En México, de 2005 a 2009 se han destruido más de 111 mil hectáreas de manglar. Ni la Semarnat ni la Profepa ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas resguardaron este ecosistema. La ausencia de una estrategia específica y coordinada también implica un desfalco a la nación, que supera los 39 mil millones de pesos anuales. La Profepa revela que existen más de 120 mil expedientes “vivos” integrados por la destrucción de manglares.
De 2005 a 2009, se perdieron 111 mil 949 hectáreas de manglar en México, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009. En promedio, la pérdida anual alcanza 27 mil 985.8 hectáreas.
“Se dice que una hectárea de manglar representa alrededor de 30 mil dólares al año por beneficios (alrededor de 350 mil pesos). Eso no es lo importante, sino cómo vamos a recuperar esto”, señala el doctor Hernando Guerrero Cázares, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Debido a la pérdida de 111 mil 949 hectáreas de manglar, más de 39 mil 180 millones de pesos dejaron de percibirse, una cantidad casi equivalente al presupuesto que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ejerció en 2008, o el 76.49 por ciento de su presupuesto programado para 2011.
La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) informó a la ASF que, a 2009, en el país habían 770 mil 100 hectáreas de manglar en México.
En ese mismo año, se registró una merma de 1 mil 559.1 hectáreas de mangle. La Auditoría determinó como causas la falta de una estrategia específica y coordinada entre la Semarnat y sus órganos administrativos desconcentrados: la Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
“Hasta 2007, no teníamos ningún mecanismo que nos permitiera actuar en contra de una persona que destruyera mangle. Hoy, la ley nos faculta para tomar acciones; algunas de ellas, multas y cierres. La Profepa tiene una tarea muy amplia que hacer en el tema de manglar, y ahí evidentemente vamos a ir hasta los casos penales cada vez que sea necesario. Ahorita tenemos vivos 120 mil expedientes que están en algún procedimiento”, explica Guerrero Cázares.
Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, califica de escandaloso el número de expedientes abiertos en la Profepa. Exhorta a las autoridades a darle turno a cada uno de los casos, “pues no se debe permitir la amenaza a este tipo de ecosistemas”.
México ocupa el cuarto lugar en el mundo con mayor riqueza biológica, pero también es uno de los lugares donde la biodiversidad se encuentra más amenazada.
Los manglares están compuestos por árboles que viven alrededor de bahías, lagunas costeras, estuarios y playas protegidas del oleaje. En el país, hay cuatro especies de mangle: rojo (rhizophora mangle), blanco (laguncularia racemosa), negro (avicennia germinans) y botoncillo (conocarpus erectus).
Un manglar, explica el doctor Juan Núñez Farfán, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, es una especie adaptada a la confluencia del agua marina, que es muy salada, y el agua de ríos, que es dulce.
El artículo 60 de la Ley General de la Vida Silvestre prohíbe la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier actividad que afecte el flujo hidrológico del manglar.
“Es muy fácil destruir un manglar; es muy difícil restaurarlo porque tiene que haber una laguna costera. En México, se han cerrado los soportes de agua para construir termoeléctricas, salineras o realizar actividades turísticas. Acabar con los manglares es muy malo porque son unos verdaderos oasis de vida; son lugares bellos desde el punto de vista estético, ecológico, biológico y evolutivo”, explica el investigador.
Durante 2009, la Semarnat no realizó ninguna visita de supervisión técnica de las 42 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre que registran en su plan de manejo de manglares. Tampoco participó con la Profepa en las evaluaciones de daño ambiental, ocasionado por 27 obras que no contaron con la autorización de impacto ambiental y que afectaron 50.3 hectáreas de manglar.
La legisladora Díaz de Rivera Hernández atribuye la pérdida de manglares al descuido de las autoridades responsables y al boom del turismo en el país. Agrega que la Semarnat “ha dado pasos firmes”, pero debe poner énfasis en las normas y vigilancia, pues los hoteleros, al ver afectados sus intereses económicos, presionan a la instancia.
La Profepa llega a las zonas afectadas, solicita los permisos y si éstos no son proporcionados, se evalúa el daño, se multa y obligan a resarcir el deterioro, explica Hernando Guerrero. El procurador agrega que hasta 2007 no existía un programa que estuviera orientado a la conservación del manglar, “un ecosistema que es como la maternidad de la vida silvestre de las zonas costeras”.
El descuido oficial respecto de los manglares tiene su origen, de acuerdo con el procurador, en “que nunca se les vio como un atractivo que hubiera que conservar, sino como un atractivo que había que usar. El mangle se destruyó para crear marinas, infraestructura portuaria y educativa, hoteles y desarrollos habitacionales; en algunos espacios, se destruía para abrir un camino para acceder a la playa. Realmente se destruyó en aras del concepto de progreso que se tenía en ese momento y porque no había ningún estatus de conservación como hoy lo tiene. Ahorita vemos que el mangle es más importante vivo, restaurándose. Lo que nos deja el mangle son muchos recursos”.
La Profepa delimitó 50 regiones que deben ser atendidas. En ellas se ubicaron 97 sitios que son prioritarios para ser inspeccionados y vigilados. De éstos, 35 (36.1 por ciento del total), se localizaron en ecosistemas de manglar en 33 municipios. De las 10 mil 284 acciones de inspección y vigilancia, sólo 264 fueron para este tipo de ecosistema.
La Conanp, por su parte, registró 173 áreas naturales protegidas federales con una superficie de 25 millones 250 mil 963 hectáreas. En 30 de estas áreas (9 millones 312 mil hectáreas) se localizaron ecosistemas de manglar con una superficie de 348 mil 625.2 hectáreas.
Con el análisis de 11 ecosistemas de manglar sobre la velocidad de transformación, la ASF determinó que, en conjunto, se obtuvo una pérdida anual promedio de 1 mil 508 hectáreas. En seis de estas áreas, se mantuvo la transformación de los ecosistemas de manglar, pero en Yucatán, Tabasco, Campeche, Chiapas y Sinaloa se perdió una superficie equivalente a 22 mil 947 hectáreas.
Las 623 hectáreas de manglar de las 11 áreas naturales protegidas con acciones de restauración constituyeron un índice de 13.8 por ciento de las 4 mil 524 hectáreas perdidas, es decir una pérdida neta de 3 mil 900 hectáreas de manglar. La Conanp, según la Auditoría, tampoco “se alineó al objetivo de asegurar la preservación de la biodiversidad del territorio nacional, en particular las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial”.
En Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora y Guerrero, con una superficie de 94 mil 541 hectáreas, el espacio de manglar no estuvo sujeto a esquemas de protección que permitiera asegurar el equilibrio ecológico y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.
Para la Conabio, el valor anual de los servicios ambientales que proveen los manglares a las pesquerías es de alrededor de 37 mil 500 dólares por hectárea, lo que significaría que la Semarnat desperdició una cantidad similar al cambiar el uso de suelo de una hectárea en 2009.
A dos meses de haber asumido el cargo, Hernando Guerrero asegura que una de sus prioridades es garantizar una gestión ambiental, administrativa y operativa para no heredar problemas. “La institución tiene rezago acumulado de manera permanente porque el número de quejas y denuncias son tantas que luego no se alcanzan a atender. Se abre un expediente, se contiene y se cierra hasta que haya un proceso jurídico que diga que ya se cumplió. No es algo tan superficial como se puede imaginar; es un expediente que se estudia”.
Contralínea solicitó entrevista con Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Semarnat, a través de Héctor Samuel León Santiago, director de Comunicación Interna y Enlace Sectorial. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Mártir Alegría comenta que una “situación multifactorial” obliga a 94 mil 795 niños del sector urbano-marginal a trabajar. Destaca dos factores: la pobreza en la que viven y la creencia de los padres de que el trabajo es formativo. “Para nosotros, como Sistema Nacional, nuestra gran apuesta es que el niño tenga acceso a la educación, pues rompería el círculo de la pobreza que puede mantenerlo trabajando en el sector informal de la economía toda su vida”.
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