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Cada vez el enano
gasta más en spots al aire…
Para el que se deja tarar,
pa los intelectuales del PAN
o para un ingenuo fraile…
La verdad es que en el aire
se gastan mucho dinero
y mientras tanto la papa
se encuentra cara y escasa
por eso al enano el pueblo
todos los días lo manda …
A CHIN...
“NI SIQUIERA TACOS DE AGUA”
¡Qué terrible es la necesidad
de llevar alimento a la boca!
Que terrible es la necesidad
de darle a los hijos
un mendrugo de pan
pa que no duerman inquietos…
Que terrible es el alba
cuando solo un suspiro
les llena la panza…
Que terrible es la vida
cuando hay que salir a buscar
el sustento en una bocanada de aire…
Y que terrible es mirar
que quién se dice redentor,
sublime defensor
y hoy excelso mentor…
¡Cree alimentar al pueblo!
¡Con unos simples y mentirosos!
¡Bocados de aire!!!
Juan Pueblo
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PREPARA ROSARIO IBARRA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY GESTAPO
Declaración de la senadora en conferencia de prensa, respecto a la Reforma Judicial
El 28 de mayo pasado, se hizo en el Senado la declaratoria de que la mayoría de los Congresos locales habrían aprobado ya la reforma en justicia penal, la llamada reforma judicial o más popularmente conocida como Ley Gestapo, y que por tanto ésta podría ser promulgada y publicada en el Diario Oficial. Efectivamente, la semana pasada se publicó, completándose el proceso iniciado en diciembre pasado, cuando el Congreso de la Unión aprobó en primera instancia la mencionada reforma constitucional.
La aprobación y promulgación de esta reforma constituye un grave paso en el curso de vulnerar y limitar derechos para favorecer un régimen autoritario y policiaco. Es un paso que acompaña el proceso de militarización de la vida social, del incremento de presos políticos, del regreso a la práctica inhumana de la desaparición forzada de personas y de graves formas de tortura, así como de injustas condiciones carcelarias. Como parte de ese proceso de vulneración de derechos humanos, la reforma de justicia penal viene, como ya hemos dicho antes, a legalizar lo que antes era ilegal. Traducir en el terreno legal el curso autoritario y violatorio de derechos humanos que ocurre en la práctica.
La aprobación de esta reforma introduce un nuevo elemento a la crisis de representación política de las instituciones, incluido ahora el Poder Legislativo y ya no sólo el Ejecutivo con un presidente espurio. Nuevamente muestra la contradicción entre una mayoría legislativa autoritaria y el interés y la opinión de una mayoría popular expresada en la movilización en las calles que no es representada por los “representantes populares”. Se repite la contradicción entre mayoría legislativa y mayoría popular expresada antes en la reforma a la ley del ISSSTE y ahora en el intento de imponer la reforma energética.
En el caso de la reforma judicial se ha aprobado contra la opinión expresada también por muchos defensores de derechos humanos, de organismos de este tipo a nivel nacional e internacional, e incluso por las observaciones dirigidas a los grupos parlamentarios por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que seguramente aumentó el enojo gubernamental contra esta oficina de la que finalmente lograron a sacar a su representante en México.
Desde diciembre pasado una minoría legislativa, minoría pero con gran peso y sobre todo reflejando a una mayoría popular movilizada, votamos en contra de esta reforma. A principios de año la creciente opinión pública opuesta a la reforma obligó a que la mayoría legislativa tuviera que retirar uno de los aspectos más ominosos de la misma relativa a los allanamientos, pero sin lograr impedir que el resto de la reforma continuara el proceso de aprobación.
Especialmente desde el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) ubicamos a la lucha contra la reforma judicial, junto con la iniciativa de una ley de amnistía para presos y desaparecidos políticos, como los dos ejes principales de movilización para este año.
A pesar de todo lo anterior, la semana pasada se ha publicado y promulgado esta nefasta reforma que pretende elevar a nivel constitucional cambios que contradicen derechos y el espíritu mismo de la Constitución en cuanto a derechos humanos, civiles y políticos, especialmente en cuanto a lo que hasta ahora se han conocido como garantías individuales.
En este terreno destacan especialmente tres aspectos que dan la medida de la gravedad de lo aprobado:
1. Se constitucionaliza el arraigo, lo que contradice la declarada reivindicación del principio de presunción de inocencia. Por el contrario, al fortalecerse la práctica del arraigo se impone el criterio de que una persona es culpable o sospechosa y puede ser arraigada hasta que se demuestre su inocencia.
2. Se eleva a nivel constitucional una definición de delincuencia organizada que por su amplitud y laxitud se constituye en la base de la criminalización de la protesta y de la lucha social, así como de la solidaridad entre los que luchan en defensa de sus derechos.
3. Con esa definición de delincuencia organizada se crea un régimen especial, de excepción, tanto penitenciario como procesal, que permite prácticas de la época porfirista, como los traslados de detenidos o presos a lugares lejanos y diferentes, como los que ya vimos durante la represión en Oaxaca en los últimos dos años. Con la diferencia de que con esta reforma estas violaciones a derechos humanos y otras durante los procesos penales ya no podrán ser impugnadas como anticonstitucionales.
4. La constitucionalización de la orden de detención por parte del Ministerio Público sin contar con la orden de un juez.
Los autoritarios y violadores de derechos humanos en el poder, que están el poder incluso violando la ley y la voluntad popular, seguramente celebran la promulgación y publicación de la reforma en justicia penal como un triunfo definitivo.
Nosotros decimos que la lucha no ha terminado. Seguiremos oponiéndonos y peleando contra estas reformas y el régimen que las ha impuesto. Nuevamente nos encontramos frente a la contradicción entre una legalidad autoritaria y una legitimidad democrática.
Pero decimos que incluso todavía en el terreno legal hay una pelea que se puede dar. Escuchando los balances y preocupaciones expresadas por mis compañeros defensores de derechos humanos, por mis compañeros y compañeras del Comité Eureka! y la determinación de lucha del Frente Nacional Contra la Represión, así como la posición burlada de los legisladores que nos hemos opuestos a la reforma y al mismo tiempo estudiando y consultando la opinión jurídica de especialistas y asesores, me convenzo que todavía hay otro paso que dar en esta lucha.
Aunque se haya promulgado y publicado la reforma, es posible emprender una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Con todo y el desprestigio y desconfianza que ha generado la Corte y sus resoluciones ante otros reclamos de justicia, es un derecho que tenemos y debemos ejercer para no dejar un espacio de pelea.
Para interponer esta acción de inconstitucionalidad, que tendría la peculiaridad de denunciar no la contradicción de una ley secundaria con respecto a la Constitución, sino de una reforma constitucional aprobada por mayorías legislativas autoritarias contra el espíritu y el núcleo central del contenido de la Constitución aprobada en 1917 en cuanto a derechos de la ciudadanía que hoy conocemos como derechos humanos, se requiere el apoyo de por lo menos un tercio de legisladores de la Cámara de Diputados.
Para ejercer este derecho y evidenciar hasta sus últimas consecuencias la gravedad de la reforma aprobada es que hemos discutido y elaborado el texto para emprender la acción de inconstitucionalidad que ponemos a consideración de los legisladores a los que llamamos a suscribirlo y presentarlo ante la Suprema Corte, independientemente de las discusiones y posiciones que en el debate previo hubiéramos defendido, pero que hoy coincidamos en la necesidad de que se revise la inconstitucionalidad de la reforma en cuanto a la protección y vigencia de los derechos humanos.
Llamamos a las y los diputados federales de cualquier grupo parlamentario a escuchar los reclamos y protestas de defensores y organismos de derechos humanos, de la acción y movilización del Frente Nacional Contra la Represión, pero sobre todo al compromiso con esa necesaria protección y vigencia de los derechos humanos que estaba implícita en el compromiso de defender la Constitución que hoy se está adulterando con la reforma, pero que ustedes habían jurado respetar, a que se sumen a esta acción de inconstitucionalidad. Tenemos solamente un plazo de 30 días naturales desde la publicación de la reforma, para que por lo menos un tercio de los integrantes de la Cámara de Diputados presenten esta acción de inconstitucionalidad. Con todo respeto pero con firmeza les pido que la suscriban. Muchos años defendiendo los derechos humanos en que nos hemos apoyado en postulados de la Constitución, están a punto de ser negados con esta reforma y les ha tocado, nos ha tocado, la responsabilidad histórica de hacer todo lo posible por impedirlo. Seguramente que sus electores, que los votantes que les eligieron y los que no votaron por ustedes pero que quieren ver su consecuencia democrática, están observando su conducta y exigiendo ser escuchados en éste y en otros temas cruciales estos días. Pero más allá de su responsabilidad ante los electores está también su responsabilidad consigo mismos y con una necesaria consecuencia democrática que incluye el respeto a los derechos humanos.
México, D. F. a 26 de junio de 2008.
ROSARIO IBARRA
La Colmena
A pesar de que a los cuatro vientos el Gobierno de USA trata de hacer entender al mundo que esta en contra del Narcotráfico sus organismos de inteligencia hacen exactamente lo contrario. Eso explica el aumento explosivo que ha tenido el narcotráfico en la era Reagan-Bush, a través de operaciones encubiertas entre las que destacan:
Colombia - Ruta de la Droga
· Operacion Toilet SEAT: La CIA uso Boeing 727 y C-130 para trasportar droga desde Centro y Sud América. Las drogas eran lanzadas en vuelo bajo por las rampas traseras en aguas poco profundas lejos de la costa de USA y cerca de plataformas petroleras controladas por empresas de fachada de la CIA como Zapata Off Shore , de propiedad de George Herbert Walker Bush en containers impermeables . Estos eran subidos a botes hasta las plataformas y esta eran usadas como centros de distribución , por medio de botes rapidos hasta la costa de Florida y New Orleans. Los botes son conducidos por cubanos o por Mafia de estas dos localidades. La CIA funciona como distribuidor al por mayor. Esto es la operación Ballena Blanca
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Sumario:
I. Invita López Obrador a participar en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, mañana domingo a las 10 am en el Zócalo.
II. La disfrazada privatización de PEMEX ¡No pasará! (declaración del Movimiento por la Unidad de los Socialistas)
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INVITA LÓPEZ OBRADOR A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA INFORMATIVA DEL MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DEL PETRÓLEO, MAÑANA DOMINGO A LAS 10 AM EN EL ZÓCALO
Por tratarse de un asunto de interés público y de la protección del patrimonio de la nación, Andrés Manuel López Obrador invitó al pueblo de México a participar el próximo domingo en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
A partir de las 10 de la mañana, se dará a conocer en el Zócalo capitalino los detalles de la consulta popular sobre el futuro del sector energético, informó ayer el presidente legítimo de México a través de los micrófonos del matutino “La Red” de Radio Red.
López Obrador adelantó a los conductores del mencionado informativo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, que la consulta ciudadana se desarrollará en dos etapas. La primera se realizará el 27 de julio en el Distrito Federal y en aquellos municipios gobernados por el Frente Amplio Progresista. La segunda fase podría programarse para la primera quincena de agosto y abarcará los 31 estados de la República, aclaró al comentar que las preguntas formuladas por el Instituto Electoral del Distrito Federal se aplicarían en ambos ejercicios ciudadanos.
Por tratarse del tema más importante en la vida nacional y del destino de millones de mexicanos y de las futuras generaciones, “el gobierno usurpador de Felipe Calderón debe aceptar que su iniciativa de reforma energética se someta al escrutinio público. Hay que preguntar de manera directa al pueblo, porque es el pueblo el que decide, subrayó.
Asimismo, el dirigente de la izquierda mexicana añadió que “en su propuesta de reforma energética, Calderón Hinojosa intenta otorgar un régimen de excepción a los 15 integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que representa a todas luces la legalización de la impunidad”.
En el transcurso de la entrevista, López Obrador manifestó que el caso Repsol es un claro ejemplo de la corrupción imperante en el gobierno calderonista. “La firma española se ha convertido en la empresa favorita del presidente pelele”, puntualizó.
Hizo énfasis en que Calderón puso en manos de Repsol un contrato de 21 mil millones de dólares para el abasto de gas, que se importa desde Perú. A costos reales, la operación no debería rebasar los 6 mil millones de dólares, pero las bases de licitación se elaboraron a la medida de las necesidades de la compañía española, con la deliberada intención de que obtuviera una utilidad superior a 15 mil millones de dólares, aseguró.
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LA DISFRAZADA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX ¡NO PASARÁ!
(declaración del Movimiento por la Unidad de los Socialistas)
Tan desprestigiada está en México y el mundo la palabra “privatización” (ya sabemos del fracaso y la corrupción resultantes de la privatización de los bancos, de Telmex o de las carreteras) que el gobierno espurio de Felipe Calderón no tuvo el valor de llamar a las cosas por su nombre y ahora dice que su reforma en materia petrolera no busca la privatización de Pemex. Nada más falso. Si le quitamos a Pemex la facultad exclusiva, como señala la Constitución, de explotar toda la cadena productiva y le entregamos a particulares la exploración, extracción y refinación del crudo, la petroquímica, el transporte y el almacenamiento del petróleo y sus derivados, ¿estamos o no privatizando? ¡Claro que sí! Ahora resulta que los neoliberales privatizadores también nos quieren ver la cara de tontos.
La consecuencia inmediata de la posible aprobación de la llamada “reforma energética” sería desastrosa para la nación y para la mayoría de los sectores sociales que la integran. En primer lugar, significaría una grave pérdida de soberanía, ya que al entregar la parte estratégica de la cadena productiva de Pemex a manos extranjeras, éstas quedarían en capacidad de subordinar nuestra riqueza petrolera a sus necesidades, particularmente de Estados Unidos y su política belicista y despilfarradora. Pero no sólo en ese aspecto habría pérdida de soberanía: la entrada de esas compañías vendría asociada a la llegada de sus “ejércitos privados”, también subordinados a la CIA y al Pentágono, tal como viene pasando en Iraq o Colombia y como se esboza en el llamado “Plan México”.
En segundo lugar, significaría un auténtico “golpe de Estado constitucional”, ya que por medio de una reforma a una ley secundaria, se estaría trastocando todo el contenido de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia petrolera y de toda la historia que les dio origen.
En tercer lugar, implicaría un grave deterioro en el nivel de vida de millones de mexicanos, ya que al ceder Pemex parte de la renta petrolera a particulares, el Estado dejaría de percibir 40 por ciento de sus ingresos y lo obligaría a reducir el gasto social o a aumentar los impuestos de los trabajadores.
En cuarto lugar, las propuestas del gobierno espurio están diseñadas para hacer más discrecional el manejo de Pemex, legalizar concesiones ilícitas a empresas nacionales y extranjeras y profundizar la corrupción sindical.
Finalmente, constituiría un golpe mortal al desarrollo científico y tecnológico de México en materia petrolera, ya que personal y tecnología de empresas extranjeras vendría a sustituir a científicos y técnicos mexicanos, significaría el cierre del Instituto Mexicano del Petróleo y la contracción de disciplinas universitarias como las de ingenieros petroleros, geólogos, geofísicos, etc.
Es por estas razones que amplios sectores de la sociedad están en proceso de convergencia para evitar lo que constituiría el verdadero “robo del siglo” y el regreso a las peores épocas del coloniaje imperialista sobre México. Sindicatos, organizaciones campesinas y sociales, estudiantes, intelectuales, sectores de la clase política y militar, pero sobre todo el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se están movilizando para tratar de impedir la consumación de este crimen. La toma de tribunas parlamentarias impidió la aprobación apresurada de estas reformas y obligó a la celebración del actual debate legislativo. Ahora este debate abarca todos los espacios de la vida nacional y la convocatoria a una Consulta Nacional para el próximo 27 de julio constituye un poderoso indicador de que el gobierno no la tiene fácil y de que existen amplias posibilidades de derrotar la propuesta gubernamental.
La realización de la Consulta Nacional del 27 de julio posee importancia histórica. Como bien señala la compañera Rosario Ibarra, existen decisiones políticas fundamentales que hacen a cada Constitución y que reflejan un pacto social histórico, que no pueden modificarse por votaciones de mayorías coyunturales o circunstanciales; es necesario el voto mayoritario del pueblo para modificarlas.
El precedente y significado de la opinión expresada por el pueblo el próximo 27 de julio serán, sin duda alguna, definitivos en la determinación del curso de nuestra nación en el próximo periodo. Una respuesta débil o contraria reforzará la ofensiva derechista en contra de los intereses nacionales, de las conquistas de la clase trabajadora, de las libertades democráticas y de nuestro nivel de vida. Por el contrario, una respuesta masiva a la Consulta que rechace la iniciativa privatizadora de Pemex evidenciará la ilegitimidad del grupo gobernante y servirá de poderoso acicate para los sectores que participan en la resistencia a la ofensiva neoliberal.
Si a pesar del rechazo popular, el grupo gobernante insiste en utilizar su mayoría para aprobar la reforma, estaremos ante una confrontación que pondrá a la orden del día la necesidad de realizar un Paro Nacional que no podría tener otro objetivo que el de impedir, a toda costa, la implementación de tal reforma.
Ante este escenario, los socialistas no tenemos ninguna duda en aportar nuestros modestos esfuerzos, sin sectarismo ni pretensiones mesiánicas, a la lucha por la defensa del principal patrimonio de la nación: el petróleo. Ello tampoco significa una integración subordinada y acrítica a dicho movimiento; proponemos la creación de un movimiento más amplio e incluyente, en donde las organizaciones sociales (sindicatos, Diálogo Nacional, agrupamientos democráticos, estudiantes, etc.) sean tomados en cuenta al igual que las organizaciones políticas. Proponemos la creación de un “movimiento de movimientos” que tenga la capacidad de imponer una nueva hegemonía a la barbarie neoliberal.
Además, sostenemos que el debate sobre el destino y uso del principal energético utilizado en México y el mundo debe abordar otros aspectos fundamentales que, hasta ahora, no han encontrado el debido interés.
1. El fin del petróleo barato y el sostenido crecimiento de los precios empuja al mundo hacia una nueva crisis global. Los patrones de producción, distribución y consumo basados en la irracional quema de combustibles fósiles están conduciendo al mundo hacia una catástrofe ecológica (“calentamiento global”). Ambas crisis y la intención de sustituir el petróleo por agrocombustibles contribuyen a encarecer los precios de los principales productos agrícolas y amenazan con hambrunas de proporciones bíblicas, algunas de las cuales ya son visibles en países de África y el Caribe. Los socialistas, totalmente comprometidos con una visión ecologista consecuente, proponemos iniciar acciones para la sustitución de los combustibles fósiles por energías alternativas, la eliminación de toda práctica productiva depredadora y la expropiación de las trasnacionales de la energía y de la alimentación, cuya actividad especulativa es, en gran medida, responsable de las mencionadas crisis.
2. Ahora que los principales países productores de petróleo —Arabia Saudita, Irán, Rusia, Venezuela, Noruega— se lanzan a recuperar este bien estratégico para utilizarlo como poderosa palanca del desarrollo nacional y de negociación, el gobierno espurio se encamina a una estúpida política entreguista. Ante este absurdo, los socialistas mexicanos hacemos un llamado para que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo vea más allá de “nuestras fronteras nacionales”. Es posible, incluso necesario, utilizar el arma del petróleo como elemento para alcanzar mejores relaciones comerciales entre los países productores, generalmente atrasados, y las metrópolis imperialistas. Ello requiere de la incorporación de México a la OPEP —de la cual hemos sido esquiroles en beneficio del imperio yanqui— y de la búsqueda de la integración energética con nuestros hermanos del resto de América Latina y el Caribe.
3. Proponemos una revolución fiscal que ponga fin al no pago de impuestos por parte de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Es fundamental exigir un fuerte impuesto progresivo, que grave hasta 40 por ciento de las ganancias del capital, para liberar a Pemex de la severa carga fiscal que le impide realizar las inversiones necesarias para dejar de exportar petróleo crudo en lugar de sus derivados. Ello redundaría en un sustancial incremento en el ingreso de divisas que compensaría una gradual reducción de la explotación petrolera a fin de garantizar el consumo de las generaciones futuras, forzar el desarrollo de tecnologías alternativas y reducir los peligros del calentamiento global.
4. Consideramos que debe fincarse responsabilidades penales en contra de todos aquellos que han participado en el otorgamiento de ilegales contratos de Pemex a particulares, en los actos de corrupción cometidos en su contra, así como realizar una auditoria a la deuda llamada Pidiregas antes de ser asumida por el Estado.
5. Los socialistas nos sumamos a diversas iniciativas provenientes de trabajadores petroleros democráticos, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de investigadores y de sectores nacionalistas que pugnan por la integración de Pemex en una sola entidad vertical, por el aprovechamiento de los excedentes petroleros para su fortalecimiento inmediato, por concebir la electricidad y el petróleo como asuntos de seguridad nacional y por lograr la plena complementación con el sector eléctrico.
6. Nos declaramos incondicionalmente del lado de los trabajadores petroleros en la defensa de su empleo y de su Contrato, pero también por impulsar la plena democratización e independencia de su sindicato y la expulsión de la mafia que lo mantiene secuestrado y al servicio del gobierno.
México D.F. a 28 de junio de 2008
¡Todos y todas a la Consulta Nacional del 27 de julio!
¡Unamos todas las resistencias en contra del neoliberalismo!