http://www.youtube.com/watch?v=Fdv2iOK7-3I&eurl=http://www.senderodelpeje.blogspot.com/
lunes, abril 14, 2008
Bush admite que el TLC con Colombia ''está muerto''
La Casa Blanca defiende el TLC con Colombia como "estratégico" para la seguridad nacional estadounidense, ya que considera al país suramericano como el principal aliado de la región. En una reunión con su Gabinete, Bush expresó la decepción de su Gobierno porque la Cámara votó la semana pasada en favor de aplazar indefinidamente la votación sobre el tratado.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, reconoció este lunes que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia está "muerto", a menos que la Cámara de Representantes de su país programe una votación para aprobarlo.
Bush expresó su "decepción" con Congreso de EEUU, que aprobó la semana pasada el aplazamiento, de manera indefinida, de la votación sobre el acuerdo comercial.
La Casa Blanca defiende el TLC con Colombia como "estratégico" para la seguridad nacional estadounidense, ya que considera al país suramericano como el principal aliado de la región.
El mandatario estadounidense envió la semana pasada el proyecto de ley que contiene el TLC al Congreso para su votación, algo que según la normativa del país norteamericano pretendía ocurrir en un plazo máximo de 90 días legislativos.
Los demócratas, mayoritarios en la Cámara de Representantes, resolvieron eliminar ese plazo, con lo cual la votación del TLC -y su consiguiente puesta en marcha- queda suspendida indefinidamente.
"El acuerdo de libre comercio beneficia nuestros intereses, pero estará muerto a menos que (la presidenta de la Cámara, Nancy) Pelosi programe una fecha de votación definitiva", declaró el Presidente.
La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, habían advertido a Bush que no enviara el proyecto de ley al Congreso sin tener garantizados los votos mínimos necesarios para la ratificación del pacto.
Los demócratas se oponen a ese TLC al exigir más garantías para los trabajadores y sobre la protección de los derechos humanos en Colombia, y piden más tiempo para negociar con la Casa Blanca sobre el documento.
Según Bush, el rechazo de la Cámara "carece de precedentes". "No nos conviene que perjudiquemos a un aliado como Colombia y que no alentemos el que nuestros bienes y servicios se vendan en el exterior".
La Casa Blanca ha descrito el TLC como una de sus prioridades en política exterior. El tratado, según el Gobierno, ayudaría a las exportaciones de productos estadounidenses en un momento de "vacas flacas" económicas y serviría para dar apoyo al Ejecutivo del presidente Álvaro Uribe, el más firme aliado de Estados Unidos en el continente.
TeleSUR - Afp - Efe / rf - MC
Mexicanos exigen debate amplio sobre reforma energética que permite privatización de Pemex
(VIDEO)
Miles de mexicanos acudieron al Zócalo capitalino para exigir debate amplio sobre reforma petrolera. (Foto: La Jornada) Parlamentarios del Frente Amplio Progresista (FAP) de México se mantienen en protesta, al igual que lo hacen miles de mexicanos, contra la reforma energética impulsada por el Gobierno de Felipe Calderón, que permite la privatización de la estatal petrolera Pemex.
Con el fin de exigir un debate nacional sobre la reforma energética propuesta por el presidente Felipe Calderón, que permite la privatización de la estatal petrolera Pemex, un grupo de 46 senadores y diputados del Partido de la Revolución Demócrata (PRD) iniciaron una huelga de hambre indefinida en el patio de Xicoténcatl, sede del Senado mexicano.
Entre tanto, parlamentarios de los partidos PRD, Convergencia y del Trabajo, tres fuerzas políticas que conforman el Frente Amplio Progresista (FAP), mantienen tomada, desde el pasado jueves, la tribuna de la Cámara de Diputados y Senadores para impedir el debate sobre la reforma petrolera.
La medida de protesta fue adoptada por los diputados para exigir el debate amplio de la propuesta del Ejecutivo, y de esta manera evitar que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) aprueben la reforma en el periodo de sesiones que concluye a finales de este mes.
El senador perredista, Carlos Navarrete, indicó que el ayuno en defensa de la Constitución sería por tiempo indefinido, "para que el PAN y el PRI valoren no hacer una reforma a espaldas del pueblo".
"En el momento en que la junta instruya a la Comisión de Energía para elaborar la convocatoria con fechas establecidas para el debate, convocaremos al Frente Amplio Progresista para tomar la decisión de levantar el ayuno y dejar la tribuna para reiniciar las sesiones", dijo.
Reiteró que antes de cualquier intención de aprobar una reforma, el debate debe ser amplio "en el que participen expertos, técnicos, académicos, investigadores, intelectuales, organizaciones civiles, entre otros", indicó.
El senador considera que la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) "no es un asunto de segunda, sino de soberanía nacional, de la palanca del desarrollo del país".
La iniciativa energética, presentada el pasado 10 de abril por el Ejecutivo, flexibiliza la autonomía de gestión y otorga libertad de contratación de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Zócalo en defensa del petróleo
Este domingo, miles de mexicanos atendieron el llamado del ex candidato a la presidencia de México, Manuel López Obrador, y acudieron al Zócalo capitalino para exigir igualmente el debate amplio de la propuesta de reforma energética.
Durante el acto, López Obrador indicó que ante el cerco mediático sobre la reforma petrolera, se desplegará una campaña, casa por casa, para entregar una carpeta con los detalles de la privatización que impulsa el Ejecutivo.
"Estamos pidiendo lo más democrático que existe: un debate nacional para que participen todos los que tengan que decir algo. Sin embargo, nos acusan de haber secuestrado al Congreso quienes tienen secuestradas las instituciones del país, y dicen que no queremos el diálogo quienes tienen el monopolio de la opinión", expresó ante la multitud.
Durante su discurso, recordó que el primer contrato ilegal que Pemex otorgó a una empresa extranjera, lo recibió la española Repsol en noviembre de 2003, cuando Felipe Calderón se desempeñaba como secretario de Energía.
Luego se refirió al contrato, obtenido también por Repsol, mediante el cual el consorcio ibérico venderá a México gas peruano con una utilidad de 15 mil millones de dólares, y que "fue concedido cuando Juan Camilo Mouriño, hoy secretario de Gobernación, era jefe de la Oficina de la Presidencia, en agosto de 2007".
TeleSUR - La Jornada - Efe / ms - AV
palabra de lector
Contra la escalada intervencionista de Estados Unidos en América Latina
Señor director:
Las organizaciones y partidos firmantes le solicitamos publicar en Palabra de Lector de Proceso la siguiente denuncia, contenida en el documento que hemos titulado Pronunciamiento del Diálogo Nacional sobre la Situación en América Latina.El presidente de Estados Unidos, George Bush, y el de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, aplican un plan para desestabilizar a los gobiernos progresistas de Latinoamérica. En nombre de su política de guerra preventiva y de seguridad democrática, violan las fronteras de nuestros países y cometen todo tipo de crímenes y fechorías. En tal contexto, la invasión y el bombardeo del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano el 1 de marzo del año en curso, que costó la vida a una veintena de personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a cuatro estudiantes mexicanos y a un ciudadano de Ecuador, son el preámbulo de una nueva escalada de intervencionismo estadunidense en la región, como lo confirma el anuncio de una partida de 52 mil millones de dólares para darle continuidad al Plan Colombia. De esta manera, la masacre del 1 de marzo se inscribe en la negativa de Uribe y Bush a cualquier salida pacífica a una guerra interna de 60 años, y a cualquier acuerdo humanitario para canjear presos y retenidos de ambos bandos en los términos de los Convenios de Ginebra. Tanto el ataque como la campaña que le siguió son parte de los planes del imperio y de las oligarquías de la región que sueñan con el derrocamiento de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. La rápida reacción del Grupo de Río demostró que los países latinoamericanos pueden resolver diplomáticamente los problemas de la región sin Estados Unidos. En el fondo de toda esta campaña política y militar contra los gobiernos progresistas de América Latina están el petróleo venezolano, sus recursos naturales y humanos y el control político. Por lo tanto, los abajo firmantes, integrantes del Diálogo Nacional:
–Condenamos la violación de la soberanía de Ecuador por parte del gobierno colombiano.
–Demandamos que se finquen responsabilidades penales por los crímenes cometidos el 1 de marzo.
–Exigimos que cese toda actividad intervencionista por parte del gobierno colombiano en territorio mexicano y que suspenda la persecución y la difamación de ciudadanos de México.
–Reclamamos al gobierno mexicano que condene la violación de la soberanía nacional por parte de los organismos de seguridad colombianos y el asesinato de nuestros connacionales, y que demande al gobierno de Colombia en la Corte Penal Internacional (CPI).
–Exigimos a Felipe Calderón detener la campaña de difamación, con claros tintes reaccionarios, contra la UNAM y la comunidad universitaria en su conjunto; específicamente la que busca relacionar a los universitarios y organizaciones sociales con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
–Manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con los familiares de Soren Ulises Ángeles Avilés, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Velázquez y Lucía Morett, y demandamos el pleno respeto a la integridad de ésta y de todos los connacionales a los que incrimina el gobierno colombiano.
Por lo que se refiere a Argentina y Bolivia:
–Nos pronunciamos en apoyo a los gobiernos democráticamente elegidos de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y de Evo Morales Ayma en Bolivia, y rechazamos cualquier intento de desestabilización y violencia por parte de los sectores oligárquicos de estos países.
–De manera particular rechazamos las recientes jornadas de violencia promovidas por la derechista Sociedad Rural Argentina que, a través de un “paro agrario”, busca mantener intactos los privilegios de una minoría agroexportadora a costa del resto de la sociedad argentina.
–Así mismo, rechazamos las acciones anticonstitucionales y golpistas de la derecha boliviana que, por medio de paros patronales, busca debilitar al gobierno de Morales para entregar las riquezas del país (gas, agua, aceites, minerales) al imperialismo, disfrazándose de “autonomista”. En ese sentido, repudiamos el bloqueo de puntos fronterizos con Brasil y Argentina, así como de nueve sectores de las carreteras en los departamentos de Santa Cruz y Tarija e instalaciones aduanales cruceñas.
Atentamente
Por una Latinoamérica Unida
Diálogo Nacional: Frente Popular Francisco Villa; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco; UPVA “28 de Octubre”-Puebla; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Secciones XVIII (Michoacán), XXII (Oaxaca) y XXXIV (Zacatecas); Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); Alianza de Tranviarios de México; Movimiento Proletario Independiente; Bloque de Organizaciones Sociales; Cocopo-Durango; Frente de Lucha Independiente; Comité Estudiantil Metropolitano; Grupo Ecologista de Papalotla (Tlaxcala); Movimiento Nacional Organizado “Aquí Estamos”; Partido Popular Socialista de México; Frente Socialista; Partido Comunista de México (M-L); Frente Popular Revolucionario; Colectivo Ollin Mexica; ONPP; Movimiento Democrático Petrolero; Frente Ciudadano del Sur (Tláhuac); Frente de Pueblos de Morelos; Movimiento La Esperanza se Respeta; Partido Revolucionario de los Trabajadores. (Responsable de la publicación: Agustín González Cázares.)
Señor director:
Las organizaciones y partidos firmantes le solicitamos publicar en Palabra de Lector de Proceso la siguiente denuncia, contenida en el documento que hemos titulado Pronunciamiento del Diálogo Nacional sobre la Situación en América Latina.El presidente de Estados Unidos, George Bush, y el de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, aplican un plan para desestabilizar a los gobiernos progresistas de Latinoamérica. En nombre de su política de guerra preventiva y de seguridad democrática, violan las fronteras de nuestros países y cometen todo tipo de crímenes y fechorías. En tal contexto, la invasión y el bombardeo del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano el 1 de marzo del año en curso, que costó la vida a una veintena de personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a cuatro estudiantes mexicanos y a un ciudadano de Ecuador, son el preámbulo de una nueva escalada de intervencionismo estadunidense en la región, como lo confirma el anuncio de una partida de 52 mil millones de dólares para darle continuidad al Plan Colombia. De esta manera, la masacre del 1 de marzo se inscribe en la negativa de Uribe y Bush a cualquier salida pacífica a una guerra interna de 60 años, y a cualquier acuerdo humanitario para canjear presos y retenidos de ambos bandos en los términos de los Convenios de Ginebra. Tanto el ataque como la campaña que le siguió son parte de los planes del imperio y de las oligarquías de la región que sueñan con el derrocamiento de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. La rápida reacción del Grupo de Río demostró que los países latinoamericanos pueden resolver diplomáticamente los problemas de la región sin Estados Unidos. En el fondo de toda esta campaña política y militar contra los gobiernos progresistas de América Latina están el petróleo venezolano, sus recursos naturales y humanos y el control político. Por lo tanto, los abajo firmantes, integrantes del Diálogo Nacional:
–Condenamos la violación de la soberanía de Ecuador por parte del gobierno colombiano.
–Demandamos que se finquen responsabilidades penales por los crímenes cometidos el 1 de marzo.
–Exigimos que cese toda actividad intervencionista por parte del gobierno colombiano en territorio mexicano y que suspenda la persecución y la difamación de ciudadanos de México.
–Reclamamos al gobierno mexicano que condene la violación de la soberanía nacional por parte de los organismos de seguridad colombianos y el asesinato de nuestros connacionales, y que demande al gobierno de Colombia en la Corte Penal Internacional (CPI).
–Exigimos a Felipe Calderón detener la campaña de difamación, con claros tintes reaccionarios, contra la UNAM y la comunidad universitaria en su conjunto; específicamente la que busca relacionar a los universitarios y organizaciones sociales con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
–Manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con los familiares de Soren Ulises Ángeles Avilés, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Velázquez y Lucía Morett, y demandamos el pleno respeto a la integridad de ésta y de todos los connacionales a los que incrimina el gobierno colombiano.
Por lo que se refiere a Argentina y Bolivia:
–Nos pronunciamos en apoyo a los gobiernos democráticamente elegidos de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y de Evo Morales Ayma en Bolivia, y rechazamos cualquier intento de desestabilización y violencia por parte de los sectores oligárquicos de estos países.
–De manera particular rechazamos las recientes jornadas de violencia promovidas por la derechista Sociedad Rural Argentina que, a través de un “paro agrario”, busca mantener intactos los privilegios de una minoría agroexportadora a costa del resto de la sociedad argentina.
–Así mismo, rechazamos las acciones anticonstitucionales y golpistas de la derecha boliviana que, por medio de paros patronales, busca debilitar al gobierno de Morales para entregar las riquezas del país (gas, agua, aceites, minerales) al imperialismo, disfrazándose de “autonomista”. En ese sentido, repudiamos el bloqueo de puntos fronterizos con Brasil y Argentina, así como de nueve sectores de las carreteras en los departamentos de Santa Cruz y Tarija e instalaciones aduanales cruceñas.
Atentamente
Por una Latinoamérica Unida
Diálogo Nacional: Frente Popular Francisco Villa; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco; UPVA “28 de Octubre”-Puebla; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Secciones XVIII (Michoacán), XXII (Oaxaca) y XXXIV (Zacatecas); Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); Alianza de Tranviarios de México; Movimiento Proletario Independiente; Bloque de Organizaciones Sociales; Cocopo-Durango; Frente de Lucha Independiente; Comité Estudiantil Metropolitano; Grupo Ecologista de Papalotla (Tlaxcala); Movimiento Nacional Organizado “Aquí Estamos”; Partido Popular Socialista de México; Frente Socialista; Partido Comunista de México (M-L); Frente Popular Revolucionario; Colectivo Ollin Mexica; ONPP; Movimiento Democrático Petrolero; Frente Ciudadano del Sur (Tláhuac); Frente de Pueblos de Morelos; Movimiento La Esperanza se Respeta; Partido Revolucionario de los Trabajadores. (Responsable de la publicación: Agustín González Cázares.)
sondeo
¿En cuánto tiempo se debe aprobar la iniciativa de reforma energética?
a) En este mes
5.49 % 211 votos
b) En periodo extraordinario
4.19 % 161 votos
c) En el tiempo que sea necesario
90.32 % 3472 votos
Para participar en el sondeo AQUI.
Una propuesta reciclada
Repsol. Contratos sin riesgoLas controvertidas iniciativas de reforma energéticadel gobierno federal enviadas al Senado no son nuevas. Ya en octubre de 2005 el director general de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Rafael Alexandri Rionda, dio a conocer el esquema: modificar las leyes “para evitar cuestionamientos de legalidad” y dar “incentivos” a los participantes. Ese anuncio se hizo en momentos en que la empresa española Repsol comenzaba a monopolizar la distribución de gas en el país. Las iniciativas de reforma energética presentadas por el gobierno panista el martes 8 pretenden dar certeza jurídica, posibilidad de inversión con menor riesgo, así como esquivar posibles juicios de nulidad a los contratos que desde hace una década tienen en el país empresas extranjeras, asegura el catedrático de la UNAM Víctor Rodríguez-Padilla.Especialista en el análisis de los contratos que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad entregaron a inversionistas extranjeros a partir de 2003, Rodríguez-Padilla menciona que los que se elaboraron ex profeso para Repsol sólo benefician a esta compañía española y representan pérdidas para Pemex.En caso de concretarse las reformas que propone el gobierno federal, insiste, las ambigüedades de los contratos que le ha entregado a esa trasnacional petrolera Felipe Calderón quedarían zanjadas y legalizarían lo ya hecho.Repsol entró a México en 1997 al apoderarse de empresas mexicanas que contaban con permiso por 30 años para distribuir gas natural a industrias y casas-habitación. Su mayor logró fue cuando ganó la primera licitación de los cinco Contratos de Servicios Múltiples (CSM) en el que participaron empresas con capital extranjero para explorar y explotar yacimientos de gas en la Cuenca de Burgos. Eso sucedió el 16 de octubre de 2003, cuando Calderón era secretario de Energía. El contrato tiene una vigencia de 20 años.Aquellos contratos fueron objeto de juicios administrativos para demandar su nulidad por violar el artículo 27 de la Constitución, la Ley Reglamentaria del 27 y la Ley de Adquisiciones de Obra Pública. Las demandas las encabezó Manuel Bartlett Díaz, quien entonces era senador; también los cuestionó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y en paralelo la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, A.C, (Uncip) demandó la nulidad del contrato entregado a Repsol.Al principio, el gobierno de Vicente Fox pretendía entregar ocho contratos, pero las demandas de juicio lo inhibieron y las empresas extranjeras desistieron. El 27 de abril de 2005, por ejemplo, el director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, aceptó: el esquema de CSM dejó de ser atractivo para la paraestatal. “Pemex está muy preocupado porque el mercado ya no reconoce como atractivo este esquema por todo el entorno que encierra”, arguyó.También dijo: “Ya causamos una incertidumbre en el mercado, donde los que invirtieron están teniendo que responder a demandas judiciales y dicen, ‘mejor me voy a Cuba o a otro lugar del mundo donde está abierto este tema’”.Ramírez Corzo mencionó también que los CSM son los que menos incentivos ofrecen al capital extranjero, por lo que adelantó que se cambiaría el esquema de obras y servicios por los “contratos-alianza”. Y explicó que mediante este mecanismo se “pagaría a la empresa una cuota por el volumen que produzca”. En la actualidad, en los CSM el pago es independiente de la producción que se tenga por cada yacimiento, dijo; de lo que se trata ahora es de “garantizar a los inversionistas la legalidad de los contratos”.Un mes después, en mayo de 2005, el funcionario encargado de materializar los CSM, Sergio Guaso Montoya, reconoció que “la legislación actual no permite claramente la explotación y exploración de los yacimientos de hidrocarburos, por lo que Pemex deberá modificar la redacción para evitar ambigüedades”.
El anuncio de 2005
Por aquellas fechas, la ASF recomendó entregar nuevos contratos sólo si había “certeza en los términos”. Y el 27 de octubre de 2005, el entonces director general de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), Rafael Alexandri Rionda, adelantó lo que el martes 8 presentó Felipe Calderón: modificar las leyes “para evitar cuestionamientos de legalidad”.Dijo Alexandri Rionda: “Se deberán hacer nuevos modelos de ejecución que contengan incentivos que permitan atraer el interés de los privados… Necesitamos proponer cambios en leyes secundarias que permitan a Pemex contratar de distintas formas”.Pasaron tres años y Felipe Calderón Hinojosa concretó esos cambios. En las reformas entregadas el martes 8 al Senado de la República se prevén cambios a leyes secundarias que permitan nuevos contratos a la iniciativa privada, sin tener que enfrentar juicios de nulidad.Entre los cambios, el gobierno panista propone una nueva ley orgánica de Pemex que permita nuevos esquemas de trabajo y que a su vez ofrezcan “incentivos” a los participantes. Lo anterior se desprende del artículo 46 de la citada ley: “Pemex y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable (es decir, se puede modificar el contrato en años posteriores a su firma), o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad. Pemex podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos correspondientes y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicios, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo”.Para Víctor Rodríguez-Padilla, responsable de argumentar jurídicamente la inconstitucionalidad del CSM entregado a Repsol, explica que se trató de “un contrato de riesgo disfrazado”, puesto que la única que ganaba era la compañía, mientras que la paraestatal perdía.Dice que ese CSM permite a Repsol subcontratar toda la operación del yacimiento Reynosa-Monterrey, ubicado en la Cuenca de Burgos. Lo único que hace la trasnacional es administrar el contrato, ya que entregó a una empresa venezolana toda la operación.Así mismo, detalla que dicho contrato sólo exige a Repsol la inversión de 60 millones de dólares, los cuales desembolsó la empresa española sin ningún problema. “Pemex le dejó los yacimientos produciendo y con reserva, de tal manera que lo que genera ese bloque, lo que produce, lo usa para hacer la inversión que le demanda el gobierno; además de que le alcanza para subcontratar a una tercera empresa que es la que opera el yacimiento. Ni siquiera hay inversión de Repsol”, denuncia Rodríguez-Padilla.Y resume: “Repsol sólo entró como un gran contratista sin grandes riesgos ni inversiones. Y si la producción te da para subcontratar, significa que es demasiado lo que genera en recursos. Ese yacimiento sí es rentable y Pemex lo pudo haber hecho ahorrándose al intermediario de Repsol. Aquí lo curioso es que la empresa que le opera a Repsol (en este caso) es la misma que le opera en otros lugares del mundo”.Rodríguez-Padilla comenta que Pemex se escudó siempre en que no cuenta con el dinero ni la tecnología para “multiplicar la capacidad de ejecución”, cuando en realidad sí la tiene.En ese mismo año –2005– se selló el juicio promovido por Bartlett, ya que el juez en turno consideró que no tenía personalidad jurídica para impugnarlo. No sucedió lo mismo con la demanda de la Uncip, a pesar de los esfuerzos de Pemex por concluir el proceso. Luego de más de cuatro años de litigio, el pasado 28 de febrero el juez décimo primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal ordenó emplazar a Repsol para que argumente lo que a su juicio corresponda y evitar así la nulidad del CSM entregado por Felipe Calderón en 2003.El emplazamiento a Repsol fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 7, un día antes de que Calderón enviara su paquete de reformas en materia energética.
El monopolio
En 1997, Repsol llegó a México, cuando el gobierno zedillista abrió la distribución de gas natural para abastecer a casas y empresas. Y a partir de 2000, la empresa española empezó a adquirir empresas y a monopolizar la distribución de dicho energético. Hoy, gracias a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al aval de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), encargada de evitar los monopolios, Repsol tiene ocho de los 22 permisos a través de dos de sus filiales, Gas Natural México (GNM) y Comercializadora Metrogas.En su página electrónica, Repsol señala a la dupla gas-electricidad como una de sus grandes apuestas. La compañía abastece de gas natural a las industrias y casas-habitación de las zona norte y del bajío, así como el Distrito Federal.De acuerdo con documentos de la propia CRE, la mayor parte de los ocho permisos para distribución de gas fueron entregados a empresas mexicanas que poco a poco fueron absorbidas por la empresa española. Cada una de esas fusiones fue autorizada por la CRE y avalada por la Cofeco.El 31 de agosto de 2000, por ejemplo, la Cofeco autorizó la compra de Servicio de Energía de México y DF-Gas. Ambas tenían en su poder el permiso para abastecer durante 30 años la distribución de gas en el Distrito Federal. Al comprarlas, Repsol se quedó con todo el mercado. Lo mismo ocurrió con la empresa Metrogas, que fue adquirida por la empresa española ese mismo año.La Cofeco y la CRE sabían que Repsol estaba monopolizando la distribución domiciliaria de gas natural, pero no trataron de impedirlo. El único caso en que el gobierno frenó a la empresa española fue el 11 de mayo de 2000, cuando su filial Gas Natural México obtuvo de parte de la CRE el permiso número siete para abastecer a la zona occidente del país. Tras analizar el caso, la Cofeco concluyó que de otorgárselo contaría con siete permisos y monopolizaría el mercado.Para consolidar su dupla gas-electricidad, la compañía española adquirió ocho empresas: Administradora de Servicios de Energía de México, Comercializadora Metrogas, Energía y Confort Administración Personal, Gas Natural México (GNM), Gas Natural Servicios, Sistema de Administración y Servicios, Transnatural SRL de México y CH4 Energía.En el caso de esta última, Repsol contó con el aval del gobierno foxista, que incluso participó en su constitución. El 20 de diciembre de 2000, recién iniciada la gestión del guanajuatense, GNM se asoció con Pemex-Gas y Petroquímica Básica para constituir dicha empresa con un capital de 50% y 50%.GNM se dedica a la compra y venta de gas natural y todas las actividades relacionadas con la comercialización y servicios que se prestan “en el trayecto del gasoducto Palmillas-Toluca”. Es a través de éste que los corredores industriales más importantes del país se abastecen de gas.Rodríguez-Padilla asegura que el objetivo de Repsol es lograr la mayor renta del gas, es decir, llevarlo hasta la producción de energía, y para ello, dice, contó con el respaldo del gobierno de Felipe Calderón, quien se inventó un requerimiento innecesario de energía para poder entregarle el multimillonario contrato de gas licuado en Manzanillo en octubre de 2007.Tal como lo hizo cuatro años antes cuando era titular de la Sener, ahora Felipe Calderón, ya como titular del Ejecutivo federal, se inventó una demanda inexistente de gas y pagó a Repsol 183 mil millones de pesos para que traiga gas de Perú. Este proyecto consiste en cambiar a gas licuado el combustóleo que actualmente utiliza la planta de energía ubicada en Manzanillo y que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).“El contrato dice que Repsol entregará 500 millones de metros cúbicos de gas de Perú, pero la verdad es que dicha planta no requiere tanto, así, el excedente se enviará a dos plantas más que se edificarán, y se construirá también un gasoducto para que todo ese excedente se envíe a los consumidores de energía de la zona occidente”, dice el investigador de la UNAM.Acepta que el gas es más barato, como sostiene la CFE, pero aclara: el asunto es que no lo necesitamos, sólo se justifica el que irá a la planta de Manzanillo. “Lo que se usará en las dos plantas que se construirán de aquí a 2011 se puede traer de la planta de Rosarito o de Altamira, ahí hay excedentes y existe la red de interconexión. No es necesario construir un gasoducto, mucho menos comprar tanto gas”.Lo que ocurre, explica, es que a Repsol no le redituaba ganancias vender únicamente gas para la planta de Manzanillo. Critica a Felipe Calderón porque, arguye, “se inventó una demanda inexistente”. El mandatario pudo destinar esa suma millonaria a programas sociales.El de Manzanillo es, dice, un contrato “ventajoso para Repsol e innecesario para México”, pues le da a la empresa española un aumento en sus acciones de la bolsa, le abre las puertas para solicitar millonarios créditos bancarios, así como para hacer futuros negocios.Así, según Rodríguez-Padilla, el negocio de Repsol es acumular tanto gas como sea posible, generar su propia energía y convertirse en el vendedor más grande del país del ramo. Y se está preparando para ello. El pasado 27 de diciembre, a través de Gas Natural México compró a EDF de Francia las cinco plantas de ciclo combinado que tenía en México, con lo que se convirtió en el único operador de gas y electricidad en el país. La operación fue avalada por la CRE.“Su siguiente estrategia es absorber Iberdrola, la segunda generadora de energía en México”, concluye el investigador. l
Pemex: Cuidado con los superconsejeros
Miguel Ángel Granados Chapa El 13 de febrero de 2001 directamente el presidente Vicente Fox instaló el nuevo Consejo de Administración de Pemex, a cincuenta días del comienzo de su gobierno. Una novedad en su integración justificaba la presencia presidencial. Junto con los secretarios de Estado y los representantes sindicales, que conforme a la ley componen ese órgano, esta vez ocuparían sillas con igual rango que los demás, cuatro consejeros habituados a manejar sus propios consejos de administración. Estaban presentes los magnates Carlos Slim, Lorenzo Zambrano, Rogelio Rebolledo y Alfonso Romo (representado por Adrián Páez), que dedicarían parte de su tiempo y sabiduría a encauzar a la empresa petrolera nacional por mejores rutas, sin duda diferentes a las hasta entonces seguidas.La planeada contribución empresarial a ese propósito duró el día y la víspera. La creencia de que los dirigentes privados asumen mejores decisiones que los empleados públicos no pudo ser sometida a prueba en ese laboratorio. En el ámbito de la gestión pública de los energéticos se comprobaría que no basta haber actuado como empresario para desempeñarse con tino en la administración pública: Ernesto Martens y Raúl Muñoz Leos, secretario de Energía y director general del ente petrolero mexicano, presentes en aquella histórica sesión, no concluyeron los seis años que su nombramiento presidencial hacía suponer. Ambos fracasaron en sus tareas y tuvieron que irse a su casa.Pero mucho antes se frustró el propósito de Fox de inyectar a Pemex la sabiduría empresarial. La Comisión Permanente del Congreso acordó cuestionar al presidente por esos nombramientos y en una plática privada el líder sindical de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, sugirió al presidente el que no se les pusiera a la par con los consejeros estatales y sindicales, sino que les adjudicara el rango de consejeros externos, no con voz y voto sino sólo con capacidad de opinión. Si Fox hubiera sido más ducho en política hubiera aprovechado la debilidad jurídica que en ese momento afectaba al dirigente gremial para desestimar su participación en el asunto. Estaba en curso la indagación del IFE sobre el financiamiento paralelo, con recursos petroleros, que implicaba la participación del sindicato como intermediario para llevar dinero de Pemex a la campaña de Francisco Labastida. Era el mismo caso de Ricardo Aldana, tesorero del sindicato y uno de los cinco representantes del mismo en el consejo de la paraestatal.Pero Fox se ablandó ante la oposición sindical y la legislativa (a la que hubiera podido convencer de que la ley no cerraba la posibilidad de esos nombramientos) y desinvitó a los flamantes consejeros, que el 13 de febrero tuvieron, como se decía en la crónica teatral del siglo XIX, debut, beneficio y despedida. Si bien se les removió en mayo, no asistieron a ninguna sesión después de la inaugural. Nuevos secretarios de Estado, además del de Hacienda y el de Energía los sustituyeron en sus cargos de efímera duración.La frustración de ese propósito privatizador aleccionó a los panistas que perseveran en ese objetivo pero lo expresan hoy con modalidades diversas. El mismo fin de entonces está presente en la iniciativa de nueva ley orgánica de Pemex, uno de los cinco proyectos presentados por el Ejecutivo al Senado el martes 8. En el vastísimo universo del contenido de esas iniciativas sobresale, a la luz de la pretensión fallida de Fox, el de incorporar experiencias distintas a las gubernamentales en el manejo de Pemex, lo que es una forma de privatizar.La propuesta busca incorporar al órgano de gobierno de Pemex a cuatro consejeros profesionales designados por el presidente de la república. Serán en realidad superconsejeros, por la naturaleza de sus funciones, por la eminencia que se les otorga en el cuerpo colegiado y por la duración de sus encargos, que puede ser hasta de 16 años (pues pueden ser nombrados de nuevo al cabo de los ocho primeros). El escalonamiento de sus designaciones puede eventualmente extender la influencia del Ejecutivo que los nombre hasta el año 2024.A diferencia del resto de los integrantes del Consejo de Administración, los consejeros profesionales –cito la exposición de motivos– “tendrán acceso a toda la información relevante en la paraestatal que requieran para el ejercicio de sus funciones y contarán con un equipo de colaboradores para apoyarlos en sus tareas. Además se establecerá un comité especial para fijar su remuneración, así como responsabilidades específicas y, aún más importante, se garantiza su permanencia en el cargo… señalando las causas particulares por las que podrían ser removidos”.Dos de los consejeros profesionales serán de tiempo completo y serán por lo tanto representantes del Estado (por lo cual respecto de ellos no será necesario, y hasta podría ser incongruente, señalarles “responsabilidades específicas” pues asumirán las de todo servidor público). Los dos restantes, de tiempo parcial, podrán realizar actividades propias.Para ser consejero profesional (según los requisitos incluidos en el artículo 12 del proyecto) se precisa ser mexicano por nacimiento, contar con título profesional en derecho, economía, ingeniería, administración pública, contaduría “o materias afines a la industria energética”; haberse desempeñado en forma destacada en su profesión o trabajo, o en actividades de docencia e investigación, y no haber tenido relación de cualquier índole con Pemex durante dos años anteriores a su nombramiento.Su voto tendrá un peso específico mayor que el de sus colegas. “Cualquier determinación que adopte el órgano colegiado requerirá el voto favorable de al menos dos consejeros profesionales”. Su presencia es indispensable para la formación del quórum. El consejo contará con tres comisiones especializadas, con presencia eminente de los consejeros profesionales: el de Transparencia y Auditoría estará integrado por tres de ellos, mientras que los de Estrategia e Inversiones, y de Remuneraciones, serán presididos por un consejero profesional.En mayor medida aun que los representantes del gobierno, que se rigen por las responsabilidades propias de su cargo, los consejeros profesionales serán sólo la correa de transmisión de las disposiciones presidenciales hacia Pemex, por ser el Ejecutivo la fuente de su nombramiento y de su eventual ratificación. Si se establecieran mecanismos para asegurar su independencia, empezando por su designación compartida con otro órgano estatal o sujeta a concurso, tales consejeros podrían representar a la sociedad civil y no, como es previsible, sólo a los sectores económicos a quienes importa directamente el funcionamiento de Pemex como empresa.Modificaciones como esa, que son necesarias, requieren la participación de los legisladores de izquierda que, en el momento de escribir estas líneas han optado por sólo estorbar la actividad de sus cámaras en vez de participar en ellas. Si perseveran en esa actitud perderán la oportunidad de paliar los efectos perniciosos de una legislación orientada al provecho de particulares por la vía de un contratismo libre de ataduras. No podrán impedir la aprobación de los proyectos, porque son minoría. Pero podrán contribuir a su mejora. Sumados de ese modo a la resistencia civil pacífica abdican de su responsabilidad y de sus posibilidades. Practiquen la división del trabajo. No pueden derrotar a la mayoría, pero pueden evitar dislates y abusos o señalarlos si se persiste en incurrir en ellos. Es necesario que, acordado que sea el debate social previo al legislativo, se sumen a la discusión en comisiones y los plenos de sus cámaras. l
Botín económico, botín político
Kessel, Calderón, Téllez, Gómez y Reyes Heroles. Lo que se pudo....
No es lo que él hubiera deseado ni lo que hubiesen querido quienes lo llevaron al poder. Pero el presidente Calderón salvó la cara al presentar bajo su nombre un paquete de reformas legales que, de una o de otra manera, fortalecen a Petróleos Mexicanos como empresa, en una primera instancia, según algunos analistas, y según sus críticos, lo convierten en el botín tan anhelado por la iniciativa privada, nacional y extranjera. Al mismo tiempo, Calderón y sus compañeros de viaje del Senado apostaron a que la crispación que iban a provocar será un mal inevitable pero pasajero que podrán aplacar con uno de los medicamentos que siempre están a su disposición: los medios de información domesticados. No podrán venir las grandes petroleras trasnacionales a asociarse con Pemex y emprender la aventura de buscar “el gran tesoro mexicano” que hay en las profundidades del mar y llevarse parte de él, a través de contratos de riesgo. Tampoco podrán establecer modernas refinerías para procesar el crudo y encargarse ellas mismas de transportar, almacenar y comercializar los combustibles –gasolinas sobre todo– que produzcan. Cuando mucho, si se aprueba la propuesta gubernamental, serán simples maquiladoras. No alcanzó la operación política del gobierno de Felipe Calderón para reformar la Constitución y las leyes secundarias a fin de darle un paso franco a las empresas privadas del país y extranjeras para intervenir en toda la cadena productiva de la industria petrolera nacional.Sin embargo, bajo la lógica de “de lo perdido, lo que aparezca”, el gobierno tuvo la habilidad de confeccionar una propuesta de reforma energética que, si bien de menor alcance del que esperaba, le resultará un éxito si se aprueba: termina por quitarle las razones, si es que alguna tenía, al movimiento opositor de Andrés Manuel López Obrador, que se había reposicionado políticamente con el fantasma de la privatización de la industria petrolera; se congracia con el PRI –quedan intocados sindicato y excedentes petroleros para los gobernadores–, y el propio Calderón salva la cara: no presentar la iniciativa era reeditar el fracaso y la debilidad de Vicente Fox cuando, en su primer año de gobierno, intentó sacar una reforma fiscal, que nunca llegó, por la falta de operación política y la incapacidad para convencer de sus beneficios.El mismo presidente admitió que la reforma presentada no es la que él hubiera deseado, pero sí la que es posible realizar, pues a su juicio “no tiene aristas que generen grandes controversias y evita lastimar la sensibilidad de muchos mexicanos”.Y si bien no es la reforma que tanto encono y polarización causó, no es menor lo propuesto, así ya muchos la califiquen de reforma light, “chiquita” y “de poco alcance”.
Riesgos disfrazados
El presidente envió al Senado, el martes 8, un paquete de iniciativas que comprende una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos –la cual sustituiría por completo a la vigente–, reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, una Ley de la Comisión del Petróleo, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.Destaca sobremanera la nueva ley orgánica, que apunta a darle mayor autonomía de gestión a Pemex para que opere realmente como empresa, con mejores prácticas de gobierno corporativo y, sobre todo, se le vaya liberando paulatinamente de todas las ataduras que hoy la tienen en el burocratismo e ineficiencia exacerbadas. Casualmente éste ha sido un tema en el que el Partido de la Revolución Democrática ha sido enfático, sobre todo en la legislatura pasada. La idea es múltiple: fortalecer las facultades del Consejo de Administración, otorgarle flexibilidad en materia de adquisiciones y obra pública para proyectos relevantes, permitirle un manejo más libre de su deuda, incrementar gradualmente su facultad para aprovechar ingresos propios adicionales y darle flexibilidad para realizar ajustes presupuestales.Para el exdirector de Pemex Francisco Rojas Gutiérrez, es “un adelanto el que el Ejecutivo haya enviado las iniciativas para modernizar a Pemex y su marco regulatorio, aunque no puede llamarse una reforma energética, ya que se limita a uno solo de los actores”. Es decir, dice, carece de un enfoque integral, de largo plazo; no incluye las energías alternativas y la manera en que el país deberá prepararse para la transición energética de los próximos 30 años, como sí lo están haciendo otros países.Sin embargo, le parece correcto lo que propone la iniciativa gubernamental, en el sentido de precisar y ampliar las funciones de quienes coordinen, regulen y operen el sector petrolero; también la necesidad de un régimen fiscal diferente, la autonomía de gestión, financiera y operativa de Pemex, así como el gobierno corporativo, los consejeros independientes y la flexibilización en adquisiciones y obras, así como en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de Pemex.Aunque, dice Rojas, en la discusión de las iniciativas deberán precisarse o cambiarse algunas cosas, como el nombramiento de los consejeros independientes, que en los documentos oficiales sería prerrogativa del Ejecutivo, cuando tendría que ser del Congreso “a fin de garantizar plena imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones”.Como no pudo reformarse la Constitución para permitir las alianzas estratégicas con empresas privadas, nacionales y extranjeras, y los contratos de riesgo, el gobierno hábilmente, a decir de especialistas consultados por Proceso, le da la vuelta a esa reforma y propone contratos de “desempeño”, que no difieren gran cosa de los de riesgo.El artículo 46 de la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos dice: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos correspondientes, y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo”.Dice Francisco Rojas al respecto: Dichos contratos pueden ser “un instrumento que favorezca la acometida simultánea de proyectos diferentes, atrayendo empresas de servicios y constructoras que aporten innovaciones tecnológicas y mejores métodos de administración de proyectos”.Pero insiste en que en la discusión deberá precisarse que en estos contratos no se margine a empresas nacionales desde las bases de licitación, como ha ocurrido, por ejemplo, en los contratos de mantenimiento de ductos. También debe ser obligatorio en los contratos el tema de la capacitación y entrenamiento de los técnicos y trabajadores de Pemex, “para asimilar tecnologías y prácticas modernas de operación y administración”; que se involucre obligatoriamente al Instituto Mexicano del Petróleo y centros de enseñanza superior para cerrar la brecha tecnológica, y que se establezca un mínimo creciente de componentes nacionales a fin de impulsar las cadenas productivas, como lo han hecho Brasil, Noruega y Rusia.
Apertura en refinación
Para el doctor en Economía Juan Moreno Pérez, asesor parlamentario del PRD que desde hace más de diez años coordina el análisis de los paquetes presupuestales que el gobierno envía a la Cámara de Diputados para sustentar sus programas económicos, lo que propone el artículo 46 de la nueva Ley Orgánica es, en el fondo, autorizar contratos de riesgo sin tener que cambiar la Constitución.Explica: Cuando se pactan con la empresa contratada remuneraciones fijas o variables en función de los resultados y de lo que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad, se están compartiendo riesgos; lo mismo cuando la ley señala que los proyectos contratados con particulares, nacionales o extranjeros, estarán condicionados a que generen ingresos suficientes para cubrir los costos correspondientes.Pero considera que trae incentivos correctos inexistentes, por ejemplo, con los esquemas actuales de Pidiregas: Pemex podrá pactar incentivos que lleven a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o el servicio contratado. Es decir, si la empresa contratada se aplica y se esfuerza en proveer un servicio u obra eficientes, que incluso superen las metas pactadas, podrá tener un mayor beneficio económico.Y la manera en que la iniciativa sortea las restricciones constitucionales, explica Juan Moreno, es cuando precisa que las obras y servicios contratados –que tendrán una normativa más flexible que las que imponen las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas– serán pagaderos únicamente en efectivo. Es decir, Pemex no podrá pagar con petróleo, con parte de la renta petrolera, como sucede con las alianzas estratégicas.Pero aun con las limitaciones que pudiera tener el nuevo esquema de contratos para proyectos de mayor complejidad y que requieran de tecnología de punta –como la exploración en aguas profundas, por ejemplo– es, dice el entrevistado, mucho mejor que el de los Pidiregas, en los que Pemex asume todo el riesgo y la empresa contratada siempre gana, sea buena o no su obra, cumpla en tiempo y forma o no con las metas, sea o no eficiente.El de los Pidiregas es el esquema más lesivo de contratación que hay en el mundo. En México ha sido un mal negocio que tiene endeudado a Pemex, por ese concepto, con cerca de 50 mil millones de dólares, dice Juan Moreno.Si se hubiera cambiado la Constitución, afirma, podría hacerse lo que hacen los países que exploran aguas profundas: asociarse, como lo hacen Cuba, Noruega, Brasil, Angola y Corea del Norte, entre otros, independientemente de ideologías, cultura, idiosincrasia, historia y sistemas políticos. “Porque es prácticamente suicida ir solos a aguas profundas, donde hay que invertir cantidades extraordinarias de dinero, con riesgos muy elevados, con rentas petroleras mucho menores porque los costos son más elevados”. Pero algo se podrá hacer con los contratos nuevos que propone la iniciativa, dice, aunque reconoce que éstos tendrán que pasar por el filtro del debate en el Congreso y a nivel nacional, que necesariamente tendrá que darse para que salga una ley que convenza de sus virtudes.Por otra parte, al exdirector de Pemex, Francisco Rojas, presidente de la priista Fundación Colosio, le sigue molestando la forma en que el gobierno trata el tema de las aguas profundas, en el sentido de que Pemex ni tiene la tecnología ni la capacidad de ejecución para trabajar en ellas. Es precipitado, reitera, querer entrar ahora en ellas. Argumenta: Según la Secretaría de Energía, se tienen 100 mil millones de barriles en recursos prospectivos y reservas que permitirían sostener la producción actual 61 años, de los cuales 20% están en tirantes superiores a mil 500 metros; 10% en tirantes inferiores y 70% en aguas someras y tierra. Éstos últimos mantendrían la producción durante 43 años, suponiendo que no hubiera más descubrimientos.“Entonces –dice– no hay necesidad de precipitarnos a mayores complejidades, costos, riesgos y asociaciones. Hay que darle tiempo a Pemex de reconstituir su planta técnica, asimilar tecnologías, contar con más recursos propios y decidir la conveniencia y ritmo de explotación de las aguas ultraprofundas”.Además, critica, en la iniciativa “no se incluye como obligatoria la aplicación de la recuperación mejorada desde el inicio de la explotación del yacimiento, como sí lo hacen Estados Unidos, Canadá, Venezuela y otros países”. Incluir esa exigencia en la ley “permitiría alargar la vida útil de los yacimientos y aumentar el porcentaje de recuperación de hidrocarburos”.Pero, sin duda, uno de los temas que serán más controvertidos es el de la apertura del ámbito de la refinación al sector privado, así sea limitada. Las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional permiten expresamente a Pemex contratar a “terceros” para actividades de refinación, en un esquema similar al de maquila, así como de transporte y almacenamiento de petrolíferos.Es decir, empresas privadas, nacionales y extranjeras, podrán construir en el país refinerías y procesar el petróleo que Pemex les dé, pero ésta les comprará los productos finales –gasolinas, diesel y demás combustibles– y se encargaría de comercializarlos. Con ello el gobierno pretende revertir la situación que tanto empeño ha tenido en publicitar como uno de los factores que debilitan más las finanzas de Pemex: la creciente importación, y cada vez más cara, de gasolinas –más del 40% de lo que se consume en el país es importado–, así como la que el propio gobierno califica de insuperable ineficiencia de las refinerías nacionales, que operan con tecnología e infraestructura obsoletas. Además de tener las refinerías en México, aquí se generarían los empleos y se pagarían los impuestos.Para justificar la propuesta, el gobierno compara las utilidades de casi mil millones de dólares que obtuvo la refinería que Pemex tiene en asociación con la Shell en Texas con las pérdidas que arrojan las seis refinerías que hay en el país, con todo y que éstas trabajan con cinco veces más personal que las refinerías de Estados Unidos. El mensaje, dice el especialista Juan Moreno, es: si Pemex crea las refinerías con sus propios recursos, es condenarla a seguir perdiendo, pues además de pagar excesivamente en mano de obra, carece de la tecnología necesaria y debe vender la gasolina más barata, pues el precio de la gasolina es muy sensible para la población. Mejor que las hagan los privados. De paso, deja fuera al sindicato y Pemex evita los controles presupuestales de Hacienda en materia de refinación.Francisco Rojas ve en esta propuesta la parte más privatizadora y violatoria de la Constitución que hay en las iniciativas del gobierno de Felipe Calderón. Dice a Proceso: “Definitivamente estamos en contra de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para permitir, pretextando falta de capacidad, la participación privada en refinación, ductos y almacenamientos, pues se viola la Constitución, se regala el valor agregado del mercado interno en una forma no reconocida de privatización. Es, además, ofensiva para el gremio petrolero, que siempre ha sabido construir, operar y mantener refinerías y ductos”.Si las refinerías de Pemex están mal y pierden, “es culpa de los malos administradores, de falta de recursos y del deseo de convertir a Pemex en monoexportador de crudo”. Cree Rojas que, de aprobarse la propuesta así como está, será un “negocio redondo para los privados, pero no para el país”, pues si aquellos le entran exigirán mínimo una tasa de utilidad no menor al 20%.La noche del viernes, Cuauhtémoc Cárdenas abonó duramente en esa percepción. Calificó la iniciativa de Felipe Calderón de “entreguista” y llena de “subterfugios” que atropellan la Constitución. Pero realmente se enfocó en la parte de refinación. De aprobarse la iniciativa, dijo, se pondría en manos de intereses privados la refinación, el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, y eso “sería una flagrante violación a la Constitución, y peor: hacerlo como plantea la iniciativa, a través de contratos de maquila o de permisos, sería remachar la violación, pues no por llamar maquila a una concesión o permiso, dejaría de producirse un serio atropello a la norma constitucional”.Pero, otra vez, se adelantan vísperas y se calientan los ánimos anticipadamente. Se toman las iniciativas como ley aprobada, cuando todavía ni se discuten. Además de que el tema de las refinerías, caro al PRI –más por defensa de los intereses y privilegios del sindicato que por otra cosa–, es de los puntos planteados como susceptibles de ser cedidos en el proceso de negociación. l
Retroceso histórico
Cárdenas. LegadoPara Lorenzo Meyer, las reformas energéticas propues-tas por el presidente Felipe Calderón serán aprobadas porque ya fueron negociadas con el PRI. En entrevista con Proceso, el historiador afirma que este proyecto no es más que la conclusión de una larga marcha de la derecha que comenzó con el surgimiento del PAN en 1939 “y que ahora está queriéndole arrancar al cardenismo la joya de la corona”. En cambio, para el economista Rolando Cordera la derecha aún no ha ganado la batalla…Con el conjunto de iniciativas que envió al Congreso el martes 8, Felipe Calderón pretende, junto con sus patrocinadores del sector privado y sus aliados priistas, concluir la “larga marcha” de la derecha mexicana contra la principal herencia de la Revolución y de Lázaro Cárdenas: la nacionalización de la industria petrolera.“Es una vuelta al Porfiriato”, advierte el historiador Lorenzo Meyer, quien afirma que el proyecto privatizador de Calderón, materializado en las iniciativas de reforma petrolera, forma parte de una “sistemática ofensiva contra los valores del cardenismo”, entre ellos el ejido y el combate a la desigualdad.“Lo que ahora vemos no es más que la conclusión de una larga marcha que comenzó con el surgimiento del Partido Acción Nacional (PAN), en 1939, y ahora está queriéndole arrancar al cardenismo la joya de la corona”, expone el investigador, al dar dimensión histórica a la decisión de Calderón.Meyer, autor de libros imprescindibles sobre la industria petrolera –como México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942), editado por El Colegio de México en 1968, y Petróleo y nación (1900-1987). La política petrolera en México, escrito junto con Isidro Morales y editado en 1990 por el Fondo de Cultura Económica (FCE)–, tiene la certeza de que las iniciativas serán aprobadas con el apoyo de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Nadie puede hacerse el tonto. Si la propuesta está es porque ya se negoció con el PRI. Si no se hubiera negociado, no envía esa propuesta. Hubieran hecho el ridículo y no esperan hacer el ridículo”, puntualiza el historiador, quien censura a Calderón por haber ensalzado, en su mensaje en cadena nacional, a Cárdenas y “destruir lo último que, de manera material, queda” de él. “El hecho de que Felipe Calderón haya hablado de Lázaro Cárdenas es un homenaje del vicio a la virtud”, juzga el historiador, quien advierte de la repercusión histórica de la apertura al sector privado: Con cierta frivolidad o estupidez no se le da mayor importancia, pero esto es un negocio redondo. Los recursos que se van a obtener ahora abriendo la puerta al capital externo es a costa del futuro.” En ese mismo sentido Rolando Cordera concluye, después de revisar las iniciativas enviadas por Calderón al Congreso, que efectivamente se pretende permitir la participación del sector privado en áreas que el artículo 27 constitucional reserva al Estado.Autor junto con Carlos Tello de La disputa por la nación –un libro que, en 1981, planteó la confrontación entre los proyectos nacionalista y neoliberal– y El auge del petróleo: De la euforia al desencanto, editado en 1989, el economista disiente del historiador en cuanto a la aprobación segura de las iniciativas apoyadas por la derecha encabezada por Calderón.“Hay una larga marcha de la derecha mexicana en la que se ha involucrado el panismo, en algunos casos incluso renegando de sus postulados, pero esa larga marcha no ha terminado ni creo que termine con una victoria que le sea útil al propio proyecto económico y social de la derecha. “Da la impresión de que aquí había demasiada prisa porque la coalición de negociantes que apoyó al PAN y a Calderón, y antes a Vicente Fox, estaban ya hartos de tanta posposición. Pero les hicieron caso y se aventaron con esto, pero no significa que vayan a ganar. Yo, al contrario de Lorenzo, pienso que la moneda sigue en el aire en esta materia”, sostiene Cordera.Participante junto con Meyer en el grupo de intelectuales que le exigen al gobierno de Calderón honrar su palabra de convocar a un amplio debate en la sociedad sobre la reforma energética, el economista cree que es posible evitar la aprobación.
Regreso al siglo XIX
En entrevistas por separado Meyer y Cordera examinan las repercusiones históricas y económicas de las iniciativas enviadas por Calderón al Congreso, el martes 8, que contradicen el compromiso gubernamental de concitar un debate previo, tal como lo plantearon la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles.De hecho, fue a partir de esta convocatoria que un grupo de intelectuales decidió conformar un comité en defensa del petróleo, anunciado por Andrés Manuel López Obrador, el pasado 25 de marzo, en el Zócalo, que comenzó a reunirse para exigirle al gobierno “formas y métodos del debate”, tal como lo expusieron en su “Carta 1: ¿Qué es la privatización?”, firmada por 25 de ellos, que se han reunido en los domicilios del diplomático José María Pérez Gay y de la escritora Laura Esquivel.Lorenzo Meyer, investigador de El Colegio de México y autor de Su majestad británica contra la Revolución Mexicana, 1900-1950. El fin de un imperio informal, es poco optimista en evitar la privatización del petróleo, pero es preciso, aclara, “dejar testimonio de que esto es una infamia”.Para Meyer no hay duda: Se trata de liquidar la principal herencia de la Revolución y del cardenismo.“En 1939 era imposible, pero con el paso del tiempo cada vez más la derecha pudo darle golpes a la herencia cardenista. Si tomamos como derecha al (priista) Miguel Alemán, que aunque no era panista parecía, tenemos entonces los ‘contratos riesgo’ de 1949-1951; luego la lucha constante contra el ejido y la creación de un México en donde la desigualdad volviera a privar, porque quizás es con Cárdenas cuando la desigualdad social recibe el golpe más duro, pero luego se vuelve a constituir en el hecho central de México. Así, hay una especie de ofensiva sistemática contra los valores que representó el general Cárdenas y el cardenismo.”Dice Meyer: “Desde la derecha quieren darle un golpe más, no el último, porque todavía tendrían que cambiar el artículo 27 constitucional. Todavía no se atreven a tanto, no tienen la estatura para llegar a eso, pero están haciendo la labor de zapa”.Por eso insiste en que Calderón ya pactó con el PRI: “Que quede alguien con el espíritu cardenista es poco importante, porque lo que pueden hacer desde dentro los militantes es nada, porque las cúpulas son las que cuentan. Y yo no veo a Manlio Fabio Beltrones como heredero del cardenismo”.Por eso no queda mucho que hacer, ni siquiera desde el ámbito del grupo de intelectuales del que Meyer forma parte: “Nosotros no tenemos ningún poder político formal. Este grupo es, en última instancia, depositario de una idea de México, pero si el resto de México no la considera apropiada, qué cosa va a hacer uno, excepto expresar el rechazo y listo. Que quede por lo menos constancia histórica de que no todos los mexicanos fueron indiferentes, que no se tragaron el anzuelo o de plano iban abiertamente a contrariar esa que era la mejor herencia de la Revolución Mexicana”.
–En ese sentido, ¿hay una asunción de una derrota ante la derecha?
–se le pregunta.
–Ese es mi caso. No puedo hacerme tonto. Es decir, la derecha ganó las elecciones de 2000, ganó las elecciones de 2006, tiene a todos los poderes fácticos, a todas las grandes concentraciones de capital, tiene a la mayoría de los medios de difusión, tiene a la Iglesia católica, tiene al Ejército Mexicano. ¿Qué más quiere? Tiene, desde luego, el apoyo exterior. Ya nada más falta que Dios venga y abiertamente les dé su apoyo.Después de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) “se suicidó”, por el inacabado conflicto de su elección interna, Meyer afirma que lo único que queda es el movimiento que encabeza López Obrador.“Todas las instituciones, incluyendo a los partidos –unos porque se han suicidado, otros porque están a la venta al mejor postor y otros porque son abiertamente de derecha– están yendo en una dirección y el movimiento social es lo único que queda. Y la guerrilla, pero también es francamente más simbólica que real.”En ese sentido, dice, “toda la responsabilidad” está en López Obrador y en el movimiento que encabeza. “Es el único líder carismático en México, el único líder de izquierda capaz de mover masas, el único que mueve masas, porque, desde luego, la derecha mueve intereses, pero no masas. Y las masas sólo en muy contados momentos tienen importancia en la historia de México.
–¿Cuál es la dimensión histórica de la privatización de Calderón?
–Es una vuelta al porfiriato, a la situación original. El arranque de la privatización del petróleo es Manuel González, en 1884, pero la consolidación es responsabilidad, ciento por ciento, de Porfirio Díaz. Son sus leyes mineras y petroleras que culminan en la de 1909, en donde le dan la propiedad absoluta de la riqueza petrolera a los dueños de la superficie sin que haya ninguna obligación, nada en contraparte.“Esa fue la primera privatización. Luego vino la segunda, con Miguel Alemán, con los contratos de riesgo; viene la tercera cuando ya se hacen los contratos de servicios múltiples, y esta vendría a ser la cuarta privatización.”
–¿Faltaría una quinta: la reforma al artículo 27?
–Sí, faltaría la quinta. Pero no creo que les haga mucha falta. Que Pemex saque el petróleo que pueda y, a partir de ahí, el interés privado hace todo lo demás: lo vende al exterior, lo refina, lo convierte en lo que sea y la renta petrolera se les va a ellos, dándole una parte al Estado para que éste no se moleste en hacer la reforma fiscal, no sea que se vayan a incomodar Telmex, Bimbo, Cemex o el montón de millones de mexicanos que viven en la economía informal y que no pagan nada de impuestos.Las iniciativas de Calderón, advierte, ni siquiera tocan la voracidad de la élite administrativa y la corrupción del sindicato: “Es el corporativismo priista reciclado a favor del corporativismo panista. Y no los líderes petroleros, sino Elba Esther Gordillo. El PAN, en teoría, estaba comprometido en una lucha frontal contra el corporativismo, en la práctica es exactamente lo opuesto: Son cómplices”.Por eso, dice que la responsabilidad de López Obrador es gigantesca: “Él tiene una gran confianza en el movimiento social, pero la prueba que le viene encima es enorme. ¿Cómo se va a oponer ese movimiento social a la brutalidad de la fuerza del Ejército, de la Policía Federal Preventiva, del México oficial armado? Al final de cuentas, detrás de toda decisión política está la fuerza y en este caso es más claro que nunca. Toda decisión gubernamental tiene la fuerza como última razón, pero en ésta es más evidente.“Ya tomaron una decisión desde el momento del desafuero. Ese es el arranque. Ahí quedó claro: La evolución política de México no pasa por entregar, aunque sea como parte de un juego de alternancia, nada a la izquierda, a la izquierda real, claro, a esa cosa que queda ahorita en las estructuras del PRD sí, también puede negociar con ella, pero la de a deveras, no.”Ante el panorama que aprecia adverso, Meyer aclara: “Nunca nada es definitivo, es el único consuelo que me queda. No fue definitiva la expropiación petrolera, no será definitiva su privatización”.
Calderón “se pasa de listo”
Por su parte, a Rolando Cordera no le queda duda de que las iniciativas pretenden burlar el artículo 27 constitucional: “Están destinadas a ir abriendo puertas para una mayor participación de la empresa privada en diferentes actividades de la industria, sin que se justifique ni técnica ni analíticamente, y me atrevería a decir que ni constitucionalmente”.Añade: “Lo que me preocupa es que el gobierno se haya obstinado en una práctica que, sobre todo los panistas, decían querer erradicar de la arena política mexicana: Es la táctica del engaño y del juego del gallo y la gallina”.Recuerda que Calderón, Kessel y Reyes Heroles convocaron a un diálogo nacional, previo a enviar una iniciativa, pero después el coordinador de los senadores panistas, Santiago Creel, dice que será el PAN el que la presente y luego, sin aviso, finalmente sí la envía el Ejecutivo. “Calderón se quiso pasar de listo con todos nosotros. Vuelve a las mismas jugarretas a las que ya estábamos acostumbrados con el PRI”, censura Cordera. “Quién sabe a quién quiso engañar o sorprender, pero fue una falta de respeto a sus propios términos de gobierno por la vía de la discusión y la deliberación, que es de todos los gobiernos democráticos”.
–Pero esto acredita que van con todo.
–Yo no creo que estemos en México para eso y pienso que el propio debate que se va a tener que abrir se demostrará que no se pueden aprobar así las cosas. Y por otro lado, suponiendo que haya uso de la fuerza, sería una victoria muy costosa y casi me atrevería a decir que pírrica, porque tendría un efecto boomerang que negaría, de tajo, todas las promesas de los diferentes tesoros que andan por ahí sembrados.“Va a haber una reacción de grupos muy grandes en el país, de diferente tipo, y esto va a crear condiciones de poca estabilidad y consecuentemente poco propicias para atraer la inversión del exterior que supuestamente están buscando con estas reformas.”Inclusive, anota, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya recomendó que haya consenso: “Fíjese nada más cómo cambia el mundo. Saben que las disputas prácticamente en todo el planeta y particularmente en América Latina, es por el uso, disposición y control de los recursos naturales y particularmente los recursos que tienen que ver con la energía. Pensar que aquí podemos hacer caso omiso de lo que está ocurriendo en el resto del continente y en el resto del mundo es una ingenuidad autodestructiva”.Cordera, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, recuerda también que en el mundo hay una crítica con implicaciones prácticas a lo que se denominó la revolución neoliberal o “la revolución de los ricos”, y eso debe tomarlo en cuenta el gobierno.“Empeñarse en la versión más pueril, casi diría banal, del consenso de Washington y del canon neoliberal, es ir –aquí sí– contra los tiempos de la historia presente. A lo mejor imponen, porque sería imponer, estas iniciativas, pero no se corresponde a lo que está ocurriendo en buena parte del planeta y con el compromiso esencial que todos tenemos para dirimir nuestros proyectos.“No. El código democrático supone deliberación y discusión, y no imposición ni jugarretas legislativas. Eso se daría si se da una operación fast track en esta materia. No está tan sencillo que lo logren, pero si lo logran será una victoria terriblemente costosa para quienes participen en ella.”Por eso, insiste, no hay nada escrito en la aprobación de las iniciativas privatizadoras, que materializarían la victoria del PAN: “Esto aun cuando ha avanzado mucho la derecha que incluso ha cantado himnos de victoria, como su supuesta victoria cultural. No hay ninguna victoria cultural y menos de ellos. Es verdaderamente ridículo”. l
Debate nacional vs. debate en el Congreso
La prioridad, obtener la mayor utilidad política
El Senado se convirtió en ese instante en el epicentro de una crisis políticaJenaro Villamil
La toma de las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados por legisladores del Frente Amplio Progresista hizo aflorar las tensiones que apenas podía ocultar ya la “normalidad” aparente: el empantanamiento de los debates cruciales, las divisiones internas de cada partido y la prioridad que tiene para el PAN, el PRD y el PRI obtener la mayor utilidad política del manejo de la reforma energética.Al filo de la una de la tarde del jueves 10, la inmaculada tribuna del Senado, antesala de presidenciables y gobernadores, terminó su historia de buenas maneras legislativas al ser ocupada por 20 senadores del PRD, PT y Convergencia liderados por Ricardo Monreal.El Senado se convirtió en ese instante en el epicentro de una crisis política que abarca a los tres principales partidos y ensombreció la reforma energética de Felipe Calderón justo en su semana estelar.En el momento que el pleno del Senado discutía si autorizaba a Calderón su viaje a Nueva Orleáns entre el 21 y el 23 de abril, Monreal subió a tribuna para argumentar en contra del viaje y, de paso, contra su paquete de reformas energéticas. En realidad, se subió para dar la “señal” del inicio de las protestas anunciadas por Andrés Manuel López Obrador.–En este momento, inicia la resistencia civil pacífica en todo el país. No nos van a mover de aquí –advirtió Monreal. El exgobernador zacatecano colocó sobre la tribuna el banderín con la leyenda “No a la Privatización. Respeto a la Constitución”. Esa era la señal. Rosalinda López, Rosario Ibarra y Tomás Torres fueron los primeros senadores en llegar a su lado. Siguieron Claudia Corichi, Alfonso Sánchez Anaya, Gabino Cué, José Luis Lobato, Salomón Jara y Yeidckol Polevnsky, entre otros.Sorprendidos, más de 10 senadores del PRD no participaron en la toma, entre ellos Pablo Gómez, Arturo Núñez, Carlos Sotelo, Graco Ramírez y el propio coordinador Carlos Navarrete. A diferencia del coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, quien en ese momento encabezaba la toma en la tribuna de San Lázaro, Navarrete estaba fuera del salón de plenos. Negociaba con Manlio Fabio Beltrones, jefe de la bancada del PRI, y con Santiago Creel, coordinador del PAN, la calendarización y organización de los 12 foros de debate sobre la reforma energética.Éstos constituyeron el punto medular de la crisis. El PRD demandó incrementarlos a 14 y pidió que se prolongaran hasta agosto. PAN y PRI aceptaron la realización de los foros, pero sin amarrarlos a una fecha definida. Creel se negaba a esta posibilidad. Un día antes, Felipe Calderón había anunciado en entrevista televisiva que se podía aprobar su paquete de reformas en abril, antes de que terminara el período ordinario. En el último borrador del acuerdo que se trabajaba en el momento de la toma, el PRI aceptaba irse hasta julio o agosto, siempre y cuando se dictaminara la reforma energética en septiembre. Otras versiones consultadas por Proceso señalaron que tal acuerdo estaba empantanado.
“No nos secuestren”
Cuando los legisladores del FAP ya estaban en la tribuna, en el interior del pleno de sesiones los ánimos se caldearon y llegaron al punto de los golpes.
–¡Vamos a bajar de ahí a esos hijos de su puta madre! –arengó desde su curul el panista Felipe González, mejor conocido como “el empistolado”. De inmediato, sus correligionarios Gustavo Madero y Teresa Orduño trataron de calmarlo. Se enfrentó también con Ramón Muñoz, exjefe de la oficina presidencial con Vicente Fox, quien lo llamó a la calma.
–No ves cómo estoy y todavía estás chingando –le reclamó el exgobernador de Aguascalientes a Muñoz.El caos dominaba. El vicepresidente de la Mesa Directiva, el panista José González Morfín, decretó un receso. Como un rayo, Manlio Fabio Beltrones entró al salón de sesiones y desde su curul le ordenó a González Morfín:
–¡Que se reponga la sesión! ¡Reinicia la sesión! ¡Levanta el receso!Santiago Creel, presidente del Senado, no atinó a subir a la tribuna tomada. Su correligionario Ricardo García Cervantes le reclamó que asumiera el control del pleno.A gritos, el perredista Tomás Torres le reviró a Beltrones:
–¡Usted no puede hablar, ya se decretó el receso!
–¡Que no nos secuestren la sesión! ¡Que no nos secuestren! –gritó Beltrones.Luego, molesto, acusó a los miembros del FAP de “querer dinamitar la posibilidad de un debate. A ellos no les interesa debatir; lo que les interesa es no concluir y dejar paralizado el país”.La tribuna de la Cámara de Diputados también había sido tomada. El Congreso mexicano quedó paralizado.
La cúpula fracturada
La Junta de Coordinación Política, la cúpula del control político del Senado, se descarriló desde ese momento. Desde que se levantó la sesión del pleno tomado sólo pudo llegar a un acuerdo: reunirse este lunes 14 para una reunión convocada por Beltrones, su presidente.Los tres coordinadores del Frente Amplio Progresista, Carlos Navarrete, Dante Delgado y Alejandro Yáñez, demandaron que la junta sesionara antes del lunes y facilitara que la Mesa Directiva de la Comisión de Energía se reuniera para elaborar la calendarización de los foros de debate.En respuesta a la petición del FAP, Creel y Beltrones insistieron en que primero los senadores debían desalojar la tribuna para acabar con el “secuestro” del Senado, y después negociar.Las posiciones se volvieron irreductibles. Navarrete confirmó las versiones de que al mediodía del jueves se retiró unilateralmente de la junta, sin consultar a su propia fracción.Otras versiones indicaban que sostuvo una fuerte discusión con Creel. El exsecretario de Gobernación le demandó al perredista que primero debía resolver el desalojo de la tribuna y la liberación del bloqueo en los alrededores del Senado.El viernes 11 de abril, segundo día de la toma del Senado, el FAP volvió a solicitar la reactivación de las negociaciones en la Junta de Coordinación Política. Anunciada para las 11 de la mañana, la reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Energía, integrada por Francisco Labastida, Graco Ramírez y Salvador Camarillo, no se realizó porque éste, panista identificado con el ala dura de su partido y promotor de la reforma energética, estuvo ilocalizable. En la noche del mismo viernes, acompañado por Creel, Camarillo se defendió de las acusaciones de que estaba bloqueando el acuerdo: “Para que un barco pueda naufragar, hay que echarlo a la mar. No puedo asistir a una reunión a la que no he sido convocado”.Durante todo el viernes se ventilaron las versiones sobre un posible acuerdo entre el PAN, PRI y Panal para acordar una “sede alterna” del Congreso. El vocero de la fracción priista en San Lázaro, Enrique Benítez, afirmó que el FAP tiene hasta el martes a primera hora para desalojar la tribuna o, de lo contrario, los demás partidos sesionarán en otra sede. Creel y Beltrones consultaron esta posibilidad con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Los costos internos
Con la parálisis del Senado afloraron las divisiones y las fracturas que estaban soterradas en cada uno de los tres principales partidos: PRD, PAN y PRI.La más obvia fue la que se generó al interior de la fracción del PRD. Sólo 16 senadores de los 28 participaron en la toma de la tribuna. La mayoría de los que se mantuvieron abajo pertenecen a la corriente de Nueva Izquierda, Los Chuchos, que disputan la dirigencia nacional del PRD tras las irresolubles elecciones internas.David Jiménez, integrante de Los Chuchos, acusó a los seguidores de Monreal: “Tratan de sabotear, torpedear a la coordinación de Carlos Navarrete”. Graco Ramírez, negociador en la Comisión de Energía, fue otro de los más visibles opositores a la toma de la tribuna, mientras que Pablo Gómez, de otro grupo al interior de la fracción, optó por una versión intermedia: se solidarizó con sus compañeros, pero él hubiera tomado una medida más “radical”, explicó ante la prensa.Horas después de la confusión, Monreal reiteró que el coordinador de la fracción es Navarrete. Cuestionado insistentemente por los reporteros, Navarrete explicó así las posiciones en su fracción:“Hay opiniones diversas, como diversos son los partidos, y esto no significa ni fracturas ni divisiones, son acciones diversas de un solo movimiento y de una sola convicción.”Menos visible, la división al interior del PRI también afloró. Poco antes de la toma de la tribuna, su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo una discusión con Heladio Ramírez, senador y dirigente de la CNC, que expresó sus diferencias con el paquete de reformas de Calderón. También Carlos Jiménez Macías ha expresado públicamente su divergencia con el proyecto de inversión privada en materia de refinación.El distanciamiento más visible ha sido entre Francisco Labastida, excandidato presidencial, cercano a la dirigente nacional Beatriz Paredes, y el propio Beltrones. Ambos han hecho declaraciones distintas sobre el tiempo necesario para organizar los debates. Labastida ha afirmado que es “prácticamente imposible” dictaminar en abril.Un punto de convergencia enlazan las posiciones de Labastida y de Paredes: la defensa de los seis lugares de la representación del poderoso sindicato petrolero en el Consejo de Administración de Pemex. En declaraciones a medios, Beltrones se ha desmarcado de este aspecto:“Este es un asunto que debe resolverlo la empresa. Las relaciones de un sindicato no son con el Congreso, las relaciones de los sindicatos son con las empresas. De tal suerte que la responsabilidad queda ahí, en la empresa-sindicato”, declaró Beltrones en entrevista con Hoy por Hoy.La disputa por el control de la fracción también está presente en el PAN. Senadores panistas criticaron la actitud “blandengue” de Creel frente a la toma de la tribuna. El mismo jueves un grupo de diez senadores se radicalizó e ingresó al salón de sesiones para desafiar a los que mantenían ocupada la tribuna. Encabezados por Gustavo Madero, Fernando Elizondo y Rubén Camarillo –los tres redactores de un anteproyecto de reforma energética–, los senadores del PAN colocaron en las curules de su fracción pancartas con las leyendas: “Respeto al Congreso” y “No a la Violencia, ¡Sí al Diálogo!”.El más exaltado, Jorge Ocejo Moreno, les gritaba “¡fascistas, fascistas!” a los perredistas que mantenían ocupada la tribuna.
La confrontación
El impasse en el proceso legislativo no ha excluido la posibilidad de que, dentro y fuera del Congreso, comience a generarse un debate sobre la necesidad de unos foros de debate que se prolonguen más allá de abril.Paradójicamente, al PRI y a los partidos del FAP les beneficiará con mayor fuerza la realización de estos debates.La dirigente nacional priista, Beatriz Paredes, reiteró su deseo de que “se recupere a la brevedad posible un ritmo de diálogo y un debate dentro de la normalidad democrática” en el Congreso. No mencionó la palabra “secuestro” e hizo votos para que las autoridades de ambas cámaras “actúen con inteligencia y tomen las estrategias que sean pertinentes”.En San Lázaro las seis coordinaciones del FAP anunciaron que iniciarán su propio debate interno (el primer invitado será el constitucionalista Jaime Cárdenas). Al mismo tiempo, se pronunciaron contra el “linchamiento mediático” y le demandaron a Televisa el derecho de réplica ante una cobertura que ha editorializado la toma del Congreso.Mordaz, Carlos Monsiváis, integrante del Comité de Intelectuales que ha demandado su participación en el debate sobre la reforma energética, sintetizó así el origen de la crisis política que detonó en el Senado: “Quieren privatizar los beneficios del petróleo y que les aplaudamos, mientras vemos las fotos de Lázaro Cárdenas en 1938”.
Liderazgos de Cárdenas y AMLO, causas de la crisis en el PRD: Gunther Maihol
Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador
Bruselas, 14 de abril (apro).- El hecho de que los “líderes reales” operen por encima de la dirigencia del partido; el empecinamiento de Andrés Manuel López Obrador a dinamitar la “institucionalidad” del mismo, y la aplicación de un método poco eficiente de elección interna, son los factores que se encuentran detrás de la profunda crisis en que está sumido el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La izquierda europea, sin embargo, ha superado crisis similares a través del fortalecimiento de los órganos de decisión partidistas. De no hacerlo así, el PRD no sólo pondría en juego el futuro de la izquierda mexicana, sino de todo el sistema político frente a los ciudadanos, señala Günther Maihold, director adjunto del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y la Seguridad.El principal elemento en la crisis del PRD es “la presencia de fuertes liderazgos al exterior de la dirección del partido: Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. La experiencia europea muestra que un partido sólo desarrolla su estructura democrática si los líderes reales están en los puestos de dirección”, dice.Si, por el contrario, esos líderes, que no se han sometido a ningún escrutinio interno, “crean corrientes” y “delegan su liderazgo en otros militantes, eso genera conflictos de segundo rango: los actores internos siempre deben demandar una autorización de los liderazgos externos, que no gozan de ninguna legitimidad democrática”, favoreciendo “relaciones clientelistas”.
--¿Cuál es la experiencia en Europa con las elecciones internas? –se le pregunta.
--En 1986 lo aplicó el Partido Socialdemócrata alemán. Había cuatro candidatos que aspiraban a la dirigencia y con esto se esperaba limitar las divisiones que provocaría un congreso de partido. Sin embargo, el candidato elegido llevó después al fracaso al partido. Fue la única vez que los socialdemócratas emplearon este instrumento. Las elecciones primarias son un elemento típico de los partidos poco estables. Cuando éstos no cuentan con una membresía fija, ni vida partidaria entre elecciones, este tipo de elecciones ofrecen un momento oportuno para movilizar militantes y buscar nuevos electores. Maihold, autor de libros y ensayos sobre el sistema político mexicano, entre ellos México y las elecciones del 2 de julio de 2006: gobernar después de un final de fotografía (2006); La transformación de las élites y tecnocracia política en México (2006), o México: hacia un cambio a la modernidad (2003), analiza la actual crisis perredista, y afirma que “la conformación de tribus es una expresión que caracteriza a la política latinoamericana en general”.
--En ese marco, ¿López Obrador une o polariza en el PRD?
--Está dañando al partido. No fomenta el funcionamiento normal de sus instituciones. Si fuera el candidato para dirigir el PRD, podríamos garantizar que la elección interna definiría el futuro del partido, puesto que implicaría un proceso de clarificación de posiciones. Se sabría exactamente qué nivel de apoyo genera. Daría una señal clara de hacia dónde se dirige éste organismo político. Pero no es el caso, López Obrador no ayuda a la cohesión del partido.En ese sentido, afirma que no fue acertada la estrategia de López Obrador de no reconocer a Felipe Calderón como presidente, ya que “puso en bastantes aprietos al partido” y a sus diputados, al ponerlos en la encrucijada de “no actuar en casi ningún renglón de la acción parlamentaria”. Maihold reflexiona sobre López Obrador: “La imagen que tenemos en Europa de él es más la de un líder social que está tratando de recuperar fuerzas para las próximas presidenciales. Pero no es reconocido como un líder de izquierda real: no tiene un planteamiento de política internacional y ninguna presencia en ninguno de los ámbitos de la llamada izquierda internacional. Siempre ha sido una persona muy apegada a su propio país y ha dejado vacío el rol que jugaba Cárdenas como figura de identificación más allá de las fronteras nacionales. Eso ocasiona que el PRD, como tal, no pueda desarrollar un perfil reconocible en Europa.Maihold opina que el PRD está dilapidando su fuerza electoral en pugnas internas. Señala que “el proceso de las elecciones internas está dando una pésima señal sobre el grado de institucionalidad de la izquierda en México”.Y explica: “En la historia de México ha habido varios intentos de generar una izquierda sólida: la izquierda social, la universitaria, la emanada de las organizaciones sociales. El PRD era el primer proyecto que intentaba cohesionar estas izquierdas de la sociedad civil en una estructura de partido. Primero, bajo la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y como un partido antiPRI. Después, ha intentado desarrollar un proyecto político propio. Por eso lo que está en juego es la viabilidad de la izquierda como tal”.Además, indica, lo anterior “daña a todo el sistema de partidos, ya que debilita todavía más a las instituciones que deberían estar en condiciones de sostener y fomentar el desarrollo democrático del país”.Y detalla: “Hemos visto crisis como la del PRD en partidos de izquierda en Italia, Alemania, Francia… siempre con cambios dramáticos en el liderazgo. Es una fase normal en los partidos. De estos procesos surgieron nuevos partidos o se desmembraron. Los sistemas de partidos como tales se ampliaron y, de esa forma, se dieron nuevas formas de coaliciones entre fuerzas de izquierda y centro para generar mayorías. En Alemania el gobierno de coalición pasó de tres partidos a cinco”.Lo compara con México: “Ahí la tendencia es hacia un sistema tripartidista con algunos partidos pequeños. Es un sistema que elimina la generación de mayorías convincentes. Con la crisis de los partidos mayoritarios, y ahora con la del PRD, hay una gran posibilidad de que los partidos pequeños tengan más afluencia de electores, más aceptación pública y que surjan nuevos liderazgos. El efecto de todo esto podría ser la ampliación del sistema de partidos. Pero eso no genera necesariamente mejores condiciones de gobernabilidad”.Advierte que, “por la experiencia del voto ciudadano en México, el efecto de este tipo de crisis, como la del PRD, es el aumento del abstencionismo. Ese será el mayor problema. La identificación de los ciudadanos con los partidos va a bajar… La lección que puede sacar el PRD de estas crisis europeas es que lo que mantiene un partido es la institucionalidad y una membresía comprometida más allá de las desavenencias que puedan tener los liderazgos en turno”.
--¿Quién sale ganando con esta crisis: el gobierno de Calderón o el PRI?
--El PRI sigue siendo una maquinaria electoral viable. Ha sido el ganador en la confrontación entre el PAN y el PRD. El PAN está en el tope de la votación que puede alcanzar. Puede aprovechar que los votantes de otros partidos no acudan a las urnas. Por lo tanto, al bajar la asistencia de perredistas a las urnas, se fortalece el PRI, en primer término, y en segundo el PAN.Sobre el futuro del PRD, Maihold advierte: “Hay un peligro real de una fragmentación del partido”, cuya realización depende de cómo se comporte López Obrador. En la medida en que no debilite la institucionalidad del partido, de que pueda desarrollar discursos integracionistas dentro del partido; o por el contrario, de que siga concibiendo al PRD como un proyecto personal que debe seguirlo o no le sirve, el partido resurgirá o se fragmentará”. Concluye: “López Obrador siempre opera a través de ciertos temas que explota para movilizar a su propia gente. Es el caso de Pemex ahora. Siempre encuentra temas para aglutinar su clientela. Pero esa estrategia resulta insuficiente para mantener cohesionado un partido a la larga”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
