sábado, abril 03, 2010

Janet Napolitano, México se postra ante ti

¿Quién manda en México?

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, habla después de una reunión con el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el contexto del encuentro que sostuvieron funcionarios de México y EU en marzo pasado ReutersFoto Foto.

Jaime Avilés

¿Quién manda en México? El 31 de enero, en la colonia Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, 15 estudiantes de secundaria son ametrallados por sicarios en una fiesta. Tras tacharlos de pandilleros” y suscitar indignación nacional por la ligereza de sus palabras, Felipe Calderón viaja a esa población fronteriza, el 11 de febrero, para disculparse con los padres de las víctimas y “oír” sus reclamos. Recibe una petición unánime: que se vaya el Ejército. Su respuesta es no. Y no y no. Y la repite en todos los tonos.

El 13 de marzo, tres personas vinculadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez son eliminados por sicarios. El 16 de marzo, Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Hogareña (Homeland Security) de la Casa Blanca, afirma ante los medios que la presencia del Ejército en aquella frontera “no ha ayudado” a combatir el narcotráfico. Calderón se sulfura, Fernando Gómez Mont (“testigo de honor” para acuerdos secretos y vergonzantes) trata de contradecirla. ¿Y? El 31 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional anuncia que el Ejército se retira en forma “paulatina” de Juárez.

Jueves 19 de abril de 2007: la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, en la que tienen mayoría los legisladores del PAN, aprueba un dictamen para someter al pleno del Congreso la derogación de la Ley Federal de Neutralidad, que el gobierno de Manuel Ávila Camacho promulgó en 1942, cuando México le declaró la guerra a Hitler. “Ya es obsoleta”, pretextan.

Esa ley prohíbe que tropas extranjeras se estacionen en tierras y mares mexicanos. Pero Calderón ordena a sus diputados intentar suprimirla, para que militares de Estados Unidos vengan a sumarse a su supuesta guerra “contra” el narcotráfico, que en realidad es contra el pueblo. PRI y PRD rechazan la maniobra, por burda. Sin embargo, el 24 de marzo de 2010, casi tres años más tarde, Janet Napolitano revela, en entrevista radiofónica, que Calderón pidió a Barack Obama la presencia del ejército estadunidense en nuestro país. Y la obtuvo.

En consecuencia, ahora lo sabemos todas y todos, el Comando Norte del Pentágono, bajo la dirección del general Victor Eugene Renuart, coordina ya las tareas que militares del vecino país desempeñan ilegalmente en el nuestro, capacitando a soldados, marinos y policías mexicanos para que realicen aquí “operaciones muy parecidas” a las que las tropas de Obama efectúan en Irak y Afganistán. Esa, aplaudirán algunos, es una buena noticia. La mala, opinarán otros, es que Estados Unidos perdió la guerra en Afganistán y ni se diga en Irak, de donde los marines no hallan por dónde salirse.

Pero si Miguel de la Madrid achicó el Estado mexicano (“es muy obeso”, decía) y sentó las bases para que floreciera la pujante industria del narcotráfico; si Salinas de Gortari vendió a sus amigos las principales empresas públicas y entregó a la mafia el control de las instituciones; si Zedillo remató lo que quedaba del Estado, excepto Pemex, y creó una nueva aristocracia a la que pagaremos tributo hasta el fin de los tiempos mediante el Fobaproa; si Fox destruyó deliberadamente los yacimientos petroleros, sobrexplotándolos para reventarlos, y obtuvo los mayores ingresos de la historia por este concepto, mismos que dividió entre él, Marta y la nobleza zedillista, reconvertida en oligarquía, ahora resulta que Calderón fue incrustado en Los Pinos por esa oligarquía, para desatar la guerra contra el pueblo (con el pretexto del narco), aumentar el precio de las drogas y el volumen de la economía informal, elevar exponencialmente los ingresos de los cárteles, sumergir al país en un baño de sangre y crear una violencia tan insoportable que justificara al fin lo que se propuso desde el inicio de su sexenio: la intervención militar de Estados Unidos y la entrega de Pemex a británicos, canadienses y estadunidenses.
Gracias a De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, México dejó de ser una aparente república (con una supuesta “división de poderes” que nunca funcionó en realidad), para convertirse en un protectorado, hoy por hoy bajo el mando provisional de Janet Napolitano, a quien no le ruboriza dar órdenes que Los Pinos, como acabamos de atestiguar, obedecen en seguida.

En Nuevo León, mientras tanto, un joven gobernador se tambalea. Tras el asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey, a quienes el Ejército disfrazó de narcos para presentarlos como trofeos de guerra, y en el contexto del mayor despliegue de fuerza de los cárteles de aquellos rumbos, que han bloqueado un día sí y otro también las principales ciudades fronterizas y la capital industrial del noreste, el priísta Rodrigo Medina organizó una manifestación contra la inseguridad pública, es decir, contra su propia ineficacia, pero no logró convocar a más de 10 mil personas.

Su debilidad política es patente: en diciembre, cuando los rayados de Monterrey ganaron el campeonato de primera división del futbol mexicano, más de 400 mil personas festejaron esa victoria en las calles de la Sultana del Norte; a Medina, por lo tanto, no lo apoya nadie, tal vez ya ni siquiera Alberto Anaya, quien en las más recientes elecciones para la gubernatura de aquella entidad envió a las bases del Partido del Trabajo a votar por el priísta, para impedir que triunfara el abanderado del PAN.

Hundida en una de las peores crisis políticas, económicas y de seguridad pública de su historia, la oligarquía neoleonesa intentó desviar la atención de su auditorio calumniando a las comunidades zapatistas de Chiapas, a las que acusó de recibir financiamiento de ETA, mediante la falsa “delación” de un imaginario “desertor” del EZLN, que un medio de comunicación vinculado a Monterrey ilustró con fotos de indígenas y cooperantes europeos, tomadas, evidentemente, por cámaras del Ejército desde vehículos militares a su paso por la selva. Además, la publicación exhibió el retrato de un ciudadano italiano que responde al nombre de Leuccio Rizzo, a quien presentó como el subcomandante Marcos “sin capucha”. ¡Ajá! ¡Qué ridículo del neomacartismo!

Pero mientras las cuentas de ahorros de los mexicanos registraron una caída de 62 mil millones de pesos en el año reciente, y la recaudación fiscal mediante el impuesto a los depósitos en efectivo se redujo 58 por ciento con respecto a 2009, y 38 millones de usuarios se niegan con toda razón a registrar sus celulares, la gasolina Magna volvió a subir hoy otros ocho centavos y el porro mayor del gabinete, Javier Lozano, siguió ladrando en defensa de su reforma patronal en contra de sindicatos y trabajadores, que Jesús Ortega y los chuchos del PRD esperan aprobar en julio después de las elecciones en 12 entidades.

Y ya que de elecciones se habla, la próxima semana Manuel Camacho, el PRD y el PAN lanzarán como candidato a gobernador de Quintana Roo al fanático religioso Gregorio Sánchez, incluso después de que uno de sus más importantes aliados, el obispo de Cancún, Pedro Pablo Elizondo, miembro distinguido de los legionarios de Cristo, rogara a sus fieles que “perdonen a los curas pederastas porque no saben lo que hacen”. Se necesita cara dura para decir tal cosa, mientras en toda la cristiandad crece el clamor para que Benedicto XVI renuncie y sea juzgado por proteger a sacerdotes que abusaron sexualmente de los niños.

Pero, en fin, si México es ya un protectorado de Estados Unidos, quien debe sentirse feliz por ello es Enrique Peña Nieto, pues en caso de quedar como sustituto de Calderón sólo tendrá que sonreír debajo de su copete, ya que el verdadero gobierno de nuestro ex país despachará, como ya sucede actualmente, en Washington.

jamastu@gmail.com

Carstens la hizo... Cordero la paga

Felipe Calderón y Ernesto Cordero Jesusa Cervantes

Jesusa Cervantes


MÉXICO, D.F., 2 de abril (apro).- A cinco meses de haber sido designado secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo acudirá a la Cámara de Diputados para explicar el “batidero” financiero en que incurrió su antecesor, Agustín Carstens, durante los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón.

En su comparecencia ante los diputados, entre el 5 y el 10 de abril, Cordero Arroyo detallará cómo le hará el gobierno federal para poner en marcha el programa de “reducción de gasto público” exigido por el Poder Legislativo el pasado 15 de noviembre.

El titular de Hacienda tendrá que desmenuzar el programa mediante el cual la administración de Felipe Calderón pretende ahorrar en tres años 40 mil 100 millones de pesos. O sea, que deberá explicar a los legisladores de qué manera el Ejecutivo recortará a su engordado aparato burocrático 13 mil 400 millones de pesos este año y una cantidad similar en 2011 y en 2012.

Se espera que el día de la comparecencia, los diputados, priistas en su mayoría, con la anuencia del Partido del Trabajo, Convergencia, Verde Ecologista, Nueva Alianza –y quizá el PRD–, le reclamen a Cordero el insulto al mandato del Poder Legislativo, debido a que el gobierno pretende disminuir sólo una “mínima cantidad” para mantener el inoperante aparato burocrático del país.

Además, aprovecharán el escenario para que el funcionario federal explique el erróneo manejo de las finanzas públicas durante los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón.

Y lo harán así porque en estos momentos, justamente, la Auditoria Superior de la Federación revisa junto con los diputados la cuenta pública federal de 2008, y los hallazgos han sido “escandalosos”, “insultantes”, según los priistas. Es “prueba de un fraude a la nación”, según los petistas.

Para arreciar sus críticas contra el calderonismo y dar una muestra de que éste sí es un gobierno fallido, por lo menos en cuanto al manejo de las finanzas se refiere, los legisladores empezarán por reclamarle a Cordero cómo es posible que Calderón ofrezca un plan de austeridad donde se compromete a disminuir sus gastos por 13 mil millones de pesos por año, cuando tan sólo en 2008 gastó 6 mil 500 millones de pesos para el pago de salarios de secretarios, subsecretarios y directivos de la alta burocracia.

Esos mismos directivos, que en 2008 le costaron a los mexicanos 6 mil 500 millones de pesos, son los mismos que hoy tienen al país en una crítica situación económica.

¿De dónde proviene esta aseveración, además de lo que se vive y ve diariamente? De los datos duros que el propio gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados en su cuenta pública de 2008, pero aún debe explicar cuánto dinero entró a la nación y cuánto dinero se gastó.

Los documentos en cuestión son analizados por la Auditoria Superior de la Federación y por los propios legisladores. Y los primeros hallazgos realmente provocan indignación.

Por ejemplo, Agustín Carstens, el primer secretario de Hacienda del calderonismo, dilapidó no solamente los millonarios recursos adicionales que la administración federal obtuvo gracias al elevado precio del petróleo, sino que además recurrió a la llamada “ingeniería financiera” para que, al ser analizados esos recursos por parte de la Congreso, no se supiera dónde quedaron.

Un dato más: En 2007 el gobierno obtuvo recursos adicionales por 247 mil 400 millones de pesos. Ese dinero, según la Cámara de Diputados, debe ser utilizado para promover la inversión del país, que a su vez debe generar empleos. Lo que hizo Agustín Carstens, y de lo que hasta ahora se enteran los legisladores, dado que apenas están revisando la cuenta pública de 2008, es que parte de esos recursos de 2007 estuvieron congelados y luego fueron usados para “nivelar” las finanzas públicas de 2008. Es decir, Carstens mezcló ingresos de 2007 con los de 2008.

Lo anterior no sólo es grave porque va en contra de toda política financiera, sino, además, porque hace casi imposible saber en qué se usaron los recursos. Se incurrió, pues, en un desvío de dinero.

Otro dato: En 2008 hubo ingresos excedentes de recursos por 315 mi 500 millones de pesos, pero hasta ahora los legisladores se dan cuenta de que gran parte de ese dinero fue a parar al sostenimiento del ineficiente aparato de la alta burocracia.

Para no perderse en cifras estratosféricas de las finanzas públicas, basta con entender que de los casi 3 billones de pesos que obtiene el gobierno, ya sea mediante pago de impuestos o por venta de petróleo, el 85% se tiene que aplicar de manera ineludible para ciertas áreas, como el sostenimiento de escuelas, la manutención de programas sociales y el pago de intereses de la deuda, entre otros.

El otro 15% que maneja el gobierno debe aplicarlo para promover el crecimiento del país, generar empleos y hacer todo lo posible para que la economía no caiga, que las tasas de interés no aumenten, que la gasolina no se incremente mes con mes, que la inflación no se dispare y que, en suma, cada mexicano pueda tener acceso a una vida digna, que para ello paga sus impuestos y se emplea diariamente.

Sin embargo, hoy los legisladores descubren que de ese 15%, equivalente a aproximadamente 434 mil millones de pesos, 315 mil millones fueron mal gastados, mal utilizados, redistribuidos, congelados, o simplemente desaparecieron.

En contraparte, se tiene claramente detectado y contabilizado que en 2008 el gobierno federal utilizó 185 mil millones de pesos para mantenerse a sí mismo, es decir, para el pago de salarios de la alta burocracia, para el pago de teléfono, luz, papelería, parque vehicular y todo lo necesario para que funcione la gran oficina de la administración federal.

Pero el problema no es que el aparato sea inmenso, sino que no funciona, es inoperante, y son justamente ellos, la gente del gobierno, quienes hoy traen perdidos 315 mil millones de pesos.

En tiempos electorales y a tan sólo tres meses de que arranquen las 15 elecciones para renovar gobernadores en el país, los partidos de oposición tienen la duda de si ese dinero no ha sido manipulado con toda la intención de hacer “guardaditos” para los procesos electorales; para comprar no únicamente al ciudadano común y corriente, sino también a empresarios, a cambio de los rescates financieros o la entrega de apoyos económicos para reactivar sus empresas.

Y esto es apenas una parte de lo que el secretario de Hacienda tendrá que explicar a los diputados en los próximos días.

Ernesto Cordero deberá dar la cara por las operaciones que realizó Agustín Carstens y toda la administración calderonista en sus dos primeros años de gobierno. Pero con solo echar un vistazo a la cuenta pública de 2008 se puede entender por qué también en materia económica somos un Estado fallido.

Gobiernos abusivos y cínicos, como ayer lo fue el de Vicente Fox y hoy lo es el de Felipe Calderón, que no han sabido administrar los exorbitantes ingresos excedentes generados por el elevado precio del petróleo, han encontrado la fórmula de la alquimia financiera para desaparecer recursos y aumentar el número de pobres.

Esto es lo que tendrá que explicar Ernesto Cordero, quien si bien no fue titular de Hacienda en los dos primeros años de gobierno de Calderón, sí fungió como encargado de la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que no sólo no supo abatir la pobreza, sino que la incrementó.

mjcervantes@proceso.com.mx


Simulaciones en educación

Alonso Lujambio y Elba Esther Gordillo.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 2 de abril.- Cuando las peores cosas pasan en el entorno cotidiano de las familias, siempre tienen la esperanza de que sus hijos encontrarán en la escuela –por encima de las iniquidades y diferencias étnicas, sociales, etcétera– a un buen maestro que les ayude a superar su situación.

En México, sin embargo, se ha organizado de tal manera la profesión del magisterio que ya no podemos contar con la certidumbre de una buena educación. Esto sucede porque, desde 2008, se acordó sustituir la puesta en marcha de una política de Estado para la profesionalización y el mejoramiento de la labor docente por un engendro que da poder y sostiene intereses particulares, denominado Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Se trata, efectivamente, de una “alianza”, entre las cúpulas del SNTE y de la SEP, que dispone del control de las plazas del magisterio –que antes se otorgaban bajo la forma de un pase automático al culminar los estudios normalistas– con fines electorales y de negociación con los gobiernos federal y de los estados, en donde lo educativo o la labor del docente tienen muy poco que ver.

Hace unos días se dieron a conocer los resultados del segundo Concurso de Plazas Docentes para 2010 –el primero se produjo a nivel nacional en el curso escolar 2008-2009–, sólo de cuatro estados del país: Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Nuevo León. Este tipo de pruebas, con 110 reactivos, pretenden evaluar cuatro áreas: dominio de contenidos curriculares, competencias didácticas, habilidades intelectuales específicas y normatividad, y ética docente.

Por el método del concurso, por quienes lo organizaron y por quienes en él participaron, los resultados arrojaron una realidad desastrosa. En Aguascalientes, de los 354 aspirantes a una plaza de nivel federal en primaria, sólo 80 alcanzaron un puntaje de “aceptable”; en Baja California, hubo 39 de 345; en Hidalgo, 186 de 671, y en Nuevo León, 293 de 503.

Esto significa que la gran mayoría de los aspirantes a plazas docentes deberán someterse ahora a un “proceso de nivelación académica”, mientras los que alcanzaron un puntaje de “aceptables” serán “elegibles” sólo en función de la disponibilidad de las plazas en cada entidad federativa. No se informa, sin embargo, de dónde salió el padrón de concursantes, quiénes ni con qué criterios se definieron las preguntas del examen, ni de qué manera se evaluó porque, para variar, el grupo que comanda la ACE no rinde cuentas de lo que hace.

Se trata de una simulación que no tiene un impacto importante para el mejoramiento de la profesionalización del magisterio, y los organizadores violan sus propios mecanismos operacionales. Por ejemplo, se dijo que para la promoción e ingreso a todas las nuevas plazas y vacantes definitivas se organizarían concursos nacionales –y no “intermedios”–, convocados y dictaminados por un órgano independiente, pero no se ha publicitado ni transparentado la integración o funcionamiento del mismo; además, esta vez no se invitó como observadores a organizaciones de la sociedad civil, como se había previsto. (Ver, por ejemplo, el pronunciamiento del Observatorio Ciudadano de la Educación en el diario El Universal del 15 de marzo.)

En muchos países se ha desechado la realización de ese tipo de exámenes para dar paso a sistemas de evaluación más completos: con la observación directa de la práctica del maestro en el salón de clases, la referencia de sus pares, la demostración de sus habilidades de comunicación y escritura, su desempeño en el tiempo y sus capacidades de actualización. Los resultados de esa evaluación se relacionan con la puesta en marcha, de manera programada y articulada, de cambios curriculares, de mejoramiento de la infraestructura, de innovación con nuevas tecnologías educativas, y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Aquí, las escuelas Normales están abandonadas desde hace años. La formación que reciben sus docentes no se corresponde con los actuales paradigmas del aprendizaje; las nuevas generaciones de profesores aprenden lo mismo que las anteriores, y, por si fuera poco, mientras se realizan las pruebas, la SEP está impulsando una reforma curricular en la educación básica (que ha sido profusamente criticada por expertos e investigadores) basada en el desarrollo de “competencias”, mientras los maestros siguen formándose en la práctica del enciclopedismo y de la repetición.

Así, todo va por distintos caminos, con lógicas divorciadas de una verdadera planeación académica de los procesos educativos y de enseñanza; con cambios en los planes de estudio sin que se discutan sus programas; con millones libros de texto que se distribuyen a pesar de las críticas sobre su contenido, y sin saber si cuadran o no con la nueva propuesta curricular; con plazas que se otorgan a una minoría a través de pruebas de contenidos genéricos, mientras que a la gran mayoría de docentes se les exige ahora dedicar horas y horas a preparar a sus alumnos para la próxima prueba ENLACE, Excale o PISA, para mantener esta simulación generalizada; al tiempo que se les convoca a incorporarse a la movilización política para apoyar a los candidatos de La Maestra, como ocurre ahora en Veracruz de forma muy evidente, pero que pasa en todos los estados con elecciones en puerta. ¿Así cómo…?

Las tres K en México

Mariana Gómez del Campo, titular del PAN D.F.


MÉXICO, D.F., 1 de abril (apro).- La persecución y el odio contra una parte de la humanidad, sólo por el hecho de ser diferentes de quienes enarbolaron como un sistema de vida el autoritarismo, la dominación y la discriminación, es decir el nazi-fascismo, autor de las mayores crueldades que nos hubiéramos podido imaginar, parece estar de vuelta.

Mi generación conoció buena parte de esa tremenda experiencia a través de la difusión en libros, el cine y hasta en carteles propagandísticos. Las películas de la Segunda Guerra Mundial nos hicieron tomar conciencia de cómo un ser humano puede odiar a tal grado a otro ser humano, sólo por profesar religión e ideas distintas a su campo de control y sus intereses. Probablemente no a sus creencias.

Lo grave es que rápidamente esa enseñanza sobre la crueldad consciente se topó con las realidades de los militarismos y los crímenes, éstos ejecutados por los jefes de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay y el conservadurismo “democrático” de otra decena de países.

Nada más aleccionador y tremendo que los descuartizamientos en Guatemala, hace poco más de 20 años, y los crímenes arteros que aún no cesan ahí y en otros escenarios. Sólo el feminicidio cotidiano nos estremece.

Recordando cómo estas dictaduras trataron a las mujeres, puedo identificar las acciones de políticas que se piensan democráticas o comunes que ya se llevan a cabo o que se proponen en nuestro entorno.

Hace unos días se publicó en los diarios capitalinos que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se prepara una iniciativa elaborada por la fracción del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), para crear la Ley de Fomento a la Maternidad, considerando a ésta como una institución de orden público.

El argumento de la coordinadora panista, Mariana Gómez del Campo, es contundente: se trata de “proteger la maternidad” y garantizar a las mujeres beneficios médicos y asistenciales desde el momento en que empiece el embarazo. A las madres, dijo en rueda de prensa, debe benefíciaseles en todo, incluso con servicio de transporte, sobre todo cuando nazcan sus hijos. Porque se necesita en la ciudad de México un ordenamiento legal que “proteja a la familia”, agregó.

A la legisladora del PAN, Gómez del Campo, se le califica de arribista, cuyo único interés es el poder. Pero ella sabe más de los hilos culturales que mantienen dominadas a las mujeres, es la autora de las encuestas fallidas contra el aborto legal, además de ser la vocera y jefa panista en el Distrito Federal. Todo un caso.

No sé, pero esta iniciativa me animó a escribir este texto. Me recordó al nazi-fascismo encabezado entre 1933 y 1945 por el Partido Nacionalista Obrero Alemán (NSDPA, por sus siglas en alemán), que enarbolaba el control de las mujeres bajo la trilogía de las tres “K”: Kinder, Küche, Kirche (niños, cocina e Iglesia).

Las tres K en definitiva fueron la visión pragmática para el control de las mujeres durante el poder nazi. Quizá por esta inspiración en todas las dictaduras recientes y antiguas, apenas se toma el poder se prohíbe cualquier posibilidad de control natal, aborto legal, libertades e igualdades entre hombres y mujeres.

Aunque debemos reconocer el arraigo mexicano acerca de la maternidad como eje de la familia tradicional, desde la visión virginal de las mujeres y sin ápice de voluntad y decisiones propias, pensar en definir la maternidad como una institución de orden público, además de enviarnos a las tragedias griegas de Edipo (profundamente estudiadas por Segismundo Freud), nos remite a la tentación autoritaria de exaltar a la maternidad como destino único e indivisible para las mujeres.

Detrás está la urgencia económica, porque sujetas a la cocina y envueltas en la visión mística de la religiosidad y no de la trasgresión, las mujeres han podido detener el desastre de la crisis capitalista actual. Por sus hijos son –las mujeres– capaces de detener al mundo.

Se trata de ir al fondo en la estrategia panista de dar al traste con el aborto legal --por violación, peligro de vida de la madre, malformaciones congénitas y otras excepciones recogidas en nuestras leyes. Se trata de cimbrar a la ciudad de México, de buscar a fondo el sentimiento guadalupano –bien respetable– de nuestra idiosincrasia.

La propuesta de la panista me recordó un escándalo sucedido en España en 2007, cuando se dio difusión a la periodista Eva Herman Echan en su campaña antifeminista ligada a relativizar los efectos del nazismo y sus campos de exterminio. Eva Herman Echan, famosa conductora de TV, encendió la polémica cuando criticó al feminismo promoviendo la idea de que "la mujer debe estar en la casa", al considerar que la mujer feliz y de familia está por encima de la vida laboral.

Herman sugería en una entrevista al diario Bild am Sonntag que en el Tercer Reich "hubo cosas muy malas, por ejemplo Hitler", pero que también puede hallarse alguna buena, "como por ejemplo el aprecio y valoración de la figura de la madre".

Al hablar en televisión, esta mujer, autora de uno de los libros más vendidos de Alemania, Das Eva-Prinzip. Für eine neue Weiblichkeit (El principio de Eva. Por una nueva femineidad), alcanzó un rating récord (2.65 millones de espectadores, 18.1%).
En septiembre de 2007, Eva Herman defendió los valores familiares que durante el Nacionalsocialismo fueron instrumentalizados y utilizados con fines políticos y sociales, en la presentación de su segundo libro Das Prinzip Arche Noah. Warum wir die Familie retten müssen (El principio del Arca de Noé. Por qué tenemos que salvar la familia).

Estos principios hablan sobre el amor, la familia y los niños, como si tuviéramos que admitir que los padres no existen y que los niños y las niñas sólo dependen de las madres.

La iniciativa de Gómez del Campo presentada en marzo, cuando se ratifica la necesidad de reflexionar sobre la condición de las mujeres, es una de las intentonas más obvias de un grupo de mexicanos que no saben ni quieren averiguar que en la época del capitalismo salvaje --desde hace 30 años-- las mujeres fueron arrojadas del pie de la cuna para ir a trabajar a las empresas maquiladoras de exportación que se instalaron en la frontera norte.

Gómez del Campo y ese grupo de personas no saben que desde 1916 las mujeres de la Revolución Mexicana buscaron sus identidades y plantearon las maternidades compartidas con los padres y el Estado; desconocen que este capitalismo ha fracturado la idea del padre proveedor, porque ningún salario alcanza y junto a la propaganda de atención hospitalaria a las madres de Felipe Calderón, se hallan precisamente las tres K.

Se evidencia el deseo de que para las mujeres su destino manifiesto es sólo la maternidad, queriendo meter al redil a más de 50 millones de mexicanas.

La realidad es toda otra, sin duda.

saralovera@yahoo.com.mx

Nuevas identidades católicas

El Papa Benedicto XVI.
MÉXICO, D.F., 1 de abril.- Hace tiempo, el cardenal Carlo Maria Martini, consciente de la urgencia de una puesta al día de las tesis católicas sobre la sexualidad y la reproducción humanas, propuso revisar la Encíclica Humanae Vitae a la luz de los descubrimientos científicos. Martini no es la única figura católica, pero tal vez sí la más destacada, que ha reflexionado sobre por qué la mayoría de los fieles conduce sus vidas lejos de los preceptos católicos. En México la voz cantante de dicha preocupación ha sido Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Interesada por conocer los valores y prácticas de la feligresía mexicana, así como sus expectativas sobre el papel público de esa Iglesia en el contexto del Estado laico, esa organización encargó, junto con el Population Council, la aplicación de una encuesta nacional que ambas agrupaciones dieron a conocer el miércoles 24.

La encuesta la llevó a cabo Beltrán & Asociados en noviembre y diciembre de 2009 en hogares de las 32 entidades de la República Mexicana, para lo cual seleccionó de manera aleatoria a 3 mil personas católicas: 52% mujeres y 48% hombres. Los jóvenes de 18 a 25 años integraron el 25% de la muestra; los adultos jóvenes de 26 a 40 años el 36%, y los adultos de 41 a 60 años el 28%. Mayormente se entrevistó a personas casadas o unidas (60%), seguidas por las solteras (29%). El 67% de la población tenía estudios medios (secundaria el 32% y preparatoria o equivalente el 35%). El margen de error para toda la muestra es de +/- 1.9 con un nivel de confianza de 95%.

No tengo espacio para dar cuenta de todos los resultados (se pueden consultar en www.catolicasmexico.org), pero destaco algunos. Por ejemplo, 7 de cada 10 católicas y católicos brindarían un apoyo significativo a su Iglesia si ésta aceptara que las escuelas públicas den educación sexual a adolescentes para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y sexualidad (72%); si admitiera que la feligresía utilice cualquier método anticonceptivo (71%) y el uso del condón para prevenir el VIH/sida (70%).

Existe un amplio consenso en lo tocante a que los libros de texto gratuito de la SEP incluyan diversos contenidos de educación sexual basados en evidencia científica. Alrededor de 8 de cada 10 católicos manifiestan su acuerdo con que estos libros de texto ofrezcan información sobre el uso del condón en mujeres y hombres, para prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH/Sida (85%); y sobre el derecho de las y los jóvenes a decidir sobre su cuerpo y sexualidad (78%). También 7 de cada 10 católicas y católicos apoyan que dichos textos aborden las circunstancias en las que la ley permite el aborto (71%), así como que se hable del derecho de todas las personas a vivir libremente su sexualidad, incluyendo a lesbianas y homosexuales (68%).

En el aspecto de la separación Estado/Iglesia, 7 de cada 10 feligreses no quieren que los ministros de culto ocupen cargos de elección popular (70%); una proporción similar rechaza o está poco de acuerdo con que se realicen cambios constitucionales para que la Iglesia católica pueda opinar sobre asuntos públicos (67%), y que pueda ser dueña de medios de comunicación (66%). Al mismo tiempo, 6 de cada 10 fieles no quieren que se modifique la Constitución para permitir la intervención de su Iglesia en las políticas públicas, particularmente las que tienen que ver con los derechos de las mujeres (64%). Resulta interesante ver que la mayoría rechaza o está poco de acuerdo con que la Iglesia católica obtenga mayores espacios de participación en la vida pública y política del país. También la mayoría (78%) opina que los funcionarios deben gobernar y basar sus decisiones sobre políticas públicas y leyes tomando en cuenta la pluralidad de opiniones que existen en el país, y sólo el 22% considera que los funcionarios deben gobernar de acuerdo con sus creencias religiosas.

La encuesta, diseñada para explorar posturas en relación con los derechos sexuales y reproductivos, la laicidad y el respeto a la diversidad, muestra un claro posicionamiento en la modernidad de la mayoría de la población católica mexicana. El 70% defiende la separación entre la Iglesia y el Estado y rechaza los intentos de la jerarquía católica de influir en la vida política del país. Podría cantarle loas a ese alto porcentaje (70-80 %) de la población católica si no fuera porque temo la influencia que tiene el otro 20-30%, que cuenta con representantes de peso en puestos de decisión política.

Una de las principales conclusiones de la directora de CDD, María Consuelo Mejía, es que van en aumento nuevas formas de identidad católica. Estas nuevas identidades corresponden a católicos que viven su fe sin negar sus necesidades y deseos y que, además, no piensan dejar su Iglesia. Encuestas como ésta de CDD y el Population Council ofrecen sólidos elementos para vislumbrar que a la larga el Vaticano perderá la irracional batalla que ha emprendido contra una de las expresiones de la modernidad: la voluntad de los ciudadanos de tomar decisiones soberanas sobre su cuerpo. Mientras tanto, el trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir proyecta un panorama alentador de real libertad de conciencia entre la población católica frente a la cerrazón dogmática de Ratzinger.

Narcobloqueos

Bloqueo por presuntos narcotraficantes en la carretera a Reynosa.


MÉXICO, D.F., 31 de marzo (apro).- Primero fueron los “tapados”, aquellos jóvenes pagados por el crimen organizado para protestar en ocho entidades y exigir la salida del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.

Ahora son los “narcobloqueos”, acciones de guerrilla que los grupos criminales realizan en Monterrey y Reynosa como parte de una estrategia bien definida para obstaculizar el apoyo a la policía y el Ejército, mientras se llevan a cabo enfrentamientos en las calles de esas ciudades.

El poder del narcotráfico crece cada vez más en todo el país y se expresa lo mismo con ejecuciones masivas a jóvenes, niños y adultos, que con ataques a instalaciones policiacas y militares, en un pleno desafío a los gobiernos federal y estatal, que han perdido la brújula en una guerra predestinada al fracaso.

Los grupos del narcotráfico aplican ciertas tácticas de grupos insurgentes para atacar al Ejército y a la policía. Pegan y retroceden, marcan territorio, provocan miedo y terror, y así reafirman su poder y dominio.

Como células guerrilleras se mueven y hacen actos de presencia o de ataque, pero con una diferencia hacia los movimientos insurgentes: no pretenden un cambio social, sino mostrar su poderío.

Y así lo vienen haciendo desde que integraron en sus filas a grupos militares de México (Los Zetas), Guatemala (Kaibiles) y El Salvador (Maras Salvatrucha). Utilizan tácticas y estrategias militares para atacar a plena luz del día en centros urbanos del país, con tal impunidad que sólo puede ser explicada por la corrupción que hay entre las autoridades que han permitido esas acciones.

Monterrey, Nuevo León, es la segunda ciudad del país –la primera es Ciudad Juárez, Chihuahua– donde el narcotráfico se mueve con entera libertad, haciendo de sus barrios y colonias sus zonas de control y dominio.

Fue ahí donde por primera vez se manifestaron, con el rostro cubierto, los jóvenes de los barrios más pobres, de ahí el apodo de los “tapados”. Ellos se hicieron pasar como grupos sociales, exigiendo que se fuera el Ejército de la capital neoleonesa.

Y es precisamente ahí donde un grupo de hombres armados realizó la acción más increíble en cuanto a expresión de poder del narcotráfico: tomar bajo su mando las principales vías de comunicación de la ciudad, bloqueándolas en ocho puntos, mientras se daban enfrentamientos con soldados y policías en los municipios de Apodaca y Guadalupe.

Desplegaron, pues, una estrategia militar, una expresión de la guerra de guerrillas urbana, para que no llegaran refuerzos militares y policiacos.

Diez días después, el martes 30, repitieron la misma operación, pero en Reynosa, Tamaulipas. La intención fue la misma: impedir que llegaran refuerzos policiales mientras había enfrentamientos cerca de la línea fronteriza.

Este tipo de acciones militares del narcotráfico no se habían visto anteriormente en el país, y ello nos habla de una evolución ascendente del poder que ahora tienen, no sólo en algunas comunidades rurales alejadas, sino en centros urbanos importantes.

Su capacidad de infiltrarse en las propias corporaciones policiacas y militares va acompañada de mayores márgenes de maniobra en las calles de las ciudades donde se mueven sin que los detengan, pese a que sus convoyes son de diez o más camionetas repletas de hombres armados.

Estas acciones de bloquear calles y avenidas con camiones, autos y camionetas, nos muestran con toda claridad que cada vez es más alto el edificio de su imperio de poder, pues además de cobrar impuestos a cambio de seguridad, así como derecho de uso de suelo, el narcotráfico en México controla la producción de películas y discos compactos de música pirata, así como la venta de ropa, autos y artículos electrónicos en las calles, haciendo de la violencia una industria que le genera millones de dólares anuales.

Y todo ello ante los ojos de las autoridades.

Celulares: la estulticia como política

De que se rie el cabron de Fernando Gómez Mont, titular espurio de la Segob.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 31 de marzo.- Uno de los méritos de los gobernantes mexicanos es encontrar un problema a cada solución. No podía ser la excepción el establecimiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), una ocurrencia de cómo se gasta más el dinero público para resolver menos los problemas de la sociedad. En efecto. Veamos.

Primero. El 9 de febrero del 2009 el Congreso de la Unión aprobó una conspicua reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con lo que dio vida al Renaut y amplió la burocracia en la Secretaría de Gobernación. De esta forma, los usuarios de teléfonos celulares deben registrar su equipo y chip en las compañías telefónicas que les otorgan el servicio, so pena de que éste les sea suspendido sin posibilidad de reactivación. Esta decisión legislativa tiene un propósito loable: facilitar el combate a los delitos de extorsión, amenazas, secuestro y delincuencia organizada cometidos con el concurso de dichos aparatos. El quid del asunto reside en saber si esas medidas pueden ser los medios razonables para llegar a los fines buscados. Esto en realidad no es así.

Segundo. No es factible en el corto plazo adoptar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) como un localizador con tecnología satelital, en virtud de que esto haría sumamente costoso el servicio del celular, en perjuicio, paradójicamente, de la mayoría de la sociedad. Si se lograra que el gobierno federal (con los impuestos suyos y míos) absorbiera dicho costo, surgiría otro problema igual o mayor: que para la eficacia del GPS se requiere de un sistema cartográfico actualizado que no posee México. Y no sería como las Guías Roji que todos conocemos y que nos sirven para ubicar calles, sino un sistema que incluye los relieves del terreno y puede determinar si el celular se halla en un inmueble de un piso o en un edificio de 15 o 40 niveles, diferencia que, para propósitos de seguridad, puede representar la vida o la muerte. Hoy, sin reforma alguna, se utilizan las radio-bases existentes para efectos de identificación aproximada. Aunque tienen un menor nivel de precisión que el GPS, ayudan cuando hay voluntad de hacer cumplir la ley en casos de secuestro o extorsión.

Tercero. Supongamos que se reorientara el presupuesto para adoptar un sistema GPS y mantener un proceso permanente de cartografía en todo el país. Este esfuerzo presupuestal mayúsculo nada garantizaría. Se deja de lado la inteligencia del crimen organizado. ¿Se imagina alguien a un delincuente llamando de su propio teléfono celular para pedir un rescate? Es absurdo. Lo que generalmente pasa es que se utilizan los teléfonos celulares de las víctimas u otros robados. De modo que puede saberse quién es el propietario del teléfono del que se habla y cuál es su domicilio, pero esto poco ayuda a combatir los delitos de alto impacto.

Cuarto. Por si lo anterior fuera poco, se parte del supuesto de que los delincuentes son débiles mentales y que para sus quehaceres delictivos usan los teléfonos celulares convencionales de Telcel, Movistar u otros similares. No se toma en cuenta la existencia de la comunicación telefónica por internet, que es mucho más segura y confiable para no ser rastreada. Se trata de sistemas como Skype o Vonage, por citar dos ejemplos, donde no se requiere de número alguno. ¿Qué sucede además si el teléfono para el secuestro es europeo, estadunidense o de cualquier país distinto a México? Eso no es todo: Los datos personales de los titulares de los teléfonos celulares carecen de la mínima garantía de protección.

Como se puede observar, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil servirá sólo como un mecanismo que podría brindar seguridad psicológica a una reducida parte de la población. En épocas electorales es entendible que el Poder Legislativo busque reivindicar su imagen entre los gobernados, pero es injusto que se explote la ignorancia de nuestro pueblo, en este tema tan sensible para todos, dándole gato por liebre. Más que en carencias tecnológicas, el problema reside en la cultura de la corrupción e impunidad que prevalece, sin cuyo combate lo demás será siempre lo de menos.

Desde un punto de vista formal, los usuarios de celulares pueden recurrir al amparo contra esta medida restrictiva de los datos personales y del derecho a la vida privada de los mexicanos. Y es que, en realidad, será materialmente imposible que a los usuarios de celulares que no acudan al registro se les elimine el servicio e imponga la sanción de que jamás tendrán otro de esos aparatos a su nombre. ¡Por favor! Estamos en México.

Si no se garantiza lo básico, que es la seguridad pública, y si no se recupera el espíritu remunerador del salario mínimo, entre una enorme cantidad de pendientes, ¿se va a aplicar selectivamente la ley para afectar a los mexicanos, a la industria nacional y los empleos que genera, a las comunicaciones y a la libertad de expresión, sin que por ningún lado se vea un verdadero interés público superior que justifique tal medida? l

www.ernestovillanueva.blogspot.com

Piden gobernadores de EU militarizar la frontera con México

Arrecia presión en EU para militarizar la frontera
“Necesitamos más Patrulla Fronteriza y más Guardia Nacional”, afirma Bill Richardson

Riesgo de provocar la ira de latinos si se cede ante apremios

El asesinato de un ranchero en Arizona detona la situación
Iniciativa Mérida: colocan ambos países grupos especiales de seguridad

La Universidad de Texas llama a sus estudiantes en el Tec a que regresen
Ataque al penal de Reynosa; fallecen tres reos; 20 muertos en seis estados

Soldados mexicanos vigilan una zona de Tijuana, Baja California, donde fue encontrado un túnel de unos 300 metros que conecta con territorio estadunidense y era utilizado por narcotraficantes. Activistas latinos del país vecino comentan sobre la ironía de que mientras se desmanteló el muro militarizado en Europa, entre Mexico y Estados Unidos se construya una gran vallaFoto Notimex.


David Brooks

Nueva York, 2 de abril. Con un solo asesinato en la frontera de Arizona, está en jaque todo el elegante discurso de “cooperación bilateral” entre Estados Unidos y México, al intensificarse los llamados para continuar la militarización de la línea divisoria.

Ahora, todos los gobernadores de los estados fronterizos con México, con excepción de California, han solicitado que el gobierno federal envíe tropas de la Guardia Nacional y más agentes federales, después de la muerte de un prominente ranchero esta semana y la creciente e incesante ola de violencia al otro lado de la frontera, la cual recientemente incluyó dos víctimas estadunidenses ligadas al consulado de este país en Ciudad Juárez.

El gobernador de Nuevo México, el demócrata Bill Richardson, uno de los políticos latinos de mayor perfil en este país, ordenó el envío de tropas de la Guardia Nacional a su frontera después del asesinato del ranchero Robert Krentz, cometido el pasado sábado.

Pese a que el rancho en que fue perpetrado el crimen está en Arizona, se ubica en la frontera con Nuevo México, y la víctima fue miembro de la Asociación de Rancheros de Nuevo México.

A su vez, la gobernadora de Arizona, y el senador John McCain, de ese estado, han solicitado al gobierno de Barack Obama enviar tropas de la Guardia Nacional. Hace dos semanas, el gobernador de Texas, Rick Perry, solicitó a Washington el despliegue de mil efectivos, lo cual le fue negado por ahora.

Denunciando la respuesta federal, Perry anunció que había activado la primera fase del “plan de contingencia de derrame de violencia”, con lo cual se dedican más recursos policiacos estatales al monitoreo fronterizo.

Pero con el homicidio de Krentz, la presión sobre Washington se intensificó. El ranchero fue asesinado en su propiedad, a unos 50 kilómetros del pueblo de Douglas, al otro lado de Agua Prieta. Los investigadores no han arrestado a nadie, ni dicen si cuentan con pruebas sobre la identidad del asesino o el motivo; lo único que tienen son huellas que siguieron desde la escena del crimen unos 30 kilómetros hacia la frontera con México, y con ello se especula que los responsables son contrabandistas o “inmigrantes ilegales”.

El gobierno de Obama se ha limitado a reiterar su cooperación con México para asegurar la línea divisoria y señalar que continuará evaluando la situación fronteriza. El jueves, el Departamento de Seguridad Interna expresó su “indignación” ante el asesinato y anunció una recompensa de 25 mil dólares por información que lleve a los responsables del delito.

El gobernador Richardson comentó ayer en una entrevista con Fox News: “sí creo que necesitamos una presencia permanente, más Patrulla Fronteriza, más Guardia Nacional en la frontera. La guardia está haciendo básicamente trabajo de apoyo a la Patrulla Fronteriza”.
Aunque se reconoce el esfuerzo mayor del presidente Felipe Calderón, “desafortunadamente la violencia fronteriza no se ha abatido. Entonces, tenemos que proteger a nuestros ciudadanos”, añadió.

A escala local, Michael Gomez, alcalde de Douglas, escribió esta semana a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, sumándose al coro que pide tropas de la Guardia Nacional; expresó que muchos residentes ahora temen más por su seguridad, reportó Reuters. Mientras, en las tiendas de armas y municiones, las ventas se han elevado en estos días.

Varios legisladores, entre ellos los dos senadores demócratas en Nuevo México, han solicitado de Napolitano establecer una nueva base “de avance” de la Patrulla Fronteriza en el sur del estado y otras medidas para defender la “soberanía” y seguridad de ciudadanos estadunidenses.

Por otro lado, asociaciones de rancheros en varios estados también se han sumado al llamado por una mayor protección federal a sus colegas en zonas fronterizas.

Muchos de estos personajes apoyan relaciones de cooperación, promueven la reforma migratoria y son defensores de México, pero la dinámica política interna aquí los obliga a asumir algunas posiciones que en otro contexto serían casi impensables.

A la vez, todo lo anterior está nutriendo la ya de por sí agresiva retórica contra los inmigrantes indocumentados y la violencia en México.

En un año electoral (comicios legislativos y algunas gubernaturas), este tema se vuelve parte de la guerra política aquí.

Hace un par de semanas, en la convención estatal del Partido Republicano de California, el candidato a la gubernatura Steve Poizner generó entusiasmo entre los asistentes al prometer no sólo negar todo servicio público a indocumentados, sino tomar medidas severas para evitar que crucen la frontera.

“Si lo tengo que hacer, enviaré a la Guardia Nacional a la frontera”, dijo. La promesa recibió la ovación del público.

Ante todo esto, se vuelve cada vez más difícil políticamente para el gobierno de Obama seguir limitándose a reiterar que la cooperación sin precedente con México es la solución.

Pero ceder ante esas presiones provocaría ira entre organizaciones latinas, de derechos humanos y otras que siempre están preocupadas por los intentos de militarizar la frontera.

Muchos comentan sobre la ironía de que mientras se desmanteló el muro militarizado en Europa, entre los dos países que insisten que son socios y aliados se construyen cada vez más muros y se despliegan cada vez más soldados.

RAYUELA

¿No será que más que estrategia de seguridad lo que los gobernadores gringos expresan es su ambición, sus más perversos deseos?

Gasolinazo a vacacionistas

México SA
El cuento de la “recuperación”

¿“Lo peor ya pasó”?

Gasolinazo a vacacionistas


Veracruz, Ver. Miles de turistas se dieron cita hoy Sábado de Gloria en las playas de este puerto. El estado de Veracruz reporta desde el miércoles una ocupación hotelera del cien por ciento. Notimex

Carlos Fernández-Vega

Sin ver el tiradero ni evaluar los destrozos, el inquilino de Los Pinos, micrófono en mano, alegremente asegura que la economía mexicana ha entrado en franca recuperación”, que “ya pasó lo peor” y que el paraíso está a la vuelta de la esquina. Pues bien, más allá de la flacidez de sus dichos, la pregunta obligada es ¿qué se recuperará?, ¿a qué edén regresarán los mexicanos?, porque en tres décadas la mediocridad, la falta de resultados tangibles y el deterioro de las condiciones de vida han sido las marcas del sistema.

En 2009 la economía mexicana vivió la crisis más profunda en ocho décadas, pero como en la lógica gubernamental eso sucedió el año pasado, entonces la versión oficial ahora promueve borrón y cuenta nueva, que aquí no ha pasado nada, cuando en los hechos el nuevo capítulo de la crisis sólo confirmó las deficiencias estructurales del modelito impuesto desde el régimen de Miguel de la Madrid, el mismo que enfrentó dos crisis económicas, aderezadas por un terremoto que sacudió más allá de ladrillos.

En la lógica, por llamarle de alguna manera, del inquilino de Los Pinos, ¿qué es “franca recuperación”? ¿Un crecimiento de 5 por ciento, que, en caso de alcanzarse, beneficiaría a los mismos de siempre, que no alcanzaría a cubrir el cráter de 2009 y que de ninguna manera garantizaría un reparto equitativo de los supuestos beneficios? ¿Retornar a más de lo mismo es garantía de que “lo peor ya pasó”? ¿En serio cree que “la verdad es que estamos dándole la vuelta a la adversidad económica”?

Considerados su desastroso primer trienio de Calderón en Los Pinos y su pronóstico para el cuarto año de estancia en la residencia oficial, aún con las cifras mágicas que maneja alegremente, el balance sólo arroja cifras negativas: en crecimiento económico, empleo, bienestar social, distribución del ingreso y la riqueza, por incluir sólo algunos elementos. ¿Cuál sería el “logro” en ese cuatrienio?: “crecimiento” de 0.75 por ciento como promedio anual, por abajo del crecimiento poblacional y el más raquítico para un periodo igual desde tiempos de Miguel de la Madrid que ya es decir), siempre y cuando se concreten las maravillosas cuentas por el difundidas.

Información estadística de la Cámara de Diputados revela que en los últimos 28 años la economía mexicana ha registrado seis crisis (reconocidas como tal), cada una de ellas de mayor impacto que la previa: 1982, con José López Portillo en la silla; 1985, con Miguel de la Madrid; 1992, con Carlos Salinas de Gortari; 1995, con Ernesto Zedillo; 2001, con Vicente Fox; y 2009, con Felipe Calderón (no se consideran la crisis de 1987 -crac de la Bolsa, devaluación del peso y Pacto-; 1994 (CSG; brutal “pérdida” de reservas internacionales e inclemente fuga de capitales, que obligaban a una devaluación-; 1996 (espeluznante caída del ingreso petrolero), entre otras. Así, seis sexenios, seis crisis, oficialmente, con una tasa anual promedio de “crecimiento” de 2 por ciento, en el mejor de los balances. ¿A eso retornará el país?

¿De qué tamaño es la “recuperación”? Pues bien, en campaña electoral Calderón prometió un crecimiento anual de 5 por ciento, idéntica proporción que incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Ya sentado en Los Pinos, y por medio de los criterios generales de política económica para el citado cuatrienio, ofreció 3.32 por ciento anual, aunque en los hechos no pasaría, en el mejor de los casos, de 0.75 por ciento. Si en 2010 la economía crece 4 por ciento, entonces el promedio anual se reduce a 0.5 por ciento, y si es de 3 por ciento el promedio baja a 0.25.
Entonces, vale el recuento: para 2007, su primer año de inquilinaje, prometió 3.6 por ciento de crecimiento económico, pero en los hechos a duras penas llegó a 3.2 por ciento: en 2008 vaticinó un incremento de 3.7 por ciento en el PIB (incluida la que llamó “reforma fiscal”, que no fue otra cosa que el gasolinazo), y apenas libró 1.3 por ciento; ya en 2009, con la crisis encima –siempre por él negada– pronosticó 3 por ciento de “avance”, y en realidad se desplomó 6.5 por ciento, de acuerdo con las cifras oficiales. Para el presente año auguró 3 por ciento, pero ahora, ya en confianza, va por 5 por ciento.

La “sólida” economía mexicana empeora gobierno tras gobierno. Antes de que los neoliberales hicieran de Los Pinos su oficina particular y que convirtieran la Presidencia en gerencia de la República, la economía mexicana reportó un crecimiento a tasa anual promedio de 6.26 por ciento (de Lázaro Cárdenas a José López Portillo), considerando los primeros cuatro años de cada administración; con la tecnocracia en el poder, amante del Consenso de Washington, esa misma tasa se desplomó a 1.78 por ciento (de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón), es decir, una diferencia en resultados de 3.5 tantos. Entonces, ¿a cuál “recuperación” se refiere?

Las cifras oficiales dan cuenta del comportamiento económico en los primeros cuatro años de los siguientes gobiernos (promedio anual): Lázaro Cárdenas, 5.1 por ciento; Manuel Avila Camacho, 6.8; Miguel Alemán Valdés, 5.72; Adolfo Ruiz Cortines, 6.4: Adolfo López Mateos, 5; el genocida Gustavo Díaz Ordaz, 6.9; Luis Echeverría (ídem), 6.4, y José López Portillo, 7.82. Y en el equipo contrario: Miguel de la Madrid, -0.24 por ciento; Carlos Salinas de Gortari, 4.26; Ernesto Zedillo, 2.65; Vicente Fox, 1.52, y Felipe Calderón, 0.75 (si se cumple aquello de crecer 5 por ciento en 2010).

Para no ir más lejos, en los primeros cuatro años del zedillato el crecimiento económico fue casi 40 por ciento menor al reportado por el inquilino anterior, Carlos Salinas; en igual lapso, pero con Vicente Fox en Los Pinos, tal crecimiento resultó 43 por ciento por abajo del registrado en tiempos de Ernesto Zedillo; y con Felipe Calderón el mismo indicador resulta 50 por ciento menor (siempre y cuando se cumpla el vaticinio para 2010) al alcanzado por el pregonero del “cambio”. Queda la duda, pues: ¿a qué llama “franca recuperación” y de dónde saca aquello de “lo peor ya pasó”?

Las rebanadas del pastel

Para su feliz regreso, el gobierno calderonista le regaló una flor a los vacacionistas: a partir de hoy, de nueva cuenta se incrementan los precios de las gasolinas y el diesel, de tal suerte que esperen aumentos en todos los productos, porque el saqueo a los contribuyentes y a los consumidores es parte de la “franca recuperación”.

cfvmexico_sa@hotmail.commexicosa@infinitum.com.mx

¿Quién pagará los impuestos?

México SA
Novela rosa y cuento de la lechera

¿Quién pagará los impuestos?

Kessel: una pura y dos con sal

Petroleros trabajan en una refinería del golfo Pérsico. En Nueva York el precio del petróleo llegó ayer a un nuevo máximo en 18 meses. El barril del crudo estadunidense para entrega en mayo subió 1.46 dólares a 84.69 dólares. El crudo Brent de Londres trepó 1.34 dólares a un máximo de 84.04 dólares antes de retroceder levemente para operar en 83.83 dólares por barrilFoto Ap .

Carlos Fernández-Vega

Que nuevamente la reforma petrolera” de 2008 es la octava maravilla; que siempre sí los aprobados por el Congreso ese año son “cambios trascendentales”; que ante el caos gubernamental, el cuento calderonista de la lechera ataca de nuevo; que tal “reforma” no persigue la privatización de Pemex, sino transformarla en una empresa “tipo Cemex, Telmex o Televisa” (y a Zambrano, Slim y Azcárraga en los nuevos padres de la patria), y que, en fin, es verdaderamente asombrosa la creatividad gerencial de la “ridícula minoría” que dice gobernar el país, pues sin ruborizarse asegura que el desplome petrolero es producto de la falta de inversión privada en el sector, y no de exprimir a la paraestatal y dilapidar los gruesos recursos públicos generados por el oro negro (los cuales, dicho sea de paso, han sido los mayores en la historia durante la estancia panista en la residencia oficial, sin resultado alguno).

Días atrás en Cancún andaba de fiesta el inquilino de Los Pinos, donde se animó a decir que “hace poco más de un año (dos, en realidad), y a pesar de una enorme resistencia política, logramos aprobar, en conjunto con el Congreso de la Unión, una reforma que ha abierto nuevas oportunidades para la cooperación público-privada en el sector energético nacional. La reforma fortalece las capacidades de Petróleos Mexicanos a través de nuevos mecanismos de compra y de contratación, que ofrecen condiciones atractivas para la inversión especializada. Pemex puede ahora celebrar contratos flexibles, de largo plazo, que pueden implementarse por etapas, y eso abre atractivas posibilidades para inversionistas privados en áreas como exploración y producción de petróleo y gas, en asociación con Petróleos Mexicanos, así como la expansión de la capacidad de refinación, el mantenimiento de instalaciones y la construcción de gasoductos, entre muchos otros proyectos”.

Y, según él, qué fue lo que provocó el desplome petrolero. Fácil: “la falta de inversión de largo plazo (en Pemex), debida a las restricciones legales, que durante mucho, mucho tiempo, impidieron a México generar la concurrencia de la inversión del sector privado en concurrencia, insisto, con la empresa pública Petróleos Mexicanos, provocó que el agotamiento de yacimientos tradicionales en nuestro país generara una reducción significativa de la producción petrolera nacional”. Después de eso, el nirvana para los mexicanos.

Ya encarrerado, ordenó a su eficiente “equipo” aportar la solución: “el director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, insistió en la necesidad de flexibilizar la estructura de la paraestatal para convertirla en una empresa como Cemex, Televisa, Telmex o Grupo Modelo, y de esta manera hacerla más eficiente y rentable para los mexicanos… creo que para que Pemex funcione necesita ser una empresa. Ninguna empresa trabaja con las restricciones que Pemex. Lo que tenemos que pensar es cómo funciona y cómo da cuentas, y cómo se aseguran de dar buenos resultados Cemex, Televisa, Telmex y Grupo Modelo. Si queremos que Pemex dé valor a los mexicanos, necesitamos que Pemex opere como empresa y que tenga un marco regulatorio como empresa; lo que necesitamos hacer en Pemex es una transformación de la empresa de cómo operamos para sacar provecho del talento de la gente, de los recursos y del dinero que le hemos puesto los mexicanos”. Y listo: con eso y un trapito se acabó el problema.
Qué bueno que la pretensión sea convertir a Petróleos Mexicanos en una empresa como Cemex, Telmex y/o Televisa, pero de inmediato la duda surge: ¿quién rescataría a Pemex? ¿Con qué recursos? ¿Quién pagaría los impuestos? Porque los tres consorcios citados han gozado, gozan, de los dineros públicos disfrazados de exenciones fiscales, monopolios garantizados, y “rescates” a discreción, según sea el caso. Por ejemplo, entre lo más reciente viene a la memoria el “salvamento” de Cementos Mexicanos en 2008, con el prócer de la patria Lorenzo Zambrano a la cabeza, tras estar al borde la quiebra. Papá erario de inmediato salió a resolver el problema, por mucho que los motivos de tal quebranto fueran los excesos del empresario regiomontano. O la empresa de telefonía, con un mercado cautivo garantizado durante tantos años, o de plano el gozo de “apoyos” al consorcio televisivo cada que sale a promover sus ideas, amén de que todos cuentan con la bendición del SAT para hacer como que pagan impuestos.

En este contexto, si la novela rosa del calderonato afirma que Pemex funcionaría de maravilla reproduciendo los esquemas de los citados consorcios privados, entonces alguna entidad pública deberá suplir a la petrolera y pagar los platos rotos de los barones, los impuestos que gentilmente dejan de cubrir, los excesos, las distorsiones económicas y las apuestas fallidas de los voraces personajes, pues Petróleos Mexicanos se subiría al carro de las “grandes” empresas privadas nacionales, que lo son a costillas de la nación, en buena medida. Y como cereza, el gobierno calderonista tendrá que decidir a qué empresario Forbes entrega el monopolio petrolero (toda vez que los tres casos citados por Suárez Coppel son monopolios), aunque la crítica social apunte, precisamente, a esa despreciable práctica gubernamental desde tiempos de Miguel de la Madrid.

Y como no hay de dónde agarrarse, más que de las fábulas, porque la casa se le cae (y no es un problema de “percepción”), de nueva cuenta sale Calderón con su cuento de la lechera. Ahora dice que como resultado de la “reforma” de Pemex y la inversión privada en la industria petrolera, a los mexicanos les faltarán manos para abrazar tantos logros y gozar del cúmulo de desarrollo aparejado: empleo, crecimiento económico, beneficios sociales, casa chica, etcétera, etcétera, o lo que es igual, el mismo discurso de la “Presidencia del empleo”, la “reforma” fiscal, la “goliza al crimen organizado” y demás cuentos que mantienen hundido al país.

Las rebanadas del pastel

Justo dos años atrás, en Monterrey (cuna de uno de los grupos económico-políticos más poderosos del país, a su vez fundador y mecenas del Tec, donde ahora sus alumnos son “confundidos” con sicarios), los estudiantes y maestros de esa institución educativa exigieron a la carismática secretaria de Energía, Georgina Kessel (en gira artística para promover la “reforma petrolera”), lo siguiente: “no queremos que Pemex se convierta en un monopolio privado; no queremos otro Slim petrolero”. Y como en tantas cosas, al sensible gobierno gerencial el reclamo le valió una pura y dos con sal.

cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx

Rusia y Venezuela: acercamientos y soberanía

Editorial de La Jornada

La visita a Venezuela del primer ministro ruso, Vladimir Putin, y el discurso que su anfitrión, Hugo Chávez, pronunció ayer en Caracas –en el que resaltó la cooperación estratégica del Kremlin con el Palacio de Miraflores y anunció, entre otras cosas, el apoyo de Moscú para que Venezuela tenga su propia industria para el uso de su espacio ultraterrestre– dan contexto a un estrechamiento significativo en las relaciones entre ambos países, que resulta, según puede verse, incómodo para los intereses hegemónicos de Washington en la región y en el mundo. Así lo demuestra, entre otros elementos, el pronunciamiento ayer mismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyo portavoz, Philip Crowley, se mofó de los planes del presidente venezolano de llevar a cabo un programa espacial, y dijo que los objetivos de Caracas deberían ser más terrestres que extraterrestres. La declaración se suma a las inquietudes manifestadas en días recientes por esa misma dependencia ante la posibilidad de que Venezuela concretara nuevas compras de armamento ruso durante la visita de Putin.

La postura de Washington frente al hecho comentado refleja una falta de comprensión respecto de la realidad multipolar contemporánea en las relaciones internacionales, en la que las pretensiones estadunidenses de imponer una hegemonía unilateral –reavivadas durante la era de George W. Bush– carecen de sustento material ante la existencia de contrapesos como China y la propia Rusia. Esa falta de visión llevó a la Casa Blanca, en los años anteriores a la llegada de Barack Obama a la Oficina Oval, a hostilizar a Moscú y tratarlo como enemigo potencial, pese a que los gobiernos rusos post soviéticos de Boris Yeltsin y del propio Putin intentaron presentarse ante Occidente como socios y aliados confiables. De no haber existido tal hostilidad, posiblemente hoy los lazos entre el Kremlin y algunos de los gobiernos críticos de Washington serían menos estrechos.

En lo que se refiere a Venezuela, la voluntad de desarrollar y expandir su propia industria espacial –cuya punta lanza es el satélite Simón Bolívar, en operaciones desde hace más de un año– no es, contrario a lo que pareció insinuar ayer el funcionario estadunidense, parte de un afán estrafalario ni mucho menos un capricho personal de Hugo Chávez: antes bien, se inscribe en una necesidad de reafirmar la soberanía venezolana en materia de telecomunicaciones –en una región donde sólo México, Brasil, Argentina y Venezuela cuentan con satélites propios– y de reforzar, por esa vía, tareas concernientes a la defensa y la seguridad nacional de ese país. En lo que toca al fenómeno de rearme que se vive en algunas naciones de la región –Venezuela incluida–, éste se explica, en buena medida, como reacción a la persistente amenaza que representan la arbitrariedad y el carácter depredador y violento de la política exterior estadunidense, características que fueron impulsadas por la presidencia de Bush, y que su sucesor, Barack Obama, no ha conseguido o querido eliminar.

Ante los elementos de juicio mencionados, es claro que el punto central de la coincidencia actual entre Caracas y Moscú no reside en afanes armamentistas o posturas antiestadunidenses, sino en la necesaria defensa de las soberanías nacionales frente a pulsiones hegemónicas y colonialistas como las que persisten en la superpotencia.

Van de nuevo a por la reforma de la Ley Federal del Trabajo

La derecha, envalentonada, intentará imponerse a los trabajadores

Los Brigadistas-UNAM

Otra vez el gobierno y los empresarios han lanzado una reforma a la Ley Federal del Trabajo que, por un lado, legalice todo lo que los empresarios han logrado avanzar en contra de los trabajadores en los hechos, y por el otro, profundice aun más esas medidas dejando a los trabajadores en la completa indefensión frente a sus patrones.

No es poco lo que quieren obtener con las modificaciones que plantean en más de 400 artículos de la LFT. Los aspectos hasta ahora más sobresalientes son:

· Establecimiento del pago por horas y de los contratos por trabajo a prueba, para que en un plazo de 30 días el trabajador demuestre que tiene los conocimientos y cumple los requisitos para desarrollar el trabajo. También se permitirán contratos por capacitación.

· Cambios para que los trabajadores puedan laborar en forma discontinua en una misma empresa, y puedan prestar sus servicios unos días a la semana, al mes o por periodos cortos durante todo el año y como sean requeridos por las empresas.

· Suprimir movimientos escalafonarios por antigüedad y otros criterios fijos, privilegiando la productividad del trabajador.

· Desaparecer la figura de “puesto de trabajo” bajo la cual un asalariado sólo está obligado a cumplir la tarea para la cual fue contratado, e incluir “la multihabilidad obligatoria”.

· En caso de despido, la propuesta exime al patrón de la obligación de reinstalar a un trabajador con antigüedad menor a tres años y se le permite no informar al trabajador de la rescisión de la relación laboral, sino hacerlo directamente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

· Se plantea que los emplazamientos a huelga se presenten junto con la lista de nombres de los trabajadores que están a favor de esa acción, lista que previamente debe ser certificada por las autoridades.

· En caso de huelga, el patrón sólo estaría obligado al pago de salarios caídos por un plazo de seis meses, aun cuando los conflictos se prolonguen por años.

· Se podrá negar el trámite para el paro de labores por incumplimiento al contrato cuando no se precisen bien las violaciones y su forma de reparación.

· En las demandas por titularidad, los sindicatos también tendrán que dar los nombres de todos aquellos que quieran cambiar de organización y también esta lista tendría que ser certificada por las autoridades.

· Las juntas de conciliación y arbitraje podrán interpretar los estatutos de los sindicatos y declarar la inexistencia de una huelga si a su juicio el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos.

La iniciativa también incluye que la elección de los líderes sindicales debe ser por el voto secreto y directo de los afiliados y suprime la obligación del descuento de cuotas, además de obligar a las dirigencias gremiales a difundir información sobre la administración de sus recursos y sus estatutos. Seguramente el PAN incluyó estas medidas para tener un terreno de negociación con el PRI, y aunque las mantengan es claro que no serán aplicadas más que a los sindicatos que al gobierno le resulten incómodos.

Es verdad que la ley vigente tiene aspectos muy negativos para los trabajadores, como la famosa toma de nota que el gobierno otorga discrecionalmente. Pero en la correlación de fuerzas actual, cualquier reforma que se haga será en contra de los trabajadores, por lo que más bien tenemos que defender la consigna de que no se le modifique ni un punto ni una coma. Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un llamado a las autoridades a “redoblar los esfuerzos para promover las reformas estructurales, aprovechando los importantes pasos dados recientemente para mejorar la productividad del sector de la electricidad”, en referencia al intento de liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Están haciendo cuentas alegres, pero se les olvida que llevan 15 o 20 años tratando de imponer este tipo de reformas y hasta ahora no han podido. El golpe que ahora lanzan es más duro que los anteriores. Empecemos a difundir en qué consiste y empecemos a organizarnos para no permitirles avanzar con su reforma.

“HUEHUETLAHTOLLI” EL CONSEJO DE LOS ANCIANOS; AUDIO DEL PROGRAMA “56”.

“HUEHUETLAHTOLLI” EL CONSEJO DE LOS ANCIANOS; AUDIO DEL PROGRAMA “56”.





02 de Abril de 2010. Esta emisión numero 56 dedicada especialmente a hacer un análisis desde el punto de vista de la historiografía de las reilaciones tan difíciles de México y los estados unidos. Desde la época de la independencia y su influencia en los acontecimientos de la época. Como las relaciones y su injerencia durante la revolución mexicana y finalmente su relación con los acontecimientos recientes en nuestra frontera norte y como pretenden usar agentes de inteligencia para influir en el proceso electoral del 2012.



Programa transmitido por radio la nueva republica los días viernes de 23:00hrs a 24:00hrs y retransmitido los sábados de 9:00hrs a 10:00hrs.

Publicado por: TONATIUH MALDONADO.