miércoles, septiembre 26, 2007
TeleSUR _ 26/09/07 - 18:46 CCS enviar imprimir
Tras denunciar que la delegación boliviana enfrentó una serie de problemas con el visado para llegar a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Morales propuso este miércoles cambiar de sede. Asimismo, criticó la actitud amenazante del presidente Bush con respecto a los pueblos latinoamericanos, y su insistencia en la política belicista, sobretodo en Medio Oriente.
Durante su segunda intervención ante la 62 Asamblea de Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente boliviano Evo Morales instó a la "descolonización del mundo" y para ello, pidió que esa descolonización comience con el cambio de sede de las Naciones Unidas.
"¿Cómo es posible que nosotros mismos hayamos tenido problemas para entrar acá? Mi delegación y yo tuvimos problemas, algunos por visa, permisos (...) y eso me parece inaceptable. Es por ello que propongo que la descolonización comience por la ONU, para que cambie su sede de Estados Unidos, un país que nos pone trabas", sostuvo.
Denunció, en exclusiva para TeleSUR, que tanto él como su delegación estuvieron esperando cerca de ocho días por la visa.
"Y no es la primera vez, ya le pasó a nuestro vicepresidente. Es casi (una) constante que nos hagan perder tiempo. Por eso estoy muy preocupado por el amedrentamiento del que somos objeto", afirmó, al tiempo que dijo que "en Bolivia, cuando se trata de presidentes o comisiones de este nivel, se les trata con respeto".
En ese sentido, hizo referencia a lo que consideró una "falta de respeto" por parte del presidente estadounidense George W. Bush, quien este martes pronunció un discurso en la sede de la ONU, denunciando, según Morales, la falta de libertad que existe en algunos países, y se refirió en concreto a Birmania y Cuba, de la que Bush dijo que "el largo mandato de un cruel dictador está llegando a su fin", en una referencia a la salud del líder cubano Fidel Castro.
El jefe de Estado boliviano aprovechó la oportunidad para expresar su admiración y respeto al presidente Fidel Castro, que es una persona caritativa que "en vez de enviar tropas a matar en algunas naciones, manda tropas de médicos y enfermeras para salvar vidas en países en conflicto".
Evo Morales fue enfático en decir que "Bolivia y su gobierno no comparten la guerra", pues, "la guerra es la industria de la muerte".
Por otra parte, dijo que es importante que los pueblos del mundo se unan con el firme propósito de cambiar el modelo económico capitalista por uno de cooperación. Asunto que relacionó con las alteraciones climáticas en el mundo, que han venido provocando el deshielo, inundaciones y otros tantos fenómenos.
En cuanto a la energía, aclaró que "esta debe ser un derecho humano", al señalar que la producción agrícola del mundo "debe ser para las personas y no para los carros y máquinas", haciendo clara referencia a la utilización de los recursos de la tierra para la producción de biocombustibles.
Asimismo, y como uno de los temas de mayor interés para su Gobierno, el presidente Morales advirtió la importancia de la reciente declaración que protege los derechos ancestrales de los más de 370 millones de indígenas del mundo por parte de la ONU. Acotó que sólo cuatro países se opusieron a esta declaración, entre los cuales Estados Unidos.
Los temas locales también estuvieron presente, y precisamente confirmó que la amenaza que pesa sobre la Asamblea Constituyente en su país, producto de que "sus enemigos históricos siguen perjudicando", pero aclaró que "vamos a seguir apostando por seguir haciendo transformaciones profundas en nuestra nación".
Destacó que "Bolivia ha recuperado la soberanía interna y su economía. Ha cambiado en democracia".
Finalmente, Morales dijo que "es importante crear conciencia en nuestros pueblos de Suramérica y de África, esos países donde abundan los recursos naturales. Esos países deben unirse, para lograr las transformaciones que permitan resolver los problemas sociales".
MT
México, D.F., 25 de septiembre (apro).- Un precedente jurídico importante estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al otorgarle el 24 de septiembre el amparo a uno de los primeros militares seropositivos que denunció la anticonstitucionalidad del artículo 226, numeral 45 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM).La decisión representa un viraje importante en el ambiente del máximo organismo judicial del país en materia de derechos humanos para personas que viven con enfermedades crónicas (en este caso, el VIH/sida); y de cara a las Fuerzas Armadas que con tanta insistencia han visto la seropositividad de sus miembros como sinónimo de incapacidad, y los han tratado con toda la carga de prejuicio y homofobia prevalecientes en instituciones cerradas a los cambios sociales.“La seropositividad al VIH, por sí misma, no implica una incapacidad para el servicio de las armas, por lo que corresponde a las autoridades castrenses determinar, en cada caso, si el grado de afectación a la salud del militar que lo padece, lo imposibilita para permanecer en el servicio activo”, establece la sentencia.Este ordenamiento fue apoyado por el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien en marzo de este año se quedó en minoría ante los otros ministros que decidieron amparar a cuatro militares inconformes. Sólo los ministros Mariano Azuela y Salvador Aguirre Anguiano, los más conservadores en esta Corte, mantuvieron su posición minoritaria de marzo. En aquella ocasión, la mayoría de los ministros del pleno de la Corte determinaron el sobreseimiento del amparo en revisión 196/2005, pero no concretaron la integración de los militares a las Fuerzas Armadas.La sentencia también establece un criterio que podrá ser extendida a otros ámbitos y también hacia otras enfermedades crónicas con fuerte carga de estigma social:“Los seropositivos, desde un punto de vista científico y, por tanto, objetivo, son portadores de un virus que no trae consigo la disminución de sus facultades y aptitudes para desempeñar un trabajo, hasta en tanto no se manifieste el sida, pues tales personas son portadoras de un virus asintomático que puede ser tratable y controlable médicamente.”Para Pedro Morales Aché, abogado defensor de los militares seropositivos que fueron dados de baja, todavía se trata de una “lucha parcialmente ganada” porque aún falta derogar la ley. Y en ese sentido, falta que un legislador o el propio presidente de la República presenten la iniciativa correspondiente, según apuntó la agencia Notiese.Morales Aché puntualizó que, hasta ahora la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene su reticencia. No ha cumplido ninguna de las sentencias de la Suprema Corte. Es hora que esa modificación que se ha generado en el máximo tribunal del país se corresponda con una nueva perspectiva en nuestras instituciones armadas.Su apertura le hará bien a sus integrantes, al país y a la batalla por eliminar una enfermedad peor que la seropositividad: la epidemia del estigma y el miedo.
* Reconoce que en el país operan grupos guerrilleros
México, D.F., 25 de septiembre (apro).- El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, aceptó que el “deterioro” en que el gobierno de Felipe Calderón recibió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) “afectó la detección de los atentados” perpetrados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).Hasta octubre de 2005, durante la administración de Vicente Fox Quesada, el Cisen estuvo dirigido por el actual procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, quien como secretario de Seguridad Pública fue el encargado de la represión contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, a finales del 2006.Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante la glosa del primer Informe de Gobierno de Calderón, el secretario Ramírez Acuña fue severamente cuestionado por legisladores del PRD y del PRI, mientras que los panistas se abstuvieron de cualquier crítica.Ramírez Acuña informó que más de mil agentes del Cisen fueron removidos en los últimos años; y justificó el deterioro con el argumento de que el Centro sufrió una disminución de recursos económicos, por lo que la actual administración tomó la determinación de fortalecerlo.En referencia al EPR, comentó que el gobierno de Calderón no puede permitir que grupos así “traten de desestabilizar al país”.Mientras Ramírez Acuña intentaba responder a las críticas de la diputada del PRD, Valentina Batres, unos 10 perredistas tomaron el área de la tribuna baja y exhibieron pancartas con leyendas alusivas a los enfrentamientos ocurridos el año pasado entre policías federales y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y en las que rechazaron la militarización del país.El secretario ignoró las pancartas y siguió con su discurso contra el EPR. Calificó las explosiones ocurridas en Querétaro y Veracruz como “cobardes”; según él, los atentados generaron el repudio de “todos los mexicanos”. Aseguró también que en el combate a la delincuencia, el gobierno federal no confundirá movimientos sociales con movimientos delincuenciales o de guerrilla. La diputada Batres se encargó de cuestionar la falta de acción del gobierno federal para impedir los atentados del EPR, incluso dudó de que los actos fueran provocados por la guerrilla, “pues pudieron haberlos provocado desde el propio gobierno”.En respuesta, Ramírez Acuña, rechazó la imputación y dijo que no hay duda de que fue el EPR, pues así, subrayó, lo acreditan en sus comunicados. “Nadie inventa la existencia de ese grupo”, afirmó.El secretario advirtió también que el gobierno pondrá toda la fuerza de la ley y del Estado contra los grupos radicales que utilizan la guerrilla y la violencia. “Estos grupos guerrilleros y la delincuencia son temas distintos que, evidentemente, preocupan a la sociedad y a la Presidencia”, señaló. Ramírez Acuña apuntó que los movimientos sociales son abordados por el gobierno “cara a cara” para encontrar solución a los problemas, mientras que los guerrilleros, “los radicales”, traen consigo la misión de delinquir y violar la ley, violentar el Estado de derecho “donde tenemos que poner toda la fuerza de la ley y del Estado”. Admitió la presencia de estos grupos armados en México. “Esa realidad no se puede negar”, aceptó.Por eso consideró “fundamental” el llamado del presidente Felipe Calderón a todas las fuerzas de México para solucionar los problemas por todos los cauces democráticos.En la comparecencia, diputados del PRI y el PRD reclamaron al secretario de Gobernación su falta de acción para resolver los problemas como los que ha generado el EPR o el caso de Oaxaca.Batres lo calificó, incluso, de “mentiroso y cínico”, ya que “proviene de un gobierno espurio que ejerció la censura en contra del Poder Legislativo el pasado 1 de septiembre, cuando el Cepropie cortó la transmisión en el momento en que la presidenta de la Mesa Directiva, la perredista Ruth Zavaleta, daba lectura a su discurso e informaba los motivos por los cuales se retiraba del recinto, ya que no podía recibir un informe de un presidente espurio”.En respuesta, Ramírez Acuña se limitó a decir que en su momento se le ofreció una disculpa a la presidenta de la Mesa Directiva, por lo que no seguiría abordando dicho tema.Sin embargo, Valentina Batres le dijo al secretario que no era posible que estuviera solicitando la autorización de más recursos para el próximo año “cuando no ha podido con el paquete”; y le exigió su renuncia “porque el cargo le está quedando enorme”. “No existe política interior en el país que resuelva la conflictividad social, que concilie los distintos intereses, que respete la ley, que garantice los derechos humanos y que resguarde la seguridad nacional (…) en conflictos que su gobierno heredó de la pasada administración, como San Salvador Atenco y Oaxaca, ¿qué se ha hecho, dónde están los responsables?”, reprochó Batres. La perredista reclamó a Ramírez Acuña por la muerte de 294 mexicanos que han muerto en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos, por la falta de mejores condiciones en México.Por el PRI, Alfonso Izquierdo manifestó la preocupación de su partido por los métodos adoptados en materia de seguridad pública nacional. “Le expresamos nuestra preocupación por los procedimientos de políticas de gobierno que tienen que ver con la seguridad pública, en razón de que la percepción de muchos mexicanos es que no basta con grandes operativos de fuerzas federales para enfrentar al crimen organizado, sino que también es necesario atender la prevención del delito e impulsar con una verdadera voluntad política la cultura de la legalidad. “Nuestra preocupación tiene que ver con avanzar hacia una verdadera consolidación democrática, de tal manera que las políticas públicas que tienen que ver con desarrollo social estén totalmente alejadas de propósitos partidarios, hay quejas de ciudadanos en el sentido de que algunas delegaciones estatales del gobierno federal, hacen llegar los apoyos sociales con una actitud de franca tendencia política hacia el partido en el poder”, dijo. Izquierdo le pidió al funcionario explicaciones acerca de denuncias de organizaciones sociales y ciudadanas sobre la falta de atención y violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes y del tráfico internacional de mujeres.La fracción del PAN nunca lo cuestionó.En cuanto al escándalo que se ha desatado por el presunto enriquecimiento ilícito de Vicente Fox y Marta Sahagún, sólo el diputado del PT, Pablo Arreola, cuestionó al respecto; pero el secretario se limitó a decir que la dependencia a su cargo trabajará junto con la Cámara baja en las investigaciones que realice ésta en contra de “cualquier funcionario”.Al no haber una respuesta clara a su pregunta sobre el escándalo, el petista reviró: “Veo también que evade asumir un verdadero compromiso para promover una investigación a fondo, no se puede quedar de esta manera, eso es política interna, señor secretario, no es un problema de ahí se va, es un problema que requiere la atención de usted y su Secretaría.”Nadie más retomó el tema. En el transcurso de la comparecencia los legisladores poco a poco se fueron saliendo; así, la comparecencia que duró cinco horas sólo tuvo como escenario las pancartas de los perredistas que reclamaban justicia para Oaxaca. Al término había escasos 30 diputados.
Los INEPTOS PANistas, el verdadero "peligro para Mexico".
* Niega ser dueño del rancho y la congeladora (Proceso 1612)
a) Porque quiere probar su inocencia
7.89 % 172 votos
b) Porque sabe que no le harán nada
92.11 % 2009 votos
Boletín Informativo ISA núm 205
http://www.serviciodenoticiasis
Sumario:
I. “La crisis de legitimidad no se resolverá con un pacto en la cúpula si se excluye la participación social de millones de personas que están exigiendo ser tomadas en cuenta y respetadas”: Rosario Ibarra
II. En vísperas del 47 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, convoca el diputado José Antonio Almazán a la defensa del patrimonio nacional energético
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“LA CRISIS DE LEGITIMIDAD NO SE RESOLVERÁ CON UN PACTO EN LA CÚPULA SI SE EXCLUYE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MILLONES DE PERSONAS QUE ESTÁN EXIGIENDO SER TOMADAS EN CUENTA Y RESPETADAS”: ROSARIO IBARRA
En el marco de los trabajos legislativos de análisis del informe presentado por el Poder Ejecutivo sobre el estado que guarda la nación, el día de ayer correspondió a Francisco Ramírez Acuña, responsable de la Secretaría de Gobernación del gobierno de facto de Felipe Calderón, asistir ante los legisladores. Ahí, entre otras voces escuchó la de la senadora de la República, Rosario Ibarra de Piedra, cuyo discurso reproducimos a continuación.
La discusión y evaluación de un informe de gobierno debería ser un ejercicio democrático comprometido con la transparencia y el rendimiento de cuentas, así como el marco para la crítica, el señalamiento de errores y los caminos para corregir el rumbo. Durante años se fue transformando en un rito de exaltación de la figura presidencial y de los “grandes logros”.
En esta ocasión, sin embargo, no puede hacerse una discusión y valoración en abstracto de un informe escrito entregado para cumplir una “obligación constitucional”. Lo que aparentemente sería el ejercicio de un derecho democrático de discusión y balance de lo realizado se convertiría en su opuesto si no se abordara el contexto, las circunstancias en que se llega a este informe de gobierno. Quedarse en la valoración de lo que se informa olvidando cómo se llega a este informe sería solapar y eludir el fondo del problema: la falta de legitimidad de un gobierno que existe de hecho.
Juzgar la política interior y exterior del gobierno no puede separarse del problema de origen y de la contradicción existente.
No es cierto que una falta de legitimidad de origen se supera con el ejercicio de la práctica. El origen marca toda la evolución y se arrastra la crisis todo el camino. El problema es la crisis política que implica hoy el ejercicio del poder que no puede resolverse pretendiendo olvidarlo, ponerlo debajo del tapete, negarlo y supuestamente haciendo política “realista”. Ese “realismo” es aceptar lo injustificable y es un “realismo” utópico porque así no se superará la crisis.
Por eso es que hoy sería limitativo hacer simplemente un ejercicio de evaluación y comparación entre lo prometido y lo alcanzado, aun cuando incluso en ese terreno se pudieran hacer graves señalamientos. Como un ejemplo, solamente hay que recordar aquella oferta de convertirse en el “presidente del empleo” y la realidad actual del galopante desempleo. El balance de la administración está marcado por la búsqueda del reconocimiento y la legitimidad que socialmente no ha conseguido.
En esa desesperada búsqueda de legitimidad se ha escogido un peligroso camino. El camino que lleva a depender de las fuerzas armadas. Con la excusa del “combate al narcotráfico” se ha abierto un proceso de militarización en el país que tiene más bien un objetivo político de control, amedrentamiento y desarticulación de la crítica y la protesta social: Acostumbrar a la sociedad a la presencia militar y pretender convencer de que más allá de las críticas sobre un gobierno políticamente débil, se tiene un gobierno fuerte y de mano dura que debe ser aceptado de hecho. Como si no bastara con la militarización del país se acompaña el proceso con iniciativas como las que el gobierno ha enviado, en lo que se conoce como reforma judicial, que pretende legalizar lo ilegal para criminalizar la protesta social.
La militarización del país es volver a un camino ya conocido de usar a las fuerzas armadas para los objetivos y necesidades políticas del régimen en turno. A una semana del 2 de octubre, cuando se cumplen 39 años de Tlatelolco, tienen ustedes la evidencia del triunfo de la memoria. Se equivocan quienes piensan que con el tiempo y la práctica de gobierno se olvidan los crímenes y los delitos de origen. Y usar al ejército para los objetivos políticos del régimen y para imponer una legitimidad y reconocimiento de hecho tarde o temprano arrastrará a toda la institución a mayor desprestigio. Abrir “la guerra al narcotráfico” usando simplemente al ejército ya muestra sus contradicciones y desgaste para el propio ejército. Usarlo en función de intereses políticos y como sustituto de la falta de legitimidad, será peor.
Porque la militarización está implicando también estimular y solapar la violación de derechos humanos como una política de control, amedrentamiento, represión y desmoralización de las luchas sociales. No se trata de algunos excesos personales u ocasionales de algunos militares como quisiera entenderlo una parte de las recomendaciones del Presidente de la CNDH. Se trata de una política de contrainsurgencia por lo que los casos de violaciones a derechos humanos y de solapamiento cuando estos ocurren a manos de militares se repiten peligrosamente.
Hay una constante en el trato a hombres y mujeres presos en Atenco o en Oaxaca o en los casos de Castaños, de Sinaloa o el de Zongolica con la señora Ernestina Ascensio en que el propio “titular del Ejecutivo” ejerce como forense para dar la línea de protección a la imagen de los soldados involucrados en el caso. Una línea que, por cierto, es seguida puntualmente por el Presidente de la CNDH que, aunque ahora recomiende el retiro paulatino del ejército, con su falta de autonomía y su subordinación a los intereses políticos dominantes, ha evidenciado la crisis de esa institución; una crisis similar a la de la otra institución representada por el IFE de Ugalde. El fondo del problema es el mismo: la falta de legitimidad que marca todo. En el caso de la CNDH porque la falta de autonomía y su subordinación política hacen evidente su falta de legitimidad, de credibilidad y autoridad moral y política.
Es cierto, sin embargo, que la falta de legitimidad no responde simplemente a las ambiciones personales de una figura gris que se disfraza a sí mismo y a sus hijos con símbolos del poder, olvidando que el hábito no hace al monje. Más allá de ambiciones personales responde a la obsesión por imponer una política y programa neoliberales que benefician a un pequeño grupo social y hunde a la mayor parte del pueblo en la miseria. El objetivo real es ese programa como lo ha mostrado este gobierno en estos primeros 9 meses con ejemplos terribles como la reforma al ISSSTE que arranca conquistas históricas de los trabajadores y continúa la dinámica de privatizaciones que obsesiva y dogmáticamente se quieren imponer. Es la misma dinámica que se quisiera completar en el terreno energético y en la reforma laboral. Es consecuencia de esa política también el aumento a precios de productos básicos como la tortilla y la nueva alza que se abre con el precio de la gasolina y la reforma fiscal.
Esa política tiene también su vínculo con la política exterior, que pretende alinear a México con la política hegemónica en el gobierno de Estados Unidos. No es solamente ya el alineamiento que vimos en el sexenio pasado obsesionado con la confrontación, a punto de ruptura de relaciones con Cuba o Venezuela, sino también en aspectos que tienen más claramente implicaciones para la política interior como es el acuerdo hacia el ASPAN, la intención de una suerte de Plan Colombia para México y por tanto reformas legales ya aprobadas como la ley contra el terrorismo y las que se pretenden para autorizar cateos, intercepciones telefónicas y otras acciones policíacas que echan atrás derechos conquistados y reconocidos constitucionalmente. Estas reformas van en consonancia también con las que en Estados Unidos se han venido imponiendo en la ola patriotera y xenofóbica desatada después del 11 de septiembre y que tienen en el Plan Patriot la punta de lanza de los ataques contra los derechos humanos. Nuestra oposición a estas reformas y políticas es también oposición a una política de subordinación a esos intereses extranjeros.
Pero si el fondo de estos problemas evidenciados y exacerbados en estos 9 meses tienen su origen en el gobierno y el problema de la legitimidad, no es posible quedarse como ante un Muro de Lamentaciones. Algunas voces nos llaman a ser “realistas”, a enfrentar la crisis logrando conquistas democráticas y populares por medio de la negociación y el pacto con el poder que, como sea, existe. En realidad no es un llamado a ser realistas, sino es un llamado a capitular, a rendirse. Pero además no es realista porque la crisis de legitimidad no se resolverá con un pacto en la cúpula si se excluye la participación social que en millones de personas están exigiendo ser tomados en cuenta y respetados. Respetadas su opiniones y sus votos. Es un ascenso en el protagonismo social que no puede hacerse retroceder con un pacto en la cúpula. Porque no es que nos neguemos a la política, al diálogo y discusión y los acuerdos. Precisamente defendemos y reivindicamos métodos democráticos como la consulta popular y el voto y exigimos que esos derechos sean respetados. Entonces no es a nosotros a quienes pueden acusarnos de no respetar los métodos democráticos. El problema es que el pacto, la negociación, en la que pueden obtenerse concesiones o conquistas democráticas —recién lo vimos con la reforma electoral y la relación con los medios electrónicos— es prácticamente a cambio del abandono del reclamo original de respeto a reglas democráticas para las decisiones del pueblo, del electorado. Por eso reformas electorales y otras, aunque contengan aspectos positivos, progresivos o democráticos, serán limitadas mientras no resolvamos el problema de origen.
Y si el año pasado no se quiso volver a contar los votos, entonces hay que pensar una vía de solución que regrese el protagonismo a la sociedad y que no se atrinchere en medidas de fuerza para apagar o hacer olvidar el reclamo. Desde el movimiento, por ejemplo, surgen propuestas en esa dirección como es la de un referéndum presidencial que no está contemplado legalmente en la actualidad, pero que sería una medida audaz para apelar nuevamente a la sociedad a resolver el problema. O ¿cuánto tiempo creen que podrá mantenerse la crisis, la confrontación, el encono? Se equivocan quienes piensen que con el tiempo y un poquito el pueblo olvidará. Tarde o temprano o en forma periódica la crisis reaparece. Hace 39 años el régimen pensó que el control de los medios de comunicación le aseguraba dar la vuelta a la hoja y durante 39 años el grito de “2 de octubre no se olvida” fue imponiéndose, rescatando la memoria y exigiendo la verdad. Hoy también los medios y los políticos “realistas” apuestan al olvido. Es una apuesta equivocada.
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EN VÍSPERAS DEL 47 ANIVERSARIO DE LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, CONVOCA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL ENERGÉTICO
Advierte sobre los avances legislativos para la privatización en marcha de Pemex y CFE
El siguiente es un texto que el diputado José Antonio Almazán González, representante del Sindicato Mexicano de Electricistas y miembro del Frente Amplio progresista ha circulado con fecha 21 de septiembre de 2007. En él, da cuenta de lo que los diputados panistas y priistas preparan en los entretelones de los debates legislativos para avanzar en la privatización de la industria petrolera y de la industria eléctrica.
A raíz de la aprobación de la reforma fiscal y electoral, Calderón, el PAN y sus aliados del PRI (no todos), consideran que cuentan no sólo con los 2/3 de los votos de los diputados, sino también con el capital político suficiente y calculan que ha llegado la hora de las reformas estructurales, comenzando por la energética.
No les ha bastado que la privatización de facto, por la vía de permisos inconstitucionales en generación, autoabastecimiento y otros (656 permisos otorgados hasta julio de 2007); le otorga ya al capital privado la propiedad y el control de aproximadamente 30% de la capacidad de generación a nivel nacional. Tampoco se conforman con licitaciones y contratos de riesgo inconstitucionales que siguen entregando nuestros hidrocarburos y la infraestructura petrolera a las empresas trasnacionales. Quieren la certeza jurídica en el texto constitucional para legalizar lo ilegal, para cumplir debidamente las instrucciones del Banco Mundial y calmar las preocupaciones de las empresas trasnacionales, pues saben bien que la venta del patrimonio nacional energético puede ser revertida en juicios jurídico-constitucionales.
Mientras tanto, Calderón y su corte de vendepatrias que se pasean en el recinto legislativo de San Lázaro avanzan de manera acelerada en la privatización de facto, como puede leerse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 (PEF). Independientemente de la aspirina de los 30 mil millones de pesos a las finanzas de Pemex, el PEF está orientado a impulsar la privatización a partir de hechos consumados. El mecanismo favorito sigue siendo la llamada inversión financiada, que permite la participación del capital privado, fundamentalmente trasnacional, en la obra pública de Pemex y CFE, que para el 2008 ascenderá a 1 billón, 969 millones de pesos. Este tipo de inversión privada en el sector de energía, conocido como “Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto” (Pidiregas), alcanzó en 2007 la suma de 2 billones 324 mil millones de pesos (capital más intereses), representando un riesgo enorme para las finanzas públicas. Tan sólo en el 2007 se pagarán con cargo al PEF 102,029 millones de pesos en intereses.
En cambio, para las empresas públicas energéticas, el PEF considera cantidades ridículas frente a los montos destinados a la inversión privada. A Pemex le asignan 72,260 millones de pesos en inversión física y se le sigue condenando a una sangría brutal por la vía de impuestos directos e indirectos, que en el 2006 sumaron 582,855 millones de pesos (un 55% del total de sus ingresos). A CFE le asignan 28,695 millones y se le obliga a depender de la inversión privada a través de los Productores Independientes de Energía, y a Luz y Fuerza del Centro, pese a las denuncias del Sindicato Mexicano de Electricistas en cuanto al riesgo inminente de un colapso eléctrico en la región central del país por falta de inversión productiva, le asignan 1,972 millones de pesos, condenándola prácticamente a la muerte por inanición.
Frente a este sombrío panorama energético, las declaraciones de Calderón de que no privatizarán Pemex, CFE y a Luz y Fuerza del Centro son sólo demagogia pura, para distraer a la opinión pública, mientras en los pasillos del Poder Legislativo continúan los cabildeos para amarrar la contrarreforma al artículo 27 constitucional.
No es de extrañar entonces que la nacionalización de la industria eléctrica haya sido borrada del calendario cívico oficial. Poco les importa a los neoliberales la conmemoración de la fecha en que la nación mexicana recuperó el dominio exclusivo en la prestación del servicio público de la energía eléctrica, que durante 57 años estuvo en manos de empresas eléctricas extranjeras. Para los émulos de Santa Anna, la celebración del 47 aniversario del acto nacionalizador eléctrico es un hecho que contradice en su esencia la desnacionalización y venta del patrimonio nacional energético que han venido impulsando a partir de 1992, en que Salinas de Gortari, en los marcos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, abrió las puertas al capital privado en el sector eléctrico nacional. Por el contrario, para la mayoría del pueblo mexicano, este 27 de septiembre, además de festejo nacionalizador, constituye la ocasión propicia para un Pacto Nacional, con todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, ciudadanas, sindicales, de hombres y mujeres, conscientes de que la Patria no se vende, en defensa del patrimonio nacional energético y en rechazo rotundo a la privatización.
Palacio Legislativo, a 21 de septiembre de 2007
Campaña de actuación Ciudadana
- NO DEFIENDEN A LA DEMOCRACIA
- NO DEFIENDEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
- NO DEFIENDEN LA AUTONOMÍA DEL IFE
- NO SON VOCEROS DE LOS CIUDADANOS INDEPENDIENTES
- SUS INTERESES Y SUS GANANCIAS
- SU CONTROL SOBRE LO QUE SE DICE y DIFUNDE EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS
- SU PODER PARA DECIDIR QUIEN NOS GOBIERNA COLOCANDO A SUS EMPLEADOSCOMO SENADORES Y DIPUTADOS
- ELLOS SON LOS QUE HAN NEGADO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A VOCES DISTINTAS A LAS SUYAS
- SE HAN OPUESTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOS COMUNITARIAS Y DE LOS MEDIOS PÚBLICOS
- SE NIEGAN A REDUCIR EL COSTO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES OPONIENDOSE A LA DECISIÓN DEL CONGRESO DE LIMITAR LA TRANSMISIÓN DE ÉSTAS SÓLO A LOS TIEMPOS OFICIALES
- ELLOS QUIEREN SEGUIR BENEFICIANDOSE DE CAMPAÑAS ELECTORALES COSTOSAS E INÚTILES
- SE OPONEN A LA COMPETENCIA EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, NEGANDOSE AL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES A OTRAS EMPRESAS
- ELLOS SON LOS QUE LOGRARON PASAR LA LEY TELEVISA/AZTECA EN 7 MINUTOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SE QUEJAN DE QUE LA REFORMA HIZO CON APRESURAMIENTO
QUE NO NOS ENGAÑEN MEDIANTE SU CAPACIDAD PARA DIFUNDIR SUS MENTIRAS A TRAVÉS DE SU VERDAD
DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS A:
- TENER DEMOCRACIA EN LOS MEDIOS,
- LIMITAR EL PODER DE SUS DUEÑOS,
- BAJAR EL COSTO DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS,
- QUE NUESTROS IMPUESTOS SE USEN PARA BENEFICIO DE TODAS Y TODOS Y NO PARA AUMENTAR LA BOLSA DE LA ARISTOCRACIA MEDIÁTICA
- NO LOS APOYEMOS EN EL REFERÉNDUM QUE PRETENDEN PROMOVER PUES ES SÓLO PARA DEFENDER SUS INTERESES Y SU BOLSA
COMITÉ CONCIUDADANO PARA LA REFORMA ELECTORAL Y MESA CIUDADANA DE MEDIOS
Reenvía este mensaje a todos tus contactos o al menos a diez personas para que a su vez cada una de ellas lo difunda a otras diez y con ello colaboremos a formar un México mejor, es tu oportunidad, luego no te quejes.
MORELOS con Alejandro Encinas
Es economista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido asesor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL en el año de 1990 perteneciente esta a la Organización de las Naciones Unidas y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA de la OEA en 1991.
Presidió las delegaciones que participaron en las reuniones interparlamentarias sobre hábitat, desarrollo sustentable y asentamientos humanos, en Vancouver, Canadá y Nairobi, Kenya 1992 y 1994.
Integrante de la delegación mexicana que participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo reunión de la Organización de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 también conocida por los nombres de: Cumbre de Río, o Cumbre de la Tierra.
Encinas ha sido electo en dos ocasiones a la Cámara de Diputados en los periodos de la LIII (1985-1988 ) y LV ( 1991-1994 ) legislaturas; en ésta última fue presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, que elaboró la nueva Ley General de Asentamientos Humanos que fue aprobada por unanimidad en 1993, ese mismo año fue candidato del PRD a Gobernador del Estado de México.
En el gobierno del Distrito Federal inició su actividad como Secretario del Medio Ambiente en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y en 2000 fue candidado del PRD a Jefe Delegacional de Alvaro Obregón que perdió frente al candidado del PAN, volvió al gobierno como Secretario de Desarrollo Económico y luego como subsecretario y Secretario de Gobierno bajo Andrés Manuel López Obrador, finalmente fue designado Jefe de Gobierno sustituto cuando Andrés Manuel López Obrador renunció al cargo para ser candidado a la presidencia.
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL PRD Y UNICA ESPERANZA DE QUE ESE PARTIDO REPRESENTE LOS INTERESES DEL PUEBLO.
Una primera piedra
UNA PRIMERA PIEDRA
La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca invita a toda la comunidad universitaria y oaxaqueña a la ceremonia de colocación de la "primera piedra" del edificio de la Licenciatura en Artes Plásticas.La cita es el lunes 1 de octubre,
a las 10 de la mañana,
en Ciudad Universitaria
(atrás del Centro Cultural Universitario)
entrada libre
El futuro manco habla:
La Jornada On Line
México, DF. El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, defendió este miércoles la gestión del Vicente Fox y aseguró que “metería las manos al fuego” por el ex mandatario, a quien, en más de una ocasión se refirió como "el presidente Fox".
Pues vayamos preparando la leña verde y la gasolina, antes de que suba de precio, para quien además de ser futuro manco, le está dando Alzheimer, fox ya no es presidente, o será que como el pelele no se ha hecho cargo de nada pues todavía considera que el burro del rancho aquel sigue manejando los destinos de la nación, que como cuando fue presidente, va al garete.
Fox, sostuvo, es una persona honesta que trabajó incansablemente por el bien del país. Ramírez Acuña agregó que cuando era gobernador de Jalisco trabajó de manera conjunta con el ex presidente Fox y entonces le quedó claro que se trata de una persona recta.
Es decir, exactamente al revés es un ratero holgazán que perjudicó al país. Ya nos imaginamos la conjunción del trabajo con semejantes sátrapas, lo que le ha de haber quedado claro es que ambos pertenecían a la misma ralea.
No obstante, agregó que al ex mandatario "le falta hacer las aclaraciones correspondientes", en referencia a las acusaciones de enriquecimiento a costa del erario que se le hacen tras convertir el rancho de San Cristobal en un lugar de lujo.
Tan recta tan recta persona que ahora NOMÁS tiene que aclarar cómo se enriqueció de tal manera que convirtió su rancho en una mansión con un lago artificial con pecesillos, flora y fauna frente a ésta. Muy recto , muy recto a la cárcel es donde debe ir esta chachalaca ladrona.
Esta investigación sobre las finanzas de Fox darán claridad a su patrimonio porque el funcionario deber ser parte permanente de la transparencia y la sociedad debe saber cómo se comportan los políticos, reportó el noticiero radial De una a tres.
Claro ya nos quedó, precisamente porque la sociedad SABE como se comportan los políticos.
"Yo honestamente creo que el presidente Fox (sic) es una gente honesta, que trabajó incansablemente por el bien del país. [...] Sé de la rectitud del presidente (sic) y yo creo que simple y sencillamente que el presidente (sic) haga los comentarios y aclaraciones correspondientes; los mexicanos estarán y estaremos todos conscientes de cuál fue su percepción durante los seis años, cómo se invirtió ".
Primero que aprenda a hablar, que no cantinfleé, y luego que en sus "comentarios correspondientes" no nos quiera ver la cara de tontos.
Al preguntarle si también metería las manos al fuego por Marta Sahagún, respondió que las metería por el presidente Fox.
Y cómo va a meter las manos por Martha si ya las va a tener quemadas al meterlas por el marido.
—¿Y por la señora Marta? –se le insistió.
—Por el presidente Fox.
Como buen misógino ahora va a resultar que sólo Martha es ladrona y todo lo que se robó fue a espaldas del marido. Jajajajajaja....
Lo dicho por AMLO, el pelele no permitirá que encarcelen a la chachalaca ladrona, eso lo tendremos que hacer nosotros cuando el usurpador caiga.
Y claro, la iglesia los llama "imprudentes":
El ex presidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún incurrieron en una imprudencia al dar a conocer públicamente el estado en que se encuentra el rancho San Cristóbal, pues ante la pobreza que existe en el país lo que menos se quiere ver es ostentación, consideró el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar Retes.
O sea el consejo de la iglesia es ROBEN PERO NO MUESTREN EL BOTÍN a los que se lo robaron.
El pelele acepta tácitamente que es un idiota
La Jornada On Line
México, DF. El presidente Felipe Calderón anunció este miércoles que el aumento a las gasolinas no entrará en vigor durante 2007, así como tampoco se registrará incremento alguno en gas LP ni a la electricidad para evitar la afectación del nivel de vida de los mexicanos, en especial de las familias con menores ingresos.
Es decir, con el incremento de la gasolina, el gas, y la electricidad SÍ se afecta el nivel de vida de los mexicanos, en especial de las familias con menores ingresos, estúpido, es precisamente lo que le viene señalando el presidente Legítimo.
"Un aumento a las gasolinas generaría un impacto aún mayor en los bolsillos de los mexicanos, especialmente de las familias con menores ingresos y debemos evitarlo", dijo en un acto en el Salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos.
Y ¿que no lo pudo ver antes cuando la presidencia Legítima no perdió ocasión en decírselo? A ver ahora como le hace para corregir la escalada de precios que ya se dió, imbécil.
Dijo que los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN le solicitaron posponer por unos meses esta medida que, "en las circunstancias actuales, afecta el nivel de vida de la gente".
Pues sí los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN que son otra bola de borregos estúpidos que votaron aprobando el aumento, de pronto, cayeron en la cuenta de que "en las circunstancias actuales, afecta el nivel de vida de la gente". Los cabrones no rebuznan porque no se saben la tonada.
Por ello, "para evitar esta afectación, he decidido evitar la entrada en vigor del aumento al precio de la gasolina en los términos solicitados por los legisladores".
O sea, para evitar esta afectación que él estaba provocando decidió evitar la entrada de esa pendejada que estaba cometiendo: doy la orden de que hagan esto pero como es una pendejada ahora doy la orden de que no lo hagan. Es verdaderamente un tarado.
"En el mismo sentido, anuncio que el gobierno federal cancelará cualquier aumento a los precios de la gasolina Magna, el diesel, el gas LP, el gas licuado de petróleo y las tarifas eléctricas ordinarias de consumo doméstico durante todo este año", agregó.
O sea, va a cancelar lo que él inició durante todo este año (cuatro meses) ¿y qué va a hacer el que entra? ¿En 2008 no va a afectar? ¿Por que no revisa las propuestas de AMLO? Si se robó la presidencia, de perdida que se deje asesorar por quién la ganó. Que permita que le hagan la chamba que él no sabe hacer, preferimos que sea un conchudo a que nos pase a fregar a todos, pero mejor que renuncie.
Convocó a "los sectores productivos, a todos los actores sociales, económicos y políticos, especialmente a los medios de comunicación, a tomar medidas de respaldo de la economía popular y a no utilizar esta coyuntura para exacerbar los problemas a fin de servir a sus propios intereses".
Convocar no basta puesto que a él nadie lo pela, a ver cómo le va a hacer para revertir la escalada de precios, ¿ahora nos va a tener a todos presentando denuncias en la Profeco, otra instancia inepta? ¿Por qué tenemos que tolerar a un presidente espurio que lejos de gobernar en beneficio de la población nomás nos está creando problemas en nuestra economía y en nuestra vida personal?
Aseguró que estas medidas "tienen un elevado costo para las finanzas públicas", dado que el gobierno federal debe importar una buena parte de la gasolina, del diesel y del gas LP.
El costo elevado para las finanzas públicas está en parte en la mala administración, en los despilfarros, en la evasión de los grandes monopolios, en el gasto de la clase política y el de él que no cesa de vivir en el lujo y protegido por un ejército porque cada vez que sale a la calle le mientan su madre. AUSTERIDAD pelele espurio a ver si le entra en la cabeza.
Al acto acudieron la secretaria de Energía, Georgina Kessel; el secretario de Hacienda, Agustín Carstens; el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, y el gabinete de energía.
Su camarilla de corruptos y tarados que lo único que hacen es el ridículo y perjudicar a los mexicanos.