domingo, enero 22, 2012
Un cuarto del país en poder de mineras extranjeras
Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras, revelan documentos de la Secretaría de Economía. “La minería está viviendo una época de florecimiento”, considera diputado de Acción Nacional. 
Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista de entidades donde más proyectos se han concedido a la industria minera. Son ya más de 26 mil los permisos otorgados para la exploración, explotación y producción de metales preciosos y minerales desde que el panismo ascendió al poder. 
Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista de entidades donde más proyectos se han concedido a la industria minera. Son ya más de 26 mil los permisos otorgados para la exploración, explotación y producción de metales preciosos y minerales desde que el panismo ascendió al poder.
Los padrones de Expedición de títulos de concesión minera –durante el periodo 2000-2009, año hasta el cual están actualizados los documentos de la Secretaría de Economía– revelan que a esa fecha habían sido concedidas en el país 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, a través de 24 mil 531 concesiones. Los títulos se incrementaron a 26 mil 43 los últimos dos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, según indican dos informes más, elaborados por la misma dependencia federal.
El informe Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, realizado por la Secretaría que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, revela que las empresas más beneficiadas ese año fueron: la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration, Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp, Inc, con 11 autorizaciones (Contralínea, 179 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/
).
La Secretaría encargada de llevar a cabo las políticas económicas del país informa, a través de su documento Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011, que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México”.
Francisco López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México– considera que las concesiones entregadas a las trasnacionales son “una pérdida de soberanía, porque el otorgamiento de concesiones implica que el Estado ya no puede entrar a esos lugares”.
Además, el maestro en derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana, respectivamente, critica el tiempo que duran las concesiones, de hasta 50 años se puede renovar y llegar hasta los 100. “Sospecho que esto se hace, también, para especular en el mercado, donde los que salen ganando son los inversionistas extranjeros. El negocio no sólo es explotar la mina, sino tener la concesión para controlar el precio del mineral a nivel mundial”.
Las cifras
Los padrones de la Dirección General de Minas indican que durante la administración de Vicente Fox Quesada fueron concedidas 30 millones 57 mil 417 hectáreas, a través de 17 mil 629 títulos. Los kárdex del foxismo revelan que 2005 fue el año más beneficioso para la industria. En ese periodo fiscal fueron palomeados 2 mil 896 títulos que implicaron la concesión de 6 millones 632 mil 537.18 hectáreas.
Antes de concluir el quinto año de la administración calderonista, los permisos concedidos sumaron 8 mil 414, e implicaron el otorgamiento de 21 millones 936 mil 895.7 hectáreas, que representan el 72 por ciento de lo otorgado un sexenio anterior. Los informes correspondientes a los ciclos 2010 y 2011 no detallan el número de hectáreas autorizadas en esos años.
Las cifras oficiales indican que 2006 fue el año en que más concesiones se han otorgado –en 11 años de panismo–, al sumar 8 millones 377 mil 896.77 hectáreas. En este periodo se concedieron 2 mil 423 títulos. Al iniciar la actual administración, Sonora fue la entidad que más licencias registró con 2 millones 226 mil 784.62 de hectáreas y 592 títulos.
Luis Enrique Mercado Sánchez –integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional– niega que haya tal beneficio a las trasnacionales: “Son extranjeros pero el recurso del suelo, salarios y lo que pagan ellos por la concesión minera es de los mexicanos. La minería está viviendo una época de florecimiento por los nuevos descubrimientos y, porque los precios de los metales han subido extraordinariamente. Vemos un proyecto mexicano muy boyante”.
Trasnacionales en México
Los dos últimos informes elaborados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía revelan que las empresas de origen canadiense son las que acaparan las concesiones para la exploración, explotación y producción en las minas mexicanas.
El 25 de abril de 2010, Contralínea documentó que tan sólo en ese año se encontraban en México 187 compañías de origen canadiense en la búsqueda de oro y plata (este último metal precioso ha colocado al país en el segundo lugar de la producción mundial). Secundaban las firmas estadunidenses en la búsqueda de la riqueza minera; seguidos por Australia, Reino Unido, India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
En 2011, la Secretaría de Economía indicó que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 808 proyectos en total” (esto, durante el periodo fiscal 2011).
Del total de empresas con capital extranjero que operan en el país, 213 tienen sus oficinas centrales en Canadá; 45, en Estados Unidos; ocho, en la República Popular China; cinco, en Australia; cuatro, en Inglaterra; al igual que en Japón y Corea del Sur; y dos, en India y Perú. Y una en Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica, España y Holanda, respectivamente, indican las Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011.
El mismo informe descubre que aproximadamente 506 proyectos están asociados con oro y plata, es decir, el 63 por ciento; 141 son polimetálicos, 17 por ciento; el cobre con 98 proyectos, 12 por ciento; el hierro alcanza 39 planes, con el 5 por ciento; y los 24 restantes con otros metales y materiales, como el germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, estaño, platino, galio, litio-potasio, paladio, antimonio, níquel, vanadio, wolframio (tungsteno), mercurio, zeolita-chabazita, barita, pórfidos, boratos, wollastonita y roca fosfórica, lo que representa el 3 por ciento; sin embargo, en la mayoría de los casos se consideran a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos.
Mario Di Costanzo Armenta –integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados– opina que el “acaparamiento de las concesiones mineras en manos de trasnacionales es una absoluta pérdida de soberanía. Además, de que no cumplen con las condiciones mínimas para que sus mineros desempeñen sus trabajos”.
En contraste, el diputado priísta Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante de la Comisión de Economía, dice que no hay que “satanizar” a las trasnacionales que han obtenido concesiones.
“No hay que decir que son un demonio las empresas extranjeras; lo que debemos tener es un esquema de regulación que permita que empresas extranjeras o mexicanas cumplan con todos los requisitos.
“Tenemos que preocuparnos por establecer los márgenes en los que se puedan manejar las empresas, no se trata de hacernos víctimas porque son extranjeros. Lo que debemos hacer como diputados es modificar la ley que permite esto. Si cualquier empresa, mexicana o extranjera, se aprovecha de los empleados, no paga los suficientes impuestos, hace un uso mayor del que puede hacer de la mina a la que tiene derecho, el gobierno federal tendrá que actuar en contra de ello, pero no por su nacionalidad sino porque cumplan o no las leyes mexicanas.”
La Auditoría Superior y la Constitución
En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones en el otorgamiento de las concesiones; 24 de 48 solicitudes hechas por las empresas para obtener los permisos (de 108 expedientes muestra) “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y [que] tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”
López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, expone que la minería es la cuarta fuente de entrada de divisas al país, superada por el petróleo, la industria automotriz y el sector turístico.
La industria se ha vuelto importante por los recursos que genera, pero los campesinos son los que están rentando sus tierras muy baratas; son mano de obra barata y padecen un fuerte impacto ambiental en sus comunidades. “Es un saqueo total de los recursos no renovables. Los estamos, prácticamente, entregando. No le va a quedar nada al país”.
El maestro en derecho y desarrollo rural agrega que “el abandono de este sector por parte del Estado mexicano tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como con los intereses de una burguesía trasnacional. Se debe recuperar el espíritu del artículo 27 de la Constitución que dice, en síntesis, que los bienes y su explotación son de la nación y su desarrollo, que se debe dar el reparto equitativo de los recursos entre los mexicanos y cuidar que no se agote”.
Violaciones a los DH
Coahuila, la segunda entidad con más concesiones autorizadas en todo el país, al llegar a 6 millones 213 mil 305.67 hectáreas, a través de 2 mil 183 títulos, también es donde más violaciones a los derechos humanos se registran en la industria minera.
El Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que “las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno”.
Documenta que “conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, personal e incluso, a la vida”
Destaca que Coahuila registra el índice más alto de incapacidades laborales del tipo parcial permanente en todo el país. En 2008, obtuvo el primer lugar en incapacidades permanentes por accidente de trabajo, que dañaron a 797 trabajadores; también ocupó el primer lugar por incapacidades permanentes por enfermedades de trabajo, que afectaron a 705; y el primer lugar en enfermedades de trabajo, que perjudicó a 723 mineros, de los 3 mil 681 del registro nacional.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Coahuila: mineros en calidad de servidumbreLa Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma la información contenida en el V Informe Pasta de Conchos. Dime desde allá abajo, elaborado por la organización Familia Pasta de Conchos, sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Destaca las condiciones laborales en estos centros de trabajo: la mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad e higiene; los pozos no cuentan con una salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etcétera; tienen que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzándolos al máximo; en lugar de poner cuatro ademes (soportes), se ponen dos y no se emparrillan los techos de los túneles; y el empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y altamente peligroso.
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Caso Contralínea, en la Suprema Corte
A solicitud de la revista Contralínea, el pasado 18 de enero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo directo 392/2011 promovido por el consorcio Blue Marine Technology Group, en el que demanda la reparación de “daño moral” por diversas publicaciones de este semanario. Según los empresarios, los periodistas violaron sus derechos de personalidad al relacionarlos con licitaciones y asignación de contratos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y al referirse a ellos “mediante insultos hacia su persona, imagen, decoro, honor, prestigio personal y comercial”.
La revista Contralínea documentó, en diversos trabajos periodísticos, irregularidades en las contrataciones de las empresas navieras Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine Technology y Subtec con Pemex, que después fueron confirmadas por los dos órganos de fiscalización del país: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Sin que los empresarios acreditaran en qué consistía el “daño moral” y sin que aportaran una sola prueba que desmintiera las investigaciones periodísticas publicadas, la jueza 54 condenó a los periodistas por el “uso abusivo de su libertad de expresión” y porque, conforme su consideración, la información relacionada con el uso de recursos del gobierno federal vía contrataciones “no es de interés público”.
Ahora, en su comunicado 011/2012, la Suprema Corte apunta que la importancia de atraer el asunto radica en que la Sala estaría en posibilidad de ponderar la libertad de expresión y el derecho a la información en contraste con los derechos de la personalidad, cuando se encuentran implicados periodistas y empresarios cuya actuación tiene impacto en la vida política del país.
Al atraer el caso, la Corte revisará en su conjunto el juicio ordinario civil 492/2009 –iniciado en septiembre de 2009 y resuelto el 3 de enero de 2011, por la titular del Juzgado 54, Yassmín Alonso Tolamatl–, que condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas por los empresarios; el fallo del recurso de revisión que dictó la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a favor de la revista y los periodistas, en abril de 2011; y el amparo en contra de ese último fallo, interpuesto por los contratistas de Pemex, Antonio Juan Marcos Issa, Alfredo Reynoso Durand y Juan Reynoso Durand.
Ahora, la Primera Sala de la SCJN determinará con qué parámetros legales debe de estudiarse la responsabilidad civil por daño moral de los periodistas cuando se les demanda por haber ejercido en forma abusiva el derecho a la información y de la libertad de expresión por la ilicitud de la información que publican, al tomar en cuenta que en el Distrito Federal existen disposiciones al respecto tanto en el Código Civil como en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen.
Además, valorará el caso de acuerdo con la reciente reforma al artículo 1 constitucional, favorable a los derechos humanos, entre éstos el derecho a la libertad de expresión.
La Primera Sala de la Suprema Corte debe de pronunciarse a favor de los derechos de los periodistas, al reconocer el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información como base de la democracia; establecer como requisito para que se declare fundado el daño moral, la existencia de una lesión al patrimonio moral del presunto afectado se acredite empíricamente durante el juicio; restringir el umbral de protección al patrimonio moral de los poderosos, como políticos, servidores públicos o empresarios, cuando las críticas o calificativos que les son dirigidos, versan sobre temas de interés público, lo que les obliga a una mayor tolerancia con el discurso de los periodistas que está especialmente protegido en estas circunstancias; prohibir la censura previa del trabajo periodístico e impedir la criminalización civil del trabajo periodístico.
Con esta atracción, se abre una oportunidad para que el derecho a la libertad de prensa se consolide como un instrumento eficaz de la sociedad para fiscalizar el ejercicio del poder.
Desplazados triquis, sin garantías para regresar a San Juan Copala
Familias triquis desplazadas de San Juan Copala anuncian el retorno a su comunidad para el próximo lunes 23. Gobierno de Gabino Cué rechaza la determinación y advierte que "no hay condiciones"
Familias desplazadas del centro cultural y ceremonial triqui de San Juan Copala, Oaxaca, continúan a la espera de que el gobierno de Gabino Cué pueda garantizar el regreso a su comunidad. Los más de 700 triquis, simpatizantes de la creación de un municipio autónomo, viven en el exilio desde el 13 de septiembre de 2009, cuando un grupo paramilitar ocupó el poblado y expulsó a las 100 familias que resistían un asedio de más de un año.
Desde inicios del conflicto, cuando las organizaciones partidistas triquis comenzaron el acoso contra los "autónomos", son ya 35 personas asesinadas por grupos paramilitares. Tanto la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), del Partido Unidad Popular, se opusieron a la construcción de un municipio autónomo en la región.
El 20 de enero pasado, el Consejo Autónomo de Desplazados de San Juan Copala informó a los medios de comunicación, en conferencia de prensa, que estaba "todo listo" para el regreso de unos 700 indígenas a su comunidad.
En el encuentro con la prensa solicitaron “apoyo” para la reconstrucción de sus casas, que iniciaría el lunes 23 de enero a las 9:00 horas. Requirieron alimentos como maíz y frijol, colchas, pintura y materiales para reactivar la vida en la comunidad.
Sin embargo, por la noche del mismo día, un comunicado del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, señaló que “no hay fecha definitiva para el retorno de las familias triquis a San Juan Copala”. Agregó que el retorno de las familias desplazadas se realizaría de "manera gradual" y respetuosa de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El ejecutivo estatal informó que aún no “existe fecha definitiva para su retorno, hasta en tanto existan condiciones óptimas que garanticen su seguridad física y patrimonial, así como un gran acuerdo de paz entre los actores sociales vinculados”.
Dijo que aún “se requiere de un mayor diálogo para la concreción de un gran acuerdo de paz, donde todas las partes hagan expresa su voluntad para la creación de condiciones viables para un retorno seguro y perdurable”.
Con su comunicado, el gobierno estatal estaría cancelando la participación de la fuerza pública que garantizaría el retorno pacífico de las familias desplazadas.
Aunque los voceros de los desplazados sostienen que los 700 triquis regresarán a sus casas el lunes 23, reconocen que continuarán las consultas entre los afectados para definir una nueva posición ante lo que consideran un "incumplimiento" de gobierno de Gabino Cué.
Televisa-TV Azteca: el plan chantaje
El plan chantaje: de rivales a cómplicesEn pleno año electoral los dos principales consorcios televisivos –que en teoría son competidores pero que en la práctica actúan de consuno– presionan al Estado y exigen su cuota de poder, las prebendas que creen merecer. Gobiernos que en un principio los tuvieron como aliados han tenido que pagar un precio muy alto por esta complicidad y ahora aparentemente están doblegados por fuerzas monopólicas que crecieron hasta convertirse en un poder dentro de otro y que ahora le imponen condiciones a todos....
Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga. Complicidad. La mañana del lunes 16 llegaron a las oficinas de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) el vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, responsable de la estrategia de telecomunicaciones del consorcio, y Pedro Padilla Longoria, presidente suplente y director general de Grupo Salinas, considerado brazo derecho de Ricardo Salinas Pliego.
Acudieron a presionar a Eduardo Pérez Motta, presidente del órgano regulador, para saber cuál era su posición frente a la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell y Grupo Televisa, anunciada desde abril de 2011.
Con esa fusión Televisa se convertiría en propietaria de 50% de la empresa telefónica, siempre y cuando se autorice la compra de deuda convertible en acciones por un monto de mil 600 millones de dólares por parte del corporativo encabezado por Emilio Azcárraga Jean. Una operación de esta índole, advierten especialistas, sería contraria a la competencia, pues convertiría en socias a las dos grandes cadenas de televisión abierta.
Pérez Motta les dijo que aún estaba analizando su voto y que la decisión no dependía sólo de él, sino de los otros cuatro comisionados: Luis Alberto Ibarra, Rodrigo Morales, Miguel Flores Bernés y Cristina Massa Sánchez. Esta última fue designada integrante de la Cofeco el 15 de septiembre pasado por Felipe Calderón.
Padilla y De Angoitia salieron contrariados de las oficinas de la Cofeco en Santa Fe. Según versiones extraoficiales sólo contaban con dos de los cinco votos necesarios para autorizar la concentración.
Otras versiones investigadas por Proceso y que se difundieron en algunos medios especializados indicaban que la próxima semana el pleno de la Cofeco podría autorizar la fusión a condición de que se adopten medidas para regular el mercado de la televisión restringida –que domina Televisa– y se autorice también la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, en señal digital, de acuerdo con el proyecto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) presentado en agosto último.
Desde ese momento las presiones dejaron de darse tras bambalinas y se ventilaron en la pantalla de los noticiarios de Televisa y de TV Azteca, como una demostración del “músculo” que poseen ambas empresas, que controlan 93% de la televisión abierta.
En los noticiarios más importantes de Canal 2 y de Canal 13, las señales de alcance nacional del duopolio, se difundieron noticias contra Eduardo Pérez Motta y contra el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El pretexto fue lo de menos.
Las coberturas fueron idénticas. La noche del lunes 16 se informó en El Noticiero de Joaquín López Dóriga acerca de una demanda de la diputada federal perredista Esthela Damián Peralta, quien pidió la renuncia de Pérez Motta a la Cofeco con el argumento de que el funcionario protege las prácticas monopólicas en el mercado de la tortilla. Dos días después ambas televisoras dieron amplia cobertura al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados para que comparezca Mony de Swaan por los contratos que adjudicó presuntamente de manera ilegal a dos de sus amigos.
En medio de estas presiones en pantalla, la tarde del miércoles 18, Felipe Calderón acudió a las instalaciones de Televisa San Ángel para reunirse en privado con los directivos de la empresa. En algunas cuentas de Twitter se comentó que discutieron los escenarios de la fusión de Televisa y Iusacell, la cancelación del proyecto de la tercera cadena de televisión, así como el apoyo a la “tercera cadena pública” que el gobierno calderonista quiere implantar por medio del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.
No fue sino hasta el día siguiente cuando la Presidencia confirmó la reunión. En un escueto comunicado informó que Calderón “acudió a las instalaciones de Televisa para sostener un encuentro con directivos y editorialistas de dicha empresa. Durante la reunión intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional”.
Linchamiento mediático
Dos días después de la visita de Padilla y De Angoitia, Pérez Motta dio a conocer el documento Reflexiones sobre las presiones mediáticas de los últimos días donde aclara que el caso sobre el mercado de la masa y la tortilla “concluyó con sanción hace más de cinco años”.
En la parte medular de su documento Pérez Motta recordó el linchamiento realizado en las pantallas de Televisa y TV Azteca contra Isaac Saba, el empresario que se asoció con General Electric para buscar a principios del sexenio la concesión de una tercera cadena de televisión:
“Las declaraciones de la diputada (Esthela Damián Peralta) así como la cobertura noticiosa que han recibido en televisión abierta recuerdan, por poner sólo un ejemplo, el caso del empresario mexicano Isaac Saba (q.e.p.d.) que en sociedad con una cadena estadunidense solicitó en 2006 una concesión para ofrecer una tercera cadena de televisión que habría sido competidora de las actuales televisoras.
“La solicitud fue seguida, a los pocos días, de una intensa cobertura televisiva de supuestos abusos del empresario en un mercado totalmente distinto que, coincidentemente, se desvaneció en cuanto el empresario retiró su solicitud de concesión. Desde entonces, no hay noticias públicas de otras solicitudes de este tipo…
“Las presiones para mí o para los demás comisionados, en televisión o por otros medios, seguramente continuarán e incluso se intensificarán en los próximos días. No es la primera vez y seguramente no será la última. Es normal y no queda más que aguantarlas: es parte de la labor de un regulador”, sentenció Pérez Motta.
El contrataque se agudizó el jueves 19. El vocero del Grupo Salinas, Luis Niño de Rivera, anunció que Grupo Iusacell demandará a Eduardo Pérez Motta por “filtrar” información sobre el caso Televisa-Iusacell a la casa de bolsa Scotia Capital.
“Les dio información a los analistas de una casa de bolsa y esto llegó a los inversionistas interesados en la inversión de Televisa”, advirtió Niño de Rivera.
Además amenazó con interponer una demanda penal ante la Procuraduría General de la República, otra ante la Secretaría de la Función Pública y una tercera, como solicitud de recusación, ante la propia Comisión Federal de Competencia.
Sorpresivamente, a través de su cuenta de Twitter –@RicardoBSalinas– al mediodía del viernes 20, Ricardo Salinas Pliego redactó tres mensajes:
El primero: “EPM Queremos para todo México, un internet móvil y rápido que sí funcione, como la red 4G de Iusacell, pero en cada rincón del país”.
El segundo: “EPM Queremos seguir bajando el costo de los celulares a más de 100 millones de mexicanos, como lo hizo Unefón al ofrecer $1 el minuto”.
Y el último: “EPM Queremos un diálogo abierto y con razones. He cancelado las acciones legales que te preocupan. ¡Ojalá nos escuches!”.
En respuesta el titular de la Cofeco emitió otro comunicado en el que plantea: “Así como no deben admitirse presiones, tampoco pueden aceptarse favores. Si Iusacell se siente afectado por lo que considera que son actuaciones mías, los invito a que ejerzan su derecho de proceder legalmente.
“Lo que sí puedo garantizar es que, como siempre, mi voto sobre la concentración Televisa-Iusacell, el cual estoy analizando, se basará estrictamente en el mandato de la Ley de Competencia y, por lo tanto, responderá exclusivamente a mi apreciación del impacto de la operación en las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados, sin responder a las presiones de ningún actor.”
Antes de la amenaza de tres demandas y del “perdón” de Ricardo Salinas Pliego, desde el viernes 13 comenzó a circular en las redacciones periodísticas y en las oficinas del órgano regulador un anónimo en el que se acusa a Pérez Motta de “filtrar” asuntos que no han pasado por el pleno.
“¿Por qué Eduardo Pérez Motta pretende impedir que se consume la compra de 50% de Iusacell por parte de Televisa? ¿Quiere mantener el monopolio por los siguientes 15 años? ¿Por qué protege el statu quo? ¿Por qué impide que exista una verdadera competencia para Telmex-Telcel? ¿Por qué privilegia a los malos servicios en perjuicio de los consumidores?”
Más concentración
El argumento de que la inversión de mil 600 millones de dólares de Televisa en Grupo Iusacell ayudará a una mayor competencia en el mercado de la telefonía móvil ha sido recurrente para justificar la sociedad entre los dos agentes que controlan los contenidos, la producción y la distribución de las señales de televisión abierta y televisión restringida en el país.
Por medio de la Cofetel se solicitó un “estudio confidencial” a los consultores Dimitri Ypsilanti y Agustín Díaz Pines, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de efectuar una revisión del mercado de las telecomunicaciones en México y emitir su opinión sobre la fusión de Iusacell y Televisa.
El documento, elaborado entre el 23 y 28 de octubre últimos, cuya copia obtuvo Proceso, considera que es “necesaria” y “benéfica” la entrada de un nuevo operador basado en la alianza Televisa-Iusacell.
Sin embargo, en la nota al pie de la página 61 los analistas de la OCDE admiten que “sin embargo, mientras las perspectivas en el mercado de las telecomunicaciones podrían ser bienvenidas, las perspectivas para el mercado de la televisión tendrían implicaciones negativas para la competencia”.
Es el único párrafo, de las 110 cuartillas del estudio, donde admite que la sociedad entre ambos grupos será contraproducente para el mercado de la televisión abierta.
Desde el 11 de julio pasado Grupo Nextel, exsocio de Televisa en la polémica Licitación 21, presentó ante la Cofeco una denuncia contra la fusión de ambos grupos. Argumentó que, de autorizarse, “se creará un monopolio sin precedente en el mercado de la televisión abierta, de telefonía celular, de publicidad y de televisión restringida”.
Aportó, entre muchas otras, las siguientes cifras:
–De las 468 estaciones de televisión abierta del país, 256 pertenecen a Grupo Televisa y 180 a TV Azteca; es decir 93% de todas las estaciones.
–Grupo Televisa y TV Azteca alcanzan participaciones de 66% y 33%, respectivamente, en términos de audiencias. Es decir tienen 99% de la televisión abierta.
–Entre marzo y abril de 2011 los 411 programas con mayor rating fueron transmitidos por las cadenas de televisión de ambas empresas. Estos programas son los más vistos también en televisión de paga.
–Ambas televisoras tienen 90% del mercado publicitario en la pantalla comercial; concentran 60% de toda la publicidad en México y acaparan 40% de la publicidad oficial federal.
–Al fusionarse Grupo Televisa con Grupo Iusacell, la empresa de Azcárraga Jean “se convertirá en la única con posibilidad de dar servicios de total play”. Con esto Televisa controlaría los dos principales proveedores de televisión de paga (Cablevisión y Sky), a TVI y a Cablemás, además de Grupo Iusacell.
–El dominio publicitario sería en todas las plataformas: televisión abierta, televisión de paga, telefonía celular e internet, creando “barreras de entrada”. “Las prácticas de los concesionarios de televisión por cable, asociados a Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV), también constituyen barreras de entrada”, advirtió Nextel (Proceso 1811).
Finalmente Nextel retiró su demanda ante la Cofeco después de que negoció con Grupo Salinas la suspensión de los más de 60 litigios judiciales que interpuso este corporativo contra la Licitación 21.
Sin embargo los datos y las consideraciones de Grupo Nextel son válidos. En Estados Unidos ésta y otras empresas telefónicas analizan ante la Securities Exchange Commision (SEC), autoridad reguladora del mercado bursátil estadunidense, si no hubo un presunto fraude de Grupo Televisa a accionistas minoritarios al negociar la fusión con Grupo Iusacell.
Alianza improcedente
Por su parte, la exsubsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, afirma que la Cofeco debería no sólo investigar la fusión de Azcárraga Jean y Salinas Pliego en Grupo Iusacell, sino los indicios de que existe “una colusión de intereses” entre dos empresas televisivas que deberían ser competidoras.
“Esta es una práctica monopólica absoluta y es una de las más sancionadas por las leyes de competencia en todo el mundo”, plantea Carpinteyro en entrevista.
También advierte que existe no sólo el riesgo de que se conviertan en “un monopolio de la opinión pública”, sino también en un poder de control mediático y político más fuerte.
“Hay muchos indicios de que la línea editorial de ambas televisoras es cada vez más similar”, indica. “La Cofeco no debería sólo estar analizando la fusión, sino también la colusión de intereses”, apunta.
La exfuncionaria firmó junto con decenas de especialistas e integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) un desplegado en el que le piden a la Cofeco que rechace “por notoriamente improcedente” la alianza entre Grupo Iusacell y Televisa.
“La Constitución Política de nuestro país prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas contrarias al interés público y obliga a las autoridades a perseguir con eficacia toda concentración o acaparamiento en pocas manos”, plantea el documento redactado por Aleida Calleja, presidenta de la Amedi, y por Alberto Aziz Nassif, coordinador del Consejo Consultivo de este organismo.
Por su parte, Ernesto Vargas, presidente de Grupo Dish, principal competidor de Televisa en televisión satelital, advirtió en conferencia de prensa que si la Cofeco autoriza la fusión, deben incluirse condiciones para regular el mercado de la televisión restringida, actualmente dominada por Televisa.
Sostuvo que si se autoriza la fusión, Grupo Dish, que actualmente tiene 2.3 millones de suscriptores en todo el país, podría desaparecer en dos años, tal como le sucedió a DirecTV cuando no pudo competir con Sky, filial de Televisa.
“Preferimos que haya concentración siempre y cuando Cofeco regule la cancha: que exista el must carry para que el canal 2 o el canal 13 sean vistos en todos los sistemas de televisión restringida; para que existan opciones de producción independiente”, argumentó.
–¿Influye el escenario de las elecciones federales de 2012? –se le preguntó.
–Si no fuera por 2012, las presiones serían menores. Influye por la fuerza que han adquirido ambas televisoras.
“Somos víctimas de lo que los gobiernos han dejado hacer frente a la televisión abierta. Es un poder dentro de otro poder”, afirmó Vargas.
El Ejército contra el Ejército
Detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, violaciones a los derechos humanos, agresiones de todo tipo –entre ellas las sexuales–, asesinatos y aun ejecuciones contra civiles han aumentado el descrédito de las Fuerzas Armadas del país, principalmente en los últimos años, si bien la impunidad por esos actos sigue siendo una constante histórica. Es más: ni los propios militares consiguen librarse de los abusos de los militares. En las instalaciones castrenses, decenas de ellos que se encuentran en calidad de indiciados esperan la resolución de sus procesos, que en ocasiones involucran acusaciones ridículas…
El Ejército en Acapulco.
El Ejército en Acapulco.Cada mañana, en la puerta 8 del Campo Militar Número 1, decenas de soldados y marinos vestidos de civil se van juntando hasta que, en punto de las 7:00 horas, un toque de corneta llama a formación y un oficial cuartelero pasa lista con potente voz de mando.
Al trasponer el arco de acceso, luego de sortear exhaustivas revisiones, se llega a la base de la Policía Militar, que destina uno de sus patios a la formación. El campo es enorme, con sus espaciosos edificios, extensiones arboladas, limpias avenidas y explanadas ociosas… pero el Agrupamiento de Militares Libres Bajo Caución de la Primera Región tiene bien delimitadas sus zonas y salir de ellas, así sea para buscar la sombra de un árbol, puede ser motivo de castigo.
Estas descripciones respecto de la situación que impera en la instalación castrense son hechas por los propios prisioneros, quienes refieren que aun oficiales y personal de tropa son despojados ahí de uniformes, insignias y todo distintivo, salvo el gafete de acceso que los iguala con el estigma de ser indiciados. No hay ningún general, almirante ni otros oficiales superiores; sólo mandos medios, grumetes y soldados rasos.
Una vez que pasaron lista, deben tomar un desayuno insalubre, en trastes de plástico manchados por no lavarse en varios días, rellenos una y otra vez del potaje extraído de la llamada “cazuela del perro”.
Luego se les ordena permanecer en un lugar para el adiestramiento, que no les dan, pero rompen filas hasta que algún oficial lo decide. Los originarios del Distrito Federal van con sus familias, pero la mayoría, sin ingresos y venidos de lejos, permanecen inactivos, esperando por años que se resuelva su caso.
Están ahí en cumplimiento del artículo 6 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados (RGMPS), norma que no reglamenta ninguna ley.
Los motivos por los que cumplen esa prisión a medias no son claros para alrededor de 2 mil efectivos indiciados por la justicia castrense que están repartidos en las regiones militares. No fueron sentenciados por un tribunal ni se les acredita aún ningún delito, pero en general fue por “sospechosos” que perdieron la libertad, sus derechos laborales y su patrimonio, además de que no cuentan con seguridad jurídica.
“Dando una interpretación mezquina a la Constitución, nos convierten en víctimas de un código de justicia militar que es ambiguo, confuso, arcaico. Estamos indefensos, marginados, percibiendo el 10% de nuestro salario, muchas veces acusados por encontrarnos en la parte inferior de la cadena de mando”, explica el capitán segundo Manuel Contreras Marqueda.
A ello se suma la cancelación de créditos hipotecarios y la confiscación de bienes facultada por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Banjército.
Desde enero de 2011, un grupo de oficiales que forma parte del agrupamiento emprendió una serie de acciones para exigir la derogación del fuero de guerra, que consideran injusto para los propios militares y en el que, dicen, se basa la impunidad en violaciones a los derechos humanos de civiles. Incluso señalan que orilla a soldados a suicidarse o bien desertar o enrolarse en grupos criminales, con tal de “subsistir a cualquier costo”.
De acuerdo al párrafo segundo del artículo 13 constitucional, en México “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Además, el artículo 123, en la fracción XIII de su apartado B, establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.
A juicio de los denunciantes, entrevistados por Proceso, lo anterior posibilita la subsistencia del RGMPS y que el Código de Justicia Militar (CJM) sea el marco jurídico por el que ministerios públicos y juzgados militares carecen de autonomía y siguen al servicio del mando militar, con lo que se viola la división de poderes estipulada en el artículo 49 constitucional. Es decir, en última instancia el presidente es comandante en jefe, legislador, acusador y juez.
El capitán Contreras explica que los defensores de oficio no suelen representar a los acusados en la justicia militar y los que tienen posibilidades de hacerlo son designados fiscales. Así, los peores abogados militares son defensores de oficio, y los mejores, ministerios públicos. Ellos, como los jueces, responden a la misma cadena de mando y a la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Por lo general, el defensor aconseja al “cliente” que se declare culpable.
“El espíritu de nuestra denuncia contra el fuero de guerra se funda en la exigencia legítima al Estado mexicano de que propicie la igualdad ante la ley. Como integrantes de las Fuerzas Armadas, reclamamos que se nos reconozca como seres humanos y como ciudadanos”, añade el oficial.
Sus compañeros condicionan el encuentro con el reportero: “Aceptamos hablar, pero que quede claro: hacemos responsable a nuestro comandante en jefe, el presidente Felipe Calderón, y a los secretarios de Defensa y de Marina, de nuestra integridad y la de nuestras familias”.
Excesos
–¿A qué se refiere con “verle los calcetines” a su superior?
–¿Le suena absurdo, verdad? Esa es una de las acusaciones: la falsedad de haberle visto los calcetines a un oficial.
“También me acusaron de que algunos elementos me llaman por mi nombre y otros por mi grado; del delito de que mi hermano sea yerno del contralmirante Marco Antonio Peyrot (que fue secretario de Marina en el sexenio de Fox); además, de ser estricta en las limpiezas bucales, de haber dejado un resto reticular y de que mi consultorio se contaminó de influenza. Contra todas las pruebas que aporté, el Consejo de Honor me declaró culpable”, explica la teniente de fragata y odontóloga Elvia Emilia Eguileta Arias.
Una veintena de soldados, de civil y encapuchados, se presentó en las instalaciones sanitarias de la Primera Región Naval, en Tampico, Tamaulipas, el 18 de febrero de 2010. Descendieron de tres vehículos y con violencia se llevaron a la teniente Eguileta al hospital militar de esa ciudad portuaria.
La oficial es alta, rubia y atlética. Los soldados le ordenaron desvestirse y le tomaron fotografías y video. De ahí la llevaron a la base militar de Tancol, en el mismo estado.
“Me dijeron que me trasladarían. Ellos iban de civil, yo uniformada; entonces supe que me querían matar. En la central camionera de Tampico me querían aplicar la ley fuga, porque de repente abrieron la puerta y me aventaron. Gracias a Dios, me les escapé a los judas.”
La teniente se escondió. Mandó publicar un desplegado denunciando los hechos el 19 de febrero de 2010 en El Sol de Tampico, pero no encontró protección, sino al contrario: un comando ingresó a su domicilio particular y sustrajo equipos de cómputo, documentos y objetos personales. Con miedo, viajó a la Ciudad de México y se entregó a la justicia militar.
“Aún no me explico cómo el contralmirante (Francisco Sáynez) permitió ese secuestro, siendo yo una oficial de la Armada y mis captores elementos del Ejército”, dice.
Como oficial de la Marina Armada de México, la teniente Eguileta es procesada por la justicia militar, pues la Secretaría de Marina no cuenta con un sistema de justicia. “En las Fuerzas Armadas hay mucha corrupción. Mientras el presidente dice que quiere cambiar el país, nosotros vemos que no atiende las soluciones que se le plantean, y una de ellas es la eliminación del fuero de guerra”, agrega.
El teniente de corbeta Iván Gómez Ortiz añade que con la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueve Felipe Calderón no sólo se daría un poder descomunal a los mandos militares:
“Si con nosotros hacen lo que quieren, imagínese con el personal civil. Con esa reforma nadie va a poder detenerlos. Es mucho poder en juego. Con miedo estamos abordando el tema y, más allá de nuestros casos, estas denuncias son por México, por sus instituciones y por los compañeros que están en la misma situación que nosotros, sin ser escuchados y vencidos en juicio, que han perdido todos sus derechos.”
Entre los integrantes de este agrupamiento hay quienes dispararon a civiles por una orden de sus superiores, pero éstos no asumieron las consecuencias. También los que trataron de expresarse con libertad.
Por ejemplo, el teniente de transmisiones Manuel Álvares Domínguez fue acusado de motivar a otros militares a conseguir un incremento salarial. El oficial consiguió que integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas asumieran su causa en lugar de un defensor de oficio militar y, gracias a un amparo, regresó a su plaza.
En un escrito dirigido a los titulares de los tres poderes, así como al ómbudsman y a distintas instancias especializadas en derechos humanos dentro y fuera del país, el 11 de julio de 2011 el capitán Álvares expuso los casos de otras víctimas de la justicia militar, que impone a los militares indiciados una “sentencia previa”.
Citó al mayor médico cirujano Óscar Antonio Cabrera, quien se suicidó en agosto de 2010 al no soportar las cargas del proceso y el despojo de su patrimonio, y al teniente de zapadores Julio César Reyes Fiscal, quien terminó con su vida al mes siguiente. Ambos estaban en el agrupamiento.
Juicios por consigna
El capitán segundo en materiales de guerra del Ejército, Manuel Contreras, y el teniente de corbeta y contador de la Armada, Iván Gómez, están acusados de delitos semejantes: descubrir robos y denunciarlos.
Contreras estaba destacado en la XXIV Zona Militar, con sede en Morelos, bajo las órdenes del general Ricardo Escorcia Vargas, a quien relevó después el general Leopoldo Díaz Pérez, hoy conocido por estar implicado en la desaparición de Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrida el 1 de mayo de 2011, así como por ser el operador del plan contrainsurgente en Chiapas de 1995 a 2000.
Cuando, cumpliendo sus funciones, Contreras hizo un balance de materiales detectó cartuchos faltantes. Dio parte del robo, pero lo hizo tres meses después de ocurrido, pues se trata de un inventario difícil de detectar por el volumen. Pese a que comprobó que no estaba a cargo del almacén en el momento del robo y que fue él quien lo denunció, se le abrió la averiguación previa 042/2010. Como pocas veces, pudo sentar a un general (Díaz Pérez) en su juicio, pero éste respondió con burlas y divagaciones en la diligencia mientras el juez lo festejaba. Ahí sigue Contreras, a un año y medio de ser indiciado.
Al teniente Gómez, según el expediente 057/2011, se le acusa de no percatarse a tiempo de un fraude. Contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, Gómez realizó una auditoría en la Primera Región Naval, en Tuxpan, Veracruz, y aportó los elementos para la denuncia.
Al presentarse en el juzgado para dar su testimonio, se sorprendió porque apareció como responsable y ahora está sujeto a proceso militar. “Cuando a los mandos les pegas en el dinero, no sabes lo que te espera”, dice.
Contreras abunda en que el agrupamiento es un negocio fraudulento que capta recursos que los militares y marinos denunciantes calculan entre 15 y 20 millones de pesos mensuales, ya que a unos 2 mil indiciados se les retiene el 90% de su ingreso y el destino de ese dinero no es transparente.
“Con eso, según mis cálculos, se pagarían la Estela de Luz y la Línea 12 del Metro”, interviene la teniente Eguileta.
De acuerdo al artículo 20, fracción IV del RGMPS, la nómina y beneficios incautados deben reintegrárseles a los indiciados si quedan absueltos. Pero eso no ocurre y nadie sabe a dónde va el dinero. A eso le atribuyen que siempre resultan culpables.
Contreras afirma que en esta trama juega un papel importante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), que termina siendo un instrumento de persecución por las retenciones de nómina sin transparencia.
En el mencionado oficio de 2011, el teniente Álvares Domínguez observó: “Se pierde totalmente el fin único de la existencia de la justicia, pues ya no se busca balancear la ecuación existente entre delito, acusado y daño, sino la tipificación del acusado, la persecución y exterminio en vida”. Añade que la mayoría de los indiciados no cuenta con una profesión civil, pues ha dedicado su vida a las Fuerzas Armadas.
“Hemos olvidado el concepto de dignidad y nos hemos dedicado a sobrevivir, no escatimando modo alguno de obtener ingresos, trabajando de cargadores, pintores, vendedores de tamales o dulces y, los más afortunados, trabajando de escoltas, sin la certeza de que en alguna ocasión escolten, sin darse cuenta, a personas de la delincuencia organizada, con la única intención de no ver a sus hijos lamentándose en la miseria.”
Para Contreras Marqueda, las consecuencias del fuero de guerra van más allá y provocan un daño a la sociedad, ya que posibilita la impunidad de los mandos superiores en la violación de derechos humanos. Por eso, dice, todos los actores políticos le temen al Ejército, pese a que con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla el Estado mexicano debería reformar el Código de Justicia Militar.
–Sabe usted mucho de leyes –se le comenta.
–La mayoría no sabemos nada, confiados en que siendo gente de bien nunca nos pasará nada, hasta que un día pasa y tienes que aprender para defenderte.
En octubre pasado los oficiales inconformes sostuvieron un encuentro con Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón. Fue un logro, pues desde hace un año han pedido cita al ómbudsman Raúl Plascencia pero ni él ni nadie los recibe en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Zavala los escuchó, fue amable, les dio una lectura jurídica y les dijo que ya habían hecho mucho, que ahora confiaran en quienes deben resolver las cosas. Esperaron y nada, como también aguardan respuestas del Congreso, del Poder Judicial y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al que le hicieron llegar sus denuncias para que se investigue a los responsables de la justicia militar por su actuación y se indague el destino del dinero confiscado, así como para proponer reformas que erradiquen el fuero de guerra.
Eguileta y Gómez, marinos ambos, alzan sus tazas de café y las chocan. La primera advierte:
“Los militares y marinos somos buenas personas, gente común como todos, pero con una responsabilidad con el país. Muchos creemos en las Fuerzas Armadas y en la lucha contra el narco. Muchos arriesgan sus vidas a diario, por eso nos duele esta situación. No somos maleantes, pero nuestras familias sufren y, claro, tenemos miedo por nosotros y por ellos. Lo único que queremos es justicia para todos, militares y civiles, por eso es esta lucha.”
En México, militares violan derechos y gozan de impunidad: HRW
MÉXICO, D.F. (apro).- La tortura y las amenazas de muerte son prácticas comunes utilizadas regularmente por las fuerzas armadas de México contra aquellas personas acusadas
Aristegui - Jorge Carrillo Olea, Fundador Del CISEN
http://youtu.be/JYir8tT4pPk
http://youtu.be/CIRpPdDQgAI
Televisa-Iusacell Entrevista Luis Niño de Rivera
MVS: la alianza Televisa-Iusacell daría la puntilla a competidores*Ernesto Vargas: la firma de Azcárraga se afianzaría como
monopolio puro
*Afirma que la decisión está bajo los influjos del actual periodo electoral
*Presentará el grupo de Salinas Pliego denuncia contra el director de la CFC
http://youtu.be/TnyqlVfrQ8c
http://youtu.be/HXdS4zRTv2s
http://youtu.be/btEh7IBn-DQ
Alertan por “ley Döring” sobre Internet impulsada por el PAN
MÉXICO, D.F., (apro).- La suspensión parcial de unos 10 mil sitios de internet, entre ellos Google, Wikipedia, Mozilla y Word Press, en protesta por la llamada ley SOPA (Stop Online Piracy Act) propuesta por el Congreso estadunidense, reavivó el debate en México sobre una legislación similar promovida por el senador del PAN, Federico Döring.
Usuarios de Twitter hicieron referencia a la iniciativa bautizada como “Ley Döring” que, dicen, busca reglamentar las descargas de contenido que se hagan en la red, en aras de proteger la propiedad intelectual de las obras.
Según el senador panista, con su iniciativa se busca hacer una labor de educación y disuasiva con el usuario para que sepa que no todo lo que está en la red es descargable de manera gratuita y el autor podrá decidir si quiere poner a disposición de los usuarios su contenido para descargar, o si se debe pagar por él.
De acuerdo con la iniciativa, la personas físicas que descarguen y difundan contenido registrado, se harán acreedores a una notificación precautoria en la que se les avisará que deben pagar por los derechos del contenido que quieren descargar, pero en caso de reincidir habría sanciones de tipo administrativas.
“El internet debe ser un espacio libre pero no por eso es gratis”, ha dicho el senador.
Su iniciativa fue recordada y citada por algunos tuiteros a propósito de las protestas contra la Ley SOPA. Por ejemplo, @politicosmex escribió en su cuenta: “Lo q debes saber sobre la Ley Döring, la versión mexicana de SOPA… #LeyPAN #StopSOPA…”.
En tanto, en Estados Unidos, Unos 10 mil sitios de internet, entre ellos Google, Wikipedia, Mozilla y Word Press, suspendieron hoy parcialmente sus servicios, en protesta contra la llamada ley SOPA (Stop Online Piracy Act) propuesta por el Congreso de Estados Unidos que, entre otros puntos, pretende desactivar los contenidos que tengan reservados derechos de autor.
La iniciativa es organizada por el sitio www.sopastrike.com y consiste en el cierre parcial de los sitios participantes durante 24 horas.
Sitios con fuerte presencia mundial como el buscador Google y la enciclopedia virtual Wikipedia desactivaron su servicio durante 24 horas y en su portal de inicio presentaron mensajes de protesta.
La página de inicio de Google apareció con la leyenda: “Por favor, no censuren la red”, mientras que Wikipedia puso un banner en el que señala: “Wikipedia necesita que internet sea libre. La iniciativa legislativa SOPA y la Ley de Economía Sostenible amenazan la viabilidad de proyectos como Wikipedia”.
Cuando suspendió su servicio, la página de inicio de la “enciclopedia libre”, puso el siguiente mensaje con un fondo negro: “Imagina un mundo Sin Conocimiento Libre. Durante más de una década, hemos pasado millones de horas de construcción de la enciclopedia más grande en la historia humana.
“En este momento, el Congreso de EE.UU. está considerando una legislación que podría dañar fatalmente la Internet libre y abierta. Durante 24 horas, para dar a conocer, estamos negando el acceso a Wikipedia” y pedía a los usuarios hacer oír su voz.
En las redes sociales Twitter y Facebook el tema fue de los más comentados durante este día.
Las etiquetas (hashtag) #StopSOPA, #SOPA, Sin Wikipedia y #DayWithoutWikipedia en Twitter se ubicaron entre los primeros cinco lugares de los temas más comentados (Trending Topic) de todo el país.
Esta red social declinó la posibilidad de cerrar la página durante un día por considerar que “cerrar un negocio mundial por un tema de política nacional sería tonto” y aseguró que aunque se opone a la controvertida ley, prefirió mantener su espacio abierto para que los usuarios pudieran comentar.
En Facebook se crearon las páginas “No a La Ley Sopa”, “No a la Ley SOPA (Stop Online Piracy Act) Not SOPA Act” y “NO A LA LEY S.O.P.A” que cuenta con miles de seguidores.
Por su parte, la versión en inglés de la página web de Reporteros sin Fronteras, cerró por primera vez su página web desde las 8:00 horas de este miércoles, para unirse a la protesta contra la Ley SOPA y el Protect IP Act (PIPA) propuesta del Senado estadunidense, similar a la Ley SOPA.
“Decidimos ‘apagar’ nuestro sitio en inglés durante 24 horas como símbolo de la losa de plomo que podría caer sobre la Web tal y como la conocemos si SOPA y PIPA fueran adoptadas”, señaló en un comunicado la organización internacional.
Consideró que la aprobación de las mencionadas leyes afectarían a un número incalculable de internautas que no han cometido ninguna violación de la propiedad intelectual, “obligando a un tercer sitio web a bloquear el acceso a otras páginas que se sospecha violan el derecho de autor (definición que sigue siendo vaga)”.
Además, afirmó que las medidas desacreditarían las posturas oficiales de Estados Unidos a favor de la libertad de expresión en línea en el mundo.
“Hacemos un llamado a los diputados y senadores estadounidenses para que encuentren otros medios para proteger el derecho de autor y rechacen estos textos liberticidas”, señalan en su comunicado.
Según Reporteros Sin Fronteras, con la aprobación de la Ley SOPA y el PIPA, los sitios de intercambio, como YouTube o Facebook, serían forzados a vigilar su contenido bajo pena de ser sancionados.
Los derechohabientes podrían hacer que un tribunal ordene que los sitios considerados ilegales ya no aparezcan en los motores de búsqueda. También se prohibiría a los anunciantes publicitarios y a los servicios de pago en línea colaborar con estos sitios, provocando su asfixia financiera.
La ley SOPA fue propuesta en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 por el legislador Lamar S. Smith, y plantea extender las competencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
También amplía las capacidades de los propietarios de derechos de intelectuales para combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad intelectual, por ejemplo, música, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados que no pagan a los propietarios sus derechos de autoría o invención.
En mayo de 2011 el Senado estadunidense presentó un proyecto similar, que es anterior a la Ley SOPA. Se trata de el Protect IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act), que pretende filtrar y bloquear los sitios que atentan contra la propiedad intelectual.
El proyecto de ley originalmente propuesto permite que el Departamento de Justicia estadunidense y los propietarios de derechos intelectuales, puedan obtener órdenes judiciales contra sitios de internet que permitan o faciliten la violación de los derechos de autor.
El proyecto de ley convierte en un crimen al streaming (transmisión) no autorizado de contenidos protegidos por copyright, y prevé una pena máxima de cinco años de prisión por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los seis meses desde su estreno.
Además brinda inmunidad a los proveedores de Internet que voluntariamente lleven a cabo acciones contra tales sitios haciendo responsable al sitio web infractor de cualquier daño producido al titular de los derechos, incluso sin tener que demostrarlo.
Por su parte, quienes proponen y defienden la ley afirman que protege el mercado de la propiedad intelectual y su industria, trabajos e ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, en particular contra los sitios web extranjeros.
Este miércoles debía llevarse a cabo en la Cámara de Diputados una audiencia sobre el SOPA, pero fue aplazada de forma indefinida. El PIPA debe ser votado en el Senado el próximo 24 de enero.
Aristegui - Ley SOPA (Ley Doring En Mexico)http://youtu.be/55N1MGGAhdo
http://youtu.be/AtitMQfeTBc
Hellmund López será el secretario de Energía, al ganar elección: AMLO
http://youtu.be/yQC0_8LP9_I
Privatizar Pemex afectaría al pueblo y empresas mexicanas; 'estaríamos en indefensión'.
Yuriria, Gto. Tras mencionar que a diferencia del priísta Enrique Peña Nieto, él no privatizaría el petróleo, Andrés Manuel López Obrador anunció que al triunfar su movimiento en las elecciones presidenciales, incorporará a su gabinete a Adolfo Hellmund López como secretario de Energía.
Ante pobladores de este lugar, el precandidato de la coalición Movimiento Progresista dijo que no hace falta privatizar el petróleo, "porque eso haría mucho más daño a México.
"Afectaría no sólo a todo el pueblo, sino a las empresas mexicanas. Entonces sí estaríamos en estado de indefensión".
La propuesta de López Obrador es integrar a todo el sector energético "como una gran empresa, y éste será la palanca para el desarrollo nacional".
El dirigente respondió así al planteamiento que ayer Peña Nieto presentó a los industriales, en Guadalajara.
"El petróleo no es del gobierno, ni siquiera del Estado, es de la nación, así está establecido en la Constitución, en su artículo 27", subrayó el precandidato de la izquierda.
Hellmund López es egresado del Tecnológico de Monterrey, con maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Ha ocupado diversos cargos, como director general de Crédito Externo de la Secretaría de Hacienda; director adjunto del Banco Serfín y socio director de dos fondos de inversiones.
También fue miembro del Consejo de Administración de varios bancos y empresas.
"Es un experto en temas económicos, financieros y que tienen que ver con el sector energético", lo definió López Obrador. "Es otro más que propongo para que forme parte de nuestro gabinete", señaló.
Ya dio a conocer a Marcelo Ebrard, para la Secretaría de Gobernación; Juan Ramón de la Fuente, para Educación Pública; Javier Jiménez Espriú, Comunicaciones y Transportes; Fernando Turner, Economía; Rogelio Ramírez de la O, Hacienda; Claudia Sheimbaun, Medio Ambiente.
'A mí nadie me encuestó...'
Conferencia de Paco Ignacio Taibo 2 en el Círculo de Estudios Jaime Sabines
http://youtu.be/8gDpbKv7gF8
'Asistimos a un espectáculo denigrante, a unas elecciones de estado...'
'A mí nadie me encuestó...'
'El día de la encuesta me fui caminando desde el Hemiciclo a Juárez hasta Santa Úrsula y conté la propaganda para cada candidato. Entre espectaculares, pancartas, mantas, bardas, etc., conté 1053 de Mancera, 150 de Barrales, 3 de Martí Batres, 1 de Joel Ortega y nada para Fernandez Noroña... ¿de dónde sacó Mancera, que no tenía ninguna base social, para una campaña así?'
'¿De dónde saca un completo desconocido la base social para alcanzar un triunfo?...'
'Un millón de llamadas que hizo Mancera... la pregunta: ¿quién financió eso? La respuesta es : fue una campaña de estado financiada por el gobierno de la Ciudad de México, con trabajo humano de las instancias de ese gobierno y con dinero de la ciudad...'
'¿Con qué derecho moral señalamos al PRI cuando usa fondos de Pemex?, ¿o del narco? Hemos perdido el derecho moral a cuestionar los métodos puercos del proceso electoral...'
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Mujeres danzan con cañas de bambú en Zhengzhou, ciudad antigua de Chomgqing, en el sur de China, festejo que se realiza para celebrar la llegada del año nuevo lunarChina y Estados Unidos: ¿rivales o colaboradores?
Immanuel Wallerstein
Las relaciones de China con Estados Unidos son una preocupación importante para las clases que viven de conversar (los
blogueros, los medios, los políticos y los burócratas internacionales). El análisis comúnmente se plantea la relación como una entre una superpotencia en decadencia, Estados Unidos, y un país en rápido ascenso,
emergente, China. En el mundo occidental es usual que la relación se defina negativamente, y que China sea vista como una
amenaza. ¿Pero una amenaza para quién, y en qué sentido?
Hay quienes ven el ascenso
de China como el retorno a una posición central en el planeta, una posición central que alguna vez tuvieron los chinos y que ahora retoman. Hay quienes lo ven como algo muy reciente –como el nuevo rol de China en las fluctuantes relaciones económico-mundiales y de geopolítica del sistema-mundo moderno.
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Bajo la Lupa
Dominique Strauss-Kahn, ex director gerente del FMI, y su esposa, Anne Sinclair, llegan, el 4 de enero pasado, al aeropuerto de París-Orly tras vacacionar en Marruecos.
El papel geoestratégico de Brasil en la multipolaridad
Alfredo Jalife-Rahme
El México neoliberal panista causó un enorme daño al haberse clavado insensatamente, sin brújula geoestratégica, a la unipolaridad y, peor aún, a la estadunización de su claudicante política exterior (ver Bajo la Lupa, 18/1/12).
Fue clave para su despegue geoestratégico en la primavera de 2003 la rebeldía de Brasil a la invasión de la dupla anglosajona a Irak, que resultó un fracaso militar, geoenergético, económico y financiero, no se diga ético y estético (v. gr. torturas barbáricas de la cárcel de Abu Ghraib en Bagdad).
Las consecuencias de la derrota militar de Estados Unidos (EU) se notaron en la primavera siguiente (2004), cuando se generó la denominada ecuación del barómetro del nuevo orden multipolar
: la relación inversamente proporcional entre la devaluación del dólar y el ascenso irresistible del binomio petróleo-oro (que lleva implícito el aumento de la plata), la cual, ocho años más tarde, se ha consolidado ante la gravedad de la crisis de la desregulada globalización financierista neoliberal a los dos lados del Atlántico.
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El despertar
Duelo al sol
José Agustín Ortiz Pinchetti
Déjenme hacer una previsión respecto de la gran pelea por la Presidencia. Bajo el ardiente sol de julio, a la hora señalada, tres rivales se enfrentarán en duelo fatídico. Uno solo sobrevivirá. Cuando acabe el combate el escenario de la política mexicana habrá cambiado para siempre. Los actores para el futuro serán distintos. El ala progresista sufrirá una recomposición completa. Emergerá una nueva fuerza que sin prisa ni pausa ha venido creciendo y articulándose. Es muy raro el politólogo que se ha percatado del fenómeno, pero los políticos y gobernantes que habitan el Olimpo y gozan de una información privilegiada saben a qué me refiero.
Si el PRI pierde se derrumbará sin remedio. La mayoría acepta que durante una larga época prestó servicios relevantes; sin embargo desde hace más de 40 años se convirtió en la peor calamidad para México y finalmente hacia 1985 implantó las políticas más reaccionarias. Hubo quien pensó que después de perder la Presidencia en 2000 el partido desaparecería o se modernizaría. No sucedió ni lo uno ni lo otro. Fox lo ayudó a sobrevivir y el partido ha mantenido todos sus vicios, complicidades y rituales aferrado a la nostalgia de un pasado hegemónico, navegando contra los profundos cambios de la sociedad mexicana.
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Quiénes echan al pozo a Pemexantonio Gershenson
El yacimiento Cantarell, de Pemex, fue durante muchos años un símbolo. Su generación de petróleo fue creciendo hasta 2004, y en los últimos 10 años subió a casi el doble. Pero luego empezó a declinar cada vez más. En 2004, la producción de Cantarell fue de 2 millones 125 mil barriles diarios, de un total nacional de 3 millones 383 mil, lo que significa 63 por ciento.
Uno de los elementos importantes de la declinación fue la inyección de nitrógeno, buscando el aumento de la presión, pero a la vez contaminando y debilitando la presión. Otro elemento fue, en vez de inyectar el gas natural –en todo caso– para ahí sí aumentar la presión, quemar buena parte del mismo.
La producción del yacimiento fue bajando y bajando. Ya en diciembre de 2011 era de sólo 411 mil barriles diarios: poco menos de 20 por ciento de la extracción máxima lograda en 2004.
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Arnaldo Córdova
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la ONU aprobó en su sesión del 10 de diciembre de 1948, establecía, en su artículo 18, que
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese principio, hasta la fecha, se viene repitiendo, de modo literal, en todos los instrumentos que tienen que ver con los derechos humanos (incluidos los de las convenciones interamericanas). Para los juristas de todo el mundo quedó claro lo que significaba el derecho a la libertad de pensamiento y de religión, pero el derecho a la libertad de
concienciacreó innumerables controversias que tuvieron que ver, en especial, con la definición del término.
El pensamiento y la religión pueden considerarse realidades internas de las personas, pero, para manifestarse, tienen siempre que producir efectos exteriores o exteriorizarse en sus manifestaciones. Hablar de libertad de tales derechos no puede mover a dudas. Cuando se habla, en cambio, de la conciencia, el acuerdo es mucho más difícil y raro: no en balde llevamos más de dos mil años debatiendo en torno a su naturaleza. Se la ha considerado, como en la Antigüedad griega, como un retorno hacía sí mismo
(Plotino), como conocimiento de sí mismos
(San Agustín) o, incluso, del mundo
como en la época moderna, y ahí no para.
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La paraestatal niega que los decesos tengan relación con la falta de energía
Le aplauden industriales por el ofrecimiento de
un sistema fiscal simplificado
Acusa por trato preferente a empresas nacionales en las tarifas de interconexión
México incumple su deber de respetar el acuerdo de inversión con España, señala
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