El martes 15 de diciembre, el día mismo en que el Congreso clausuraba el primer periodo de sesiones ordinarias de la LXI Legislatura, el presidente Calderón envió al Senado un paquete de iniciativas que buscan integrar una reforma política. Al día siguiente, mientras se hallaba en Copenhague para asistir a la reunión de jefes de Estado y de gobierno sobre el cambio climático, fue muerto en un enfrentamiento con infantes de Marina el eminente narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, logro del que Calderón se glorió en la capital de Dinamarca. Y allí mismo la asociación internacional de legisladores le otorgó el premio Globe por sus progresos en materia ambiental.
En un año tan abrumador como el 2009, cuya mejor característica es que por fin se acaba, según dijo exhausto el propio Calderón, esas tres buenas noticias son un alivio para su alicaído gobierno. Son logros de diversa naturaleza por los que cabe aplaudir al primer mandatario. Mas no tanto ni de manera acrítica, porque esos buenos resultados van acompañados de reparos, de peros que impiden ovacionar entusiastamente a Calderón.
La reforma política que intenta es un abigarrado conjunto de propuestas, la mayor parte de las cuales han surgido en ámbitos diferentes de los que son propios del presidente. Más todavía, a algunas de ellas se opuso en otros momentos. Al mudar de opinión no revela necesariamente una capacidad de asimilación o reconocimiento a la verdad ajena, a los otros, sino que acaso busca meramente el aplauso fácil de las galerías o de ciertas cúpulas de opinión que ya se sienten halagadas, satisfechas de “ser tomadas en cuenta”. Algunas de las propuestas son contradictorias entre sí, lo que parece tener sin cuidado al presidente, tal vez porque no quiere cobrar la presa, sino emprender la cacería, es decir, le importaría menos que se aprueben sus reformas que las medallas de demócrata que puede colocar sobre su pecho sólo por haberlas presentado a discusión formal.
Los puntos específicos de la propuesta presidencial serán discutidos en este lugar durante el mes de enero, inmediatamente antes de que se inicie, si ha de comenzar, el debate propiamente legislativo en febrero, al reanudarse las sesiones senatoriales. Aquí adelanto sólo un acuerdo y desacuerdo en un punto de la iniciativa calderoniana.
Alguna vez yo mismo, como ahora Calderón, me ilusioné con las candidaturas ciudadanas: eliminan el monopolio de los partidos a ese propósito, permiten que la gente común y corriente pueda llegar a cargos de elección popular sin necesidad de hacer compromisos con los dirigentes partidarios, más inclinados a apadrinar a miembros de sus partidos con los que sea dable establecer componendas, que a establecer acuerdos con los ciudadanos. Pero es imposible deslindar las candidaturas que no sostiene ningún partido del régimen financiero electoral. De los dos modos de apoyar con dinero a un candidato, ¿cuál cabría escoger: el público o el privado? Si el segundo, los candidatos dependerían de los poderes fácticos, incluidos los francamente ilegales como el narcotráfico. Si el primero, habría que establecer pautas que no multiplicaran en perjuicio del erario los requerimientos de aspirantes sin cuento. Ningún recurso público alcanzaría para financiar a los candidatos y a los partidos. Y si se apoyara a algunos y no a todos, se rompería la equidad, que es el único valor del régimen de financiamiento electoral de hoy que debe ser preservado.
Al embate contra la banda de los Beltrán Leyva, sobre Arturo en particular, nadie podría objetar nada. Se trata de luchar contra las bandas de la delincuencia organizada en general, y si ello se hace mediante labores de inteligencia que ubiquen a los jefes para detenerlos y procesarlos, la tarea cumplida es digna de elogio. Pero, ¿por qué incrementar las áreas de acción de la Marina? Si es por responder a la crítica a la participación del Ejército en funciones policiacas, el reemplazo con marinos no arregla la situación. Uno y otro cuerpos militares tienen asignadas misiones de carácter diverso a la de garantizar la seguridad pública, por lo que no están preparados para ejercer las funciones respectivas. La muerte de Beltrán Leyva es ya aducida, explícita o implícitamente, como el ejemplo de que la Armada de México sí está acreditada y tiene entrenamiento para ese propósito. Ver a los infantes de Marina descender a rappel, con sogas pendientes de helicópteros que los depositan en las azoteas de edificios a los que desde allí pueden penetrar, seguramente es un espectáculo confortante: al fin hay quien sabe hacer las cosas.
Pero en México, y en Cuernavaca, no priva la ley primitiva de capturar a un delincuente vivo o muerto. El propósito no es exterminar con violencia al enemigo, mediante juicios sumarios o con balaceras libradas sin apego a normas técnicas y de política criminal. Se trata de detener, poner a disposición de las autoridades competentes a quienes delincan, no de acabar con ellos a cualquier precio. Proceder de esa manera no sólo impide que se aplique la ley, castigando con severidad a los delincuentes hallados culpables, sino que se pierde información que surge en las averiguaciones previas y los procesos. Y por si fuera poco, se entra en disputas entre bandas, como la que sostenían Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, agraviado por El Barbas por el asesinato de su hijo Édgar. No es exitosa una operación policiaca donde el buscado para ser detenido resulta muerto.
Eso no obstante, Calderón se mostró complacido de esa operación y felicitó por ella a la Armada de México, que ahora aparece como el último recurso en el combate a la delincuencia organizada. A tal grado ocurre así que un almirante y un vicealmirante han sido colocados en posiciones de alto nivel en la Procuraduría General de la República, no obstante que su hoja de servicios dista de ser impoluta. El almirante José Luis Figueroa, excomisionado de la Policía Federal Preventiva (estaba en funciones cuando tres de sus hombres fueron linchados en Tláhuac, sin que la corporación reaccionara debida ni oportunamente) es el responsable del Centro de Análisis de la Información, cuya labor es básica para la planeación de las estrategias de la PGR. Y en enero asumirá el mando de la aún flamante Policía Federal Ministerial (que sustituyó a la AFI y a la Policía Judicial Federal, ambas de ingrata memoria) el vicealmirante Wilfrido Robledo, también excomisionado de la PFP, y que como director de la Agencia de Seguridad Estatal del gobierno mexiquense ordenó la operación Atenco en mayo de 2006 y fue renuente a aceptar que sus tropas hubieran cometido muchas y graves violaciones a los derechos humanos.
En Copenhague, Calderón obtuvo lauros por su papel internacional en torno del medio ambiente. Cuando se le otorgó el premio Globe se tuvo cuidado en puntualizar que la presea galardonaba su política internacional en la materia. De lo contrario, hubieran surgido voces de reproche a los organizadores de ese premio, porque en el terreno doméstico la Secretaría del Medio Ambiente ejerce una de las fases más opacas de la administración pública. Entre los muchos ejemplos que pueden aducirse en abono a esa afirmación basta citar el del programa Proárbol, y las tareas para impedir la deforestación. Aquella iniciativa, destinada a repoblar de árboles el país, según lo han advertido expertos y participantes en la industria silvícola, fue un fracaso, pues la mitad de los ejemplares plantados en 2007 fueron cactáceas y no árboles, y de estos últimos no prosperó una muy alta proporción. Por ello se ha cuestionado el uso de los 2 mil 700 millones de pesos que se invirtieron en ese programa.
Y ya no digamos el combate a la deforestación. A las puertas mismas de la capital, con grave detrimento de su papel como generador de humedad, el bosque en el Estado de México, en sus límites con el Distrito Federal, Morelos y Guerrero, es objeto de una incontenible explotación ilegal cuyos beneficiarios han sido capaces de llegar al crimen.
Buen fin de año tiene Calderón. Pero…
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