La gripe porcina y aviar son creadas en laboratorios y se liberan a la población para obtener beneficios económicos a través de la venta de las vacunas que los mismos laboratorios elaboran.
Lo explica en este video Leonard Horowitz, médico especialista en Salud Pública, en Bioterrorismo y emergencias por enfermedades, Diplomado en Harvard y miembro del equipo de investigadores de esta universidad, es autor de 15 libros, entre ellos el best seller Virus emergentes: SIDA y Ebola, ¿naturales, accidentales o intencionales? Este libro ha permitido la apertura de un investigación oficial en Estados Unidos. También ha escrito Las Mentiras que creemos, La Cía, Hollywood y el BioTerrorismo y Muerte en el Aire: Mundialización, Terrorismo y Guerra bacteriológica, donde Horowitz acusa al cartel petrolero y farmacéutico de preparar un nuevo genocidio programado.
Su documental "In Lies We Trust" está colgado en internet y trata todos estos temas.
http://www.youtube.com/watch?v=1M7Un5cnFqo
domingo, junio 14, 2009
"In Lies We Trust"
La gripe porcina y aviar son fabricadas en laboratorios
Calderón lleva al país al fascismo
El país "rápidamente se está acercando" a un modelo de Estado fascista ante la mala apuesta del gobierno de Felipe Calderón por "narcotizar la lucha político-electoral", advierte el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones. E insiste en la necesidad de continuar con la reforma del Estado, o de lo contrario la próxima contienda por la Presidencia podría generar más incertidumbre aun que la pasada. Además, revela un encuentro en el que Calderón, como presidente electo, le propuso al PRI un cogobierno...
En pleno debate sobre la actitud sesgada del gobierno calderonista en la lucha contra el narcotráfico, y en medio de la guerra sucia electoral desatada por el PAN contra el PRI, Manlio Fabio Beltrones subraya, en una extensa entrevista con Proceso, la preocupación de las bancadas del Senado porque “los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son la intervención telefónica, los cateos y el arraigo, están siendo utilizados de manera incorrecta y facciosa”.Actor de los primeros acuerdos entre el PRI y el gobierno de Felipe Calderón, Beltrones medita cada una de sus palabras. No rompe con la administración calderonista porque confía que “el presidente Felipe Calderón haga un alto en el camino y recupere su visión de estadista de largo plazo”, pero admite que existe en el gobierno federal un “ala dura” que encabeza las posiciones “más facciosas” del panismo.“Esta política facciosa del gobierno –insiste– ha hecho mucho daño, ha minado la confianza incluso en torno a sus buenos propósitos y la mayoría de los observadores se pregunta: al pasar el 5 de julio, quién va a recoger y a reponer los platos rotos que permitan rearmar los acuerdos de todos los actores del país”, argumenta Beltrones.El exgobernador de Sonora ubica como fecha determinante del avance de “los duros” del PAN el avionazo del 4 de noviembre de 2008:“Creo que esa vertical de Felipe Calderón se perdió cuando se desplomó el avión de Juan Camilo Mouriño. Y otro tipo de criterios, más de un jefe de partido que de un jefe de Estado, fueron los que se impusieron. Después de Juan Camilo, los duros del PAN ganaron la batalla e intentaron gobernar. Y en buena parte, por su falta de visión y de respeto a la pluralidad, son quienes encabezan el desastre político y económico al que, parece, nos estamos acercando en el corto plazo.”
–¿Son los más facciosos? –se le pregunta a Beltrones.
–Estos duros son los que empujaron a Felipe Calderón a simular un gobierno que respeta la pluralidad, cuando en realidad sus acciones lo único que intentan es apoyar a su partido.
–¿Quiénes son esos duros? ¿Germán Martínez?
–Es el protagonista más visible, aunque no debe ser el único de los que están participando en estas decisiones. Le corresponde a él dar la cara, pues es el presidente del PAN.
Crítico del “desastre económico” actual, Beltrones ha dado un giro en sus declaraciones frente a la administración de Felipe Calderón. El 19 de marzo pasado le demandó que “se faje los pantalones” para definir una posición firme en asuntos delicados, como la adquisición de los activos de Citigroup-Banamex por parte del gobierno de Estados Unidos, la definición de la refinería de Pemex y el conflicto diplomático con Francia generado por el caso de Florence Cassez.Sin embargo, él ubica el punto de quiebre en mayo pasado, cuando el gobierno calderonista, “para evitar el fracaso electoral, comienza a utilizar de manera político-electoral el combate al narcotráfico”, dice.Insiste en que la movilización del Ejército para el combate al narcotráfico debe tener un plazo para regresarlo a los cuarteles. Reconoce la labor realizada por las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, pero también aclara que, de no fijar el plazo referido, “el jefe real del Ejército mexicano, con el tiempo, tendrá que responder directamente por todas las acciones que se cometan por parte de las Fuerzas Armadas, que están capacitadas para otra función superior, más que la de actuar como policías”.“Todo lo que quepa dentro de lo que no sea el cumplimiento explícito del estado de derecho, que no es lo mismo que el Estado de derecha” en el que vivimos.
Riesgo de fascismo
–¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cuando el PRI en el Senado ha pedido que se fije un plazo perentorio para el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles?
–Silencio absoluto. Soporta esta actitud en las encuestas que hoy aparecen y en las que la mayoría de los mexicanos dice estar de acuerdo en que el Ejército haya salido a combatir al narcotráfico.“Pero ese no es el punto. El tema se centra en si es el Ejército el que debe hacer el trabajo policiaco, porque de ser así debemos pedirle a los policías que hagan el trabajo del Ejército y es cuando se complica toda la operación”.
–Usted ha mencionado con frecuencia que se ha sustituido el estado de derecho por un Estado de derecha, pero, ¿no estamos más cerca del fascismo?
–Si no lo estamos en este momento, parece que rápidamente nos estamos acercando. A muchos nos preocupa que los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son la intervención telefónica, la de los cateos y el arraigo, estén siendo utilizados de manera incorrecta y facciosa. Porque lo lastima desde sus inicios y ese no es el espíritu que nos hizo llegar al acuerdo. Por ello, se dieron tantas resistencias entre muchos senadores y diputados para otorgar los mismos instrumentos de excepción.“Nunca antes un gobierno había tenido tantos instrumentos para combatir a la delincuencia organizada, no obstante que se habían dado resultados tan mediocres”, subraya.Beltrones, como presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada del PRI, fue el principal negociador para que se aprobara una serie de reformas a fin de otorgarle atribuciones extraordinarias al Ministerio Público federal. Una de las discusiones más fuertes en el Senado se produjo a raíz de la ley de extinción de dominio, que aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo.
– ¿No fueron ingenuos en este sentido? ¿No pensaron que iban a usar facciosamente estas atribuciones?
–Teníamos que correr ese riesgo. Fue una actitud de buena fe. Lamento mucho que hoy se discuta sobre un gobierno que no está a la altura de esa condición y no respete los propósitos que lo animaron.
–¿Siente una traición?
–No, veo una irresponsabilidad, pero también observo que estamos a tiempo de corregir estas desviaciones para beneficio del país.
–¿En plena época electoral?
–Confío en que el presidente Felipe Calderón haga un alto en el camino y recupere su visión de estadista a largo plazo.En la primera parte de la entrevista, Beltrones recuerda que la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador ya había hecho la misma acusación que ahora el PRI, en plena campaña electoral y ante los ataques recientes dirigidos por el líder nacional panista Germán Martínez, le reprocha al gobierno de Felipe Calderón.
En medio de esta tensión se reunieron gobernadores priistas y la dirigencia nacional de su partido para analizar cuál debía ser la respuesta ante la guerra sucia electoral del PAN y el doble rasero, de índole electoral, de la lucha contra el narcotráfico. Esto mismo fue denunciado por la bancada priista en la Comisión Permanente a raíz de los operativos en Morelos, Michoacán y Nuevo León.
–¿No habían tenido antes esa certeza de un manejo político-electoral de la lucha contra el narcotráfico?
–No, existía otra presunción que mantenían algunos adversarios políticos de Felipe Calderón: que por lo difícil de su acceso a la Presidencia de la República había tenido que sacar al Ejército a las calles para realizar una serie de operativos que le construyeran la imagen de presidente valiente y le quitara la de presidente ilegítimo que le había puesto Andrés Manuel López Obrador.
“Hasta ahí, la especulación que algunos hicieron, y que con algunos golpes eficaces la iba desvaneciendo. Pero, en este caso, han sido los mismos componentes del Estado mexicano, como los gobernadores de los estados o los miembros del Congreso, quienes han iniciado la denuncia de estas acciones en contra del narcotráfico y de la corrupción política. Esto no resulta nada sano, porque ha generado grandes confusiones y resistencias en donde no existían para el objetivo correcto, que debe ser el cumplimiento del estado de derecho.“En síntesis, fue una mala apuesta de Felipe Calderón y de su partido haber narcotizado la lucha político-electoral.”
“El régimen ya no funciona”
Impulsor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA) a principios de la LX Legislatura para avanzar en la reforma del Estado, Beltrones no abandona este punto:“Queremos que se rectifique el rumbo del país, y esto es en el entendido de que el régimen político presidencial, tal cual, ya no funciona. Fue planeado para que lo ejerciera un partido hegemónico, pero a partir de la pluralidad expresada en las elecciones el sistema no está preparado para premiar los acuerdos sino, por el contrario, parece castigarlos”, sostiene Beltrones.La agenda de reforma política que defiende el político sonorense es conocida como las “ocho erres”: la ratificación de los miembros del gabinete; la reelección de legisladores y munícipes; la reducción del Congreso para disminuir 100 diputaciones plurinominales y la reducción de senadores por la vía plurinominal; la reingeniería del gobierno para hacerlo menos pesado y burocrático; la reducción del gasto corriente; la reforma de la política social y la política de relaciones exteriores; así como la incorporación de figuras como la revocación de mandato presidencial y el referéndum. Beltrones reconoce que estas dos últimas propuestas son las más polémicas, y aclara que tanto la revocación del mandato como el referéndum “deben estar acotados para evitar su abuso y garantizar gobernabilidad”.Con todo, añade, “tenemos que regresarle a la gente instrumentos básicos para interactuar con sus gobernantes. Uno de ellos es la revocación de mandato, con el que se pueda castigar a los gobernantes y no esperar a que la Sacra Rota algún día los declare incapaces mentales, sino desde antes poderlos relevar del cargo”.
–Pero estas reformas no son las que se están discutiendo legislativamente…
–Estas erres sí están en el debate de muchos de nosotros, aunque no han permeado en la población debido a que tenemos elecciones el 5 de julio, y a que los partidos han privilegiado en su estrategia cuerpo a cuerpo para demostrar cuál es el más malo, no el mejor. Las propuestas se han hecho a un lado. Por eso, un grupo importante del priismo dentro del Congreso –en el que me incluyo– ha formado una corriente a fin de pensar, no en el 5 sino en el 6 de julio, a fin de reflexionar sobre las reformas necesarias para la gobernabilidad moderna.
–Algunos observadores han señalado que hay lentitud de parte de la dirigencia del PRI frente a los ataques de los duros del PAN. No se ve un PRI combativo, se ve un PRI reactivo...
–¿No es un error?
–No.
Reconozcamos algo: el gobierno y su partido se acuartelaron en una estrategia mediática de combate a la delincuencia que “premiaba” a un presidente valiente y a un partido político que lo acompañaba. Todo ello para tender una cortina de humo sobre el fracaso económico de este gobierno, que nos está llevando al peor decrecimiento que un país va a tener en 2009, no obstante que su diagnóstico había sido que estábamos lo suficientemente blindados y que si en Estados Unidos había un resfriado, nosotros tendríamos sólo un catarrito. Hoy vemos que es de tal tamaño el desastre, que lo tendremos que pagar con el mayor desempleo que haya vivido México.
Mal rumbo
Con una carrera de más de tres décadas en el servicio público, Beltrones ha sido diputado, dos veces senador, gobernador de Sonora entre 1991 y 1997, subsecretario de Gobernación, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el sector popular del PRI, y ahora se encuentra en la antesala de la lucha por la candidatura presidencial de su partido para 2012.Reconocido como un hábil operador político, Beltrones fue un colaborador de primera línea de los tres últimos presidentes priistas, pero también un protagonista polémico en coyunturas críticas, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la crisis poselectoral de 2006.Esa experiencia ha convertido a Beltrones en un personaje tan respetado como temido por adversarios y simpatizantes, pero también un político que se colocó como el “factor bisagra” ante la crisis inicial del gobierno de Felipe Calderón, aun cuando el PRI perdió por segunda vez la Presidencia de la República.Su posición crítica de estos momentos contrasta no sólo con su papel en la toma de posesión de Calderón, en diciembre de 2006, sino también con los acuerdos iniciales con la administración panista que llevaron a la reforma del sistema de pensiones, a la reforma electoral de 2007 y a la polémica reforma petrolera de 2008, que generó el primer enfrentamiento directo entre Beltrones y el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.
–Usted siempre ha defendido la gobernabilidad como un factor clave para la reforma del régimen político. ¿Estamos ante una crisis de gobernabilidad tal que desbarranque al régimen?
–Lo único que lamento es que el debate no esté puesto sobre lo importante sino sobre lo circunstancial. De no alcanzar las reformas políticas, económicas y sociales que el régimen requiere, 2012 podrá ser igual o peor que 2006.
Beltrones relata que, antes de tomar posesión, como presidente electo Calderón se reunió en las oficinas panistas de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, con el exdirigente nacional priista Mariano Palacios Alcocer, con el propio Beltrones y con su homólogo en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón.“En una plática amable y coloquial (Calderón) nos habló de la posibilidad de un cogobierno, que podría iniciarse con la presencia de algunos priistas en ciertas secretarías. Ahí, con enorme claridad y honestidad, Mariano Palacios le dijo que si quería llegar a una nueva forma de gobierno, lo estableciera en la Constitución, creando las nuevas instituciones, y alejándonos de las ocurrencias que inició Ernesto Zedillo entregando la PGR a un panista como cuota de poder, pero no con una visión de modernización del sistema político mexicano.”En julio del año pasado, en vísperas de la presentación de su libro Señal de alerta. Advertencia de una regresión política, el expresidente del PAN, Manuel Espino, comentó al reportero Álvaro Delgado que Felipe Calderón buscó una concertacesión con Beltrones poco antes de que llegara a Los Pinos.“Según Espino –escribió Delgado–, es lógico que Calderón busque reformas por la vía de la negociación. ‘Lo que no entiendo es que, a cambio de promesas, se le otorguen concesiones a un hombre como Manlio, un hombre escurridizo, que suele cobrar antes de cumplir y que finalmente tiene el propósito de ser determinante en la sucesión presidencial con él como candidato o con alguien que él apoye o ponga de candidato de su partido. Me parece que es válida la negociación, pero el extremo hasta donde la está llevando me parece que está cerca de la temeridad’.” (Proceso 1654) Inevitable la comparación con lo sucedido en la Presidencia de Ernesto Zedillo, y reciente el debate generado por las declaraciones del expresidente Miguel de la Madrid sobre la familia Salinas de Gortari, se le cuestiona a Beltrones sobre las reacciones generadas por las participaciones recientes de los expresidentes.
Responde:
–Es un debate a destiempo y difícil de evaluar por tantos desmentidos. Estos últimos nos obligarían a hacer hipótesis o elucubraciones, y yo hace tiempo que me alejé de eso.
Peña Nieto: homofóbico y represor
Sin una legislación que prevenga y castigue la discriminación, el Estado de México ocupa el segundo lugar nacional en crímenes de odio por homofobia, con 63 asesinatos en 10 años. La última víctima es un profesor al que enviaron a Almoloya, donde fue violado, luego de dos desalojos y golpizas a padres de familia y menores discapacitados que lo apoyan. La justicia mexiquense, el Conapred y la CNDH lo ignoraron por su preferencia sexual, a pesar de pronunciamientos en su favor de eurodiputados y organizaciones internacionales. Hoy se esconde en el DF por temor a que lo maten.
Decenas de padres de familia y niños y niñas con capacidades diferentes protestan afuera del Centro de Atención Múltiple 33 y 34 de Ecatepec, para pedir la reinstalación del director Agustín Estrada Negrete, despedido por ser homosexual. Una multitud de policías entra en escena, acorrala a los manifestantes. Un grupo se va contra la quinceañera Alejandra Guzmán, y aunque ella les advierte que sufre convulsiones, la masa uniformada la arrastra de los cabellos, la empuja, la patea y la avienta a una patrulla, como si fuera un bulto. Alguien la envuelve en una cobija antes de llevarla a la procuraduría. La niña recuerda que la querían desmayar a golpes en la cabeza y que, antes de desvanecerse, tenía una agente saltándole sobre la cadera y otra sentada encima.Esto ocurrió el 7 de mayo en Ecatepec, a las puertas de la escuela para niños con habilidades diferentes que levantó el maestro Estrada Negrete y que desde entonces es resguardada por una docena de policías con armas largas. Así se aprecia en la grabación que tiene Proceso. El país estaba en plena alerta sanitaria por la influenza; los funcionarios mexiquenses que presencian el desalojo se identifican en las imágenes por llevar cubrebocas. La grabación da cuenta de cómo en Ecatepec se activaron los mismos resortes policiacos con los que el gobernador Enrique Peña Nieto repelió las manifestaciones de Atenco en febrero de 2006. Entonces el resultado fue de 26 mujeres abusadas sexualmente por policías. En febrero pasado ya había ocurrido un desalojo similar en esa escuela para niños especiales. Entonces varios menores de edad se convulsionaron, mamás y papás fueron golpeados, y niños como Luis Lezama, de 11 años, que quería auxiliar a su hermana sorda de la golpiza, debió tragar gases lacrimógenos. Otra niña, Julia Daniela, de ocho años y con microcefalia, fue empujada por policías y su mamá aventada por tratar de defenderla.El saldo en el operativo de mayo, según los testimonios recabados, fue la expulsión masiva de menores de edad con capacidades diferentes que estudiaban la secundaria, el desalojo violento de los manifestantes y la golpiza a varias personas, entre ellas un abogado y el director Estrada Negrete –ambos homosexuales– y la violación tumultuaria a este último.
Recados
La ira institucional contra Estrada Negrete se desató el 17 de mayo de 2007, cuando se caracterizó de mujer para representar un número musical de La jaula de las locas, con varias mamás, en un festival contra la homofobia organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Cuando su foto apareció en los periódicos, varios maestros pidieron su destitución, lo acusaron de travestirse en clases y recibió reclamos de la Secretaría de Educación estatal. Padres de familia con los que construyó la escuela, que antes era un basural, salieron en su apoyo y organizaron manifestaciones.Según la versión del exdirector, luego de varios meses de tensiones, aceptó la propuesta de la Secretaría de Educación de tomar una licencia y separarse temporalmente de sus funciones para que los menores regresaran a clases. El 16 febrero de 2009, fecha del vencimiento de la licencia, después de entregar su informe pedagógico, intentó entrar a la escuela acompañado por padres de familia, pero policías y funcionarios les negaron el acceso. Desde entonces tampoco permiten la entrada a los estudiantes de secundaria que él había admitido durante su gestión, que tomaban clases con maestros del INEA, ni a los hijos más pequeños de las mamás que lo apoyaron, que asisten a primaria y preescolar.“Mi hijo tiene incapacidad intelectual y motriz, nos dijeron que lo lleváramos a otra escuela. Pero, ¿dónde me lo van a recibir si no lee de corrido y ya tiene 14 años?”, dice Rosalinda Ordaz, madre de un adolescente con discapacidad intelectual que sufre convulsiones.Los menores excluidos tomaron clase durante dos meses afuera de la escuela, en la banqueta, debajo de una lona. “Estábamos bajo un solazo, ni dónde ir al baño, y ahí pasan las combis, teníamos miedo de que los fueran a atropellar; tenía que ir una mamá con ellos”, narra Delfina Guzmán, madre de tres adolescentes de lento aprendizaje con problemas de convulsión de 12, 14 y 15 años.En el intento por ser reinstalado en su cargo, Estrada Negrete se topó con funcionarios de las secretarías de Gobernación y Educación estatal, así como de la Comisión de Derechos Humanos local, que le negaban su reingreso con un mismo mensaje como colofón: “El gobernador no quiere putos”.El 7 de mayo, las familias bloquearon la escuela y se armó la golpiza documentada en el video. El maestro y varias mamás se dirigieron a Toluca a protestar al palacio de gobierno, pero, en vez de funcionarios, los recibieron policías que se llevaron y golpearon a su acompañante, el abogado Jaime López Vela, director de Agenda LGBT, una organización que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y transexuales en México. Estrada Negrete pidió que soltaran a López Vela y se ganó una golpiza. Una fotografía publicada en internet da cuenta del momento en que los policías lo suben violentamente a una ambulancia. Adentro lo patean y le aplastan los testículos. “Me decían que el gobernador no quiere putitos, que renuncie, que soy mal ejemplo para los niños, que si insisto más me matarían. Me llevaron a los sótanos de la procuraduría, me levantaron la camisa, me volvieron a pegar en el estómago”, dice en entrevista. De la procuraduría lo llevaron directo al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de obstrucción a las vías de comunicación. No pasó por los separos. Cuando la puerta se abrió un custodio lo recibió a cachetadas y a gritos de “pinche putito”. Lo entregó a un preso que lo condujo por entre las celdas.
En el trayecto, los otros reos lo iban desnudando. Lo dejaban sin pantalón, sin camisa, sin chaleco, sin zapatos, mientras lo amenazaban con gritos de “aquí te vamos a hacer machito” o “esta es la jota de la marcha gay”.Pasó la noche de pie en la celda 4 por falta de espacio. Uno de los inquilinos le prestó una pantalonera azul y una sudadera con capucha. Al día siguiente, otro le aconsejó que llamara a su familia para avisarles dónde estaba. Mientras pasaba entre las celdas 1 y 2, sintió un golpe en la espalda, le taparon la cara con la capucha, lo patearon, lo asfixiaron, lo jalaron hacia una celda, lo sostuvieron entre varios de las manos y los pies, le desgarraron la ropa y lo violaron por turnos.“Fueron aproximadamente 12 los que lo hicieron”, llora mientras lo narra.“Por cerrar calles te vamos a cerrar el culo”, le gritaban, y algunos le advertían que no tenía que regresar a la escuela. Un preso intercedió por él y lo dejaron. Débil, a punto del desmayo, quedó tendido en el suelo. Se dirigió al teléfono público y le pidió ayuda a su hermana. Alguien le arrebató la tarjeta telefónica y, frente a los custodios, otra vez lo violaron. Su familia pagó los 26 mil pesos que le exigieron de fianza y la noche del sábado 9 de mayo obtuvo su liberación. “Quise denunciarlo, pero en el Estado de México no me quisieron levantar un acta”, dice, y llora con más tristeza. Al abuso sexual se le sumó la humillación de ser ignorado por su preferencia sexual. Cuando lo soltaron, el colectivo LGBT le tramitó un pase a la clínica Condesa para que se sometiera a exámenes de detección de VIH y de enfermedades venéreas. “Salió negativo, no sé dentro de tres meses qué pase”, dice resignado.En la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su denuncia tampoco tuvo eco. Le dijeron que tenía que acudir a las instituciones mexiquenses. La Red Todos los Derechos para Todos y Todas lanzó una acción urgente y ha recibido el apoyo de eurodiputados y organizaciones internacionales.“Ha sido un camino un poquito difícil, pero aquí estamos. Trato de mantenerme entero, aunque estoy prácticamente condenado a muerte por el gobernador, que es homofóbico, y todo su aparato represor”, dice desde la Ciudad de México, donde está escondido por miedo a ser asesinado.Su caso no es aislado. Alejandro Brito, director de Letra S, señala que el Estado de México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia, con 63 asesinatos en 10 años. La cifra, dice Brito, puede ser tres o cuatro veces mayor de la que se documenta en la prensa. El código penal mexiquense, a diferencia de otros más avanzados, no castiga actos de discriminación ni a quien promueve crímenes de odio, menos por motivos de orden sexual. Dentro del gobierno mexiquense, la Secretaría de Educación encabeza la lista de dependencias discriminatorias, según la CEDH.Los testigos
En el desalojo de febrero, “llegaron granaderos y empezaron a aventar a los niños y a las señoras. En ese momento mis dos hijas y una sobrina de ella convulsionaron. Se pidió una ambulancia que no llegó, las personas de derechos humanos estaban nomás viendo”, narra una señora desde el galerón donde toman clases los menores, con una cortina como puerta del baño improvisado.La chica que aparece en el video del 7 de mayo, a la que la encobijan y suben a golpes a la patrulla, está presente. “Al principio nada más me agarraron y jalaron, se me amontonaron. Yo les dije que por qué me iban a pegar si soy menor de edad y mujer, que me dejaran porque me convulsiono. Me dijeron que si me moría sería mejor para ellos, así nomás me iban a aventar a un barranco a que me comieran los perros. Una me metió un puñetazo en la boca, me azotaron la frente contra una banqueta para desmayarme a puro golpe de cabeza. En la patrulla me desmayé porque iba una sentada en mi cabeza y otra brincando en mi cadera. Cuando desperté estaba en el MP, me acusaron de que estaba teniendo relaciones en un carro”, dice la quinceañera Alejandra Guzmán, quien es de lento aprendizaje.Los aventones también le tocaron a Julia Daniela, una niña de ocho años con microcefalia, que fue llevada a la bodega para que su mamá diera su testimonio. Ella es una de las menores que no volverán a clase al CAM y que se la pasa encerrada en casa.Luis Lezama, un chiquillo de pelo engominado y peinado como tiburón, dice: “Ya se querían llevar a mi hermana y por defenderla, porque la estaban golpeando y se podía convulsionar, me echaron gas lacrimógeno en los ojos, me ardía todo alrededor. Y sí le pegaron, aunque es discapacitada; trae moretones por los macanazos”.Una anciana cuenta: “Yo jalé a un policía para que no golpeara a mi hijo, por eso me aventaron y me caí”. Jesús Guillermo, un adolescente de 17 años y con dificultades para hablar, asegura que “los granaderos le pegaron a mi papá, lo empujaron los granaderos”, y después de terminar la frase comienza a temblar.Las mamás que cuidan a los niños en la escuela improvisada sostienen que defendieron al maestro por justicia, porque él construyó la escuela.“Era un campo con tres salones de cartón prensado, con todos los niños revueltos, y teníamos que pedir que les dieran permiso en otra escuela para ir al baño. Era un basurero de por sí, había rocas, víboras, ratas, muchas cosas. Estaba feo”, recuerda la señora Reyna Escobar, madre de un niño de lento aprendizaje y con problemas de lenguaje. Los alumnos eran la burla del barrio. Al basural lo conocían como ‘la escuela de los locos’. Coinciden en que “el maestro Agustín” convocó a la gente para que hicieran “faena” sábados y domingos. Tras año y medio de acarrear grava y arena, echar cemento y poner tabique, construyeron 10 salones y la dirección, pusieron piso y rampas. También consiguió maestros.Agustín Estrada Negrete incluyó a los alumnos que se graduaban de primaria y consiguió maestros del INEA para que les dieran clases de secundaria en esas instalaciones, además de enseñarles un oficio. Muchas familias mexiquenses de rumbos lejanos buscaban matricular a sus hijos en esa escuela porque ahí no sólo los capacitaban para el trabajo, como ocurre con el resto de niños que se gradúan de primaria y siguen el plan del gobierno mexiquense para adolescentes especiales. “Él también nos hizo pensar que no teníamos que discriminar a nuestros hijos, que había que defenderlos con uñas y dientes y aceptarlos como son. Muchos de nuestros niños toman medicamentos caros y, cuando no tenían, él hacía vendimias o rifas, o de su bolsa sacaba dinero”, dice Reyna Escobar, mamá de Gerardo, un niño con dificultades de lenguaje y aprendizaje.Ellas aseguran que, en las manifestaciones, los funcionarios les dijeron que el gobernador los había mandado a golpearlas. Por eso, los carteles que tienen en la bodega: “Peña Nieto homofóbico y represor”.
Irregularidades
El subsecretario de Educación Básica del gobierno mexiquense, Ernesto Monroy Yurrieta, dice que Estrada Negrete miente, porque fue él quien solicitó licencia para realizar estudios de capacitación, sin presiones de ningún tipo, y que siguió percibiendo su sueldo. En entrevista rechazó que se le hubiera discriminado por su orientación sexual; prueba de ello, asegura, es que desde 2004 era director. No se manifestó sobre la acusación que el maestro hace de golpizas y violación por órdenes del gobernador; el funcionario sólo mencionó que tendrá que probarlo. Agustín Estrada Negrete “no hizo ningún trámite de reincorporación, no lo ha hecho ni ha dado reporte completo y satisfactorio, como marca la reglamentación, por el año que solicitó el permiso; por tanto, no ha sido reincorporado. No cumplió y los tiempos están vencidos. No puede ingresar con movilizaciones o presiones sociales si no cumple los requisitos. Durante los ocho o 10 meses del período con goce de sueldo, no reclamó nada y siguió cobrando su sueldo”, dijo en entrevista.Según el funcionario, la secretaría hubiera querido que Estrada se reincorporara en actividades de más nivel para aprovechar de mejor manera sus capacidades y su aprendizaje. Y señaló que, antes, los padres de familia se habían quejado de que Estrada “no realizaba las actividades completas”, llevaba a niños a manifestaciones políticas y había incluido ilegalmente a niños de secundaria en la escuela que, por su edad, no podían estar con los de preescolar y primaria.
Dijo que los CAM 33 y 34 tienen una “matrícula muy amplia”, de 199 niños, y que a los adolescentes de secundaria no se les pudo admitir, pero podrán ser incorporados a otros centros que ofrecen talleres. Admitió que la escuela está resguardada por policías y que se apoyaron en los cuerpos policiacos para quitar un candado, pero negó que se hubiera usado la fuerza, a pesar de que el video documenta la violencia. l
Bours: Fabricante de ricos… y de pobres
El paraíso financiero que el gobernador Eduardo Bours prometió al inicio de su mandato, y que iba a construir con su ambicioso Plan Sonora Proyecta, se esfumó. Ideado para beneficiar a los empresarios con contratos de obra pública y no a la población, el programa quedó pendiente, de modo que las verdaderas obras de Bours al final de su gestión son: millón y medio de pobres, la megadeuda de 16 mil millones, un férreo cacicazgo político, así como sonados casos de corrupción y tráfico de influencias.
HERMOSILLO, SON.-Cuando Eduardo Bours Castelo empezaba a gobernar prometió que Sonora sería la principal entidad del noroeste del país por su capacidad financiera, ya que él la modernizaría hasta convertirla en “un estado de primer mundo”. Sin embargo, al final de su sexenio el mandatario y empresario dejará una deuda aproximada de 16 mil millones de pesos, 1 millón y medio de pobres, una red de complicidades políticas en las que destaca su propia familia, enriquecida al amparo de su poder, y sospechas de que su gobierno fue infiltrado por el narcotráfico, por lo que los sonorenses difícilmente olvidarán la estela de escándalos. A las críticas por el enriquecimiento de la familia Bours, que amplió sus negocios al turismo, la acuacultura y la especulación inmobiliaria en este sexenio, se suma la averiguación previa que la PGR abrió contra Lázaro González Cruz, jefe de escoltas del mandatario estatal, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico (Proceso 1643). De igual forma, se abonan en las cuentas del gobernador el fracaso del Plan Sonora Proyecta, por el cual adquirió una deuda millonaria a pagar en los próximos 30 años, y la trágica muerte de 45 infantes en el incendio de una guardería que es parte de un amplio negocio en manos de funcionarios del gobierno estatal. Con todo, Bours se prepara para pelear por la Presidencia de la República en 2012, pero no por el PRI que lo llevó a la gubernatura, sino a través de Partido Nueva Alianza (Panal), creado por su amiga Elba Esther Gordillo, quien ha dicho en varias ocasiones que el gobernador de Sonora es uno de sus favoritos para disputar el máximo cargo de elección popular. Su carta fuerte para alcanzar esa candidatura son los supuestos “logros económicos” de su gestión. Según el último reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), en el trienio 2003-2006 la situación competitiva del estado mejoró, ya que se ubicó en el lugar 14 en cuanto a la formación bruta de capital fijo (la productividad), en el sexto por su estabilidad económica y en decimoprimero por la fortaleza de los sectores económicos. Estas cifras no seducen a todos. La candidata del PRD al gobierno del estado, Petra Santos, asegura que la actual administración deja tras de sí 1 millón y medio de pobres, concentrados en las comunidades campesinas e indígenas del sur sonorense. El déficit también es político. Datos del mismo Imco indican que Sonora está casi en el fondo de la lista nacional en desarrollo democrático, en el lugar 30, debido al cacicazgo político absoluto del gobernador y empresario tanto en el PRI estatal como en el Congreso, en los medios de comunicación y en órganos que deben ser autónomos como el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Alejandro Covarrubias, profesor e investigador del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, precisa que si bien es cierto que Bours ha tomado decisiones que han ayudado a atraer inversiones, “de nada nos sirve compararlo con Oaxaca o Chiapas, porque no se puede comparar. Nosotros seguimos siendo el estado que está a la zaga, entre los últimos en la frontera norte”. El doctor en relaciones industriales y laborales por la Universidad de Cornell destaca la contradicción entre la aparente marcha económica y el rezago político de Sonora bajo el gobierno de Eduardo Bours.
–¿A qué se debe ese rezago?
–Entre otras cosas se debe a que no hay alternancia en el gobierno de Sonora, no hay apertura política y el funcionamiento institucional tiene limitaciones que dejan mucho que desear.
–¿Ese aspecto refleja lo que ha sido el gobierno de Bours, de control, de familias de poder?
–Sí, esa es una interpretación que ustedes pueden dar, pero yo en lo personal he puesto énfasis en que las instituciones que tiene la democracia no han avanzado en Sonora, y en esto cito dos casos particularmente: las instituciones vitales en la trayectoria política ciudadana, que son el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nosotros, en esas comisiones, hemos visto un operar prácticamente desde arriba, empezando con la elección de consejeros y siguiendo con la elección del presidente de la CEDH. Covarrubias señala que en 1997, cuando se creó el Consejo Estatal Electoral, se vio con esperanza que había sido integrado con gente respetada, académicos con trayectoria, honorabilidad e independencia probadas, pero que a partir de 2003, con la llegada de Bours, la selección de consejeros se hizo siempre en un marco de conflicto “en el que los consejeros aparecían etiquetados”. Y lo mismo ocurrió con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En ese sentido, insiste en que en el discurso de Bours representaba una posibilidad de modernización y transformación económica, pero que en la práctica nunca tuvo un discurso equivalente de modernización política.
Fracaso económico
A mediados de 2007, Eduardo Bours presentó el ambicioso Plan Sonora Proyecta (PSP), a través del cual se planteaba el crecimiento económico estratégico y el desarrollo social del estado. “Es lo que Sonora necesita para ser un estado de primer mundo”, aseguró entonces el gobernador. El complicado esquema financiero creado por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, amigo del gobernador, consistía en crear uno o varios fideicomisos para administrar, en 30 años, 114 mil millones de pesos provenientes de los impuestos de tenencia, placas y el impuesto a autos nuevos, monto estimado entonces por el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del estado, Florencio Díaz Armenta. En agosto de 2007, Bours mandó dos iniciativas para reformar la Ley de Deuda Pública con el fin de permitir la operación de un fideicomiso de financiamiento para obtener de inmediato hasta 9 mil 200 millones de pesos, emitiendo bonos garantizados con activos u otro tipo de deuda. Con estas iniciativas, aprobadas con un solo voto de diferencia, el gobernador señaló que obtenía de entrada 4 mil millones de pesos “para detonar” la creación de infraestructura en los 35 municipios, mientras que los 5 mil 200 millones de pesos restantes se destinarían a pagar la deuda pública de entonces. Según las alegres cuentas oficiales, los bonos estarían asegurados por tres décadas y, en caso de que los recursos del fideicomiso no fueran suficientes, el seguro lo cubriría. Además, Bours prometió un ahorro de 560 millones de pesos en cuatro años, pues la tasa de interés que se aplicaría sería 13% menor a la que pesaba sobre la deuda de aquel tiempo. “Es decir, los bonos limpian la deuda, dan recursos extras, se paga una tasa más barata y, al estar asegurados, se reduce el riesgo para ésta y las futuras administraciones”, afirmó Bours al presentar el PSP en mayo de 2007. Pero el ambicioso plan se detuvo. En septiembre de 2007, algunos diputados inconformes presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las iniciativas a la Ley de Deuda Pública, alegando que contraviene el artículo 117 de la Constitución Política Mexicana, el cual señala que los estados no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas. El caso es que las obras “estratégicas” de Bours no generan recursos porque se trata de la remodelación de auditorios, construcción de puentes, plazas públicas, caminos y carreteras, pasos peatonales y parques urbanos. Así, aunque el gobernador sonorense tiene experiencia de negocios –y pese a que su familia obtiene impresionantes ganancias con los hoteles de lujo en Puerto Peñasco, la compraventa de terrenos en Ciudad Obregón, la impresionante empresa acuícola Larvas Génesis y las trasnacionales Ocean Garden y Bachoco–, se le cayó su principal apuesta económica de gobierno. La mencionada controversia constitucional sigue sin resolverse y, según algunos especialistas, Bours podía continuar las obras, ya que el fideicomiso nunca estuvo impedido para emitir bonos o para contratar un préstamo porque la controversia no tiene efecto retroactivo. Pero el gobernador no lo hizo y la deuda creció. El 30 abril del 2008, tras cuatro meses sin gestionar el financiamiento, el gobernador recurrió a su viejo amigo Roberto Hernández, el dueño de Banorte (banco del cual era socio el propio gobernador). Le pidió 4 mil 588 millones de pesos, de los cuales 4 mil millones destinó a las obras y el resto a gastos de constitución de crédito y de reservas. La candidata perredista Petra Santos sostiene que sólo por intereses de ese préstamo ya se deben 9 mil millones de pesos y que la deuda que dejará Bours al terminar su gestión será de 16 mil millones. “El próximo gobernador recibirá un estado en bancarrota. Se planeaban 70 obras, pero la mayoría no están terminadas. Sólo 10 han sido concluidas, pero con mala calidad, y ya no le va a alcanzar el tiempo porque termina su gobierno en septiembre. ¿Dónde está el dinero? Lo han gastado en las campañas, hay derroche”, asegura la legisladora, que junto con los panistas promovió la controversia constitucional. Afirma que el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Padrés Elías, y el del PRI, su primo Alfonso Elías Serrano, han gastado 500 millones pesos cada uno, cuando la ley establece un tope de 80 millones. Dice Santos que esos aspirantes pagan páginas completas de propaganda en los periódicos, a razón de 1 millón y medio de pesos diarios. “Por eso la prensa está muy controlada”, advierte.
Beneficio para empresarios
Guillermo Noriega Esparza, director de la agrupación civil Sonora Ciudadana –quien renunció al consejo que vigilaría el desarrollo del PSP al descubrir que los constructores establecían las reglas de licitación–, advierte que ese plan se encamina al fracaso. Señala que no se ha visto el cumplimiento de los objetivos básicos para los que fue creado, como detonar el crecimiento y el desarrollo de la entidad. “Sigo viendo al estado en las mismas condiciones, con más puentes tal vez, pero persisten las mismas deficiencias”, explica. Desde el principio, Noriega ha sostenido que al PSP le hizo falta carácter social, pues no se tomaron en cuenta las verdaderas necesidades de la población, como las plantas de agua potable y la pavimentación de las calles de muchas ciudades pequeñas, donde la gente se enferma de las vías respiratorias por el polvo. “El punto es a quién favorece la construcción de la infraestructura. No es a la sociedad, sino a los constructores y a los empresarios”, critica. De acuerdo con investigaciones de varios organismos civiles, el gobierno de Eduardo Bours se ha caracterizado por el continuo tráfico de influencias para beneficiar a sus familiares y amigos. En marzo de 2006 una de sus primas, Rossana Robinson Bours Muñoz, cinco de sus hermanos y cuatro amigos vendieron al gobierno varios lotes en el centro de la ciudad de Cajeme en 10 millones y medio de pesos para que ahí se construyera el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cuando se le cuestionó al gobernador esa transacción, contestó que no le importaba las críticas porque la compraventa “no fue ilegal ni inmoral”. Otro caso fue la compra de 270 autobuses que el gobierno de Eduardo Bours le hizo a su hermano José Gerardo, socio y director general de la automotriz Mercedes Benz en la entidad. La operación, en el marco del Sistema Estatal para la Modernización del Transporte Urbano (Suba) –que a la postre fracasó al cambiar las rutas de los autobuses sin tomar en cuenta a los usuarios–, se realizó a pesar de que el Congreso de Sonora señaló claramente que contravenía la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y las unidades eran más caras de lo previsto. El director de Sonora Ciudadana señala que tampoco en el PSP se mostró la transparencia prometida a lo largo de la administración de Bours. “El gobernador dijo que sería un plan sumamente transparente y hasta el momento hemos visto que no funciona el Consejo Ciudadano de Vigilancia. Yo renuncié por la nula intención de ser transparentes, no me quise prestar a una simulación y tener sobre mis espaldas el engaño del que ha sido víctima la población, porque realmente se está manejando como un programa netamente electoral.
–¿Va hacia el fracaso el plan?
–La tendencia es que la gente se dé cuenta de que los objetivos planteados desde el inicio no eran los correctos, porque no se detona el desarrollo del estado a partir de crear puentes e infraestructura. Esto sólo es una parte de una serie de actividades o de inversiones en capital humano y, además, con una visión estratégica, apuntando hacia un objetivo determinado. No veo que las obras del Plan Sonora Proyecta tengan una estrategia de gobierno, veo las obras más perfiladas a ser acciones de relumbrón electoral que de una idea estratégica.
–¿No llama la atención que siendo Bours un empresario haya manejado mal ese plan?
–No, creo que es todo lo contrario porque, siendo un empresario, manejó eso para beneficiar a los empresarios y no a la población. Si dentro del PSP se hubiera planteado la creación de una planta para proveer de agua a la región cuando no la hay, hubiera sido una obra estratégica que beneficiara a la población, pero no fue así: el beneficio es para el constructor. Lo único que está haciendo (Bours) es tratar de salvar todo su sexenio e incidir en la elección.
–¿Qué constructoras se han visto beneficiadas?
–Prácticamente todas ellas son sonorenses. Unos meses antes de empezar el PSP aprobaron una nueva Ley de Obras Públicas en la cual las cámaras de constructores participaron en la definición de las reglas del juego. Entonces se generaron entre ellos mismos beneficios que inhibieron una sana competencia, y eso se llevó a cabo en complicidad con el gobierno. Por ejemplo, dice Guillermo Noriega, si la constructora es del estado se le da una ventaja de 5% en la licitación y otro 5% si pertenece a una cámara empresarial, lo cual califica como un acto de corrupción. Por eso, dice, “a mí eso me ha creado una sospecha de quiénes son los principales donantes de las campañas del PRI, (es necesario) ver dónde terminaron esos millones de pesos del PSP que beneficiaron a los constructores. Muy posiblemente esos mismos constructores que se beneficiaron con las obras son los principales donantes de las campañas”.
Industria venenosa
Industrias Bachoco, la joya de la corona del grupo empresarial de la familia de Eduardo Bours, gobernador de Sonora, no sólo controla 70% del mercado de producción avícola y porcícola en México, junto con las trasnacionales Pilgrim’s Pride y Tyson, sino que se ha convertido en una de las compañías insistentemente señaladas como generadora de desechos tóxicos agroindustriales cuya contaminación es uno de los posibles factores del brote epidémico de la influenza humana. Con 700 centros de producción y distribución en todo el país, las protestas contra Bachoco se han agudizado en los últimos años, particularmente en La Rosa Mística, comunidad del municipio de Perote, Veracruz, donde el alcalde Esteban Escamilla denunció un incremento de 15% de enfermedades diarreicas y respiratorias por la emisión de desechos de las granjas avícolas.
También en Acatlán, Puebla, donde una extensa nube de humo gris fue identificada como la causante de un brote de enfermedades respiratorias desde noviembre de 2008. En cinco colonias de Coatzacoalcos, Veracruz, denunciaron en septiembre de 2006 a Bachoco por las emanaciones contaminantes que generan sus procesos de quema de vísceras y plumas de pollos. Lo mismo en las comunidades de Torrecillas y Los Ángeles, en Villagrán, Guanajuato, que acusaron en abril de 2008 a las granjas de cerdo de Bachoco de arrojar durante una década desechos orgánicos a cielo abierto, lo que genera fauna nociva, principalmente moscas. Y en Crespo, en el municipio de Celaya, los habitantes se han quejado por la contaminación de las aguas y porque Bachoco tira residuos pestilentes y peligrosos en el basurero de Tinajitas. La respuesta invariable de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante las numerosas quejas en contra de Bachoco es que “están investigando”, que “son procesos largos”. El 4 de marzo de 2009, la delegación de la Profepa en Celaya informó que ya han “sancionado” a la empresa de la familia Bours por el mal manejo de sus residuos tóxicos, pero la contaminación prosigue. En San Luis Potosí, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales documentó que esta entidad posee la tercera parte de los 31 sitios más contaminados del país y señaló entre los responsables a la planta de Bachoco en el Periférico Sur; el sitio de confinamiento La Pedrera, en el municipio de Guadalcázar, y el basurero de Peñasco. San Luis Potosí fue uno de los estados más afectados al inicio de la epidemia de influenza A/H1N1. En las colonias Nueva e Independencia, de Apatzingán, Michoacán, los pobladores demandaron en marzo de 2006 la reubicación de granjas avícolas, cansados de los fétidos olores que deja la quema de plumas. El cabildo acordó citar a los propietarios, pero la regidora perredista María Guillermina Albarrán Martínez las defendió porque “las granjas de pollos llegaron primero a esos lugares que los vecinos”. En general, “hay poco conocimiento sobre los efectos de sus desechos agroindustriales en la población; los habitantes siempre se quejan por los olores fétidos y la respuesta de las autoridades invariablemente ha sido proteger a las empresas y no hacerle caso a los vecinos”, subraya Iván Restrepo, periodista y ambientalista que desde hace cinco años denunció el caso de Granjas Carroll, filial de la estadunidense Smithfield Foods, en Perote. “Una de las grandes lagunas en nuestra normatividad es el destino de los desechos agroindustriales. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa) nunca dice nada al respecto en entidades como Sonora, Michoacán, Jalisco o Veracruz, donde están los sitios más contaminados”, asegura Restrepo, consultado por Proceso. Apenas el 29 de abril, en plena emergencia sanitaria por la epidemia de influenza todavía llamada porcina, el jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Sagarpa, Enrique Sánchez Cruz, declaró que las granjas porcícolas no tienen ningún problema de contaminación y rechazó que el virus de influenza tuviera su origen en México. “Las características nos indican que tiene cortes genéticos de cerdos euroasiáticos, pero no tenemos precisión de cómo llegó al país; lo que sí se descarta es que sea transmitido por cerdos mexicanos”, sostuvo el funcionario federal. Restrepo reprocha que ni siquiera existan estudios epidemiológicos sobre el efecto de los desechos agroindustriales en la población. “Es fundamental el seguimiento. Lo ocurrido en Perote con la influenza es un ejemplo de lo que no debe suceder. Esta es una gran oportunidad para que la gente demande a las autoridades que investigue a fondo”, sentencia el colaborador del periódico La Jornada y ganador en 2005 del premio al periodismo ambiental otorgado por la Feria del Libro de Guadalajara.
La ruta contaminadoraEl año pasado, en Estados Unidos, el Centro de Investigación Pew emitió un informe sobre la producción animal en las granjas industriales y destacó el peligro de que “el continuo reciclaje de virus en grandes manadas o rebaños incrementará las oportunidades de generación de virus novedosos, mediante mutación o eventos combinados, que podrían propiciar una transmisión más eficaz de humano a humano”. La misma comisión advirtió que el uso intensivo de antibióticos en las fábricas de cerdos favorecía el incremento de estafilococo dorado, resistente a los antibióticos, y los lixiviados de los desagües producían brotes de ecolli y pfisteria. La producción intensiva de aves y puercos se concentra en grandes trasnacionales de la agroindustria, como son Smithfield Foods, Tyson Foods, Pedue Farms, ConAgra Poultry, GoldKist Inc. y Bachoco, uno de los 10 principales productores de pollo a nivel mundial. Pilgrim’s, Pride y Bachoco recurren al uso intensivo de estimulantes para el crecimiento, inyecciones de hormonas y vacunas para aumentar la velocidad de maduración, generando un severo problema con los desechos provocados por estas gigantescas granjas. Tyson Foods, la mayor procesadora de carne de pollo, res y puerco en el mundo, es un corporativo trasnacional con ingresos de 26 mil millones de dólares al año. Con 114 mil empleados en 300 plantas distribuidas en todo el mundo, fue una de las industrias que más ganaron en 2005 con el escándalo internacional provocado por la epidemia de gripe aviar que brotó en Tailandia y China. El investigador William Engdahl, entrevistado por la agencia Acción Ecológica, afirmó que “sería importante saber si alguno de los casos de gripe aviar documentados en China en los últimos años podría haber sido originado por importaciones de pollos de Estados Unidos de productores gigantes como Tyson Foods o por granjas de producción de pollos locales de esas compañías en China o en otros lugares de Asia”. Para Iván Restrepo, lo grave son las prácticas contaminantes que realizan en países como México, mismas que no les permiten en otras naciones como Canadá o Estados Unidos. “Nos ven como un auténtico traspatio”, afirma. En México, Tyson Foods tiene plantas en La Laguna, Puebla, Nuevo León y Sinaloa. “El problema es que emplean químicos de manera intensiva y tienen más libertad para su uso aquí que en Estados Unidos. Hasta ahora, las autoridades federales no tienen ni siquiera un inventario de las sustancias tóxicas y peligrosas que se utilizan en esta industria”, señala Restrepo. En el caso mexicano, la empresa Bachoco, productora de huevo, pollos, carne de cerdo y alimentos balanceados, ha sido señalada en varias comunidades como una de las principales agroindustrias contaminadoras. Por ejemplo, en agosto de 2006, Humberto Nájera Ramírez, de la Red Ciudadana para el Bienestar Integral A.C., denunció la contaminación que desde hace años Bachoco vierte a la atmósfera en Coatzacoalcos, Veracruz. “Es una peste horrible. Si un día te toca ir por allá saldrás con náuseas y dolor de cabeza porque no se soporta”, aseguró. La compañía Fertilizantes Tepeyac, también propiedad de la familia Bours, ha sido sometida a nueve auditorías sanitarias en Sonora por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que utiliza sustancias prohibidas en Estados Unidos, como paratión, endosulfán y asodrín, según anotó la reportera Jesusa Rodríguez (Proceso 1581). Esas auditorías se realizaron entre 2004 y 2006 en las plantas ubicadas en Cajeme, Hermosillo, Caborca, Guaymas y Benito Juárez. El vacío regulatorio es grave. La última norma oficial para “la transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación animal” fue publicada el 28 de junio de 2001 en el Diario Oficial de la Federación. Esta norma no prohíbe explícitamente arrojar los desechos de la industria avícola y porcícola y sólo se les ordena instalar “una planta de rendimiento, de acuerdo con lo indicado en esta norma”.
El desamparo, un "nicho de mercado"
Sedesol, IMSS e ISSSTE se han convertido en auténticas franquicias para quienes desean lucrar con el cuidado de menores de 4 años. Así, la administración calderonista ha changarrizado un elemento esencial de la seguridad social, incluso con la anuencia del DIF para eludir las normas oficiales que deben regular a las estancias y guarderías infantiles.
Convertidas en negocio privado durante el gobierno de Vicente Fox, y consolidado por Felipe Calderón, las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y las guarderías subrogadas por el IMSS y el ISSSTE incumplen las normas y los lineamientos fijados para su operación por las mismas autoridades que les permiten seguir explotando un “mercado” de más de 430 mil niños, pese al peligro probado que representan. “Es la changarrización del servicio”, denuncia el académico de la UAM Iztapalapa, Gustavo Leal. “Es un negocio lucrativo. Con estas instancias abrieron la puerta a la privatización del servicio”, sostiene Lydia Sánchez, de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras (Copome). El objetivo lucrativo de dichas estancias forma parte del video Curso Inicia tu propio negocio. Guarderías, elaborado por la Secretaría de Economía en 2006 para instruir a particulares que quieran una “oportunidad de negocio en guarderías privadas”. Actualmente la Sedeso tiene registradas 8 mil 315 estancias infantiles, pero algunas usuarias, entrevistadas por Proceso, se quejaron del servicio y las cuotas que les cobran por “cuidar” a sus hijos, dentro de casas de uso común adecuadas para tal fin. En un recorrido por tres estancias infantiles, Proceso constató las malas condiciones en las que operan. Son casas viejas afectadas por la humedad, algunas de uso compartido con familias que tienen perros como mascotas y difunden en la fachada propaganda política a favor de Gabriela Cuevas, jefa delegacional de Miguel Hidalgo con permiso para ser candidata a diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN). De hecho, la tragedia en la que murieron 45 niños en una estancia infantil de Hermosillo se venía anunciando en varias partes del país, donde otros menores han fallecido por falta de capacitación del personal que los atendía: dos en Chihuahua y Sonora, y tres más por desnutrición, problemas cardiacos y broncoaspiración en Tijuana, Texcoco y en la misma capital de Sonora, según el investigador Gustavo Leal. Lo que es peor, las estancias infantiles –a las que él llama “changarros electoreros”– fueron creadas para esquivar la NOM 167-SSA1-1997 que regula a las guarderías. Su antecedente fue el Centro de Atención e Integración Social (CAIS) implantado por la extitular de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota en febrero de 2006. En el mismo sentido, Lydia Sánchez, integrante de Copome, asegura que en lugar de cumplir con esa norma oficial, el DIF nacional hace acuerdos con gobernadores y secretarios de Educación estatales para avalar las estancias mediante la Norma Técnica de Competencia Laboral NCASS007.01, “Cuidado de las niñas y los niños en centros de atención infantil”, del Consejo Nacional de Certificación, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Antes las muertes registradas, la que fuera directora general de Políticas Sociales de Sedesol y principal promotora de este programa, Lía Limón, “respondió que pueden darse siempre estos casos, porque donde hay menores hay más riesgos y que estas cosas sucedían en todos los espacios de atención infantil”, recuerda Gustavo Leal. Este modelo se gestó a finales del sexenio zedillista, el foxismo le dio alas y el calderonismo lo avaló para promover al PAN en el Distrito Federal, principalmente, asegura Lydia Sánchez. En la capital del país, la delegación que tienen más estancias infantiles es Iztapalapa, con 57, seguida por Tlalpan, con 24; Álvaro Obregón, con 22; Coyoacán, 17; Gustavo A. Madero, 15, y Tláhuac, con 12. El resto cuenta con menos de diez. Destacan Miguel Hidalgo, que tiene registradas cuatro, aunque tan sólo en la colonia Observatorio se localizaron tres. En Cuajimalpa sólo hay una estancia, pese a que la demarcación tiene altos índices de marginación.
El mercado son los niños
“En México este programa ha tenido buenos resultados, ha construido tejido social y, lejos de privatizar, lo que hacemos es socializar y dar un sentido comunitario al cuidado de los niños”, expresó el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, el jueves 11 de junio. Sus dichos, sin embargo, difieren del video Curso Inicia tu propio negocio. Guarderías, elaborado en 2006, pocos meses antes de que tomara posesión el gobierno calderonista, por la Secretaría de Economía, encabezada entonces por el panista Sergio García de Alba, con el apoyo del Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tlalnepantla y el Fondo Pyme. El “curso” es una guía empresarial, acompañada de un manual “para desarrollar tu propio negocio”, al que también se hace referencia en la página web: http://www.trabajo.com.mx/su_estancia_infantil_o_guarderia_con_la_sedesoll.htm, en un link titulado El cuidado de los niños como negocio: Guarderías. El video aprobado por el extitular de Economía promueve a los padres como “mercado” porque representan una “oportunidad de negocio de guarderías privadas” de las que carece el país y orillan a miles de familias a encargar a sus hijos con “niñeras y personal poco confiable”. A esto, dice el video, se suma la incapacidad manifiesta del IMSS para atender las necesidades de los derechohabientes. Este fue el argumento para impulsar el programa Guardería Integradora, que implica un convenio entre la Coordinación de Guarderías del IMSS y el ISSSTE con guarderías privadas, manteniendo el modelo diseñado por el propio Seguro Social. Es el mismo modelo de las Estancias Infantiles de Sedesol. Para echar a andar “el negocio”, los interesados deberán elaborar un “estudio de mercado” para ubicar a su “guardería en zonas con alto crecimiento poblacional, de preferencia fraccionamientos nuevos donde está el mercado potencial, con los matrimonios jóvenes”. Otro “nicho de mercado” a explotar está dirigido a los padres que ocasionalmente dejan a sus hijos al cuidado de otras personas. El modelo, denominado Guardería Express, les permite recibir niños por sólo unas cuantas horas cada vez. En esta grabación no se manejan costos por los servicios. En cuanto a la infraestructura, indica que la estancia deberá instalarse en un lugar que “se comunique con calles y avenidas importantes”, contar con estacionamiento “o un espacio adecuado para recepción o entrega a los niños” y adoptar como base de operación la norma oficial mexicana NOM-167-SSA1-1997. En cuanto a la seguridad de los menores, el video recomienda adecuar la estancia en una planta baja, con habitaciones iluminadas habilitadas como aulas y áreas verdes para instalar juegos infantiles, así como adaptar “barandales, escaleras y ventanales, cerraduras en la puerta principal, servicios sanitarios, zona de cocina, área de juegos, recepción y enfermería”. No exige equipo contra incendios o para emergencias. Sólo pide “contar con medidas de seguridad, realizar simulacros de evacuación, tener áreas al aire libre, salidas de emergencia y señalamientos”, y seguir la reglamentación del IMSS sobre los requisitos mínimos para instalar una guardería. De acuerdo con testimonios recabados por Proceso entre madres de familia, muchas de estas estancias incumplen con algunos de estos requisitos.
Puro negocio
Con este programa, promovido por Calderón durante su campaña electoral en 2006, se abrió la puerta a la privatización de este servicio, cuyos fines son lucrativos y no sociales, afirma Lydia Sánchez. La Sedesol cuenta con 8 mil 315 estancias infantiles inscritas en el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras donde se cuida diariamente a 221 mil 277 niños. Tan sólo en el Distrito Federal existen 205 guarderías privadas de este tipo, que reciben un “apoyo” mensual de hasta 700 pesos por niño menor de 4 años de edad, o incluso de 5 años si tienen alguna discapacidad. Según sus lineamientos, este programa de Sedesol está dirigido a hogares en condiciones de pobreza. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda recortó 268 millones de pesos al presupuesto del programa de guarderías y estancias infantiles de la Sedesol, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública de 2007 realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Entre los requisitos para instalar una estancia infantil, se deberá contar con un lugar que represente dos metros cuadrados por cada niño, ser capacitados por Sedesol y que el inmueble sea valorado y avalado por el DIF. Los niños tendrán un seguro contra accidentes. Quien desee iniciarse en el negocio recibirá un apoyo de 35 mil pesos para adecuar el espacio en el que pretende operar, aunque sólo lo haga por un año; quienes ya tengan una guardería y pretendan afiliarse al programa obtendrán 15 mil pesos para ceñirse a los lineamientos. El 25 de enero de 2007, en una reunión con el Movimiento de Redes por la Educación Comunitaria, la entonces directora general de Políticas Sociales de Sedesol, Lía Limón, les ofreció que instalaran entre 100 y 200 estancias infantiles en el lugar de su preferencia sin cubrir ningún requisito. En esa reunión, Limón –hoy candidata a diputada local en la delegación Miguel Hidalgo– les habría asegurado que Calderón quería impulsar al PAN en la capital del país mediante este programa, para el cual se habían destinado mil 900 millones de pesos. Pese a la falta de controles y supervisión efectivos en las más de 8 mil estancias infantiles de Sedesol, que propiciaron la tragedia en Hermosillo, 860 fueron dadas de baja en 2007 por incumplir la NOM 167-SSA1¬1997. En el IMSS, la coordinadora de Guarderías, Carla Rochín Nieto, presentó un informe a la Coparmex en enero de 2008 en el que reconoció la necesidad de “mejorar la calidad del servicio” en las 142 guarderías administradas directamente por el IMSS y las mil 383 vecinales comunitarias, 26 integradoras y 10 en el campo. Hasta noviembre de 2007, el IMSS contaba con mil 561 guarderías en todo el país, que benefician a 195 mil 559 trabajadores asegurados y atienden a 215 mil 375 niños. Pese a las quejas, en 2006 Calderón se montó en el programa de Sedesol, en plena campaña electoral. El 11 de enero de 2006 recomendó a desempleadas de Chalco “ir adaptando su casa” para cuidar niños de madres trabajadoras y se comprometió a que se supervisaría mensualmente la operación de las estancias y verificarían las instalaciones. El 15 de febrero de 2006 señaló en Atizapán que las estancias podrían ser operadas por abuelitas.
Embodegar niños, buen negocio
Meter a 200 niños en una bodega, como si fueran papelería o placas de circulación vehicular, es un buen negocio para todos. O para casi todos. Lo es para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se ahorra más de 3 mil pesos por cada niño embodegado. Lo es para el concesionario de la operación, que asegura recibir un pago de 2 mil 500 pesos por cada niño que guarda en la bodega, es decir, medio millón de pesos al mes.
Y, digámoslo sin ningún ánimo de humor negro, porque la gravedad del asunto impide siquiera ironizar con él, para los agentes de servicios funerarios de Hermosillo, que el fin de semana pasado tuvieron que atender 44 sepelios, para pagar cada uno de los cuales las familias respectivas dispusieron de 150 mil pesos.
En esa cifra, también hay que decirlo crudamente, tasó el IMSS la vida de cada una de las víctimas del crimen colectivo ocurrido en la guardería ABC. Y a ese precio se reducirán sus erogaciones si no hay acciones civiles que hagan pagar al órgano de la seguridad social federal indemnizaciones a los deudos por la suprema irresponsabilidad en que incurrió de principio a fin en este caso, desde que subrogó el servicio de guardería hasta que a finales de mayo avaló el funcionamiento de un sistema de prevención cuya ausencia real quedó trágicamente demostrada el 5 de junio.
El esfuerzo de examinar con racionalidad esa larga cadena de favoritismos y descuidos criminales se estrella contra la indignación que causa la muerte de 44 muchachitos, desde recién nacidos hasta apenas unos meses de edad. Todo es repugnante, todo se cifra en sólo la gana de hacer negocio, no en el afán de prestar un servicio. Con claro abandono de sus responsabilidades, que nacen del carácter tripartido de su financiamiento, el IMSS resolvió en el sexenio pasado no construir una guardería más. Sólo mantiene 142 atendidas por su propio personal, y en cambio ha subrogado una cantidad 10 veces mayor: mil 420, de las que 88 están en Sonora. La que se quemó, la ABC, fue subrogada en 2001, en la primera tanda de las ofrecidas por el gobierno de Vicente Fox a los particulares, acaso como parte de su política de que cada mexicano tuviera tele, vocho y changarro.
Las propietarias del espacio donde se embodegaron 200 niños, como muchas otras personas, pertenecen a la cúpula del poder político y económico de Sonora. Gobierne quien gobierne el país y su estado, tienen asegurados sus privilegios, como el acceso a oportunidades de negocios como la que significó la parcial privatización del IMSS emprendida por Ernesto Zedillo y confirmada por los panistas Fox y Calderón.
La designación de la actual coordinadora de Guarderías en el IMSS ilustra con claridad el desdén con que se mira esa función. Carla Rochín Nieto es una militante panista que hizo política local en Guanajuato y se desempeñó en cargos de relaciones públicas en el ayuntamiento panista de Salamanca y en el gobierno guanajuatense de esa misma filiación. Fue diputada federal en la legislatura anterior, y en diciembre de 2006 se la designó directora del Museo de Culturas Populares, dentro del Conaculta. Ajena a la comunidad próxima a la materia de ese establecimiento, y mal avenida con Sergio Vela, fue despedida por éste en julio de 2007, lo que causó mala impresión en la casa presidencial, de donde surgió la orden de encontrar un rápido acomodo a la exdiputada. La instrucción fue puntualmente cumplida: la guardaron en la oficina de Guarderías, sin que contara con las calificaciones adecuadas. No hacía falta, pues ya estaba echada a andar la política de contratismo que se evidenció meses después, cuando se licitó la subrogación de 150 guarderías. Para obtener la franquicia correspondiente se apuntaron 600 solicitantes, alentados por la información de la coordinadora, que ponderaba la condición de "muy buen negocio" que se hacía en esta actividad.
Conforme a sus datos, ¡vaya si lo es! Aseguró en mayo del año pasado que quien pretendiera establecer una guardería necesitaba un capital de inversión de 2.5 millones de pesos, y que su recuperación estaba "garantizada en un periodo de tres años", con altas tasas de utilidad, superiores en mucho a las de otras actividades económicas: entre 25 y 35%. (Reforma, 13 de mayo de 2008.)
Puesto que los ingresos son fijos en una alta proporción (65%, y el 35% restante depende de la asistencia cotidiana de los niños), el mejor modo de incrementar la utilidad es reduciendo al mínimo el costo de la operación, los gastos de instalación y funcionamiento. Eso explica las precarias condiciones de establecimientos como la ABC de Hermosillo, instalada en condiciones de privilegio para los negociantes, de grave riesgo en cambio para sus usuarios: Se admitió convertir una antigua nave industrial en espacio para tres bodegas, bajo un mismo techo: una de papelería, una de placas de tránsito (ambas de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal) y la tercera para embodegar niños.
Admitir esa incómoda vecindad tenía al parecer una ventaja financiera nada despreciable: El gobierno del estado paga la renta de los tres espacios, incluido el de uso particular. A menos que se muestre alguna información de subarrendamiento formal, resulta que en una especie de subsidio local la guardería funcionaba en un espacio que no generaba costos. Y para que se vea de qué manera se trata de un negocio redondo, ahora sabemos que el propietario del edificio incendiado se llama José Manuel Matiella Urquides, pariente de uno de los copropietarios de la bodega de niños, Gildardo Urquides Serrano, exsecretario de finanzas del PRI. ¡Ah!, un dato más: La renta a cargo del gobierno estatal se elevó súbitamente en escala abrumadora; en 2007 el monto mensual era de 38 mil pesos y subió al año siguiente a 39 mil 500 pesos, un incremento razonable. Pero no lo es el salto descomunal que dio al comenzar este año: ahora el gobierno del estado cubre a Matiella Urquides ¡medio millón de pesos al mes! (Reforma, 12 de junio.)
El incremento del número de guarderías subrogadas era ya preocupante al comienzo de la administración calderoniana: Apenas en el primer receso de la LX Legislatura, en enero de 2007, los senadores zacatecanos Claudia Corichi y Tomás Torres Mercado propusieron que la Permanente solicitara la presencia de los directores del IMSS y el ISSSTE, para que informaran sobre ese asunto. La propuesta pasó inadvertida durante meses y aun años, aunque su propósito fuera el de sólo obtener información. Apenas se le retomó en abril pasado, es decir, en el último período de sesiones ordinarias de la legislatura, pero no se ha consumado, siendo que ahora sería en extremo útil su cumplimiento. El 21 de abril fue aprobado el punto de acuerdo que durante ya casi dos meses ha sido mera expresión de un buen deseo.
Mientras tanto, 44 pequeños féretros fueron sepultados hace una semana, en actos que beneficiaron a las empresas funerarias de Hermosillo. Porque, como ya explicamos, la subrogación de guarderías, y el descuido criminal de su funcionamiento, es para muchos solamente un buen negocio.
Falleció Pedro Alvarez Tabío, editor de Fidel
LA HABANA, Cuba, 13 de junio (AFP).- El historiador Pedro Alvarez Tabío, editor del líder cubano Fidel Castro y director de la Oficina de Historia del Consejo de Estado de Cuba (ejecutivo), falleció este sábado en La Habana a los 67 años de edad, informó un comunicado oficial.Alvarez Tabío, Premio Nacional de Edición (2007) y Nacional de Historia (2008), murió la madrugada de este sábado -por causas no precisadas- “tras dedicar más de 30 años de su vida a la investigación de la guerra revolucionaria en Cuba” y escribir “numerosos libros”, señaló el texto leído en el telenoticiero local.La nota oficial subrayó que su “gestión editorial estuvo presente en innumerables títulos” y que “igualmente significativo fue su empeño por la protección y rescate de los valores patrimoniales e históricos en la Sierra Maestra (Sureste)”, donde Castro libró una guerrilla de 25 meses contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-58).Alvarez Tabío, a quien Castro calificó de “editor y guardián intachable de documentos históricos” al dedicarle en febrero del 2007 un ejemplar del libro Cien horas con Fidel, del franco-español Ignacio Ramonet, era profesor titular adjunto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y de la Escuela Superior del Partido Comunista.
Espían en Colombia a opositores de Uribe
BOGOTA, Colombia, 13 de junio (AFP).- La Oposición de Izquierda colombiana denunció este sábado que la Policía realiza espionaje telefónico y seguimientos a sus dirigentes, y lo atribuyó a una estrategia del Gobierno para silenciarlos.El presidente del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), Jaime Dussán, dijo que estos hechos ocurren pese al escándalo que envuelve al servicio de inteligencia (DAS) -adscrito a la presidencia- por realizar escuchas ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos opositores, periodistas y a otros funcionarios.“Si bien nos han dicho que los equipos del DAS no se están utilizando, nos hemos enterado de que hay equipos de la Policía que se están usando en este momento y que se está ‘chuzando’ (espiando) a miembros de la oposición, a periodistas, a intelectuales”, declaró Dussán a radio Caracol.“Se sigue actuando de manera ilegal por parte del gobierno en esta materia”, añadió el legislador, indicando que es un “mecanismo para presionar a la oposición con el fin de que no se sigan denunciando hechos delictivos por parte de altos funcionarios, miembros del DAS o de la Policía”.Dussán señaló que el caso fue denunciado el viernes ante el procurador general, Alejandro Ordóñez, a quien pidieron abrir una investigación.
Responde Corea del Norte
Corea del Norte advierte con construir más bombas nucleares y con volver a enriquecer uranio para armas atómicas, en respuesta a las nuevas sanciones que le impuso el Consejo de Seguridad de la ONU por su ensayo nuclear del 25 de mayo / Cualquier bloqueo en su contra sería considerado como un acto de guerra, afirma.
El viernes pasado, los quince miembros del Consejo de Seguridad votaron, unánimemente, nuevas sanciones contra Corea del Norte. (AP)
SEUL, Corea del Sur, 13 de junio (AFP).- Corea del Norte amenazó este sábado con construir más bombas nucleares y con volver a enriquecer uranio para armas atómicas, en respuesta a las nuevas sanciones que le impuso el Consejo de Seguridad de la ONU por el ensayo nuclear del 25 de mayo.El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano afirmó que la resolución aprobada el viernes en la ONU era un “vil producto” de una campaña inspirada por Estados Unidos y aseguró que su país nunca abandonará su programa nuclear y que cualquier bloqueo en su contra sería considerado como un acto de guerra.El viernes, los quince miembros del Consejo de Seguridad votaron unánimemente nuevas sanciones contra el Norte y Washington advirtió que no sería de extrañar una respuesta “irresponsable” por parte de Pyongyang.El aislado régimen comunista dijo en un comunicado citado por la agencia oficial que “todo el plutonio extraído será utilizado con fines militares”.Un tercio de las barras de combustible del reactor de Yongbyon ya fueron reprocesadas en plutonio de uso militar, indicó el comunicado.“En segundo lugar comenzaremos a enriquecer uranio”, agregó el texto, subrayando que Corea del Norte desarrolló con éxito la tecnología necesaria.Pyongyang había negado en el 2002 las acusaciones de Washington de operar en secreto un programa de enriquecimiento de uranio y de llevar a cabo operaciones con plutonio.Las plantas de producción de plutonio habían sido cerradas tras un acuerdo concluido en el 2007 entre los seis países que negocian el desarme norcoreano (Corea del Norte, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Japón y Rusia). Pero Pyongyang las reactivó luego de que el Consejo de Seguridad condenara el 5 de abril el lanzamiento de un misil de largo alcance.“Se convirtió en una opción absolutamente imposible para la República Popular y Democrática de Corea abandonar su programa nuclear”, indica el comunicado, y agrega que considerará cualquier bloqueo como un acto de guerra que merecerá una respuesta militar.La resolución 1874 aprobada el viernes, que no autoriza el uso de la fuerza, pide a los países de la ONU ampliar las sanciones que se impusieron a Pyongyang luego del primer ensayo nuclear de octubre del 2006.Esta nueva resolución instaura un sistema reforzado de inspección de cargas aéreas, marítimas y terrestres con destino a Corea del Norte o que provengan de allí y una ampliación del embargo de armas así como nuevas restricciones financieras.
El viernes pasado, los quince miembros del Consejo de Seguridad votaron, unánimemente, nuevas sanciones contra Corea del Norte. (AP)SEUL, Corea del Sur, 13 de junio (AFP).- Corea del Norte amenazó este sábado con construir más bombas nucleares y con volver a enriquecer uranio para armas atómicas, en respuesta a las nuevas sanciones que le impuso el Consejo de Seguridad de la ONU por el ensayo nuclear del 25 de mayo.El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano afirmó que la resolución aprobada el viernes en la ONU era un “vil producto” de una campaña inspirada por Estados Unidos y aseguró que su país nunca abandonará su programa nuclear y que cualquier bloqueo en su contra sería considerado como un acto de guerra.El viernes, los quince miembros del Consejo de Seguridad votaron unánimemente nuevas sanciones contra el Norte y Washington advirtió que no sería de extrañar una respuesta “irresponsable” por parte de Pyongyang.El aislado régimen comunista dijo en un comunicado citado por la agencia oficial que “todo el plutonio extraído será utilizado con fines militares”.Un tercio de las barras de combustible del reactor de Yongbyon ya fueron reprocesadas en plutonio de uso militar, indicó el comunicado.“En segundo lugar comenzaremos a enriquecer uranio”, agregó el texto, subrayando que Corea del Norte desarrolló con éxito la tecnología necesaria.Pyongyang había negado en el 2002 las acusaciones de Washington de operar en secreto un programa de enriquecimiento de uranio y de llevar a cabo operaciones con plutonio.Las plantas de producción de plutonio habían sido cerradas tras un acuerdo concluido en el 2007 entre los seis países que negocian el desarme norcoreano (Corea del Norte, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Japón y Rusia). Pero Pyongyang las reactivó luego de que el Consejo de Seguridad condenara el 5 de abril el lanzamiento de un misil de largo alcance.“Se convirtió en una opción absolutamente imposible para la República Popular y Democrática de Corea abandonar su programa nuclear”, indica el comunicado, y agrega que considerará cualquier bloqueo como un acto de guerra que merecerá una respuesta militar.La resolución 1874 aprobada el viernes, que no autoriza el uso de la fuerza, pide a los países de la ONU ampliar las sanciones que se impusieron a Pyongyang luego del primer ensayo nuclear de octubre del 2006.Esta nueva resolución instaura un sistema reforzado de inspección de cargas aéreas, marítimas y terrestres con destino a Corea del Norte o que provengan de allí y una ampliación del embargo de armas así como nuevas restricciones financieras.
TRIFE , fábrica de espurios, afirma Porfirio Muñoz Ledo
La asquerosa PANista Ma. del Carmen AlanisMEXICO, D.F., 13 de junio (UNIVERSAL).- Los candidatos del Partido del Trabajo (PT) a una diputación federal, Porfirio Muñoz Ledo y Jaime Cárdenas Gracia, advirtieron que no permitirán una imposición por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que invalidó la candidatura de la perredista Clara Brugada a jefa delegacional por Iztapalapa.
“Si después de esto no están convencidos de que el Tribunal está el servicio de los intereses de los chuchos (corriente de Jesús Ortega) y del gobierno, entonces no entienden nada. En la próxima reunión de la reforma del Estado voy a pedir que una contrarreforma electoral para retornarle su autonomía al Tribunal”, lanzó Muñoz Ledo.El también coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP) refirió que cuando el Tribunal fue autónomo funcionó bien, pero ahora como parte del Poder Judicial de la Federación comenzó a subordinarse y a ser una “fábrica de espurios”.Afirmó que Brugada se mantiene como candidata con todo el respaldo y apoyo de los partidos de Izquierda, por ello el PT ya le ofreció la candidatura.A tres semanas de las elecciones, el ex consejero electoral Jaime Cárdenas dijo que es claro que las decisiones del Tribunal son a favor del grupo “colaboracionista” del PRD con el gobierno federal.Sin embargo, adelantó que buscarán los mecanismos para que Brugada sea delegada por el PT, toda vez que se cumplieron los plazos legales para hacer sustituciones.Uno de estos recursos, explicó, consiste en que el candidato petista Alfonso Acosta, Juanito, líder del movimiento de resistencia civil, llame a votar por él en una asamblea pública y una vez electo decline por Brugada y sea nombrada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.“Juanito es un personaje muy importante, él debería estar de acuerdo en una declinación a favor de Clara, quien tiene la legitimidad democrática, las encuestas le dan el 49% de las preferencias para ser la delegada de Iztapalapa”, dijo Cárdenas.Este sábado, los candidatos del PT realizaron campaña por las colonias San Pablo y los Angeles, en Iztapalapa.
Auténticas franquicias
En eso se han convertido SEDESO, IMSS e ISSSTE para quienes desean lucrar con el cuidado de menores de 4 años. Así, la administración calderonista ha “changarrizado” un elemento esencial de la seguridad social, incluso con la anuencia del DIF para eludir las normas oficiales que deben regular a las estancias infantiles y guarderías.
Convertidas en negocio privado durante el gobierno de Vicente Fox, mismo que fue consolidado por Felipe Calderón, las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y las guarderías subrogadas por el IMSS y el ISSSTE incumplen las normas y los lineamientos fijados para su operación por las mismas autoridades que les permiten seguir explotando un “mercado” de más de 430 mil niños, pese al peligro probado que representan.“Es la changarrización del servicio”, denuncia el académico de la UAM Iztapalapa, Gustavo Leal. “Es un negocio lucrativo. Con estas instancias abrieron la puerta a la privatización del servicio”, sostiene Lydia Sánchez, de la Coordinadota Popular de Madres Educadoras (COPOME).
El objetivo lucrativo de dichas estancias forma parte del video Curso Inicia tu propio negocio. Guarderías elaborado por la Secretaría de Economía en 2006 para instruir a particulares que quieran una “oportunidad de negocio en guarderías privadas”.Actualmente la SEDESO tiene registradas 8 mil 315 estancias infantiles, pero algunas usuarias se quejaron del servicio y las cuotas que les cobran por “cuidar” a sus hijos, dentro de casas de uso común adecuadas para tal fin.En un recorrido por tres estancias infantiles, se constató las magras condiciones en las que operan. Son casas viejas que guardan la humedad, algunas de uso compartido con familias que tienen perros como mascotas y difunden en la fachada propaganda política a favor de Gabriela Cuevas, jefa delegacional de Miguel Hidalgo con permiso para ser candidata a diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN).De hecho, la tragedia en la que murieron 45 niños en una estancia infantil de Hermosillo se venía anunciando en varias partes del país, donde otros menores han fallecido por falta de capacitación del personal que los atendía: dos en Chihuahua y Sonora, y tres más por desnutrición, problemas cardiacos y broncoaspiración en Tijuana, Texcoco y en la misma capital de Sonora, según el investigador Gustavo Leal.Lo que es peor, las estancias infantiles –a las que él llama “changarros electoreros”– fueron creadas para esquivar la NOM 167-SSA1-1997 que regula a las guarderías. Su antecedente fue el Centro de Atención e Integración Social (CAIS) implantado por la ex titular de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota en febrero del 2006.En el mismo sentido, Lydia Sánchez, integrante de COPOME, asegura que en lugar de cumplir con esa norma oficial, el DIF nacional hace acuerdos con gobernadores y secretarios de Educación estatales para avalar las estancias mediante la Norma Técnica de Competencia Laboral NCASS007.01, “Cuidado de las niñas y los niños en centros de atención infantil”, del Consejo Nacional de Certificación, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.Antes las muertes registradas, la que fuera directora general de Políticas Sociales de SEDESO y principal promotora de este programa, Lía Limón, “respondió que pueden darse siempre estos casos, porque donde hay menores hay más riesgos y que estás cosas sucedían en todos los espacios de atención infantil”, recuerda Gustavo Leal.Este modelo se gestó a finales del sexenio zedillista, el foxismo le dio alas y el calderonismo lo avaló para promover al PAN en el Distrito Federal, principalmente, asegura Lydia Sánchez. En la capital del país, la delegación que tienen más estancias infantiles es Iztapalapa, con 57, seguida por Tlalpan, con 24; Álvaro Obregón, con 22; Coyoacán, 17; Gustavo A. Madero, 15, y Tláhuac, con 12. El resto cuenta con menos de diez. Destacan Miguel Hidalgo, que tiene registradas cuatro, aunque tan sólo en la colonia Observatorio se localizaron tres. En Cuajimalpa sólo hay una estancia, pese a que la demarcación tiene altos índices de marginación.El mercado son los niños“En México este programa ha tenido buenos resultados, ha construido tejido social y, lejos de privatizar, lo que hacemos es socializar y dar un sentido comunitario al cuidado de los niños”, expresó el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, el jueves 11 de junio.Sus dichos, sin embargo, difieren del video Curso Inicia tu propio negocio. Guarderías elaborado en 2006, pocos meses antes de que tomara posesión el gobierno calderonista, por la Secretaría de Economía, encabezada entonces por el panista Sergio García de Alba, con el apoyo del Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tlalnepantla y el Fondo Pyme. El “curso” es una guía empresarial, acompañada de un manual “para desarrollar tu propio negocio”, al que también se hace referencia en la página web:http://www.trabajo.com.mx/su_estancia_infantil_o_guarderia_con_la_sedesoll.htm, en un link titulado El cuidado de los niños como negocio: Guarderías.El video aprobado por el extitular de Economía promueve a los padres como “mercado” porque representan una “oportunidad de negocio de guarderías privadas” de las que carece el país y orillan a miles de familias a encargar a sus hijos con “niñeras y personal poco confiable”. A esto, dice el video, se suma la incapacidad manifiesta del IMSS para atender las necesidades de los derechohabientes.Este fue el argumento para impulsar el programa Guardería Integradora, que implica un convenio entre la Coordinación de Guarderías del IMSS y el ISSSTE con guarderías privadas, manteniendo el modelo diseñado por el propio Seguro Social. Es el mismo modelo de las Estancias Infantiles de SEDESO.Para echar a andar “el negocio”, los interesados deberán elaborar un “estudio de mercado” para ubicar a su “guardería en zonas con alto crecimiento poblacional, de preferencia fraccionamientos nuevos donde está el mercado potencial, con los matrimonios jóvenes”.Otro “nicho de mercado” a explotar está dirigido a los padres que ocasionalmente dejan a sus hijos al cuidado de otras personas. El modelo, denominado Guardería Express, les permite recibir niños por sólo unas cuantas horas cada vez. En esta grabación no se manejan costos por los servicios.En cuanto a la infraestructura, indica que la estancia deberá instalarse en un lugar que “se comunique con calles y avenidas importantes”, contar con estacionamiento “o un espacio adecuado para recepción o entrega a los niños” y adoptar como base de operación la norma oficial mexicana NOM-167-SSA1-1997.En cuanto a la seguridad de los menores, el video recomienda adecuar la estancia en una planta baja, con habitaciones iluminadas habilitadas como aulas y áreas verdes para instalar juegos infantiles, así como adaptar “barandales, escaleras y ventanales, cerraduras en la puerta principal, servicios sanitarios, zona de cocina, área de juegos, recepción y enfermería”. No exige equipo contra incendios o para emergencias. Sólo pide “contar con medidas de seguridad, realizar simulacros de evacuación, tener áreas al aire libre, salidas de emergencia y señalamientos”, y seguir la reglamentación del IMSS sobre los requisitos mínimos para instalar una guardería. De acuerdo con testimonios recabados entre madres de familia, muchas de estas estancias incumplen con algunos de estos requisitos.
Puro negocio
Con este programa, promovido por Calderón durante su campaña electoral en 2006, se abrió la puerta a la privatización de este servicio, cuyos fines son lucrativos y no sociales, afirma Lydia Sánchez.La SEDESO cuenta con 8 mil 315 estancias infantiles inscritas en el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras donde se cuida diariamente a 221 mil 277 niños. Tan sólo en el Distrito Federal existen 205 guarderías privadas de este tipo, que reciben un “apoyo” mensual de hasta 700 pesos por niño menor de 4 años de edad, o incluso cinco años si tienen alguna discapacidad. Según sus lineamientos, este programa de SEDESO está dirigido a hogares en condiciones de pobreza. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda recortó 268 millones de pesos al presupuesto del programa de guarderías y estancias infantiles de la SEDESO, de acuerdo con revisión de la cuenta pública de 2007 realizada por la Auditoría Superior de la Federación.Entre los requisitos para instalar una estancia infantil, se deberá contar con un lugar que represente dos metros cuadrados por cada niño, ser capacitados por SEDESO y que el inmueble sea valorado y avalado por el DIF. Los niños tendrán un seguro contra accidentes.Quien desee iniciarse en el negocio recibirá un apoyo de 35 mil pesos para adecuar el espacio en el que pretende operar, aunque sólo lo haga por un año; quienes ya tengan una guardería y pretendan afiliarse al programa obtendrán 15 mil pesos para ceñirse a los lineamientos.En EL 2006, en una reunión con el Movimiento de Redes por la Educación Comunitaria, la entonces directora general de Políticas Sociales de SEDESO, Lía Limón, les ofreció que instalaran entre 100 y 200 estancias infantiles en el lugar de su preferencia sin cubrir ningún requisito. En esa reunión, Limón –hoy candidata a diputada local en la delegación Miguel Hidalgo– les habría asegurado que Calderón quería impulsar al PAN en la capital del país mediante este programa, para el cual se habían destinado mil 900 millones de pesos. Pese a la falta de controles y supervisión efectivos en las más de 8 mil estancias infantiles de Sedesol, que propiciaron la tragedia en Hermosillo, 860 fueron dadas de baja en 2007 por incumplir la NOM 167-SSA1-1997. En el IMSS, la coordinadora de Guarderías Carla Rochín Nieto, presentó un informe a la COPARMEX en enero de 2008 en el que reconoció la necesidad de “mejorar la calidad del servicio” en las 142 guarderías administradas directamente por el IMSS y a las mil 383 vecinales comunitarias, 26 integradoras y 10 en el campo.Hasta noviembre de 2007, el IMSS contaba con mil 561 guarderías en todo el país, que benefician a 195 mil 559 trabajadores asegurados y atienden a 215 mil 375 niños. Pese a las quejas, en 2006 Calderón se montó en el programa de SEDESO, en plena campaña electoral. El 11 de enero de 2006 recomendó a las desempleadas de Chalco “ir adaptando su casa” para cuidar niños de madres trabajadoras y se comprometió a que se supervisaría mensualmente la operación de las estancias y verificarían las instalaciones. El 15 de febrero de 2006 señaló en Atizapán que estás estancias podrían ser operadas por abuelitas.
(Rosalía Vergara/APRO)
Convertidas en negocio privado durante el gobierno de Vicente Fox, mismo que fue consolidado por Felipe Calderón, las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y las guarderías subrogadas por el IMSS y el ISSSTE incumplen las normas y los lineamientos fijados para su operación por las mismas autoridades que les permiten seguir explotando un “mercado” de más de 430 mil niños, pese al peligro probado que representan.“Es la changarrización del servicio”, denuncia el académico de la UAM Iztapalapa, Gustavo Leal. “Es un negocio lucrativo. Con estas instancias abrieron la puerta a la privatización del servicio”, sostiene Lydia Sánchez, de la Coordinadota Popular de Madres Educadoras (COPOME).
El objetivo lucrativo de dichas estancias forma parte del video Curso Inicia tu propio negocio. Guarderías elaborado por la Secretaría de Economía en 2006 para instruir a particulares que quieran una “oportunidad de negocio en guarderías privadas”.Actualmente la SEDESO tiene registradas 8 mil 315 estancias infantiles, pero algunas usuarias se quejaron del servicio y las cuotas que les cobran por “cuidar” a sus hijos, dentro de casas de uso común adecuadas para tal fin.En un recorrido por tres estancias infantiles, se constató las magras condiciones en las que operan. Son casas viejas que guardan la humedad, algunas de uso compartido con familias que tienen perros como mascotas y difunden en la fachada propaganda política a favor de Gabriela Cuevas, jefa delegacional de Miguel Hidalgo con permiso para ser candidata a diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN).De hecho, la tragedia en la que murieron 45 niños en una estancia infantil de Hermosillo se venía anunciando en varias partes del país, donde otros menores han fallecido por falta de capacitación del personal que los atendía: dos en Chihuahua y Sonora, y tres más por desnutrición, problemas cardiacos y broncoaspiración en Tijuana, Texcoco y en la misma capital de Sonora, según el investigador Gustavo Leal.Lo que es peor, las estancias infantiles –a las que él llama “changarros electoreros”– fueron creadas para esquivar la NOM 167-SSA1-1997 que regula a las guarderías. Su antecedente fue el Centro de Atención e Integración Social (CAIS) implantado por la ex titular de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota en febrero del 2006.En el mismo sentido, Lydia Sánchez, integrante de COPOME, asegura que en lugar de cumplir con esa norma oficial, el DIF nacional hace acuerdos con gobernadores y secretarios de Educación estatales para avalar las estancias mediante la Norma Técnica de Competencia Laboral NCASS007.01, “Cuidado de las niñas y los niños en centros de atención infantil”, del Consejo Nacional de Certificación, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.Antes las muertes registradas, la que fuera directora general de Políticas Sociales de SEDESO y principal promotora de este programa, Lía Limón, “respondió que pueden darse siempre estos casos, porque donde hay menores hay más riesgos y que estás cosas sucedían en todos los espacios de atención infantil”, recuerda Gustavo Leal.Este modelo se gestó a finales del sexenio zedillista, el foxismo le dio alas y el calderonismo lo avaló para promover al PAN en el Distrito Federal, principalmente, asegura Lydia Sánchez. En la capital del país, la delegación que tienen más estancias infantiles es Iztapalapa, con 57, seguida por Tlalpan, con 24; Álvaro Obregón, con 22; Coyoacán, 17; Gustavo A. Madero, 15, y Tláhuac, con 12. El resto cuenta con menos de diez. Destacan Miguel Hidalgo, que tiene registradas cuatro, aunque tan sólo en la colonia Observatorio se localizaron tres. En Cuajimalpa sólo hay una estancia, pese a que la demarcación tiene altos índices de marginación.El mercado son los niños“En México este programa ha tenido buenos resultados, ha construido tejido social y, lejos de privatizar, lo que hacemos es socializar y dar un sentido comunitario al cuidado de los niños”, expresó el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, el jueves 11 de junio.Sus dichos, sin embargo, difieren del video Curso Inicia tu propio negocio. Guarderías elaborado en 2006, pocos meses antes de que tomara posesión el gobierno calderonista, por la Secretaría de Economía, encabezada entonces por el panista Sergio García de Alba, con el apoyo del Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tlalnepantla y el Fondo Pyme. El “curso” es una guía empresarial, acompañada de un manual “para desarrollar tu propio negocio”, al que también se hace referencia en la página web:http://www.trabajo.com.mx/su_estancia_infantil_o_guarderia_con_la_sedesoll.htm, en un link titulado El cuidado de los niños como negocio: Guarderías.El video aprobado por el extitular de Economía promueve a los padres como “mercado” porque representan una “oportunidad de negocio de guarderías privadas” de las que carece el país y orillan a miles de familias a encargar a sus hijos con “niñeras y personal poco confiable”. A esto, dice el video, se suma la incapacidad manifiesta del IMSS para atender las necesidades de los derechohabientes.Este fue el argumento para impulsar el programa Guardería Integradora, que implica un convenio entre la Coordinación de Guarderías del IMSS y el ISSSTE con guarderías privadas, manteniendo el modelo diseñado por el propio Seguro Social. Es el mismo modelo de las Estancias Infantiles de SEDESO.Para echar a andar “el negocio”, los interesados deberán elaborar un “estudio de mercado” para ubicar a su “guardería en zonas con alto crecimiento poblacional, de preferencia fraccionamientos nuevos donde está el mercado potencial, con los matrimonios jóvenes”.Otro “nicho de mercado” a explotar está dirigido a los padres que ocasionalmente dejan a sus hijos al cuidado de otras personas. El modelo, denominado Guardería Express, les permite recibir niños por sólo unas cuantas horas cada vez. En esta grabación no se manejan costos por los servicios.En cuanto a la infraestructura, indica que la estancia deberá instalarse en un lugar que “se comunique con calles y avenidas importantes”, contar con estacionamiento “o un espacio adecuado para recepción o entrega a los niños” y adoptar como base de operación la norma oficial mexicana NOM-167-SSA1-1997.En cuanto a la seguridad de los menores, el video recomienda adecuar la estancia en una planta baja, con habitaciones iluminadas habilitadas como aulas y áreas verdes para instalar juegos infantiles, así como adaptar “barandales, escaleras y ventanales, cerraduras en la puerta principal, servicios sanitarios, zona de cocina, área de juegos, recepción y enfermería”. No exige equipo contra incendios o para emergencias. Sólo pide “contar con medidas de seguridad, realizar simulacros de evacuación, tener áreas al aire libre, salidas de emergencia y señalamientos”, y seguir la reglamentación del IMSS sobre los requisitos mínimos para instalar una guardería. De acuerdo con testimonios recabados entre madres de familia, muchas de estas estancias incumplen con algunos de estos requisitos.
Puro negocio
Con este programa, promovido por Calderón durante su campaña electoral en 2006, se abrió la puerta a la privatización de este servicio, cuyos fines son lucrativos y no sociales, afirma Lydia Sánchez.La SEDESO cuenta con 8 mil 315 estancias infantiles inscritas en el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras donde se cuida diariamente a 221 mil 277 niños. Tan sólo en el Distrito Federal existen 205 guarderías privadas de este tipo, que reciben un “apoyo” mensual de hasta 700 pesos por niño menor de 4 años de edad, o incluso cinco años si tienen alguna discapacidad. Según sus lineamientos, este programa de SEDESO está dirigido a hogares en condiciones de pobreza. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda recortó 268 millones de pesos al presupuesto del programa de guarderías y estancias infantiles de la SEDESO, de acuerdo con revisión de la cuenta pública de 2007 realizada por la Auditoría Superior de la Federación.Entre los requisitos para instalar una estancia infantil, se deberá contar con un lugar que represente dos metros cuadrados por cada niño, ser capacitados por SEDESO y que el inmueble sea valorado y avalado por el DIF. Los niños tendrán un seguro contra accidentes.Quien desee iniciarse en el negocio recibirá un apoyo de 35 mil pesos para adecuar el espacio en el que pretende operar, aunque sólo lo haga por un año; quienes ya tengan una guardería y pretendan afiliarse al programa obtendrán 15 mil pesos para ceñirse a los lineamientos.En EL 2006, en una reunión con el Movimiento de Redes por la Educación Comunitaria, la entonces directora general de Políticas Sociales de SEDESO, Lía Limón, les ofreció que instalaran entre 100 y 200 estancias infantiles en el lugar de su preferencia sin cubrir ningún requisito. En esa reunión, Limón –hoy candidata a diputada local en la delegación Miguel Hidalgo– les habría asegurado que Calderón quería impulsar al PAN en la capital del país mediante este programa, para el cual se habían destinado mil 900 millones de pesos. Pese a la falta de controles y supervisión efectivos en las más de 8 mil estancias infantiles de Sedesol, que propiciaron la tragedia en Hermosillo, 860 fueron dadas de baja en 2007 por incumplir la NOM 167-SSA1-1997. En el IMSS, la coordinadora de Guarderías Carla Rochín Nieto, presentó un informe a la COPARMEX en enero de 2008 en el que reconoció la necesidad de “mejorar la calidad del servicio” en las 142 guarderías administradas directamente por el IMSS y a las mil 383 vecinales comunitarias, 26 integradoras y 10 en el campo.Hasta noviembre de 2007, el IMSS contaba con mil 561 guarderías en todo el país, que benefician a 195 mil 559 trabajadores asegurados y atienden a 215 mil 375 niños. Pese a las quejas, en 2006 Calderón se montó en el programa de SEDESO, en plena campaña electoral. El 11 de enero de 2006 recomendó a las desempleadas de Chalco “ir adaptando su casa” para cuidar niños de madres trabajadoras y se comprometió a que se supervisaría mensualmente la operación de las estancias y verificarían las instalaciones. El 15 de febrero de 2006 señaló en Atizapán que estás estancias podrían ser operadas por abuelitas.
(Rosalía Vergara/APRO)
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