La guerra, según Bush

En el libro Decision points –que empezó a circular en Estados Unidos– el expresidente George W. Bush describe hechos y decisiones que marcaron su administración, entre ellas las invasiones de Afganistán e Irak y la guerra contra el terrorismo. Reconoce “errores”, pero los justifica: sí autorizó “el submarino” para interrogar a presuntos terroristas, pero lo consideró necesario para obtener información; sí ordenó la invasión a Irak sobre la premisa falsa de que había en ese país armas de destrucción masiva, pero sostiene que hizo lo correcto al derrocar a Sadam Husein…

Bush. Justificaciones.

Alejandro Maciel

SAN DIEGO, 22 de noviembre (Proceso).- Revisé la lista de técnicas de interrogación y había dos que pensé que iban demasiado lejos, aun en el caso de que fueran legales. Pedí a la CIA que no las usaran. La otra técnica era el waterboarding (submarino), un proceso que simula el ahogamiento del interrogado. No me cabe duda que el procedimiento era muy duro, pero los médicos expertos le aseguraron a la CIA que la técnica no provocaba daños permanentes”.

El expresidente de Estados Unidos George W. Bush justifica así la autorización de métodos de tortura que dio a la CIA en marzo de 2002. Lo hace en su libro Decision points, publicado el martes 9: un recuento de los principales acontecimientos que marcaron su administración.

“Cuando el director de la CIA, George Tenet, me pidió autorización para seguir utilizando la técnica del submarino, valoré cuidadosamente esa alternativa. Pensé en las 2 mil 971 personas que fueron arrebatadas a sus familias por Al Qaeda el 11 de septiembre (de 2001) y pensé: demonios, claro que sí”, escribe Bush.

“Bajo mi dirección los abogados del Departamento de Justicia revisaron todos los aspectos legales y concluyeron que el Programa de Técnicas Mejoradas de Interrogación cumplía con todos los preceptos de la Constitución y todas las leyes aplicables, incluyendo aquellas relacionadas con la tortura (…) Las nuevas técnicas probaron ser sumamente efectivas, ya que los prisioneros empezaron a revelar información muy valiosa”, justifica.

No todos están de acuerdo con esas afirmaciones. El exagente de la CIA Robert Baer, quien durante dos décadas estuvo asignado al Medio Oriente, reveló el 19 de abril de 2009 durante una entrevista con MSNBC que los interrogatorios se hacían sin control alguno.

Y sí.

En los memorandos internos de la CIA del 30 de mayo de 2005 se indica que a Khalid Sheikh Mohammed, presunto jefe de propaganda de Al Qaeda, se le practicó el “submarino” 183 veces en marzo de 2003, mientras que al supuesto terrorista Abu Zubaydah se le aplicó la misma técnica en 83 ocasiones en agosto de 2002.

Baer aseguró entonces que “Khalid Sheikh Mohammed quedó al borde de la muerte cerebral y la información que se obtuvo no tenía utilidad alguna”.

Paranoia

A Bush la tragedia del 11 de septiembre de 2001 le cayó, literalmente, del cielo y le permitió reivindicar su imagen, que se encontraba por los suelos después de que llegó a la Presidencia de Estados Unidos en medio de una gran controversia que se resolvió con unos cuantos cientos de votos a su favor en el estado de Florida, donde su hermano era gobernador.

Decision points es un libro de autojustificación y autodefensa del presidente número 43, que en 2008 dejó la Casa Blanca con índices de popularidad muy bajos, sólo ligeramente superiores a los de Richard Nixon, quien fue obligado a renunciar por el escándalo de Watergate.

Bush detalla las horas siguientes a los atentados del 11 de septiembre de 2001. “Empecé a sentir la niebla que cubre la guerra, con reportes contradictorios (...) Había rumores de que habían bombardeado el Departamento de Estado, que había fuego en el National Mall, en Washington; que habían secuestrado un avión de Korean Airlines que se dirigía a Estados Unidos y que había llamadas de amenaza al Air Force One. La persona que había llamado para amenazar el avión presidencial había usado un nombre en código, ‘Ángel’, que muy pocas personas sabían.

“Un reporte que recibí resultó cierto: un cuarto avión había caído en algún lugar de Pennsylvania. ‘¿Lo derribamos o se estrelló?’, le pregunté al vicepresidente Dick Cheney. Nadie sabía nada.”

Bush recuerda que una vez pasada la emergencia de las primeras horas le preguntó a Tenet (director de la CIA) quién estaba detrás de los ataques. “Al Qaeda”, respondió éste.

Las semanas posteriores a los ataques terroristas fueron clave para definir el perfil de la administración de Bush, lo que acarreó profundas consecuencias internas e internacionales.

En los primeros días de octubre de 2001, los estadunidenses –que aún no se reponían de la conmoción por los ataques al World Trade Center– empezaron a sufrir la sicosis de una nueva guerra, pero ahora biológica. La prensa reportó el 2 de octubre de ese año que una persona en Florida había sido infectada por el virus del ántrax. A partir de ese momento decenas de cartas contaminadas con el microorganismo fueron enviadas a las principales cadenas de televisión y a oficinas del Senado.

Estados Unidos entró en paranoia y para Bush toda medida de seguridad era justificada.

“Nuestros servicios de inteligencia en Europa nos dijeron que sospechaban de Irak. Que el régimen de Sadam Husein era uno de los pocos en el mundo que tenía antecedentes de haber utilizado armas biológicas de destrucción masiva y se sabía que en 1995 tenía ántrax”, escribe Bush.

En esos días Tenet informó al presidente que se aproximaba un ataque mayor al del 11 de septiembre de 2001. Le precisó: sería para el 30 o 31 de octubre.

“Ordené al vicepresidente Dick Cheney que saliera de Washington. Yo decidí que debía quedarme en la Casa Blanca. Si era decisión de Dios que muriera en la Casa Blanca, la aceptaba”, afirma Bush.

No hubo ataque alguno. Pero en esos días el procurador general, John Aschroft, dio a conocer el Acta Patriótica. Una legislación que otorgó al gobierno facultades para intervenir llamadas telefónicas, revisar archivos de empresas y ciudadanos, inspeccionar de manera exhaustiva a personas en aeropuertos, intervenir cuentas bancarias y otras medidas que en otras circunstancias se habrían considerado violatorias de los derechos individuales.

La ley fue firmada el 26 de octubre de 2001, 45 días después de los ataques al World Trade Center.

En 2010, una investigación del Departamento de Justicia y del FBI reveló que los ataques con ántrax fueron realizados por el doctor Bruce Ivins, un científico que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y que se suicidó en 2008. El reporte concluyó que Ivins llevó a cabo los ataques por cuenta propia.

La invasión a Irak

Bush inicia el capítulo sobre la guerra contra Irak con la reunión del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que se llevó a cabo el 19 de marzo de 2003.

Luego reflexiona: “Durante más de un año había tratado de evaluar el tamaño de la amenaza que constituía Irak, pero cuando Don Rumsfeld, secretario de Defensa, me dijo ‘nuestras fuerzas están listas’, me di cuenta de la gravedad del momento (...) El 8 de noviembre (de 2002) ya habíamos obtenido la resolución 1441 de la ONU con una votación unánime de 15 a 0. Sadam tendría una última oportunidad para cumplir con las exigencias de la comunidad internacional. La resolución puso en claro que la responsabilidad de probar que no tenía armas de destrucción masiva ya no era de los inspectores de la ONU, sino de Sadam Husein”.

Ya entonces no había poder humano que lo convenciera de que probablemente Husein no tuviera las armas de destrucción masiva. Bush afirma que los servicios de inteligencia de Estados Unidos aseguraban que el líder iraquí las tenía. Ni siquiera el informe que Hans Blix, jefe de inspecciones de armas de las Naciones Unidas, entregó el 27 de enero de 2003 al Consejo de Seguridad de la ONU logró convencerlo:

“Desde que llegamos a Irak hemos realizado más de 400 inspecciones cubriendo más de 300 sitios. Las inspecciones se han realizado en zonas industriales, depósitos de armas, centro de investigación, universidades, sitios presidenciales, laboratorios móviles, casas privadas, fábricas de producción de misiles, campos militares y áreas agrícolas. Con base en lo visto puedo decir que por nuestra experiencia, Irak ha decidido en principio cooperar con el proceso”, dijo Blix en esa ocasión.

Independientemente del informe Bush ya tenía firmes sus planes de guerra. “El 7 de septiembre de 2002 llamé en Camp David al equipo de Seguridad Nacional para darles a conocer mi decisión. 51 semanas antes nos habíamos reunido en ese mismo sitio para planear la guerra de Afganistán, ahora estábamos ahí, en el mismo salón tratando de encontrar un camino para eliminar la amenaza de Irak. Les di a todos la oportunidad de exponer sus puntos de vista. Dick Cheney recomendó que reiniciáramos el caso contra Sadam, que le diéramos entre 30 y 60 días para cumplir con nuestras demandas. Si no lo hacía, lo desarmaríamos. ‘Es tiempo de actuar’, dijo Cheney. ‘No podemos posponer esto un año más. El régimen de inspecciones no resuelve nuestros problemas’. Colin Powell (secretario de Estado) insistía en una resolución de la ONU. ‘Si llevamos el caso a la ONU podemos obtener aliados; si no, tenemos que actuar de manera unilateral y no tendremos el apoyo internacional para ejecutar nuestros planes militares’”.

Según Bush, las agencias de seguridad estadunidenses clasificaron de la siguiente manera las amenazas a Estados Unidos: Estados que patrocinaban el terrorismo, Estados que eran enemigos jurados de Estados Unidos y Estados con gobiernos hostiles que amenazaban a sus vecinos. “Irak combinaba todas esas amenazas –escribe Bush–. Sadam Husein no era sólo un enemigo jurado de Estados Unidos, había disparado en contra de nuestros aviones, había hecho una declaración celebrando el ataque del 11 de septiembre de 2001 y había intentado asesinar a mi padre”.

Continúa: “A fines de enero (de 2003), durante una visita de Tony Blair (primer ministro de Gran Bretaña), llegamos a la conclusión de que había llegado el momento de que Husein encarara las consecuencias de sus actos. Se introdujo una petición para una segunda resolución de la ONU, para que Blair pudiera enfrentar la presión política de ir a una guerra aliado con Estados Unidos. Por petición de Blair hice un último esfuerzo para persuadir a México y a Chile, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, para apoyar una segunda resolución.

“Mi primera llamada fue a Vicente Fox. La conversación fue directa. Le dije que quería aconsejarle que no se aliara con la posición francesa que no nos respaldaba. Me dijo que lo pensaría y que me hablaría para darme a conocer su decisión. Pasó una hora, entonces Condi (Condoleezza Rice, asesora de Seguridad Nacional) me dijo que había escuchado en la embajada que Vicente Fox había ingresado a un hospital para una cirugía de espalda. No me volvió a llamar para hablar del tema.

“Mi conversación con el presidente Ricardo Lagos de Chile no fue mejor. Habíamos ya negociado un tratado de libre comercio que esperábamos fuera aprobado por el Congreso, pero la opinión pública en Chile estaba en contra de una potencial guerra, y Ricardo estaba seguro de no apoyarla. Me dijo que deberíamos darle a Sadam otras dos o tres semanas. Le pregunte una vez más cómo iba a votar en la Asamblea de la ONU y me dijo que lo haría en contra.”

El 17 de marzo de 2003, el embajador de Estados Unidos en la ONU, John Negroponte, retiró la propuesta para una segunda resolución del Consejo de Seguridad debido a que no contaba con los suficientes votos para ser aprobada.

“Esa noche dirigí un mensaje a la nación: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no asumió su responsabilidad, por lo que tendremos que asumirla nosotros. Sadam Husein y su hijo tendrán que salir de Irak en un plazo de 48 horas. Si no lo hace, provocará un conflicto militar...

“En ese momento –recuerda Bush– estaba convencido de que la vía diplomática y la militar habían confluido ya en un mismo cauce y que la decisión de la guerra estaba ya en manos de Sadam.

“El miércoles por la mañana reuní al Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y di la orden de lanzar la operación Irak Freedom. En las dos primeras semanas las cosas ocurrieron tal y como lo teníamos planeado y en menos de 20 días nuestras tropas estaban en Bagdad.”

Todo iba a pedir de boca. “En ese momento Tommy Franks (general en jefe de la invasión a Irak) sentía que había concluido una fase de la guerra y que estaba por empezar otra. Como una forma de mostrarlo, el 1 de mayo de 2003 me subí a un jet militar y aterrice en la cubierta del USS Lincoln y les dije: ‘Americanos, las mayores operaciones de combate en Irak han terminado’. No me había dado cuenta que atrás de mí había una gran lona que decía ‘misión cumplida’, y que estaba dirigida a los marinos que volvían a casa, no a la misión en Irak. Pero fue percibido como una declaración de victoria”.

En efecto, la frase “misión cumplida” se volvió contra Bush cuando las cosas salieron mal en Irak. “Mi discurso hizo claro que estábamos muy lejos de haber terminado, pero todas las explicaciones no pudieron revertir la percepción de que estábamos declarando victoria antes de tiempo. Ese fue un error muy grande”, reconoce.

Luego cuenta que “cuando Sadam no utilizó las armas me sentí aliviado, pero no encontrarlas me sorprendió. Cuando pasó todo el verano sin encontrar ninguna arma, me empecé a alarmar. La prensa empezaba a levantar cada vez con más fuerza la pregunta ¿dónde están las armas de destrucción masiva? Yo me preguntaba lo mismo. Los militares y los equipos de inteligencia me aseguraron que las estaban buscando. Examinaron los lugares en los que Sadam había guardado armas durante la Guerra del Golfo. A través de la CIA seguimos cientos de pistas y denuncias. Buscamos bajo un puente en el río Éufrates, excavamos cientos de millas de túneles y nada...”.

Confiesa: “Sabía que no encontrar las armas iba a cambiar la percepción de la guerra, aunque el mundo era indudablemente más seguro sin Sadam, la realidad es que enviamos a miles de soldados a la guerra basados en una información que resulto falsa. Eso fue un golpe a nuestra credibilidad, a mi credibilidad (…)”.

Un mundo sin mando: ¿Multipolaridad o anarquía?

Barack Obama, presidente de E.U.

Orlando Delgado Selley

MÉXICO, DF, 19 de noviembre (apro).- La Cumbre del G-20 realizada la semana pasada en Seúl fracasó. Las diferencias entre China y Estados Unidos impidieron que se alcanzaran acuerdos que detuvieran la ‘guerra de divisas’. Ni siquiera pudieron lograrse definiciones precisas para instrumentar la aplicación del acuerdo logrado en Basilea el mes pasado sobre las grandes empresas financieras. La cumbre ha evidenciado que hay más diferencias que acuerdos, pero ha mostrado algo de mayor importancia: en este mundo globalizado no hay mando. El reinado de Estados Unidos se terminó. Hay diversos agrupamientos de países, pero circunstanciales, como el formado frente a la decisión de la Fed, o el que busca mayor representación en el FMI y en el Banco Mundial, o el de la unión monetaria europea.

Estos grupos tienen acuerdos específicos, momentáneos. Lo que no hay es acuerdos de largo plazo. Por eso, puede decirse que está en cuestión si el propio G-20 tiene sentido. Este organismo, aunque nació en 1999 para enfrentar la inestabilidad financiera provocada por la crisis asiática de aquellos años, fue reanimado por Estados Unidos como un foro con mayor capacidad y representatividad que el G-7, que reunía a los grandes países desarrollados (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), y también que el G-8, que sólo crecía con la incorporación de Rusia. El G-20 podía actuar coordinadamente ante el estallido de agosto de 2008.

El G-20, curiosamente, no está constituido por 20 países sino por 19 más la Unión Europea. Los países miembros son 16 de los 18 de mayor tamaño en el mundo actual (Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil, Canadá, Rusia, India, Australia, México, Corea del Sur, Turquía e Indonesia, ordenados por su PIB en dólares), más otros tres de menor peso económico (Arabia Saudita, Sudáfrica y Argentina). A este grupo se ha sumado a empujones España, que no fue convocado, pero que desde la primera reunión se hizo invitar por la Unión Europea y, a fuerza de asistir, ya se considera invitado. (En la foto oficial, sin embargo, Rodríguez Zapatero siempre sale atrás, junto con los titulares del FMI, OCDE, OIT, Banco Mundial y otros organismos multilaterales).

Convocados por Estados Unidos, el grupo se reunió en Washington en noviembre de 2008, dos meses después de que Lehman Brothers, el banco de inversión estadunidense número dos del mundo, cayó en quiebra y provocó que en un día se perdieran 500 mil millones de dólares. Esa reunión, que por primera vez tuvo la asistencia de los jefes de Estado del grupo, llegó a dos acuerdos: uno que resultó de gran importancia y que contradecía la ortodoxia económica hasta entonces dominante en el mundo, y que consistió en inyectarle a las economías 2 billones de dólares, dos millones de millones de dólares. La novedad radicaba en que esa cantidad de dinero no se inyectaría en operaciones de los bancos centrales, sino con gasto público. El otro acuerdo fue reformar al sistema financiero internacional para reducir su vulnerabilidad.

Estímulo económico al viejo estilo: no para los bancos sino repartido entre consumidores y empresas productivas. En la declaración de Washington, los jefes de Estado anotaron que “hemos tomado medidas duras y significativas para estimular nuestras economías, proveer liquidez, fortalecer el capital de las instituciones financieras, proteger el ahorro y los depósitos, enfrentar las deficiencias regulatorias, descongelar los mercados de crédito…”

La heterodoxia se justificaba ya que las economías iban en picada y lo urgente era detener la caída. La cantaleta de que el mercado era capaz de corregir los problemas ya no funcionó. Había que actuar y lo que el G-20 logró fue que los gobernantes de los países miembros aceptaran que, primero, había que estimular fiscalmente la demanda interna y, después, cuando la recuperación se consolidara, ocuparse de la sustentabilidad fiscal.

La situación en el momento de esa reunión en Washington era claramente desesperada. Con facilidad se construyó un acuerdo, en el que participaron incluso los promotores mundiales de la ortodoxia, los del Fondo Monetario Internacional, que hasta cambiaron de discurso.

En la siguiente reunión, en Londres, en marzo de 2009, ya con el presidente Obama en la Casa Blanca, la crisis no solamente se mantenía, sino que empeoraba. Aunque había quién decía que esta crisis era apenas la mitad de la de 1929, se pudo demostrar que era mucho peor. Un artículo que se hizo famoso, escrito por Barry Eichengreen y Kevin O’Rourke en esas fechas, mostró que la trayectoria de la crisis era bastante peor.

En esa segunda reunión, de Londres, de nuevo se reconoció que “la expansión fiscal está proveyendo un apoyo vital al crecimiento y al empleo. Actuando juntos fortalecemos el impacto de las excepcionales medidas anunciadas, las que deben implementarse sin demora. Estamos comprometidos a mantener el esfuerzo el tiempo necesario para restaurar el crecimiento…”

El otro acuerdo para reformar el funcionamiento de las empresas financieras se mantenía, pero al entrar en detalles las diferencias afloraron: los de la Unión Monetaria Europea que demandaban la aplicación rápida de mayores controles, fueron detenidos por Estados Unidos y el Reino Unido. En esta reunión surgió un tercer acuerdo: modificar la estructura de gobierno del FMI y del BM para dar mayor voz y representación a las economías emergentes.

En Pittsburg, la siguiente reunión, el discurso cambió. La declaración de los jefes de Estado era elocuente: “Nos encontramos en medio de una transición crítica entre la crisis y la recuperación que dé vuelta a la página de una era de irresponsabilidad y que adopte una serie de políticas, regulaciones y reformas que enfrenten las necesidades de la economía global del siglo XXI”. Aunque aún se carecía de información dura que permitiera afirmar que la crisis se estaba superando, ya era claro que la acción fiscal de los gobiernos del mundo desarrollado y en desarrollo empezaban a lograr su principal cometido: detener la crisis.

Hubo, por supuesto, gobiernos como el mexicano que prefirieron mantener sus finanzas públicas “sanas”, ignorando los acuerdos que suscribió, pese a que la crisis golpeaba duramente a sus poblaciones, con los resultados que conocemos: reducción del PIB mexicano en 2009 de 6.5%.

Hubo señalamientos especialmente duros: “Debemos asegurarnos que nuestros sistemas regulatorios bancarios reinen sobre los excesos que condujeron a la crisis. No podemos permitir que se mantenga el comportamiento descuidado y carente de responsabilidad que condujo a la crisis en el sistema bancario”. Una consecuencia de este razonamiento fue plantear que se incrementaran los requerimientos de capital para los bancos, se discutiera la implementación de medidas para que hubiera prácticas compensatorias y terminara la toma excesiva de riesgos, mejorara el mercado de derivados y se desarrollaran mejores herramientas para evitar que las grandes empresas tomaran riesgos mayores.

El tema de las grandes empresas que no podían quebrar (las llamadas TBTF, too big to fail) apareció. Un problema era la discusión sobre si esas TBTF debían existir, esto es, los gobiernos podrían plantearse evitar la concentración de grandes empresas financieras, de modo que al no existir no habría que ocuparse de esas grandes entidades con enorme peso sistémico. El asunto de la modificación de la participación en el gobierno del FMI y del Banco Mundial tomó ya números: aumentar por lo menos 3% el peso del voto de los países en desarrollo y en transición (los antiguos países miembros de la URSS).

La cumbre de Toronto, de junio de 2010, emplazada con una crisis en remisión, ya no fue capaz de producir resultados importantes. La diferencia mayor fue para determinar la prioridad del momento: mantener los estímulos fiscales o bien ocuparse de inmediato en corregir las finanzas públicas. En esa reunión el tema de la deuda griega dominó: desde el mes de diciembre anterior, el nuevo gobierno griego había sido notificado que las agencias calificadoras, preocupadas por la posibilidad de que si no pudieran renovar su deuda al mismo precio tendrían dificultades para cumplir con sus compromisos, rebajaban su calificación. Esa rebaja hizo que las dificultades ‘posibles’ se concretaran, elevando inmediatamente el costo de renovación hasta en 9 puntos porcentuales su diferencial respecto a la deuda alemana.

La historia de la crisis griega, desatada en febrero y enfrentada por los países de la zona euro hasta mayo, puso en primer lugar el tema de las finanzas públicas: déficit y deuda. Las medidas de austeridad, bien conocidas en América Latina desde los años ochenta del siglo pasado, se impusieron en los países de la periferia europea: Portugal, Irlanda, Grecia y España y también en los países fuertes: Alemania, Francia y, meses después, en el Reino Unido. Así que los europeos llegaron a la cumbre de Toronto con la espada desenvainada, pero no pudieron imponer su visión de la escala de prioridades. Estados Unidos y los países emergentes, destacadamente Brasil, China, India y Rusia, plantearon que la prioridad seguía siendo la recuperación. Al final la conclusión de Toronto fue “patear la pelota hacia adelante.”

En la reciente reunión de Seúl se pensaba que se resolverían los problemas de coordinación internacional para que la recuperación económica pudiera dinamizarse. No ocurrió. Al contrario, las diferencias aumentaron. El punto de partida ya no fue la crisis griega, sino la “guerra de las divisas” y la decisión de la Reserva Federal estadunidense de inyectarle 600 mil millones de dólares a su economía. El tema de las divisas, abiertamente discutido en la reunión conjunta del FMI-BM de finales de septiembre, sólo quedó en esa ocasión en la declaración de intenciones futuras para corregir los desequilibrios. Esos desequilibrios no involucran a China solamente, sino que incorporan a Alemania, Japón, Corea, Brasil, Rusia, India. De modo que cuando Timothy Geithner, secretario del Tesoro estadunidense, dijo que había que limitar los superávit comerciales a 4% del PIB, no demandaba que China devaluara, sino que los otros grandes exportadores quedaran bajo el control del FMI.

Era una confrontación entre Estados Unidos y esos países superavitarios. Ya una vez, en 1985, en una reunión celebrada en el hotel Plaza en Nueva York, Estados Unidos forzó a que los entonces países superavitarios, Alemania, Francia, Japón y Gran Bretaña, devaluaran 50% sus monedas para que el déficit en cuenta corriente de Estados Unidos disminuyera. Eran los tiempos en que este país podía imponer “acuerdos”. Pero esos tiempos ya pasaron. En 2010 no puede hacerlo: China no es Japón, ni Alemania está en la misma posición que hace 25 años. El mundo unipolar surgido de la caída del Muro de Berlín y del derrumbe de la URSS duró poco. La historia no terminó. En realidad está empezando una nueva historia, cuya trama es desconocida, pero está claro que no habrá un solo papel estelar sino muchos tendrán papeles estelares.

Comentarios: o_selley2001@yahoo.com

La sonrisa de La Barbie

La detención de La Barbie.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 21 de noviembre (Apro).- Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, es uno de los hombres que más sabe cómo y quiénes desde la política, las fuerzas de seguridad –civiles y militares– y los negocios protegen y fomentan el narcotráfico en México.

Por eso se reía cuando los hombres del superpolicía Genaro García Luna lo presentaron a la prensa como uno de los “grandes golpes” del gobierno mexicano
contra el crimen organizado.

Sabía que en ese momento era parte del juego propagandístico del gobierno de Felipe Calderón y que tarde o temprano estaría de regreso a su país, Estados Unidos, en donde la corte federal del Distrito Este de Louisiana le sigue un proceso por tráfico de drogas.

El narcotraficante, de origen texano, acaba de ser encarcelado el sábado 20 en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México, al concluir su arraigo. El gobierno estadunidense ya solicitó su extradición y es altamente probable que allá se acoja al programa de testigos protegidos, como lo han hecho por años decenas de narcotraficantes colombianos y mexicanos.

En las horas posteriores a su detención, el 30 de agosto pasado, las versiones sobre su captura fueron no sólo contradictorias, sino poco creíbles. García Luna y sus funcionarios de la secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal no hallaban cómo explicar, siquiera con algo de verosimilitud, la manera en que “cayó” La Barbie.

Desde una infracción de tránsito hasta la más sofisticada y prolongada labor de inteligencia intentaron como argumentos de una detención inevitable, no sólo por la presión e información de los Estados Unidos, sino por la condición de aislamiento en que se encontraba en el mapa del narcotráfico mexicano.

La ejecución de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en diciembre pasado en Cuernavaca, a manos de infantes de la Armada de México, marcó también su derrumbe. En su conflicto con Héctor Beltrán Leyva, El H, por el control de la organización, La Barbie se fue quedando solo, sin la protección de otros cárteles.

Tal vez apostó al todo o nada porque ya tenía lo que ahora es su gran carta de negociación: la historia de protección política, militar y policial al narcotráfico
en México y la de los “empresarios” prestanombres encargados de lavar dinero.

Su paso por prácticamente todas las organizaciones importantes del narcotráfico en el país le proveyó de esa información que muy probablemente le dará a Estados Unidos a cambio de la reducción de su pena, además de que pagará algunos de los millones de dólares que durante años obtuvo, en especial del trasiego de droga y dinero entre Colombia y México.

Conoce, sobre todo, la protección que ha tenido el cartel de Sinaloa, en particular Joaquín El Chapo Guzmán en los gobiernos del PAN. En el gobierno de Vicente Fox, cuando el capo sinaloense se escapó de Puente Grande, Jalisco, los hermanos Beltrán Leyva y La Barbie formaban parte de esa organización.

Eran los encargados de las negociaciones con los narcotraficantes en Colombia, según declaraciones de testigos protegidos de ese país en Miami. También estaban a cargo de la compra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, tanto en el sexenio de Vicente Fox como en el de Felipe Calderón.

Valdez Villareal pasó también por el cartel del Golfo, con Osiel Cárdenas Guillén, y de su entonces brazo armado, Los Zetas. Sabe muy bien la historia de la protección oficial que recibieron esas organizaciones en los estados del Golfo, empezando por Tamaulipas, siguiendo en Veracruz y bajando a Tabasco.

La expansión del cartel del Golfo le permitió, con el apoyo de los militares desertores que formaron Los Zetas, llegar a estados como Colima y Michoacán. La
Barbie vio de cerca el surgimiento de La Familia Michoacana, y la red de protección que tuvo desde que se hacía llamar La Empresa, cuando sus sicarios recibieron entrenamiento de Los Zetas.

Valdez Villarreal tiene mucha información de la protección que los gobiernos –federal y estatales– del PAN, el PRI y el PRD le han dado al narcotráfico. No sólo
en el sexenio pasado, sino en el actual.

Cuando el juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal resuelva la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos, la Casa
Blanca y el Capitolio le seguirán dando a Calderón “todos los juguetes contra el narcotráfico”.

Pero la información sobre la corrupción y la protección oficial del narcotráfico en México durante las presidencias del PAN se guardará bajo reserva en Estados Unidos.

Los implicados del foxismo y el calderonismo estarán a salvo. La Barbie seguirá sonriendo.

jcarrasco@proceso.com.mx

El Papa y los cien besos

El papa Benedicto XVI.

Sabina Berman

MÉXICO, D.F., 17 de noviembre.- Hoy no voy a escribir de la guerra en mi país, qué alegría. Voy a escribir del Papa y los cien besos. El Papa Benedicto XVI lee sentado en un trono su homilía, en la maravillosa iglesia de la Sagrada Familia, construida por Gaudí en Barcelona; manda a sus feligreses “respetar, y defender de cuanto se le opone, el orden natural de la familia, formada por un hombre y una mujer”, y cinco minutos más tarde sale de la iglesia y lo reciben cien besos, los besos de cien parejas homosexuales, hombres y mujeres que, abrazados en la acera, se besan en los labios.

He puesto en cursivas la palabra natural porque en ella se centra todo el debate de la Iglesia y las sociedades democráticas del siglo XXI.

Natural quiere decir surgido de la Naturaleza sin estorbo. Es decir, no transformado por la cultura. Es decir, no trastocado por los intereses temporales de una cierta organización de una cierta tribu de bípedos mamíferos pensantes.

No es sorpresivo que el Papa use la palabra natural a últimas fechas. Citar la Biblia como fuente autoridad ha llegado a ser odioso para los ciudadanos cultos de las democracias occidentales. La Biblia es un libro repleto de historias y moralejas contradictorias, donde ya nadie, sino el que no la ha leído y sólo cree en ella de oídas, dilucida un mapa ético; y en la palabra natural se viene centrando la esperanza de una nueva moral para el siglo, una moral desprendida de las ideologías políticas o los dogmas de fe y emanada de la biología, del conocimiento de la vida misma.

Una moral: una serie de normas que protejan y acrecienten el bien común de un grupo vivo. O en el nivel individual: una serie de normas que orienten la vida hacia lo bueno y la alejen de lo dañino.

Una moral natural sería aquella que respete la vida y sus leyes y así acreciente su vitalidad.

¿Pero qué diablos es natural y qué no lo es? ¿Acaso podemos saberlo los humanos, desde niños amaestrados en formas culturales, desde niños encerrados en espacios amurallados por el cemento, desde niños amaestrados para estar sentados en pupitres pensando y pensando horas y horas en asuntos no naturales?

Sin duda podemos saberlo, gracias a la observación de la vida fuera de nuestra jaula de pensamiento.

Y en el siglo XXI esto es lo que sabemos, en cuanto al tema que tocó el Papa en su homilía de Barcelona: la familia y los géneros sexuales.

Existen cinco géneros sexuales que se dan en la Naturaleza espontáneamente. Los machos, las hembras, los transgéneros (cientos de especies donde un animal cambia en el lapso de su vida de macho a hembra o viceversa), los homosexuales (hasta ahora son mil 500 las especies donde se han detectado) y los hermafroditas (los individuos con dos géneros sexuales).

(Por eso es tan natural y hermoso que el Papa salga de misa y sea recibido por cien besos homosexuales.)

La organización familiar tiene variedades numerosísimas en la Naturaleza. Las tribus de chimpancés se pliegan al macho alfa, al más fuerte y bravucón. Pero las suricatas obedecen a la hembra alfa, que domina a base de asesinar a las crías de sus hijas. Los pulpos hembras copulan con un promedio de tres pulpos machos antes de elegir con qué semen impregnarán sus huevecillos. Los atunes viven en bancos y, llegado el tiempo de desove, las hembras sueltan sus huevos, que quedan flotando en el agua, y entonces varios machos eyaculan en las nubes del material femenino, dejando al azar la elección del padre, y al conjunto de la tribu, la protección de las larvas.

(Y uno puede seguir y seguir describiendo los distintos tipos de familias que los biólogos han observado en la Naturaleza.)

Resulta que Charles Darwin, el primer naturalista que ofreció una teoría para entender el por qué de la variedad vastísima de los seres vivos, se equivocó. La variedad es mucho más grande de lo que él pudo sospechar hace siglo y medio, analizando la información sobre la Naturaleza de la que disponía en su época. La variedad es tanta, que la única ley universal que parece subyacerla es que sobreviven los individuos y las organizaciones de individuos que se adaptan a la Naturaleza suficientemente bien para no morir en el intento.

Qué hermoso día en Barcelona. Sentado en un trono dorado bajo las cúpulas más naturales que haya diseñado un humano, Gaudí, el arquitecto naturalista, el Papa evoca lo natural como fuente para encontrar un orden en la convivencia de los bípedos pensantes. Antes de esa palabra se equivoca, se equivoca en el tono recriminatorio, en la retórica y el registro intelectual, ambos del pasado medieval, y luego se vuelve a equivocar al recitar de memoria que la familia debe estar formada por un macho y una hembra. Pero da igual. Ya sea un lapsus linguae o una voluntaria aunque diminuta inclusión del presente, el Papa ha pronunciado la palabra natural ante el mundo y hay que guardar esa expresión suya como una semilla posible, como una reliquia rara y afortunada que lo ha alineado, por un instante sólo, con la esperanza de la especie.

Lo escrito ya: cinco minutos más tarde, al salir a la luz natural del día, el Papa es recibido con el restallar sucesivo de cien besos naturales de cien naturales homosexuales bípedos.

Hacia "Mexicanita de Aviación"

El tiempo se acaba para Mexicana de Aviación y los sindicatos del ramo aeronáutico están entrampados en la discusión de cuál de las tres financiadoras que compiten por la aerolínea es la más viable. Si el próximo mes Mexicana no vuelve a volar perderá, entre otras cosas, las rutas al extranjero; se volvería una compañía doméstica… una “Mexicanita de Aviación”.

En la pista “Mexicanita de Aviación”

Rosalía Vergara

La discusión sobre cuál financiadora es la más viable para relanzar a Mexicana de Aviación metió a los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra en un conflicto que podría dar al traste con la operación de la aerolínea, pues cada sector apoya proyectos distintos.

Si Mexicana no vuelve a volar a mediados de diciembre, se le terminarán los permisos para los slots (los horarios de uso de pista) y las rutas a Estados Unidos. De ser así, dicen representantes de los sindicatos, la empresa podría viajar sólo dentro del país y se convertiría en una “Mexicanita de Aviación”.

Las financiadoras que concursan por el control de la aerolínea más antigua de México son PC Capital, TG Group y BMC. Todas presentaron planes de negocios para echar a volar la aerolínea, pero para Gerardo Badín Cherit y Javier Christlieb, conciliador y administrador del concurso mercantil respectivamente, la primera de esas empresas es la mejor opción.

Actualmente Mexicana, del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), pertenece a Tenedora K, empresa que asumió la pérdida de su primera inversión luego de comprobar la inviabilidad de operación de la aerolínea.

NGA tiene 99.98% del capital de la Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe (Click), Mexicana Inter (Link) y Mexicana MRO, entre otras. Posee 62 aeronaves, de las que las arrendadoras solicitaron la devolución en tanto no haya un plan de negocios viable. Sus pasivos suman alrededor de 17 mil millones de pesos.

Al 13 de octubre de 2010 se le retuvieron a Mexicana de Aviación 1 millón 175 mil 263 pesos por deudas con Banorte, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y otras instituciones crediticias. Además, tiene mil 42 millones 614 mil 48 pesos de adeudos con el gobierno federal por concepto de impuestos y cuotas al IMSS.

El pasado 2 de agosto, Mexicana de Aviación presentó una solicitud de concurso mercantil para reestructurar sus pasivos y adecuar su estructura de costos laborales. Un juez aceptó la solicitud el 7 de septiembre.

Luego, notas de prensa difundieron que Grupo Ixe, dirigido por Enrique Castillo Sánchez Mejorada, sería un eventual comprador, aunque en realidad fungiría como banco de inversión. Esta propuesta se realizó con la asesoría del exsecretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán.

Recuento de daños

De acuerdo con el documento Situación de Nuevo Grupo Aeronáutico (Grupo Mexicana), elaborado por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), a dos meses de la suspensión de operaciones de la aerolínea, las afectaciones son las siguientes:

Se perdieron 8 mil 687 empleos directos, aproximadamente 3% de los empleos formales creados desde enero de 2009, según estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 34% de las fuentes de trabajo en la industria del transporte aéreo nacional.

A escala nacional se estima que se perdieron entre 80 mil y 100 mil empleos indirectos de 85 proveedores de NGA: transportación terrestre, equipajeros, hoteles, restaurantes, locales comerciales, agencias de viajes, arrendadoras de autos, entre otros.

Además, se estima que al cierre de este año se dejarán de transportar 3.4 millones de pasajeros de rutas domésticas, es decir, 28.5% del mercado nacional, así como 2.1 millones de pasajeros internacionales: 18.5% del mercado. Se ha dejado de dar servicio a 123 ciudades de origen y destino de pasajeros.

Los pasivos totales de Mexicana de Aviación, de acuerdo con este documento, suman 15 mil 75 millones 927 mil pesos. La deuda con Bancomext asciende a 991 millones 967 mil pesos y con Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano es de 160 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que cita el reporte.

Para los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra las alternativas de solución al problema pueden ser la requisa, la asignación de una partida del Presupuesto o la exhortación al Ejecutivo para que el gobierno rescate a la aerolínea, renegocie su deuda o que la SCT proteja las rutas, slots e instalaciones aeroportuarias.

Se calcula que echar a volar de nuevo a Mexicana de Aviación costará 985 mil millones de pesos.

Gana el menos peor

Lizette Clavel, dirigente de la ASSA, asegura en entrevista con Proceso que a pesar de que por el anunciado recorte de personal no le gusta la propuesta de PC Capital, ésta es la más viable, pues las de TG Group y BMC son inoperantes. PC Capital es un fondo de inversión recientemente creado, dirigido por el empresario Pablo Coballasi, que pretende operar con 30 aeronaves y recortar 75% de la planta laboral.

El asesor de PC Capital es Arturo Barahona, quien dirigió Aeroméxico (1994-2004) y el 20 de mayo de 2010 se incorporó al Consejo de Administración de Mexicana de Aviación como asesor de la Dirección General, que en ese momento recaía en Manuel Borja Chico, del Grupo Posadas, consorcio hotelero de Gastón Azcárraga.

Azcárraga es el anterior propietario de la aerolínea y planeó llevarla a la quiebra como una manera de “sanearla” para operarla con una nueva razón social, sin deudas ni pasivos laborales y a costa de los contratos colectivos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra (Proceso 1762).

En el Consejo de Administración del Grupo Posadas está Grupo Ixe y el vínculo con PC Capital se da por conducto de Iñaki de Abiega Pons, director general de Ixe Casa de Bolsa y analista de negocios en PC Capital, y Ezequiel Padilla, quien trabajó nueve años en Protego Asesores, empresa de Pedro Aspe.

Otro nombre es el de Gabriel Araujo, también asociado de Finanzas Corporativas para el Grupo BBVA, además de Julio Sánchez, exanalista de Everis México, quien colaboró con el gobierno mexicano en la redefinición del Presupuesto de Egresos y que también trabajó en la industria hotelera.

También figura Pablo Cervantes, exconsejero de Kuo e hijo de Pablo Cervantes Belausteguigoitia, exdirector de Grupo Kuo, cuyo vicepresidente es Valentín Díez Morodo. Cervantes fue banquero de inversión en Ixe en México y en IP Morgan en Nueva York.

En Grupo Kuo confluyen personajes como Enrique Castillo Sánchez Mejorada y Carlos Aguilar Villalobos, de Ixe; Asunción Aramburuzabala Larregui, de Modelo e ICA; Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, de Pemex; Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México; Ángel Losada, de Grupo Gigante; Georgina Kessel, secretaria de Energía, y Lorenzo Zambrano, de Cemex.

En el informe elaborado por ASSA, ASPA y el SNTTTASS se resaltan las diferencias entre las propuestas de PC Capital, BMC, TGG y Rokaso (aunque esta empresa ya salió de la negociación).

PC Capital es la que pretende trabajar con menos recursos: 30 aviones, mil 672 empleados, comenzaría a operar el 1 de enero de 2011 con una sola aerolínea e invertiría mil 600 millones de pesos; pero para entonces los permisos de slots y rutas a Estados Unidos estarían vencidos.

En cuanto al tratamiento del pasivo laboral, propone pagar 975 mil millones en efectivo, 926 mil millones diferidos a siete años con 7% de interés anual y 2 mil 851 millones capitalizados en acciones; además nuevos contratos colectivos de trabajo con vigencia de seis años sin incrementos salariales en los dos primeros de operación, pues “busca competitividad similar a la de Volaris e Interjet”.

El plan de PC prevé reiniciar con vuelos a Monterrey, Guadalajara, Cancún, Ciudad de México, Tijuana y Tuxtla Gutiérrez, además de Los Ángeles, San José, Houston, Chicago, Nueva York y San Francisco, en Estados Unidos, y alguna ciudad de Canadá.

Para esto plantea recortar 75% de la planta laboral de la aerolínea, liquidar a pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra con 25% de pago en efectivo, 25% en un pagaré y el resto sería un problema que tendrían que capitalizar los propios trabajadores.

Para los secretarios del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, es la mejor opción.

TG Group y BMC

El SNTTTASS apoya la propuesta de TG Group, respaldada por la aerolínea Taca, de Juan Carlos Torres, pues éste es compadre del dirigente sindical Miguel Ángel Yúdico, según él mismo lo planteó durante un plantón realizado en la Terminal 2, cuentan las sobrecargos. Y así se lo dijeron Torres y Yúdico a Lizette Clavel.

Y BMC, dirigida por Gabriela Bastida Martínez, tiene el apoyo de la ASPA. El plan de negocios y reestructuración de esta empresa –del que Proceso tiene copia– indica que rescatará a 85% del personal de la aerolínea y el restante 15% quedará sin ocupación hasta que mejore la situación, para recontratarlos.

Dice que el contrato colectivo de trabajo de pilotos y sobrecargos se reduciría 40%, pero se queda todo el personal de mantenimiento: unos mil 600 mecánicos.

Comenzaría a operar el 8 de diciembre con 59 aviones y desbarataría Link, la aerolínea de bajo costo que no es rentable. Las rutas serían Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y el Caribe, por ser las más prometedoras.

Con este plan de negocios, dice, pretende afectar lo menos posible a 8 mil trabajadores directos de Mexicana de Aviación y ayudar a los empleados satelitales de la Terminal 1, que ya se conoce como “la terminal fantasma”.

Para Clavel “es plan con maña”, porque no le parece confiable que alguien tenga recursos para operar una aerolínea en riesgo de quiebra. En su opinión parece que el objetivo es que en tres meses se retracten del financiamiento y dicten la quiebra. Destaca que la propuesta de BMC es similar a la de TG Group.

Los inversionistas de BMC son Luis Eduardo Martínez Guzmán y Pedro Abid Checa Acra “con sus respectivos asociados”. El asesor es Jorge Bastida, padre de Gabriela, la directora.

Sobre Jorge Bastida, Proceso (1116) señaló: “Según las autoridades hacendarias y judiciales su labor consiste en lavar dinero del narcotráfico, al servicio de un consuegro que después se le murió, Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos”.

En la edición 1751 de este semanario se le vinculó con el panista Diego Fernández de Cevallos, secuestrado desde hace un par de meses. “El panista resultó ser defensor de Jorge Bastida Gallardo, un empresario de la construcción identificado como consuegro del capo Amado Carrillo Fuentes”, indica el reportaje. En su edición 1225, Proceso se refirió a Bastida Gallardo como “un inversionista que de la noche a la mañana apareció como fuerte accionista del banco Anáhuac y a quien, a su vez, se le relacionó con el capo Amado Carrillo Fuentes”.

Sin embargo, el 14 de marzo de 2004 el diario La Jornada informó que desde 1997 la Procuraduría General de la República desestimó el involucramiento de Bastida Gallardo en operaciones de lavado de dinero.

Pese a todo, en su plan de negocios le entregarían 5% de las acciones a la ASPA, que ya firmó a favor. Iniciarían la operación de compra de capital por 2 mil millones de pesos generados por la aportación de los socios y créditos de instituciones financieras nacionales e internacionales. A los proveedores clave se les pagarían mil 650 millones de pesos y los contratos colectivos serían renegociados.

TG Group y BMC reclaman que el gobierno federal no les ha confirmado la inviabilidad de sus propuestas. Se enteraron de que no serían beneficiados por la prensa y por un comunicado fechado el 9 de octubre y firmado por Javier Christlieb, en su carácter de administrador, donde informa que “previa opinión de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Trabajo y Previsión Social”, PC Capital es la opción más viable para el reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación.

“PC Capital es un grupo financiero serio y sólido, de gran experiencia en operaciones financieras, especializado en fusiones y operaciones corporativas, que ofrece un plan de negocios realista y sustentable que garantiza la viabilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo y, sobre todo, la estabilidad en la fuente de trabajo”, apunta el comunicado de Christlieb.

Además, se dice que la aerolínea comenzaría a operar a mediados de diciembre y reconoce el pasivo laboral “de todos los empleados”, entre otras cosas.

Esto contradice el documento Situación de Nuevo Grupo Aeronáutico (Grupo Mexicana), que afirma que PC Capital comenzaría a operar el 1 de enero de 2011. De ser así, Mexicana ya sólo tendrá permisos para operar en territorio nacional. Sería “Mexicanita de Aviación”, aseguran pilotos y sobrecargos.

Victoriano Huerta, el traidor sobreviviente

Victoriano Huerta. Admiración.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 22 de noviembre.- Si Victoriano Huerta y su red de secuaces pensaron que la historia los absolvería, se equivocaron. Sus nombres han sido y seguirán ligados a la más baja actitud en el espectro cristiano de la existencia: la traición.”

Tal dijo Enrique Krauze –Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010 en el campo de la historia– hace 17 años, con motivo del octogésimo aniversario del asesinato de Madero, a manos de los esbirros de la fiera de Colotlán. Asombrado, he visto cómo el equivocado fue Krauze. Huerta es admirado, “mucho” o “algo”, por 41% de los entrevistados en una encuesta levantada en vísperas de celebrar el centenario del comienzo de la Revolución.

El Grupo Reforma –que publica el diario de ese nombre en la Ciudad de México, así como El Norte, en Monterrey, y Mural en Guadalajara– realizó ese sondeo por el 5 y 6 de noviembre. “Los resultados son representativos de los adultos que tienen una línea telefónica en su domicilio”, se explica en la nota metodológica. No sorprende que los protagonistas de la Revolución más admirados sean Zapata y Villa, por encima de Madero. Me dejó estupefacto, en cambio, que un porcentaje tan alto –cuatro de cada 10– admiren al traidor de febrero de 1913, si bien esa cifra es menor que la de los encuestados que lo execran, que llega al 46%.

Quizá aferrado en exceso a mi subjetividad, me parece que es necesario explicarnos lo que juzgo una anomalía, que lo es no condenar de modo unánime a ese chacal. Ese error moral puede deberse a ignorancia, es decir, a no saber quién fue Huerta, qué hizo y a quién. También podría ocurrir que ese resultado sea producto de la confusión, y que la gente que dijo admirar a Victoriano Huerta haya creído opinar en favor de Adolfo de la Huerta, el sonorense que rompió con Obregón, su amigo y jefe, 10 años después de la felonía del jalisciense.

Sería más sorprendente, sin embargo, que la admiración por Huerta proviniera de la información de que dispone el grueso de la sociedad, una información que trate con lenidad al asesino de Madero. En refuerzo de esa hipótesis recuerdo la normalidad con que el secretario de Gobernación Carlos Abascal ordenó incluir al traidor en la galería de sus antecesores, como si hubiera ocupado ese cargo en circunstancias normales, que no fueran producto de un forzamiento militar. En esa misma línea de la interpretación panista de la historia, encuentro natural el modo benevolente en que la página oficial del centenario de la Revolución, el sitio del gobierno de la República presenta la ficha biográfica de Huerta.

Afirma que participó “en la pacificación de Yucatán en 1901”. Ese es el modo porfirista de referirse a la gran matanza de indios mayas ordenada desde el centro y ejecutada con gran brutalidad por Huerta, que con la experiencia de ese lance también incurrió en genocidio contra el pueblo yaqui. Es peor, sin embargo, el perdón que la historia oficial del presente extiende a Huerta. Lo llama “presidente interino”, en vez de llamarlo sencillamente “espurio”, pues si bien el Congreso le extendió el nombramiento, lo hizo forzado por el peso del Ejército al que Huerta había vuelto contra su jefe legítimo.

Taimado, Huerta había transitado de su condición de alto comandante del Ejército federal a ganar la confianza de Madero. Cuando el 9 de febrero de 1913 se inició lo que pretendía ser la contrarrevolución, la restauración del antiguo régimen con Bernardo Reyes a la cabeza, en el ataque de un batallón de la escuela de aspirantes al Palacio Nacional el defensor del baluarte, el fiel general Lauro Villar, fue herido, por lo que se hizo necesario reemplazarlo. Para ello, según refiere Vasconcelos en su Ulises criollo, Madero aprovechó “el ofrecimiento que en ese instante hizo de su espada el general Victoriano Huerta. De momento se había convertido así en el jefe militar del país”.

Impedidos de tomar la sede del gobierno, a la que llegó Madero para simbolizar que estaba en pleno ejercicio del poder, los rebeldes encabezados por el sobrino de su tío, Félix Díaz, y por el también traidor general Manuel Mondragón, se hicieron fuertes en la Ciudadela. Desde allí atacaron el Palacio Nacional. Huerta no combatió con toda su fuerza a los alzados: “Aun para los que no estaban acostumbrados a observar el desarrollo de una acción militar –reflexionó el después general Francisco L. Urquizo–, la batalla por la recuperación de la Ciudadela ya estaba resultando un tanto rara, extraña, fuera de lo que era natural que de ella se esperara, sobre todo si se tomaban en cuenta las declaraciones que reiteradamente había hecho el comandante militar de la plaza y jefe de las operaciones en la ciudad, general Victoriano Huerta, quien había asegurado una y otra vez, ante quien quiso oírlo, que tomar posesión de la Ciudadela y acabar con sus defensores era una operación sumamente sencilla y que no entrañaba ningún peligro de fracaso”.

Semejante extrañeza manifestó Vasconcelos mientras los sucesos ocurrían: “¿Por qué, pregunté dirigiéndome al ministro de Guerra tras uno de esos disparos, por qué los sublevados tienen tan buena puntería y en cambio los nuestros nunca le pegan a la Ciudadela? ¿Por qué no asaltan y acaban en dos horas con ese manojo de ratas?, insistí. Es una vergüenza que 400 hombres tengan en jaque a toda la nación que está en paz y apoya al gobierno”.

Era que la traición estaba en curso. El historiador Stanley R. Ross fija su consumación a pocas horas después de iniciada la Decena Trágica, como se llamó al tenso e intenso periodo del 9 al 22 de febrero: “El martes 11, a las 10.30 de la mañana, escasamente 15 minutos después de que empezó la ofensiva federal, el general Huerta y Félix Díaz conferenciaban (…) El primer fruto del pacto se produjo en las horas avanzadas de la tarde, cuando a un destacamento de las fuerzas rurales se le ordenó avanzar al descubierto sobre la calle de Balderas. Las ametralladoras de los rebeldes de la Ciudadela (…) hicieron pedazos la cerrada formación de los rurales”.

Alfonso Taracena retrata, como si hubiera estado presente, la dimensión del fingimiento del traidor ya en obra: “Un armisticio concertado al amanecer es roto a las 2.00 de la tarde, debido a que no se llega a un acuerdo para la introducción de víveres en la Ciudadela, si bien Huerta dice a Madero que debían enviar a los sublevados hasta mujeres y licores para que cuando la fortaleza caiga no quede uno de ellos en toda la ciudad. Y levanta al presidente diciéndole: ‘Está usted en brazos del general Victoriano Huerta’”.

El 18 de febrero se precipitan los acontecimientos. Huerta se descara y arresta personalmente a Gustavo A. Madero, hermano del presidente, conocido por su influencia sobre don Francisco, y a éste mismo, en el Palacio Nacional. Para garantizar la paz según su modo de entenderla, el embajador estadunidense Henry Lane Wilson reúne en su oficina al rebelde Díaz y al infidente Huerta. El acuerdo entre ambos estaba siendo puntualmente cumplido, pero el diplomático metiche quiso ser parte y beneficiario del convenio. Allí se firmó el Pacto de la Embajada, según el cual Huerta asumiría la Presidencia y convocaría a elecciones que ganaría el sobrino del dictador huido a Francia; los intereses estadunidenses quedarían bien preservados en uno y otro caso.

El 19 de febrero Madero y el vicepresidente Pino Suárez, prisioneros en Palacio, son obligados a renunciar. Una Cámara entre timorata y temerosa acepta las dimisiones. El secretario de Gobernación, Pedro Lascuráin, suple a los renunciantes durante 45 minutos, suficientes para nombrar secretario de Gobernación a Huerta, que ha urdido toda la trama. Lascuráin se retira y Huerta es presidente. Que los reaccionarios en 1913 y en 2010 lo llamen “interino” no lo libra de su verdadero carácter de espurio.

Su felonía irá aún más lejos. Huerta mismo y el embajador de Washington engañan al cuerpo diplomático y a la familia de Madero, a quienes aseguran que el expresidente podrá salir al exilio. En vez de eso, Huerta ordena el traslado de sus eminentes prisioneros a Lecumberri. Y en el camino, los matones Cárdenas y Pimienta, a las órdenes de Aureliano Blanquet, un feroz traidor casi a la altura de Huerta y acatando instrucciones del espurio, asesinan al presidente y al vicepresidente. Como ocurre en 2010, se simula un tiroteo, y se informa que Madero y Pino Suárez fueron víctimas del fuego cruzado entre sus custodios y una banda que pretendió rescatarlos. Un daño lateral, pues.

Huerta se rodea de gente “decente” que no vacila en servir a un asesino, a quien en vez de vituperar se ensalza por haber salvado a México del peligro que era Madero para el país. En los siguientes meses, el espurio se portó como quien era: “En la persecución a los opositores a su gobierno destacó el asesinato del senador Belisario Domínguez y de los diputados Serapio Rendón y Adolfo Gorrión, así como el encarcelamiento de los integrantes de la legislatura, con el fin de elegir otra que aprobara todas sus medidas”, escribe el doctor Álvaro Matute en la muy sintética visión de esta época aparecida en la Historia de México, un volumen coordinado por la doctora Gisela von Wobeser, directora de la Academia Mexicana de la Historia con que el gobierno de Calderón festejó los centenarios.

“Huerta –continúa– se enfrentó al problema de que a pocos días de tomar el poder hubo cambio en el gobierno de Estados Unidos. El nuevo presidente Wodrow Wilson no aprobó la manera mediante la cual Huerta había llegado al poder y no le otorgó reconocimiento diplomático. Más adelante, ya en 1914, un incidente naval en Tampico, donde fue atacado un barco de Estados Unidos, propició el desembarco de tropas de ese país en Veracruz. Así, el gobierno de Huerta tenía que atacar varios frentes: la intervención, el Ejército Constitucionalista que avanzaba del norte al centro del país, y los zapatistas en el sur.”

Tras sucesivas derrotas militares, Huerta tuvo que renunciar el 15 de julio de 1914 y huyó del país. Pretendió volver año y medio después, y se radicó en El Paso, en una finca de su propiedad. Pero por burlar la ley migratoria (y hacer un guiño de buena voluntad al triunfante carrancismo) fue llevado preso a Fort Bliss. Allí murió víctima de cirrosis hepática. El salvaje bebedor que fue sucumbió al alcohol el 13 de enero de 1916.

En noviembre de 2010, vísperas del centenario de la Revolución que combatió, su recuerdo sobrevive, no sólo para su mal, pues sorprendentemente hay mexicanos que lo admiran.

Qué le vamos a hacer.

Tiranosaurio mex

Salón de sesiones en la SCJN.

Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 22 de noviembre.- ¿En qué se parece la Suprema Corte a uno de los dinosaurios más grandes del mundo? ¿Por qué compararlos, si la Corte tiene su sede en la calle de Pino Suárez y el tiranosaurio habitó la parte occidental de Estados Unidos hace 65 millones de años? ¿Hay alguna afinidad entre una institución que imparte justicia y un reptil del Periodo Cretácico? Las similitudes no son obvias hasta que uno lee el documento elaborado por dos investigadores del CIDE –Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni– y titulado: ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?”. Y allí en blanco y negro se percibe el parecido: la Corte, como el tiranosaurio, es un enorme depredador. Un carnívoro hambriento. Un espécimen que devora recursos de la ciudadanía como los dinosaurios devoraban las aves de su era.

El argumento detrás de esa enormidad es el deseo de asegurar la independencia y la autonomía del máximo tribunal. Antes de la reforma emprendida por Ernesto Zedillo en 1994, la Suprema Corte era una entidad sumisa, doblegada, guardián de los deseos del Poder Ejecutivo. No tenía el tamaño o el peso suficientes para ser considerada uno de los depredadores más feroces; ni a hadrosaurio llegaba. Pero a partir del parteaguas que el presidente impulsó, la Corte comenzó a cambiar en aras de convertirse en un árbitro jurídico creíble y aceptable. Esa tarea incluyó una serie de políticas diseñadas para asegurar su independencia: que los ministros duraran 15 años en el cargo, que sus sueldos no pudieran ser reducidos, que cuando se retiraran tendrían derecho a una pensión vitalicia, que la institución podía elaborar su propio presupuesto para que se incluyera –sin cambios– en el Presupuesto de Egresos, y que el presidente de la Corte tenía la facultad de administrar esos recursos como quisiera.

Y allí está el resultado casi 20 años después: una Corte independiente pero cara, autónoma pero rapaz. La independencia no ha asegurado el buen uso de los recursos. Más bien ha transformado a la Corte en un carnívoro constante que se alimenta a sí misma de forma ineficiente, irracional e ineficaz. En lugar de evolucionar y transformarse en pájaro, la Suprema Corte tan sólo prosiguió con las mismas prácticas del Pleistoceno priista. Y así, mordida tras mordida del presupuesto público, ha llegado a ser la Corte más cara del mundo, sin ser la más productiva o la más generadora de confianza ciudadana. Así como hay 30 especímenes de tiranosuarios rex, en México la Corte despliega un gran número de prácticas asociadas con su conversión en tiranosaurio mex.

Desde el 2003, el presupuesto asignado a la Suprema Corte ha aumentado. En 2009, la Corte gastó entre 40 y 90% más que los Poderes Judiciales en los estados. Hoy la SCJN gasta mucho más que otros tribunales prestigiados en el mundo. La Suprema Corte de Estados Unidos aplica el 37% de lo que ejerce la mexicana. La de Canadá gasta el 15.2% de lo que eroga la nuestra. El Tribunal Constitucional de España usa sólo el 14.4% de los recursos que se embolsa anualmente el de México. Y a pesar de que la SCJN gasta tanto, no es la más productiva. El tribunal constitucional de Perú resuelve 37% más asuntos que nuestra Corte, pero con un presupuesto equivalente a 3% del ejercido por nuestro máximo tribunal.

Y llegamos hasta aquí con una Suprema Corte cara y comparativamente improductiva porque ha seguido las prácticas del viejo régimen, las reglas del juego de la era priista que convirtieron la función pública en una fórmula para la distribución del botín. Para la contratación de familiares. Para la creación de empleos. Para el otorgamiento de favores. Para la institucionalización del patronazgo. Por ello nuestra Corte, con sus 3 mil 116 funcionarios, tiene casi siete veces más personal que la Suprema Corte estadunidense y 45 veces más que el Tribunal Constitucional de Chile. Peor aún: de esas 3 mil 116 plazas, el 75% son para funciones de carácter administrativo y sólo el 25% sirven en funciones sustantivas o jurisdiccionales. La Corte mexicana dispone de 108 secretarios de estudio y cuenta. Pues resulta que el Tribunal Constitucional Español tiene sólo 54 plazas similares, pero con la mitad del número que emplea la nuestra resolvió más casos en el 2009. Nuestro tribunal supremo es tan grande, pesado y aletargado como los fósiles de sus contrapartes dinosáuricas.

¿Y en qué gastan tanto? Pues cada uno de los ministros gana 347 mil pesos netos al mes, más que el presidente de la República, quien percibe 152 mil pesos netos. Gastan más en los sueldos que se otorgan que los ministros en Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, Colombia y Perú. Gastan en pensiones vitalicias que van de 150 mil a 225 mil pesos mensuales. Gastan en seguros de gastos médicos mayores, por los cuales el máximo tribunal eroga de 10 mil a 100 mil pesos anuales por cada ministro, incluyendo a los ya retirados. Gastan una suma diaria de 33 mil 766 pesos presupuestada para alimentos por ministro. Gastan en viáticos para viajes nacionales e internacionales la cantidad de 19 millones 148 mil 457 pesos, que diariamente serían 54 mil 115 pesos por persona. Gastan porque pueden hacerlo.

Los ministros, lamentablemente, habitan ese país paralelo distinto al de la mayor parte de los ciudadanos. En esa otra realidad pueden ser los reyes mejor alimentados, los sultanes más apapachados, los dinosaurios más engordados. Desde su posición privilegiada no tienen que predicar con el ejemplo, dejar de autoasignarse prestaciones excesivas o injustificables, valorar la ética pública o afianzar la confianza ciudadana. Ante los escandalosos datos revelados por el CIDE han respondido con el silencio o la ofuscación. Quizás creen en el viejo dicho que se usa para justificar los sueldos altos: “si pagas cacahuates, obtendrás monos”. El problema no es que hayamos creado monos, pero sí hemos concebido un dinosaurio insaciable. Tenemos una Corte muy cara, mal administrada, con una burocracia demasiado amplia y con sueldos y prestaciones excesivas para los altos cargos. Un tiranosaurio mex que se nutre del erario y de los impuestos pagados por millones de ciudadanos.

La legislatura "ni-ni"

Los diputados invisibles.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 19 de noviembre (apro).- La gran mayoría de los diputados no asiste a las sesiones ni está trabajando; vienen corriendo a votar y preguntan en qué sentido va el voto; no saben lo que se discute, por eso la historia va a calificarlos como la Legislatura ‘ni-ni’, que ni trabaja, ni estudia, ni resuelve, ni aporta… pero eso sí, ¡cobra!

La descripción no es mía, la formuló el diputado por Sinaloa, Miguel Ángel García Granados. Y qué razón tiene. Un ejemplo de ello fue la discusión del Presupuesto 2011, hecho que el mismo legislador criticó.

El 8 de septiembre llegó el paquete económico a San Lázaro pero no fue sino hasta el último momento cuando se aprobó; incluso, la Comisión de Hacienda, que preside el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, convocó a reunión para analizar y discutir la Ley de Ingresos, y simplemente dejó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que hiciera todo.

El PRI, y eso de “el PRI” hay que aclararlo, más bien “la cúpula” de ese partido, léase Francisco Rojas, los encargados del tema económico que representan a cada uno de los diversos grupos que hay al interior del Revolucionario Institucional, hicieron los cambios necesarios como para contar con una “bolsa” de 98 mil millones de pesos adicionales y poder “reasignársela a sí mismos” en los siguientes días.

Los días de verdadero trabajo llegaron a la Cámara hace dos semanas, cuando esas mismas cúpulas de los tres principales partidos se repartieron la bolsa de casi 100 mil millones de pesos.

En una semana, los representantes de los gobernadores presionaron al presidente de la Comisión de Presupuesto para buscar más recursos para sus entidades; incluso se llegaron a realizar pasarelas para recibir a mandatarios estatales y rectores de universidades.

Sin embargo, se trató de una simulación. La reasignación no la hicieron los 500 diputados, ésos sólo levantaron el dedo el 15 y la madrugada del 16 de noviembre, con sus excepciones, claro.

Los grandes montos reasignados los consumaron los funcionarios de Hacienda.

Durante la “discusión” del presupuesto, el diputado sinaloense, Miguel Ángel García Granados, subió a tribuna y dijo lo que muchos saben y no son capaces de mostrar vergüenza por ello: que el presupuesto lo realizan los funcionaros de Hacienda.

Relató el legislador que cuando los propios diputados acudieron a la Comisión de Presupuesto para demandar mayores recursos y argumentar el porqué de ello, siempre hubo alguien que les dijo: “Aquí no, ve con aquel hombre que está allá”. Luego se acudía con la persona señalada y éste, en tono altanero y prepotente, les decía: “Aquí no le mueven nada”.

Esas personas, que todo rechazaban, eran los funcionarios de Hacienda, incluso asesores de la dependencia.

¿Dónde quedó la función republicana que los 500 legisladores están obligados a asumir, dónde quedó su exigencia de cumplir la facultad que la Constitución les confiere: el ser contrapeso del Ejecutivo, el hacer cambios al gasto? Seguramente en algún cajón de sus oficinas.

Tan sólo dos muestras de la burla hacia los legisladores que ellos mismos permiten, no sé si por miedo a reclamar sus derechos y obligaciones, porque quieren ser candidatos a algún cargo en el futuro o porque no quieren contradecir “al líder” para no dejar de cobrar el jugoso cheque de 100 mil pesos libres al mes.

Los ejemplos.

La Comisión de la Defensa, que esa sí trabajó, discutió y elaboró un presupuesto adicional de 13 mil millones de pesos para el Ejército. Ese dinero no fue aprobado por las cúpulas del PRI, sin embargo, en lo oscurito, la coordinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, negoció en Hacienda para que se le entreguen cerca de 10 mil millones de pesos al Ejército, pero ¡fuera del presupuesto! O sea, por debajo del agua.

La razón sólo panistas y priistas la saben; una negociación que nada tiene que ver con el gasto fue seguramente lo que más pesó.

Otro ejemplo: los legisladores del campo pidieron 33 mil 800 millones de pesos para el sector; y se trabajó en ello, pero por decisión de “la cúpula” se le ‘volaron’ 4 mil 400 millones de pesos, en una decisión unilateral que ni el propio líder cenecista vio pasar.

Hábil para aquello de las presiones políticas, el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el diputado Cruz López supo de dónde venía el golpe y presionó, a tal grado que amenazó con dejar la curul.

Su determinación logró dividir a los priistas, pero no sólo eso, logró que quien había hecho los cambios y le había escatimado los recursos diera marcha atrás.

Así, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, debió ordenarle a su hombre en la Cámara, Luis Videgaray, el presidente de la Comisión de Presupuesto, que hablara con Francisco Rojas, el coordinador del PRI, para que enderezaran el entuerto.

Por su parte Rojas, a quien en política se le identifica con Carlos Salinas de Gortari, el que por cierto será el padrino de bodas de Enrique Peña Nieto, también recibió órdenes para que regresara el dinero, para que buscara a los funcionarios de Hacienda y de nuevo negociara con la dependencia la creación de un fideicomiso de 4 mil 400 millones de pesos para el campo.

Así, de nada valió la desvelada de los legisladores que concluyeron la aprobación del presupuesto a las nueve de la mañana del 16 de noviembre. De nada porque Hacienda, los grupos de poder y las cúpulas de partido, son quienes deciden cómo distribuir el dinero. Nunca los diputados.

Pero eso sí, por su “trabajo”, cobran cien mil pesos libres de impuestos al mes.

Estos dos ejemplos dan la razón al legislador Miguel Angel García Granados, quien por lo menos se atreve a denunciar lo que pasa en la Cámara de Diputados.

Y si uno se pregunta por qué el Ejecutivo federal está tan feliz con el nuevo presupuesto y la respuesta se encuentra en que son ellos mismos quienes finalmente toman los acuerdos; ellos, Hacienda y los grupos de poder. Los diputados, en su gran mayoría, sólo cobran a la vez que protegen sus intereses políticos y de grupo. Por esas razones, propongo: eliminemos los 200 diputados de representación proporcional, que de nada sirven como no sea para formar parte justamente de esas cúpulas que lideran, por decirlo de alguna forma, al resto.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Opacidad universitaria

José Narro Robles, rector de la UNAM.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 18 de noviembre.- La UNAM ha merecido, sin duda, muchas medallas en distintos rubros, pero tiene una gran debilidad institucional: es opaca, no se somete a una rendición de cuentas y tolera la impunidad sin que pase nada. Existen elementos que permiten sustentar lo que afirmo. Veamos.

Primero. En el informe de labores correspondiente a 2009, el rector de la UNAM sostuvo que “la universidad cumple con el objetivo de garantizar el acceso a la información de la institución, a través de los 17 rubros obligados por la ley, que se incluyen en la Página de Transparencia Universitaria”. Esta afirmación es falsa, en virtud de las razones siguientes:

a). Confunde conceptos. El acceso a la información no se satisface solamente con poner parte de la misma a disposición de las personas en la web; requiere, además, de un sistema que permita enviar solicitudes y recibir respuestas. En otras palabras, el acceso debe cumplir con la información de oficio y con la información a petición de parte. La UNAM no cubre ninguno de ambos requisitos. La información de oficio es genérica, no desglosada y llena de datos ininteligibles, en tanto que la información a petición de parte es mínima e interpretada al margen de la ley.

b). Al solicitar, por ejemplo, las cédulas profesionales del personal que por ley debe contar con una, la respuesta de la UNAM fue que “no es posible entregar esa información por ser personal y confidencial” (respuesta del 18 de octubre de 2010). Esto, pese a que dicha información es pública en la Administración Pública Federal y en varias entidades federativas, en virtud de que es fundamental para proteger a la sociedad en la medida en que sólo los profesionales deben realizar determinadas funciones regladas por ley.

c). Al solicitar la información sobre los currículum vítae profesionales del personal de la UNAM, la respuesta fue idéntica a la anterior: se trata de información personal y confidencial. Sobra decir que el conocimiento del currículum vítae es una herramienta de control social para la rendición de cuentas en tanto permite saber si hay coincidencia entre el perfil del puesto y la persona que lo ocupa. Así, es posible que un personal de ayudantía del rector que no debe satisfacer ningún requisito tenga un salario mayor al de un profesor de tiempo completo titular C, quien al menos debe contar con un grado de doctor, así como con obra publicada, y haber aprobado exámenes de oposición.

Segundo. La UNAM cuenta con una de las altas burocracias más privilegiadas, que nada tiene que envidiar al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al de algunos organismos descentralizados. En efecto, el artículo 59 del Estatuto del Personal Académico dispone que un funcionario de la UNAM que ocupe un alto cargo y permanezca al menos seis meses en el mismo mantendrá su sueldo aun en el supuesto de que regrese a su plaza académica. La interpretación generosa para la alta burocracia ha generado una partida para que tanto funcionarios como exfuncionarios no pierdan sus altos ingresos. Al solicitar a la UNAM la lista del personal que mantiene ese sobresueldo, la respuesta fue: “Se trata de una información confidencial y reservada” (respuesta del 19 de octubre del 2010).

Esta respuesta es inconstitucional, pues todas las percepciones de las personas con cargo al erario deben ser públicas. En ampliación telefónica de dicha réplica, la Dirección de Operación de la Unidad de Enlace de la UNAM (27 de octubre de 2010) informó que ese sobresueldo se proporciona “para mantener el nivel de vida a la que están acostumbrados los altos funcionarios, cuya pérdida súbita del empleo puede generarles una afectación familiar y anímica”.

¿Por qué sólo se trata así a los altos exfuncionarios de la UNAM y no al resto del personal? ¿No creen que cualquier otra persona que pierde el empleo de manera “súbita” pueda tener afectaciones “familiares y anímicas”? ¿Por qué la Cámara de Diputados debe mantener en su Presupuesto de Egresos ese statu quo, que nada tiene que ver con la educación superior y sí con la existencia de privilegios ilegítimos que desvían recursos en perjuicio de todos?

Tercero. Al solicitar indicadores, evaluación del desempeño y programas de trabajo de los profesores de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, la respuesta fue que para platicar sobre el tema el solicitante debía ponerse en contacto con el maestro Benito Hernández Jiménez. Por si fuera poco, el director de la Facultad, Ruperto Patiño, tiene como secretario particular ¡a su propio hijo!, quien despacha en una oficina contigua a la de su padre.

Por el contrario, a iniciativa personal de Diego Valadés como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se puede verificar en la página www.juridicas.unam.mx la producción individual de cada uno de los investigadores del IIJ UNAM, así como el histórico correspondiente, lo que permite evaluar esta información de cara a la sociedad.

Al solicitarse a la UNAM por qué no existe un sistema electrónico de información del histórico de solicitudes, respuestas, recursos interpuestos y un buscador amigable que permita conocer de mejor manera la información pública de la universidad, la respuesta fue: “porque no está prevista en la legislación universitaria”.

De nada sirve tampoco inconformarse con las respuestas indebidas a las solicitudes de información, habida cuenta que la UNAM mantiene un sistema de revisión en el que los integrantes son juez y parte. Algo podrían hacer los diputados Luis Videgaray, Jesús Alberto Cano, Felipe Enríquez, Manuel Hinojosa, Mario Moreno, Rodrigo Zapata, Julio Castellanos, Alfredo Javier Rodríguez, Sergio Ernesto Gutiérrez, Vidal Llerenas, Rosario Brindis, Pedro Jiménez, Pedro Vázquez y Jorge Kahwagi, directivos de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para acotar este estado de cosas. l

evillanueva99@yahoo.com

Oaxaca: La tentación autoritaria

Gabino Cué, gobernador electo de Oaxaca.

Lourdes Morales Canales

MÉXICO, D.F., 19 de noviembre (apro).- El gobernador electo Gabino Cué enfrentará en Oaxaca una situación nada fácil, pues si bien es cierto que el voto ciudadano le otorgó una legitimidad incuestionable (60% de participación ciudadana y nueve puntos de diferencia), el llamado “equipo de transición” ha tenido que recurrir al aval ciudadano, más allá de las urnas, para consolidar el arranque del nuevo gobierno.

La situación se mira compleja. Y no sólo debido a los pleitos por la maternidad de la transición --facturas que cobran grupos disímbolos entre sí, pero idénticos en cuanto a cultura política--, sino porque el PRI, nos guste o no, tiene razón al asegurar que Oaxaca es de razón y corazón priísta.

El significado de ser priista no proviene solamente del aumento en el porcentaje de votos respecto de la anterior elección de gobernador, pues si no se hubiera dado la alianza en Oaxaca, el PRI habría ganado la gubernatura, la mayoría en el Congreso y 104 de los 152 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. El significado, pues, proviene de 81 años de hacer política “a la oaxaqueña” y del difícil legado de Ulises Ruiz Ortiz y sus antecesores.

Esto explica la reciente decisión en la 61 Legislatura de dejarle al PRI, ahora primera minoría, el primer año de la Comisión de Gobierno; a cambio se negocia un paquete de reformas constitucionales, electorales, municipales y de transparencia y participación ciudadana, que pretenden modificar el diseño institucional de la entidad, fomentar la democratización y la participación ciudadana y, por lo tanto, disminuir la concentración de poder del gobernador.

En Oaxaca, más que en otras entidades del país, el diseño jurídico y las prácticas políticas favorecen el ejercicio de poder autoritario. Los políticos de carrera lo dicen: “En Oaxaca hay un solo cacique y se renueva cada seis años”.

Para algunos, esta es la única forma de tener los hilos del poder en la mano y de enfrentar las frecuentes crisis de gobernabilidad o las presiones de grupos de poder que, hasta antes de la alternancia en la presidencia de la República y, por tanto, del control que ejercía el presidente príista sobre los gobernadores, hicieron caer a por lo menos seis de ellos (Edmundo Sánchez Cano, Manuel Mayoral Heredia, Víctor Bravo Ahuja, Manuel Zárate Aquino, Eliseo Jiménez Ruiz y Pedro Vázquez Colmenares).

Bajo el argumento de la gobernabilidad, en Oaxaca se ha mantenido hasta ahora a un Congreso y un Poder Judicial subordinados al Poder Ejecutivo, y hasta antes de la última reforma constitucional el Congreso tenía facultades para intervenir en cuestiones electorales (colegio electoral).

Además, se tiene una Procuraduría de Justicia y una Comisión de Derechos Humanos que funcionan al servicio del gobernador del estado, y unos órganos electorales tibios y sumisos.

Lo mismo sucede con la autonomía municipal. Mecanismos aplicados en Oaxaca, mismos que fueron explotados por José Murat y Ulises Ruiz –como la “desaparición de poderes” o el uso de los delegados de gobierno–, han servido para someter voluntades de cabildos enteros, no sin sangre de por medio.

En el caso de la “desaparición de poderes”, en el sexenio de José Murat al menos 56 municipios fueron gobernados por autoridades administrativas no electas por voto popular, sino por administradores o concejos de administración designados por el Congreso. Durante el sexenio de Ulises Ruiz, 25 municipios tuvieron la misma suerte, y ante los conflictos de poder, 15 de ellos presentaron casos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A la fecha, el Congreso está facultado para desaparecer poderes o revocar mandatos por supuesta ingobernabilidad.

En cuanto a los delegados de gobierno, figura creada ante el fracaso por reducir el número de municipios en Oaxaca, la idea en un principio, dada la complejidad territorial (570 municipios, sólo cuatro de más de 70 mil habitantes), fue crear una estructura de gestión de servicios para las zonas más alejadas, con una o dos delegaciones en cada distrito electoral local.

En los hechos, los delegados no sólo se volvieron representantes de gobierno con facultades extra-constitucionales (mediación de conflictos electorales y agrarios, condicionamiento y gestión de recursos, intervención en la vida municipal, fuente de corrupción con las obras públicas), sino también operadores político-electorales, cuya buena o mala gestión es premiada con una diputación.

Otra característica de la real politik oaxaqueña es la forma de articularse con organizaciones y grupos de poder. Y es que además de la Sección 22 (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y sus 70 mil afiliados, el débil sistema de partidos que hay en la entidad ha hecho que una serie de organizaciones y de líderes sociales condicionen su apoyo y adquieran privilegios a través de las movilizaciones y los plantones.

El gobierno de Ulises Ruiz trató de enfrentar el costo administrativo a través de la cárcel y la represión, lo cual terminó con un incremento en el costo de las transacciones, y no en balde la Sección 22 ya anunció que recibirá a Gabino Cué con una movilización.

Así, pues, las reformas podrán eliminar mecanismos institucionales autoritarios, pero se requiere más que una ley para cambiar los valores y comportamientos, de ahí la necesidad, bien identificada por el gobierno de transición, de mantener el bono democrático a través de la ciudadanía.

El legado de Ulises

Ulises Ruíz, gobernador de Oaxaca.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 17 de noviembre (apro).- Ulises Ruiz dice en la televisión que fue un orgullo ser gobernador de Oaxaca en los últimos seis años, y que, a pesar de que algunos grupos quisieron deponerlo, sus gobernados lo impidieron. “Pronto nos veremos”, afirma al final de su mensaje, dejando ver que seguirá actuando en la política con nuevos espacios de poder.

El cinismo ha sido una de las características que Ulises Ruiz ha mostrado desde joven, cuando era el operador electoral más avezado del equipo de Roberto Madrazo y de César Augusto Santiago. Desde mediados de los noventa ya se distinguía por ufanarse de saber cómo realizar un fraude electoral sin que hubiera réplicas de la oposición; con esas credenciales llegó a gobernar Oaxaca en 2004, dejando tras de sí una estela de violaciones a los derechos humanos, muertes, represión, impunidad y corrupción como ninguno otro de los gobernadores de esta entidad.

En la edición más reciente de la revista Proceso (número 1776) el corresponsal en Oaxaca, Pedro Matías, da cuenta de la larga lista negra que Ulises Ruiz dejará al nuevo gobernador, Gabino Cué, quien tiene ante sí la responsabilidad de dar una respuesta firme a las peticiones de justicia que los oaxaqueños han lanzado desde que el pasado 4 de julio perdiera el PRI las elecciones, por primera vez en 80 años de gobierno ininterrumpido.

Las cifras que aparecen en el historial negro de Ulises son una expresión del terror con el que gobernó y que con todo cinismo pretende hacer una virtud dentro del PRI: 200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas; más de 600 detenciones, 380 casos de tortura, siete desapariciones forzadas, secuestros, cuatro periodistas asesinados.

En el reportaje se señala que también permanecen sin cumplir mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros, lo mismo que las nueve solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz que no prosperaron y 40 controversias constitucionales interpuestas contra el gobernador por la destitución de funcionarios, discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios y la revocación del mandato constitucional, principalmente de presidentes municipales.

El saldo negativo del gobierno de Ulises Ruiz no esta sólo en la parte social y de derechos humanos, también en las finanzas que han sido manejadas con dolo a favor de su familia y sus amigos.

Recientemente, a mediados de septiembre, fueron detenidos Daniel García Teurel Ortega y Martha Ortega Habib, hermana y sobrino del secretario de Finanzas del estado, Miguel Ángel Ortega Habib, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita. Ambos detenidos no pudieron explicar el origen de mil millones de pesos que tenían en sus manos.

El monto fue más de lo que reportó la Procuraduría General de la República. Según los legisladores del PAN y PRD en el Congreso de Oaxaca, en realidad se investigaban 4 mil 800 millones de pesos que fueron detectados en las cuentas bancarias de los familiares de Ortega Habib.

Desde el inicio, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz ha estado salpicado por este tipo de escándalos financieros. Habría que recordar el reportaje publicado en Proceso por la reportera Patricia Dávila sobre el hospital privado SEDNA con un costo de mil 500 millones de pesos instalado en la Ciudad de México sin que haya claridad en el origen de los recursos utilizados. Dicho hospital está a nombre María de Lourdes Salinas Ortiz, esposa de Ulises Ruiz.

También los gastos erogados en la reconstrucción del Zócalo de la capital oaxaqueña a una constructora de su propia familia; igualmente los mil millones que gastó en la Ciudad Judicial, 11 millones 400 mil pesos que destinó a pueblos que integran la Ruta Dominica y 6 mil millones que deja como deuda pública por la firma de Contratos de Servicios de Largo Plazo, mejor conocidos como PPS.

Paradójicamente mientras hizo esos gastos extraordinarios sin ofrecer un reporte claro, Ulises Ruiz privó al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez de más de 44 millones de pesos de recursos federales, lo cual generó un colapso financiero en la capital del estado, al grado de no tener ni para pagar el alumbrado público.

En sus últimos días Ulises Ruiz se ha dedicado a difundir una serie de mensajes como despedida de su gestión de seis años. En uno de ellos, acusa la existencia de “grupos” que tenían paralizado al estado pero que gracias a su gobierno, esto se superó y ahora Oaxaca está listo para seguir creciendo en paz; en otro anuncia que “pronto nos veremos”.

Esto es, quizá, lo que muchas organizaciones y personas lastimadas por su gobierno espera, pero verlo pronto ante tribunales judiciales, a fin de que responsa a todos y cada uno de los agravios. Si, pronto nos veremos, pero para ajustar cuentas con la justicia.