En Helicopterazo Muere su amigo Juan Armando Hinojosa Garcia
miércoles, agosto 01, 2012
Operación trasatlántica
Finalmente José Luis Ponce de Aquino fue tomado en serio por las
autoridades electorales en el caso de la compra masiva de votos por
parte del PRI y el presunto financiamiento ilegal de la campaña peñista…
O al menos eso parece por lo pronto. El empresario estadunidense que
demandó en una Corte de California al equipo de Enrique Peña Nieto,
presuntamente por incumplimiento de un pago millonario, lanza
acusaciones más graves, que documenta ahora Proceso. Según él, la maraña
de maniobras financieras para alimentar la campaña priista tiene
alcance internacional, así como probables nexos con el crimen
organizado.
Datos en poder de Proceso indican que se trata de una operación financiera con alcances en España, Italia, Israel y Estados Unidos, donde se triangularon los recursos que finalmente fueron depositados en Banca Monex para ser usados por el PRI en la campaña de Peña Nieto.
En este entramado salen a relucir los nombres de personajes ligados al candidato presidencial del PRI y de las empresas GAP, HIGA, Jiramos y GM Global, así como de los bancos Monex y Mifel.
El esquema es similar al de las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, sostiene el diputado petista Jaime Cárdenas, cabeza del equipo jurídico de la coalición Movimiento Progresista y quien siendo consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) participó en la investigación del caso Amigos de Fox, donde se triangularon millones de pesos del extranjero para la campaña del candidato presidencial panista en 2000.
La investigación pendiente
La
Unidad de Fiscalización del IFE ya tiene una línea de investigación que
apunta hacia la localización de dinero presumiblemente transferido
desde el exterior. Así está considerado en su informe sobre el avance de
las investigaciones derivadas de las quejas que por separado hicieron
el PRD y el PAN contra el PRI por la presunta compra de votos a través
de las tarjetas Monex Recompensas, usadas también para pagar a delegados
y representantes de casilla.Entre las líneas de investigación incluidas en el expediente Q-UFRPP 58/12 de dicha Unidad a cargo de Alfredo Cristalinas Kaulitz, en lo referente al cuarto punto –establecimiento del uso y vinculación de las tarjetas Monex con el proceso electoral– se prevé investigar desde cuáles países se dispusieron los recursos y las empresas relacionadas con los partidos políticos para el fondeo y uso de dichas tarjetas.
En la ruta de indagación –hecha pública en la sesión del jueves 26– en primer lugar está la identificación de las modalidades de fondeo y uso de las tarjetas. En segundo, la determinación de las erogaciones realizadas en cada una de las tarjetas de todos los lotes y aquí es donde se señala que verían la fecha de las operaciones, su monto y la ciudad y país de disposición de los recursos.
Además se investigará la relación de las personas físicas “representaciones legales, socios accionistas, apoderados, empleados de las personas morales, entre otros”, con los partidos políticos.
Es aquí donde la Unidad de Fiscalización busca la hebra para desentrañar la compleja estrategia financiera de millones de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto, que el pasado 14 de junio reveló el empresario estadunidense de origen mexicano José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa televisiva Frontera Televisión Network LLP.
En una denuncia interpuesta en Estados Unidos, Ponce de Aquino dijo que en octubre del año pasado operadores de Enrique Peña Nieto le ofrecieron un contrato de 56 millones de dólares a cambio de promover en ese país al candidato presidencial del PRI el tiempo en que durara la campaña en México.
El empresario afirmó que le constaba haber visto que esa cantidad de dinero fue depositada por los representantes del candidato presidencial del PRI en Banco Monex y Banca Mifel en un solo día.
No sólo eso sino que dijo haber atestiguado la transferencia bancaria de supuestas cuentas con dinero de procedencia desconocida, radicadas en bancos de Italia, Israel “y otro portugués o brasileño” a una cuenta en la sucursal de Banca Monex en la Ciudad de México a nombre de la empresa Jiramos, propiedad de Alejandro Carrillo Garza Sada, quien lo contactó para hacer la campaña publicitaria del priista en Estados Unidos.
En la demanda interpuesta en la Corte de Distrito Central de California por fraude, luego de que presuntamente los representantes de Peña Nieto incumplieron el pago para hacer circular los 56 millones de dólares en depósitos realizados en Monex y Mifel, el empresario dice algo más grave: sospecha que pudiera haber dinero del crimen organizado en esas transacciones.
En el expediente de la Unidad de Fiscalización del IFE se señala al respecto: “Que el C. José Luis Ponce de Aquino afirma haber recibido amenazas de muerte de los C. José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky, así como de Hugo Vigues, quienes le advirtieron que los 56 millones de dólares que iba a recibir por una campaña de imagen en Estados Unidos para el aspirante priista ‘procedían de empresas relacionadas con el narco’, y que el empresario Alejandro Carrillo Garza Sada le advirtió: ‘Más vale que no haga nada porque hasta le voy a prohibir que entre a México y le voy a quitar su empresa’, esto último por conducto de su representante, el C. Francisco Torres”.
Al denunciar públicamente esta historia, Ponce de Aquino hizo que el Movimiento Progresista y el PAN interpusieran por separado sendas quejas ante el IFE contra el PRI por presunto manejo de recursos “de procedencia desconocida” y que las autoridades financieras comenzaran a buscar el país de origen y la ruta de esos 56 millones de dólares que el empresario asegura que fueron depositados en Monex y Mifel y sirvieron para la campaña de Peña Nieto.
Camerino Eleazar Márquez, representante del PRD ante el IFE, sostiene que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Unidad de Fiscalización del instituto, ya deben tener los datos duros y concretos de estas transferencias y los números de cuentas, montos, flujo financiero y dispersión de los recursos.
El pasado 19 de junio el perredista hizo una petición a la Unidad de Fiscalización para que se le informara de los avances de la investigación sobre este caso. Alfredo Cristalinas respondió en el oficio UF/DRN/7194/2012 que esa información estaba reservada hasta concluir las indagatorias.
“No hay manera de poder ocultar el escándalo de los recursos que triangularon en Monex. Es evidente que el sistema financiero no es exclusivo para México, estamos en una época en la que todo está interactuando; vimos en el caso del banco HSBC que fueron instancias externas las que detectaron el lavado de dinero. Además hay antecedentes de averiguaciones previas de lavado de dinero en Monex producto del trasiego de la droga en España y otros países de Europa. Esto obra en expedientes y por lo tanto sería una línea de investigación que las autoridades deben investigar”, sostiene el perredista.
Monex tiene una larga historia en el lavado de dinero. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/284/2004 –que se abrió en 2003, cuando fueron detenidos dos operadores financieros de los Arellano Félix–, este grupo lavó 3.8 millones de dólares en Monex Divisas entre 2000 y 2002.
En esa misma averiguación se indica que la policía española encontró en 2006 que el Cártel del Valle del Norte de Colombia uso Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam Casa de Cambio –todas radicadas en México– para lavar 78 millones de euros. En 2007 las mismas autoridades españolas notificaron a las mexicanas que Zhenli Ye Gon también usó Monex para hacer transferencias. Y en 2008 el cártel de los Beltrán Leyva también usó ese banco para transferir 78 millones de euros.
En una línea de investigación más reciente, las autoridades de Estados Unidos encontraron que Fernando Castro Martínez, presunto prestanombres del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, realizó transferencias por 7.2 millones de dólares a distintas entidades financieras, Monex incluida.
Jaime Cárdenas advierte que es muy importante que se investiguen las declaraciones de Ponce de Aquino y los depósitos millonarios en Monex.
“Sabemos que se hicieron depósitos en Estados Unidos e Italia. Las autoridades tienen que investigar a fondo porque se tipifica el lavado de dinero. El objetivo de toda esta triangulación internacional es precisamente ocultar el origen del dinero; eso es lo que se tiene que investigar porque el PRI sabía que no le alcanzaría el dinero que le dio el IFE y buscó financiar a Peña Nieto con dinero de otras partes.”
El abogado recuerda que ya existen los tratados de Palermo sobre lavado de dinero que firmó México y a través de los cuales se puede solicitar información de transacciones bancarias en otros países. Así se actuó en el IFE cuando se investigó el dinero proveniente de Estados Unidos para la campaña de Vicente Fox.
“Esto se tipifica como lavado de dinero, como lo hace el crimen organizado. Las declaraciones del señor Ponce de Aquino muestran una parte de cómo el PRI se hizo de recursos que aún no se sabe de dónde provienen, si es de los gobernadores, de empresarios o incluso del crimen organizado.”
Los amigos de Peña Nieto
Entre
los personajes centrales de la trama financiera que presumiblemente
actuaron para hacer llegar recursos a la campaña de Peña Nieto está
Armando Hinojosa Cantú, dueño del grupo HIGA que proporciona trabajos de
construcción, mezcla de asfalto y mantenimiento de señalamientos
viales. El empresario tamaulipeco es también dueño de la empresa de
aviones Eolo, la que utilizó Peña Nieto durante su campaña.HIGA fue una de las más beneficiadas en la administración de Peña Nieto en el Estado de México: construyó hospitales como el de Zumpango, por un monto de 7 mil millones de pesos; carreteras y las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Hinojosa, la transnacional española OHL –que dirige en México José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo y director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el de Carlos Salinas de Gortari– y el Grupo de Abogacía Profesional (GAP) –encabezado hace décadas por Gabino Fraga Mouret, a quien se acusa de mover dinero en Monex a favor del PRI hasta por 91 millones de pesos– se asociaron en la construcción del aeropuerto de Toluca, el segundo en importancia del país y que costó mil 100 millones de pesos.
Gabino Fraga fue coordinador regional de compromisos de campaña del PRI y trabaja en el mismo despacho de la importadora de vinos Efra, que aparece en 22 contratos de Monex.
Esas tres empresas –OHL, HIGA y GAP– fueron unas de las más favorecidas con contratos por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.
OHL inició en 2003 la millonaria obra del Circuito Exterior Mexiquense que aun hoy sigue en construcción, con un presupuesto de 22 mil 402 millones de pesos; en 2008 Peña Nieto le concesionó el llamado Viaducto Bicentenario, con un costo de 3 mil 923 millones de pesos.
Pero la participación de OHL no fue casual; en su consejo de administración figura como consejero propietario Emilio Lozoya Austin, quien ocupó la Coordinación de Vinculación Internacional durante la campaña de Enrique Peña Nieto y es familiar de Emilio Lozoya Thalmann, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el gobierno de Salinas de Gortari.
GAP participó en la segunda fase de la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, en la autopista México-Querétaro y en el Proyecto del Tren Suburbano La Paz-Texcoco-La Paz. En 2009 también intervino en la consolidación del polígono de 700 hectáreas para la proyectada construcción de una refinería en Hidalgo, estado gobernado entonces por Miguel Osorio Chong, uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto.
Según la información proporcionada a Proceso por gente cercana a la campaña peñista y que pidió el anonimato, de las concesiones logradas los amigos y empleados de Peña Nieto –como Hinojosa, Fraga y Lozoya– integraron un fondo financiero para la campaña presidencial, que presuntamente también fue alimentado con recursos de los gobiernos de Yucatán, Veracruz y Zacatecas, entre otros, como lo denunció Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con esas fuentes, una vez obtenidos los recursos Marcos Fastlicht Sackler, suegro de Emilio Azcárraga Jean y quien desde 2005 promovió la imagen de Peña Nieto en Televisa, sugirió como el indicado para poner en marcha la estrategia financiera al empresario textilero y abogado Alfredo Carrillo Chontkowsky, viejo amigo del matrimonio Peña Nieto-Mónica Pretelini.
La familia Chontkowsky está ligada a la cúpula de poder en el Estado de México. Según el Registro Público de la Propiedad, tiene al menos siete empresas con distintas razones sociales dedicadas a negocios de alta tecnología, inmobiliarios, de asesoría legal y financiera, de contabilidad y administración, de importación y comercialización de diversos productos para la industria y para los tres niveles de gobierno. Además, residencias y departamentos en las zonas más lujosas de la entidad.
Su destacada presencia hizo que uno de sus integrantes fuese víctima del cártel de los Beltrán Leyva. “Al iniciar 2005 fue asesinado Simón Carrillo Chontkowsky, pieza clave de Peña Nieto, cuyo hermano Alfredo influyó para acercar a Peña Nieto con Televisa y afianzar sus planes con miras a los comicios de 2012”. (Proceso 1664.)
Fastlicht y Carrillo Chontkowsky forman parte del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República, donde han ocupado los principales cargos, al igual que Alfredo Mafud, obispo de la Iglesia Ortodoxa; Antonio Chedraui Mafud y Alejandro Puente, este último presidente de la Cámara de Cableros, de la que 80% es de Televisa.
Carrillo Chontkowsky, su hermana Susana y Juan Rivero Legarreta crearon en noviembre de 2001 la empresa Carrillo Chontkowsky, Rivero y Asociados, especializada en servicios legales, de contabilidad, administrativos, de asesoría financiera y fiscal. El nombre de Juan Rivero Legarreta coincide con el del abogado de Mauricio y Pablo Madero O’Brien, socios de Carlos Cabal Peniche y Xavier Desiderio Autrey, acusado de fraude.
Es importante destacar que el vínculo de Alfredo Carrillo Chontkowsky con los 56 millones de dólares que entregaría el PRI a José Luis Ponce de Aquino por la promoción de imagen de Peña Nieto, se evidencia con la participación de su tío José y de su hijo, Alejandro Carrillo Garza Sada, dueño de la empresa Jiramos SA, la que firmó el contrato con Ponce de Aquino.
Según el empresario mexicano-estadunidense, Carrillo Garza Sada lo contactó para publicitar la imagen de Peña Nieto; en octubre de 2011 en el restaurante Café de la O presentó su proyecto publicitario ante el propio Carrillo Garza Sada, el padre de éste, Alfredo Carrillo Chontkwosky, y su tío José. Un mes después, sostiene Ponce de Aquino, firmó el contrato con las empresas Jiramos y GM Global de México.
Jiramos es propiedad de Carrillo Garza Sada, y GM Global, de Mario Ignacio Morán Jiménez.
Según información proporcionada a los reporteros, Carrillo Chontkowsky fue quien pidió a Gisel Morán Jiménez, propietaria de cuatro empresas de publicidad, que estableciera contacto con Ponce de Aquino.
Gisel Morán es propietaria de las revistas Life Style y Real Estate Market y en 2008 tuvo del gobierno de Peña Nieto la adjudicación directa de una inserción promocional del polémico Resplandor Teotihuacano, evento criticado por alterar los restos arqueológicos. Es hermana de Mario Ignacio, quien aparece como propietario de GM Global.
En su declaración pública, Ponce de Aquino precisa que luego de que Roberto Calleja, secretario de comunicación del CEN del PRI, testificó la firma del contrato, el vocero de Peña Nieto, David López, rectificó y pidió un cambio de empresas.
Así en lugar de aparecer Frontera Television Networks, Ponce de Aquino formó otra llamada Intelimedia en México, y de parte de los Carrillo cambiaron a Jiramos y GM Global por el Consejo de Porcicultores Mexicanos A.C., y Servicios Integrales al Sector Agropecuario, S.C.
Pero los 56 millones de dólares prometidos nunca llegaron a las manos de Ponce de Aquino, quien ante la negativa decidió interponer en Estados Unidos una demanda por incumplimiento de contrato.
Antes intentó vanamente recuperar sus contratos. Cuando ya había arrancado la campaña de Peña Nieto, en abril de 2012 Carrillo Garza Sada lo citó en el hotel Intercontinental de la Ciudad de México, advirtiéndole que ya no podría regresar sus documentos pues “habían sido ingresados para justificar la salida de recursos del gobierno del Edomex y empresas que contribuyeron a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto”.
Lo anterior significaría que al final el contrato de Ponce de Aquino sirvió para lo que buscaban los peñistas: justificar la salida de dinero del Estado de México para cubrir gastos facturados a empresas que luego triangularon el recurso a la campaña.
Jaime Cárdenas señala que esta triangulación se hizo precisamente para ocultar una parte del origen ilegal de recursos hacia la campaña de Peña Nieto: el que salió de las arcas del Estado de México y posiblemente del crimen organizado.
Televisa, un “antinosotros”
El bloqueo simbólico a Televisa por parte de los integrantes de #YoSoy132 puso el acento en el contubernio Emilio Azcárraga-PRI para entronizar a Enrique Peña Nieto como presidente de la República. “Ya sabemos lo que pasa cuando la televisora y ese partido se juntan… sólo que antes Televisa era la vocera del gobierno. Ahora el jefe es el duopolio”, advierten los dirigentes del movimiento estudiantil.
Para esos hombres y mujeres, desde la televisora de Emilio Azcárraga Jean se ejerce un gobierno de facto y sería Peña Nieto su actor elegido para perpetuar el nuevo acto. Indistintas edades y posición económica, sumaron hasta 10 mil los indignados que marcharon bajo la lluvia, durante dos noches y un aséptico sol, para protestar contra el contubernio.
A la alianza que históricamente ha formado Televisa con el gobierno, “desde hace más de 60 años”, la acusaron de envenenar la verdad con dinero, de pervertir el conocimiento y la educación, de ocultar la pobreza con cifras embusteras, de lastimar a un pueblo enfermo, de manipular, a conveniencia suya, el destino del país entero.
“Ya sabemos lo que pasa cuando Televisa y el PRI se juntan, como pasó también con Calderón, responsable de la Ley Televisa. Sólo que antes Televisa era el vocero del gobierno, ahora los jefes son ellos (las televisoras)”, dijo Diego González, al filo de las 10:30 de la noche del jueves 26, hora en que el movimiento estudiantil dio lectura a un manifiesto en el que explicaron el porqué del cerco a Televisa Chapultepec, con réplicas en más de 10 ciudades en distintas oficinas del consorcio.
“Yo no diría que somos anti Peña ni anti Televisa, más bien me parece que ellos son… antinosotros”, dice Karla Gómez al reportero, con la mirada perdida en un mar de estudiantes, obreros, trabajadores sindicalizados, ejidatarios, activistas sociales, ciudadanos y un operativo policiaco de 2 mil efectivos de la SSP como testigos.
“Estamos aquí con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestras esperanzas, para pedirles que se adhieran a nuestro manifiesto y acciones; que desde sus territorios, organismos e historias, que esperamos hacer nuestras, podamos entrar en contacto, entrar en confianza, luchar y transformar juntos a este México. Sabemos que los estudiantes no podemos solos y por ello convocamos a todos los movimientos sociales, organizaciones civiles y políticas, así como al pueblo en general, a sumarse a un proyecto para transformar profundamente a México, como contrapeso a cualquier decisión y política que vulnere los derechos e intereses de las mayorías.”
En un país de muertos, sepultados miles como escalofriantes cifras, el 132 rehusó ser nada más que un número. No se llaman elegidos. Se asumen como la “ineludible” consecuencia del abuso de un sistema que se pretende “perpetuar”, de los “fraudes electorales sin revolución”, de la represión en Chiapas, de Aguas Blancas, de un pueblo mutilado, de las crisis, del desempleo, de Atenco y Oaxaca, de las mujeres violadas y los feminicidios, de las familias exiliadas de un país que los margina, de la infancia “calcinada”, de los cuerpos colgados en los puentes, del terrorismo de Estado, de explotar la pobreza como moneda de cambio en tiempos electorales, decía el documento leído esa noche, que incluye seis demandas.
Las exigencias
Elegida la fecha para
coincidir con la transmisión de la ceremonia inaugural de los Juegos
Olímpicos de Londres, improvisado un templete sobre avenida Chapultepec,
desde un camión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), segundo
contingente más nutrido en la protesta, el movimiento se reafirmó como
autónomo, pacífico y apartidista. En voz de Luis Cottier, Alina Rosas,
Karla Amozurrutia y Paula Santoyo, los estudiantes hicieron público el
posicionamiento con el que pretenden trascender el proceso electoral y
ser contrapeso del sistema de gobierno.“Hemos emprendido el sendero de la lucha y hemos decidido caminar hacia adelante y nunca volver atrás. Con nuestros puños romperemos esos muros, nuestro grito retumbará en sus oídos sordos y cimbrará los cimientos de su estructura”, se escuchó decir a los jóvenes, fijas las miradas en la fachada de la televisora.
Como un estruendo, en un segundo rompió la algarabía, ensordecedores los gritos de “Fraude”, “Fuera Televisa” y “México sin PRI”.
Génesis del movimiento, la primera exigencia del colectivo es la democratización y socialización de los medios de comunicación, que garanticen el derecho a la información y a la libertad de expresión.
“Televisa y TV Azteca son poderes fácticos donde una minoría controla; de acuerdo con sus intereses, impone y quita gobernantes. Son empresas que producen y difunden información manipulada, confusa y tergiversada para hacer pasar por opinión pública lo que les conviene, y la verdad es reducida a un artículo más de consumo, concentrado en encuestas y spots publicitarios, en personajes vacíos de telenovela, en una caricatura triste y cínica de la realidad. Es en esta muralla donde levantan nuestra posibilidad de elegir, como si en verdad hubiese elección alguna y no todo estuviera decidido de antemano por el mejor inversionista”, dijeron a las puertas de la televisora.
Como segunda demanda, hablaron de un cambio en el modelo educativo en el que la enseñanza pública sea “verdaderamente” laica y gratuita, democrática, humanista, popular, crítica y reflexiva.
“Caminamos con la ignorancia sombría, donde la educación pública es la educación de las telenovelas, donde el fin de enseñar no es el aprendizaje, sino el suministro de mano de obra barata, y el maestro es vuelto obrero mal pagado como modelo de superación.”
En tercer lugar, exigen la transformación del modelo económico neoliberal. “Lucharemos por una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz. Generaciones de mexicanos con exigencias legítimas, cuya única aspiración era la de construir una nación digna y libre, sin desigualdades, ignoradas una a una por un afán de saqueo.
“Nos hallamos frente a una estructura que sostiene una sociedad diseñada para el beneficio de unos pocos. Donde arriba funcionan perfectamente sus negocios y donde abajo somos aplastados todos”, dijeron, una vez más, de cara al muro de la televisora.
Y continuaron: “Sobre esta muralla los grandes poderes colocan con descaro su opulencia. Sus ladrillos son la pobreza de más de la mitad de los mexicanos y la obscena riqueza de unos pocos, donde los 10 más ricos del país concentran el equivalente al ingreso de los 40 millones más pobres.
“Los poderes fácticos se concentran en estos medios. De los 10 hombres más ricos de México, cinco se encuentran en las mesas directivas de las televisoras”, dijeron, y enumeraron a Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Bailleres, Germán Larrea y Pedro Aspe.
También criticaron el modelo de seguridad nacional y justicia del gobierno federal. Para la restauración de la paz, dijeron, es “imperante” el retiro de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública, extinguir la represión y el hostigamiento de las protestas sociales. De la seguridad, en contraste con la educación pública, dice el manifiesto.
“Y al final (los que pueden estudiar), si aún tenemos rostros y manos, un retén nos cierra el paso, los muros de acero y concreto, los muros, piedras y balas, los muros donde mataron a tu hermana, de las desapariciones forzadas, de los daños colaterales que desdibujan las caras, los muros del miedo y las cabezas colgadas, de la impotencia, donde son presentados niños muertos como líderes de bandas, donde no queda voz para protesta y menos para deserción. El muro de la estrategia correcta donde fuiste acribillado para que estuvieras seguro del crimen y del horror.”
La transformación política y la vinculación con movimientos sociales fue el quinto punto en su manifiesto: “Proponemos el enriquecimiento y creación de asambleas distritales, municipales, comunales, locales y barriales. Todo esto para la constitución de un poder popular y ciudadano que vigile a los órganos de gobierno e implemente desde la sociedad mecanismos para la solución de sus demandas”.
Por último, exigieron el cumplimiento cabal al cumplimiento del derecho a la salud, “consagrado” en la Carta Magna, así como en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Y en ese rubro encontraron también palabras para el anfitrión involuntario: Televisa. “La muralla protege a empresas que envenenan nuestra comida y enferman a nuestros niños; que vuelven a la salud un artículo de lujo en beneficio de corporativos que abandonan a los necesitados”, fueron sus palabras.
La noche se hizo vieja y con el alba llegaron el canto, el baile y la poesía. Con las horas, se fueron dispersando. Quedó el registro de un grupo de jóvenes con nada más que la unión, su indignación y sus propuestas. Supieron que, durante las transmisiones en vivo del partido del seleccionado olímpico de futbol, en su encuentro contra Corea del Sur, del otro lado del mundo hubo un grupo de jóvenes que apareció protestando por el “fraude” en las pantallas de Televisa y gritándolo a la prensa en el exterior. La misión de la jornada había sido cumplida.
En el ocaso del vienes 27, con más de 20 horas de “tomar” Televisa, anunciaron que harán un referéndum público en algún día de septiembre, con las siguientes consultas. ¿La elección del 1 de julio fue democrática, libre, auténtica y válida?; ¿Consideras que el IFE es una autoridad confiable para realizar nuevas elecciones?; ¿Debe convocarse a un nuevo proceso para reestructurar o crear una nueva Constitución?; ¿Debe revocarse la concesión a Televisa y TV Azteca?, y ¿Qué propones para un mejor país?
En el discurso de clausura del bloqueo a Televisa, los estudiantes expusieron: “Convocados por una vergüenza, la indignación y el sufrimiento, hoy estamos aquí a las puertas de esta empresa mediática que se ha encargado de desinformar y manipular al pueblo mexicano. (…) Nosotras y nosotros, los que hemos salido a las calles y que hoy cercamos el cúmulo de mentiras que representa Televisa, hemos logrado la cohesión y organización del pueblo mediante la concientización, politización y organización para luchar. Esta convención tiene el objetivo claro de defender la democracia, impedir la imposición y buscar la transformación profunda del Estado actual mexicano”.
Los cómplices mexicanos de Peña Nieto
A partir de documentos llegados de manera anónima a Proceso, entrevistas con colaboradores de José Luis Lozoya Neyra –dueño de varias empresas implicadas en la compra de tarjetas al Banco Monex–, y de la investigación de un domicilio de Gabino Fraga en la colonia Polanco Chapultepec, comienza a armarse el rompecabezas sobre la triangulación de dinero utilizado para subvencionar la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI. En esta intrincada maraña salió a la luz el nombre de Rodrigo Fernández Noriega.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el entramado financiero que estableció el
PRI para subvencionar la campaña presidencial y con ello ocultar el
rebase de tope de campaña establecido por la autoridad electoral,
aparece un personaje clave: Rodrigo Fernández Noriega. Fue él quien
contactó al propietario de la empresa Inizzio para triangular recursos a
través de “juntas de trabajo” en un inmueble del priista Gabino Fraga
Mouret, donde también opera la firma Efra.
De la documentación
divulgada por el Movimiento Progresista –cuentas, facturas,
transferencias vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)–,
más la información que ha llegado a la redacción de Proceso,
corroborada y ampliada con registros públicos de la propiedad, se
desprende que Fernández Noriega hizo un depósito de 3 millones 485 mil
797.49 pesos el 20 de abril último.Asimismo, cuando solicitó una línea a la compañía de teléfonos dio como referencia la calle Calderón de la Barca número 78, colonia Polanco Chapultepec, CP 11560. En ese lugar tienen su domicilio fiscal Comercializadora Efra, la empresa que pagó a Monex poco más de 90 millones de pesos por miles de monederos “recompensa” utilizados por operadores del PRI en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y el Grupo de Abogacía Profesional (GAP), propiedad de Gabino Fraga.
En ese domicilio se reunía José Luis Lozada Neyra, propietario de grupo Comercial Inizzio, con Fernández Noriega para establecer las rutas de trabajo, cuándo llegaría el dinero, cómo se distribuiría entre diversas empresas y cómo se repartiría, vía Banco Monex, comentan a Proceso colaboradores de Lozada Neyra, quienes solicitaron el anonimato.
“Las reuniones de trabajo eran en Calderón de la Barca 78. Fernández Noriega, el que asegura que su giro comercial es el de zapatero, tiene ahí su oficina y sabe todo. Ya no está en el país, compró una casa en Isla del Padre, Texas, y se fue para allá, pero en el Club Mundet pueden tener más información, porque es socio de ahí”, detalla uno de los entrevistados.
Protegido por Peña Nieto y reconocidos priistas, el dueño de Inizzio –quien también utiliza el alias de Alejandro Jean Pérez Lizárraga–, tuvo un encuentro dos semanas atrás con sus trabajadores en las oficinas de Sinaloa 84.
“Espantados por la constante aparición del nombre de la empresa en los medios y porque varios de los empleados firmaron documentos, se le pidió orientación (a Lozada Neyra). Respondió que nadie se preocupara, que todo era puro escándalo y nada iba a pasar porque ‘Peña Nieto me protege’, pero después de septiembre todo se va a acabar”, continúa.
Los informantes expusieron también que la semana antepasada Lozada Neyra les comentó que el jueves 26 acudiría a “una junta al IFE para llevar pruebas y con eso zafarme de todo esto”. Dicen que desconocen lo que entregó, si fue a la Unidad de Fiscalización o a otra instancia. “Lo único que sabemos es que todos los documentos que prueban el vínculo entre el PRI con sus empresas Inizzio y Atama fueron sacados de Sinaloa 84 y resguardados en otra de sus empresas.
El especialista
Quienes
conocen al propietario de Inizzio y Atama, dos de las empresas que el
Movimiento Progresista vinculó en la triangulación de recursos
financieros para el PRI, aseguran que hace 20 años era “un simple
trabajador de una aseguradora” que decidió cambiar de giro: vender
facturas por montos millonarios.A partir de 1998, Lozada Neyra comenzó a crear empresas con giros variados que incluyen inmobiliarias, oficinas de enajenación de equipos de cómputo, estacionamientos y comercializadoras de textiles.
Además, posee cinco propiedades en la Ciudad de México, la más importante es la de Sinaloa 84, que adquirió en un juicio de embargo. Es un edificio de tres plantas en el cual laboran alrededor de 40 personas y se ubican cuatro de sus empresas: Inizzio, Ambra, Atama y Abastecedora Integral de Cómputo.
En las compañías y los inmuebles, el operador contratado por Noriega Fernández aparece como socio, apoderado o representante legal. En sus casas viven sus exesposas o están a nombre de alguno de sus hijos.
Proceso detectó por lo menos 11 empresas creadas por el “vendedor de facturas”, aunque de acuerdo con sus colaboradores posee por lo menos 15, en las cuales puso como socios a gente que trabaja para él, ya sea en las empresas o en sus propiedades. Uno de los que más se menciona es Juan Carlos Ruiz Guerra, al parecer uno de sus hombres de confianza.
En una de ellas, Ruiz Guerra figura como “representante” de otra empresa: Inmobiliaria Pasatec. Refiere que vive en la calle Ignacio Zaragoza número 18, colonia San Lucas Patoni, Tlalnepantla, Estado de México. El dato cobra relevancia pues los “socios” que figuran en las empresas Inizzio y Atama –uno de ellos es obrero, el otro ya falleció–, pusieron como domicilio la misma colonia Lucas Patoni. Lo anterior hace suponer que Ruiz Guerra fue quien contrató a los socios de Atama e Inizzio.
La lista de las empresas donde figura Lozada Neyra o su alias Pérez Lizárraga son: Ambra, Abastecedora Integral de Cómputo, Comercializadora Ivanova, Grupo Comercial Inizzio, Atama, Ashton Telecom, Comec Quarter, Distribuidora Sheimann, Diseños Artísticos Industriales, Estacionamiento F, así como Inmobiliaria Pasatec.
En esta última, además de Lozoya Neyra y Ruiz Guerra, figura como socia María del Rocío Lozada Neyra, quien es dentista y tiene su propio consultorio llamado Odontología Integral, ubicado en la calle Homero número 136-1004, colonia Polanco, el mismo edificio en el que Banco Monex facturó a Inizzio la compra y recarga de tarjetas “recompensa” utilizadas por el PRI.
En su primera denuncia, el Movimiento Progresista mostró facturas por 91 millones de pesos. El miércoles 18 de julio exhibió otras por 46 millones de pesos.
Inizzio y Atama tienen los mismos socios y fueron dadas de alta el mismo día y ante el mismo notario público. El PRI admitió ya haber contratado a la empresa Alkino Servicios y Calidad para que pagara a “sus operadores” políticos. A su vez, el representante de Alkino, Rodolfo Antonio Jumilla, reveló el miércoles 25 que él contrató a Atama para la adquisición y pago en tarjetas de Monex.
Lozada Neyra, según sus empleados, es hábil para los negocios. Cada que alguien acude a él, le pide depositar una cantidad en alguna de sus empresas y le expide una factura, por la cual le cobra una comisión de 8%. Al final le devuelve su dinero.
Con ese tipo de operaciones, Lozada Neyra y sus clientes evaden al fisco. Según sus propios empleados, Lozada Neyra gana en promedio 2 millones de pesos al mes. Al parecer, dicen a Proceso los colaboradores del empresario, “para eso lo contrató Fernández Noriega, para que facturara con muchas empresas el dinero del PRI”.
Los Fraga y Peña Nieto
Al
principio, el Movimiento Progresista denunció la existencia de facturas
que Banco Monex entregó a Grupo Inizzio e Importadora y
Comercializadora Efra, las cuales pagaron 141 millones de pesos por la
emisión y recarga de tarjetas “lealtad” y “recompensa” (Inizzio 91
millones y Efra 50 millones; el 18 de julio sumó otros 60 millones de
pesos facturados por esta última empresa). La primera dio como domicilio
fiscal la calle Homero 136-1004, colonia Polanco Chapultepec; la
segunda, la calle Calderón de la Barca 78, en la misma colonia.El vínculo de esas firmas con la campaña presidencial de Peña Nieto surgió al realizar una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad del domicilio de Calderón de la Barca 78. Así se descubrió que el dueño del inmueble ubicado en esa dirección es el abogado de filiación priista Gabino Fraga Mouret, quien durante la gestión de Emilio Chuayffet Chemor como titular de la Secretaría de Gobernación lo nombró como encargado jurídico de la dependencia.
De acuerdo con el folio 9265089 del Registro Público de la Propiedad, el 10 de mayo de 1991 Fraga Mouret y su esposa, Anne Marle Hilaire de Fraga, compraron la casa de Calderón de la Barca 78. Pagaron por ella 397 millones 925 mil pesos de aquella época. Antonio y Emilio Fraga Hilaire, hijos de la pareja, quedaron como usufructuarios del inmueble.
Dos años antes de esa compra, el 4 de octubre de 1989, Fraga Mouret, Gabino Fraga Peña, Víctor Eduardo Bravo Ahuja Ruiz y Bárbara Castillo Carranza crearon GAP, Asesoría en Proyectos, S.C., un despacho especializado en asesoría jurídica en materia agraria y de bienes inmuebles.
Para abril y junio de 2007 los Fraga solicitaron una fianza de 13 millones 700 mil pesos sobre el inmueble de Calderón de la Barca 78. Como fiador incluyeron a Grupo GAP y como deudores solidarios quedaron Gabino Fraga Peña y Emilio Fraga Hilaire.
La empresa Efra –acrónimo de Emilio Fraga–, reportó como domicilio fiscal a Banco Monex la ubicación de la propiedad de los Fraga; los socios no son ninguno de los abogados de Grupo GAP, sino Gustavo y Moisés Hernández Hernández, quienes residen en la colonia Gertrudis Sánchez 2ª sección, calle Norte 88, número 5608, delegación Gustavo A. Madero.
A pesar de ser los dueños de una empresa que compró más de 60 millones de pesos en tarjetas recompensa a Banco Monex, no son propietarios de la casa donde viven, pues la boleta predial llega a nombre de Antonio Ponce.
Gabino Antonio Fraga Peña fue coordinador territorial de los compromisos de Peña Nieto durante su campaña presidencial, en tanto que Grupo GAP trabajó de 2004 a 2008 en varios proyectos del gobierno mexiquense.
Durante su administración en el Estado de México, Peña Nieto construyó y amplió el Aeropuerto de Toluca. La millonaria obra estuvo a cargo de OHL-México, que es representada por Andrés de Oteyza; también encargó un estacionamiento a la firma HIGA, propiedad de Armando Hinojosa Cantú, y la liberación del derecho de vía de 154 hectáreas, que fue procesada por el despacho de abogados del Grupo GAP.
Y fue justamente en las oficinas de Grupo GAP, en la dirección que ofreció la empresa Efra, donde Rodrigo Fernández Noriega –quien el 20 de abril depositó más de 3 millones de pesos a Monex para la adquisición de las tarjetas que utilizó el PRI–, solía reunirse con Lozada Neyra, dueño de las empresas Inizzio y Atama, que adquirieron las tarjetas Monex.
El Movimiento Progresista únicamente dio a conocer el uso de Banco Monex por parte de Efra, Inizzio, Atama, Koleos, Tiguan y Fernández Noriega. En algunos casos hicieron depósitos a Monex, en otros compraron tarjetas.
Hasta el cierre de edición se desconocía si esas empresas facturaron con otros bancos o hicieron depósitos. Proceso tiene copias de por lo menos 27 números de cuenta en Banamex a nombre de las empresas de Lozada Neyra, Ramón Paz (el obrero que figura como socio de Inizzio) y otras tres personas vinculadas con Lozada.
Se sabe que Lozada Neyra “vende facturas de sus empresas”, varias de ellas vinculadas con el PRI. Algunas llegaron de manera anónima a este semanario, pero no se publicitan por tratarse de datos privados. Este asunto tendrá que abordarlo el IFE.
Aquinogate, la mano dura de Peña
Aquinogate, la mano dura de Peña
MÉXICO,
D.F. (apro).- Un despacho de cabildeo que asesoró al presidente
golpista de Honduras, Roberto Micheletti, y un buffette de abogados
especializados en defender a altos mandos de la Marina de Estados Unidos
y con importantes contactos en el Pentágono, …
Seguir leyendo...
El factor clave
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- De acuerdo con la información conocida públicamente
hasta ahora, es un hecho que el PRI incurrió en irregularidades en el
manejo de los recursos de las campañas electorales; lo que falta por
definir es su gravedad. Sin embargo, algunas de las evidencias
indiscutibles que hoy se conocen permiten tener indicios fundados de que
se trata de faltas graves.El reconocimiento del PRI, …
La verdad vs. la mentira
1.La
verdad no es un fruto natural. No pende de una rama de la realidad en
espera de que la desprendamos para llevárnosla a la boca. La verdad
surge de un esfuerzo humano, un esfuerzo ardoroso, por apalabrar los
hechos reales. La justicia es una hazaña aún superior, pero depende de
la existencia de la verdad: es el proceso por el cual la verdad …
Rebase de topes y pago de favores
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Los ríos de dinero gastados en la campaña de Enrique
Peña Nieto evidentemente no fueron donaciones desinteresadas de amigos y
familiares sino “inversiones” de parte de poderosos intereses fácticos.
El inmovilismo político de un gobierno federal secuestrado por sus
patrocinadores implicaría mayores peligros que la incertidumbre política
que desencadenaría la eventual invalidación de la elección
presidencial. El país difícilmente aguantaría otros …
Renuncia Ackerman a MVS; denuncia censura
Renuncia Ackerman a MVS; denuncia censura
Reaparecen las pifias de Peña: invierte apellidos de medallistas olímpicas
Aristegui pide al IFE suspender spot del Movimiento Progresista que utiliza su imagen
Amenazan de muerte a clavadista por no ganar medalla
La muerte del hijo del empresario favorito de EPN
Contrata EPN cabildera para atajar en EU versiones de fraude
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
