El Grito de los Libres 2008

Así se vivió el "Grito de los Libres" desde el aire.

Pedimos a los medios alternativos difundan estas imágenes que los medios masivos de comunicación ocultan porque no quieren que la gente sepa que en México hay un movimiento democrático de muchos millones que luchan por la soberanía, la justicia, la igualdad y la libertad y que repudian al presidente usurpador que tiene al país en una crisis económica, social y política, que quiere entregar nuestro petróleo a extranjeros y que ha desatado una inseguridad tal, que diariamente suceden hechos violentos que reportan varios muertos.

Propone AMLO decálogo contra la pobreza y la inseguridad

Andrés Manuel López Obrador

rosalía vergara

MÉXICO, D.F., 15 de septiembre (apro).- El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador propuso 10 medidas para frenar el empobrecimiento y la inseguridad; e insistió en su llamado a continuar con la lucha en defensa del petróleo para evitar su privatización, y dio el "grito de los libres" en el 198 aniversario de la Independencia de México.
Ante un Zócalo dividido por dos escenarios, uno del gobierno federal y otro del Gobierno del Distrito Federal, López Obrador solicitó emprender estas acciones porque "quien actualmente se ostenta como presidente carece de autoridad moral y política".
A las 8:58 de la noche, López Obrador arribó al templete del Gobierno del Distrito Federal, ubicado frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento; lo mariachis lo recibieron con la canción "El Rey", de José Alfredo Jiménez.
Cuando López Obrador inició su discurso, se elevó el sonido del espectáculo preparado por el gobierno federal. En ese momento cantaba Marco Antonio Solís; pero ante los reclamos de los seguidores del tabasqueño, fue suspendido el acto para que "el presidente legítimo" pudiera continuar con su discurso
Con una gran manta como escenario que decía "México independiente. Viva México soberano. Viva la esperanza. Viva el futuro de los mexicanos, el tabasqueño habló de la "profunda crisis económica, educativa, política, cultural y de bienestar social" que sufre el país.
"Esta descomposición no es producto del destino, sino resultado del mal gobierno y de las políticas que se han impuesto para favorecer a una minoría", criticó.
Ante eso, llamó a "rescatar a la nación", e insistió en el plan para salvar a México para enfrentar el empobrecimiento, la inseguridad, defender el petróleo y para transformar la vida pública de México.
Para lograrlo, propuso 10 medidas "urgentes":
--Que se cancelen los aumentos de precios a la gasolina, diesel, gas y electricidad.
--Otorgar becas a todos los estudiantes de preparatoria.
--Aumentar el presupuesto de las universidades públicas para resolver el problema de los jóvenes rechazados con el pretexto de que no pasaron el examen de admisión.
--Otorgar pensión alimentaria a todos los adultos mayores del país, equivalente a medio salario mínimo.
--Entregar "de inmediato" los ahorros de los exbraceros.
--Aumentar el presupuesto destinado al campo; que se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y otros insumos.
--Construir las tres refinerías que se necesitan en el país para dejar de comprar gasolinas en el extranjero.
--Cancelar la "Alianza Educativa"; que no se permita el cierre de las normales y se otorguen plazas a todos los egresados.
--Llevar a cabo un programa de construcción de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos.
--Atender los servicios públicos de vivienda en beneficio de la gente pobre y de las ciudades fronterizas.
--Finalmente que renuncien los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, por carecer de integridad y ser ineficaces en el combate a la inseguridad y la violencia.
"Estas acciones pueden llevarse a cabo con voluntad política", afirmó López Obrador, quien anunció que pedirá a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) que apoyen estas medidas para frenar el empobrecimiento del pueblo.
Además pidió seguir con la defensa del petróleo para evitar su privatización, lo cual sólo se conseguirá con la movilización ciudadana. Y ante la posibilidad de "albazo" en el Congreso respecto a la reforma energética, propuso que el 28 de septiembre se lleve a cabo una marcha-mitin del Ángel de la independencia al Zocalo.
Posteriormente, dio un peculiar "Grito de Independencia" que fue coreado por sus miles de seguidores, a quienes no les importó mojarse por escuchar al político tabasqueño:
"¡Viva la soberanía popular! ¡Vivan los medios informativos libres!, ¡Arriba los de abajo, arriba los pobres, abajo los privilegios! ¡No al gobierno usurpador, no a la reconquista, no al intervencionismo no a la corrupción y a la impunidad; si a la justicia, si a la democracia, si a la soberanía nacional!"
"¡Vivan los indígenas, vivan los campesinos, vivan los obreros, vivan los migrantes, vivan los artistas, vivan los maestros, vivan los profesionistas, vivan los sectores productivos, vivan los estudiantes, vivan las mujeres, vivan los niños y ancianos, vivan las minorías legales y legítimas; viva la cultura!
"¡Vivan los héroes que lucharon por nuestra independencia, los padres de la patria: Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos, Benito Juárez, los hermanos Flores Magón, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, los dirigentes sociales y políticos asesinados por defender las causas populares, los héroes anónimos!
"¡Libertad a los presos políticos!
"¡Viva la nueva república, la dignidad
"Viva México".
Posteriormente, entre gritos y porras, López Obrador se fue.

PAN, Desplome electoral

Sombrío 69 aniversario del PAN

Desplome electoral y crisis económica

álvaro delgado

MÉXICO, D.F., 12 de septiembre (apro).- En un contexto de desplome electoral, incesante violencia y crisis económica, así como de una abierta oposición al propósito gubernamental de abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) al sector privado, el Partido Acción Nacional (PAN) conmemorará, este miércoles 17, el 69 aniversario de su fundación, con la presencia de Felipe Calderón, su "líder indiscutible".
Calderón, quien arrastra escándalos de corrupción de su prospecto de candidato presidencial, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, encabezará la ceremonia conmemorativa de la fundación del PAN, a las 19 horas del miércoles, en el auditorio Manuel Gomez Morín, justamente quien concibió ese partido que sólo ha recogido derrotas después de las elecciones del 2006.
A diferencia del año pasado, cuando decidió no participar en la conmemoración partidista porque Manuel Espino encabezaba todavía el PAN, Calderón decidió ahora sí tomar parte en el festejo del partido que, por su decisión, preside Germán Martínez, quien fue precisamente la primera baja de su gabinete, hace un año, el 27 de septiembre, y quien lo define como "líder indiscutible" del panismo.
Se anticipa que en el acto en la sede nacional del PAN, que estará rigurosamente custodiada por elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) --como ocurrió el 2 de julio del año pasado--, Martínez reiterará el apoyo "incondicional" de ese partido a Calderón en el combate al crimen organizado y ofrecerá triunfar en las elecciones del próximo año.
Hasta ahora, sin embargo, Martínez ha conquistado sobre todo derrotas en las seis elecciones estatales que ha habido este año en el país --que han sido sólo para alcaldes y diputados locales-- y no tiene mayores posibilidades de triunfo en las que se celebrarán este mismo año en Hidalgo, Coahuila y Guerrero.
Llegado al cargo el 8 de diciembre del 2007, después de que Espino propuso adelantar la elección prevista para marzo de este año, y sin haber tenido ningún contendiente, Martínez enfrentó, en febrero, sus primeras elecciones en Baja California Sur, Quintana Roo e Hidalgo.
Tan negativo fue el debut de Martínez, que en Baja California Sur y en Hidalgo, donde los presidentes estatales Héctor Jiménez y Guillermo Gallard son inclusive "calderonistas", el PAN retrocedió hasta el cuarto lugar en votos recibidos.
El senador Guillermo Anaya, quien era secretario general del PAN en esas elecciones, reconoció que las derrotas en los tres estados eran responsabilidad de la dirigencia encabezada por Martínez, e inclusive anticipó poco éxito en los procesos pendientes de Coahuila y Guerrero.
"Asumimos con toda responsabilidad estos procesos, y sin bien es cierto que ya había candidatos, porque ya habían pasado las convenciones y las designaciones, al momento en que nosotros asumimos la dirigencia asumimos con responsabilidad las consecuencias tanto positivas como negativas", expuso Anaya.
Y aceptó también que en el PAN hay poco optimismo en los siguientes procesos electorales de Nayarit, en julio -donde efectivamente ese partido no se alzó con mayores victorias--, y en Guerrero y Coahuila, previstas para octubre. "Son estados difíciles", reconoció.
Derrotas calderonistas
Compadre de Calderón, por cuya influencia fue nombrado por Martínez secretario general del CEN del PAN --cargo que sólo ejerció seis meses y fue sustituido por Rogelio Carvajal--, en febrero pasado Anaya expresó, en entrevista con esta agencia:
"El elemento fundamental en gran parte de las derrotas ha sido el divisionismo. Para ganar y para perder no hay un solo elemento, pero el principal es el divisionismo. Cuando hay divisionismo ya llegas mermado y atrás de la competencia. Cuando sale el partido fuerte (de los procesos internos) estamos en posibilidades de competencia. En estos casos hemos salido muy debilitados por conflictos internos."
Anaya explicó que en 2008 se buscaría afinar la estrategia para ser más competitivos en las elecciones intermedias de diputados federales, retener las gubernaturas de San Luis Potosí y Querétaro, así como conquistar Sonora, Nuevo León, Campeche y Colima, pero mientras tanto las derrotas son de la actual dirigencia.
"Nosotros tenemos la responsabilidad a partir del 8 de diciembre y desde ahí asumimos con toda responsabilidad el fracaso y la victoria que vamos tener en las nuevas contiendas electorales. No echamos culpas, sino que asumimos con toda responsabilidad la parte que nos corresponde."
--¿Asume que el responsable es Germán Martínez?
--Asumimos que esta dirigencia empezó el 8 de diciembre. Estos procesos ya venían, tanto como la selección de candidatos, las convenciones, las designaciones. Sin embargo, nosotros iniciamos el 8 de diciembre y vamos a reponernos en los próximos procesos electorales. Vamos a demostrar que somos la primera fuerza en el país.
Pero las derrotas en la era Martínez son sólo continuación de las padecidas por Espino, salvo la retención del gobierno de Baja California, que comenzaron -- después de las elecciones federales del 2006-- con Tabasco y Chiapas, y después, ya en 2007, con la derrota en Yucatán.
Aunque después de las elecciones en Veracruz, en septiembre del año pasado, en las que acusó al gobernador Fidel Herrera de orquestar un "gigantesco fraude", el PAN profundizó su desplome electoral, inclusive en Chihuahua, donde anunció que volvería a realizar marchas de protesta.
En las elecciones de Durango y Oaxaca, la votación del PAN cayó en un ciento por ciento respecto de la elección presidencial, y en las de Veracruz, ese partido se desfondó: sólo ganó dos diputados de mayoría, después de que en las elecciones de hace tres años ganó 14 --una más que el PRI-- y retuvo sólo 30 de los 88 municipios en los que triunfó hace tres años, con una pérdida de 58, entre ellos el puerto de Veracruz y Córdoba, sus bastiones.
Pactos mafiosos
Sin embargo, luego de ese negro año electoral, con sucesivas derrotas en los 12 procesos estatales --a excepción de Baja California y Tlaxcala--, Espino hizo una denuncia pública insólita en el semanario Proceso: el contubernio entre operadores de la Presidencia de la República y gobernadores priistas, entre ellos el poblano Mario Marín y el oaxaqueño Ulises Ruiz.
"Hay oscuras negociaciones. Aunque se han hecho en lo oscurito, se advierte dónde han sido esa negociaciones", acusó Espino, quien identificó a subordinados de Calderón, encabezados por Juan Camilo Mouriño, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia y actual secretario de Gobernación, como operadores del trueque de tolerar elecciones de Estado a cambio de reformas legislativas.
Así ocurrió en Durango, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, cuyos gobernadores priistas "restablecieron el autoritarismo de Estado a nivel de entidades federativas" con la tolerancia y aun el auxilio del gobierno de Calderón, quien busca apoyo en el Congreso para sus reformas.
--¿Usted, como presidente del PAN, está al tanto de esos arreglos?
--¡No!
--¿Se han hecho a espaldas del PAN?
--¡Claro! Yo no he participado en un arreglijo de esos. Jamás me prestaría a un arreglo ni cambiaría las posibilidades de éxito de partido, que yo presido, por las posibilidades de un proyecto de reforma. ¡No se vale canjear una reforma, por muy importante que ésta sea, por el éxito del partido! ¡Esa no puede ser moneda de cambio!
Después de que decidió no buscar la reelección "para no legitimar" la "inminente" llegada de Germán Martínez como su sucesor, Espino subraya: "Las cosas están de tal manera que en los estados se opera en paralelo (al PAN) y llega el momento en que se hace valer el poder del poder, valga la redundancia. Y entonces hay actores que no voltean a ver al dirigente estatal ni al candidato local, que dejan que hagan su luchita, porque los acuerdos se toman en otro lado."
Inclusive, Espino inscribió también a Michoacán, gobernada por el perredista Lázaro Cárdenas Batel, en los "arreglijos" de los allegados a Calderón, que no actuaron a favor del PAN, como lo denunció él mismo, en mayo, tras la derrota en la gubernatura de Yucatán.
"Me encontré con la desagradable sorpresa de que quienes operaron nuestra campaña en Yucatán estaban también operando en ese estado", revela Espino.
--¿Jorge Manzanera y Antonio Solá?
--No, Solá no. Manzanera sí. Solá está en España apoyando al Partido Popular. Pero me encontré con municipios donde suponía, por el papel, que ya teníamos una estructura que ellos habían armado para operar el día de la elección, pero en la práctica no estaba pasando nada.
"Y entonces uno se pregunta: ¿Y los 25 millones de pesos que pedí de préstamo quién los usó? ¿Los uso él (Manzanera), como usaron en su momento en otras partes el recurso que les mandamos, y se ponían en manos de ellos para qué? ¿Para operar a favor de quién o en contra de quién?"
Y aunque el PAN obtuvo muchos triunfos de diputados y alcaldes en Michoacán, Espino acusó a Manzanera y sus operadores, todos allegados a Mouriño y Martínez, de entorpecer las acciones del PAN:
"Yo no puedo, con estos resultados en Michoacán, decir que algo falló, pero esa gente no estaba de nuestro lado. No sé de qué lado estaban, ni sé qué estaban operando ni las estrategias diseñadas por quién, pero la estrategia del PAN era para ganar."
Igual ocurrió en la elección de Puebla: el PRI ganó 25 de 26 distritos y arrasó también con la mayoría de las presidencias municipales, cuando Espino afirmó que el PAN esperaba "una gran cosecha" después de los triunfos del 2006 y el descrédito del gobernador Mario Marín.
Y aseguró que funcionarios federales, que se niega a identificar con su nombre, actuaron contra el PAN, prohibiendo a los panistas usar el desprestigio de Marín para hacer campaña. "Hubo momentos en los que nuestra gente se desesperaba de nuestros candidatos que, a la hora del debate, cuando querían esgrimir como argumento la debilidad institucional del gobierno, el descrédito particular del gobernador, había llamadas telefónicas para decir: 'Hey, por ahí no'."
Pero después de tal cúmulo de derrotas, y después de que Espino puso en circulación un libro en el que cobra cuentas a Calderón y Mouriño, Martínez ha iniciado una tarea de unidad que incluye, inclusive, la suma de Vicente Fox como estratega electoral, al grito de "guanajuatizar" México.

AMLO se dice "entero" para el 2012

No hay divisiones 'graves' en el FAP

armando guzmán

VILLAHERMOSA, Tab., 15 de septiembre (apro).- Andrés Manuel López Obrador se declaró “entero” para buscar por segunda vez la Presidencia de la República en el 2012.En entrevista radiofónica, el excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos rechazó que haya diferencias “graves” en el Frente Amplio Progresista (FAP) o con la actual dirigencia nacional del PRD, y tachó de “vileza” la versión de que se refirió como “un pirruris menos” al caso del plagio y asesinato del joven Fernando Martí.López Obrador acudió a la cabina del noticiero radiofónico Telerreportaje, donde admitió que en algunos estados de la República la “alianza” entre el PRD, PT y Convergencia para postular candidatos únicos a alcaldías y diputaciones locales no ha resultado “como uno quisiera”. Sin embargo, aclaró que “en lo general” persisten las coincidencias.“No es asunto grave desde mi punto de vista, por ejemplo, en la defensa del petróleo estamos unidos y espero que para las elecciones de 2009 para diputados federales también se logre la unidad de los tres partidos, del FAP y se postulen candidatos comunes”, refirió.Así mismo negó que haya diferencias en la relación con la actual dirigencia nacional del PRD que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, del grupo Los Chuchos –la corriente Nueva Izquierda-- que encabeza Jesús Ortega, adversario de Alejandro Encinas, a quien López Obrador apoyó. “No tengo ninguna diferencia con ellos. Yo estoy haciendo mi trabajo. Estoy recorriendo el país para consolidar el movimiento. Creo que fue una buena decisión el seguir manteniendo encendida la llama de la esperanza, nos sirvió mucho el fraude...”, explicó.“He visitado mil 600 municipios y donde quiera que voy hay gente. Nunca en la historia de México había habido tanta gente consciente y dispuesta a luchar por un verdadero cambio. Por eso no nos han podido destruir, políticamente hablando”, manifestó. López Obrador también se refirió a las declaraciones del excandidato presidencial Roberto Madrazo, quien aseguró que al perredista no alcanzará el “aire ni el tiempo” para disputar por segunda ocasión la Presidencia de la República.“¡Estoy entero!... me gusta el béisbol, estoy bateando sobre 400. Estamos muy bien porque estoy bien con mi conciencia. Para ser feliz se necesita estar bien con uno mismo, con la conciencia y el prójimo, esa es la fórmula. Por eso aguanto, resisto; por eso vamos a seguir insistiendo hasta lograr que haya un cambio”, precisó. En ese sentido, dijo que le gustaría que Roberto Madrazo dijera lo que sabe del fraude electoral del 2006 “y por qué se quedó callado”. Recordó que hasta el entonces presidente del PAN, Manuel Espino, admitió habían contado con el apoyo de ocho gobernadores del PRI para el fraude electoral.López Obrador también se refirió a la inseguridad que prevalece en todo el país; y desmintió las versiones que lo acusaban de haberse referido como “un punto menos para Calderón y un pirruris menos”, al caso del joven Fernando Martí, asesinado por sus secuestradores. "Es una mentira, es una vileza. Ni en broma lo diría, porque soy una gente que tiene principios. Lo que pasa es que les molesta mucho lo de nosotros, quisieran que no existiéramos”, señaló. El político tabasqueño sostuvo que si no le hubiesen “robado la elección” de 2006, el país estuviera en mejor situación y no en los niveles de inseguridad en el que se encuentra, ya que se estarían realizando programas sociales.“(El presidente) Calderón se hace tonto con el problema de la inseguridad, con medidas coercitivas, diciendo que va a implementar un nuevo modelo policíaco, cuando lo que se necesita es un nuevo modelo político y social para México”, indicó."

¿Qué hizo Calderón desde el inicio de su gobierno? Se puso el uniforme militar. Le quedaba grande, parecía el sargento Borolas. Le dio un palazo al avispero, ¡pero resultó peor!", concluyó.

La “doble moral”

Rodríguez Zapatero

Alejandro Gutiérrez

MADRID.- Desde 2006 España es la octava potencia mundial en exportación de armas convencionales. En 2007 obtuvo por este concepto un monto de dinero sin parangón en su historia: 932 millones de euros, según el informe remitido al Congreso por la Secretaría de Estado de Comercio, citado por el periódico El País el pasado 6 de agosto.
Este desproporcionado crecimiento de la industria militar española contradice el discurso en favor de la paz y la cooperación que ensalza el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
"Es de un cinismo escalofriante" que el actual gobierno, "que nació contra la guerra y se benefició de un estado de opinión contra la intervención española en Irak, haya incrementado de una manera tan vergonzosa la venta de armas españolas", dice Gervasio Sánchez, reconocido periodista independiente que durante 25 años ha cubierto conflictos armados en distintas regiones del mundo.
Se trata de una "doble moral", la cual "es más grave cuando se da en un gobierno que instrumentaliza la paz", dice el periodista y fotógrafo nacido en Córdoba, España.
En abril de 2004, unos días después de que inició su gobierno, Rodríguez Zapatero anunció el retiro del ejército español de Irak; así mismo, en diciembre pasado el Congreso español aprobó la Ley de Control de Armas, lo que organizaciones civiles como Greenpeace, Amnistía Internacional e Intermón-Oxfam venían pidiendo infructuosamente desde hace 10 años.
En abril pasado, Rodríguez Zapatero sorprendió a los círculos políticos al nombrar a una mujer como ministro de Defensa: Carme Chacón, oriunda de Cataluña, calificada por sus afines como progresista y quien entonces se encontraba embarazada. Cuando ocupó su cargo, Chacón anunció grandes reformas en las fuerzas armadas.
El pasado 30 de mayo, en la Conferencia Diplomática de Dublín, España se sumó a las 109 naciones que aprobaron el tratado que prohíbe las bombas de racimo, la cuales fueron utilizadas en Kosovo, Afganistán, Irak y Líbano. La ministra Chacón, incluso, anunció ante el Congreso un plan unilateral para la destrucción del stock de este tipo de bombas en poder del ejército español.
Sin embargo, el gobierno es el que autoriza las licencias de las exportaciones de armamento. Lo hace a través de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (Jimddu). En esta instancia, que sesiona en secreto cada mes, participan 10 funcionarios públicos, cinco de ellos del Ministerio de Industria y Comercio, dos del de Defensa, dos del de Interior y uno del de Exteriores, explica el experto Albert Caramés en su ensayo titulado Industria militar y comercio de armas.
Según una nota publicada el pasado 6 de agosto por el diario El País, en 2007 la Jimddu aprobó mil 344 licencias de exportación de armas y sólo rechazó 31 (2% del total).
Como resultado de esas autorizaciones, el prestigiado Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI) concluyó que España había abandonado los espacios 10 o 12 que tradicionalmente ocupaba entre los países exportadores de armamento, para brincar al octavo lugar mundial, dice Tica Font, vicepresidenta del Centro Delás de Estudios sobre Justicia y Paz, en el informe Exportaciones españolas de armas 1997-2006.
En 2006, España obtuvo por exportación de armas 845 millones de euros, 102% más que en 2005. En 2007 sus ingresos crecieron 10% más que el año previo. El informe de Font señala que la "tendencia al alza" entre 2000 y 2006 fue de 509%.
Mabel González Bustelo, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace, dice a Proceso que a su organización le preocupa la reducción de las exportaciones de armamento español a los países de la OTAN y de la Unión Europea: de 70% a 36% en el período que va de 2004 a 2007.
Explica: "Si bien esto no es plausible, al menos es más fiable que se cumplan los lineamientos internacionales en su uso". En cambio, señala, se incrementaron las exportaciones a "países sensibles que difícilmente cumplen los ordenamientos europeos, como Colombia, Israel, Marruecos, Pakistán y China".
Ejemplifica: España vendió en 2007 municiones a Ghana por un monto de 3 millones 500 mil euros, pese a que existe un embargo armamentista contra ese país debido a que en él la policía practica de manera sistemática los asesinatos y comete graves violaciones a los derechos humanos. También está la venta de armas a Israel, a pesar de que su ejército reprime a los palestinos y lanza ataques contra los territorios ocupados. Y Colombia es un cliente destacado de España desde 1999, pese a que en ese país sudamericano existe un conflicto permanente entre fuerzas guerrilleras y paramilitares, donde todos los actores violan los derechos humanos".
Continúa: "Todo esto coloca al gobierno de Rodríguez Zapatero en una posición contradictoria e incongruente. Por un lado, apuesta por la paz y el multilateralismo, pero es justo durante su gestión que la industria militar ha tenido el mayor crecimiento de la historia. En ello el gobierno obviamente no es ajeno".
Así mismo revela que si bien España firmó el tratado de Dublín, "algunas organizaciones no gubernamentales supimos de las enormes resistencias del gobierno para que quedaran excluidas de ese tratado algún tipo de bombas de racimo producidas en este país".
Además, señala que la administración de Rodríguez Zapatero fue "condescendiente" con los empresarios de la industria militar, quienes cabildearon para "conocer de manera anticipada el texto de la Ley de Control de Armas que se aprobó en diciembre pasado".
Compradores mexicanos
A pesar de que en sus informes correspondientes a 2008 Human Right Watch y Amnistía Internacional señalaron que en México se violan derechos humanos y permanece la práctica de la tortura, España vendió entre 1997 y 2006 armas tanto "al Estado mexicano" como a "particulares" de este país por un monto de 885 mil euros.
En entrevista, Tica Font, vicepresidenta del Centro Delás, dice que ello aparece en los registros oficiales de las exportaciones de armas de España. Con base en ellos, señala que en 2007 un "particular mexicano" adquirió 14 mil euros en armamento de categoría 2, donde están clasificados rifles, obuses, morteros y lanzaproyectiles.
"Resultaría irrisorio que el Estado mexicano adquiera armamento por ese monto, pero resulta notable si hablamos de un particular", comenta. Precisa, sin embargo, que las bases de datos no ofrecen la identidad del comprador.
En 2006, también un "particular mexicano" adquirió 5 mil 300 euros en armas de categoría 1, donde se clasifican pistolas, revólveres, fusiles, armamento pequeño o ligero.
Un año antes, en 2005, el monto de las exportaciones españolas a México de la categoría 1, referente a armas convencionales, fue de 8 mil 888 euros, mientras que en la categoría 10 (aeronaves y sus componentes) fue de 39 mil 749 euros. En este último caso, no se especifica si la compra (seguramente componentes, debido al monto) fue realizada por una entidad pública o privada.
México ocupa el lugar número 13 entre los países que en 2007 adquirieron tecnología o materiales de doble uso, que pueden ser desde computadoras o componentes no militares, incluso nucleares, pero destinados a un fin militar y de defensa. Ese año se registró un gasto de 425 mil euros ejercido por una empresa mexicana, en categoría cero: materiales, instalaciones y equipo nuclear utilizado para separación de isótopos. El año previo, se registra una exportación a México por un monto de 3 millones 456 mil euros.
El Centro Delás obtuvo también múltiples registros de las exportaciones de armas italianas. En ellos aparece México como quinto comprador, después de Israel, Líbano, Singapur y Malasia. Según el número de referencia 13841 de los registros italianos, México realizó una compra de armamento por un monto de 435 mil 167 dólares. Sin embargo, el registro no precisa si la compra fue hecha por el gobierno mexicano o por particulares.
-¿Qué responde el gobierno español ante las evidencias del aumento de las exportaciones de armamento producido en su país? -pregunta el reportero a Font.
-Con el silencio -contesta.
El pasado 4 de abril, al recibir el premio de periodismo Ortega y Gasset que otorga el Grupo Prisa (editor del diario El País) por una fotografía de su serie Vidas minadas, que muestra a víctimas de minas antipersonales, Gervasio Sánchez denunció que "las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse en países desarrollados como el nuestro...".
Ante la vicepresidenta María Teresa Fernández y media docena de ministros y legisladores, acusó: "En la anterior legislatura se duplicó la venta de armas españolas al mismo tiempo que el presidente insistía en su mensaje contra la guerra. Hoy fabricamos cuatro tipos distintos de bombas de racimo... Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer mundo y que me avergüenzo de mis representantes políticos".
Gervasio recuerda que durante el brindis realizado después de la entrega del premio "varios periodistas que ocupan puestos importantes en medios de comunicación españoles me felicitaban, y yo me preguntaba ¿qué no son ellos los que debían abrir el debate sobre el tema de la venta de armas españolas, que es un tema fundamental?". l

Ayudas engañosas

Países pobres. Menos fondos

Marco Appel

Los gobiernos de la Unión Europea disminuyen de manera gradual su ayuda para el desarrollo de los países pobres, a pesar de que se comprometieron a aumentarla para cumplir los Objetivos del Milenio, entre éstos el de reducir a la mitad la pobreza en el mundo para 2015. Más aún, varios gobiernos condicionan sus contribuciones a que los países subdesarrollados compren productos o contraten servicios de empresas europeas, con lo que la ayuda se convierte en un negocio.
BRUSELAS.- Durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo de Naciones Unidas -realizada del 18 al 22 de marzo de 2002 en Monterrey, México-, los países más ricos de la Unión Europea (UE) se comprometieron a destinar 0.7% de su Producto Interno Bruto a la ayuda para el desarrollo de los países pobres.
De esa manera, apoyarían el cumplimiento de los llamados Objetivos del Milenio acordados en 2000, en el período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, "después de años de incrementos sostenidos, y por primera vez en la última década", las contribuciones de los países europeos decrecieron de 47 mil 500 millones de euros en 2006 a 46 mil millones el año pasado. Francia, por ejemplo, disminuyó 16% tales aportaciones y Gran Bretaña 30%, revela un informe de la Confederación Europea de Organizaciones No Gubernamentales de Emergencia y Desarrollo (Concord), con sede en Bruselas.
El análisis de Concord -que agrupa a 600 ONG de toda Europa-, cuyo título es Sin tiempo que perder: los gobiernos europeos retrasados en calidad y cantidad en sus programas de ayuda al desarrollo, fue realizado con base en datos oficiales.
La cantidad aportada por la UE en 2007 representó 0.38% de su PIB, lo que está por debajo del 0.39% que prometió para 2006, y queda muy lejos del 0.51% fijado para 2010, indica el informe.
Agrega que, a ese paso, salvo Dinamarca, Suecia, Luxemburgo y Holanda -que desde 2002 alcanzaron el objetivo de 0.7%-, es "probable" que el resto de los 27 países de la UE incumpla el compromiso que asumió.
De los 12 países que ingresaron a la UE el 1 de mayo de 2004, Lituania es el único que, "probablemente", cumplirá con el objetivo que se fijó el grupo de naciones europeas menos prósperas: 0.33% de su PIB para 2015.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirma esa tendencia. En un informe que difundió el martes 2, el organismo internacional acusa a los 22 países del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -en el que están incluidos los 15 países más ricos de la UE, además de Estados Unidos, Japón y Noruega- de no sobrepasar en conjunto 0.45% de su PIB. La ONU les advierte que deben aumentar sus contribuciones en 18 mil millones de dólares por año para cumplir con sus compromisos.
En lo que se refiere a Latinoamérica, en el período 1994-2004 los países de la región captaron entre 6.3% y 9% de la ayuda mundial al desarrollo, pero en 2005 esta cifra bajó a 4.2%, de acuerdo con un reporte del Parlamento Europeo divulgado el jueves 11. En el caso de México, la reducción fue de 60% entre 1995 y 2005, al captar 246 millones 670 mil dólares en 2006, según la misma fuente.
Costo humano
Los países de la UE suministraron 60% de la ayuda global para el desarrollo: 68 mil millones de dólares de 113 mil millones globales en 2007. Esas aportaciones, menciona el informe, han servido para que "2 millones de personas reciban tratamiento gratuito contra el sida, para pagar salarios de maestros y enfermeras, comprar medicinas o abastecer de semillas y fertilizantes a los países más golpeados por el aumento en los precios de alimentos".
El reporte de Concord advierte: "El costo humano de que Europa no cumpla con los montos prometidos será enorme".
En la actualidad, 2 mil 600 millones de personas en el mundo viven con menos de dos dólares por día, 40% de ellos con menos de un dólar diario, mientras que una persona muere de hambre cada 3.6 segundos, alertan datos de la ONU citados por el informe de las ONG europeas.
La misma fuente advierte que es tan grave el problema de la pobreza que los países ricos deben aumentar 80% el volumen de la ayuda para el desarrollo. Esa es la única manera en que la comunidad internacional podrá cumplir con los Objetivos del Milenio que la ONU estableció en 2000, los cuales pretenden reducir a la mitad el número de pobres en el mundo para 2015.
El informe destaca que en los hechos ocurre lo contrario, lo cual califica de "inaceptable": "Si continúa la tendencia actual, la UE entregará 75 mil millones de euros menos de los que prometió transferir de 2005 a 2010" a los países pobres.
En 2007, revela el documento, únicamente nueve de los 27 Estados integrantes de la UE aumentaron sus aportaciones, pero algunos de ellos, como Alemania y Austria, lo consiguieron porque incluyen en el rubro de desarrollo grandes montos de la deuda que condonaron a ciertos países. España también maniobró así, aunque en menor medida.
Una parte importante del informe condena ese tipo de prácticas tramposas, a las que recurre la mayor parte de los países europeos. Éstos inflan sus cifras de ayuda para el desarrollo al incluir como tal la reducción de deuda, los gastos que generan los refugiados del tercer mundo y las becas que otorgan a los estudiantes de dichos países.
Nuria Molina, coordinadora del estudio de Concord, explica a este corresponsal que los anteriores rubros "no corresponden con el concepto de la ayuda al desarrollo", ya que "no son apartados que crean infraestructura, como puentes o carreteras, ni benefician de modo directo a los habitantes".
De esta forma, el gobierno de Nicolas Sarkozy y el de Angela Merkel inflaron en 2007 hasta una tercera parte de la ayuda que sus países destinaron para el desarrollo. Francia contabiliza uno de los montos más elevados en becas -junto con Gran Bretaña- y en costos de refugiados; y Alemania, presenta una de las cifras más abultadas en condonación de deuda, lo mismo que Austria, que canalizó la mitad de su ayuda para el desarrollo en este rubro.
En 2007, los gobiernos europeos inflaron sus cifras de ayuda al desarrollo en 17%; es decir, 8 mil millones de euros. Las ONG europeas anticipan que pronto agregarán también los gastos de la migración, la seguridad en las fronteras o la lucha contra el cambio climático.
Gran Bretaña, menciona el reporte, acaba de anunciar que en los próximos tres años incluirá un nuevo fondo ambiental con un valor de mil 169 millones de euros, dirigido a países de medio ingreso.
Carmen González, experta en la materia en la organización española Oxfam-Intermón y quien colaboró en el documento de Concord, explica que dichas trampas "distorsionan" la realidad de tales ayudas y dañan su eficiencia. Cita un ejemplo: "En 2005, Europa elevó sus porcentajes de ayuda al desarrollo de manera extraordinaria debido a que muchos países condonaron deuda a Irak. Tales inyecciones (de recursos), que se hacen en forma puntual, crean una situación engañosa".
Escamoteos
Un caso notable es el de las deudas que generan los créditos a la exportación y que España y Holanda, entre otros países, registran como ayuda al desarrollo. Mediante esos mecanismos financieros, los gobiernos europeos garantizan a sus compañías el pago de una indemnización en caso de que fracasen las inversiones que hagan en naciones en desarrollo.
"La Agencia de Créditos a la Exportación de los países europeos -se lee en el informe- paga los costos a la compañía inversionista, pero con frecuencia trata de recuperar esas indemnizaciones al transferir a los gobiernos de los países pobres el riesgo que toman las empresas privadas al invertir en sus países."
Y abunda: "Esta práctica es particularmente injusta porque evita a las firmas europeas el riesgo natural de entrar a esos mercados, mientras que por otro lado las empresas europeas ingresan a éstos con proyectos que son muy lucrativos pero que nada tienen que ver con los conceptos de desarrollo".
Otra práctica que el informe critica, sobre todo al gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, es la que se conoce como "ayuda ligada". Ésta impone al país que la recibe la condición de adquirir con ese capital bienes y servicios del país donador.
El problema es que éstos son más caros en los países europeos. Así, refiere el informe, al no haber una competencia por el precio más bajo, los países pobres terminan por pagar 20% adicional por esas mercancías, con lo que disminuye la eficiencia de la ayuda, y por otro lado perjudica el crecimiento del mercado local al eliminar las opciones de oferta de las empresas nacionales.
Molina, coordinadora del informe de Concord, recuerda que en Latinoamérica eso ha ocurrido con el financiamiento de libros educativos. Cuenta que el gobierno español ha condicionado la entrega de sus fondos a que tales obras sean elaboradas por compañías españolas. "Al final, ese apoyo se emplea en la expansión de la industria editorial española", asegura.
En 2007, casi 14% de la ayuda española para el desarrollo correspondió a "ayuda ligada", y ese rubro sigue creciendo, afirma Concord. Este país acumuló en total 229 millones de euros en "ayudas engañosas" el mismo año.
En contrapartida, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE estima que la "ayuda ligada" que aportan sus miembros ha disminuido entre 80% y 90%.
Carmen González, por su parte, señala que esa afirmación es "relativa", pues el organismo no toma en cuenta en ese registro la asistencia alimenticia ni la técnica que producen la mayor proporción de "ayuda ligada".
El pasado 26 de junio, la secretaria española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, anunció en una rueda de prensa que su país destinaría mil 300 millones de euros para el desarrollo de las naciones latinoamericanas. Remarcó que esa partida es 30% superior a la que se asignó en 2006 (900 millones de euros).
Sin embargo, esa asignación es inferior, por ejemplo, a las ganancias que el Banco Santander Central Hispano reportó el primer semestre de 2008 por sus operaciones en Latinoamérica: mil 472 millones de euros.
Al respecto, el informe de Concord ofrece datos elocuentes: en 2006, los países en vías de desarrollo transfirieron a las naciones ricas 524 mil millones de euros por concepto de intereses de la deuda, beneficios comerciales e inversiones. En cambio, los países más prósperos de la OCDE, muchos de ellos europeos, desembolsaron en asistencia para el desarrollo 83 mil millones de euros.
-¿Qué órgano se encarga de monitorear las políticas de ayuda para el desarrollo? -pregunta el corresponsal a la experta de Oxfam-Intermón.
-Los países ricos se reglamentan y evalúan entre ellos. Los rigen las directrices y recomendaciones de la propia OCDE, que no son vinculantes.
Y agrega: "Es cierto que no es una evaluación independiente. Algunos países son más progresistas que otros y, por tanto, tienden a ser más exigentes en la calidad de la ayuda. El problema es que este tipo de evaluaciones entre los mismos gobiernos está dominado por el lenguaje diplomático, que les impide decir de manera clara los problemas que pueden existir. En general, es muy difícil poder avanzar hacia nuevos criterios. Hasta el momento, la mayoría de los países prefiere que persista el marco normativo actual".
Matiza: "No hay que verlo todo negativo. En el caso de España, la evaluación de que fue objeto en 2002 la hizo reaccionar. Entonces el gobierno decidió excluir la condonación de deuda de sus cifras de ayuda para el desarrollo. Aunque lo hará una vez que haya alcanzado el objetivo de 0.7%". l

Financieros de la guerra

BBVA. Inversiones 'indirectas'

Alejandro Gutiérrez

De manera abierta o subrepticia, empresas españolas de los sectores bancario, energético y de comunicación -varias de ellas establecidas en México- otorgan
millonarios créditos para producir armas o, de plano,
compran acciones de compañías dedicadas a la industria militar. El vertiginoso crecimiento de estas firmas contradice el discurso en favor de la paz y la cooperación que ensalza el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

MADRID.- Instituciones bancarias y empresas trasnacionales de España -cuya publicidad afirma que trabajan por el bien de la sociedad- financian la producción de armas o tienen acciones en compañías dedicadas a la industria militar.
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el Banco Santander, las poderosas empresas energéticas Unión Fenosa (recién adquirida por Gas Natural) e Iberdrola, así como Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y Telefónica son algunas de las que, de manera abierta o subrepticia, participan en la producción y exportación de armas y equipo militar.
De ello dan cuenta varios informes realizados por el Centro Delás de Estudios sobre Justicia y Paz, con sede en Barcelona, por el Observatorio de la Deuda en la Globalización y por SETEM, una confederación de 10 organizaciones civiles que lucha contra desigualdades entre los países desarrollados y los pobres.
Tales informes corresponden a la campaña denominada BBVA sin armas, cuyo objetivo es denunciar a las entidades financieras españolas que participan en la industria militar de este país.
Incluso, miembros del Centro Delás participaron en juntas de accionistas de BBVA y de Santander. En ellas denunciaron que muchos de los beneficios económicos que estas empresas obtienen son resultado del financiamiento que brindan a las empresas que fabrican municiones, armas, aviones militares y bombas, entre ellas las "de racimo".
El 14 de marzo pasado, Jordi Calvo, investigador del Centro Delás, participó en la junta del BBVA. El 21 de junio pasado, Tica Font, vicepresidenta de esta organización civil, participó en la del Banco Santander, donde demandó que éste "evite el enriquecimiento proveniente de negocios que promueven la violencia, la guerra y la pobreza extrema, y cancele el financiamiento a las empresas de armamento".
En México, BBVA es la primera entidad bancaria y el Banco Santander ocupa la tercera posición, según el informe sobre el primer semestre de 2008 que el 2 de septiembre emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Según ese informe, BBVA-Bancomer reportó activos por 747 mil 917 millones de pesos (23.10% de los 42 bancos con operaciones en México), con una cartera de 487 mil 7 millones de pesos (27.08% de los clientes) y una utilidad neta a junio de 11 mil 507 millones de pesos (38.15%). Santander, por su parte, reportó activos por 440 mil 972 millones de pesos (13.62% de los 42 bancos), una cartera de 244 mil 579 millones de pesos (13.60% de los clientes) y utilidades netas por 3 mil 398 millones de pesos (11.27%).
Acciones trianguladas
BBVA posee acciones -de manera directa o a través de terceras compañías- en las empresas armamentistas Indra, Inmize, Ibérica del Espacio, Hisdesat, Rymsa y Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), según uno de los informes de la campaña BBVA sin armas.
Indra es una de las principales empresas de este sector. Fabrica misiles, simuladores para aviones de guerra y sistemas de tiro. Desarrolla también tecnología de la información para aplicaciones bélicas. Según informes de la campaña BBVA sin armas, construye el avión de combate Eurofighter, el vehículo Leopard, la fragata F-100 y el helicóptero Tigre, destinados a los programas militares de la Unión Europea (UE) y de la OTAN. También participa en el equipamiento del misil estadunidense Sparrow y está asociada con la empresa francesa Thales en el desarrollo del simulador de vuelo para el avión de transporte militar A400M, cuya construcción involucró a siete naciones europeas.
Indra asegura en su sitio en internet que 30% de sus servicios tienen relación con el "sector Defensa", pero el Centro Delás asegura que esa proporción es de entre 40% y 60%.
Su tecnología de la información es aplicada en los metros de Madrid, Atenas, Shanghai y París; 14 países realizan elecciones con sistemas de cómputo desarrollados por este consorcio, y un tercio del tráfico aéreo mundial es administrado con base en sus sistemas electrónicos.
El informe 2007 sobre Gobierno Corporativo de Indra, consultado en su portal, dice que el "pastel" de propietarios del consorcio es encabezado por la multinacional energética Unión Fenosa (15% de acciones) e instituciones financieras como Caja Madrid (14.83%), Casa Grande de Cartagena (5.68%) y Cajastur (5%). Un informe del Centro Delás añade a BBVA (1.56%), Banco Santander Central Hispánico (0.92%), AXA (1.27%), Caja Cantabria (1.20%), así como a Barclays Bank Plc y Chase Nominees Ltd.
En México, Unión Fenosa es la segunda generadora privada de electricidad, cuya producción vende a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Indra, por su parte, considera a México como "el mercado más grande de la región", en el que durante 2006 facturó mil 880 millones de euros en servicios de tecnología de la información que ofrece tanto al sector público como a empresas privadas, entre éstas los cuatro principales bancos asentados en el país.
La filial de esa empresa en México, Indra Sistemas, obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores un contrato para producir los nuevos pasaportes mexicanos con mecanismos de seguridad: 12 millones entre 2007 y 2011, según publicó el periódico Reforma el 9 y el 10 octubre de 2007.
Indra trató de obtener contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional, en particular para proveer el nuevo sistema de radares militares que demanda la dependencia, pero sus intentos fueron infructuosos, al menos hasta octubre del año pasado, informó a Proceso una fuente militar mexicana.
En diciembre de 2004, las españolas Indra y Tecnocon obtuvieron el contrato de la Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., perteneciente al grupo español OHL, para proveer el sistema de gestión de tráfico y sistema de peaje en el llamado Sistema Carretero del Oriente del Estado de México, según un comunicado de Indra.
Jordi Calvo, investigador del Centro Delás, expone en entrevista con Proceso un ejemplo sobre la forma en que BBVA participa de manera indirecta en la producción de armamento: el banco posee acciones de Indra, la cual a su vez participa con 40% de las acciones en la compañía Inmize Sistemas S. L., el más importante fabricante europeo de misiles guiados y de defensa aérea. El primer contrato de Inmize fue para desarrollar el misil aire-aire Meteor, utilizado por los aviones de guerra EF2000, Rafale y Gripen.
Bajo este mismo esquema de "triangulación", BBVA, a través de Indra, posee 7% de acciones de Hisdesat, la cual ofrece servicios satelitales de comunicación para uso militar; y a través de la empresa de energía Iberdrola tuvo hasta febrero de 2007 acciones en Ibérica del Espacio, empresa aeronáutica que diseña tecnología de uso militar.
Iberdrola es la primera empresa privada generadora de electricidad en México. Estableció en La Ventosa, Oaxaca, campos para producir energía eólica. También obtuvo la licitación para aumentar el potencial de la central nuclear de Laguna Verde, en Veracruz.
Así mismo, 65% de las acciones de Radiación y Microondas, S.A. (Rymsa) están en manos de la Corporación IBV, grupo industrial cuyas acciones comparten por partes iguales BBVA e Iberdrola. Rymsa opera antenas de comunicación avanzada y antenas para estaciones espaciales. Sus principales clientes son el Ministerio de Defensa español y la poderosa firma Lockheed Martin, la principal proveedora de productos militares para el Pentágono, expone uno de los informes de la campaña BBVA sin Armas.
Además, señala el mismo informe, en enero de 2007 Corporación IBV compró 5.26% de las acciones del consorcio Amper, empresa especializada en electrónica militar. Sin embargo, sólo un mes después anunció la venta de ese paquete accionario.
Albert Caramés, especialista en temas de defensa militar de la Escuela de Cultura de Paz, de la Universidad Autónoma de Barcelona, advierte en su ensayo Accionariado del sector defensa en España (marzo 2006), que en 2004 Tecnocon participaba con 12.2% de las acciones de Amper y la trasnacional Telefónica lo hacía con 6.1%. Tecnocon gestiona, junto con Indra, las carreteras mexiquenses, según un comunicado de esta última empresa.
Caramés advierte que entre, 2004 y 2006, Telefónica también participaba en la empresa operadora de satélites Hispasat con 13.2% de acciones.
Bombas de racimo
BBVA posee acciones de Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), entidad que "es más que probable que aún mantenga un papel clave en el aseguramiento del sector de armamentos", dice Calvo.
En esta compañía de servicios y seguros que financia la exportación de armas, BBVA mantiene 14.3% de las acciones, el Banco Santander Central Hispánico 13.95% y Banesto 6.40%, entre otros. El gobierno español poseía alrededor de 50% de acciones, explica Caramés en su citado ensayo.
Un informe del Centro Delás dice que el Banco Santander, por su parte, posee 0.92% de acciones de Indra, 13.95% de CESCE y 50% de Vista Capital, la cual a su vez posee 23% del Grupo Maxam Corp., holding que agrupa a seis empresas del sector defensa, entre ellas Explosivos Alaveses (Expal), cuya producción total de explosivos es comprada por las fuerzas armadas de España.
El pasado 22 de mayo, Greenpeace-España realizó una manifestación de protesta en las instalaciones de Expal, en Madrid, para denunciar que esta empresa fabrica bombas de racimo. Varios miembros de la organización desplegaron sobre la fachada de la empresa una enorme manta con el letrero: "Expal fabrica bombas de racimo que mutilan". Otros activistas esparcieron prótesis de piernas y brazos en el vestíbulo del edificio y regaron "cuerpos" de cartón que simulaban personas mutiladas.
Mabel González Bustelo, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace, dice a este semanario que esta empresa fabrica la bomba BME330, capaz de diseminar entre 180 y 512 submuniciones en un área reducida. Comenta que muchas de éstas no explotan, pero se convierten en potenciales minas que después ponen en riesgo la vida de civiles.
Otra empresa con arraigo en México y que en España es identificada como parte del entramado militar, es CAF. Esta compañía participó en varios proyectos para renovar vagones del metro del Distrito Federal y de Monterrey. Actualmente es una de las empresas responsables del proyecto del tren suburbano Cuautitlán-Buenavista, que Felipe Calderón inauguró el pasado 7 de mayo en presencia del presidente de CAF, José María Baztarrica Garito, según un comunicado de Los Pinos.
En España, CAF moderniza carros de combate. Sus accionistas más importantes son instituciones financieras como Bestiner (9.96%), Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK, con 10.80%) y BNP Parribas (47%), entre otras.
Las instituciones bancarias no necesitan ser accionistas de empresas fabricantes de equipo militar para financiarlas, lo pueden hacer directamente.
Tica Font, vicepresidenta del Centro Delás, dijo el pasado 21 de julio, durante su participación en la junta de accionistas del Banco Santander, que en abril de 2008 la Guía de Comercio del gobierno español informó que un grupo de bancos, entre ellos Santander, suscribió dos acuerdos con la empresa EADS-CASA, fabricantes de aeronaves militares, y la fuerza aérea brasileña para financiar la venta de 12 aviones de guerra C-295 y modernizar ocho aviones P-3. El monto del crédito fue de 554 millones de euros.
Uno de los informes documenta además que, en 2005 y 2007, BBVA financió a empresas fabricantes de bombas de racimo, entre ellas la estadunidense Raytheon, la francesa Thales y EADS-CASA.
En septiembre de 2007, los bancos Santander y Banesto -este último propiedad de Patricia Botín, hija del accionista mayoritario de Santander- y Caixa Cataluña, que encabeza Narcís Serra, ministro de Defensa del primer gobierno de Felipe González, otorgaron un crédito de 300 millones de euros a la empresa Explosivos Alaveses (Expal).
En 2005, 31 bancos -entre ellos BBVA- otorgaron un crédito de mil 500 millones de dólares a la empresa francesa Thales para producir, a través de la firma TDA, misiles y municiones de racimo. TDA aceptó ante el Banco Central de Noruega que fabricó la bomba PR Cargo, que contiene 16 submuniciones, así como el cohete FZ101, de 70 mm, utilizado por el helicóptero Tigre, dice Calvo en entrevista.
Y señala que, en marzo de 2005, BBVA también participó con 25 millones de dólares en un grupo de 28 entidades bancarias que otorgaron un crédito global de mil 700 millones de euros a la firma estadunidense Raytheon, la cual fabrica el misil de crucero Tomahawk y la bomba de racimo Joint Standoff Weapon, que en su versión estándar contiene 145 submuniciones.
En julio de 2005, BBVA participó en la promoción de un frente de 36 bancos que proporcionó un crédito de 3 mil millones de euros a EADS-CASA.
Ante las denuncias de las organizaciones que encabezan la campaña BBVA sin armas, este banco envió algunas cartas en las que dijo desconocer que EADS, Thales, Raytheon o Maxam Corp., fabrican ese tipo de armas.
También, en medio de la campaña de desarme La banca bajo la lupa, BBVA argumentó que "ha definido una política detallada y restrictiva en materia de financiamiento a industrias y proyectos polémicos, especialmente de armamento, acorde con las recomendaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea y aprobados por la Comisión de Auditoría y por todos los órganos de gobierno pertinentes", según la respuesta que ofreció al periódico digital Canal Solidario, en su edición del 16 de junio de 2007.

Una historiade oro, plata y despojo

Ejidatarios de Huizopa. Plantón

Gloria Leticia Díaz

Desde hace varios años, la compañía canadiense Minefinders LTD y su subsidiaria mexicana Minera Dolores se asentaron en el ejido chihuahuense de Huizopa con el propósito de explorar vetas de oro y plata. Sus representantes llevaban consigo toda clase de concesiones y permisos, lo mismo que promesas a los ejidatarios: progreso, progreso, progreso... Sin embargo, las cosas se complicaron. Ahora, los dueños originarios de las tierras de Huizopa rechazan las miserias que el consorcio les ofrece y bloquearon temporalmente el acceso a la mina. En respuesta, les enviaron al Ejército, y a las fuerzas federales y estatales...

HUIZOPA, CHIH.- Despojos y engaños, detenciones arbitrarias e intimidación militar y policiaca, así como destrucción de bosques y deterioro del tejido social, es lo que ha dejado a esta comunidad la compañía canadiense Minefinders LTD y su subsidiaria mexicana Minera Dolores luego de 14 años de explotación de oro y plata.
Estos son los principales motivos por los que el complejo minero -que de acuerdo con las proyecciones de Minefinders en 2006 prevé la extracción de 3.06 millones de toneladas de onzas de oro y 149 millones de onzas de plata- se enfrenta al rechazo de la mayor parte de los pobladores de este ejido, perteneciente al municipio de Madera.
Las familias inconformes, dedicadas a la ganadería y agricultura de autoconsumo, pretenden echar abajo un contrato de usufructo minero suscrito entre el consorcio y la autoridad ejidal.
El contrato fue aprobado el 18 de noviembre de 2006 con 154 votos a favor, 30 en contra y un voto nulo en la asamblea del ejido. Ampara 15 años de usufructo, con posibilidad de ampliarlo a un período igual con Minera Dolores, representada por Brent Raymond Macfarlane, y contó con el aval del entonces presidente del comisariado ejidal, Jesús Romero Sandoval.
El argumento que tienen los ejidatarios para explicar su rechazo a un contrato aprobado en principio es que, afirman, constituye un engaño, además de ser excluyente y ventajoso, pues reportará ganancias multimillonarias a las compañías y, en contraparte, insignificantes derramas económicas para los ejidatarios.
Para los inconformes, lo justo sería que el contrato fuera verdaderamente equitativo, toda vez que Minefinders y su subsidiaria mexicana se llevarán cientos de millones de dólares en ganancias -en los mercados internacionales la onza de oro se cotiza arriba de los 800 dólares, mientras que la de plata en 17-, además de que las tierras quedarán inservibles por la utilización de materiales contaminantes.
Pero la inconformidad de los habitantes de Huizopa no para ahí. Ellos aseguran que el consorcio minero se apoderó unilateralmente de 2 mil 296 hectáreas, cuyo uso para fines de exploración no estaba previsto en el contrato, el cual sólo ampara mil 200 hectáreas.
Represión
Desde el 24 de mayo pasado, 180 familias ejidatarias, de las 230 que habitan en Huizopa, instalaron una asamblea permanente en forma de plantón en rechazo al contrato ventajoso y en demanda de que se les incluya en el proyecto de explotación minera, el cual excluye a los dueños originarios de estas tierras. El plantón mantuvo bloqueados hasta hace unos días los accesos a la mina.
En forma paralela a su movilización y a sus acciones legales -tienen un litigio en el Tribunal Agrario en contra de la minera canadiense y su subsidiaria mexicana-, los ejidatarios han intentado, sin éxito, dialogar con los directivos del consorcio minero.
"Nuestra propuesta tiene tres ejes -explica David de la Rosa, vocero del movimiento-: un plan de desarrollo social y comunitario, que no nos haga dependientes de la minera; la integración de una comisión mixta, integrada por la comunidad maderense y representantes de la empresa, para garantizar la realización de trabajos de prevención, contingencia y mitigación ambiental, y un plan de desarrollo económico, en vez de que a los campesinos e indígenas de la etnia pima que viven en la región se les arrebate su patrimonio, (y que en cambio) se les asocie al progreso, entre otras cosas a través de una renta anual, que no hemos fijado hasta que la empresa acepte negociar."
Pero en lugar de recibir respuesta a sus planteamientos, los inconformes han sido reprimidos e intimidados. Tres días después de instalar la asamblea permanente, alrededor de 50 policías federales y soldados detuvieron a integrantes del movimiento, entre ellos a los líderes Enrique Torres y Jorge Armando González, y los trasladaron a los separos de la delegación de la Procuraduría General de la República en Chihuahua. Horas después fueron puestos en libertad al no encontrarles ninguna responsabilidad de índole federal. Ante esta arbitrariedad, Torres y González interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Entretanto, la minera canadiense y el gobierno de Chihuahua, encabezado por el priista José Reyes Baeza, mantienen una campaña en los medios locales para desacreditar al movimiento de Huizopa. Como parte de esta estrategia, impulsaron incluso un plantón alternativo de supuestos trabajadores de la mina y ejidatarios "beneficiados" con concesiones del consorcio.
El plantón, que se efectuó del 15 al 19 de agosto frente al palacio de gobierno de la capital del estado, buscó presionar a Reyes Baeza para que reprimiera la protesta de los campesinos disidentes.
Previamente, el 13 de agosto, dos funcionarios de la delegación de Profepa y dos del gobierno de Chihuahua llegaron a Huizopa, lugar donde se encuentra el plantón de los ejidatarios disidentes. A bordo de una camioneta con placas DT00437, los primeros, y de otra con placas DR99724, los segundos, dieron seguimiento a una denuncia que el ejido interpuso el 29 de julio pasado contra el consorcio minero por el cambio ilegal de uso de suelo de 3 mil 498 hectáreas, cuando la Semarnat autorizó sólo 500 hectáreas, de acuerdo con un permiso condicionado de la dependencia por 16 años y con fecha 5 de abril de 2005 (clave 08C12005MD018).
El ejido denunció a Minera Dolores por realizar descargas de aguas negras en los arroyos de los cuales se abastecen los ejidatarios.
"Estábamos organizándonos para hacer el recorrido y subirnos a las camionetas de esos señores -cuenta Enrique Torres- cuando descubrimos que en la de los funcionarios del gobierno del estado había un envase de dos litros de soda con semilla de mariguana que nos querían achacar a nosotros".
La escena fue videograbada -Proceso tiene copia del video-, por lo que los funcionarios pidieron a los ejidatarios destruir la memoria de la cámara; a cambio, Torres y sus seguidores pedían que al mismo tiempo se quemaran las semillas de mariguana. Sin embargo, los servidores públicos se negaron y salieron huyendo del plantón.
"De inmediato -continúa Torres- fuimos a ver a los soldados que están en las instalaciones de la mina. Les mostramos el video pero no quisieron alcanzarlos y tampoco los reportaron, porque dijeron que no tenían instrucciones para hacerlo".
Campaña de desprestigio
A mediados de agosto los ejidatarios fueron acusados por trabajadores de la mina de ser dirigidos por "simpatizantes del EZLN" (El Heraldo de Chihuahua, 16 de agosto de 2008), en tanto que el vocero de Minera Dolores, Ernesto Olmedo, aseguró que "el principal instigador de la violencia" y líder del movimiento ejidal, junto con Enrique Torres, había sido detenido por la Policía Federal Preventiva (PFP) con siete armas de fuego en una tienda de campaña situada "a cinco kilómetros al sureste de la mina"; esta aseveración se encuentra contenida en el oficio PP/CFF/DGAO/22034/08 del Ministerio Público Federal (El Heraldo de Chihuahua, 29 de agosto de 2008).
Esta última nota informativa, que no está firmada, se refiere a Ernesto Ortega Parra, campesino que se ha mantenido al margen del movimiento contra el consorcio canadiense y su subsidiaria mexicana, de acuerdo con un comunicado emitido por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), organización que asesora a los ejidatarios.
Ortega Parra fue detenido el 28 de agosto último en su casa, localizada en Arroyo Hondo, a 25 kilómetros del plantón. Según Prodesc, 12 elementos de la PFP derribaron la puerta de la vivienda y, sin mostrar orden de aprehensión o de cateo, la registraron y sacaron con violencia a Ortega Parra. Los policías se trasladaron después a la comunidad de Arroyo Largo, donde irrumpieron en otras dos casas y encañonaron a un menor de edad.
"Que sea el vocero de la mina y no la delegación de la PGR quien difunda una información manipulada, porque ponen como líder a un ejidatario que no tiene nada que ver con el movimiento, revela la estrecha comunicación que hay entre los dueños de Minefinders y Minera Dolores y la dependencia; que las instituciones federales están al servicio de una empresa extranjera que tiene como estrategia criminalizar la movilización social", considera Mario Patrón, abogado de Prodesc.
El 14 de agosto, agentes federales se presentaron en el lugar del plantón con el propósito de desalojar a los ejidatarios, quienes sin embargo ya habían levantado el bloqueo del acceso a la mina. "Llegaron de forma violenta, revisaron el campamento y las trocas. Decían que buscaban armas y se llevaron algunas navajas nuevas que utilizamos en el campo", cuenta Iracema Ruiz.
La presencia militar, así como de policías federales y estatales, continúa en la zona. Soldados adscritos al 36 Batallón de Infantería se transportan en vehículos del consorcio e incluso fungen como choferes de empleados de la mina, hechos que fueron constatados durante un recorrido realizado por Proceso entre el 15 y el 17 de agosto en la región.
El 20 de agosto, los diputados federales del PRD Armando Barreiro y Carlos Martínez acudieron al plantón y se entrevistaron con el capitán Valentín Toledo Jiménez, quien se halla al mando del puesto militar que hay en la mina. También hablaron con el comandante de la PFP Alejandro Pérez Ríos.
Cuenta Barreiro en entrevista: "El capitán Toledo argumentó que su presencia en el lugar era circunstancial, que el camión en el que viajaban sufrió una avería y que esperaban la refacción y el mecánico; aseguró que estaban ahí para quemar mariguana. El comandante de la Policía Federal sólo dijo que cumplían órdenes, aunque reconoció que su presencia no se justificaba porque el camino que conduce a la mina no es federal".
Barreiro es uno de los promotores de un punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 12 de agosto pasado, para que la CNDH atienda el caso de Huizopa.
Constituido por decreto presidencial en 1966, el ejido de Huizopa fue el resultado de la lucha política y social, primero, y armada después, con Arturo Gámiz a la cabeza, contra los cacicazgos de las familias Ibarra y Vega, y contra la depredación maderera de la compañía Bosques de Chihuahua, recuerda Salvador Gaytán Aguirre, sobreviviente del grupo guerrillero de Gámiz y uno de los dirigentes del movimiento.
"Los ejidatarios tomaron conciencia de lo que tienen y no aceptan ser despojados por negociaciones de las autoridades. Primero fue la explotación forestal, luego la represión de los caciques latifundistas, y ahora la minera. Es la misma lucha que hace 50 años: por la defensa de la tierra", apunta Gaytán, un anciano respetado por los ejidatarios, cuya asamblea permanente lo nombró comisionado especial.
Como en aquellos años, prosigue, "los poderosos quieren llevarse toda la riqueza del ejido, apoyados por los gobiernos federal y del estado, y dejarnos sin nada a los dueños originarios de la tierra. Ya se acabaron los bosques y ahora se quieren llevar el mineral, pero dejando la tierra inservible y sin agua".
Ambición
Rodeado de bosques de pinos y encinos, de pastizales e innumerables arroyos y pequeñas cascadas, el ejido de Huizopa tiene 84 mil hectáreas destinadas a pastizales y cultivos de autoconsumo.
El proyecto minero de Minefinders y su subsidiaria Minera Dolores, apunta Mario Patrón, contempla "la explotación a cielo abierto, y la obtención de los minerales será por un proceso de lixiviación utilizando cianuro de sodio o de potasio; forma de explotación que está prohibida en Canadá, precisamente por su peligrosidad y por ser altamente contaminante".
Por lo anterior, advierte, se corre el riesgo de dejar inservibles las tierras, además de que "el proyecto requiere de la utilización de 28 mil litros de agua por hora; por lo pronto, ya se apoderaron de buena parte del cauce del río Tutuaca, del que se abastecían los pobladores".
Por si fuera poco, dice, el consorcio minero pretende desaparecer el pueblo de Dolores, integrado por 93 viviendas construidas sobre 788 hectáreas, bajo las cuales podría haber importantes vetas de oro y plata. Entre esos inmuebles se encuentra la escuela fundada por el guerrillero Arturo Gámiz en 1964, "que tiene un valor histórico para la población".
En 1994 Minefinders -que se dio de alta como sociedad anónima en Hermosillo, Sonora, el 31 de mayo de 1993- llegó a Huizopa a realizar trabajos de exploración, amparada en siete concesiones -191728, 184981, 184982, 184983, 184984, 184985 y 184986-. Éstas quedaron a nombre de Liébano Sáenz Ortiz, quien fue secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, y comprendían una extensión de mil 920 hectáreas.
Fue hasta 1996 cuando el ejido dio autorización para ocupar los predios.
En 1997, la empresa canadiense cedió los derechos de exploración y explotación a su filial mexicana, Minera Dolores, constituida el 10 de marzo de ese año, de acuerdo con la escritura pública 83590, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México bajo el folio 220279.
El contrato del 18 de noviembre de 2006 -del que Proceso tiene copia- obliga a los ejidatarios y a sus "herederos" a "otorgar sin restricción alguna y de manera irrevocable" el usufructo del total del terreno que contemplan sus concesiones, "manifestando la usufructuaria que de conformidad con el Proyecto Minero Dolores se desarrollará sobre una superficie de mil 200 hectáreas".
Además, los ejidatarios, que se quejan de haber sido timados -el de mayor escolaridad cursó hasta primero de secundaria-, eximen a Minera Dolores de depositar una fianza y de realizar un inventario sobre la zona a explotar; y de antemano se comprometen a aceptar cualquier operación de compra o renta de propiedades ejidales, de los que podrá disponer la minera en forma irrestricta, así como la construcción de un camino a Yepechi, del municipio de Temósachic, limítrofe con Sonora, donde Minefinders tiene sus oficinas.
Por 39 millones de pesos -143 mil pesos para cada ejidatario y seis millones para la construcción del camino de terracería de Dolores a Ciudad Madera, que no se ha realizado-, los dueños originarios de la tierra no pueden interferir ni oponerse a la perforación de pozos de agua ni a su aprovechamiento.
Por un pago anual de 15 mil dólares a las autoridades ejidales y la promesa de Minefinders y su subsidiaria de llevar a cabo "las prácticas mineras más adecuadas y racionales", así como la de dar empleo a los ejidatarios y a sus familias, "siempre y cuando cumplan con los requisitos, precios competitivos, calidad y habilidades requeridas", los ejidatarios dan su consentimiento para aprobar en asambleas ejidales los trámites que sean necesarios en beneficio de la usufructuaria, como los cambios de uso de suelo de forestal a minero.
Como contraprestación, Minefinders y su subsidiaria mexicana se obligan a "realizar actividades y gestiones" para la construcción de obras de infraestructura para el poblado de Dolores (agua, drenaje, electricidad, salón de eventos, iglesia, clínica, oficinas ejidales, escuelas, jardín de niños canchas deportivas), aunque en una cláusula más adelante la empresa compromete a los ejidatarios a aceptar la reubicación de sus casas.

El legado de la guerrilla

Los hermanos Ornelas, Gaytán y Gómez. Sobrevivientes

Gloria Leticia Díaz

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CHIHUAHUA, CHIH.- Antes del ataque al cuartel militar de Ciudad Madera el 23 de septiembre de 1965, Arturo Gámiz García se refería al Mineral de Dolores como una población que a principios del siglo XX "tuvo un auge económico formidable, 2 mil mineros trabajaban en las minas, más de cien mulas llevaban cada mes el fruto de las entrañas de la tierra: oro y plata... Hoy resulta difícil creer todo eso... Hace más de 20 años se paró el trabajo de las minas, las compañías extranjeras se llevaron toda la riqueza y dejaron sólo ruinas, montes talados y nostalgia".
Las palabras del maestro rural originario de Durango fueron registradas en un texto -atribuido a Óscar González Eguiarte, heredero del movimiento armado en Chihuahua- en el cual se explica el nacimiento del Grupo Popular Guerrillero, que encabezaba Gámiz.
Ese y otros documentos fueron rescatados después de 40 años de haber sido entregados por González Eguiarte (a su vez líder del Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz) a la familia Gaytán durante un repliegue por la sierra de Chihuahua, antes de ser fusilado en la sierra de Sonora junto con tres de sus compañeros el 9 de septiembre de 1968.
Los textos, inéditos, fueron entregados a Proceso para su difusión por Armando Gaytán Saldívar, quien fue miembro del Movimiento Armado Revolucionario (MAR) y cuya familia los guardó "como un tesoro".
González Eguiarte tenía 23 años cuando murió. Como responsable de la Sección de Relaciones del Grupo Popular Guerrillero, se encargaba de tender vínculos con organizaciones políticas y sociales a fin de promover la lucha de masas y la formación de cuadros.
En el mencionado paquete de documentos se incluye el relato de González Eguiarte sobre la escisión de los seguidores de Gámiz en enero de 1966. De ahí surgieron dos organizaciones guerrilleras: una rural que él mismo encabezaba, el Grupo Guerrillero Arturo Gámiz; y otra urbana, comandada por Pedro Uranga Rohana, el Movimiento 23 de Septiembre. Este último fue desarticulado en 1967.
El grupo de González Eguiarte regresó a la sierra de Chihuahua en 1967. Según el diario del líder, retomado por Minerva Armendáriz Ponce en su libro Morir de sed junto a la fuente (edición de autor, 2001), el 7 de agosto integrantes de esta organización "ajusticiaron" al terrateniente Ramón Molina. Permanecieron en la sierra hasta principios de diciembre.
Volvieron ahí en abril del siguiente año, y el 19 de julio quemaron un aserradero de la empresa Maderas de Tutuaca, lo que desató una persecución militar. Los guerrilleros derribaron un helicóptero del Ejército el 9 de agosto en el municipio de Yoquivo, en los límites con Sonora. El 23 de agosto se enfrentaron otra vez con los soldados y perdió la vida Carlos Armendáriz, de 16 años (hermano de la autora de Morir de sed...), mientras cubría la retirada de sus compañeros.
Tras la persecución derivada de esa acción, el 8 de septiembre murió José Luis Guzmán Villa. Al día siguiente fueron capturados González Eguiarte y otros tres guerrilleros. Los ejecutaron después de torturarlos: "A uno le cortaron la lengua y le sacaron los ojos, a otro le rebanaron la planta de los pies", según un testimonio incluido en el libro de Armendáriz.
Visión crítica
En la opinión de Armando Gaytán, la documentación legada por Óscar González "nos enseña que en el seno de cualquier organización política que trate de influir para la transformación de la sociedad va a haber contradicciones. Y eso es bueno porque, si no, hay un estancamiento y un anquilosamiento".
Minerva Armendáriz, también exmilitante del MAR, puntualiza que a 40 años del aniquilamiento de estos núcleos guerrilleros, "es importante que se rescate esa historia que quedó en el olvido; fue un antecedente del 2 de octubre, además de que es una prueba de que lo de Madera no quedó inconcluso".
Agrega que los textos inéditos permiten redimensionar los movimientos de Arturo Gámiz y de Óscar González "con respecto a lo sólidos que eran sus planteamientos. No era un asunto esporádico ni mucho menos; nos parece importante que los textos sean del dominio público, a pesar de que se manejan diferencias".
Los documentos no están fechados, pero su contenido hace pensar que datan de 1966. En uno de ellos, González Eguiarte desconoce la autoridad del Comité Preparativo de Reestructuración (CPR) encabezado por Uranga Rohana.
Saúl y Francisco Ornelas Gómez -éste sobreviviente del asalto al cuartel- aseguran que ese rompimiento irreconciliable de los seguidores de Arturo Gámiz y Pablo Gómez Ramírez ocurrió en enero de 1966, en un departamento de la colonia Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México, muy cerca de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
"Fue una reunión muy tensa en la que estábamos en un cuarto de unas 20 personas, todas armadas, divididas entre los que consideraban que había que regresar a la sierra, y quienes pensábamos en extender la lucha armada en el resto del país", recuerda en entrevista Saúl Ornelas.
En el texto del rompimiento, González Eguiarte hace un amplio reconocimiento a Arturo Gámiz y señala: "Sólo una autoridad real y no ficticia, sólo una dirección reconocida por el grupo entero y no por unos cuantos, puede hacer vigentes la disciplina consciente, la dirección centralizada y la democracia interna".
Tras proponer "la unidad absoluta" del grupo, González recomienda recuperar el archivo del movimiento encabezado por Gámiz. Entre los 14 documentos que desde su punto de vista es necesario reunir, destacan el "Diario de actividades en la sierra" y las cartas de Gámiz, los "Juramentos", la "Declaración de Principios" y los "Instructivos de Secciones".
De igual forma, considera importante recuperar el sistema de claves y signos convencionales, autobiografías y fotos, el documento central "Por qué organizamos las guerrillas", el directorio general, los manuales teórico, técnico y físico, así como un escrito de Óscar Sandoval, Carlitos, entre otros.
Entre los documentos encomendados por González Eguiarte a la familia Gaytán están el "Juramento de los Miembros de la Organización Clandestina" y el "Juramento del Guerrillero", así como una lista de 11 seudónimos y junto a los nombres verdaderos de militantes, excepto el de González Eguiarte.
Hay, así mismo, instructivos para las secciones de reclutamiento y relaciones. Son manuales detallados para seleccionar militantes, rendir informes sobre cuerpos policiacos, militares y caciques regionales; entrenamientos y la forma de enlazarse con organizaciones políticas y sociales.
En el instructivo de la sección de finanzas se enlistan objetos que se requieren, desde tres equipos de radiocomunicación, cien mil cartuchos, tres ametralladoras y cajas de dinamita, hasta una máquina de escribir, cinco botiquines, provisiones y anzuelos.
En el paquete están dos cartas atribuidas a González Eguiarte, que firma con el seudónimo de Rafael Chávez Robles. Están dirigidas a Carlos (Hildebrando Gaytán Márquez, posteriormente diputado por el Partido Popular Socialista y después ligado a Elba Esther Gordillo). Las misivas reflejan las contradicciones y disputas entre los herederos del movimiento de Arturo Gámiz tras el ataque al cuartel militar de Madera. (En proceso.com.mx, despliegue de los documentos.) l
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Avanza la mancha verde

Reyes Ferriz. Medida extrema

Patricia Dávila

Con la aprobación de Juan Camilo Mouriño y de la Sedena, el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes, comenzó un plan piloto para reemplazar a los agentes policiacos municipales con soldados. En principio, se reclutarán en todo el país unos mil militares que en esta ciudad combatirán el delito del orden común y que -tras recibir un curso universitario "de relaciones humanas"- ganarán tres veces más que en el Ejército. Esto, después de haberse descubierto que medio millar de preventivos tenían nexos con el narco en la ciudad más violenta del país...

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El desbordamiento de la violencia en esta ciudad, que incluye cruentos ataques a los centros de rehabilitación por adicciones, así como la infiltración de los narcotraficantes en la Policía Municipal, impulsaron al alcalde José Reyes Ferriz a contratar -con autorización del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño- a por lo menos mil soldados para conformar los Grupos de Élite, que reforzarán a la corporación y sustituirán a un medio millar de policías preventivos a los que se les descubrieron nexos con el narco.
Este es el primer caso en que la violencia generada por la disputa de una zona entre los grupos del crimen organizado conduce a la instauración de este plan piloto en un municipio que, luego de vivir el fenómeno de "las muertas de Juárez" -más de 400 mujeres asesinadas o desaparecidas-, se ha convertido en el más violento del país, con más de mil ejecuciones en el año, 61 delitos contra la "libertad personal", cerca de 10 mil vehículos robados, incendios de hasta tres negocios por semana y frecuentes asaltos bancarios.
Con el objetivo de "fracturar y desmantelar las cadenas y redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales", el pasado 28 de marzo el secretario de Gobernación puso en marcha la Operación Conjunta Chihuahua, que incluyó el desplazamiento de 4 mil elementos federales y militares que tomaron el mando mediante la instalación de 10 Bases de Operaciones Mixtas y 46 Puestos de Control Móviles.
Llegaron provistos de 180 vehículos, tres aeronaves, 13 equipos de detección molecular, tres aviones C-130 "Hércules" y un Boeing 727/100, perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana.
Sin embargo, el despliegue militar y policiaco federal fue insuficiente para frenar el delito y la violencia, al grado de que el 1 de septiembre el gobierno municipal convocó "al personal militar con licencia ilimitada o en retiro" para presentar un documento de baja requisitado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el fin de integrarse a las Fuerzas de Seguridad Pública Municipal.
Ofreció a los militares un salario de 9 mil 800 pesos mensuales, crédito para vivienda desde su ingreso a la Academia de Policía y oportunidad de ascensos mediante el programa de carrera policial.
"¡Aún tienes mucho por lograr...!", dice la convocatoria, sobre un fondo con la fotografía de un soldado que presenta armas, viste uniforme camuflado y porta una bazuca.
En entrevista con Proceso, el alcalde José Reyes Ferriz explica cómo surge la idea de conformar una fuerza especial:
"Estados Unidos es un país que tiene un desarrollo militar muy importante. La ciudad de El Paso, fronteriza con nosotros, es una de las que reclutan soldados como policías. Tenemos buena relación, nos dan apoyos en capacitación de ciertos manejos de crisis, cosas que en Estados Unidos tienen muy desarrolladas. Esta idea nos viene muy bien, por la disciplina con que se prepara a un soldado."
-¿Cuándo fue que inició las conversaciones?
-Con John Cook, alcalde de El Paso, abordamos el tema en marzo. Aquí en México, estuve platicando con los nuevos mandos del Ejército dentro del Operativo Conjunto Chihuahua. Empezamos a ver los salarios del Ejército en todo el país y nos dimos cuenta de que paga 3 mil 600 pesos mensuales a sus elementos. El proceso de reclutamiento lo formalizamos (el 5 de agosto) con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño
-¿El secretario Mouriño le resolvió de inmediato?
-Le pareció muy buena la idea y subió el tema a una reunión del Gabinete de Seguridad, lo comentó con el secretario de la Defensa Guillermo Galván Galván y éste nos dio la autorización para iniciar el reclutamiento. Preparamos un video de la ciudad para que las personas que vamos a reclutar la conozcan, vean las casas que entregamos a los policías, que sepan cómo están las escuelas, las colonias, la Academia (de Policía). Hacemos todo lo que implica convencer a alguien que no es de esta zona, para que venga a esta ciudad.
-¿En dónde han reclutado soldados?
-Mandamos grupos de reclutadores a las guarniciones militares de todo el país, sobre todo a las más grandes, como Veracruz, Oaxaca y Jalisco. Inicialmente vamos a contratar unos mil soldados que conformarán Grupos de Élite para combatir delitos del fuero común.
"Comenzamos esta administración en octubre del año pasado. Entonces había mil 560 policías. Desde marzo empezamos a reclutar elementos y actualmente tenemos mil 780, y queremos llegar a 3 mil. Sin embargo, después de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aplicó el examen de confiabilidad tanto a los policías municipales como estatales de Ciudad Juárez, a 480 les resultaron nexos con algún cártel de la droga.
-¿Qué se va a hacer con los policías que no aprobaron?
-Ellos van para fuera.
-¿Cuál es el cártel que más infiltró a la policía?
-El que tiene mayor control e infiltración obviamente es el de Juárez, porque el otro (el de Sinaloa) apenas está empezando a operar. Lo que tenemos que hacer es que ante cualquier indicio de que hay relación entre un policía y el crimen organizado lo vamos a sacar.
-Usted ha dicho que los soldados están capacitados para la guerra. Instalarlos como policías preventivos ¿no resulta peligroso para Juárez?
-No les vamos a dar un uniforme y una pistola para subirlos a una patrulla. Hay que prepararlos. Tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde les darán preparación en relaciones humanas.
-¿La única esperanza para Juárez es la militarización?
-No es que sea la única esperanza, sino que el nivel de enfrentamiento y de violencia nos obligó a llegar a una policía con una capacitación que tienda más a un perfil de tipo militar.
Los centros de rehabilitación
El 13 de agosto el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, visitó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH de Ciudad Juárez. Ahí dijo a los académicos que las ejecuciones no trastocan la calma de los chihuahuenses. Horas después, un comando armado irrumpió en un centro de rehabilitación y ejecutó a nueve personas.
Un día antes, por la tarde, se escuchó frente al Centro de Integración de Alcohólicos y Drogadictos, A.C. (CIAD) número 8: "¡Cierran o se mueren, hijos de la chingada!". El grito provino de un hombre que pasaba frente al albergue en una camioneta roja. Llevaba el rostro descubierto. Nadie lo tomó en cuenta.
Pero su amenaza se cumplió. A las 19:45 horas de ese miércoles 13 había un servicio religioso en el CIAD ubicado en la colonia Cementera, adonde Socorro García, pastora del centro familiar Cristo Obra Bendición, había acudido para dirigir la ceremonia.
Al final del acto, Socorro García preguntó a los internos: "¿Hay algún valiente que quiera pedir perdón a Dios?". Varios hombres levantaron la mano y se encaminaron al improvisado altar... En ese momento empezó el ataque.
Cuatro hombres vestidos de negro y encapuchados entraron disparando ráfagas de metralleta contra las 29 personas presentes. Primero cayó Luis Ángel González Corral, de 18 años, que estaba en la puerta, y enseguida murieron acribilladas otras ocho personas. Sólo conservaron la vida quienes de inmediato se tiraron al suelo.
Los vecinos aseguran que, cuando ocurrió la matanza, a una calle del CIAD número 8 se encontraba un convoy con soldados de boina roja. Ninguno de ellos acudió a prestar auxilio a los sobrevivientes; tampoco lo hicieron los policías municipales, que se limitaron a acordonar la zona, dice a la reportera Guadalupe Corral Castillo, madre de Luis Ángel.
Hoy, el inmueble que albergaba el CIAD ya no está en servicio; la fachada luce descuidada, el portón blanco está cerrado. Por las rendijas se alcanzan a ver tres viejos colchones individuales recargados en uno de los muros. Hasta el logotipo del centro fue borrado apresuradamente.
Antes se habían cometido otros atentados contra centros de rehabilitación.
La tarde del 1 de agosto se reunieron 48 internos en el CIAD número 6, ubicado en la colonia Anáhuac. A las 16:45 horas se estacionaron frente al centro una camioneta Lobo (gris, de doble cabina) y un coche de color oscuro.
De los vehículos descendieron cuatro hombres con capuchas y vestimenta negra, que irrumpieron en el edificio armados con pistolas .9 milímetros. En el patio frontal rafaguearon a Lauro Alonso Alvarado Corona, de 30 años. Algunos internos corrieron mientras gritaban a sus compañeros que se escondieran. Los sicarios no los persiguieron; iban por el director del albergue, Rafael Hurtado Beltrán, a quien localizaron en la sala y lo ejecutaron.
Una señora asegura que en ese momento pasó por la perimetral una camioneta de la policía federal, pero siguió de largo a pesar de que los vecinos pidieron ayuda.
Desde entonces el CIAD número 6 cerró sus puertas.
Según los vecinos, sucedió lo mismo el 10 de agosto con el CIAD número 4: un grupo armado llegó a sus instalaciones en la colonia Salvacar y amenazó con ejecutar a los internos si no abandonaban las instalaciones.
En esta ciudad fronteriza, además de los tres CIAD mencionados había cuatro Centros de Rehabilitación y Recuperación para Enfermos de Drogadicción y Alcoholismo (CRREDA), cuyas autoridades también fueron intimidadas y optaron por cerrar sus instalaciones.
El 15 de agosto, por ejemplo, dos días después de la incursión en el CIAD número 8, Armando Arturo Lerma, director del CRREDA número 12, ubicado en la colonia Toribio Ortega, recibió una advertencia telefónica: "Cierran o se atienen a las consecuencias". Apenas colgó el teléfono, Lerma reunió a los internos y les anunció que el centro cerraba ese mismo día.
El director llamó por teléfono a los familiares para que pasaran por los internos.
"A los que llegamos solos, nos abrió la puerta. Nos dijo que agarráramos nuestras cosas y nos fuéramos, que no arriesgaría a nadie. Junto con otros me fui a dormir a unas tapias que nos quedaban cerca", relata uno de los desalojados.
En Ciudad Juárez operan todavía 74 centros de rehabilitación -de los cuales 53 son fijos y atienden a cerca de 2 mil internos- y 21 de tratamiento ambulatorio, a los que suelen acudir alrededor de mil "usuarios", sobre todo en zonas aledañas a los picaderos.
De esos 74 centros, la mitad utiliza el método de la cristoterapia. Son de puertas abiertas y, según sus directivos, los pacientes llegan voluntariamente y se van cuando lo desean.
Consultados por Proceso, algunos directores de dichos establecimientos sostienen que en Ciudad Juárez priva una sensación de "incertidumbre" desde que el CIAD número 6 fue atacado.
Para María Elena Ramos, de la agrupación Compañeros y quien realiza el trabajo de rehabilitación de usuarios directamente en las colonias donde están los 6 mil picaderos (Proceso 1653), los ataques armados obligan a replantear las medidas de seguridad en los centros de rehabilitación y en las campañas de salud. Sobre todo ahora, dice, cuando la droga está más cara y es más difícil contar con jeringas nuevas.
José Rivera, director de la Clínica para Atención a Heroinómanos del Centro de Integración Juvenil (CIJ) local, señala que "en algunos CIAD no sólo se prestaba ayuda a los usuarios; también se les vendía droga".
Personal de la Subsecretaría de Justicia Zona Norte del estado dejó correr la versión de que los ataques a los tres CIAD se debieron a que en ellos se refugiaban integrantes de la banda Los Aztecas, del cártel de Juárez.
Los Aztecas controlan la venta de droga al menudeo en Ciudad Juárez desde 1989, y junto con La Línea -integrada por policías y expolicías- constituyen uno de los brazos del cártel que dirige Vicente Carrillo Fuentes, el cual pretende impedir que el cártel de Sinaloa se apropie de la plaza, apoyado por el recién creado grupo Gente Nueva. Los dos cárteles, el pasado 12 de julio, se atribuían la matanza de 14 personas en el poblado de Creel, Chihuahua.
David Rodríguez Torres, secretario de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, manifiesta acerca de la militarización de la policía municipal:
"Es el resultado de la falta de cumplimiento de los alcaldes, de los gobernadores -incluyendo al del DF- y de la misma PGR. El de aquí es un cuerpo policiaco infectado, gangrenado desde hace muchos años y que hoy requiere ser amputado, porque todos los capos del cártel de Juárez y del de Sinaloa están matándose por la plaza."
Rodríguez Torres promovió en marzo pasado la aplicación del examen de confiabilidad a los policías estatales y municipales.
-¿Es adecuada la militarización, a pesar de las violaciones a los derechos humanos de que se quejan los juarenses?
-Las organizaciones civiles están en contra de la militarización, así como están en contra de que vengan la DEA y la Interpol a investigar narcotraficantes que el gobierno mexicano no investiga. Estamos hartos de gobernadores y alcaldes que se lavan las manos. Aquí la inseguridad está por encima de cuestiones religiosas, políticas y partidistas. Los delitos y homicidios no conocen colores, ni cantos ni oraciones.
"Hace un año (en julio de 2007) se perdían al mes 900 vehículos. Ahora, en julio de 2008, fueron mil 700, para una ciudad de 1.5 millones de habitantes. El robo de 60 coches diarios debe refrescar la memoria a los responsables de dar seguridad al ciudadano", advierte el regidor. l