miércoles, diciembre 30, 2009
Los negocios de la cédula de identidad
MÉXICO, D.F., 29 de diciembre (apro).- Considerada como una de las empresas telefónicas consentidas del gobierno de Felipe Calderón, la compañía Axtel, propiedad de Tomás Milmo Santos, ganó –el pasado lunes 14– la licitación para construir la infraestructura informática que integrará a los 105 millones de mexicanos al Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP), mismo que servirá de base para la creación de la cédula de identidad ciudadana, criticada por los partidos de oposición y consejeros del Instituto Federal Electoral.
El contrato por 664.5 millones de pesos que obtuvo Axtel, en sociedad con el consorcio Unisys de México, se suma a una serie de jugosos contratos que ha recibido la compañía del empresario regiomontano, hijo de Tomás Milmo Zambrano y sobrino de Lorenzo Zambrano, el principal accionista de Cementos Mexicanos (Cemex).
Informes bursátiles indican que tan sólo en 2009, Axtel obtuvo contratos por 1 mil 77 millones de pesos en diversos “productos y servicios” ofrecidos al gobierno federal. En plena crisis recesiva, sus ganancias durante el primer semestre de 2009 duplicaron a las registradas en 2008, al ascender a 486 millones de pesos.
El crecimiento de la compañía ha sido espectacular durante el presente sexenio. Al adquirir Avantel, hace dos años, Axtel se convirtió en la segunda compañía de telecomunicaciones, sólo por debajo de Telmex, empresa con la que mantiene una agria disputa por el sistema “el que llama paga”, instaurado por la Cofetel desde 1999.
El 15 de septiembre de 2009, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a Axtel una concesión por 30 años para instalar, operar y explotar una red de televisión satelital, con lo cual se convirtió en el tercer jugador de este segmento, por debajo del sistema Sky, de Televisa, y Dish, propiedad de MVS en alianza con EchoStar y Telmex.
Informes de consultorías como Signals Telecom, Consulting o Banamex Accival pronostican que Axtel podría asociarse con Sky, de Televisa, o con el holding de empresas cableras conocido como Yoo (formado por Cablevisión, Cablemás y TVI, las tres de Televisa, más Megacable) para ofrecer servicios de telefonía móvil convergente con el triple play.
Ahora, Axtel, asociada con Unysis, superó a otros consorcios que licitaron ante la Secretaría de Gobernación y ganó el contrato para configurar todo el sistema de almacenamiento y adquisición de los datos biométricos de los mexicanos, que incluyen la fotografía del rostro, la fotografía del iris de ambos ojos y las huellas dactilares de ambas manos.
Después de postergar en cuatro ocasiones el resultado del concurso, la Secretaría de Gobernación informó que la oferta de 664 millones 594 mil pesos de Axtel y Unysis fue mejor que la de otros 20 consorcios, entre los que se encontraban Telmex, Dies asociada con Hildebrando, propiedad del cuñado presidencial Diego Zavala, la chilena Sonda Pisa, la india Tata y la japonesa Nec.
Datos personales en riesgo
En un comunicado, Gobernación precisó que “la adjudicación de la infraestructura informática contempla la contratación del equipamiento y mantenimiento del centro de datos en las instalaciones de la secretaría, así como el almacenamiento y la adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos de las personas, que corresponden a la fotografía del rostro, la fotografía del iris y las huellas de los dedos de ambas manos”.
Ante las dudas expresadas por legisladores del PRI y del PRD, así como por comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por presuntas violaciones a los datos personales y a la privacidad, la dependencia dirigida por Fernando Gómez Mont aclaró que “la empresa ganadora en ningún momento podrá vincular la identidad física de las personas con la identidad jurídica de las mismas, compuesta por los datos asentados en el acta de nacimiento”.
Esta adjudicación incluye la contratación y mantenimiento del equipo del centro de datos de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el almacenamiento y adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos y el resguardo de la misma información por parte de las autoridades federales.
Antes de esta segunda licitación, que forma parte del paquete para la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana, Gobernación adjudicó a la empresa holandesa Smartmatic la adquisición de 2 mil equipos necesarios para la captura de información. Empresas perdedoras en esta primera licitación, como Cosmocolor, propiedad de Jorge Kawaghi, se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública por el resultado.
En el caso de Axtel y Unysis, hasta el momento no se inconformaron las otras compañías perdedoras, pero existen serias dudas, ya que Axtel no tiene experiencia previa en el manejo de este tipo de información y Unisys es un corporativo creado en 1986 en Estados Unidos, que ha sido señalado por la prensa norteamericana por fallas de seguridad en el manejo de datos cibernéticos.
En 2003 y 2004, la compañía fue vinculada con el escándalo del lobbysta Jack Abramoff, acusado por varios delitos relacionados con sus actividades de gestor en el Congreso norteamericano. Unisys le pagó 640 mil dólares por sus servicios.
En 2007, The Washington Post publicó que el FBI investigó a Unisys por incidentes en el manejo de la base de datos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La compañía negó las acusaciones.
Unisys Corporation fue identificada como el proveedor oficial de servicios de tecnología de información para la Convención Nacional del Partido Republicano de Estados Unidos, en el que se presentaron oficialmente los entonces candidatos de 2008 a la presidencia y vicepresidencia, John McCain y Sarah Palin.
El litigio con Cofetel y Telmex
Axtel protagoniza desde hace dos años un agrio litigio en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de los demás consorcios telefónicos, especialmente contra Telmex, por el sistema “el que llama paga”.
Axtel ha litigado ante diversos tribunales en contra de la resolución de la Cofetel que en 2006 asignó una tarifa de interconexión de 2.50 para que los usuarios de telefonía celular no pagaran las llamadas que surgieran desde un teléfono fijo.
Este litigio ha escalado hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, ha colocado en el banquillo de los acusados al presidente de Cofetel, Héctor Osuna, y ha generado un enfrentamiento entre Axtel y Telcel.
La primera compañía alega que el sistema“el que llama paga” es un mecanismo de subsidio para las grandes empresas de telefonía, y reclama de Telcel el pago de 2 mil 300 millones de pesos por tarifas de interconexión que no pagó la empresa sino sus usuarios.
A su vez, el director jurídico de Telcel, Alejandro Cantú, ha revirado señalando que Axtel le debe a su compañía 2 mil 400 millones de pesos, ya que la telefónica de Tomás Milmo sólo paga 50 centavos por minuto por tarifa de interconexión en el sistema “el que llama paga local”, en lugar de la tarifa de 1.90 pesos el minuto.
La disputa está aún en tribunales y ha agudizado las diferencias entre Cofetel y SCT. Un oficio enviado el 29 de octubre pasado por Héctor Osuna al titular de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcaditas, advierte que desde el 22 de abril de 2009 la Séptima Sala dejó “insubsistente” la multa decretada en contra del presidente de Cofetel, y niega que exista una violación a la suspensión provisional del sistema “el que llama paga” a favor de Axtel.
Para la Cofetel, el sistema “el que llama paga” permitió que el servicio de telefonía móvil tuviera un impulso significativo, a tal grado que el número de usuarios de servicio pasó de 3.3 millones en diciembre de 1998 a 47.1 millones en 2005.
“Este comportamiento se debió tanto a la introducción de la modalidad ‘El que Llama Paga’ en el servicio local, que le permite al usuario del servicio local móvil recibir llamadas locales sin cargo alguno, como al esquema de prepago, al hacer posible que el servicio local móvil esté al alcance de un sector más amplio de la población”, advierte un análisis de Cofetel entregado a Proceso.
Ante el litigio de Axtel, la Cofetel alega que el esquema conocido como “El que Llama Paga Nacional” para llamadas de larga distancia nacional e internacional, además de ser una alternativa más para el usuario del teléfono móvil, “genera importantes beneficios a los usuarios al incrementar las posibilidades de comunicarse y reforzar el derecho que tiene el usuario que origina la comunicación sobre su decisión para realizar la misma, al ser él quien cuenta con todos los elementos para valorar la conveniencia de la llamada y el costo que le representa su decisión”.
Sin embargo, Axtel ha acusado a la Cofetel de desacato a las órdenes judiciales, y sus representantes jurídicos rechazan que tengan algún adeudo con Telcel.
Conocedores de su bonanza durante el presente sexenio, prevén que Axtel contará con un fuerte apoyo en Los Pinos para continuar su expansión.
Fuente: Proceso
“Concluyó el siglo estadunidense”, según The Washington Times
*“Concluyó el siglo estadunidense”, según The Washington Times
Hou Xiaochuan, gobernador del Banco de China, en el Foro de Finanzas, realizado el 22 de diciembre, donde dijo que la economía china no puede restringirse a controlar la inflación.Los dilectos lectores de Bajo la Lupa no se perturbarán del asombroso aserto sobre la conclusión del siglo estadunidense” que vertió en su provocativo editorial The Washington Times (23/12/09), el periódico ultra-conservador y archibélico vinculado al nepotismo dinástico de los Bush, en referencia al mal trato que recibió Obama en la fallida cumbre de Copenhague durante la reunión a puerta cerrada del grupo Basic (Brasil, África del Sur, India y China) –a no confundir con el tricontinental Foro de Diálogo IBSA (India, Brasil y África del Sur) ni mucho menos con el BRIC (Brasil, Rusia, India y China).
The Washington Times, fundado por la Iglesia de la Unificación del sudcoreano Sun Myung Moon en pleno despliegue de la “guerra de las galaxias” de Ronald Reagan, padece severos problemas financieros y está por cerrar su edición impresa para consagrarse a su página electrónica en colaboración con Heritage Foundation (The New York Times, 30/11/09): una mezcla muy explosiva de racismo bélico. Antes de despedirse de las imprentas, The Washington Times aceleró su legendaria belicosidad, que ha enfocado en Obama, a quien acusa insanamente de todas las plagas que azotan a Estados Unidos.
Para sentenciar la “conclusión del siglo estadunidense”, el rotativo anti Obama no realiza ningún análisis de corte geoestratégico, al que solía recurrir sesgadamente en su furibundo anticomunismo de la guerra fría, sino que lo funda en la develación de pasmosos detalles sobre la forma en que los mandatarios del grupo Basic evitaron codearse con Barack Obama, quien parecía un apestado posmoderno.
Algo fuerte sucedió durante el encuentro bilateral del presidente estadunidense con el premier chino Wen Jiabao en Copenhague –hoy se sabe que China no adoptó el “gobierno mundial” del cambio climático bajo la férula del G-2 entre EU y China, por el que suspiraba la prensa británica–, a partir de cuando “los chinos empezaron a enviar funcionarios de bajo nivel a las reuniones multilaterales. Un frustrado Obama presionó por otra reunión bilateral (con Wen) programada para el viernes a las 18:15 horas. Otros líderes del grupo Basic estaban ilocalizables”. Los chinos se dieron el lujo de retrasar la reunión bilateral hasta las 19 horas. Como decimos coloquialmente: todo el mundo del grupo Basic se le esfumó a Obama.
Cuál no habrá sido la sorpresa de Obama al llegar a su reunión bilateral con los chinos y encontrarse a los cuatro líderes del grupo Basic en pleno intercambio de ideas. The Washington Times asevera que el presidente estadunidense pidió ser invitado por los cuatro mandatarios, quienes lo habían evitado: “no había un asiento en la mesa para Obama, por lo que éste expresó que se sentaría junto a su amigo (sic) Lula”. Los ayudantes brasileños de éste se las ingeniaron para dar asientos a Obama y a la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Por lo visto, chinos, indios y sudafricanos no se inmutaron para nada. En forma cruel, The Washington Times comenta que tres días después, Lula “usó su programa semanal de radio para amonestar (sic) la postura de Estados Unidos en Copenhague”.
Nada detiene la humillante develación de The Washington Times: “después de que Obama arribó a su cita retardada, el grupo Basic estaba secuestrado básicamente (sic)” y “el decoro obligaba a buscar una salida airosa para todos”.
El epílogo narrativo del rotativo anti-Obama es brutal: “la conferencia de Copenhague fue una lección de poder y humildad (…) Obama hizo historia, pero no en la forma en que esperaba. Lo sucedido dice mucho sobre el poder de Estados Unidos y su prestigio (sic) cuando los líderes mundiales tuvieron problemas para evitar reunirse con Barack Obama. Concluyó el siglo estadunidense”.
El error de The Washington Times, el cual personaliza acremente su querella racista con Obama, es creer que fue en Copenhague donde ocurrió “el fin del siglo estadunidense”, que ya habíamos analizado hace tres años, durante la fase crepuscular bushiana, en nuestro agotado libro premonitorio Fin de una era (Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2007).
El portal estratégico europeo De Defensa (“¿No hay una silla para Obama?”, 28/12/09) le da vuelo al editorial descortés a la imagen presidencial del The Washington Times, que absurdamente subsume la autodestrucción y la decadencia de Estados Unidos a la sola efigie de Obama, como si una sola persona, por más poderosa y/o pusilánime que fuere, sea el único responsable del deterioro generalizado de la otrora superpotencia unipolar en los planos doméstico y foráneo.
De Defensa desecha correctamente la “teoría de la conspiración de los chinos” que evoca Mark Lynas (The Guardian; 22/12/09) –“una interpretación unilateral anglosajona”– y analiza el entorno desfavorable de Obama a quien no solamente le ha tocado lidiar con el caos global sino, peor aún, profundizarlo en varias de sus vertientes (Afganistán, Medio Oriente, el rescate bancario, etcétera). Aporta un dato favorable, que no es menor y no tuvo nada que ver con el tema nodal del cambio climático: el avance sustancial tras bambalinas de la cumbre de Copenhague para el recorte de armas estratégicas (START II) entre Obama y el presidente ruso Medvedev.
A juicio de De Defensa, “el aislamiento del presidente Obama” forma parte del “desorden global” que se epitomizó con el fracaso de Copenhague. El portal estratégico europeo es muy severo e inquiere, nada descabelladamente, si “el aislamiento de Estados Unidos y el desorden mundial son dos expresiones para designar una misma situación”, lo cual quizá “confirme (sic) que el desorden sería menos grande si Estados Unidos no pretendiese desear continuar a jugar un papel dirigente o preponderante”. Después de haberse calificado de “país indispensable”, ¿Estados Unidos pasó a ser una nación estorbosa para la armonía global?
Mucho más feroz que The Washngton Times en cuanto a los alcances y las consecuencias malignas de la decadencia de EU, De Defensa asiente sin tapujos sobre “el fin del siglo estadunidense, especialmente respecto de la instalación del desorden como su legado”. Lo peor de la herencia es “la consecuencia de la pretensión de Estados Unidos de proseguir episódicamente (sic) su papel hegemónico cuando los instrumentos de esta hegemonía, sin justificación internacional, se encuentran en plena decadencia”.
¿Qué hará el mundo con un Estados Unidos estorbosamente decadente? Los países lúcidos y visionaros empiezan a ajustarse a las exequias no solamente de Estados Unidos, sino hasta del mundo “occidental”, como acaba de proferir nada menos que el magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska, muy cercano al premier Putin (Novosti, 20/12/09): “la crisis modificó todo (sic), en primer lugar el modelo anglosajón de consumo (…) El mundo occidental (sic) será diferente de aquí a siete (sic) años”.
¿Cuál será su definición de “Occidente” que excluye a Rusia a quien vaticina “un futuro optimista”? ¿Incluirá en su “Occidente” a Japón, Francia y Alemania cuando el derrumbe de Gran Bretaña está casi garantizado? ¿Por que en “siete años”,y no antes o después? ¿Qué sabe Deripaska que ignoremos los demás?
México: sin cine ni maíz
Próximos a que termine el lamentable 2009 para dar paso a un por demás mítico 2010, no estaría mal que en la medida de lo posible nos pusiéramos a reflexionar sobre nuestro México tan agraviado y lo que va quedando de nosotros los mexicanos. Convertidos en una bananera república por casi 30 años de neoliberalismo, hemos perdido la soberanía de nuestra identidad nacional en todos los terrenos.
La industria cinematográfica, por dar un ejemplo, en general de lo que le está pasando a toda la producción artística y cultural del país, está ya en manos de los designios del mercado transnacional. En ciudades, como Mérida, Yucatán, hay semanas en que no puede encontrase en cartelera ninguna película mexicana, latinoamericana o europea, en los circuitos comerciales; en los estatales la imaginación es tan limitada, que por momentos nos llenan los cines con programaciones dignas de la telebasura nacional. Basten como ejemplos las matinés con Winnie Pouh o Barbie, en fin… que el ejemplo sirve para ilustrar algo de lo mucho que ya perdimos en materia de soberanía y en este caso concreto del arte, al que podemos aumentar el hecho de que gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el dinero recaudado en taquilla no llega más a la producción nacional. El dinero es para engrosar los bolsillos de los capitalistas yanquis que deciden, por nosotros, qué podemos ver y cuándo lo podemos ver y también lo que no debemos ver, no vaya a ser que eso nos politice o, peor aún, sensibilice. Hace unos días, en la el periódico La Jornada, dos productores de cine manifestaban cómo, la nula política federal con relación al cine, hace perder la posibilidad de inversión en ese rubro, que además de ser un importante generador de empleos, es por su alcance, lo que el imperio tiene bien claro: una ventana de registro histórico de la sociedad que lo produce, cuando no se trata de copias chafas del modelo gringo, y, aún así, no dejan de ser un ejemplo de nuestra ya extraviada identidad. Los canadienses, más prudentes que nuestro desgraciado chupacabras Salinas, ahora de regreso en el “Nuevo PRI”, lo entendieron así y uno de los capítulos que más protegieron, a grado tal de no meterlo en el TLCAN, fue el Cultural. Después de analizar lo que es Estados Unidos, los canadienses decidieron que para nada querían tener como ejemplo la rectora cultura gringa. Pero, Canadá es Canadá, y en México ya no sabemos exactamente quiénes somos y menos aún para dónde vamos. Tan o aún más grave es la presencia de MONSANTO, que ya anuncia la entrada de maíz modificado, como inequívoca promesa de que en una década nos habremos quedado sin maíz originario y que nuestro campo, de por sí maltrecho, ahora tendrá que enfrentar el hecho de pagar patentes si queremos seguir sembrando maíz. Nada más absurdo que eso. La tierra del maíz con una cultura que afirma que la humanidad nació del maíz, ahora nos vemos amenazados por hecho de que en los próximos años ya no podamos sembrar más que maíz modificado, si tenemos cómo comprar la patentada semilla, perdiendo para siempre la poca capacidad alimentaria que pudiéramos generar en momentos de crisis global, como los que se anuncian en los próximos años, quizás meses, que vendrán. Y con la pérdida definitiva de nuestra soberanía alimentaria, ante la amenaza que sufre el maíz, se pierde también parte fundamental de lo que es nuestra identidad como nación. Se pierde algo de lo más rico que hemos heredado de las culturas prehispánicas originarias. Culturas que desarrollaron la ciencia y el arte a niveles, que nuestro mestizaje no nos lo ha permitido, tal vez porque nos hemos distraído tanto de las cosas importantes, que no nos hemos dado cuenta que si perdemos el maíz originario habremos perdido la más importante de las batallas en defensa de nuestra soberanía y, muy particularmente, en defensa de nuestra identidad, ya tan extraviada ante la conquista neo-colonial que todo lo trastoca en híbridos aculturales de enfermo consumismo.
México, la mayor tumba de periodistas en Latinoamérica: RSF
MÉXICO, D.F., 30 de diciembre (apro).- El territorio mexicano se convirtió este año en uno de los sitios más peligrosos para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras.
Y es que, de acuerdo con el balance anual dado a conocer por ese organismo, de los seis crímenes cometidos contra periodistas en el continente americano la mitad de ellos sucedieron en México.
Además, de los 33 secuestros acontecidos en el mundo durante este año una buena parte tuvieron lugar en sueño mexicano.
Según el informe de RSF, los crímenes contra periodistas en el mundo durante 2009 registraron un incremento de 26% en relación con el año anterior, con 73 casos.
Asia fue la región que registró la mayor cantidad de muertes, con 44, incluidos los 30 periodistas asesinados el 23 de noviembre en Filipinas, durante una masacre por rivalidades entre clanes políticos, que en total dejó 57 decesos.
“El año 2009 se recordará marcado por dos acontecimientos dramáticos: la mayor matanza de periodistas llevada a cabo en una sola jornada (...) y una oleada sin precedentes de detenciones y condenas de periodistas y bloggers en Irán", señala el informe.
La reelección del presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, que generó masivas protestas en el país persa, ha sido el origen de una delirante oleada represiva contra los medios, consideró RSF.
“Las guerras y las elecciones han sido las principales amenazas para los periodistas en 2009. Cada vez resulta más peligroso cubrir un conflicto, en la medida en que se convierte a los periodistas en objetivos y corren el peligro de ser asesinados, o de que les secuestren.
"Pero también puede resultar peligroso hacer este trabajo en periodo electoral, con el resultado de que se puede acabar en la cárcel o en el hospital. En países poco democráticos ha sido particularmente importante, en 2009, la violencia en los periodos anteriores o posteriores a las elecciones", señaló.
En África se registraron 12 decesos, en Europa hubo 7, en Medio Oriente, 7, y en América, 6.
De acuerdo con la organización, con sede en Francia, el 50% de los asesinatos ocurridos en el continente americano tuvo lugar en México.
Además, RSF informó que 33 periodistas fueron secuestrados en el año y la mayoría de estos casos se concentró en Afganistán, México y Somalia.
Ciencia sin conciencia: la “subglobalización”
Un país que no se apoya en la ciencia por la inconciencia de sus gobiernos está en la subglobalización, es decir, en la cola de las condiciones de bienestar promovidas por la investigación científica, los conocimientos y la educación a favor de una sociedad determinada. En el mundo contemporáneo, para ir eliminando las condiciones de pobreza y de ignorancia, para fortalecer vías alternas y programáticas de gobernabilidad democrática, para mejorar las condiciones de salud y de seguridad social de las mayorías de la población, para enfrentar la violencia y el crimen organizado, para mejorar las condiciones medioambientales y enfrentar con menos riesgos el cambio climático, para eso y para mucho más es indispensable la investigación científica.
La sociedad actual ha encontrado que con la ciencia, con la producción de nuevos y mejores conocimientos, con la extensión y mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, es posible tomar decisiones en condiciones menos espontáneas y ligeras, como las que realizan a diario la mayoría de los burócratas y políticos de nuestro país, y que se expresan en que se compran en el extranjero vacunas para enfrentar la influenza; que la innovación empresarial y gubernamental dependen de las soluciones que fueron diseñadas para otras latitudes; que se fomenta la maquila, la formación y la promoción en competencias laborales en los planes y programas de estudio y en la carreras de bachillerato y de educación superior; que no se fomentan los coeficientes de inventiva ni las patentes, y que no se destinan los recursos necesarios para crear bases de sustentabilidad mucho más amplias para la ciencia en el país.
Mientras que en otros países se invierte como media el 3% del PIB en investigación experimental, se incentiva por múltiples medios y con suficiencia de recursos la producción de artículos de investigación científica, y se promueve la autonomía de los investigadores para generar conocimientos fundamentales en todas las áreas del conocimiento, en México esto se limita al máximo, se tienen otras prioridades y se deja en manos del mercado lo que debería de ser una política de Estado.
De acuerdo con la programación original del presupuesto para educación superior e investigación científica de 2010, elaborada por la Secretaría de Hacienda, se presentaba un recorte al gasto federal en estos rubros de 6.2% y de 6.4%, respectivamente, lo que podría dar cuenta del interés que tiene el actual gobierno en la materia. Con las modificaciones que realizaron los diputados de la actual legislatura, el gasto federal en ciencia y tecnología sólo tendrá una reducción real de 4.6% durante 2010, y el Conacyt de 1.6%. Esto significa que, en la última década, el presupuesto para estas actividades no se ha incrementado de manera significativa; por el contrario, ha ido a la baja, porque en 2003 alcanzaba el 0.39% y para 2010 apenas llegará a 0.34% del PIB.
Esto implica que la ciencia que se lleva a cabo en el país –principalmente en algunas cuantas instituciones públicas de educación superior y centro regionales Conacyt– tendrá que apretarse aún más el cinturón y tendrá que reordenar proyectos para adecuarlos a una mayor contracción de recursos.
Sin embargo, hubo algunos programas y centros a los que se canalizaron mayores recursos, como en las ampliaciones aprobadas para el Ramo 38 del Conacyt, que son: para el Gran Telescopio Milimétrico, 390 millones de pesos; para los Centros de Tecnología y Aprendizaje del Estado de México, 120 millones; para el Laboratorio de Bioseguridad BSL III Plus, 50 millones; para el Centro “Mario Molina”, 50 millones, y para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, 10 millones. Pero hasta allí quedó el asunto.
Frente a este terrible panorama, apenas se oyen algunas voces, pocas, muy pocas, porque son otros los grandes temas de interés. Una de ellas es la Academia Mexicana de Ciencias, que honrosamente y contra viento y marea acaba de cumplir 50 años de vida. Su presidenta, la doctora Rosaura Ruiz, ha señalado que “el sistema científico nacional no desempeña el papel central en el desarrollo cultural y social del país, ni constituye una parte indisoluble de la vida diaria… (pero sí) el avance del oscurantismo y el ataque a la laicidad, que se expresa en la aprobación de leyes antiabortistas en 17 entidades del país justo 150 años después de las Leyes de Reforma y de la publicación de El origen de las especies”.
Otros han propuesto desde hace rato la necesidad de establecer una política de Estado para la ciencia y la tecnología con el fin de estructurar un sistema nacional, impulsar áreas estratégicas fundamentales para el país, acrecentar la cultura en estos aspectos y garantizar aumentos constantes en la inversión pública y privada para alcanzar, por lo menos, el 1% del PIB hacia este sector. Esto ya tiene tiempo, y se ha dicho de muchas maneras y con toda la fuerza que se tiene. Sin embargo, la respuesta que ha mostrado el actual gobierno federal no ha estado a la altura. Preocupa que tampoco haya más debate al respecto, ni de un lado ni de otro, y todo quede en propuestas aisladas e interesadas, recurrentes pero mínimas, que no alcanzan a construir una visión distinta para salir de la subglobalización en la que, parecería, se ha optado por mantener al país a toda costa, como estrategia general.
2010, naufragio panista
MÉXICO, D.F., 30 de diciembre (apro).- Sin haber creado una institución que funcione en una década al frente del país, el PAN ha confirmado lo que alguna vez dijo uno de sus principales fundadores, Manuel Gómez Morín, que este partido nació para oponerse y proponer, no para gobernar. Todo parece indicar que así pasará a la historia en estas fechas memorables.
Emblemático, el año entrante el país celebra dos fechas claves para la historia nacional: el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia. Pero para la posteridad el 2010 podría pasar como el fracaso de la transición democrática mexicana.
Lamentablemente para el país la llegada del PAN al poder no significó ninguna transformación social, política o económica como se anhelaba tras 70 años de régimen autoritario del PRI, sino todo lo contrario, una profunda decepción.
De esta manera y aunque no ha transcurrido mucho tiempo, apenas tres años, el gobierno de Vicente Fox ya es recordado como el de la desilusión pues muchos de los que votaron por él veían la real posibilidad del cambio político e incluso se llegó a pensar en una transición radical del país mediante un gran pacto político entre todas las fuerzas y poderes.
Pero nada de esto sucedió, Fox dejó pasar una oportunidad histórica y no hubo acuerdos políticos con los poderes emergidos del PRI para cambiar el sistema sino que se reafirmaron las viejas alianzas sindicales, económicas y hasta de corrupción dando lugar a una enorme decepción entre los mexicanos.
Lo mismo ha ocurrido con Felipe Calderón quien, si no da un giro completo a su gobierno, será invocado como el presidente del fracaso pues sus principales propuestas han resultado ser eso, un enorme chasco pues no ha generado el empleo que prometió, ni establecido la paz ni la tranquilidad anhelada por millones de ciudadanos sometidos diariamente al terror del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Metido cómodamente en el papel de oposición el PAN nunca se preparó para gobernar el país. Sin cuadros políticos suficientemente capacitados, carentes de preparación y de visión para toma decisiones de largo plazo, Fox y Calderón se sentaron en la silla presidencial sólo para intentar administrar el presente.
Y con ello echaron por la borda la esperanza representada en muchos de los votos que recibieron para ganar dos veces seguidas las elecciones presidenciales. Su fracaso viene a confirmar la teoría de que llegaron al poder no por el crecimiento del su partido el PAN sino por el hartazgo de la ciudadanía o por el miedo de los grupos de poder (empresarios, iglesia católica, sindicatos, etc.) de la llegada de un presidente ajeno y opositor a sus intereses.
Los gobiernos panistas vinieron a confirmar una triste realidad para los mexicanos: que las prácticas de impunidad, corrupción, mentira y traiciones que tanto criticaban del PRI, en realidad forman parte de la cultura política nacional. O sea, que no hay diferencias entre derecha, izquierda y centro en la geometría política del país.
Confirmada esta sospecha el regreso del PRI como “un partido que si sabe gobernar” parece lo más natural para los próximos años. Ahora no importa lo que digan y critiquen de los priistas, total todos los políticos son iguales o peores porque no saben gobernar.
Bajo esta idea de “nosotros si sabemos gobernar” si el PRI gana es probable que se vean cambios en el estilo o en la forma de hacer las cosas. Una de ellas, el combate al narcotráfico.
Es posible que al recobrar el PRI el poder presidencial veamos que los niveles de violencia y las formas en que se ha expresado el poder del crimen organizado sean menos graves o evidentes que las que experimentamos actualmente. Pero no es porque los priistas vayan a acabar con el narcotráfico pues saben que es imposible ya que se trata de un problema internacional con intereses profundos en los Estados Unidos, sino que le apostaran a controlarlo y para ello no duden que lleguen a acuerdos con algunos grupos como ya lo hicieron en el pasado.
2010 plantea entonces para el país muchos retos, pero el principal sacarlo del hoyo en que se encuentra, de la crisis económica, política y social al que ha sido llevado por los gobernantes panistas en quienes se fincó la enorme ilusión del cambio o el reto de la transición pero que sólo mostraron incapacidad para gobernar.
La cobardía de El Yunque
MÉXICO, D.F., 28 de diciembre (apro).- Junto a la capilla del panteón Parque Memorial, en Naucalpan, Estado de México, en el lote 211 de la sección 1.1, se encuentra una tumba cuya austera lápida tiene inscrito un nombre y dos fechas: “Ramón Plata Moreno. 20-X-1935 24-XII-79”.
Se trata del sitio donde yacen los restos del fundador de El Yunque, la organización ultraderechista que, desde hace medio siglo, conspira desde la clandestinidad para imponer en México un proyecto autoritario, a través del Partido Acción Nacional (PAN), uno más de sus diversos instrumentos.
La fecha de su muerte inscrita en la lápida indica que la semana pasada, justamente en la Nochebuena de este 2009, se cumplieron tres décadas de que fue asesinado en la casa de sus suegros, en la calla Cienfuegos número 763, colonia Lindavista del Distrito Federal, después de regresar de un exilio en Estados Unidos, a raíz de un atentado a balazos que sufrió cuatro años antes.
El lugar donde está sepultado Plata Moreno no es casual: Está próximo al santuario de Los Remedios, donde, en 1975, hizo concentrarse ahí a centenares de miembros de El Yunque para lanzar, justamente, el “Pacto de Los Remedios”, una ofensiva contra el gobierno de Luis Echeverría, a quien catalogaba como “comunista” y “anticatólico”.
Igual que otros homicidios de miembros de El Yunque --como los de dos jóvenes en el Cerro del Cubilete, en 1975, y el de Jorge Kalfópoulos, jefe en Jalisco, y su hijo Cristos, de 10 años de edad, en 1981--, el asesinato de Plata Moreno es un crimen impune, pese a que prominentes militantes de esta organización han estado y están en posiciones relevantes en la estructura gubernamental federal para que se sancione a los responsables.
Las razones de tal omisión son diversas, entre ellas que el homicidio cometido hace tres décadas legalmente ya prescribió, pero la fundamental es que los jerarcas de la Organización Nacional de El Yunque han evitado, por todos los medios, que haya la más mínima investigación, porque eso implicaría un mayor escrutinio sobre la estructura y los fines de la misma.
Existe, inclusive, una averiguación previa en la Procuraduría General de la República (PGR) a raíz de una denuncia que formuló Lorenzo Lira García, un mando de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) que decidió proporcionar vasta información sobre el homicidio de Plata Moreno y otros crímenes, presuntamente cometidos por esa otra organización ultraderechista, muchos de cuyos miembros pertenecen también al PAN.
Sin embargo, las investigaciones no han avanzado por la reiterada oposición de los jerarcas de la Organización Nacional de El Yunque, particularmente el jefe general, Bernardo Ardavín Migoni; el jefe general emérito, José Antonio Quintana, y el jefe nacional operativo, Guillermo Velasco Arzac, quienes han impuesto a la familia de Plata Moreno la ignominiosa orden de quedarse callados ante el crimen.
El silencio sobre las razones, y los autores intelectuales y materiales del asesinato del fundador de El Yunque se justificaba porque, supuestamente, los gobiernos priistas podrían incurrir en manipulación y encubrir a los responsables, pero después de dos gobiernos federales del PAN, con miembros de El Yunque colocados en posiciones clave para el esclarecimiento cabal, no se entiende por qué la obstinación en oponerse a abrir el caso.
Menos aún se entiende el silencio –o quizá esa es la verdadera razón-- cuando ha habido tres presidentes del PAN con formación en El Yunque --Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Espino y César Nava--, y sus cuadros colman el comité nacional y los estatales.
Mandos de El Yunque murmuran, en voz baja, que el esclarecimiento del asesinato podría desencadenar una cruenta guerra con los Tecos, que todavía disponen de grupos paramilitares fuertemente armados, uno de los cuales supuestamente lo ejecutó, o con los sótanos del priismo que siguen siendo fieles a Fernando Gutiérrez Barrios, a quien también se señala como autor intelectual del crimen.
La razón puede ser otra, como lo presume Eduardo García Suárez, uno de los estrategas más allegados a Plata Moreno en Puebla y quien asegura que miembros de El Yunque traicionaron al fundador y lo “pusieron” para que fuera asesinado en la Nochebuena, en la colonia Lindavista, en 1979.
Como quiera que sea, el silencio de los mandos de El Yunque tiene nombre. Se llama cobardía.
Apuntes
Es también cobarde la conducta de Felipe Calderón: Ya no sólo no sabe cumplir su palabra de que no habría aumentos a los combustibles durante 2009, como se acreditó el sábado de la semana pasada cuando decretó un alza a la gasolina y el número 50 al diesel –lo que definí como una vileza--, sino que ahora, un día después de Navidad, ordenó otra alza a la gasolina Magna. ¿Se puede llamar de otra manera que no sea cobardía la decisión de Calderón? Yo sostengo que no, y eso mismo son los periodistas y medios que se quedan callados.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Carta a Monseñor
Pedro MiguelEmmo. Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera:
Usted y la mayor parte del alto clero están molestos por las reformas al Código Civil aprobadas en el Distrito Federal el 21 de diciembre, en virtud de las cuales dos personas del mismo sexo podrán unirse en matrimonio y gozar, en su condición de casados, de plena igualdad con las parejas heterosexuales constituidas ante el Registro Civil, incluido el ejercicio del derecho a la adopción de menores.
Comparto, en alguna medida, el malestar de ustedes: el matrimonio en general me parece una fórmula caduca, restrictiva y generadora de problemas en las relaciones amorosas. Encuentro, además, que la inclusión de una autoridad (sea juez o cura) en un ámbito tan íntimo como el del vínculo afectivo y erótico entre dos personas, así sea en calidad de testigo o garante, es un despropósito. Por ello, pongo distancia ante cualquier forma de promoción del matrimonio, independientemente de la raza, religión, nacionalidad, cultura, condición social, identidad de género y preferencias sexuales de los contrayentes.
Pero la vigencia y la defensa de los principios universales de la libertad y la igualdad me parecen mucho más importantes que la consideración anterior, personal y reconocidamente subjetiva, y no veo una razón por la cual el vínculo conyugal formal debiera prohibirse a gays, a lesbianas y a transexuales.
Estoy al tanto de las posturas eclesiales –formuladas por algunos padres de la iglesia, y consolidadas a lo largo de muchas centurias, hasta convertirlas en lo que el cardenal Lozano Barragán llama palabra de Dios– que pretenden reducir a los homosexuales a la condición de personas de segunda clase, a las cuales ha de privárseles de algunos derechos de los que gozan los heterosexuales. ¿Por qué? Porque, han sostenido ustedes, el amor erótico entre hombres y entre mujeres es contra natura (eso mismo me dijo un ilustre dignatario iraní al que conocí hace poco) y pone en riesgo a la sociedad en la medida en que se desentiende de la función reproductiva. Y si uno les replica que no es antinatural, y que están científicamente documentadas las prácticas homosexuales corrientes en centenares de especies de invertebrados, vertebrados y mamíferos superiores (véase, por ejemplo, Bagemihl, Bruce: Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, St. Martin’s Press, 1999), ustedes responden: ¡Ah, animalidad pura!
Qué desacuerdo, Su Eminencia. A mi juicio, un verdadero peligro para la sociedad no es el coito entre dos hombres o entre dos mujeres, sino el ayuntamiento entre el poder religioso y el secular, porque bajo ese maridaje han florecido métodos de lucha contra lo que el Santo Oficio llamaba el pecado nefando de sodomía tales como la hoguera, la castración en acto público, la confiscación de bienes, el calabozo y los azotes. En apenas cuatro siglos, la Iglesia se ha modernizado (lo admito sin cortapisas) y ha pasado de las parrilladas inquisitoriales (en tiempos más recientes, el reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, prescribía la matanza sistemática de homosexuales porque éstos, decía pueden aniquilar a Alemania) a la simple discriminación social y jurídica, pregonada por usted (La Jornada, 22/12/2009 y 28/12/09), y a la segregación celestial que estipuló Lozano Barragán (La Jornada, 3/12/2009). Toda atenuación de sadismos históricos ha de ser recibida con alivio y aplaudo, por mi parte, el patente esfuerzo de moderación.
Por lo que hace a las adopciones, Monseñor, me complace anunciarle una buena nueva: dicen los especialistas Maribel Nájera, del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y Adrián Aldrete Quiñones, del Instituto de la Familia, que los niños adoptados por una pareja homosexual tiene las mismas probabilidades de verse afectados en su desarrollo integral que los menores que crecen en hogares formados por personas de sexos diferentes (Reforma, 27/12/2009). Más: “La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, que agrupa a más de 50 asociaciones de educación, investigación y terapia sexual, afirmó que ‘ni la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni la bisexualidad, determinan la orientación sexual de los hijos, de acuerdo con numerosas investigaciones científicas internacionales según las cuales los hijos con padres o madres del mismo sexo no tienen por esta situación un desarrollo sicosexual negativo ni sufren daños a la salud mental’” (íbid).
El peligro de que un niño o una niña experimenten agresión sexual está en todas partes: en Internet, claro, y también, acaso, en un hogar formado por dos gays o por dos lesbianas; pero esa clase de violencia la hemos visto, desde siempre, en dominios de los poderosos económicos y políticos (recuerde Ud. la red de pederastas, formada por empresarios y funcionarios, evidenciada por Lydia Cacho), en familias ortodoxas y convencionales, en escuelas públicas o privadas y también, desde luego, en casas parroquiales, nunciaturas, seminarios y conventos.
Razonemos, señor Cardenal: no hay agresión ni barbarie que broten del amor, ya sea en su vertiente mística (agape), en su manifestación familiar y de compañerismo (storge) o en su expresión erótica; la violencia y el abuso sexual, derivan, en cambio, del ejercicio indebido de un poder (el del padre, el del cónyuge, el del maestro, el del guía espiritual, el del patrón...) sobre una persona vulnerable. Permítase, pues, que las familias se formen como puedan y por los caminos que sus integrantes decidan, sin exclusiones ni discriminaciones, y establézcase un compromiso verdadero contra las agresiones sexuales a menores, ocurran en donde ocurran, y sea cual sea la condición social, económica o religiosa de los agresores.
Le expreso, por último, buenos deseos para el año que comienza.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com
Fuente: La jornada
El nuevo integrismo mexicano
MÉXICO, D.F., 28 de diciembre.- Además del caso más reciente en Chiapas, Veracruz se sumó a la nómina de los estados donde se atenta contra el Estado secular y se afectan los derechos fundamentales, lesionando en especial a las mujeres. Sólo que allí se puso en práctica una singular estrategia que consistió en darle por su lado a la alta jerarquía eclesiástica con la reforma constitucional “antiabortista”, y en distraer a la opinión pública con una reforma legal que en apariencia despenaliza el aborto. Dieciocho estados, a los que tal vez se sumarán otros, van configurando el nuevo integrismo mexicano como decisión de los dos partidos con mayor votación en el país.
En el caso del PAN no sorprende, porque su trayectoria es la de un partido conservador; pero el PRI construyó por décadas una imagen liberal que hoy han abandonado muchos de sus integrantes. El argumento de que se trata de una decisión tomada en cada estado por los priistas locales es desconcertante, porque denota que el PRI está dejando de ser una organización política nacional para convertirse en una federación de cacicazgos, y porque está girando hacia el clericalismo que por mucho tiempo combatió. Ambos partidos han impulsado una reforma confesional en 18 entidades cuya población asciende a más de 50 millones de habitantes; alrededor del 50% del total nacional. Debe reconocerse, empero, que esa mutación priista todavía no ha tenido costos en sus proyecciones electorales. La Consulta Mitofsky indica que en noviembre pasado las preferencias favorecían al PRI en 41.4%, frente al 19.4 del PAN y al 6.7 del PRD.
Con independencia de las variaciones demoscópicas, es indispensable ahondar en el examen de los efectos de las reformas constitucionales locales. Hasta ahora se han analizado sus dos principales consecuencias: La naturaleza del Estado está transitando de la secularidad a la confesionalidad, y se están violando la Constitución federal y diversos tratados internacionales de los que México es parte, mediante medidas discriminatorias, limitaciones a la libertad, agravios a la dignidad y penas inusitadas en perjuicio de las mujeres. La magnitud de esos ataques a los derechos fundamentales no ha permitido que advirtamos otro aspecto, comparativamente menor pero también trascendente: los partidos están poniendo en entredicho el sistema representativo.
En 1994 se adoptaron la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad como medios de defensa de la Constitución. La legitimación para promoverlas corresponde sólo a entes públicos: órganos del poder federal, estatal o municipal, partidos políticos y fracciones de los congresos. Esta situación implicó nuevos derechos para las minorías en los congresos y nuevas responsabilidades para los titulares de los órganos del poder. Todo parecía satisfactorio hasta que comenzamos a ver que, con excepción de Baja California y el Distrito Federal, las comisiones de derechos humanos, incluida la nacional, están comprometidas con el clero; también advertimos que los diputados locales discrepantes no pueden promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas confesionales porque no alcanzan el 33% en sus respectivos congresos. En otras palabras, la defensa de la Constitución quedó en manos de sus potenciales infractores.
Cuando los partidos que hacen mayoría calificada en los congresos entran en contubernio, no tenemos forma de proteger el orden constitucional. Esta realidad tiene una solución: que exijamos a los partidos una reforma al artículo 105 constitucional para que los ciudadanos, en un número que resulte razonable, estemos legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad con objeto de plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.
Las reformas constitucionales en materia de aborto muestran que los partidos han optado por apoyos cruzados que les permiten intercambiar posiciones al margen de los intereses nacionales e incluso en contra de la Constitución. Es deseable que esta sea una circunstancia pasajera. Para devolvernos la confianza que nos han conculcado, los partidos podrían ofrecernos una muestra de que no han abjurado por entero de su responsabilidad democrática, confiriéndonos a los gobernados instrumentos jurídicos para que defendamos el orden constitucional, como ya sucede en Colombia, Chile y Perú, por ejemplo, donde existe la acción popular para promover acciones de inconstitucionalidad.
Hago votos por que las experiencias del pasado reciente no inhiban las esperanzas en el futuro próximo.
En Juárez, la otra opción…tardía
Marcela Turati
CIUDAD JUÁREZ, Chih., 26 de diciembre Proceso).- La Suburban negra blindada, de vidrios polarizados, es seguida por tres camionetas oscuras que transportan gente armada. El notorio convoy sube la loma, rebasa viviendas construidas con láminas y llantas, pisa calles a las que la última lluvia destapó las caries y frena ante una casa desvencijada. El barrio tiembla. Les llegó la hora de la muerte, se figuran.
De la camioneta baja el hombre resguardado. Es de cara rosada, va trajeado, llega sonriente. Al reconocerlo, la dueña de la casa se carcajea de nervios y le confiesa: “Nos asustó. Íbamos a salir corriendo, pensamos que eran sicarios y dijimos: ‘¡Y atrás vienen más!’”.
El hombre que casi los mata de susto es José Reyes Ferriz, el alcalde de esta ciudad que en dos años –a partir de la militarización ordenada por Felipe Calderón– alcanzó el récord mundial de asesinatos. Donde, a pesar de la presencia de 10 mil soldados y 3 mil policías, todos los días se traspasa el límite del horror, pues hoy amanece un hombre sin cabeza amarrado a un puente, mañana son “fusilados” cuatro jóvenes, pasado masacran a una veintena de adictos de un centro de rehabilitación, al día siguiente una bala perdida atina un niño en su salón de clases o un loco entra a un bar y asesina al ritmo del tín-marín.
Cuando los vecinos se dan cuenta de la confusión, se ríen al verse traicionados por la cochina maña que agarraron de acostumbrarse a la muerte, la misma que los hace tirarse al piso si al mesero se le cae la charola (pensando que comenzó la baliza), no reclamar los accidentes de tránsito por miedo a que los haya chocado un sicario o llamar a la policía cuando encuentran a un “encobijado” en la calle, aunque en realidad sea un indigente tapándose del frío.
Juárez, donde se estrenó la estrategia de la militarización, es la ciudad que ha puesto la mayoría de los muertos de la “guerra contra el narcotráfico” que se libra en todo México. Y el próximo año será el laboratorio de la segunda etapa de la estrategia. Esa es la explicación de la sorpresiva aparición del alcalde en la colonia Fronteriza.
“El año próximo tendrán una preparatoria”, anuncia Reyes Ferriz a los vecinos, que ya se aglomeran a su alrededor y a quienes comienza a preguntarles cosas raras: hasta dónde tienen que viajar para ir a una biblioteca, a cuánto tiempo les queda el parque más cercano, si tienen un museo cerca. Los vecinos le cuentan del arroyo que tienen que cruzar para ir a una biblioteca, del baldío que usan como parque, de los kilómetros que los separan de un cine y de cualquier banco.
“El jueves vendremos a elegir el terreno para la prepa”, les dice el funcionario antes de seguir su camino. Pero se guarda un secreto: en la zona Norponiente, donde se ubica la Fronteriza, podría estrenarse un programa millonario que pretende servir de torniquete para que la ciudad no se desangre, pues en estos dos años han sido asesinadas más de 3 mil personas.
En esta ciudad de un millón 300 mil habitantes mueren 159 por cada 100 mil, un promedio de 12 asesinados por día.
Reyes Ferriz pide a su chofer que se detenga en la cima de un cerro, desde donde muestra las favelas juarenses, las colonias afincadas sobre el olvido, e imagina que en ese hoyo poblado por 400 mil personas (una tercera parte de la población) se levantarán megabibliotecas con canchas deportivas, escuelas, parques, centros de justicia comunitaria y museos, como vio en la ciudad colombiana de Medellín, que en los noventa era la capital mundial de los homicidios.
El proyecto no es una locura suya. Consta en un documento que tiene planos, montos y estadísticas, y el cual descansa sobre su escritorio. Lleva por nombre Proyecto de Intervención por Juárez y el membrete de la Secretaría de Gobernación.
Es un plan ambicioso de inversión social. Es el reconocimiento tardío de que la militarización no detendrá la violencia si no se invierte en mejorar la vida de la gente. De que si la gente no tiene oportunidades, Juárez será siempre una incubadora de sicarios.
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Es jueves 10 de diciembre y a las 8 de la mañana el presidente municipal trabaja en su oficina, desde donde se mira el puente fronterizo. El periódico que venden en las esquinas anuncia: “Suelto el diablo: matan a 16” (destaca el hallazgo de una mamá y sus hijas asesinadas en su vivienda, y la aparición de una sicaria que asesinó a otra mujer).
El alcalde reconoce que diciembre pinta duro: empezó con un repunte de asesinatos y no bajan los secuestros y los robos. Confiesa que cada día recibe llamadas de amigos desesperados porque han sido extorsionados.
El domingo anterior un nutrido grupo de ciudadanos marchó por las calles pidiendo una solución para Juárez, unos empresarios pidieron a gritos la presencia de los Cascos Azules de la ONU y los periódicos constantemente critican al alcalde porque duerme todas las noches en la vecina ciudad de El Paso, Texas.
Pero hoy el alcalde luce tranquilo, dice que el programa que están por aprobar en Los Pinos es un “proyecto de esperanza”. No sabe cuánto dinero soltará la Federación, pero el presidente y el secretario de Gobernación ya hicieron público que enfrentarán la violencia en esta frontera con programas sociales. Y esos programas son los que tiene en el escritorio.
Para armar la propuesta, el alcalde viajó a mediados del año pasado a Medellín, asesorado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esa ciudad vio cómo se hicieron inversiones millonarias en educación, espacios públicos y oportunidades de desarrollo en las comunas más pobres, donde vivía la gente no tenía más opciones de vida que la delincuencia.
Regresó tan impresionado que envió a cuatro miembros de su gabinete a estudiar ese modelo y otro de Guatemala, donde la organización Ceiba les mostró cómo le hace para incorporar al empleo a los jóvenes pandilleros. Así armó la propuesta que le entregó a Laura Carrera, la comisionada de la Secretaría de Gobernación para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene oficinas en Juárez.
El Proyecto de Intervención pretende construir grandes obras en los lugares donde ocurren los feminicidios y la mayoría de los asesinatos, que coinciden con las zonas donde los niños crecen en la calle por falta de guarderías y donde los jóvenes abandonan los estudios porque no tienen preparatorias cercanas.
“Nos dimos cuenta de que, aunque tengamos 10 mil soldados en la calle y 3 mil policías, mientras tengamos tantos chavos que no estudian ni trabajan, no vamos a evitar que caigan en la tentación del crimen organizado”, explica el secretario del Ayuntamiento, Guillermo Dowell.
Aún no pasa el medio día, y ya han sido asesinadas cinco personas en la ciudad.
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Un día más amanece y Carlitos hoy cumple 13, su padre no estuvo ahí para felicitarle, un abrazo darle (…). Desde que se va al callejón se mira muy delgado y es que su madre no tiene tiempo para educarle porque se la pasa trabajando, luchando porque no le falte nada (…). Dejó la secundaria por andar en la vagancia, qué triste infancia la de Juanito, cuando una balacera se desató en su barrio él se quedó tirado en el piso, a muy corta edad a la tumba fue a dar.
“La historia de Carlitos” es un rap que compuso un joven juarense llamado Aarón, que acaba de grabar su primer disco y se hizo popular en los barrios donde los jóvenes se enrolan en las pandillas, donde los cárteles de la droga reclutan a los chavos como vendedores y los jóvenes son asesinados como moscas, justo ahí donde el gobierno pretende construir nuevas guarderías, bibliotecas y preparatorias.
La tragedia juarense está muy bien documentada y durante décadas ha sido denunciada por académicos y oenegeístas: esta ciudad, desde los años setenta, recibió gente de todo el país porque todos conseguían empleo en las fábricas maquiladoras. Los recién llegados poblaron terrenos baldíos sin servicios básicos como alumbrado, transporte, centros de salud y escuelas.
Durante la época de “empleo total” las mamás (muchas de ellas madres solteras y 70% migrantes) salían a trabajar de madrugada. Sus hijos, como Carlitos, se quedaban solos, se hacían el desayuno ellos mismos y si querían iban a la escuela, pero de todas formas pasaban el día en la calle hasta que su mamá volvía, cansada de trabajar.
“Esos niños que no tenían quién los cuidara en los ochenta, cuando en Juárez teníamos empleo general, son los que están delinquiendo en la ciudad”, dice el alcalde Reyes Ferriz.
“El Juárez que tenemos ahora es el Juárez de los niños no atendidos”, confirma Clara Torres, directora de los Centros Municipales de Bienestar Infantil, que de 5 de la mañana a 6 de la tarde atienden a 2 mil de los 40 mil niños que necesitan guarderías.
¿Qué tienen que ver los asesinatos con las guarderías o las prepas? Según el alcalde, mucho: en Juárez, 62% de los jóvenes de 15 a 24 años no trabajan ni estudian porque no tienen dónde hacerlo. La ciudad que era meca nacional del empleo es primer lugar en falta de oportunidades para los jóvenes. Ellos muchas veces no tienen más opción que unirse a una pandilla; si quieren retirarse y buscar trabajo, por su vestimenta y sus tatuajes no los emplea ninguna maquiladora. Sólo el crimen organizado les da una alternativa.
“En Juárez buscamos el bienestar económico pero descuidamos a nuestros niños de una forma criminal (…). Fuimos egoístas y materialistas. Únicamente se habló de generar empleo y todo se midió con indicadores económicos, pero ¿qué beneficios iban a tener las mujeres, que eran la mano de obra, si no iban a estar con sus hijos, si no pueden llevarlos a la escuela, si no tienen un parque cerca o no conocerán la música ni el cine? Perdimos cinco generaciones por esta política económica sin visión. Todo mundo tuvo empleo, ahorró, pero perdimos el capital humano”, explica Torres.
Esa sociedad incubó a los jóvenes que se matan sin remordimiento y trabajan para los cárteles que se disputan el paso de droga hacia Estados Unidos. La solución que encontraron el presidente y el alcalde para sofocar la violencia fue el envío de tropas, pero sólo provocaron que las muertes aumentaran repentinamente.
“Laura Carrera lo ha dicho bien: en relación con la seguridad, la estrategia tiene demasiada testosterona y le falta progesterona. Tiene razón, no se puede resolver todo con nalgadas, se necesita educación. Necesitamos generar la inteligencia policiaca amarrada con la inteligencia social, porque la situación no va a mejorar si nomás queremos represión sin educación. Ya vimos que con 10 mil soldados (la situación) no mejoró, sino empeoró”, comenta Torres, quien admite que el diagnóstico sobre lo que se debía hacer en Juárez no es nuevo, pero hasta ahora, tardíamente, se incorporará esa visión en una política pública.
Ella es panista y ha ocupado puestos nacionales en el partido del presidente, pero trabaja para un alcalde de extracción priista. Explica que aceptó el trabajo movida por la emergencia: “Juárez trascendió las dinámicas de los partidos políticos porque no hay un ser humano rico o pobre que no haya sufrido, no hay un solo espacio, un estrato social, un horario que no sea vulnerable. Nos unió el sufrimiento”.
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En la presidencia municipal se barajan proyectos que parecen increíbles: cines móviles en colonias populares, empleo para los pandilleros, megabibliotecas construidas en las dunas donde son halladas las mujeres muertas.
En el documento que tiene el alcalde en su escritorio se ven ya los planos del futuro “Conjunto Integral Educacional Kolping”, que constará de prepa, plaza cívica, biblioteca, transporte público, plaza comercial, centro de atención a la salud, centro comunitario, áreas de juego, plaza de comida y centro de atención a violencia doméstica en la zona de más violencia, a un costo de 90 millones de pesos. O el “Parque Metropolitano Río Bravo”, de 150 millones, que consiste en construir canchas a lo largo del río.
Reyes Ferriz dice que abrirá más Centros de Atención Infantil para los hijos de las obreras que carezcan de seguridad social. Menciona también que, al estilo de Guatemala, consiguió que unas maquiladoras den empleo de cuatro horas diarias a niños tatuados y pandilleros de 14 a 16 años. Anuncia que implantará un proyecto igual al de Nike en Brasil, que enseña a los jóvenes la ética del trabajo a través del futbol, y enrolará para ello a 20 mil de los jóvenes sin opciones de trabajo para que practiquen deportes y estudien.
Sin embargo, los espacios de trabajo aún son insuficientes para el desempleo juarense, que el año pasado llegó a 25%.
El alcalde está en espera de que el gobierno federal autorice las inversiones para construir, pues el municipio no tiene presupuesto: la mitad de los recursos municipales se va en pagar la nómina (y la mitad de los empleados son policías), otra buena parte se va en mantener a los 10 mil soldados y comprar armas y radios; el resto es para servicios.
El trabajador social de la Secretaría de Seguridad Pública local, Alfredo Gaspar, es uno de los que saltan de gusto por los cambios que, le han dicho, se avecinan: “Tengo contacto con 5 mil pandilleros en espera de una oportunidad. Si realmente el gobierno les da la oportunidad, podemos salvar muchas vidas”.
El proyecto en papel suena bien pero no convence a todos.
La Asamblea Permanente Solución por Juárez, que se formó a raíz de la marcha del domingo 6 para pedir al gobierno que incluya a los ciudadanos en el diseño de planes para pacificar la ciudad, desconoce el proyecto.
“Sabemos por rumores que están planteando un programa, pero no lo conocemos. Si realmente están coordinados el gobierno federal y el municipal para emprender una intervención social de emergencia, entonces saludamos la iniciativa, pero nos gustaría establecer una mesa de diálogo porque vemos el riesgo, sobre todo considerando otras experiencias pasadas, de que si no hay una contraparte de la sociedad civil vigilando el dinero, se gaste en otras cosas”, opina el maestro Hugo Almada, coautor de la investigación La realidad social de Ciudad Juárez, que en 2005 advirtió de la descomposición social que generaba la falta de servicios.
Alma Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, recuerda que en 2003 el gobierno foxista anunció un plan de 40 acciones para Juárez que pretendía reducir los feminicidios, y sus resultados están a la vista: 140 homicidios dolosos de mujeres sólo en lo que va de 2009. Para ella lo más importante es renovar la justicia porque los crímenes no se investigan ni se castigan.
El periodista colombiano Álvaro Sierra, experto en conflictos armados y narcotráfico, ve riesgoso que se quiera transplantar el programa de Medellín a Juárez porque, dice, allá alcanzó los cambios Sergio Fajardo, un alcalde desligado de la tradición partidista, que ciudadanizó las decisiones y cambió la manera de hacer gobierno, mientras que la delincuencia obedecía a un líder, Don Berna, que aparentemente pactó con el gobierno y ordenó a su gente que se desmovilizara. En cambio, en Juárez la violencia se mantiene en escalada y se da entre varios grupos rivales, los gobernantes mexicanos responden a intereses de los partidos políticos y la corrupción del país es famosa en el mundo.
Coincide Nashieli Ramírez, activista de la Red por los Derechos de la Infancia, que tiene un programa en Juárez:
“En Medellín la gente se involucró hasta en el diseño de los planos arquitectónicos, y hubo una obra que quemaron las bandas porque nunca se consensuó. Si el alcalde tiene prisa de dejar todo andando antes de que se termine el periodo y no hace trabajo barrial, podría repetirse la historia de la biblioteca Vasconcelos, que por hacerla con prisas se quedó con hoyos en el techo, es inútil. Otra bronca con la obra pública es que está ligada con la corrupción y las elecciones”.
El propio exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, señaló en una conferencia que dio el pasado septiembre en Juárez, que para combatir la violencia primero hay que transformar la política: “Si se compran votos, se compran los líderes, se acuerda todo y cuando se llega al poder se va en función de lo que se negoció, no de los intereses de la gente (…). Si nosotros no luchamos contra la corrupción, no tengo la menor duda de que el éxito contra la violencia no se va a dar”.
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A Reyes Ferriz le quedan 10 meses en el poder, y hasta que el presidente Calderón anuncie el programa él sabrá cuáles obras aprobaron en Los Pinos. Cuando se le pregunta qué candados pondrá a la corrupción, responde que armar licitaciones públicas de las obras. Nada más.
La Suburban en la que recorre la ciudad, seguida del convoy que asustó a la gente de la colonia Fronteriza, entra al estacionamiento de la Presidencia Municipal, donde tiene otra cita. En ese momento un colaborador le informa que un policía acababa de ser asesinado.
“Híjole, ¿era de los nuestros?”, pregunta mientras saca su celular. La respuesta es afirmativa: el cadáver yace adentro de una patrulla municipal rafagueada. Ese día el “ejecutómetro” marcará 17 muertos.
Fuente: Proceso
En el DF, una derrota más para la Iglesia
Gloria Leticia Díaz y Rodrigo VeraMÉXICO, D.F., 26 de diciembre (proceso).- Con la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, el pasado lunes 21, esta entidad federativa es la única que paulatinamente se aleja de los lineamientos en materia de moral sexual marcados por la Iglesia católica, justo cuando se acaba de penalizar el aborto en 18 estados del país, acatando los exhortos para respetar lo que los jerarcas consideran “la vida desde el momento de la concepción”.
Ahora, las reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal permitirán a las parejas de homosexuales adoptar hijos, heredar bienes y eventualmente acceder a beneficios de seguridad social, entre otros derechos que hasta hoy sólo tenían los matrimonios heterosexuales.
Este es el tercer cambio legislativo realizado en el Distrito Federal, relativo a los derechos de las mujeres y de la comunidad lésbico-gay: a fines de 2006 se aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia, con la que se inició el reconocimiento jurídico a las uniones entre homosexuales; después, en abril de 2007, se permitió abortar a las mujeres que tengan hasta 12 semanas de embarazo; y ahora es el matrimonio gay el que se legaliza.
Estas tres reformas han producido reacciones airadas de la jerarquía católica, principalmente del cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de la Ciudad de México, quien sin embargo no ha podido revertir los cambios legislativos en su circunscripción eclesiástica.
El lunes 21, con 39 votos a favor –del PRD y PT–, 20 en contra –del PAN, PRI y PVEM– y cinco abstenciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en lo general la mencionada reforma a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles capitalinos.
El dictamen presentado llevaba un candado en el artículo 391, donde se establecía que no procedía “la adopción cuando los cónyuges o concubinos sean del mismo sexo”, restricción que se rompió a propuesta de la diputada perredista Maricela Contreras Julián, y que en una segunda auscultación fue respaldada por 31 legisladores y rechazada por 24. Nueve se abstuvieron.
Así se aprobaron modificaciones a cinco artículos del Código Civil y a dos del de Procedimientos Civiles. Básicamente se elimina la tipificación del matrimonio como una unión voluntaria entre hombre y mujer, para definirlo como el enlace entre “dos personas”, además de que se reconocen los mismos derechos para “las concubinas y los concubinos” que para los “cónyuges” en la formación de un patrimonio familiar.
La del lunes 21 fue una sesión intensa. Por lo menos en seis ocasiones la presidenta de la mesa directiva, Lizbeth Rosas Montero, tuvo que llamar a la compostura tanto a legisladores del PAN y del PRD –algunos de éstos con las bufandas de arcoiris emblemáticas del movimiento gay– como a los invitados que desde las gradas del recinto parlamentario abucheaban o celebraban los posicionamientos partidistas.
Citas homofóbicas de Carlos Marx, Federico Engels y Ernesto Che Guevara, así como del escritor cubano Reynaldo Arenas –víctima de la represión sexual en su país– fueron esgrimidas por legisladores del PAN para denostar las reformas, en tanto que los perredistas recurrieron al Papa Juan Pablo II, Mario Benedetti, Benito Juárez y al presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Muñoz Soria, también perredista, sacó a colación el nombre del fallecido dirigente panista Carlos Castillo Peraza para referirse a las preferencias sexuales de algunos panistas.
Los argumentos de los diputados del PAN, PRI y PVEM se centraron en reducir las reformas a “una intención de imponer una ideología” ajena los mexicanos con fines electoreros; como un ataque a la “institución del matrimonio” y contra la “célula básica de toda la sociedad, que es la familia”.
Dijeron también que el matrimonio tiene como fin la “supervivencia de la especie humana”, premisa descartada en las uniones del mismo sexo; que las modificaciones eran incompatibles con las leyes del ISSSTE y del IMSS; que para los homosexuales está la Ley de Sociedades de Convivencia; que la condición de homosexual no forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que las modificaciones sólo benefician a una minoría; que permitir la adopción a parejas del mismo sexo atenta contra los derechos de los niños porque “¿qué clase de hijos podrían educar los matrimonios entre homosexuales?”...
Por su parte los perredistas y petistas sostuvieron que las reformas no afectan a terceros; que van en contra de la discriminación, condenada en diversos tratados internacionales signados por México; que defienden el Estado laico; que colocarían a la capital entre “las mejores ciudades y los mejores países del mundo”; que en los hechos “hay una multiplicidad” de figuras familiares; que la “homosexualidad es condición humana” que debe reconocerse; que negar la adopción a parejas del mismo sexo es “negar el derecho de tener una familia” a miles de niños huérfanos.
El cabildeo
El proyecto original de estas modificaciones legales formó parte de la agenda que impulsaba el Partido Socialdemócrata en las elecciones de julio pasado, en las que Lol Kin Castañeda, dirigente de la agrupación Acciona, fue candidata a diputada por el distrito 14 local.
“El acuerdo en el partido era que quien quedara en la Asamblea Legislativa continuaría impulsando esta agenda, una condición que se puso para que el diputado David Razú Aznar se integrara a la bancada del PRD, que como partido de izquierda tenía la posibilidad de obtener la mayoría para que se aprobara”, dice la activista.
Entre agosto y septiembre, añade, “empezamos a cabildear con los diputados, proveyéndolos de información para afinar las líneas discursivas. Al final logramos el apoyo de 350 grupos de derechos humanos, lésbico-gay, mexicanos e internacionales, además de que contamos con el acompañamiento de la consejera jurídica (del gobierno capitalino) Leticia Bonifaz, así como de tribunales, académicos de la UNAM y del Colmex, en específico de Miguel Carbonell, para garantizar certeza jurídica” a la iniciativa.
David Razú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, narra que “a excepción del tiempo en que trabajé en la sucesión de Emilio Álvarez Icaza en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), me dediqué de llenó a buscar los consensos necesarios para presentar la iniciativa y a sumar a las diferente organizaciones a este proyecto, y fue hasta que tuvimos los suficientes amarres que presentamos la propuesta”.
La iniciativa original se presentó el 24 de noviembre y fue respaldada por 44 diputados, cinco de ellos del PRI. No llevaba el referido candado, pero en sesiones de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, de Equidad de Género y Derechos Humanos, se puso “para sostener las negociaciones con el PRI, que lo habían sugerido para apoyar las reformas, además hay que reconocer que en materia de adopción no había consenso dentro de la fracción del PRD”, confía Maricela Contreras.
Sin embargo, aclara, en comisiones tanto ella como Razú y Beatriz Rojas advirtieron que iban a reservar el debate sobre la restricción a los matrimonios homosexuales para adoptar, a fin de desahogarlo en el pleno de la ALDF.
El fin de semana previo a la sesión plenaria, prosigue Contreras, sólo tenía amarrados 18 votos para echar abajo el candado. Reconoce que en la labor de convencimiento participaron la consejera Leticia Bonifaz y el coordinador de los diputados federales perredistas Alejandro Encinas. “Del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard –apunta– no sé si hubo un cabildeo en particular, lo que sí sé es que siempre estuvo a favor de las reformas como parte de la agenda de la ciudad”.
Las reformas revelaron la división de las organizaciones de homosexuales y lesbianas. Lol Kin Castañeda admite que el cabildeo tuvo bloqueos no sólo de la derecha y del PAN, sino también de “falsos liderazgos charros”, como el de la diputada federal del PRD Enoé Uranga, “quien movió los hilos para tirar el voto de los diputados del PRI, que se retractaron en un juego de medir costos electorales”.
David Razú señala que, una vez que asumió su cargo, buscó a Uranga para que apoyara la propuesta de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero “ella me dijo que no era el momento, que no estaban dadas las condiciones en la ciudad y que en todo caso habría que mejorar la Ley de Sociedades de Convivencia: los mismos argumentos que esgrimió el PAN”.
En la sesión del lunes 21, sentada atrás de las bancadas del PRI y del PAN, Uranga Muñoz fue objeto de recriminaciones. “Traidora” y “no nos representas”, le gritaron miembros del movimiento lésbico-gay que asistieron como invitados.
De hecho, algunos de los argumentos contrarios a las reformas que expuso Uranga –quien en la Cámara de Diputados es cercana a Guadalupe Acosta Naranjo, líder de la corriente Nueva Izquierda– fueron utilizados por los diputados panistas Carlo Pizano y Rafael Medina para tratar de que no se aprobaran.
Pero la mayoría del PRD, sus aliados del PT y un diputado del Panal se impuso a panistas, priistas y verde ecologistas que votaron en contra y quienes anunciaron que solicitarán a Ebrard que vete las reformas o de lo contrario impulsarán una controversia constitucional. Para esto se requieren 22 firmas de legisladores locales, y hasta el martes 22 contaban con 19, según informó la coordinadora de la bancada del PAN, Mariana Gómez del Campo. Sin embargo, la consejera jurídica Leticia Bonifaz descartó que el jefe de Gobierno vete las reformas.
Reacción política
Sobre una posible reacción de otras entidades del país para no legalizar las bodas entre homosexuales y prohibir que adopten niños, el diputado David Razú dice: “¿Qué más pueden hacer, si los códigos civiles sólo reconocen los matrimonios entre hombres y mujeres? Y en cuanto a la adopción, en estos momentos cualquier persona soltera puede hacerlo sin que se le condicione su preferencia sexual”.
Para Lol Kin Castañeda, ahora las organizaciones lésbico-gay tendrán que “defender las reformas en caso de una (controversia) constitucional y promover a nivel federal los cambios necesarios en las leyes del IMSS e ISSSTE para garantizar la seguridad social” para los integrantes de esta comunidad.
El mismo lunes 21, el cardenal Norberto Rivera señaló que la reforma aprobada en la ALDF es una “aberración” que llevará “a la sociedad a la ruina”, ya que el matrimonio debe ser solamente entre un hombre y una mujer.
En un amplio comunicado que tituló Ley inmoral, inadmisible y condenable, Rivera agregó que la reforma “ha abierto las puertas a una perversa posibilidad para que estas parejas puedan adoptar a niños inocentes, a quienes no se les respetará el derecho a tener una familia constituida por una madre y un padre, con los consecuentes daños psicológicos y morales que provocará tal injusticia y arbitrariedad”.
Para la Iglesia, dijo, “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”, mientras que el matrimonio es una “institución esencialmente heterosexual”.
Añadió: “La Iglesia considera una aberración equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio, pues éstas son incapaces de alcanzar los fines que dieron origen a esta imprescindible institución que, para los cristianos, no obedece sólo a una forma de organización social, sino que es un orden instituido por Dios desde la creación del mundo”.
Finalmente exhortó a los católicos a oponerse a la legislación, que forma parte de “los embates del Maligno, que no van dirigidos sólo contra la Iglesia, sino contra los principios y valores de la familia, tan querida y apreciada en nuestra patria”.
El vocero del cardenal, el sacerdote Hugo Valdemar, fue más allá, y en nombre del Papa Benedicto XVI hizo un llamado a los fieles para que no voten por el PRD en las elecciones de 2012:
“Sólo quiero añadir lo que el Papa ya ha dicho en repetidas ocasiones: en conciencia, un católico no puede votar a favor de candidatos o partidos que promuevan la destrucción de los valores fundamentales y que atenten contra nuestra fe. En las próximas elecciones, los católicos deben preguntarse si pueden estar bien en su relación con Dios y con la Iglesia apoyando con su voto a los partidos que han legislado a favor del asesinato de seres humanos en el propio vientre de sus madres y de que a niños inocentes se les niegue el derecho de tener un padre y una madre… Ante la sociedad no quedan dudas: el PRD es un peligro para la familia”, aseguró Valdemar, en una entrevista publicada en la página de internet del arzobispado.
Al éste lo secundó el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda: “Eso (la reforma) es una estupidez. Esas uniones no son un matrimonio por una sencilla razón: no pueden formar un hogar porque no pueden tener hijos”.
En el terreno jurídico, el arzobispado de México, a través del Colegio de Abogados Católicos, le envió una “solicitud” formal a Marcelo Ebrard para que “emita su derecho al veto y consulte a la ciudadanía” en un referéndum, para así bloquear la reforma.
En esa petición se asegura que la votación en la ALDF fue una “pantomima”, pues los diputados perredistas y petistas ejercieron “su aplanadora legislativa sin la menor consideración a la ciudadanía, que ha solicitado un referéndum para que se conociera la voz directa de los habitantes de la Ciudad de México”.
La Iglesia y el PRD se enfrentaron de modo similar en noviembre de 2006, cuando la ALDF aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia con 43 votos a favor, 17 en contra y cinco abstenciones.
El entonces perredista Víctor Hugo Círigo, uno de los impulsores de esa ley, dijo que era un logro “de la diversidad sexual por construir una sociedad incluyente que respete la libertad de sus miembros a ser como son, sin estigmatizaciones, rechazos ni exclusiones”. Del otro lado, el arzobispado de México aseguraba que la ley era una “farsa” porque obedecía a “grupos minoritarios y radicales” y “menosprecia el parecer de la mayoría de los católicos”.
La historia se repitió en abril de 2007, con la despenalización del aborto en el Distrito Federal, impulsada sobre todo por los diputados perredistas de la ALDF y después avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El cardenal Rivera Carrera exhortaba en la catedral: “La Iglesia no puede callar ante los crímenes que se están legalizando… Una Iglesia muda no sirve ni a Dios ni a los hombres. Ante los grandes males de nuestro mundo, no nos podemos encoger de hombros”.
Se sumaron a él, en una movilización nacional de protesta, organizaciones católicas como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), el Comité Nacional Provida, Movimiento Familiar Cristiano, Testimonio y Esperanza, Caballeros de Colón, Derechos del Concebido, Manos a la Vida, la Orden de Malta…
Hasta el momento, la Iglesia ha logrando frenar la despenalización del aborto en 18 estados. Sin embargo, no ha podido revertir los cambios legislativos en el Distrito Federal.
Fuente: Proceso
Difícil 2010 para las familias por el alza de precios: legisladores
*Calderón y el PAN impulsan acciones lesivas contra los trabajadores, señala Martín del Campo
Las personas de escasos recursos serán las más afectadas por los incrementos de precios para el siguiente año.El “gobierno legítimo” de México acusó a Felipe Calderón y al PAN de impulsar acciones lesivas contra los trabajadores, al pretender desmantelar a sus organizaciones sindicales con iniciativas de reformas que los obliguen a rendir cuentas, y propiciar un alza generalizada de precios a consecuencia del aumento a la gasolina.
En tanto, diputados del PRD y PT afirmaron que el panorama económico para 2010 se anticipa poco favorable para las familias mexicanas, pues destacaron que sólo en el imaginario del gobierno federal la crisis ha sido superada.
El coordinador de los diputados del PT, Pedro Vázquez, alertó que el golpe de los aumentos a los servicios, impuestos y derechos será severo para toda la sociedad, especialmente para los trabajadores.
El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Vidal Llerenas (PRD), explicó que la administración federal aplica los aumentos a la gasolina como si se tratara del cobro de un impuesto, sólo que sin la autorización del Congreso y además incumpliendo el pacto que firmó a principios del año.
En entrevista por separado, Jesús Martín del Campo, secretario del trabajo del “gobierno legítimo”, destacó que “estamos en una fase tan descompuesta de la política y hay tanta desesperación del gobierno usurpador (por el fracaso de la política económica), que existe la idea de hacer valer una legislación regresiva”, acorde con “una mentalidad proclive a las acciones autoritarias que desarrolló el gobierno de (Francisco) Franco en España: abatir la libertad sindical, conculcar derechos y reprimir protestas de los trabajadores”.
Añadió que el régimen panista quiere “a toda costa generar un ambiente favorable a lo que llamamos capitalismo salvaje”, porque además de pretender “desmantelar la auténtica representación de los trabajadores o impedir que se den procesos de democratización en los sindicatos donde los líderes son afines o se adaptan al gobierno, son los portavoces o gestores de las compañías trasnacionales que buscan la riqueza de nuestro país”.
Los panistas, insistió, “tienen una idea retrógrada, injusta y autoritaria para desaparecer la representación obrera y la contratación colectiva. Por eso quieren individualizar, desmantelar y destruir toda la conquista laboral”.
“Comprometidos con empresarios”
Prefieren, como ocurrió con el Sindicato Mexicano de Electricistas, “dejar sin trabajo a miles de personas porque ya están comprometidos con empresarios nacionales y extranjeros para el negocio de la fibra óptica”, afirmó.
De manera que vivimos, asentó Martín del Campo, una regresión autoritaria en materia laboral que nos lleva muy atrás, al siglo XIX o principios del XX, cuando se peleaba por la jornada de ocho horas, y todo lo que se conquistó con la Constitución de 1917.
El legislador petista Pedro Vázquez consideró preocupante la perspectiva económica de las familias ante la escalada inflacionaria que provocará el aumento indiscriminado al precio de las gasolinas y el diesel, que para el primer día de enero tendrá un repunte de 4 por ciento.
“La responsabilidad de los efectos de este tipo de medidas es de Felipe Calderón, quien no sólo violó su propio acuerdo, sino que desatendió el llamado de la Comisión Permanente, que por unanimidad le pidió no aplicar el gasolinazo de fin de año. Sólo se refleja el doble discurso del PAN y del gobierno, que dicen estar en favor de los trabajadores, pero el próximo año tendrá un mal inicio. En el Distrito Federal la tortilla se vende en 9 pesos el kilo en estos días; en Monterrey y Durango está entre 10 y 11 pesos” afirmó.
Indicó que si en las celebraciones de Navidad las familias redujeron su gasto por los incrementos, en las festividades de Año Nuevo y Reyes la perspectiva “será aún más desesperante, y eso nos preocupa, porque así prevalecerá todo el año”.
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