas, todos con signos de tortura– fue salvado por su correligionario, Felipe Calderón, quien se comprometió ante Javier Sicilia a que el caso se resolvería.
Adame también recibió el espaldarazo del secretario de la Defensa, el general Francisco Galván, quien viajó a Cuernavaca el 30 de marzo para encabezar la reunión del gabinete de seguridad estatal y sacarlo del atolladero.
El asesinato del hijo del poeta y articulista de Proceso Javier Sicilia ha provocado una ola de protestas de la sociedad morelense y de diversos grupos de obreros, campesinos y empresarios contra el panista.
Durante cuatro días Adame no apareció públicamente. Después de la reunión de seguridad con el general Galván, dijo: “Se trate de quien se trate habrá identificación y castigo a los responsables (…) tenemos confianza y estamos trabajando coordinadamente (…) comprometiendo todos los recursos del estado para que éste y otros casos sean debidamente aclarados, y sus responsables, castigados con todo el peso de la ley”.
Sólo entonces el procurador estatal Pedro Luis Benítez Vélez afirmó que había avances en la investigación y que ya estaban identificados algunos posibles responsables, que incluso podrían ser policías.
Piden la cabeza del gobernador
La tarde del 28 marzo de 2010, en la cancha de futbol de la colonia Pro-Hogar del municipio Emiliano Zapata, 11 jóvenes electricistas y albañiles bebían cerveza luego de jugar un partido. De pronto se acercaron dos camionetas de las que bajaron hombres armados que rodearon a los jugadores, los golpearon y los levantaron.
Dos días después los cuerpos de seis de esos jóvenes fueron arrojados al lado de la Autopista del Sol. Los otros cinco siguen desaparecidos. Ningún responsable del múltiple crimen ha sido detenido.
El impacto de la violencia y el incremento de la presencia del crimen organizado, dicen las autoridades estatales, no ha paralizado la vida en la entidad. “No es como Ciudad Juárez”, afirma en entrevista con este semanario el procurador Benítez. Pero en los hechos ambos fenómenos ya hicieron mella en la entidad. Según el expresidente de la Coparmex local, Juan Carlos Salgado Ponce, el turismo ha caído hasta 60%, a pesar de que el gobierno federal asegura que ha aumentado 4%.
Para la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) la inseguridad, la violencia y el poder del crimen organizado han roto el tejido social, provocando la migración a otras entidades.
Sobre todo, dice la CIDHM a Proceso, hay miedo en la población que ha visto afectada su vida al tener que tomar medidas extremas de precaución: no hablar del crimen organizado en lugares públicos o en taxis, reducir sus salidas a divertirse, no transitar de noche por carretera y no confiar en la policía, por la sospecha de que obedece al crimen organizado.
El 16 de abril del año pasado, recuerda José Hernández, dirigente del organismo de derechos humanos, los cuernavaquenses incluso acataron el toque de queda supuestamente decretado para ese día por el cártel del Pacífico Sur, que avisaba que pelearía contra el grupo de La Barbie.
Pero la inacción y el silencio de los morelenses se rompieron en los últimos días luego de los asesinatos –cometidos con una semana de diferencia– del dirigente local de la CTM, Tito Barrera Ocampo, y de Juan Francisco Sicilia, que concitaron manifestaciones en las que miles de ciudadanos exigieron que se detenga la estrategia de guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, y la salida del gobernador.
Desde el 27 de marzo, cuando fueron hallados los cuerpos del joven estudiante y de otras seis personas, todos los días ha habido en Cuernavaca protestas de diversos grupos sociales que exigen “alto a la guerra” y “no más sangre” y que montaron un altar en el Zócalo; ahí, entre velas y flores, colocaron una lámina que dice “que renuncie el gobernador”.
En los últimos cinco años, Morelos ha acumulado mil 200 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado e igual número de desapariciones reportadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que hace a la entidad la quinta más violenta del país, según el Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública (SIIS) elaborado el año pasado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
“El gobierno está rebasado completamente. No hay un solo responsable detenido. Hay una crisis de instituciones, de credibilidad, de legitimidad y de respuesta a la ciudadanía. Están en crisis el Poder Ejecutivo del estado, el Legislativo y de justicia”, dice a Proceso José Hernández.
Describe un ambiente de terror entre la ciudadanía a raíz de hechos violentos cometidos por uniformados: la prensa local ha dado cuenta de operativos en los que policías y soldados con sus vehículos blindados han derribado portones de casas presuntamente para detener a narcotraficantes en colonias populares de Cuernavaca, como la Flores Magón, Carolina y La Barón.
“El Ejército no ha resuelto el problema de la inseguridad, lo ha incrementado en todo el estado porque realiza detenciones arbitrarias, allanamientos en colonias populares donde los soldados llegan encapuchados, con armas de alto poder, y entran violentamente. La gente no sabe de qué se trata, si son sicarios, policías o soldados”, dice el defensor de derechos humanos.
“La guerra que ha declarado Calderón en todo el país ha producido más violencia y 35 mil muertos, sin erradicar el problema de la droga (...) Lo mismo pasa en Morelos con el gobernador Adame. Está generando una crisis muy fuerte, la ruptura del tejido social y el involucramiento de grupos policiacos en acciones ilícitas”, insiste Hernández.
Lo mismo opinan representantes de otros sectores de la sociedad morelense que también padecen el crecimiento desmesurado de la violencia desde el inicio del año.
Juan Carlos Salgado, quien presidió la Coparmex de Morelos hasta marzo y es secretario del Consejo Coordinador Empresarial en el estado, sostiene: “Lamentablemente, se ha disparado el índice delictivo de manera impresionante. Los ciudadanos vivimos atemorizados por la falta de seguridad y de las garantías indispensables para poder vivir en paz”. Agrega un dato preocupante: no se ha detenido a nadie por los asesinatos ligados al crimen organizado que han ocurrido en Morelos.
“Lo grave (...) es que de todas las ejecuciones que llevan en los últimos dos años (...) no ha habido ningún detenido, ningún responsable. El procurador del estado siempre menciona que es competencia de la federación y ésta, que es competencia del estado y los ciudadanos quedamos indefensos en medio de todo esto”, asegura Salgado.
–¿El gobernador se ha visto incapaz de manejar esta situación? –se le pregunta.
–Lo que siempre he expresado, y se lo dije a él, es que a fin de cuentas la seguridad depende del gobernador del estado y de él dependerá que los presidentes municipales hagan bien sus funciones. Sobre todo, que el secretario de Seguridad Pública dé resultados y el procurador también. Su jefe inmediato es el gobernador y debe encargarse y supervisar las actividades que estén haciendo o también las que no se estén haciendo.
Los dirigentes de la CTM en Morelos opinan lo mismo luego de que uno de sus líderes históricos, Tito Barrera, fuera asesinado el 21 de marzo en Cuernavaca por un pistolero que circulaba en motocicleta.
Los cetemistas marcharon el 27 de marzo por el centro de la capital morelense. Acompañado por unas 3 mil personas, el dirigente local de la CTM, Vinicio Limón, gritó en la Plaza de Armas. “¡Ya déjense de pendejadas! Los tres niveles de gobierno son responsables de la inseguridad que priva en la entidad. Pónganse a trabajar de inmediato y restablezcan la seguridad a las familias morelenses porque de no hacerlo, nadie va a querer salir a votar el próximo año”.
Ese mismo día, a las seis de la mañana en la entrada del fraccionamiento Las Brisas, la policía localizó un automóvil con siete personas ejecutadas. Seis hombres y una mujer amarrados de pies y manos y asfixiados con cinta canela. Entre ellos, Juan Francisco Sicilia, de 24 años.
Los iban siguiendo
Quienes conocieron a Juan Francisco Sicilia Ortega dicen que era un buen deportista y estudiante, de carácter fuerte pero amable. Sin vicios.
“Era un joven talentoso, deportista, aplicado e inteligente”, lo describe el empresario Juan Carlos Salgado Ponce, dueño de la Universidad Americana, donde estudió Juan Francisco. Sus amigos añaden que se comprometía con causas sociales –viajó a Chiapas para conocer el conflicto indígena–, ambientales y de defensa de los animales.
Su padre, el escritor Javier Sicilia, afirma que era buen muchacho, sin vicios, y que junto con sus amigos se dedicaba a trabajar, estudiar, divertirse como todos los jóvenes y, sobre todo, aclara que no eran informantes.
La noche del 26 de marzo a Juan Francisco se le ocurrió ir junto con sus amigos al bar La Rana Cruda de la colonia Cantarranas, en Cuernavaca, que se anuncia como “bar familiar” pero al que muchos califican de antro “de mala muerte”.
Según la versión publicada el 30 de marzo por el Diario de Morelos –basada en declaraciones de familiares–, ese sábado Juan Francisco, Jesús Chávez Vázquez, arquitecto guerrerense de su misma edad; Juan Gabriel Alejo Cadena, su vecino en el fraccionamiento Las Delicias; y los hermanos Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes, vecinos del fraccionamiento Primavera, comieron en una marisquería con Socorro Ortega, la madre de Juan Francisco.
Después de la comida, según la misma versión, los jóvenes se pusieron de acuerdo para reunirse en la noche en La Rana Cruda, lugar que ya conocían y donde solían ir a beber cerveza.
Según una fuente oficial consultada por Proceso, los hermanos Romero Jaimes invitaron a su tío Álvaro Jaimes Avelar –exmilitar de 44 años que trabajaba como guardaespaldas de un empresario–, quien llegó con su pareja, María del Socorro Estrada Hernández, empleada de un hotel.
Las autoridades señalan que esas siete personas se vieron en La Rana Cruda. “Ahí empezaron a hablar del narcotráfico y de la violencia y, al parecer, a un grupo de personas que ahí estaban no les gustó lo que decían y empezaron a discutir. Para no tener más problemas decidieron irse, pero los fueron siguiendo”.
La versión de las autoridades y las que recogió el Diario de Morelos coinciden en que Juan Francisco llamó a sus familiares y a su novia avisándoles que ya iba para su casa, pero en la última llamada decía que tenían problemas con un auto que los venía siguiendo. Esa fue la última noticia que tuvieron de él. Era la madrugada del domingo 27 de marzo.
Los primeros informes de la procuraduría estatal decían que en el vehículo en el que encontraron los siete cadáveres había un mensaje firmando por el cártel del Golfo. El mensaje, del que este semanario tiene copia, decía: “Esto les paso por hacer llamadas anónimas a los militares y eso les va a pasar al capitan Barrales y capitan Castillo de la federal. Att. CDG”.
“No eran delatores, no eran imbéciles, sabían que no hay ninguna protección para quienes denuncian, por eso no pueden ser acusados de pasar información”, aclaró Javier Sicilia en entrevista con Carmen Aristegui el viernes 1.
Según las indagatorias –cuyos resultados se integran a la carpeta de investigación SC01/2689/2011– hubo comunicados posteriores. La noche del 28 de marzo, el cártel del Golfo presuntamente colgó dos mantas en las que se deslindaba de esa ejecución y responsabilizaba de ella al cártel del Pacifico Sur, advirtiéndoles que “toda acción tiene una reacción”. Un día después este grupo respondió con un reto al cártel del Golfo: “Si quieren pelear aquí estamos”.
El procurador Benítez niega que haya una guerra de cárteles en Morelos y que en todo caso el problema lo tiene que resolver la federación.
En entrevista con Proceso, el funcionario asegura que el gobierno de Morelos lleva las investigaciones del asesinato múltiple con la coadyuvancia del Ejército y del gobierno federal. Adelantó que en el auto se encontraron algunas huellas que no pertenecían a las víctimas, que fueron enviadas a la Secretaría de Seguridad Pública federal y que ya se identificó a los responsables.
El 31 de marzo, Benítez anunció que fueron giradas algunas órdenes de aprehensión y dijo que se logró perfilar la identidad y el número de responsables de los siete homicidios. Afirmó que entre los posibles implicados habría policías estatales.
“Puede haber (...) personal que estuvo involucrado en instituciones públicas, no las puedo precisar porque ustedes deben comprenderme: afectaría el trabajo de la policía y pondría en riesgo también a elementos del Ejército que está también trabajando en el tema”, dijo.
El pasado de Adame
El 15 de mayo de 2009 estalló un escándalo que implicaba a Marco Antonio Adame con el crimen organizado.
El reportero Daniel Lizárraga (Proceso 1732) reveló que tras la detención de su secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca –quien (como consta en la averiguación PGR/SIEDO7UEIDCS/166/2009) habría recibido 20 mil dólares para proteger a Arturo Beltrán Leyva–, existía la sospecha de que el mandatario estatal podría haber recibido una parte de ese dinero, pues en el teléfono del detenido estaba anotado el número de una cuenta bancaria suya.
Adame nunca aclaró este hecho ni declaró ante la Procuraduría General de la República. Fue cobijado por Felipe Calderón, por la dirigencia nacional del PAN a cargo entonces de César Nava y por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que dirige José Antonio Ortega Sánchez; todos ellos adujeron que se estaba manipulando la información contra un gobernador que cooperaba en la lucha contra el narcotráfico (Proceso 1735).
Ante la nueva crisis, Calderón salió al rescate de Adame. En una llamada telefónica a Javier Sicilia, se comprometió a que se resolvería el caso y se castigaría a los culpables.
En entrevista radiofónica el pasado viernes 1, Javier Sicilia dijo que mientras Calderón y su esposa le habían dado el pésame, del gobernador Adame no recibió ninguna atención. “Hay una ausencia de autoridad”, aseguró al señalar que lo que pasa en Morelos es lo mismo que ocurre en todo el país.
“Estamos frente a una emergencia nacional. Si la clase política no hace un pacto nacional y una depuración, sin intereses de por medio, el país se nos va a ir de las manos, si no es que ya se nos fue, porque el corazón del país ya está podrido. Estamos ante una descomposición demencial y demoniaca.
“Están matando a nuestros jóvenes. Hay que decirle al narcotráfico que reconsidere sus códigos, que no pueden estar matando indiscriminadamente inocentes; esto ya rebasó todo, ni las mafias antiguas hacían esto”, dijo al hacer un llamado a no callarse frente a esta crisis nacional.
De la Revista Proceso....
La sociedad civil de Televisa
MÉXICO, D.F., 3 de abril.- El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, suscrito el jueves 24 de marzo al conjuro de Televisa, cuenta con una suerte de post scriptum titulado “Respaldo social”. Lo suscriben agrupaciones empresariales y civiles que acompañan esta porción de la Iniciativa México, la magna operación propagandística y política mediante la cual el consorcio principal de la televisión abierta diseña la república que quiere.
En la época del corporativismo social priista a esas agrupaciones se las llamaba “las fuerzas vivas de México”. Eran el sector participante de una sociedad muda y quieta. Se las autorizaba a funcionar siempre y cuando no infringieran las normas del respeto a lo establecido y de asentimiento a las concepciones políticas y sociales fraguados en lo alto y desde allí distribuidas al cuerpo social. En cierta etapa del desarrollo civil, influido por los términos de la sociología cristiana, se las llamaba sociedades intermedias, situadas a medio camino entre los individuos y el Estado.
Algunas de ellas estaban organizadas por el propio Estado. Tal era el caso de las agrupaciones de representación empresarial. Se regían por una ley que hacía obligatoria la afiliación en cámaras y la unión de éstas en federaciones y confederaciones. Muy pocas agrupaciones escapaban a esta vertebración forzada. El ejemplo más claro fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organizada conforme a la Ley Federal del Trabajo como sindicato patronal. Los centros con que funcionaba en las principales ciudades del país eran fermento de reclamos y protestas, aunque casi siempre se mantuvieron alineadas con el gobierno.
Así no fuera directamente, la Coparmex alentó o sirvió de ejemplo a agrupaciones voluntarias de empresarios. Algunas de las más relevantes fueron el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y, después, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Con la virtual pérdida de vigencia de las leyes de cámaras de industria y comercio, y luego con su anulación judicial, floreció el agrupamiento de sectores empresariales. Ejercen una notoria conciencia de clase, y la proclaman (a través, por ejemplo, del Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas) o del propio CCE, que en el proceso electoral de 2006 actuó como si fuera una organización partidaria cuyas intervenciones violentaron el orden legal.
Televisa convocó a agrupaciones de este género a la firma del Acuerdo mencionado y su respaldo social. Se agregaron a ellas asociaciones civiles surgidas sobre todo al calor de la inseguridad pública: Asociación Alto al Secuestro, Causa en Común, Consejo Ciudadano contra la Delincuencia, México SOS, México Unido contra la Delincuencia, Movimiento Pro Vecino.
Fue convocada la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que defiende la libertad de educación y la integridad de la vida. Pero otras agrupaciones del ramo, las organizaciones no gubernamentales, los centros de derechos humanos apoyados por órdenes y congregaciones religiosas, o por gobiernos diocesanos, quedan al margen de este llamado. No forman parte del México deseable. Ninguna de las agrupaciones fundadas por familiares de víctimas que lucharon por la justicia han expresado solidaridad a comités populares que persiguen el mismo objeto. Salvo que me equivoque, la señora Isabel Miranda de Wallace, tan bien recibida en los círculos gubernamentales y en los medios, jamás se reunió o expresó solidaridad a la señora Marisela Escobedo, o a la familia Reyes Salazar, víctimas de un afán formalmente semejante. En esas luchas todos somos iguales, aunque haya unos más iguales que otros.
Como en un sarao, la representación de esa escogida sociedad civil otorgó su “respaldo social” al acuerdo sobre información, y los vistosos logotipos de sus organizaciones adornaron las planas donde se desplegaron esos documentos. Los firmantes atribuyeron un excesivo valor al Acuerdo, pues lo tienen como “iniciativa de los medios que valoramos y reconocemos como esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”.
Si bien reconocen la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de la sociedad, proclamaron lo que les corresponde hacer:
“En el ámbito de responsabilidades cívicas y sociales que corresponde a cada uno de nosotros, expresamos nuestra determinación de emprender todas aquellas acciones que contribuyan a la consolidación del estado de derecho, sabedores de que sólo en el marco de ese estado es posible la vida democrática y el goce pleno de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución.”
Es deseable que este pronunciamiento no esté constituido sólo por palabras huecas. Es que las agrupaciones que lo signan son dadas a suscribir compromisos que duran lo que un suspiro. Por sólo citar un ejemplo de dichos no avalados por los hechos, conviene recordar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, fechado el 22 de agosto de 2008, y convertido en letra muerte apenas se cerraron los elegantes cartapacios en que fue guardado.
Impulsado por el gobierno de la República, al calor de una oleada de crímenes en que sobresalió el secuestro y asesinato de Fernando Martí, el Acuerdo impuso deberes a fecha fija al Ejecutivo federal, a los poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos estatales y municipales. Pocos compromisos de esa índole se cumplieron y ya nadie los recuerda. Menos están en la memoria colectiva, porque no corresponden a deberes legalmente establecidos, los compromisos de “los integrantes del sector productivo”, las asociaciones religiosas, “las organizaciones de la sociedad civil”, los medios de comunicación.
Con diferentes formulaciones, esos grupos se comprometieron a promover “la cultura de la legalidad” y a incrementar “contenidos que fomenten la cultura de la legalidad”.
¿Recuerda usted que alguien haya procedido en esa dirección? ¿Tuvo noticia de que las Iglesias fomentaran “en sus programas de difusión, en sus edificios, en sus templos, en sus lugares de oración”, la cultura de la legalidad y de la seguridad?
¿Es probable que el “respaldo social” ahora ofrecido tenga mayor sustancia? Temo que no
La república de Televisa
MÉXICO, D.F., 28 de marzo.- Aunque faltan 15 meses para la elección constitucional, Televisa parece haber consumado su proyecto de construir la figura del presidente de la República. Ahora pretende algo más ambicioso. Quiere edificar la república misma. Quiere diseñar la clase de sociedad que Peña Nieto gobierne, el género de medios de comunicación que lo arropen, los criterios editoriales con que se transmita la información sobre la política de seguridad pública y las acciones del crimen organizado. No se propone trazar una raya, sino erigir un muro que divida a los participantes de los excluidos. Como si se tratara de un club gigantesco, Televisa se reserva el derecho de admisión a los territorios donde habitan los elegidos, el tipo de personas que protagonicen la vida pública y sean capaces de generar confianza. Nadie que no figure en el elenco preparado por Televisa tendrá existencia real. Quedará al margen, en la cuneta de la supercarretera.
Tal desmesurado propósito es el objetivo de Iniciativa México, un proyecto de propaganda que ya tuvo su primera edición el año pasado. Con enorme aparato se convocó a la presentación de ideas y tareas que dieran cuenta de las verdaderas capacidades de los mexicanos. Se presentaron miles de esos proyectos, en distintos rubros, algunos de los cuales fueron premiados para denotar que hay una porción de la sociedad que no pierde su tiempo ni espera auxilio gubernamental para su realización personal o de grupo.
Ahora se ha lanzado la segunda edición de Iniciativa México. Se alzó el telón el jueves 24, con una magna reunión ya no en un recinto privado (el exconvento de San Hipólito), sino en un auditorio público, el Museo Nacional de Antropología. El contenido de esta nueva edición es más claramente político que el primero. Televisa lo adopta más temprano que el año pasado, cuando comenzó en junio. Ahora se lanza en marzo, en plenos procesos electorales. Se refiere a la comunicación social relacionada con la violencia que genera la delincuencia organizada. Ya desde allí, desde la definición del tema, se adopta un punto de vista afín al del gobierno, que requiere alejar de sí la responsabilidad en la génesis de la violencia: ésta surge sólo por la actividad criminal, no porque la practica también el Estado.
La pieza ostensible de la Iniciativa México II es el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Televisa y sus aliados y dependientes prepararon una suerte de código de ética que parte del supuesto (que no se presenta como tal, pero es explícito) de que el manejo de la información colectiva “es esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”. Esto es, que una política informativa homogénea, uniforme, puede hacer que disminuya la violencia, como si difundirla fuera su causa. De ese razonamiento se desprendería fácilmente el corolario de que para suprimir la violencia no hay más que dejar de hablar de ella, de negarle a la sociedad la información que le hace falta para regular su vida.
Hay otros supuestos, algunos tácitos, en la formulación de los objetivos del Acuerdo. Se presume que la cobertura informativa de la violencia puede servir “para propagar terror entre la población”. Padecer los efectos directos de la violencia sin duda genera miedo, pero es difícil probar que la difusión de la violencia lo cause también. Un indicio de que no hay relación de causa-efecto entre difundir violencia y provocar miedo acaba de ser observado: hay gran violencia en Acapulco, de la que se sabe fuera del puerto, y sin embargo esa información no inhibió al turismo nacional para llegar en los puentes recientes. El del fin de semana pasado permitió que hubiera más del 90% de ocupación hotelera.
El Acuerdo enumera 10 criterios editoriales que deben aplicarse “sin demérito de la independencia editorial de cada medio”. En general, tales criterios son adecuados y compatibles aun para medios que no suscriben el Acuerdo. Algunos de ellos son, sin embargo, francamente ridículos. Los dos primeros están en ese caso. El inicial ordena “tomar postura en contra”. Instruye a (porque usa el verbo debemos) “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada”, algo por completo innecesario, pues está “en la naturaleza de las cosas”, como se diría en el lenguaje de los autores del decálogo. El segundo es francamente chistoso. Cualquier medio debe evitar “convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”: ¿Cómo evitar un acto involuntario, puesto que es eso precisamente, algo que se comete sin querer hacerlo?
En realidad, lo que ese precepto pide a los medios es un sesgo deliberado que altere el sentido de la información. Ordena “omitir y desechar la información que provenga de las organizaciones delictivas”. Se refiere sin duda a los narcomensajes, que en mantas y cartulinas anuncian acciones o sentencian a personajes. Si se procede como ese mandamiento prescribe, se corre el riesgo de hacer incomprensible la información, carente de uno de sus elementos, que puede darle sentido.
Los criterios restantes son en general admisibles, compartibles. Algunos proceden de manuales elementales de periodismo, como “dimensionar adecuadamente la información”, o de ordenamientos legales, como “no prejuzgar culpables” y “cuidar a las víctimas y a los menores de edad”. Hasta creería que resultaron de un ejercicio de autocrítica de las televisoras, que presenta como culpables a recién detenidos al hacerse mera extensión de los interesados e ilegales mensajes de las autoridades de procuración de justicia o de seguridad pública, las cuales los condenan aunque tiempo más tarde, ya sin la difusión adecuada, los jueces los exoneren porque son inocentes o porque sus responsabilidades no fueron probadas.
El código periodístico de la Iniciativa México, es decir, de Televisa, manda “proteger a los periodistas” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”. Son palabras huecas en boca de periodistas que se pusieron con soberbia por encima de la solidaridad que el gremio quiso mostrarles durante y después de la crisis de julio pasado, cuando reporteros y camarógrafos de televisión fueron secuestrados. A la marcha de protesta contra esa acción no acudieron los involucrados, y hasta rechazaron el gesto de aquellos a los que no consideran dignos de ser llamados sus compañeros. En casos más recientes, en vez de solidarizarse con reporteros y medios puestos en entredicho, las televisoras fueron las autoras del entredicho, al formular arteras acusaciones que no se sustentan de ninguna manera. Ese fue el caso de Ricardo Ravelo, el reportero de Proceso, y la revista misma, así como el del diario Reforma, todos ellos señalados como perpetradores de delitos, cuando sólo habían cometido el de desnudar acciones políticas, no informativas, de Televisa.
Independientemente del decálogo, la porción objetable de este Acuerdo es el aviso de que se creará un “órgano ciudadano de observación” que examine el apego de los medios a esos criterios editoriales. Se trata de un amago de exclusión. Los medios suscriptores del Acuerdo formarán el catálogo de la “buena prensa”, como antaño lo hicieron corporaciones religiosas. Quedará fulminado todo aquel medio que falte a alguno de esos mandamientos, a juicio de los ciudadanos observadores. Y no se diga la situación marginal en que han quedado los medios no invitados o que no aceptaron participar en este Acuerdo. Se les coloca con esa omisión en calidad de sospechosos, como quiere hacer el gobierno con este semanario, al que ya dos veces ofendió colocando ejemplares de la revista con arsenales decomisados a bandas delictivas. La primera gran reacción de condena de este sistema inquisitorial ocurrirá, téngalo usted por seguro, cuando Ismael Zambada, El Mayo, o Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, respondan a los cuestionarios que les presentó Julio Scherer García, según relata en su libro Historias de muerte y corrupción, en la parte que en cierto sentido continúa la publicación de su encuentro con Zambada. En vez de considerar el valor periodístico, la utilidad social de conocer los móviles de quienes tienen en jaque al país, los falsos profesores de periodismo, inocuos e inicuos propagadores de una ética que no conocen ni por los forros, tendrían, quieren tener, piezas de ese calibre en las cuales cebarse.
Ese es el tipo de periodismo de personas que no tendrán lugar en la república de Televisa.
Marco Jurídico de la Transición Democrática en México
Actualidad Jurídica -- Transición Democrática, Marco Jurídico -- John M. Ackerman
http://www.youtube.com/watch?v=MoSYDKpGm6Y
http://www.youtube.com/watch?v=MoSYDKpGm6Y
Protegen Calderón y hasta la DEA a ‘El Chapo’, acusa
La estrategia de seguridad desplegada por la Federación en el país y particularmente en Ciudad Juárez para combatir el narcotráfico es falsa porque el gobierno de Felipe Calderón protege al Cártel de Sinaloa y a su líder, Joaquín “El Chapo” Guzmán, asegura la periodista mexicana Anabel Hernández.
Además, según plantea la autora del libro “Los Señores del Narco” en entrevista telefónica con El Diario, la actuación de Estados Unidos en medio de esta “guerra” tampoco ha sido muy clara y empieza a aflorar información que señala la presunta operación del Cártel de Sinaloa en ese país con la anuencia de instancias como la misma Agencia Antidrogas (DEA).
“Para el Gobierno federal sólo son prioridad los enemigos de ‘El Chapo’ y por eso tenemos la masacre que tenemos, por eso Ciudad Juárez está como está”, advierte la periodista desde Italia, donde imparte una serie de conferencias sobre el tema del crimen organizado.
Indica que esa protección al grupo encabezado por “El Chapo” es sistemática, casi como una política pública, y aunque no puede responder si el presidente Felipe Calderón está involucrado o participa de esta acción, subraya que es un hecho que el mandatario federal sabe lo que ocurre y resulta casi increíble que no sea cómplice cuando protege a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, a quien identifica como el artífice de esta guerra y vincula con el crimen organizado.
Por ello, subraya, esta guerra no es contra los narcotraficantes como el Gobierno lo ha promovido, sino es una guerra entre narcotraficantes “en la que el Gobierno federal ha sido parte de uno de sus grupos criminales, y ha sido parte porque me refiero a que los ha protegido”.
La reportera sostiene que si bien los narcos son las caras y los nombres visibles en esta “guerra”, los verdaderos señores del narco no son los más buscados por las autoridades policiacas, sino personajes enquistados en la clase política y económica del país, así como en la función pública de todas las esferas de Gobierno, desde donde han creado una amplia red de complicidades para el lavado de dinero y protección de los criminales.
“Los importantes son los otros, los que no son buscados, pero que sin embargo son personajes públicos, que ostentan el poder, que lo usan, que trafican con él, que, sin embargo, está probado, pude probar fehacientemente, que en uno u otro momento en las carreras de estos empresarios, políticos, ex gobernadores, ex presidentes, actuales secretarios de Estado, jefes policiacos y todos los nombres que hablo y documento en el libro, en uno o en otro momento sus carreras estuvieron vinculadas al narcotráfico”, afirma.
De hecho, atribuye a esos “otros señores del narco” las amenazas de muerte que pesan en su contra y un atentado que sufrió su familia en enero y por el que ahora todos cuentan con escolta personal proporcionada por el Gobierno del Distrito Federal.
Sin embargo, a cuatro meses de la publicación de su libro –del que ya circulan 75 mil ejemplares en el país–, la periodista asienta que no sólo nadie la ha denunciado por lo ahí expuesto, sino que nadie ha desmentido ni una sola línea.
Ante la situación que se vive en México, la investigación de Anabel prácticamente se ha convertido en un libro de consulta para tratar de encontrar respuestas al derramamiento de sangre de más de 43 mil personas asesinadas durante los poco más de 10 años de gobiernos federales panistas.
Aunque muchas de estas historias y señalamientos han sido documentadas en su momento por este medio de comunicación, El Diario hoy da voz a la periodista Anabel Hernández, quien tras señalar que la cuota de sangre que ha pagado esta ciudad es cruel, inhumana e infame, dice que los juarenses también deben asumir una corresponsabilidad para frenar a todos los señores del narco y evitar que sigan salpicando de sangre a todos los mexicanos.
http://www.youtube.com/watch?v=yPd6ujlhlMc
Texto de la entrevista completa AQUI.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
