CELAC: el camino de nuestros libertadores

Israel, EU y Gran Bretaña, a la caza de Irán

Israel pretende presionar a Estados Unidos y Gran Bretaña a una guerra contra Irán. Para ello, ha iniciado una campaña discursiva y mediática parecida a la que precedió a la invasión de Irak. Sn embargo, las condiciones ahora son muy diferentes: Teherán no está aislado y cuenta con el apoyo de las potencias del BRIC; además, el gobierno de Ahmadineyad posee más elementos disuasivos, tanto militares como políticos. El mundo podría verse envuelto en un callejón sin salida en las próximas semanas.

Pepe Escobar/Red Voltaire

Los países que representan un modelo de soberanía –Venezuela, Irán, Rusia, Brasil, China o Libia en un pasado reciente, por citar algunos– y de resistencia al dominio imperialista de Estados Unidos y de sus socios europeos, naciones soberanas que cuentan además con enormes riquezas energéticas (minerales, gas, petróleo) están bajo la agresión constante de las potencias imperialistas (con un pasado colonizador) que han visto en esas riquezas un medio de solucionar los endémicos problemas económicos a los que se enfrentan por sus desmedidos gastos militares y de una economía especulativa controlada por una oligarquía financiera internacional que la guerra una opción de ganancia.

Como clímax de un frenesí de filtraciones en los medios corporativos occidentales que llevó –literalmente– a la histeria nuclear, los inspectores de las Naciones Unidas en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) publicaron un informe que acusa a Teherán de haber intentado diseñar en 2010 un arma nuclear que se ajusta a la ojiva de un misil. De acuerdo con el informe, Irán trabajó “en el desarrollo de un diseño propio de un arma nuclear incluidos los ensayos de sus componentes”.

Aparte del esfuerzo de rediseñar y miniaturizar un arma nuclear paquistaní, también se acusa a Teherán del intento de desarrollar una operación clandestina para enriquecer uranio –el “proyecto sal verde”– que podría utilizarse para “un programa oculto de enriquecimiento”.

Todo esto lleva al OIEA a expresar “serias preocupaciones” sobre la investigación y desarrollo “específicos de armas nucleares”.

El informe vende la idea de que mientras el OIEA ha intentado durante años de monitorear las reservas iraníes declaradas de mineral de uranio y uranio procesado, actualmente 73.7 kilos de uranio es enriquecido al 20 por ciento en la planta de Natanz, más 4.922 kilos de uranio enriquecido a menos del 5 por ciento, Teherán tratado, en secreto, de construir un arma nuclear.
Información dudosa

El OIEA insiste en que se fundamenta en información “creíble” –más de 1 mil páginas de documentación– de más de 10 países y basada en ocho años de “evidencia”.

Pero el OIEA no tiene medios independientes para confirmar la enorme masa de información –y desinformación– de potencias en su mayoría europeas. Mohamed el-Baradei (predecesor de Yukiya Amanocomo jefe del OIEA) lo dijo muchas veces. Y siempre cuestionó lo que sucede por ser “inteligencia sobre Irán”, porque sabía que se politizaba en extremo y que traspasaba los límites de los rumores y las especulaciones.

No es nada sorprendente que el ultraconservador periódico iraní Kayhan haya tenido motivos para preguntar si se trataba de un informe del OIEA o de un dictamen estadunidense al fácilmente manipulable Amano.

No hay nada que sea siquiera un descubrimiento trascendental en el informe; imágenes satelitales y especulaciones de los “diplomáticos”, presentadas como “inteligencia” irrefutable. Si esto se parece a la preparación de una guerra contra Irak, es porque así es. Esencialmente, es una regurgitación de una farsa de hace cuatro años, conocida como el “salto de la muerte”.

El escenario más próximo a la realidad –incluso si se considera la existencia de un programa encubierto, lo que no está demostrado– indica que la construcción de una ojiva nuclear sería contraproducente para Teherán.

No obstante, el Cuerpo Islámico de Guardias Revolucionarios (IRGC, por su sigla en persa) –a cargo de todos los programas militares de alto nivel– puede conservar la opción de construir una ojiva nuclear con la rapidez de un relámpago, como disuasivo en caso de que estuviera absolutamente seguro de que Estados Unidos invadiría, o que lanzaría una prolongada campaña de “conmoción y pavor”. La consecuencia real de que Irán acabe fabricando un arma nuclear es que terminaría de una vez por todas con la permanente amenaza de un ataque estadunidense. Quien tenga alguna duda que consulte el expediente norcoreano.

El régimen de Teherán podrá ser implacable pero no está compuesto de aficionados: construir un arma nuclear –sea en secreto o a plena vista del OIEA– y hacerla estallar, no los llevaría a ninguna parte. El régimen –que ya está embrollado en una compleja batalla interior entre el supremo líder Alí Jamenei y la facción del presidente Mahmud Ahmadineyad– se vería totalmente aislado desde el punto de vista geopolítico.

La población iraní está mucho más preocupada por la inflación, el desempleo, la corrupción y el ansia de más participación política, como para lanzarla a una controversia nuclear global. Existe un amplio consenso positivo sobre un programa nuclear civil. Pero no existe ninguna garantía de que incluso una minoría apoyaría una “bomba islámica”.

El reto a Israel de que demuestre sus afirmaciones

Lo que inquieta no sólo a Israel sino a la amplia gama de intereses estadunidenses que 32 años después todavía no aceptan la pérdida de su valioso gendarme del Golfo (el shah de Irán, Mohammad Reza Pahlevi), es que Teherán los mantiene en un quebradero de cabeza permanente.

Es predecible que el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu siga ladrando hasta niveles ensordecedores, mientras que prueba todos los trucos necesarios para hacer que actúe Estados Unidos.

Netanyahu (al que no soportan los presidentes Barack Obama ni Nicolás Sarkozy) tiene una estrategia decisiva: llevar a Washington y a unos pocos subalternos, de los británicos a la Casa de Saud (y no tiene nada que ver con la “comunidad internacional”) a que ejerzan la máxima presión sobre Teherán. De otra manera, Israel va a atacar. Esto no tiene sentido, porque ese país no puede atacar ni a un poodle. Todo su equipamiento militar es estadunidense. Necesita un permiso especial para cruzar el espacio aéreo saudí o irakí. Una tarjeta verde de Washington de la A a la Z. Al gobierno de Obama se le podrá acusar de cualquier cosa, pero no de suicida.

Sólo esos ceros a la izquierda del Congreso estadunidense –despreciados por la abrumadora mayoría de la población, de acuerdo con varios sondeos– pueden llegar a creer en las órdenes de marcha marcial que reciben de Netanyahu a través del poderoso lobby Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel.

Lo que queda es la posibilidad de más sanciones todavía. Cuatro vueltas de duras penas del Consejo de Seguridad ya afectan a las importaciones de Irán, su banca y finanzas. Pero hasta ahí llega la cosa.

Rusia no está convencida por el informe del OIEA, y ya lo afirmó. China no está impresionada: el Organismo Internacional de Energía Atómica no tiene suficiente evidencia para acusar a Irán de realizar un programa activo de armas nucleares.

Hay que olvidar la posibilidad de que Rusia y China acepten otra vuelta de sanciones impuesta por Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sería literalmente nuclear: un boicot de facto de las ventas de petróleo y gas de Irán.

Sólo un montón de payasos puede suponer que China votaría contra su interés nacional de seguridad en el Consejo de Seguridad de la ONU. Irán es el tercer proveedor de petróleo de ese país, después de Arabia Saudí y Angola. China importa 650 mil barriles de petróleo diarios de Irán –50 por ciento más que en 2010– y es más de un 25 por ciento de las exportaciones totales de petróleo de Irán.

Incluso el gobierno de Obama tuvo que admitir que un boicot es inimaginable: privaría a la economía global (en camino a la depresión), de por lo menos 2.4 millones de barriles de petróleo diarios, y el barril llegaría quizá a costar 300 o incluso 400 dólares.

Teherán tiene –y seguirá encontrando– medios para burlar las sanciones financieras. India ha pagado importaciones de petróleo iraní a través de un banco turco. Teherán también comienza a utilizar un banco ruso.

Esto demuestra que el mantra de Israel de que la “comunidad internacional” aísle a Irán es una argucia. Protagonistas clave como los integrantes del BRIC (sigla para referirse a Brasil, Rusia, India y China) mantienen estrechas relaciones comerciales con ese país.

Además, en medio de toda la histeria “iranofóbica”, la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) –China, Rusia y cuatro stans centroasiáticos– tuvo su última cumbre en San Petersburgo, Rusia. Irán –que tiene estatus de observador– estuvo presente por medio del ministro de Relaciones Exteriores, Ali Akbar Salehi. Tarde o temprano Irán será admitido como un integrante pleno.

Incluso antes de que Irán se uniera a la SCO, China y Rusia consideraron una agresión contra Irán como un ataque contra ambos. Respecto a la idea de la integración asiática de la energía, será muy interesante ver a Israel tratando de convencer a Estados Unidos de que realice una ofensiva contra Asia.

Revista Contralínea 261 / 27 de noviembre de 2011

Cinco años de gobierno: millones de desempleados, más subempleados, más pobres…

Al finalizar cinco años de su gobierno, Felipe Calderón se vanagloria de una firme conducción macroeconómica y ha manejado mediáticamente los números “buenos”, hasta conseguir los interesados elogios de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Sin embargo, un vistazo a las cifras oficiales del desempleo, el subempleo y la pobreza en México –sobre todo en comparación con otros países latinoamericanos– revelan una realidad bastante más pobre. Extremadamente pobre.

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

Carlos Acosta Córdova y Juan Carlos Cruz Vargas

Muy propio de la época preelectoral, el presidente Felipe Calderón celebra exultante las buenas noticias económicas. Pero calla, ni pío dice, cuando los datos y las cifras dan cuenta de un saldo ominoso, sobre todo en el ámbito de lo social, de sus recién cumplidos cinco años de gobierno.

Apenas el 22 de noviembre, cuando el Inegi dio a conocer que la economía mexicana creció 4.5% en el tercer trimestre del año –cifra ciertamente inesperada, muy por arriba de lo estimado por los analistas y el propio gobierno–, Calderón se ufanó y gritó a los cuatro vientos lo bien que está el país. Chacoteó en Los Pinos, en una reunión con empresarios de la vivienda:
“Miren nada más: este tercer trimestre, amigas y amigos, para que se den una idea, los bancos, los analistas financieros, los empresarios más picudos, más destacados, todo mundo decía que la economía nacional iba a crecer 3.5% anual en el tercer trimestre… No creció 3.5, creció 4.5% a tasa anual, 1% (sic) arriba de lo que se estaba previendo.”
(De haber hecho bien las cuentas, se hubiera desgañitado en el autoelogio, pues el aumento en la tasa de crecimiento no fue de 1% –sí de un punto porcentual– sino de casi 30%, 28.6% para ser precisos. Es muy común ese error. Un caso paradigmático fue cuando en 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo subió la tasa del IVA de 10% a 15%, roqueseñal de por medio. Casi todo mundo dijo: “subió 5% el IVA”, cuando en realidad la tasa subió 50%, o bien, cinco puntos porcentuales. Que no es lo mismo.)
Y eso le sirvió para decir que, “con todo y los líos que hay a nivel internacional”, estamos “en la ruta correcta”, con “una economía más fuerte, más sólida”, que avanza “por la senda del crecimiento y del empleo para las familias mexicanas que tanto queremos”.
Tres días después, el Inegi dio otra “buena” noticia: la tasa de desempleo en octubre fue de “sólo” 5%, contra 5.7% de octubre del año pasado, lo que implicaba que unas 300 mil personas, en un año, de octubre a octubre, habían logrado ocuparse.
Calderón no dijo nada, porque sabe que una tasa de desocupación de 5% de la Población Económicamente Activa significa que 2 y medio millones de mexicanos, y sus familias, siguen sin trabajo, sin ingreso alguno, en el desamparo absoluto.
Y no dijo nada, también, porque el propio Inegi, en el mismo reporte sobre el empleo en octubre, reveló que la tasa de subocupación subió en ese mes a 9.3%, muy por arriba del 8.5% de octubre de 2010.
Eso quiere decir que hay en el país casi 4 millones y medio de mexicanos que, ciertamente, tienen un trabajo, pero que éste no les da para satisfacer sus necesidades básicas, por lo cual andan a la caza de uno o dos trabajos adicionales, o de más horas en el que ya tienen.
Es decir, los trabajos recuperados o logrados por primera vez son tan precarios, sobre todo mal remunerados, que por eso aumenta siempre la tasa de subempleo.
Pero en materia de empleo, el presidente siempre le da la vuelta al tema. La promesa electoral de ser el “presidente del empleo” se fue al basurero desde el primer año. Con crisis y sin crisis económica, en este sexenio se han registrado las tasas de desempleo, de subempleo y de informalidad más altas de la historia económica reciente del país.

Promesas incumplidas

En décadas, son contadas las veces en que el desempleo ha registrado tasas arriba de 5% de la PEA. En esta administración ha sido la constante, con periodos de tasas superiores a 6%, como en 2009, que significaron hasta 3 millones de personas en el des­empleo absoluto y no menos de 10 millones –si se cuenta a los familiares de quienes perdieron el trabajo– en el desamparo total.
Ante una realidad que destruyó su promesa electoral, Calderón opta por magnificar el número de empleos formales. La última vez, en Cancún, hace tres semanas: festinó que en el país se han creado, en lo que va del año, 764 mil nuevos empleos, “pese a las adversidades financieras globales”. Pero todos los análisis coinciden, lo mismo entre especialistas que académicos: la mayoría son trabajos precarios, mal remunerados, de corta duración.
Si en el tema del desempleo el presidente nada dijo, de plano enmudeció el pasado 29 de noviembre. Muy temprano, en videoconferencia desde Santiago de Chile, la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), daba a conocer el informe Panorama social de América Latina 2011, donde resaltó datos seguramente nada gratos para los oídos del presidente Calderón:
En 2010, de todos los países de la región, sólo en México y en Honduras habían aumentado la pobreza y la indigencia. En los demás se mantenían estables o iban francamente a la baja.
En México, según el informe de la Cepal, 36.3 de cada 100 personas están en condiciones de pobreza, cifra superior a la registrada en 2008, cuando la tasa de pobreza era de 34.8%. Si se considera una población de 112 millones 336 mil habitantes –según el censo nacional de 2010–, eso quiere decir que 46.8 millones de mexicanos son pobres.
En el conjunto de países de América Latina y el Caribe la pobreza se ubicó en una tasa de 31.4%, en promedio. La de México estuvo casi 16% arriba.
Más lacerante aun es el dato del aumento de la indigencia que, según la Cepal, pasó de 11.2% de la población en 2008, a 13.3% dos años después. Es decir, hay en el país 15 millones de mexicanos sumidos en la indigencia. Si se suman las dos cifras, se tiene que hay en México –según la Cepal– casi 62 millones de personas con algún grado de pobreza, es decir, 55% de la población.
Las mediciones que en México hace el gubernamental Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que para 2010 había 52 millones de pobres, incluidos los de pobreza extrema, que significan 46.3% de la población del país.
El presidente Calderón, dicharachero y jocoso que es con las cifras buenas de la economía, esta vez calló. Aunque la muina y el mal sabor de boca le duraron poco. El miércoles, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, de visita en México, dio una conferencia conjunta con Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Antes se había reunido en Los Pinos con el presidente Calderón y en Banxico con su Junta de Gobierno.
Sus palabras fueron una melodía de ensueño para Calderón, un canto de sirenas que todos los medios informativos acogieron en sus principales espacios.
Algunos titulares, en portada y en interiores, de diarios y portales en internet: México es el ejemplo a seguir. Buen manejo de las finanzas ante la situación externa. Elogia FMI la conducción económica de México. Lagarde elogia ante Calderón la fortaleza de la economía mexicana.
También: México va bien, pero no puede descuidarse: FMI. Banxico, un paso delante de la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos) y el BCE (Banco Central Europeo): Lagarde. FMI: Copia Europa las recetas de Carstens. Reconoce el FMI las políticas fiscal, financiera y monetaria de México. Manejo de crisis de México, ejemplo para países: Lagarde.
Y muchos otros titulares en ese sentido. Como para bailar de gusto. Tanto que se preocupa Calderón por la imagen violenta de México en el mundo. Tanto que se enoja porque en México se habla mal del país. Pero vino madame Christine Lagarde –así la presentaron en la conferencia de prensa– y sus palabras, una sinfonía jubilosa, lo conectaron con las nubes.
Pero la alegría terminó muy pronto. Al día siguiente de que los medios saturaron sus espacios con los dichos de Lagarde, el Coneval echó a perder la fiesta. El viernes 2 presentó los resultados del estudio La medición de la pobreza municipal 2010, realizado por vez primera. Y dejó en claro que la excelsa conducción macroeconómica del país –a decir de Lagarde, los propios funcionarios y aun del presidente– ha sido incapaz de frenar el deterioro de las condiciones de vida de la población.
El dato general de dicho estudio es que de los 2 mil 456 municipios que hay en el país, en mil tres de ellos 75% de su población es pobre. Es decir, tres de cada cuatro habitantes de cada uno de esos municipios es presa de la pobreza.
Pero ese es un promedio. En el detalle, la realidad es aun más dramática. Hay municipios en los que prácticamente ningún habitante se salva de la miseria. Una muestra del Coneval:
En San Juan Tepeuxila, Oaxaca, 97.4% de sus pobladores son pobres. En Aldama y en San Juan Cancuc, ambos en Chiapas, 97.3%. En Mixtla de Altamirano, Veracruz, 97%. Chalchihuitán, Chiapas, 96.8%. Santiago Textitlán, Oaxaca, 96.6%. San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar y Sitalá, Chiapas, 96.5%. San Simón Zahuatán y Coicoyán de las Flores, Oaxaca, 96.4%. Santa María Quiegolani, Oaxaca, y Larráinzar, Chiapas, 96.3%. Chanal, Chiapas, 96.1%, y Pantelhó, también en Chiapas, 96%.
De hecho, según el Coneval, son 190 municipios del país, la mayoría en áreas rurales, los que concentran la mitad de la población en situación de pobreza, es decir, tienen carencias graves en más de uno de estos ámbitos: ingreso, educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.
Pero aquellos son los municipios donde prácticamente toda la población es pobre. Hay otros –algunos repiten– donde la pobreza asume grados de marginación extrema, indigencia o pobreza extrema. Como se le quiera llamar a una situación en la que la gente prácticamente se muere de hambre… en un país elogiado internacionalmente por su conducción macroeconómica, con una economía que está dentro de las 15 más grandes del mundo.

“Los logros”

Una muestra del Coneval de los municipios con los más altos porcentajes de población en pobreza extrema es la siguiente:
Cochoapa el Grande, Guerrero, 82.6%. San Simón Zahuatlán, Oaxaca, 80.8%. San Juan Cancuc, Chiapas, 80.5%. Mixtla de Altamirano, Veracruz, 80.3%. Chalchihuitán, Chiapas, 79.8%. Coicoyán de las Flores, Oaxaca, 79.7%. Aldama, Chiapas, 78.8%. Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, 77.4%. San Juan Petlapa, Oaxaca, 77.2%. Metlatónoc, Guerrero, 77%. Tehuipango, Veracruz, 76.8%. Huautepec, Oaxaca, 76.5%. Sitalá, Chiapas, 74.6%. Santa Lucía Miahuatlán, Oaxaca, 73.9%, y San Martín Peras, Oaxaca, 73.6%.
Pero como las elogiadas políticas macroeconómicas sí han logrado hacer de México un país más desigual, el Coneval también presentó los municipios con menos cantidad de pobres:
La delegación Benito Juárez del Distrito Federal sólo tiene 8.7% de su población en condiciones de pobreza; San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 12.8%; Guadalupe, Nuevo León, 13.2%; la delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 14.3%, y San Pedro Garza García, Nuevo León, 15.2%.
De hecho, en las grandes ciudades del país, sobre todo en esos municipios, la pobreza en su dimensión de “extrema” es muy menor, según los datos del Coneval:
En la delegación Benito Juárez, Distrito Federal, y en San Pedro Garza García, Nuevo León, sólo 0.4% de su población está en pobreza extrema. En San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 0.5%. En Huépac, Sonora, 0.6%. Villa de Álvarez, Colima, 0.8%. En Guadalupe, Nuevo León; Allende, Coahuila; Corregidora, Querétaro, y en Azcapotzalco, Distrito Federal, 0.9%.
En Aquiles Serdán, Chihuahua, sólo 1% de sus habitantes viven en pobreza extrema. En San Juan de Sabinas, Coahuila, y en Apodaca, Nuevo León, 1.1%. En Monclova, Coahuila, 1.2%, y en Coyoacán, Distrito Federal, 1.3%.
Esos son algunos de los “logros” sociales de la elogiada política económica de México. Otros que vale la pena mencionar, ahora que inicia el sexto y último año de gobierno de Felipe Calderón, son los siguientes:
Cuando inició su gobierno, el Inegi registraba 1.6 millones de desempleados, que eran 3.6% de la PEA. En el tercer trimestre de 2011 –último dato trimestral de la institución–, ya eran 2.76 millones de desempleados, 5.6% de la PEA.
Es decir, Calderón acaba su quinto año de gobierno con más de 1 millón 601 mil desempleados más de los que había al inicio de su administración.
En el subempleo estaban, al final de 2006, 3 millones de personas, 7% de la población ocupada. Ahora hay 1 millón 166 mil 300 más, pues la subocupación –en las que están las personas que no la “libran” con el trabajo que tienen– suma ahora 4 millones 174 mil 327 trabajadores, casi 9% de la población ocupada.
El caso de la informalidad es más revelador del grave problema del empleo en el país. Al término de 2006 había 11.4 millones de informales, 26.6% de la población ocupada. Hoy hay 2.8 millones más en la informalidad, pues ese sector suma ya a 14 millones 200 mil personas, 28.7% de la población ocupada.
Se puede decir también que los empleos de casi tres de cada 10 personas ocupadas son informales, con todo lo que ello implica: sin prestaciones, sin seguridad social, baja remuneración y toda la desprotección posible.
El hecho es grave, pues ya no falta mucho para que la informalidad alcance el número de trabajadores formales, afiliados al IMSS, que suman 15.3 millones de personas.
En materia de salarios, también la Presidencia del empleo sale debiendo. En 2007, primer año de gobierno calderonista, el salario mínimo diario promedio era de 48 pesos con 88 centavos; en 2011 es de 58 pesos con 6 centavos. Un “generoso” aumento nominal de 11 pesos en cinco años.
Pero en términos reales ofende la situación: esos 58.06 pesos de salario mínimo diario de hoy tenían un poder de compra, a octubre pasado, de apenas 10.06 pesos a precios de 1994, según datos de la Secretaría del Trabajo.
Por otra parte, la grandilocuencia con la que las autoridades publicitan la cantidad de nuevos empleos generados choca frontalmente con el dato de que cada vez son más las personas que trabajan y sólo perciben un salario mínimo.
Al terminar 2006, 2 millones 527 mil 451 personas tenían un ingreso de “hasta un salario mínimo”, según los tabulados del Inegi. Al quinto año de Calderón, en el tercer trimestre, ya eran 6 millones 100 mil los que tenían esa magra percepción.
Pues sí, más trabajos, pero mal pagados.
Esos son algunos de los saldos de la exitosa conducción macroeconómica del país, ensalzada por el Fondo Monetario Internacional.

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Ya era de noche cuando Pedro Leyva recibió en su casa a uno de sus primos, que por casualidad pasó a saludarlo. Don Pedro era comandante de la policía comunitaria de Xayakala, un pueblo náhuatl, apenas recién formado en 2009, dentro del territorio de Ostula, sobre la costa de Michoacán, muy cerca de Colima y a 10 kilómetros de la playa El Tamarindillo, que pertenece a Vicente Fox, Martha Sahagún y los Bribiesca.

Para agasajar a su pariente, que además era su amigo, don Pedro sacó una botella y se pusieron a platicar. Cuando los tragos le dieron el valor suficiente, el primo pidió ver un rifle que tenía su anfitrión. Este fue a buscarlo y se lo mostró. Quizá le sugirió que lo empuñara para que se diera cuenta de su ligereza. O tal vez el primo usó otro pretexto. Lo cierto es que, no bien lo tuvo en sus manos, cortó cartucho y disparó a quemarropa. Al oír el balazo y los ruidos que hizo mientras caía el cuerpo herido de muerte, la esposa de don Pedro se levantó de la cama y fue a ver. El asesino le dijo: Perdóname prima, pero me advirtieron, o lo matas tú o matamos a tus cuatro hijos. Ponte en mi lugar. ¿Tú qué hubieras hecho?. Y tiró para el monte.

Esto ocurrió en la primera hora del 8 de octubre de este año. Don Pedro tenía, entre otros pendientes, una cita con Javier Sicilia y los exponentes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para acudir al diálogo con Felipe Calderón el 14 de octubre. En esa reunión iba también a participar don Nepomuceno Moreno Muñoz, quien luego de denunciar el secuestro de su hijo en Ciudad Obregón, Sonora, en julio de 2010, fue asesinado el lunes de esta semana en el centro de Hermosillo, por gatilleros que le dispararon desde un vehículo en marcha.

Don Nepomuceno murió como doña Marisela Escobedo, a quien los cómplices del asesino de su hija la mataron a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua, cuando exigía justicia, sólo algunos meses antes de la carnicería que elementos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal provocaron en un retén a la entrada de Jalapa, Veracruz, en el paraje El Lencero. Hace un mes, en un programa de Televisa, la hija de una de las víctimas denunció que su padre y varios hombres más, todos ellos trabajadores honrados, fueron ametrallados desde un helicóptero de la corporación que encabeza Genaro García Luna.

En enero de 2007, en un mensaje televisado y transmitido en cadena nacional, Felipe Calderón dijo que su muy personal guerra contra el narcotráfico –que resultó un mero pretexto para militarizar el país, destruir el Estado nacional y entregar el petróleo, el gas y la energía eléctrica a los magnates de Estados Unidos y España que lo incrustaron en Los Pinos, pero también para fortalecer como nunca a los cárteles–, nos iba a salir muy cara. Esta lucha, prometió, costará vidas humanas inocentes, pero vale la pena seguir adelante. Alrededor de 60 mil muertos después, el pueblo de México pregunta: ¿valió la pena?

Pero volvamos al caso de don Pedro Leyva, porque revela que los horrores que años atrás nos documentaron en reportajes, películas y libros la desintegración de Yugoslavia, ahora ya están presentes en Michoacán, donde los habitantes más antiguos de esas tierras –las comunidades mexicas que recibieron cédulas reales en tiempos del primer virreinato (valga la aclaración porque ya estamos en el segundo)– son un estorbo para los cárteles que se diputan la zona –La Familia, Los caballeros templarios, el del Chapo y Los Zetas–, pero también para los inversionistas nacionales y extranjeros –entre éstos, sobre todo, la trasnacional Mettal Steel, de la India, y la italo-argentina Terniun, que andan en pos de los ricos yacimientos de hierro y de oro que hay en esas montañas–, y por supuesto para la feliz pareja ex presidencial que, junto con los hermanos Bribiesca, y consorcios hoteleros españoles pretenden desarrollar un emporio turístico desde El Tamarindillo hasta las playas de Pómaro, Coíre, Ostula y Coahuayana.

El conflicto que provocó la muerte de Pedro Leyva se originó en 1967, cuando una resolución expedida por Gustavo Díaz Ordaz creó erróneamente la comunidad de Ostula sobre una extensión de 28 mil hectáreas, ignorando que la superficie que ésta abarcaba, de acuerdo con sus títulos primordiales, era de 43 mil. Como GDO no daba paso sin huarache, en las 15 mil hectáreas que quedaron fuera de la resolución, su gobierno estableció el ejido La Placita e instaló una población de origen criollo que, faltaba más, se apoderó de las mejores tierras: las que dan al mar, a los bancos de pargos y langostas, y a los fabulosos crepúsculos del Pacífico.

Los indígenas interpusieron todos los recursos legales, habidos y por haber, sin éxito alguno, hasta que una nueva generación, mejor preparada escolar y políticamente, se empezó a organizar a mediados de esta década y en 2008 constituyó una comisión para recuperar La Placita. El primer líder del movimiento, el profesor Diego Ramírez, fue asesinado ese año por los usurpadores de la playa. Ante esto, la gente de Ostula formó una policía comunitaria, inspirada en el ejemplo de la que protege a los pueblos de la Montaña de Guerrero. El motivo que la orilló a tomar tal decisión fue el constante asedio de los cárteles, que actúan en esa franja de 100 kilómetros de longitud, abarrotada de montañas que bajan desde la sierra y llena de lugares ideales para la entrada y salida de sustancias ilícitas.

Pero la policía comunitaria también surgió en respuesta a las amenazas de los colonos de La Placita, mismos que en 2009 debieron huir, cuando los comuneros hicieron valer su superioridad numérica y recuperaron sus tierras y sus playas, y fundaron el pueblo de Xayakala con 200 familias. A partir de ese momento se ha desatado una ola de violencia cuyo saldo actual es de 26 muertos –dos de ellos eran adolescentes, que fueron quemados vivos– y cuatro desaparecidos. Y lo más grave del caso es que el río de sangre puede volver a correr este martes, cuando representantes del gobierno celebren una consulta entre los comuneros, para que digan si aceptarán dinero a cambio de sus tierras, o permanecerán en resistencia.

Detrás de los promotores de la consulta están los Fox, los Bribiesca y los hoteleros del reino de su graciosa majestad don Juan Carlos, así como las empresas mineras, que planean construir un ferroducto, es decir, un tubo para bajar el hierro que se extrae en la sierra de Jalisco hasta Xayakala, donde quieren instalar un puerto de gran calado, para exportar metal a China, situada como quien dice allá enfrente nomás, al otro lado del Pacífico.

Cuando desesperados por la violencia de los cárteles, y de todos los adinerados con intereses en la región, los dirigentes de Ostula fueron a Morelia, a ver al gobernador Leonel Godoy, éste se disculpó, avergonzado y compungido. En la costa no puedo hacer nada, estoy completamente rebasado, les dijo. Así que entonces, por último, solicitaron ayuda a la Marina y después al Ejército. Nada cambió, pero el riesgo de que este martes estalle una nueva cadena de asesinatos persiste, y las autoridades tienen la obligación legal de evitarla. Cosa que no hicieron ayer en Ciudad Juárez, donde Norma Andrade, activista del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, recibió cinco impactos de bala. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? ¿Cuándo llegará la respuesta de La Haya? Para ratificar su denuncia, los 23 mil que la firmaron convocan el próximo sábado a una reunión masiva a las puertas de la PGR. Y usted, ahora que ya se fue Humberto Moreira con una cola de 34 mil millones de pesos, ¿en serio piensa votar por Enrique Peña Nieto?

jamastu@gmail.com - http://twitter.com/@emiajseliva

Las amenazas

Emilio Chuayffet, responsable directo de la matanza de ACTEAL y el asesino de Felipe Calderon.

Luis Javier Garrido

El último año del gobierno panista está marcado por la información de la Cepal de que sólo en México y en Honduras creció la pobreza en América Latina (La Jornada, 30 de noviembre) y el empecinamiento de quienes gobiernan en extremar el clima de violencia que cada vez más repudian los mexicanos.

1. La denuncia presentada el viernes 25 ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) contra Felipe Calderón y su gabinete de seguridad por delitos de lesa humanidad cometidos durante su guerra contra el crimen organizado, con el respaldo de más de 23 mil firmas, constituye un hecho sin precedentes en la historia jurídica y política de México, pues jamás un gobernante en funciones había sido objeto de una acusación de esta dimensión, y sienta un nuevo precedente en la histórica lucha de los mexicanos en defensa de sus derechos fundamentales y contra la impunidad del presidencialismo.

2. Este acto de dignidad de este grupo de mexicanos dignos se da en un contexto de hartazgo nacional ante la violencia de Estado desatada con fines aviesos por Calderón y los panistas, no contra los cárteles sino contra el pueblo mismo, y la demagogia con la que la derecha en el poder busca engañar al pueblo y crear las condiciones para proseguir el saqueo del país, pero no es la única manifestación de inconformidad que se da a nivel internacional ante la complicidad de la Suprema Corte de Justicia con el gobierno del PAN, y su incapacidad para hacer valer la principal de sus funciones: velar por la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración.

3. Las iniciativas para recurrir al derecho internacional a fin de detener la barbarie calderonista se están multiplicando, pues el 21 de octubre otro importante grupo de mexicanos respaldó la iniciativa del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), heredero del Tribunal Russell, para abrir un capítulo en México y juzgar a Calderón Hinojosa (La Jornada, 22 de octubre). Ya en marzo un ciudadano mexicano había presentado otra querella en La Haya contra él por crímenes de guerra y de lesa humanidad (aceptada entonces con más de 400 votos contra tres abstenciones). Y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el escritor Javier Sicilia, a pesar de haber sido objeto de todas las burlas de Los Pinos sigue buscando incidir en esta lucha, sobre todo ahora que otro de sus integrantes fue asesinado impunemente.

4. El escenario de la globalización neoliberal que se ha ido forjando como un candado de seguridad de los intereses de las multinacionales y de los crímenes de los gobernantes está así siendo utilizado en su contra, no obstante los esfuerzos espurios por coparlo, y aunque poco puede esperarse de éste, el precedente ahí queda. A pesar de que Calderón Hinojosa fracasó en octubre en su intento por colocar a Javier Laynez Potisek, un oscuro abogado empresarial, como juez de la CPI, al ser estimado éste como no calificado para el cargo (Proceso, 1827), Washington conserva un control casi absoluto sobre los tribunales internacionales.

5. Los fundamentos de la acusación a Calderón se hallan a la vista de todos, pues el gobierno de facto dio a las fuerzas armadas un papel ilegal como policías con autorización para violentar los derechos humanos, allanando domicilios, deteniendo a personas y, a pesar de que esto se niega, disparando sobre el pueblo, lo que ha generado un sinnúmero de crímenes; avaló la estrategia de Washington para crear grupos paramilitares e introducir ilegalmente armas a México destinadas a éstos y a ciertos cárteles a fin de exacerbar la violencia y la colombianización del país; permitió la presencia impune de agentes estadunidenses en territorio mexicano para dirigir a las fuerzas armadas; y administró, en suma, la violencia en un escenario en el que el crimen organizado está en todas partes y no se sabe quién genera los crímenes y las matanzas: si los cárteles que se pretende combatir, y que florecen como el negocio, o las fuerzas armadas y los paramilitares oficiales y sus cómplices en el sector político y financiero, que buscan reordenar el negocio en función de los intereses de Washington. De ahí que el escritor Fernando Vallejo, con gran valor civil, señalara el día 26 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que Calderón es un hombre indigno del puesto que ocupa.

6. La respuesta de Los Pinos a la denuncia ante La Haya en un comunicado emitido la noche del domingo 27, calificando como calumniadores a los signatarios de la misma y amenazando con proceder legalmente (lo que ya se sabe lo que significa en México) contra ellos y contra cualquier otro que cuestione su estrategia en foros e instancias internacionales o nacionales, ha merecido en consecuencia un repudio absoluto y lo menos que se ha hecho es calificarla de fascistoide, pues las amenazas gubernamentales son contra todos los mexicanos inconformes, que es la mayoría.

7. El inusitado respaldo a Calderón de Emilio Chuayffet (presidente de la Cámara de Diputados), señalando el día 28 en una rueda de prensa, a la que asistió en un estado de agitación incontrolado, que éste tiene derecho a defenderse frente a injurias no probadas, es en todo caso un desvergonzada exigencia a la impunidad de la clase política mexicana y de él mismo: una autodefensa, que mucho aclara lo que acontece. Como se recuerda, Chuayffet fue señalado cuando despachaba en Bucareli como principal responsable por la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997, que conmovió al mundo, y acusado a nivel internacional por auspiciar la creación de paramilitares en Chiapas, lo que llevó a Zedillo a removerlo del cargo. El pez por la boca muere, y el precandidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto, olvidándose también que es un derecho inalienable de los mexicanos el acudir a un tribunal internacional, se opuso con énfasis al día siguiente a cualquier acción contra un presidente en turno, advirtiendo así que en el caso de llegar a Los Pinos querría mantener el estatuto de absoluta impunidad para la clase política y el Ejecutivo federal.

8. El asesinato del activista social Nepomuceno Moreno Muñoz, integrante del MPPJD, el lunes 28 en el centro de Hermosillo, luego de que había denunciado y dado información a la PGR por la desaparición de varios jóvenes –entre ellos su hijo–, y solicitado la protección oficial, plantea empero de nuevo las mismas cuestiones: ¿dónde está el crimen organizado, en los cárteles o en el gobierno? ¿Y a quién interesa más se extreme el clima de violencia en el país: a Washington y a la actual cúpula en el poder, o a los narcotraficantes?

9. La nueva legislación, ya de corte abiertamente fascista, que los panistas buscan introducir estos días en la miscelánea penal, equiparando protestas a actos terroristas y criminalizando los actos de inconformidad ante las autoridades, para al mismo tiempo fortalecer el estatuto de impunidad para las fuerzas extranjeras que operan en México, denunciada por el senador Pablo Gómez (La Jornada, primero de diciembre), es una nueva señal de los riesgos que corre la nación.

10. El último año del gobierno de facto se inicia de esta manera con un número de mexicanos cada vez mayor que están dispuestos, con una intransigencia que conmueve, a hacer valer su exigencia de ¡Ya basta! a la cúpula de un poder económico y político empeñada en mantener a toda costa sus privilegios.

Geografía del hambre

Crea fama...-Helguera

Situación delicada-Fisgón

Monreal será coordinador de campaña de AMLO

Andrés Manuel López Obrador propuso a Ricardo Monreal Ávila como coordinador de campaña, situación que se formalizará el lunes próximo, cuando el virtual candidato de la coalición Movimiento Progresista –integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano– se reúna con dirigentes de estas fuerzas políticas para revisar la estrategia y la estructura para el proceso electoral federal 2011-2012.

Dolores Padierna, secretaria general del PRD, confirmó que López Obrador optó por el senador Monreal Ávila, del PT.

Al preguntarle si está de acuerdo con la decisión del precandidato, respondió: Por supuesto. Él es el candidato, él pone a su coordinador.

Pasado mañana en la reunión de análisis electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la coalición se organizará la gira para el arranque de la precampaña en pos de la Presidencia de la República. El proyecto es iniciar con un recorrido por el Distrito Federal, del 18 al 22 de diciembre.

De acuerdo con fuentes consultadas, desde la reunión de López Obrador, el martes pasado, con la dirigencia del PRD y representantes de las diversas corrientes que integran este partido, así como el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, el precandidato les hizo saber su decisión de que Monreal será su coordinador.

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• Podrían perder más de $300 millones en esta cosecha por baja del precio en cereza

Abuso de trasnacionales afecta a 90 mil cafetaleros

Cafetaleros de Coatepec, Veracruz, demandaron a autoridades federales y estatales revisar el precio que las empresas trasnacionales les ofrecen por el aromático

Jalapa, Ver., 2 de diciembre. Más de 90 mil caficultores del estado resienten el castigo al precio del café cereza –fruto maduro y recién cortado– impuesto por las trasnacionales Agroindustrias Unidas de México (Amsa), Café California, y Nestlé, con lo cual se estima que perderán más de 300 millones de pesos en la presente cosecha, pese a que las cotizaciones internacionales del producto son elevadas.

Dirigentes cafetaleros adheridos a la Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) denunciaron que por cada kilo las empresas que monopolizan su compra rebajan entre 1.5 y 2.50 pesos, pagándolo a inicio del presente ciclo de cosecha entre 8.50 y 9.50 cuando la cotización real debería ser de 11 pesos.

Por ello, exigieron que se reactive la Comisión de Seguimiento de Precios, integrada por los gobiernos federal y estatal, y las agrupaciones de productores, para frenar la voracidad de las transnacionales.

Fernando Celis Callejas, representante de la CNOC refirió que en los principales centros de compra para el café cereza en Veracruz, que son Jalapa, Coatepec, Huatusco, Ixhuatlán del Café y Córdoba, actualmente se paga el quintal en 2 mil 700 pesos cuando su precio real es por lo menos de 2 mil 950 pesos.

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• La medida, parte de la “dictadura del terror, en complicidad con los charros”: disidentes

Rechaza el SNTE distribución unilateral de cédula de la SEP

• El documento recaba datos para la evaluación de docentes; cambia la forma de trabajo en la comisión rectora de la ACE, dice el gremio
• Entregan más de 50 mil demandas contra la prueba

Opositores a la dirigencia sindical de Elba Esther Gordillo, durante la segunda etapa de entrega de demandas contra la ACE, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) envió un comunicado urgente a todas sus secciones sindicales y a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional para informar que el levantamiento de la Cédula de Registro para el Censo de Docentes de Educación Primaria –cuyo objetivo es reunir datos para la evaluación universal de maestros y directivos– es una acción unilateral de la Secretaría de Educación Pública. Por ello, la iniciativa no es avalada por el sindicato.

El documento, en poder de este diario, fue emitido el pasado 30 de noviembre con carácter de urgente para su distribución en todas las representaciones sindicales del país. Afirma que la cédula trastoca la forma de trabajo establecida en el marco de la relación bilateral SEP-SNTE, por no ser resultado de los trabajos conjuntos en la comisión rectora de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Producto de la inconformidad

Profesores disidentes de 15 estados que acudieron ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) para una segunda entrega de demandas contra la aplicación de la evaluación universal afirmaron que la medida es resultado de la creciente molestia e inconformidad que genera la aplicación de la cédula como aceptación tácita de dicho examen.

Se trata, apuntó Sergio Espinal, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND-SNTE), de una “dictadura del terror con que autoridades educativas, en complicidad con la cúpula charra –a pesar que ahora quieran deslindarse–, pretenden imponer a cualquier costo la ACE”.

Afirmó: Gordillo y sus incondicionales están muy preocupados por el creciente malestar de los profesores en todo el país. No hay una respuesta favorable a su evaluación universal ni a las reforma en el programa de carrera magisterial.

Saben, agregó, que enfrentan la férrea oposición del magisterio, no porque rechacemos examinados y capacitados, si no porque su estrategia, en alianza con la SEP, apuesta a la precarización total de nuestras condiciones de trabajo y a la destrucción de la escuela pública"

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Opositores inician tercer congreso contra la evaluación a profesores

Integrantes del magisterio disidente iniciaron el tercer Congreso Nacional de Bases para elegir nueva dirigencia, así como para analizar la construcción de una ruta crítica contra la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y la evaluación universal de docentes y directivos.

Sergio Espinal, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del magisterio, afirmó que acudirán delegados de 25 entidades, quienes deberán definir y aprobar las acciones jurídicas inmediatas para detener el deterioro de las condiciones generales de trabajo de los maestros.

En entrevista, tras concluir un mitin frente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se realizó la segunda entrega de denuncias contra la evaluación universal del magisterio, agregó que convocan “a sumar esfuerzos para detener la embestida tanto de la Secretaría de Educación Pública como de la cúpula charra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

Enfatizó que uno de los objetivos del encuentro será la aprobación de un plan de resistencia contra las reformas educativa y laboral, así como ajustar y enriquecer su propuesta pedagógica alternativa.

Además, indicó, se buscará consolidar la estructura del CEND-SNTE como alternativa de lucha donde prevalezca una verdadera autonomía de las bases

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El Parlamento Infantil exige a Los Pinos gastar en alimentos en lugar de armas

Los niños de escuelas públicas con mejores promedios que participaron en el octavo Parlamento Infantil, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, fueron objeto del desaire de las autoridades legislativas durante la ceremonia de clausura de los trabajos de dicho congreso.

Emilio Chuayffet, presidente de la mesa directiva, no se presentó a dar por concluidas las actividades de los infantes, y la única legisladora que se presentó fue la priísta Yolanda de la Torre.

En los anteriores parlamentos infantiles los presidentes de la Cámara de Diputados acudieron a clausurar los trabajos de ese cónclave. Ayer, en un ambiente desangelado, ningún representante del órgano de gobierno camaral acudió para despedir a los niños.

El número registrado de niños-legisladores fue de 300. En la ceremonia de clausura permanecían unos 200 que jugueteaban y se arrellanaban en las curules del salón de sesiones.

Pese a la ausencia de los legiladores, el resolutivo del cónclave infantil destaca una solicitud al Presidente de la República, a los gobernadores y presidentes municipales para que cumplan con la Constitución y que los diputados y senadores elaboren leyes para un futuro mejor, sin delincuencia, violencia ni narcotráfico.

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Promotores de demanda contra Felipe Calderón piden garantías a la CIDH

Los promotores de la demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón y diversos cárteles del narcotráfico, por delitos de guerra y de lesa humanidad, responsabilizaron al gobierno federal de cualquier acción legal o extralegal que pueda llevarse a cabo contra ellos, y solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para quienes han aparecido en foros públicos apoyando la denuncia.

En conferencia de prensa, subrayaron que la querella no puede ser calificada de calumnia ni es posible que sus impulsores sean acusados penalmente, como sugirió el gobierno del país en un comunicado, porque forma parte de los derechos ciudadanos a defenderse de las autoridades y a señalar las acciones equivocadas.

Mediante un comunicado, recordaron que el documento presentado por Netzaí Sandoval ante La Haya está respaldado por más de 23 mil firmas de ciudadanos –hoy ya suman más de 27 mil–, y reiteraron que en México sí ocurren crímenes de lesa humanidad, es decir, ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.

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SG: no se interpondrá denuncia

El gobierno federal aseveró, por segunda vez en esta semana, que no procederá en ninguna forma y por ningún conducto contra las personas que critican las políticas públicas y las decisiones de la administración calderonista.

En respuesta al comunicado México en la Corte Penal Internacional, expresó: que no ha perseguido ni perseguirá a las personas que ejercen su derecho a la libre expresión, que incluye el disenso con la estrategia nacional de seguridad.

Por conducto de la Secretaría de Gobernación (SG), el Ejecutivo hizo de manera implícita una nueva referencia a la denuncia que presentó un grupo de abogados ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Felipe Calderón, integrantes de su gabinete y otras personas a las que los demandantes –respaldados por miles de firmas de ciudadanos– responsabilizan de crímenes de lesa humanidad y otras prácticas ilegales.

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Exigen ONG acelerar pesquisas en caso Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) manifestaron su preocupación por el retraso del Estado mexicano en las investigaciones por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, a más de año de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) ya comenzó el proceso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha facilitado la información necesaria para que las pesquisas continúen, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

La sentencia de la CIDH, emitida el 26 de noviembre de 2010, obliga al Estado mexicano a indagar las acusaciones de tortura contra los activistas guerrerenses. En este marco, la PGR dio inicio en julio pasado a dos investigaciones.

Montiel y Cabrera ratificaron sus declaraciones y se mostraron dispuestos a que les sea aplicado el Protocolo de Estambul, mediante el cual se indagan y documentan la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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Balean a activista antifeminicidios en Juárez

Ciudad Juárez, Chih., 2 de diciembre. Esta tarde fue lesionada de dos balazos Norma Andrade, profesora y fundadora de la Organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, durante un supuesto intento de asalto, por lo que la activista fue internada en el hospital 66 del IMSS con lesiones en tórax y brazo.

Entrevistada vía telefónica, Malú García Andrade, hija de la lesionada y también activista social, quien se encuentra fuera de la ciudad con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por amenazas de muerte, dijo que la agresión contra su mamá fue intencional y los responsables “son los mismos que me amenazaron, ligados directamente al cártel de Juárez.”

Expresó que su madre fue atacada a balazos cuando salía de su casa en la colonia Infonavit Juárez Nuevo, a las 16:30 horas locales. Norma abordaba su auto Escort 1990 en la calle Pacheco Parra y Toronja Roja, cuando un hombre armado se le acercó aparentemente para despojarla del vehículo. Al tratar de bajarla, le disparó al menos en cinco ocasiones, acertando dos impactos.

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Avala Padrés labor de procurador de Sonora en el caso Nepomuceno

Hermosillo, Son., 2 de diciembre. El gobernador Guillermo Padrés Elías avaló hoy el trabajo del procurador de justicia Abel Murrieta Gutiérrez, tanto en el caso del homicidio de Nepomuceno Moreno Muñoz, ocurrido el lunes pasado en esta ciudad, como en el del incendio de la guardería ABC, por lo que no encuentra razones para pedirle su renuncia.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad señaló que el funcionario es un obstáculo para la justicia en el estado, pero para Padrés Elías no es así: Yo no se lo he pedido (la renuncia), aquí hay muchos elementos a considerar, y es el interés del estado, el interés colectivo.

Dijo que se trabaja a fondo, en coordinación con policías federales, para dar con el paradero de los asesinos de Nepomuceno Moreno, y que aunque ya se han realizado detenciones de presuntos responsables en el caso de la desaparición de Jorge Mario Moreno (hijo del activista ultimado), no se pueden conocer por el momento más detalles.

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Aún en peligro, familia de activista asesinado: AI

Amnistía Internacional (AI) advirtió que la familia de Nepomuceno Moreno Muñoz, activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, corre peligro luego del asesinato de éste, ya que las autoridades del estado de Sonora no quieren o no pueden realizar una investigación exhaustiva sobre el homicidio, ni garantizar la protección de sus familiares.

Moreno, recordó la organización con sede en Londres, al parecer fue muerto por pedir justicia por la desaparición de su hijo Jorge Mario Moreno León, ocurrida en julio de 2010, supuestamente a manos de policías estatales de Sonora.

El activista se sumó al Movimiento por la Paz para hacer campaña sobre el caso de su hijo y sobre los de otras presuntas víctimas de abusos perpetrados por bandas delictivas y por las fuerzas de seguridad en México.

Aunque denunció en múltiples ocasiones que había sido amenazado de muerte y solicitó medidas de protección –incluso al presidente Felipe Calderón en persona–, fue ejecutado con varios disparos de arma de fuego el 28 de noviembre en pleno centro de la ciudad de Hermosillo.

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Responde el SME al gobierno: no se quitarán demandas

En asamblea general, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) rechazó la propuesta del gobierno federal, condicionada a que los 16 mil 599 trabajadores en resistencia cobren su liquidación, de que desistan de las demandas laborales –colectivas e individuales– y liberen los 18 inmuebles que, según las autoridades, bloquea o retiene el gremio.

El SME resolvió no aceptar ni promover el cobro de ningún finiquito (de la relación laboral con la extinta Luz y Fuerza del Centro) y organizar un nuevo plan de acción que, por lo pronto, incluye una movilización el próximo 14 de diciembre, día en que la organización gremial cumplirá 97 años.

Pese al rechazo general acordaron no retirarse de la mesa de negociación, encabezada por la Secretaría de Gobernación.

Lo que nos entregó el gobierno el miércoles pasado es una provocación, porque nos regresa al inicio del conflicto, advirtió Martín Esparza, secretario general del SME.

Dijo que en el último tramo de la negociación, encabezada por el entonces secretario Francisco Blake Mora, el funcionario les dijo que ya había logrado consenso entre las distintas dependencias públicas para hacer una propuesta viable para la reinserción laboral y productiva en el sector eléctrico.

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Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz son las entidades con mayor índice de pobres: Coneval

• Crisis de 2008, alzas en inflación y en alimentos, y dependencia con EU elevaron la cifra, refiere

El secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, durante la presentación de los datos más recientes sobre la situación económica en México, en donde informó que el municipio con mayor número de pobres es San Juan Tepeuxila, Oaxaca, mientras que la zona con la cifra más baja es la delegación Benito Juárez, en el Distrito FederalFoto José Antonio López

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer ayer las cifras más recientes de medición de la pobreza, pero desglosadas por primera vez a escala municipal, en donde se corroboró que las entidades con mayor índice de personas en dicha condición son Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz.

Por otro lado, el organismo consideró que el aumento en el número de pobres e indigentes en México, como reveló el martes pasado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se debe a la crisis de 2008, el alza en la inflación y en los precios de los alimentos, y la alta dependencia comercial hacia Estados Unidos.

El secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, presentó el cálculo de la pobreza moderada y extrema en todos los municipios del país, lo que permitirá conocer en detalle el porcentaje de pobres, la cifra total de personas en ese estado y el tipo de carencias sociales que padecen.

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Elogia Familia Pasta de Conchos informe de la CNDH sobre las minas en Coahuila

La organización Familia Pasta de Conchos celebró el Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el miércoles.

El documento de la CNDH detalla las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón, las cuales –subraya– distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno, conforme a lo establecido en nuestra Constitución y en la normativa internacional.

Con ello, indicó la organización, se demuestra también que los problemas en la zona carbonífera van más allá de la expresión de unas viudas o las gestiones de algunos grupos civiles.

En este contexto exigieron al gobierno de Felipe Calderón una respuesta inmediata para el rescate de los 63 mineros de Pasta de Conchos, fallecidos ahí en febrero de 2006.

Esta organización, integrada por deudos de los mineros, así como miembros de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, ha documentado, además de la tragedia referida, otros 60 decesos en esa región, de los cuales una veintena ocurrieron en 2011.

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Dinero

• Apoyan someter a juicio a Calderón
• Prende la promoción ciudadana en la Corte Internacional
• Consideran que hay elementos de sobra

Enrique Galván Ochoa

Activistas mexicanos representados por el abogado Netzaí Sandoval presentaron ante la Corte Penal Internacional de La Haya una petición para investigar al presidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad. ¿Apoyas la demanda contra Calderón?, preguntamos esta semana en nuestra encuesta. Sí, contestaron 95 por ciento de participantes; no fue la respuesta de 3 por ciento. Y el resto expresó ideas diversas.

Metodología

Enviamos un cuestionario a 3 mil personas cuyos buzones electrónicos tomamos al azar entre los miembros de El Foro México. Contestaron 2 mil 284. En seguida reproducimos fragmentos de algunas expresiones.

Opiniones

Mi reconocimiento a quienes con valor han promovido la demanda contra ese hombre. Todavía queda un año de pesadilla, pero ese tiempo debemos emplearlo para organizarnos más y mejor, y evitar que vuelva a ocurrir el fraude de hace cinco años. Con el presidente del empleo se han cumplido los más negros pronósticos que en su momento muchos alertaron y aún se quedaron cortos.

Eduardo Sainoz Carrillo / Tlaxcala

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México SA

• Geografía del hambre
• Miseria municipal
• República de discursos

Carlos Fernández-Vega

A finales de 2004 causó revuelo un informe de la ONU, porque en él se denunciaba no sólo que Metlatónoc, Guerrero, era el municipio más pobre entre los pobres del país, con 94.7 por ciento de sus habitantes en tan precaria situación, sino que su índice de desarrollo humano se encuentra en un nivel muy similar al de países como Benin, Costa de Marfil, Guinea y Tanzania, todos países del continente africano que se ubican dentro de los últimos 20 lugares en IDH a nivel mundial. Ante tal señalamiento, la indignación de los políticos autóctonos se hizo manifiesta: ¿cómo es posible que atribuyan a México un subdesarrollo que sólo pertenece a las naciones africanas?

Veinticuatro horas después de conocerse el referido informe (PNUD, Indice de desarrollo humano municipal en México, 2004), el gobierno federal, los estatales, los legisladores y la clase política en general ya lo habían olvidado, y su indignación (mediática, desde luego) se esfumó. Y tan lo olvidaron, que en seis años la miseria en Metlatónoc no varió un solo milímetro, y nadie se preocupó por ello. Justo es decir que éste ya no es considerado como el municipio más pobre entre los pobres de la República, aunque su reclasificación no es consecuencia de una mejor condición de vida de sus pobladores, sino por el hecho de que en otros municipios la circunstancia empeoró.

En la geografía mexicana del hambre nunca pasa nada, salvo que el problema se agudiza y cada día incorpora más territorio. Y no tenía por qué ser distinto: cuando Felipe Calderón se instaló en Los Pinos, México ocupaba el escalón número 53 en lo que a índice de desarrollo humano se refiere; cinco años después, en 2011, había caído cuatro escalones más (posición 57 a nivel internacional). La pobreza en México ha crecido a la par de los discursos oficiales que dicen haberla reducido.

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Por una nueva política laboral en la ciudad de México

Arturo Alcalde Justiniani

Alentadora ha sido la jornada de movilización contra el decreto antisindical emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF). En sólo tres semanas convocó a sindicatos, organizaciones no gubernamentales, académicos, abogados democráticos y ciudadanos, todos defendiendo el derecho de los hombres y mujeres de nuestra ciudad a organizarse libremente en defensa de su salario y sus condiciones de trabajo. Buena noticia fue la acertada protección constitucional otorgada por los jueces primero y sexto de distrito en materia de trabajo en el Distrito Federal y el pronunciamiento unánime de la Asamblea Legislativa.

Cada vez es más claro no sólo el carácter ilegal de este decreto, sino la red de intereses que motivaron su aprobación; así quedó de manifiesto en la reunión del pleno de este tribunal, realizada el pasado 1º de diciembre, convocada por el presidente de la junta para revisar o revocar dicho decreto; los representantes del sector patronal generaron una contraofensiva e impidieron el regreso a la legalidad. Ahora resulta que son estos representantes los que están decidiendo la suerte sindical de los trabajadores. Por cierto, las centrales obreras tradicionales no han dicho hasta ahora esta boca es mía, ni siquiera para despistar.

Conviene subrayar que existe la equivocada idea de que todos los problemas laborales y sindicales son de carácter federal. En razón de la división de competencias, al gobierno de la ciudad le corresponde administrar la justicia y promover las acciones necesarias para las ramas de actividad local; se trata de miles de centros laborales en los que impera una gigantesca red de corrupción, que priva a los trabajadores del derecho a decidir el gremio de su preferencia, donde operan sindicatos fantasma que extorsionan a empresas y particulares hasta en la más modesta obra de construcción familiar. Camine usted por las calles de nuestra ciudad; imagínese qué tipo de relaciones laborales hay en cada comercio, en cada taller, en cada supermercado. Esta red de intereses que inhibe la posibilidad de un modelo laboral justo, sostenible y socialmente productivo no puede ser tolerada con la excusa de que es un mal necesario o un tema espinoso que es mejor soslayar para no inquietar a los empresarios.

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Protección de datos personales

Miguel Concha

En una decisión que causa sorpresa, el pasado 16 de noviembre el Info-DF resolvió que la exhibición en medios de algunos datos de supuestos delincuentes por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), como nombre, fotografía, alias y, eventualmente, la voz, no constituye excepcionalmente una violación a la Ley de Protección de Datos Personales de esta entidad, si los presuntos responsables son acusados de un delito grave, si existen elementos que hacen suponer que pueden estar involucrados en otros delitos y/o se presume asociación delictuosa, y si se requiere la participación de la sociedad para que los identifique, denuncie o dé mayores elementos para la investigación.

En las tres quejas promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que consideró probado que la PGJDF realizó actos de exhibición de personas y publicidad de información contenida en los expedientes de averiguación previa, en conferencias de prensa, boletines y comunicados que son difundidos en su sitio de Internet, o en actos de publicidad de información confidencial o personal que es directamente ubicada en esa página. La resolución causa sorpresa porque en diversas ocasiones tal exhibición ha sido señalada como violatoria de los derechos humanos por organismos internacionales e instancias nacionales, como la Suprema Corte de Justicia, que ha determinado, por ejemplo, que la toma de fotografías de cualquier persona, sin importar su situación jurídica, es un acto de molestia que, de no ser necesario en un proceso legal, o de hacerse públicas, viola la Constitución y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos aprobados por México.

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El terrible Seguro Popular

Emiliano Thibaut

Todo comenzó cuando un día que oriné sangre recordé la trágica película Biutiful y asustado comencé a hacer llamadas hasta dar con un buen urólogo. No opté por el sector público porque sabía que ello podría implicar varios días de espera hasta llegar con un especialista, y era evidente que no había tiempo que perder.

Después de hacerme un ultrasonido, el doctor me informó que se trataba de un tumor y que 90 por ciento de los tumores de vejiga son cáncer. Decidí hacer uso de mis ahorros para poder operarme de inmediato, pues sabía también que mi seguro privado no cubriría el procedimiento médico por no haber completado aún los primeros dos años de antigüedad. El resultado de histopatología indicó que se trataba de un extraño tumor benigno, que en ocasiones reaparece y, cuando esto sucede, puede tornarse maligno. El médico determinó que debía recibir ocho aplicaciones semanales de quimioterapia preventiva. Dado que en la operación había gastado la mitad de mis ahorros, decidí recurrir al Seguro Popular para la etapa de quimioterapia. Fui remitido al área de Urología del Hospital Civil Viejo de Guadalajara. Después de múltiples intentos, logré que me recibiera un especialista. Éste me indicó que yo debía conseguir por fuera la medicina y llevárselas para programar la aplicación. Ante mi desconcierto me sugirieron ir a Trabajo Social a ver si me podían ayudar de alguna forma. La respuesta de éstos fue que intentarían conseguir algo con Cáritas y el DIF, para juntar dinero por lo menos para una aplicación"

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