De la denuncia, a la amistad

FECAL y Carlos Romero

Carlos Acosta Córdova

El gobierno de Felipe Calderón y el sindicato que encabeza Carlos Romero Deschamps afianzan el pacto que establecieron desde marzo pasado, por medio del cual el gobierno mantiene intocados los privilegios de esa organización, en tanto que ésta apoya la reforma petrolera calderonista.Pero este apapacho al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) era impensable hace unos años, cuando Felipe Calderón era coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y promovía con denuedo el desafuero de Romero Deschamps y Ricardo Aldana para juzgarlos por el desvío de recursos a la campaña presidencial del PRI en el 2000. Su argumento entonces era: con el Pemexgate, la dirigencia de los petroleros coronaba décadas de corrupción, privilegios, delincuencia, y ahora –corría el año 2002–, con el apoyo del PRI pretenden tener al Congreso, al gobierno, como rehenes de la impunidad, pues amenazan con paralizar al país no sólo para impedir las reformas estructurales que plantea el gobierno, sino para evitar el castigo a sus ilícitos.
Eso decía Calderón al inicio del gobierno de Vicente Fox.
Pero ahora, cuando clama por apoyo a su reforma energética, resulta que su gobierno es el principal defensor del sindicato petrolero. Y le tocó nada menos que a Jesús Reyes Heroles González-Garza, el director general de Pemex, ser el conducto para poner al sindicato y a los trabajadores de la paraestatal como ejemplo de responsabilidad, respetabilidad, eficiencia y entrega.El miércoles 4 de junio, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, convocó a conferencia de prensa conjunta con Reyes Heroles –uno de tantos esfuerzos infructuosos de convencimiento– para hablar de la reforma y replicar a algunas de las críticas planteadas en los foros senatoriales. Un reportero se dirigió a Kessel para preguntarle si el gobierno aceptaría una iniciativa de reforma energética que elimine los privilegios del sindicato y sus líderes, disminuya la excesiva y onerosa plantilla laboral –que suma más de 140 mil trabajadores, entre sindicalizados y de confianza–, y evite que el sindicato, como lo dijo en el foro del día anterior Adrián Lajous, exdirector de Pemex, se lleve parte de la renta petrolera.La secretaria se aprestaba a contestar, pero Reyes Heroles se le adelantó rápido, nervioso: “Ya sé que no es para mí la pregunta, pero si me dan chance doy mi opinión”. Y, sin esperar el “chance”, apuró: Antes que criticarlos o señalar los privilegios que tienen los trabajadores petroleros, hay que “hacerles un reconocimiento por su gran calidad”, pues “producen del orden de 3 millones de barriles de petróleo todos los días, que producen 6 mil 500 millones de pies cúbicos diarios de gas, que producen 1 millón 300 mil barriles diarios de productos refinados y los distribuyen, y que producen gas y petroquímicos básicos”.También dijo que son erróneas las comparaciones “fáciles” sobre el desempeño de los trabajadores de Pemex frente al que registran los de otras empresas petroleras internacionales en términos de productividad y eficiencia. Que tampoco es correcto decir que los trabajadores petroleros tienen remuneraciones mucho mejores a las que perciben trabajadores de otras ramas industriales. Casi grita: “No es inédito ni exclusivo de México (que ganen mucho los petroleros), porque trabajan en una industria de riesgo, porque trabajan en condiciones rudas”.Criticó también al exdirector de Pemex, Adrián Lajous, quien el día anterior –en el marco del séptimo foro senatorial sobre el debate de la reforma energética– había dicho que por los altos sueldos y el exceso de personal, el sindicato se lleva parte de la renta petrolera. Lajous, director de Pemex de diciembre de 1994 a 1998, fue al grano: “El sindicato petrolero ha logrado apropiarse, directamente, de una parte de la renta económica del petróleo a través de remuneraciones y prestaciones generosas y altos niveles de sobreempleo; también ha contribuido a disipar la renta económica al exigir e imponer prácticas laborales que afectan la eficiencia operativa de la empresa.”Pero Reyes Heroles, tras año y medio en el cargo, cree lo contrario. Dijo que la nómina de Pemex “está en línea con la de otras petroleras”, y exigió “hacer una serie de ajustes antes de brincar a conclusiones sobre la idea de que el trabajador petrolero mexicano está sobrepagado”.
“Pesada carga” o capital político
A juzgar por esas palabras, Reyes Heroles descreyó también de su antecesor en la dirección general de Pemex, Luis Ramírez Corzo. A finales de 2005, éste reconoció que la plantilla de la paraestatal estaba excedida en por lo menos 30 mil trabajadores; que de igual número de plazas podría prescindirse. Sólo el sindicato cuenta con 101 mil trabajadores.Igual la nómina, tan alta como irracional –gracias a los ventajosos contratos colectivos y a los acuerdos, muchas veces subrepticios, entre empresa y líderes–: datos de Pemex, de marzo de este año, señalan que se destinan 61 mil 911 millones de pesos (de un total de 81 mil 140 millones de gasto corriente; es decir, 76%) para el pago de salarios y prestaciones a cerca de 145 mil trabajadores y empleados (sindicalizados y de confianza).El gobierno de Vicente Fox fue particularmente generoso con el sindicato. No sólo se le dio carpetazo a la investigación del millonario desvío de recursos a la campaña de Francisco Labastida en 2000, el célebre Pemexgate, sino que las revisiones contractuales y los convenios respectivos le redituaron al sindicato millonadas de escándalo, como la de 2005-2007, por casi 8 mil millones de pesos.En el gobierno actual no han sido distintas las cosas. La revisión 2007-2009 y los convenios correspondientes sumaron casi 3 mil millones. Reyes Heroles autorizó, además de mil 700 millones, otros 200 millones para mantener campos deportivos del sindicato; 459 millones para ayudas reclamadas de 2001 a 2004; 114 millones 814 mil pesos para cubrir la cláusula 251 bis de 2005; 49 millones para construir un deportivo en Ciudad del Carmen; mil 65 millones 518 mil pesos del programa de préstamos al STPRM y 800 millones para préstamos de vivienda.La propia administración de Calderón ha dado cuenta de la pesada carga que son los trabajadores en las finanzas de la paraestatal: los activos totales de Pemex, al cierre de 2007, eran de 1 billón 247 mil 200 millones de pesos; sus pasivos totales (la deuda total, pues), de 1 billón 134 mil 500 millones de pesos, y de éstos, 528 mil millones de pesos, casi la mitad, eran pasivos laborales, es decir, dinero que se le debe a los trabajadores.
Reconocimiento a la dirigencia
El día de la conferencia con Kessel, Reyes Heroles no sólo obvió la capacidad desestabilizadora del STPRM, sino que hizo a un lado los datos oficiales que dan cuenta del lastre que ha sido para la industria y para las finanzas públicas. Peor aún, habló en los mismos términos y el mismo tono en que lo hace Romero Deschamps para defenderse a sí mismo y a sus dirigidos. “Somos quienes pasan 14 días en confinamiento y atención permanente a bordo de las plataformas marinas; somos los que pasan hoy cuatro meses, y antes más, a bordo de los buquetanques petroleros. Somos los que viven condiciones extremas en un remoto campamento en el desierto como escenario de las recortadas brigadas de exploración. Somos, a fin de cuentas, los que trabajan de manera cotidiana en las plantas de proceso y demás instalaciones con altísimas temperaturas y presiones.“Somos a los que se nos señala como trabajadores de excepción porque tenemos un servicio médico exclusivo, cierto. Pero somos quienes hemos ayudado a construir unidades médicas y hospitales a lo largo y a lo ancho del país, lo mismo que escuelas, carreteras, puentes y caminos”, manifestó el dirigente el pasado 18 de marzo, en Tabasco, durante la conmemoración del 70 aniversario de la expropiación petrolera, ante el presidente Calderón, Reyes Heroles y Kessel.Semanas después, el periódico Reforma daba cuenta de algunas de las propiedades y gustos personales de Romero Deschamps: un departamento de lujo y un yate en Cancún; viajes frecuentes a Las Vegas –el último, el 1 de mayo, Día del Trabajo– y relojes Rolex comprados con las cuotas sindicales. El cobijo que dio el director de Pemex al sindicato y sus líderes corona una serie de hechos que dan cuenta del pacto que acordaron desde principios de año el gobierno y Romero Deschamps. Los últimos días de febrero y los primeros de marzo –es decir, semanas antes de que la Secretaría de Energía diera a conocer el diagnóstico sobre Pemex, con el que justificaba la necesidad de la reforma–, Romero tuvo días febriles, de encuentros prolongados con los principales funcionarios del gabinete: compartió el pan y la sal con el secretario del Trabajo, Javier Lozano; con el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y con el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, entre otros.
Para el 18 de marzo quedó claro que entre gobierno y sindicato habría un trato terso, de no agresión, de apoyo mutuo.
“Señor presidente: los trabajadores petroleros (le) expresamos nuestro más amplio aprecio y reconocimiento, por su permanente interés en la industria petrolera… Donde haya un trabajador petrolero, encontrará, señor presidente, la mano franca y amiga dispuesta a respaldarlo”, le dijo Romero a Calderón, durante la ceremonia de la expropiación petrolera.Y hasta le echó la mano contra Andrés Manuel López Obrador, que días antes había anunciado todo el relajo que luego hizo: “A 70 años de actividad laboral, los trabajadores petroleros no necesitamos, por supuesto, ni redentores de ocasión ni nostálgicos del poder y de los reflectores”.“Gracias por sus palabras”, respondió Calderón, quien expresó su “más sincero reconocimiento a los obreros, a los técnicos, a los ingenieros, mujeres y hombres aquí presentes, y a todos, a todas y todos los que laboran a lo largo y a lo ancho del país, porque se han esforzado para elevar la competitividad y la rentabilidad de esta empresa orgullosamente mexicana”. l

PANazis HIPOCRITAS!

Objetivo clientelar: encementar la miseria

Materia FECAL convenenciera

Marcela Turati

Con una intencionalidad político-electoral, el gobierno de Felipe Calderón destina cuantiosos recursos al Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP), pero a la vez intenta marginar de las decisiones político-presupuestarias a los gobiernos de los estados. Más allá de sus objetivos formales, esta iniciativa persigue otro: que los indicadores de pobreza desciendan, así sea artificiosamente, con la finalidad de posicionar al PAN rumbo a las elecciones de 2009 y, por supuesto, para las de 2012. Entre tanto, la consigna de Sedesol es: ¡A poner pisos de cemento en viviendas pobres!Antes de su designación como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ernesto Cordero impulsó desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un nuevo programa social y gestionó que le canalizaran 4 mil 860 millones de pesos, el mayor presupuesto asignado a cualquier programa de la Sedesol, después de Oportunidades.Se trata del Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP), que pasó inadvertido el 31 de diciembre de 2007, cuando apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ese día se hicieron ley sus reglas de operación que permiten entregar recursos de infraestructura a ciudadanos organizados sin que medie la autorización de autoridades estatales o municipales.Dos semanas después, Cordero –quien es actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctorado en economía por la Universidad de Pensilvania, excoordinador de políticas públicas de la campaña calderonista y amigo personal del presidente Felipe Calderón– dejó la Subsecretaría de Egresos de Hacienda para hacerse cargo de la Sedesol.Al ser nombrado, el nuevo secretario recibió la encomienda presidencial de articular el conjunto de las políticas sociales, con lo que se convirtió, de hecho, en coordinador del gabinete social. Su posición se consolidó a partir de que Calderón presentó la estrategia Vivir Mejor, que agrupa los programas de las secretarías de Salud, Educación, Medio Ambiente y Agricultura, y cuya responsabilidad fundamental recae en la Sedesol. No ha faltado quien, a partir de entonces, considere a Cordero el “delfín” de Calderón.Hasta ahora la propaganda del gobierno federal no ha difundido las supuestas bondades del PAZAP, por lo que éste se ha mantenido en penumbras. Sin embargo, se tiene previsto darlo a conocer a gran escala una vez que sus recursos se traduzcan en pisos de cemento para 650 mil viviendas pobres.La Sedesol instruyó a sus delegados estatales para que 2008 sea recordado como “el año de los pisos”. El cuantioso presupuesto se gastará casi exclusivamente en la colocación de cemento en los pisos de las viviendas de los más pobres, por lo que se pospondrá la construcción de drenajes, letrinas, escuelas, clínicas y plantas potabilizadoras de agua.Del presupuesto global del PAZAP –4 mil 860 millones de pesos–, 3 mil 600 millones se destinarán a infraestructura y mil 260 millones a alimentos en el marco del Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria (PAAZAP), que recientemente cambió de nombre. El Programa de Microrregiones, que tiene objetivos similares a los del PAZAP y se coordina desde las mismas oficinas de este último, contará con 2 mil 19 millones de pesos.Desde marzo, la millonaria bolsa es disputada por los estados y la federación, pues no será entregada vía subsidios directamente al bolsillo de los más pobres, como ocurre con la mayoría de los programas de la Sedesol. Los recursos estarán listos para ser ejercidos por los institutos estatales de vivienda o por las constructoras privadas contratadas por los delegados.
Inconformidad en estados
El pasado 26 de febrero, todos los delegados de la Sedesol recibieron un oficio en el que Germán Palafox, director de Microrregiones –el área desde la que se coordina el PAZAP– les fijó la cuota mínima de pisos de cemento que cada uno debía colocar en las viviendas de los municipios más marginados.En su escrito, Palafox les comunicó que la meta “óptima” nacional es construir 650 mil pisos firmes, y la mínima, 550 mil. Para cumplir ese objetivo se decidió marginar al fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), organismo que históricamente acordaba con los gobiernos estatales y municipales la realización de obras para vivienda.A comienzos del año, y ya con Cordero al frente de la dependencia, la Sedesol instauró para el PAZAP y otros seis programas una cláusula mediante la cual se eliminaba la posibilidad de que los gobiernos estatales ejecutaran las obras en caso de que no se comprometieran a destinar recursos para los programas federales.En marzo último, los secretarios de desarrollo social de los 18 estados priistas se negaron a firmar con la federación los convenios de desarrollo social que establecen las acciones estatales de combate a la pobreza y acusaron a la Sedesol de centralizar los recursos.“Sedesol invierte 75% de su presupuesto directamente con los ciudadanos sin informar a los gobiernos estatales, y los estados sólo participamos en el 25%, pero este año querían meter una cláusula que decía que ellos, además de todo, iban a decidir quién sería el ejecutor de las obras”, explica en entrevista Omar Garfias, subsecretario de Desarrollo de Sinaloa, entidad que forma parte del bloque de estados inconformes.Desde el inicio del sexenio calderonista, en la Sedesol se ha explorado la idea de armar programas sociales cuyas reglas de operación comprometan a los gobiernos locales a que aporten fondos para combatir la pobreza. Mediante esa reglamentación se pretende impedir que desvíen recursos para infraestructura. El gobierno federal considera que el PAZAP puede ser el instrumento idóneo para estos propósitos.De esa manera se busca que no se repitan casos como el de Coicoyán de las Flores, el municipio más pobre de Oaxaca, que en 2006 fue declarado por el gobierno estatal “libre de pisos de tierra”, a pesar de que los materiales para construir pisos nunca llegaron; o como el de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, en donde Calderón arrancó su programa 100x100 y el gobierno estatal reportó en un principio más obras de las que en realidad había realizado.El jaloneo entre la Sedesol y los gobiernos estatales por el manejo de los recursos se prolongó durante casi un mes. Al final, en mayo pasado, el gobierno federal tuvo que retirar la cláusula que excluía a los gobiernos locales. Sin embargo, en su reglamentación el PAZAP prevé la posibilidad de que los ciudadanos, grupos de vecinos, organizaciones de la sociedad civil, así como agrupaciones campesinas e instituciones académicas tramiten la realización de obras, pero hasta ahora no se ha dado a conocer cuánto dinero se destinará a las organizaciones independientes que lo soliciten.En sus reglas de operación, el PAZAP pone énfasis en su “enfoque territorial”. Según personal de la dependencia, lo anterior significa que se harán estudios para determinar lo que le hace falta a cada comunidad, a cada familia y a cada persona, para mejorar sus condiciones de vida. El programa también incluye una cláusula anticorrupción, con base en la cual la dependencia tiene la facultad de frenar las obras si se descubre desvío de recursos.No obstante, para el secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, “la política social (del gobierno federal) va hacia atrás y está tendiendo a centralizar todos los programas”. Por ejemplo, las entidades priistas inconformes se quejan de que la Sedesol concentra los padrones de destinatarios y a los estados sólo les da el nombre del beneficiario y la localidad, pero no el domicilio ni los datos socioeconómicos que, señalan los funcionarios estatales, permitirían diseñar políticas sociales más eficaces.
Perder el piso
En plena disputa por el destino de los recursos para infraestructura, el PRI y el PRD exploran la posibilidad de reformar la Ley General de Desarrollo Social con el fin de sustituir a la Sedesol por un organismo independiente que opere los programas de combate a la pobreza para que no sean utilizados con fines electorales y sus resultados puedan ser objeto de supervisión.Mientras el destino de la Sedesol se encuentra en discusión, este año Cordero y el PAZAP se estrenan con la colocación masiva de pisos en los hogares más pobres. En los reportes financieros que la Sedesol difunde mediante su sitio en internet se indica que los pisos firmes serán la unidad de medida para evaluar el avance del ejercicio presupuestal del PAZAP.“La prioridad de los delegados es llevarlo todo a pisos de concreto. (Pero) creemos que es una visión miope dirigir los recursos sólo a un tema, pues en cada lugar las necesidades son distintas”, señala el tamaulipeco Muñoz Cano, quien lamenta que en su estado se utilicen todos los recursos para encementar pisos y se releguen otras obras que son fundamentales para el desarrollo.El año que corre es clave para que el gobierno federal intente abatir los índices de pobreza. El motivo: en 2009 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) levantará su censo de vivienda, y al gobierno calderonista le interesa que los pisos de tierra –uno de los nueve indicadores de marginación– ya no figuren en las estadísticas. Si lo anterior se lograra, México podría avanzar en las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijadas por la Organización de las Naciones Unidas.No obstante que la orden de colocar pisos de cemento fue dada en febrero, reportes internos de la Sedesol indican que al mes de junio las delegaciones no han puesto ninguno. Los pisos que entregó el presidente en su gira por Guerrero, Puebla y Oaxaca corresponden a los construidos el año pasado.Proceso solicitó varias veces una entrevista con Germán Palafox, el director de Microrregiones de la Sedesol, para contrastar la información, pero no obtuvo respuesta.En la página electrónica de Compranet, así como en la de la Sedesol, puede verse que los estados de Guerrero y Baja California Sur son los únicos que han comenzado su proceso de licitación de pisos, el cual dura 45 días. En el resto de las entidades todavía no se inicia, y el riesgo con esos retrasos es que agosto y septiembre son épocas de lluvia, lo que entorpecería las obras.Funcionarios de la Sedesol han explicado que el subejercicio se debe al retraso en la firma de los convenios de desarrollo estatal, porque sin éstos era imposible definir las obras.Pero en cada estado hay distintas complicaciones. En Sinaloa, por ejemplo, están entrampados con los precios. En tanto que el gobierno estatal quiere contratar a gente de las comunidades beneficiarias para que instale sus propios pisos, lo que costaría mil 500 pesos por pieza, la delegación de la Sedesol prefiere contratar empresas, lo cual triplica los costos.En otros estados, como Tamaulipas, hubo tardanza para negociar las obras porque el gobierno estatal se negó a que la prioridad fuera la construcción de pisos. Además, en esas entidades todavía está en proceso la definición de quiénes serán los beneficiarios.De acuerdo con el primer reporte trimestral que la Sedesol entregó a la Cámara de Diputados, entre enero y marzo sólo cuatro de sus 20 programas cumplieron con el gasto y las metas previstos, principalmente los que se basan en transferencias monetarias, mientras que los programas de infraestructura y vivienda eran los más rezagados: el PAZAP, con 5.5% de avance, y algunos, como Tu Casa y Vivienda Rural, con cero avances.El cuello de botella, dicen en la Sedesol, son los delegados estatales de la secretaría. “El gobierno tiene pies de barro”, explica uno de los funcionarios de la dependencia consultados por la reportera.Clara Jusidman, exsecretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal y experta en políticas sociales, ha dicho que una de las deficiencias de la Sedesol está en la imposición de políticos y funcionarios que en la mayoría de los casos desconocen la operación de programas. Del total de delegados regionales de la secretaría, 16 son personas vinculadas al PAN, 11 provienen del ramo empresarial y dos de la administración pública federal. Y de esos delegados depende que 2008 sea o no recordado como “el año de los pisos”, y que se refuerce o debilite la idea de que Cordero es el “delfín” de Calderón.

El nuevo rezago educativo Jesús Cantú

Faltan dos semanas para que inicie el ciclo escolar 2008-2009, en el que por primera vez se aplicará la obligatoriedad de los tres grados de preescolar para los infantes que hayan cumplido tres años de edad al momento de matricularse. A pesar de las buenas intenciones, la realidad es contundente: más de 1 millón 700 mil niños (aproximadamente la tercera parte de los menores de tres a cinco años) no podrán ser atendidos por el sistema escolar mexicano. Ello se debe a que las reformas constitucionales y legales aprobadas en 2002 y 2003 –por medio de las cuales el Estado se obliga a proporcionar la educación y los padres de familia a inscribir a sus hijos– establecen como prerrequisito que los niños hayan cursado los tres años de preescolar para que puedan ingresar a primaria a partir del ciclo escolar 2011-2012.Esas reformas fueron impulsadas originalmente por los senadores Roberto Pérez de Alva Blanco y Tomás Vázquez Vigil, ambos dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y cercanos a Elba Esther Gordillo; el segundo incluso fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización.En 2007, el investigador Pablo Latapí Sarre, integrante de Observatorio Ciudadano de la Educación, agrupación de la sociedad civil en la que participan expertos en la materia, escribió que entre los factores que confluyeron para que se formalizara dicha obligatoriedad destaca que ésta “implicará la creación de nuevas plazas y, por tanto, la ampliación de la membresía sindical y la consecuente construcción de alianzas políticas con los grupos regionales del SNTE”.De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en el ciclo escolar 2000-2001, antes de que se estableciera la disposición mencionada, el número de infantes inscritos en preescolar era de 3 millones 423 mil 608 niños; para el ciclo 2004-2005, cuando se hizo obligatorio el tercer grado, la matrícula creció a 4 millones 86 mil 800, y la población total cuyas edades oscilaban entre los tres y los cinco años de edad era de 6 millones 360 mil 100 niños.Así, el crecimiento previsible en la matrícula al momento de la aprobación de las disposiciones en 2002 sobrepasaba los 3 millones de escolares, que implicaban la contratación de por lo menos 120 mil profesores más. En septiembre de 2007 el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, declaró que para atender al 100% la demanda de preescolar deberían crearse 62 mil nuevos grupos y contratar a los maestros que fueran necesarios.Durante 2007, en varios estados las autoridades advirtieron que sería imposible atender realmente 100% de la demanda educativa y comenzaron a hablar de un “rezago educativo temprano”; esto es, que algunos niños no podrán ingresar oportunamente a cursar su educación básica. Así, una medida que pretende disminuir la desigualdad en la atención de la primera infancia mexicana se convierte en un agravante, pues la niñez que no puede ser atendida es precisamente la que se encuentra en las zonas más desprotegidas del país.En septiembre de ese año, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, instancia que agrupa a todas las autoridades educativas –estatales y nacional– de educación básica, advirtió que en el ciclo escolar 2008-2009 se dejará sin atención a más de 1 millón de infantes de tres años; por lo mismo, tres años después se acentuará el “rezago educativo temprano”, puesto que esos menores no podrán acreditar el prerrequisito para ingresar a primaria. El 31 de enero pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo de la SEP en el que esta dependencia proponía que la preinscripción al segundo y tercer grado de preescolar se realizara del 1 al 15 de febrero, y anotaba que la entrega de solicitudes al primer grado de preescolar sería del 2 al 13 de junio. Unos días después, el 4 de febrero, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados acordó pedir a la SEP aplazar el período de preinscripciones.El 20 de mayo, 13 días antes de que iniciara la preinscripción al primer grado, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, declaró a Reforma que se requerían 17 mil millones de pesos adicionales para atender la demanda educativa; incluso dijo que para evitar el “rezago educativo temprano” se tomarán medidas administrativas, como no exigir a los infantes que no cursaron el primer año en el próximo ciclo escolar como prerrequisito para inscribirse en el segundo año en el siguiente ciclo.La atención a la primera infancia (desde el nacimiento hasta los seis años de edad) se ha vuelto prioritaria en todo el mundo y los beneficios de la política educativa están ampliamente documentados. Sin embargo, sólo México establece en sus leyes la obligatoriedad de los tres grados de educación preescolar a partir de los tres años de edad. En Perú también se instituyó, a partir de 2004, un mecanismo similar, pero las autoridades se cuidaron de no considerarlo prerrequisito sino hasta lograr universalizar dicha cobertura. Por otra parte, la atención a la primera infancia de acuerdo con las prácticas internacionales debe ser integral; es decir, abarcar al menos educación, salud, nutrición y el desarrollo emocional de los infantes.En México, a pesar de que el gobierno de Calderón impulsa diversos programas aislados, como el Seguro para una Nueva Generación y las guarderías infantiles, además de que tiene que aplicar esta reforma educativa, no existe una política integral de atención a la primera infancia. Pero lo peor es que en este caso de la educación preescolar, el remedio puede convertirse en el problema, pues la incapacidad para atender a 100% de la demanda puede provocar más desigualdad, en vez de atenuarla, al provocar este “rezago educativo temprano”. l

Agentes de trasnacionales, los que avalan la propuesta calderonista

Bonilla y Lajous

Jenaro Villamil

Aun cuando el presidente Felipe Calderón se queja porque, dice, en los 13 foros organizados por el Senado para discutir la iniciativa de reforma petrolera no ha habido debate y predominan las controversias ideológicas y los políticos sobre los técnicos, lo cierto es que estos últimos han llevado la batuta y avalan la propuesta calderonista. Los opositores, a su vez, señalan que técnicos como Adrián Lajous y Francisco Barnés, entre otros, son personeros de trasnacionales como Dupont y Schlumberger. Ni técnicos ni ajenos a posiciones ideológicas, la mayoría de los 46 defensores de las seis iniciativas de reforma a Pemex en los 13 foros efectuados en el Senado responden a los intereses de trasnacionales como Dupont, Halliburton, Schlumberger, Shell, Repsol o a consultorías como McKinsey.Durante todo este mes, el presidente Felipe Calderón se quejó en tres ocasiones de que en los debates parlamentarios predominaron las controversias políticas o ideológicas, lo que impidió que hubiera polémica “en los planos técnicos y de los hechos”.El martes 24, durante su gira por Escárcega, Campeche, insistió en que “son los técnicos y no los políticos los que decidirán qué se necesita y cómo se necesita en Pemex”. Veinte días antes, durante su gira por España, presumió ante representantes de corporativos como Repsol e Iberdrola que su reforma no ha sido desacreditada en sus “contenidos y orientaciones técnicas”.Sin embargo, un balance de los 13 foros realizados hasta el jueves 26 revela que los defensores de la iniciativa calderonista no son técnicos sin intereses corporativos, sino representantes de poderosas trasnacionales que están interesadas en obtener contratos de exploración en aguas profundas o en los pozos de Chicontepec.De los 46 defensores, sólo nueve no están vinculados a consultoras o corporaciones trasnacionales, pero cinco sí son funcionarios de Pemex, dos trabajan en la Comisión Reguladora de Energía y otros tantos en la Secretaría de Hacienda, incluyendo al subsecretario Alejandro Werner, quien participó en el duodécimo foro, y el propio titular de Hacienda, Agustín Carstens, quien intervendrá en el debate de este martes 1 de julio, en el que discutirá sobre la Situación Financiera y Presupuestal de Petróleos Mexicanos.
La denuncia contra Lajous
En el quinto y séptimo foros, donde se discutió sobre Transición y Seguridad Energética y Exploración, y Explotación y Restitución de Reservas Petroleras, respectivamente, la mayoría de los defensores de los “aspectos técnicos” de la reforma calderonista fueron personajes vinculados a trasnacionales petroleras o a consultorías que trabajan para éstas.Uno de los más destacados es Adrián Lajous, director de Pemex de 1994 a 1999, quien en el séptimo foro abogó en favor de que la iniciativa privada participe en los trabajos de exploración y explotación de reservas petroleras. Según su currículum, Lajous es miembro del equipo de directores del corporativo Schlumberger, así como “asesor senior” de la consultora McKinsey, empresa que de 2001 a la fecha ha recibido 15 contratos de asesoría en Pemex, según informes de la Cámara de Diputados, y presidente de Petrométrica, compañía consultora de energía.En el quinto foro, sobre Transición y Seguridad Energéticas, el 27 de mayo el exrector de la UNAM Francisco Barnés de Castro dijo que es necesario “abrir el negocio de la refinación a la competencia y permitir la participación de capital privado”. Exfuncionario de la Secretaría de Energía e integrante de la Comisión Reguladora de Energía, Barnés también fue asesor de Dupont, poderosa trasnacional dedicada a la manufactura de productos químicos y derivados de la petroquímica. Tan sólo el 19 de diciembre de 2005, Dupont recibió contratos por 2 mil 635 millones de pesos de Pemex Refinación, de acuerdo con los informes difundidos a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Otros fueron Gerardo Gil Valdivia, exdirector de Mexpetrol y vinculado a empresas petroleras que adquirió Repsol en Argentina; Gustavo Bonilla Pérez, expresidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros y asesor y consultor de Schlumberger y Shell; Adán Ernesto Oviedo Pérez, creador de la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), actualmente vinculada a Schlumberger en las exploraciones de Chicontepec, y Ernesto Marcos Giacoman, consultor independiente y miembro del Consejo de Administración de la española Repsol, quien participó en el duodécimo foro que discutió el destino de la renta petrolera.Así mismo otros defensores de las iniciativas calderonistas trabajan para consultorías, bancos o cámaras empresariales interesadas en la apertura a la inversión privada. Son los casos de José Luis Aburto Ávila, director de Petrelec y “consultor de varias empresas de energía”, según su currículum; de Eduardo Andrade Iturribarría, expresidente de la Asociación Mexicana de Energía y vinculado al Grupo Techint, cuya subsidiaria Tecpetrol tiene proyectos de exploración y producción de petróleo y gas en varios países de América Latina; de Othón Canales Treviño, integrante de Consultores Indica, que ha trabajado para Dupont; del empresario Jorge Padilla Acevedo, dirigente de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar); del fiscalista José Suárez Coppel, vicepresidente de Administración y Finanzas del Grupo Modelo y director de Finanzas de Televisa, quien defendió un régimen fiscal favorable a aquellas empresas que participen en exploraciones de riesgo en Chicontepec o en aguas profundas; de Juan Antonio Bargés Mestre, exconsejero de Pemex, Nacional Financiera y Bancomext, quien además ha trabajado para Kimberly-Clark, Grupo Alfa, Banamex y Dupont.Durante el séptimo foro, realizado el martes 3, el ingeniero petrolero Ricardo Prian Caletti, presidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros en México, y María Fernanda Campa, ingeniera jubilada de Pemex e hija del legendario dirigente ferrocarrilero Valentín Campa, coincidieron en denunciar a Adrián Lajous, presente en el debate, por sus vínculos con Schlumberger y Halliburton, así como por beneficiar a la compañía Netherland Sewell Internacional, a la que se le encargó la inyección de nitrógeno en lugar de gas natural en los yacimientos de Cantarell.“Pemex ha perdido casi 614 millones de dólares en cuatro años por recurrir a trasnacionales que no tienen o no desean compartir su tecnología para hacer rentable la explotación de las reservas posibles contenidas en los campos de Chicontepec que ascienden, según los datos oficiales de Pemex, a más de 18 mil millones de barriles”, afirmó Prian Caletti.El también fundador del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 27 insistió en que “Chicontepec es un claro ejemplo de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias”; incluso le reprochó a Lajous que durante su época como director de la paraestatal desoyó las protestas de este grupo. “El señor Lajous nos dijo que lo que pasa es que nosotros somos una bola de viejitos enamorados de sus fierros”, recordó Prian Caletti.María Fernanda Campa habló sobre los vínculos de Francisco Barnés y de Adrián Lajous con empresas trasnacionales: “Adrián Lajous es funcionario y accionista de Schlumberger y Barnés es asesor de la bien conocida trasnacional Dupont. A través de Comesa, que es una empresa exploratoria filial de Pemex con 60% de capital de Pemex y 40% del consorcio Schlumberger, se otorgan contratos a esta última sin la licitación pública de ley, como la perforación de los pozos en Chicontepec, sin éxito y con grandes pérdidas para la paraestatal”, señaló Campa. Los asistentes al foro permanecieron en silencio.Lajous trató de evadir las acusaciones y se concentró en defender la existencia de los llamados “contratos incentivados” para inversionistas privados porque “alienta la eficacia de la actividad, su eficiencia o el éxito de la obra o servicio contratado”.Fue hasta la tercera y última ronda cuando quien fue director de Pemex durante el sexenio de Ernesto Zedillo señaló que “difería” de las opiniones de Campa y Prian Caletti, pero no desmintió sus vínculos con las trasnacionales.“No responderé desde luego a sus comentarios que sólo buscan descalificarme en lo personal; creo que no es el sitio para descender a este tipo de acusaciones”, concluyó Lajous.La defensa de la apertura a particulares en petroquímica, refinación, en materia de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos se repitió en los foros del 10, 12 y 17 de junio por parte de los “técnicos” propuestos por el PAN y el gobierno federal.En el debate del martes 24, sobre el destino de la renta petrolera, Ernesto Marcos Giacoman, funcionario de Pemex durante el salinismo y “consultor independiente”; Alejandro Reynosa del Valle, economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Alejandro Hernández Delgado expusieron que se debe permitir la inversión privada en los sectores de petroquímica y refinación “que no generan renta petrolera”.En el foro del jueves 26, sobre el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, cuatro de los ocho participantes demandaron mayores “facilidades fiscales” para las empresas privadas que inviertan en labores de exploración y producción de hidrocarburos: Herbert Bettinger Barrios, socio del despacho Mancera; Roberto Newell, exconsultor de McKinsey y actual presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad; Juan José Suárez Coppel, vicepresidente del Grupo Modelo, y José Antonio Meade Kurbeño.“Yo no puedo dejar de señalar las similitudes entre este esquema propuesto para Chicontepec y las Aguas Profundas con los famosos convenios operativos que propiciaron litigios entre el gobierno venezolano y las trasnacionales”, les respondió Fluvio Alarcón, del Observatorio Ciudadano de Energía, una organización civil que desde la década pasada se opone a la privatización del sector.En el mismo sentido, Mario Di Costanzo destacó que la reforma fiscal propuesta por Calderón como parte del paquete energético, “es para los inversionistas privados”, no para Pemex.
Priistas y opositores
Durante los 13 foros realizados hasta ahora, 36 de los ponentes, quienes fueron invitados por integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), se opusieron abiertamente a la reforma de Calderón. Entre ellos destacan Cuauhtémoc Cárdenas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Lorenzo Meyer, Claudia Sheinbaum, Javier Jiménez Espriú, Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Cárdenas, Juventino Castro y Castro, Arnaldo Córdova, Raúl Carrancá, Sergio García Ramírez y Luis Javier Garrido. Todos ellos participaron en los primeros cuatro foros sobre los principios y el análisis constitucional de la reforma energética.En el sexto foro, en el que participaron los gobernadores, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, propuso el 29 de mayo que se realizara una consulta ciudadana, programada para el próximo 27 de julio, y borró la propuesta de la “tercera vía” presentada por el gobernador priista Fidel Herrera, mediante la cual se proponía que los estados crearan empresas que pudieran asociarse con Pemex.De 3 al 26 de junio, los opositores propuestos por el FAP se han enfrentado a quienes el gobierno federal y el PAN consideran “técnicos desideologizados”. La confrontación con datos, números y políticas fue más clara en el debate del martes 24 sobre el destino de la renta petrolera. La profesora Ifigenia Martínez y los economistas Rolando Cordera y Arturo Huerta se confrontaron con la visión de los otros participantes, incluyendo el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner.Los ponentes explícitamente vinculados al PRI se han desdibujado, salvo en los casos de su dirigente nacional, Beatriz Paredes, quien participó en el primer debate del 13 de mayo; de Francisco Rojas, exdirector de Pemex, opositor a la reforma y presidente de la Fundación Colosio, quien participó el 27 de mayo.Fuentes internas del PRI se quejaron ante Proceso por el hecho de que los responsables de definir a los integrantes del debate son los tres miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Energía: Francisco Labastida, el panista Rubén Camarillo y el perredista Graco Ramírez. Al PRD le garantizan “tres opositores”, pero Labastida y Camarillo benefician la posición gubernamental.En su balance de los 13 foros realizados hasta ahora, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que como resultado de un “análisis detallado” de lo expuesto hasta ahora, los aspectos clave para mejorar la gestión de Pemex son, entre otros, los siguientes:“Garantizar a Pemex recursos propios suficientes para reinvertir en la propia industria; utilizar parte de los excedentes para reconfigurar y construir nuevas refinerías; asignar mayores recursos al Instituto Mexicano del Petróleo; establecer programas de simplificación administrativa, y resolver el problema de la excesiva deuda de Pemex”.Beltrones no mencionó ninguna de las líneas fundamentales de la “reforma de Pemex” calderonista: apertura a capital privado en refinerías, petroquímica, transporte, almacenamiento y ductos; ni los contratos incentivados para aguas profundas. l

Ya están en Chiapas

Narco. Desplazamiento al sur

Isaín Mandujano

Ajeno a las cruentas batallas entre militares, policías y narcotraficantes, el estado de Chiapas empieza a vivir lo que las autoridades de la entidad denominan “el efecto cucaracha”. La “guerra” contra el narco que libra Calderón en el norte del país está ocasionando que muchos integrantes de los cárteles de la droga se refugien en la entidad y continúen con sus negocios y sus prácticas: enfrentamientos, levantones, secuestros y amenazas que tienen atemorizada a la población y desconcertada a la policía local…

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Aunque Chiapas parecía estar al margen de la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, ahora la plaza se calienta. En las últimas semanas, la llamada puerta de entrada del sur de México se ha visto sacudida por irrupciones armadas, enfrentamientos, “levantones”, secuestros, ejecuciones y amenazas provenientes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa, que tienen células en la entidad y controlan el trasiego de drogas desde Guatemala. Las autoridades chiapanecas, que apenas empiezan a incorporarse a la intensa “guerra” que comenzó hace ya 16 meses, se muestran desconcertadas, e inclusive el titular del Ministerio de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, dijo que ante los embates de este tipo de delincuentes los elementos policiacos se sienten “primerizos”. No es para menos. En apenas 20 días se han producido dos enfrentamientos a tiros, uno en Tuxtla Gutiérrez y otro en Villaflores; se han asegurado poco más de dos toneladas de cocaína; han sido capturados alrededor de 20 sicarios –dos más murieron– y otro fue detenido por militares, con 1 millón de dólares.El viernes 23 de mayo por la noche, cuando regresaban a Tuxtla procedentes del municipio de Motozintla, varios ingenieros civiles adscritos a la Secretaría de Infraestructura y Vivienda fueron perseguidos por un comando armado que los baleó.Tres de ellos, Pedro Altamirano Santos, de Tuxtla Gutiérrez; Francisco Javier Vázquez Archila, de Pijijiapan, y Uvel Simuta Méndez, de Benito Juárez, saltaron a los matorrales, pero Raúl Bautista Jiménez y Miguel Ángel Macías Vázquez, conductor y copiloto, fueron levantados cuando la camioneta cayó a un barranco. Hasta la fecha siguen desaparecidos.En la misma zona, la noche del sábado 31 de mayo, Aurelio Robles Bustamante, un michoacano radicado desde hace varios años en el ejido Revolución de Frontera Comalapa, donde es conocido por dedicarse a la agricultura y crianza de cerdos, fue detenido en su jeep con poco más de 1 millón de dólares en un costal. Dijo a los militares que la carga la llevaba procedente de Guatemala a la ciudad de Comitán. En menos de 72 horas, Robles Bustamente ya estaba en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, sometido a la averiguación AP PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/108/2008, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita. El sábado 7 de junio se produjo un enfrentamiento a tiros entre sicarios con miembros de la Policía Estatal Preventiva (PEP). El saldo: cuatro detenidos, uno de los cuales, Luis Antonio Rodríguez, originario de Jaltipan, Veracruz, fue herido de bala.Los cuatro sicarios, quienes usaron AK-47, R-15 y granadas de fragmentación para enfrentar a los policías estatales, viajaban en una Yukon con placas de Tamaulipas y, al parecer, protegieron la fuga del jefe del comando, que iba adelante de ellos en un Mustang. Más tarde fueron decomisados una camioneta y el Mustang en el hotel Camino Real, donde, se dijo, tenían varios días hospedados los miembros del grupo armado.Al siguiente día, el 8 de junio, en el aeropuerto Ángel Albino Corzo bajaron de un vuelo comercial a cinco personas originarias del norte del país. Según el titular del Ministerio de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, iban de regreso a la Ciudad de México después de haber arribado el sábado 7 de junio por la tarde. Al parecer, el grupo está ligado a la banda de sicarios que se había enfrentado a tiros con los uniformados locales, quienes tuvieron dos heridos entre sus filas.Tras ocho días de silencio y especulación, por fin el responsable de la procuración de justicia en Chiapas, Rodríguez Lozano, reveló que dicho comando armado pertenece a una célula del cártel del Golfo liderada desde Palenque por Elías Nieto Menéndez, alias El Maya.Aunque no se confirmó si El Maya participó en el enfrentamiento en Tuxtla, se sabe que su hermano, Tomás Nieto Menéndez, sí estuvo allí y disparó contra un agente de tránsito y vialidad que intentó intervenir cuando protagonizaban una riña callejera que desembocó en la persecución.El sábado 21 por la mañana, en pleno centro de la ciudad, tres jóvenes que viajaban en una camioneta Suburban amenazaron con una granada de fragmentación a un agente de tránsito y vialidad que pretendió marcarles el alto.La persecución duró poco y se pudo detener a José Manuel Pez Contreras, alias El Pachi, de Monterrey; a Josué Terrones Ayala, El Tizoc, de Álamos, Veracruz, y a Gabriel Martínez Juárez, El Junior, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.Al ser interrogados, dijeron ser miembros de una célula del cártel del Golfo, revelaron nombres de otros miembros y direcciones de casas de seguridad que tenían en esta capital.Fue así como se detuvo a otras cuatro personas: Daniel Oliva Feliz, de Zacatecas; José Pérez González, de Salamanca, Guanajuato; Santiago Camacho Zenteno, de Palenque, y Jennifer Lizeth Cabrera Martínez, originaria de Tapachula. Se catearon tres casas de seguridad entre el sábado 21 y el lunes 23. En una de ellas recibieron un fuerte golpe quienes dijeron ser del cártel del Golfo. Se les decomisaron mil 824 ladrillos de cocaína que, al ser pesados, representaron más de dos toneladas de droga.Un detalle: si bien dijeron pertenecer al cártel del Golfo, los ladrillos estaban empaquetados y etiquetados con el sello del “Cártel de Sinaloa” sobre un fondo blanco con el mapa en color rojo de esta entidad. Además, los ladrillos se hallaban en unas 14 bolsas de campaña tipo militar color verde olivo que tenían inscrito, con marcador negro, el nombre de “Mayo Zambada”.El sábado 21, mientras en Tuxtla la policía perseguía a los tres jóvenes de la Suburban, a 90 kilómetros al sur de la capital, en pleno centro de la ciudad de Villaflores, a bordo de una Durango color gris con placas de Tabasco y una camioneta Honda CRV color blanco con placas de Chiapas un grupo de hombres armados irrumpió en la base del sector policiaco. Ostentando un lanzagranadas, un AK-47, un R-15 y granadas de fragmentación, el líder del grupo hizo su presentación: “Soy el comandante Pillo, somos del cártel del Golfo, queremos hablar con el comandante responsable de la corporación”.Como no se encontraba el jefe policiaco, esperaron media hora, y al observar que llegaban más policías, amenazaron con lanzar las granadas si alguien se atrevía a disparar.Cuatro días después, tras una denuncia telefónica, ese mismo comando armado fue cercado en una casa de seguridad en pleno macizo urbano de Villaflores. Tras 16 horas de cerco policiaco, se registró un enfrentamiento que dejó dos sicarios muertos, uno más herido y otro ileso, que se entregó a los uniformados.Uriel Valencia Valencia, de 30 años y originario de Michoacán, se entregó a los policías, que los superaban en número aunque no en capacidad de fuego, pues los delincuentes tenían lanzagranadas, pistolas .9 milímetros, AK-47, R-15 y granadas de fragmentación.Herido, Luis Rodríguez Quezada, originario de Michoacán, decidió entregarse, pero en el interior de la casa quedaron los cuerpos tendidos de Cirilo Salazar y Guadalupe Silva Rodríguez, ambos de Tamaulipas. Así mismo, en los últimos días se han registrado ejecuciones en el municipio de Benemérito de Las Américas, y levantones y secuestros en Cacahoatán, Comitán y Tapachula.
Las protestas
Ante la inseguridad, en Punta Arena, municipio de Playas Catazajá, las autoridades ejidales enviaron una comisión a Tuxtla para entregar una carta dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Daniel Roque Figueroa.Allí exponen su reclamo por la inseguridad que prevalece en la región, donde han sido vejados, secuestrados, extorsionados, amenazados o asaltados.Lucio Montes, un campesino que entregó dicha misiva en Tuxtla, dice en entrevista que a los productores agrícolas les roban la raya de los trabajadores y que a los ganaderos los amenazan con secuestrarlos si no entregan dinero. Señala que los delincuentes proceden de Tabasco y que mantienen bajo su control un vasto territorio atemorizando a varias comunidades, y precisa: “El nombre que te di realmente no es el mío. Si te doy el verdadero, capaz y llegan a levantarme y me desaparecen, ¿y quién me defenderá? Por eso venimos a pedir ayuda. Ya estamos hartos. Vivimos bajo el temor permanente. Nadie quiere hacer la denuncia. Por eso nosotros nos atrevimos. Ojalá no suframos represalias. Ponle ahí que los de Punta Arena decidimos romper el silencio”, declara a Proceso. Agrega que las comunidades de Paraíso, Loma Bonita y muchas más de la zona limítrofe entre Chiapas y Tabasco viven también bajo la zozobra, y expresa: “Queremos que vayan el Ejército, los Afis, los policías ministeriales, la policía estatal, pero bien armados todos, porque los policías municipales del alcalde panista Laureano Pro Pimentel nomás andan con toletes. “Pero –continúa– que no sólo se queden en los cruceros, donde demandamos que estén de forma permanente, sino que patrullen los caminos de terracería, que busquen: ahí andan. Se les puede identificar: viajan en camionetas de lujo, con cristales polarizados, sin placas o con placas de otros estados. Andan bien armados.”Explica que esos grupos armados desde hace varios años mantienen sometidos a los ganaderos y productores, que les pagan cuotas para poder trabajar.Tras el reclamo, las autoridades ejidales de Punta Arena se reunieron el miércoles 18 con las autoridades locales y federales, a quienes les expusieron el escenario en que viven.Estuvieron, cuenta el denunciante, el delegado de gobierno en Palenque, Gabriel Robles; un comandante de la AFI que se identificó como Clemente y otros funcionarios policiacos locales, quienes prometieron dar respuesta expedita.Según el titular del Ministerio de Justicia, al estado de Chiapas está llegando el “efecto cucaracha” del norte del país, pues al apretarse las medidas de seguridad en dicha región, los delincuentes migran hacia el sur, “donde creen que podrán actuar con impunidad.“Pero que lo sepan –continuó–: les advertimos que mejor se vayan a otro estado. Acá se encontrarán con la fuerza de la ley.”Sin embargo, el tijuanense Rodríguez Lozano dice no estar empapado en el tema de la delincuencia organizada. “Esta es la primera vez que soy ministro de Justicia, yo soy político”, advirtió cuando se le interrogó sobre la identidad de los cárteles de la droga en Chiapas.De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Daniel Roque Figueroa, hay miles de elementos y capacidad de fuego para hacer frente al crimen organizado. El 20 de abril de 2006, el entonces procurador General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, manifestó que en Chiapas no se tenía detectado “ningún cártel”, que sólo había “pequeñas células” que pretendían apoderarse de las plazas para controlar el narcomenudeo.Presente en esa conferencia, el exzar antidrogas de México, Mariano Herrán Salvatti, dijo que en Chiapas no había grupos de delincuencia organizada y que todo estaba bajo control de las fuerzas del orden.Hoy Roque Figueroa insiste en que en Chiapas “no hay cárteles de la droga”, aunque en las principales ciudades del estado hay retenes y patrullajes policiacos y militares.

“News Divine”: Menores sin opcionesMarta Lamas

La tragedia en el News Divine indigna y conmueve, pero no sorprende. Lo ocurrido exhibe varios lacerantes problemas. Sin embargo, los que han sido más comentados son la forma de operar de la policía y la licencia del antro, pese a su falta de seguridad. No hay que restarle la importancia que tiene al castigo a los responsables y la reparación del daño a los deudos, pero ante la muerte no hay resarcimiento posible. Por eso creo que el horror de lo que pasó obliga también a una reflexión distinta. Claro que ya Ortega y Gasset dijo que la política no aspira a entender las cosas, pero igual pienso que nuestros comentaristas políticos podrían dedicarse no sólo a buscar chivos expiatorios, sino al menos a enunciar otras cuestiones centrales que están en juego, como la contradicción que existe entre las necesidades de las y los adolescentes y su estatuto de “menores de edad”. El objetivo de la redada en el News Divine fue checar que “menores de edad” no consumieran alcohol o drogas. La categoría “menor de edad” (que incluye desde criaturas de uno, dos o tres años a jóvenes de quince, dieciséis y diecisiete años) ha sido cuestionada por diversos investigadores sociales que registran el acelerado proceso de información que ha desatado internet y su impresionante repercusión entre los adolescentes. En medio de mensajes contradictorios sobre la sexualidad –pues simultáneamente se le alienta y prohíbe; se le comercializa pero no se facilita su sano ejercicio– chicas y chicos en el estallido hormonal de la pubertad inician relaciones, y ensayan las conductas que ven en su entorno: fumar, beber, tener sexo y consumir droga. Para muchos, la aceptación y pertenencia al grupo pasa, justamente, por la imitación de esos hábitos, y sus líderes calcan las conductas de los “mayores”. Pero además de copiar, las/os púberes y adolescentes tienen libido (como todo el mundo), sólo que ellas/os están en ese período de la vida en el que cambios biológicos decisivos irrumpen en el cuerpo, acompañados de transformaciones psicológicas que provocan angustia e inestabilidad emocional. La adolescencia es un momento crítico en el que urge tener orientación y apoyo. ¿Adónde ir?Todas las personas necesitamos contacto social y diversión con nuestros pares, y los adolescentes no son la excepción. Con frecuencia se piensa que les basta el contacto social que tienen en la escuela y alguna fiesta. Pero ni las fiestas familiares son como los reventones, ni todos tienen la posibilidad de hacerlas en sus casas, por lo que entonces se acude a lugares públicos. Y como todo en la vida, hay antros para ricos y antros para pobres, con las diferencias consiguientes en el trato que se recibe y los riesgos que se corren. En algún programa de radio unas madres entrevistadas se quejaron de que no hay lugares donde puedan ir sus hijas/os adolescentes. Y una chica de quince años dijo: “la droga la venden afuera de la escuela; a la tardeada vamos a estar en bola, oyendo música, con los cuates”. Treinta pesos, sin obligación de consumir nada más, y el gusto de estar juntos y tal vez de unos besos, como los “mayores de edad”. No todos los jóvenes pueden aprender a acariciarse y a tomar alcohol en la seguridad de sus casas, y por eso recurren a lo que existe: los antros. ¿Cuándo habrá lugares que, además de dar cobijo a adolescentes (a lo mejor para algo tan inocente como un faje) les ofrezcan un aprendizaje en el consumo de bebidas junto a servicios de consultoría sexual, psicológica y vocacional? Puedo imaginar el escándalo (¡y la bronca política!) que supondría para cualquier instancia gubernamental (del DF o federal) abrir espacios así para adolescentes. Probablemente muchísimos padres y madres pondrían el grito en el cielo y argumentarían su “patria potestad” para prohibirles a sus hijas/os un inicio seguro y paulatino en los usos y costumbres de la “mayoría de edad”. La educación sexual y sentimental que las/os adolescentes reciben en la casa y en la escuela suele ser absurda e ineficaz. Por las creencias ideológicas o religiosas de sus padres, muchísimos adolescentes se ven impedidos de acceder a un ejercicio sano y sin riesgos de su sexualidad, como la masturbación. ¿De qué sirve que las/os adolescentes sean titulares plenos de los derechos humanos que corresponden a los adultos, excepción hecha de los derechos políticos, si ni siquiera pueden contar con espacios donde ejercer sus derechos sexuales y reproductivos? ¿O de qué sirve que incursionen en la sexualidad presionados por sus pares, y no por voluntad propia?El caso News Divine es la punta de un iceberg que oculta cuestiones cruciales sobre las cuales debemos reflexionar. En lugar de clamar porque no cayó determinada “cabeza”, deberíamos exigir que los operativos policiacos vayan dirigidos hacia quienes enganchan en la droga, y no hacia los “menores infractores”. Pero sobre todo, hay que debatir sobre qué servicios debería el gobierno brindarles a los adolescentes durante su difícil y doloroso proceso de “adaptación” a ser “adultos”. Hoy no sólo no se les facilitan espacios seguros para que se relajen y la pasen bien sino que tampoco se les dan opciones para que planteen sus conflictos, se informen y puedan tomar buenas decisiones de cara a su proyecto de vida. l

Una tragedia anunciada

Emilio Álvarez Icaza

Gloria Leticia Díaz Y Raúl Monge

Para el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, la delincuencia no se puede combatir con más represión, como lo están haciendo las autoridades de la Ciudad de México. En entrevista con este semanario, sostiene que ya había advertido tanto al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, como al secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, y al procurador Rodolfo Félix sobre los riesgos de que su modelo para combatir la delincuencia se les revirtiera. Y el fallido operativo de Unipol a la discoteca New’s Divine confirmó esa sospecha. Ahora, Álvarez Icaza prepara su informe sobre el caso e insiste en que la tragedia pudo evitarse.En la tragedia del New’s Divine, la actuación de las policías Judicial y Preventiva se ciñó a un “patrón generalizado” de las corporaciones policiacas en la Ciudad de México y responde a una política de “violencia institucionalizada contra los jóvenes”, así como a una “criminalización de la pobreza”, sostiene el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza.Para el ombudsman capitalino, los abusos cometidos en el operativo del sistema de mando único Unipol contra los adolescentes que se encontraban en esa discoteca son la expresión extrema de otros casos similares documentados por el organismo.Álvarez Icaza coordina el informe de los hechos ocurridos el viernes 20, en los que murieron 12 personas, y que será fundamental para que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, decida sobre el futuro del secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas.En entrevista, Álvarez Icaza sostiene que la tragedia era previsible; lo peor, enfatiza, es que Ebrard, Ortega Cuevas y el procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, ya habían sido advertidos por la comisión.“Hay elementos con toda certeza para suponer violencia institucional hacia los jóvenes, es un problema que hemos venido denunciando: se coloca a los jóvenes en situación de predelincuencia. Para las autoridades de procuración de justicia y seguridad pública, los jóvenes son presuntos responsables, culpables o delincuentes”, puntualiza.Esta situación se agrava cuando se trata de adolescentes en situación de pobreza: “Para la autoridad este tipo de muchachos son culpables y la autoridad los trata así. Es absolutamente vejatorio. Basta ver su actuación en las zonas de altos ingresos y en las de bajos ingresos. El contraste en los operativos no puede ser mayor”, insiste el ombudsman capitalino.El mismo viernes 20, según información de la SSP, se llevaron a cabo otros seis operativos en discotecas, sin que se hayan reportado incidentes.En lo que va del año, la SSP ha realizado 69 operativos en discotecas, 56 de éstos en la delegación Cuauhtémoc, en tanto que la PGJDF ha ejecutado 128 en los últimos 15 meses. En todos los casos, jóvenes y trabajadores de los centros nocturnos y discotecas han sido remitidos al Ministerio Público.Todos los arrestados han corrido con la misma suerte. El 6 de octubre de 2007, según reportes periodísticos, 160 elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), encapuchados y con armas largas, irrumpieron en la discoteca Bandaza, ubicada en Bosques de Las Lomas.El resultado de ese operativo: 80 detenidos, 25 de los cuales eran menores de edad, quienes fueron entregados a sus padres en la Agencia 50; de los 55 restantes, 37 empleados fueron obligados a posar ante los medios de comunicación como si fueran delincuentes.Dice Álvarez Icaza: “Hemos tenido denuncias tras actuaciones en los bares de la Zona Rosa, en algunos billares de la Gustavo A. Madero y en centros nocturnos de otras delegaciones, y lo que se detecta son similitudes en la forma de actuar de las corporaciones policiacas”.Pero hay un ensañamiento contra la gente pobre, reitera, y así se ha documentado en casos en que las víctimas de los abusos son valets parking y meseros en colonias como Polanco. “La policía no tiene límite, les roban el sueldo del día, sus pertenencias y hasta la comida, luego los trasladan al Juzgado Cívico”.El viernes 20, relata Álvarez Icaza, los visitadores de la CDHDF acudieron a las instalaciones de la discoteca New’s Divine tras enterarse de la tragedia en los noticiarios. Las autoridades, dice, nunca les avisaron. Por la noche, en la Agencia 50 y en los hospitales de Xoco, Balbuena y La Villa los visitadores recabaron los testimonios de unos 100 jóvenes y de sus familiares. Para el domingo 22 el organismo ya tenía información de que en el operativo policiaco hubo “una dinámica de contención”.Así mismo, recibieron quejas de jóvenes que fueron desvestidas y fotografiadas “como si fueran criminales”, asegura Álvarez Icaza. E insiste: “Nuestros visitadores vieron las marcas a los muchachos”.
La PGJDF, corresponsable
Algunos de los jóvenes agredidos expusieron a los visitadores que durante el traslado a la delegación fueron golpeados, insultados e intimidados; a varios de ellos les robaron incluso sus pertenencias, les tomaron fotografías y los grabaron.“Los policías les piden que tengan la cabeza baja y si la levantan les dan un zape. Hay muchachas que refieren que los policías las obligan a formar una fila india y los policías les pegan con toletes, ¡a las muchachitas, a las niñas!”, afirma Álvarez Icaza.Además, agrega, los visitadores obtuvieron videos en los que se observa que algunos policías portaban armas largas. Y precisa que “hay testimonios de niños y niñas que refieren que al interior de los camiones los policías iban armados”.Señala que se violaron todos los estándares y protocolos en materia tutelar de los derechos de niños y niñas, y considera grave que la PGJDF no haya dispuesto de personal especializado. “No hay que olvidar que se trató de un operativo Unipol; la procuraduría también tiene su responsabilidad, y no se entiende por qué no llevó a personal de la Fiscalía de Menores o de la Dirección Especial para Atender a Víctimas de Delito”.La colonia Nueva Atzacoalco, donde se ubica el New’s Divine, tiene altos índices delictivos y de “conflictividad social”, pues en las inmediaciones proliferan muchas bandas juveniles”, dice Álvarez Icaza. De hecho, el lunes 23 la SSP capitalina presentó un informe en el que destaca que en el período comprendido entre enero de 2005 y junio de 2008 fueron aprehendidas 121 personas por diversos delitos, entre lo que destacan el asalto a transeúntes (44), el robo a negocio con violencia (20) y posesión de droga (10).A su vez, un informe realizado por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social sostiene que al cierre de 2007 en las cárceles de la Ciudad de México había 34 mil 627 reos, de los cuales 74.66 % son hombres y mujeres de entre 18 y 35 años, la mayoría de origen humilde.En concordancia con ese documento, Álvarez Icaza recuerda que en octubre de 2001, cuando fue nombrado ombudsman, había 16 mil personas en los reclusorios capitalinos; ahora son 36 mil; más del doble. “El grupo esencialmente es de jóvenes pobres recluidos por robo cuyo monto es menor de los 3 mil pesos. Hay una concepción de que a partir del derecho penal van a resolverse problemas de diferencia o de debilidades estructurales en la ciudad”, dice.
–¿Eso es criminalizar la pobreza?
–Le he dicho al secretario (Joel Ortega) y se lo he dicho al jefe de gobierno (Marcelo Ebrard) que no estoy de acuerdo (con sus hipótesis), pero entendiendo su modelo, les he dicho que van a ser víctimas de su éxito, les he dicho que los índices de delincuencia, en su propia lógica, van subir; eso ya está ocurriendo. Ellos hablan de la reincidencia y quieren responder con más represión. Así no se puede.Lo grave es que a la par que crece el índice delincuencial, lo han hecho los abusos policiacos. En 2005, de las ocho recomendaciones emitidas por la CDHDF, tres se dirigieron a la SSP y una a la PGJDF; en 2006 fueron 17 las recomendaciones, dos dirigidas a la SSP y tres para la PGJDF; en 2007 seis fueron para la SSP –entre éstas una por tortura “infligida a un menor de edad”– y nueve para la PGJDF. En lo que va de 2008, el organismo ha emitido 10 recomendaciones, dos para el procurador capitalino, Félix Cárdenas, y una para el titular de la SSP, Joel Ortega, todas ellas relacionadas con violaciones a derechos humanos de niños y adolescentes.Álvarez Icaza dice que a pesar de lo grave de los abusos, lo que ocurre en el Distrito Federal forma parte de una política nacional de seguridad pública y administración de justicia en la que “no se ponen controles a la actuación de las policías y se manda un discurso de que todo se vale para combatir el delito”.
Las pifias del Unipol
La última estrategia del gobierno de Marcelo Ebrard para intentar disminuir los índices delictivos en la Ciudad de México fue la creación del Sistema de Coordinación Policial (Unipol), el 19 de mayo pasado. El sistema consiste en operativos integrados por agentes de la PGJDF y de la SSP.En el informe ejecutivo de Unipol que abarca el período del 19 de mayo al 20 de junio, se asegura que hubo una disminución de 14% en la incidencia delictiva. En ese lapso se puso a disposición del Ministerio Público a 429 personas, 110 con antecedentes de ingreso a algún centro penitenciario.
La CDHDF, por su parte, recibió en ese mismo período dos denuncias de violaciones a derechos humanos derivados de los operativos, sin contar las reportadas en los hechos ocurridos en la delegación Gustavo A. Madero el 20 de junio en la discoteca New’s Divine.En esta ocasión, Ebrard le pidió a Emilio Álvarez Icaza “investigar la investigación” de la procuraduría; es decir “investigar en paralelo” las actuaciones de Rodolfo Félix Cárdenas.
Álvarez Icaza tiene una explicación: entre Rodolfo Félix Cárdenas y Joel Ortega la confrontación “ha ido en ascenso y la institución que da certeza es la comisión, y por tanto a nuestra investigación”.
–¿La consignación de Guillermo Zayas, funcionario de la SSP, por el homicidio de las 12 personas está en este contexto de confrontación? –se le pregunta a Álvarez Icaza.
–Hay un reclamo al procurador por los términos que está usando, así como una preocupación de que la procuraduría es juez y parte.En el informe que rindió Rodolfo Félix ante las comisiones unidas de Seguridad Pública, Administración y Justicia de la Asamblea Legislativa, declaró que, en términos llanos, Zayas “mató” a los nueve jóvenes y tres policías en el operativo del viernes 20, pues no contaba con elementos para sancionar a funcionarios de su dependencia, incluso tratándose de abusos cometidos dentro de las instalaciones de la Agencia 50 del Ministerio Público. El procurador habló de siete investigaciones abiertas por vejaciones a jovencitas.Sobre este aspecto comenta Álvarez Icaza: “También me parece que las reglas mínimas del debido proceso suponen no sólo garantías mínimas para todos y no que se tengan culpables prefabricados. Cuando dicen de antemano que hay culpables, entonces la decisión es política, no es una decisión de una investigación en derechos humanos o judicial”.Destaca que la CDHDF recibió la queja de Guillermo Zayas, quien el viernes 27 ingresó al Reclusorio Oriente. “Mandamos medidas cautelares para que se le proteja: Él era subprocurador y muy probablemente mucha de la gente que está en el reclusorio está ahí gracias a su trabajo, la vida de ese hombre está en serio riesgo”.Para el ombudsman, es de gran preocupación el rompimiento del tejido social y la desconfianza de las autoridades, sobre todo en los jóvenes.“De los testimonios de los muchachos se advierte que había un temor fundado en la desconfianza; hoy hay un término de relación fundado en la desconfianza y el agravio. Estas cosas dinamitan la confianza de las instituciones.”Y narra una anécdota: “Un papá nos contaba que escuchó a un niñito de cinco años entonar una retahíla: ‘los policías los mataron’, después lo intentó callar su mamá, y al rato otra vez el pequeño entonó: ‘los policías mataron a los niños’”.Álvarez Icaza destaca que del trabajo de la comisión saldrán tres instrumentos jurídicos: “un informe especial que dé cuenta, en la convicción de la comisión, de lo que pasó; una recomendación del caso y una propuesta general, a partir de siete recomendaciones que ya se habían emitido, que deben servir para modificar prácticas administrativas operativas y en su caso legislativas para que no se vuelva a repetir”.Puntualiza que el fondo del problema es estructural: “Yo creo que seguimos pagando el costo y la herencia de culturas muy autoritarias en las fuerzas de seguridad pública, también porque no acabamos de entender las distintas esferas de la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Tenemos derecho a vivir sin miedo, sí, sin miedo de delincuentes pero también sin miedo de malos servidores públicos.“Yo espero que este hecho sea un hasta aquí definitivo en términos de que las policías abusen de los jóvenes y que sea un punto de quiebre y punto de cambio en relación a los jóvenes de la ciudad”, concluye.

Y se cerró la pinza policiaca...

El operativo

Gloria Leticia Díaz Y Raúl Monge

Una reconstrucción del operativo que costó la vida de 12 personas y que tiene en vilo al Gobierno del DistritoFederal, demuestra que se inició como una acción normal para verificar denuncias por la supuesta venta de alcoholy drogas a menores en una discoteca. Sin embargo, todo comenzó a salirse de control por una cadena deomisiones, errores, falta de capacitación y abusos...El pasado viernes 20, a las 16:25 horas, el director ejecutivo de la Región IV, con indicativo Thor, Guillermo Zayas González, convocó por radio a los jefes de sector de la delegación Gustavo A. Madero para que seconcentraran en las instalaciones de la Región VI Aragón.Una vez ahí, los 12 mandos policiacos –entre directores de las Unidades de Policía Sectorial (UPS) y Unidades dePolicía Ciudadana (UPC)– fueron enterados de que apoyarían la visita de Verificación Administrativa que lasautoridades delegacionales realizarían en 35 minutos más –a las 17:00 horas– en la discoteca New’s Divine,ubicada en la avenida Ingeniero Eduardo Molina número 186, esquina Calle 312, colonia Nueva Atzacoalco,porque tenían información de que en ese lugar se vendían bebidas alcohólicas y drogas a menores de edad.En la orden general de operación que se diseñó expresamente para ese fin quedó asentado que el grupo estaríaconformado por 216 personas: 183 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, 27 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) –23 agentes de la Policía Judicial, dosrepresentantes de Agencias del Ministerio Público y dos agentes del MP– y seis funcionarios de la delegación Gustavo A. Madero.Según la orden diseñada por el jefe Thor, quien dependía directamente del director general de la Policía Sectorial,Julio César Sánchez Amaya, todos los mandos tenían perfectamente delimitadas sus funciones.Con ocho elementos bajo su mando, el director de la Unidad de Policía Sectorial GAM 1, con indicativo Cuautepec, José Francisco Villagómez Pulido, resguardaría la integridad física del personal de la Subdirección deVerificación y Reglamentos de la delegación, coordinados por el entonces director general Jurídico y de Gobierno,Ángel Nava Rojas.El director del sector GAM-2, Martín Alonso Aldrete Jiménez, con indicativo Ticomán, resguardaría las escalerasdel inmueble con 10 elementos. A su vez, el director de la Décima Unidad de Protección Ciudadana, Carlos MarioZepeda Saavedra, con indicativo Lindavista, junto con el director de la Unidad de Policía Sectorial GAM-6,Camerino Luna Ramírez, con indicativo Tepeyac, vigilarían la zona de sanitarios para evitar que personal delestablecimiento o los jóvenes presentes en la discoteca arrojaran a los retretes o lavabos cualquier tipo de droga.El director de la Unidad de Policía Sectorial GAM-4, Alfredo Martínez Velarde, con indicativo Quiroga, y eldirector de la Vigésima Cuarta Unidad de Protección Ciudadana, Alejandro Gardiño Tejeda, con indicativo Pradera, apoyados por 10 elementos, escoltarían a las personas detenidas durante el operativo ante las autoridadesdel Ministerio Público.De acuerdo con la orden general de operación de ese día, resguardarían el exterior y el entorno de la discotecaNew’s Divine los siguientes mandos: el director de la UPS GAM-7 Cuchilla, José Jiménez López; el director de laUPS GAM-8 Aragón, Héctor Arturo Flores Gómez; el director de la Octava UPC Clavería, Sergio Figueroa Hernández; la directora de la UPS AZC-4 La Raza, Rosa Herlinda Antúnez Vázquez, y el director de la UPS AZC-3, Cuitláhuac, Ángel Muñoz Rico.Por su parte, el director de la UPS AZC-1, Hormiga, se encargaría de realizar los cortes y apoyos necesarios devialidad en la avenida Eduardo Molina y la calle 312.Los 27 elementos de la PGJDF que fueron convocados por Zayas para intervenir en el fallido operativo del pasadoviernes 20, en el que perdieron la vida nueve jóvenes y tres policías (dos de la SSP y un agente de la PolicíaJudicial), también tenían bien delimitado su campo de acción.Según la orden de operación trazada por Zayas González, el fiscal desconcentrado en la delegación Gustavo A.Madero, Alejandro Muñoz Ramírez, tomaría conocimiento de los hechos, auxiliado por los responsables deagencia en GAM-8 y GAM-4, Carlos Sotelo Maganda y Miguel Aguilar López, respectivamente. Este último contó con el apoyo de la agente del MP María Natividad Gaona Cerna.Coordinados por los comandantes Álvaro Avilés González y Jorge Heras Ortiz, los 20 agentes de la PolicíaJudicial capitalina comisionados tenían la encomienda de detener a las personas que estuvieran infringiendo la leyy, de ser el caso, iniciar la averiguación previa correspondiente.Los verificadores de la delegación Gustavo A. Madero, bajo el mando del director general Jurídico y de Gobierno,Ángel Nava Rojas, tenían a su vez la encomienda de llevar a cabo la verificación del inmueble y de clausurarlo encaso de hallar alguna irregularidad.
En el papel, el operativo estaba perfectamente bien planeado.
Documentos obtenidos por los reporteros y cotejados con distintas fuentes de información demuestran que desdeantes de la salida del grupo hacia la discoteca New’s Divine surgieron contratiempos que, sumados a los errorescometidos durante el operativo, desembocaron en la tragedia y en los abusos contra los jóvenes detenidos.Por ejemplo, de los 183 elementos de la SSP requeridos inicialmente sólo se presentaron 169, con lo que el estado de fuerza llegó disminuido en 11%. Además, en la lista de 38 vehículos utilizados durante el operativo para eltraslado del personal no aparece ninguna ambulancia.
La trampa
Según Zayas González, el operativo fatal estuvo sustentado en una serie de denuncias ciudadanas que llegaron a suoficina semanas antes, en el sentido de que grupos de jóvenes bebían y se drogaban en la discoteca.Con esa información, Zayas dio parte al director general Jurídico y de Gobierno de la delegación Gustavo A.Madero, Ángel Nava Rojas, quien dio luz verde para que se programara un operativo Unipol, con elementos de laSSP y la PGJDF.
El propio Zayas preparó el operativo y le puso fecha: viernes 20 de junio.
Seguridad Pública y la procuraduría capitalina tienen versiones distintas de lo que sucedió en esa acción policiaca,en la que perdieron la vida Mauricio Quiroz Rodríguez, de 18 años; Érika Rocha Maruri, de 13; Mario Alberto Ramos Muñoz, de 22; Isis Gabriela Tapia Barragán, de 16; Eredi Pérez Sánchez, de 29; Alejandro PiedrasEsquivas, de 14; Leonardo Amador Rivas, de 24; Daniel Alan Ascardo Rodríguez, de 15, y Rafael Morales Bravo,de 18, así como los policías Remedios Marín Ruiz, Pedro López García y Pablo Galván Gutiérrez (este últimojudicial).Según la SSP, durante la diligencia de verificación en la discoteca, que registraba sobrecupo. El responsable dellugar, Alfredo Maya, con la complacencia de las autoridades delegacionales, indebidamente ordenó que apagaranla música, tomó el micrófono y pidió a los jóvenes que desalojaran el local porque había un operativo, no sin antesprometerles que el siguiente viernes la entrada sería gratuita.En medio de una rechifla, los jóvenes comenzaron a abandonar el lugar con cierto orden. Conforme salían, algunosuniformados los subían a un camión de la Red de Transporte Público estacionado frente a la discoteca.De pronto, empleados del establecimiento cortaron la luz, los ventiladores dejaron de funcionar y comenzó eldesorden. En su prisa por salir, los jóvenes se empezaron a amontonar en la escalera, “incrementando latemperatura, el desgaste físico y el pánico”.Según la SSP, la situación hizo crisis cuando una de las dos hojas abatibles del zaguán se cerró por la presión delos propios jóvenes, lo que provocó un nudo humano.Entre la escalera para ingresar al local y el zaguán quedaron atrapados varias personas durante largos minutos. Elamontonamiento alcanzó tal magnitud que nueve muchachos y tres policías murieron ahí por asfixia.Sobre ese punto en particular, la versión de la PGJDF inculpa a la SSP. Según el procurador Rodolfo Félix Cárdenas, la policía bloqueó premeditadamente la puerta de acceso, con el fin de impedir que los jóvenes huyeran.“Si bien es cierto que en las pruebas del expediente no se encuentra acreditado que Guillermo Zayas haya dado laorden a la policía, ya sea para cerrar la puerta o bien para que la policía contuviera la salida de los menores, lo quesí se encuentra acreditado es que, siendo el mando único, nunca dio la orden para que se dejara de bloquear lapuerta de salida del lugar”, argumentó el procurador capitalino.Según Zayas, quien el pasado viernes 27 ingresó al Reclusorio Oriente por el presunto delito de homicidio doloso,cuando el camión que llevaba se llenó, él se alejó de la discoteca unos 500 metros “para agilizar el arroyo vehicular”.Posteriormente, añade, se percató de que la policía se estaba amontonando en la puerta principal y solicitó porradio y teléfono el apoyo de personal y de ambulancias al darse cuenta de que había varias personas tiradas en elpiso.
Errores mortales
Los documentos obtenidos por Proceso evidencian la suma de errores en que incurrieron Zayas y el resto delpersonal que participó en esa acción.De entrada, en la orden general de operaciones se especifican las actividades a desarrollar para cada mando, perono existe un análisis previo en relación con el aforo, los accesos, salidas y características físicas del inmueble.Además de que los mandos no debieron perder en ningún momento el control y el acceso principal del inmueble,el responsable del operativo debió valorar el estado de fuerza, las condiciones del lugar, el tipo de asistentes alevento y todas aquellas circunstancias que, concatenadas, desembocaron en la muerte de 12 personas.Así mismo, los elementos convocados al operativo eran sectoriales y de la UPC, los cuales no están debidamentecapacitados para la contención de multitudes. Pero con los dos camiones llenos de jóvenes hubiera sido suficientepara comprobar el ilícito de corrupción de menores.Por si fuera poco, varios mandos y policías incurrieron en una grave omisión al abandonar el lugar de los hechoscuando se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia.Otro espinoso problema son las vejaciones cometidas por al menos 29 policías contra los jóvenes que fueron trasladados al Sector GAM-8 Aragón, donde les tomaron fotografías y los desnudaron antes de ponerlos adisposición del Ministerio Público.Entre los responsables de ello se encuentra Alejandro Garniño Tejeda, quien fue distinguido como Policía del Añoen 2005 y en 2006. En febrero de 2008 fue acusado de extorsionar a franeleros en las inmediaciones de la ArenaMéxico.Él ordenó al policía Gerardo Cruz Antonio (placa 825732) que fotografiara y marcara con un número en las manosa los jóvenes detenidos durante el operativo antes de remitirlos al Ministerio Público.Garniño Tejada fue uno de los 17 mandos que el titular de la SSP, Joel Ortega, puso a disposición del MinisterioPúblico por los hechos ocurridos en la discoteca New’s Divine, y salió libre con la reservas de ley. Sin embargo, alconocerse las vejaciones cometidas contra los detenidos, ya no se presentó a laborar.Durante su estancia en el Sector Aragón, los jóvenes fueron separados por sexo. Luego de tomarles fotografías,marcarles la mano y tomarles sus datos generales, personal de la agrupación Fuerza de Tarea trasladó a losdetenidos a la Décima Sexta Agencia del Ministerio Público, donde las mujeres fueron las primeras en pasar con el médico legista.Algunas muchachas denunciaron que ahí tuvieron que desnudarse ante la mirada escrutadora de los policías. l
Denigración
La orden de desnudar y fotografiar, de frente y de perfil, a los menores de edad arrestados durante los operativos policiacos en la Ciudad de México, como si fueran delincuentes, es ya una rutina de las policías.Así ocurrió, una vez más, en el operativo del 20 de junio en la discoteca New’s Divine. Antes de que la policía impidiera que los jóvenes abandonaran el lugar, con lo que ocasionaría la muerte de 12 personas, 83 menores (40 de ellos mujeres) fueron presentados ante la Agencia 57 Especializada del Menor Infractor, en donde fueronfichados.Y como había ocurrido en los casos anteriores, según denuncias presentadas ante la Comisión de DerechosHumanos del Distrito Federal (CDHDF), y declaraciones de los propios policías, los detenidos en New’s Divinefueron retenidos durante varias horas, el tiempo que tardaron en pasar uno por uno para ser interrogados ymarcados en la piel una vez que habían desfilado ante la cámara de registro policiaco.De acuerdo con las fotografías, cuya copia obtuvo Proceso, algunas jovencitas fueron obligadas a mostrar sustatuajes en el cuerpo para que se les fotografiara como parte del expediente policial.Esa práctica de la policía de fichar a los menores de edad es considerada por Emilio Álvarez Icaza, presidente de la CDHDF, como una de las mayores vejaciones a la integridad de los adolescentes. (SC) l

Socios del narco mexicano

Hamas. "Contactos criminales"

J. Jesús Esquivel

De acuerdo con un informe de inteligencia del gobierno de Estados Unidos obtenido por Proceso, Hamas, Hezbollah y otros grupos radicales islámicos se han convertido en socios de los cárteles mexicanos del narcotráfico: los proveen de armas y los ayudan a distribuir droga en Europa y Medio Oriente. Funcionarios de la DEA y del Departamento de Justicia adelantan a este semanario que “en los próximos días” realizarán un operativo en la frontera compartida por Brasil, Argentina y Paraguay –donde están asentados los grupos radicales islámicos– que mostrará los nexos de éstos con los narcotraficantes mexicanos.

WASHINGTON.- Grupos terroristas islámicos venden armas a cárteles mexicanos del narcotráfico y colaboran con ellos para distribuir droga en Europa y Medio Oriente.Tal es una de las conclusiones del informe titulado Logros del año fiscal 2007, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.“La información de inteligencia y las investigaciones sobre narcoterrorismo que hemos realizado identifican nexos entre los narcotraficantes mexicanos, los de Filipinas y de Colombia con elementos pertenecientes a organizaciones extranjeras calificadas como terroristas por el Departamento de Estado”, indica el documento de inteligencia del NDIC, una de cuyas copias obtuvo este semanario.Con base en información de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el documento del NDIC subraya:“Los resultados de 74 investigaciones sobre narcoterrorismo que ha llevado a cabo la División de Operaciones Especiales de la DEA documentan que grupos islámicos con presencia en la frontera común de Argentina, Brasil y Paraguay, lavan dinero, venden armas y trafican drogas de las principales organizaciones criminales mexicanas”.
Narcoterrorismo
El documento indica que la mayor parte de las agrupaciones islámicas con presencia en Sudamérica están vinculadas con los palestinos y que utilizan las ganancias que obtienen de su relación con los narcotraficantes de México y del resto de América Latina para financiar sus causas.Identifica a grupos como Hezbollah, Hamas, Frente para la Liberación Palestina, Organización para la Liberación de Palestina y al Frente Popular para la Liberación de Palestina como los socios árabes de los carteles del narcotráfico de México.
“Grupos como Hezbollah y Hamas –precisa– han traficado en Europa y el Medio Oriente grandes cantidades de heroína y cocaína que les venden los narcotraficantes de México, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil”.
Y agrega: “Además, estos grupos terroristas han establecido contratos multimillonarios para vender armas a los narcotraficantes mexicanos y colombianos”, las cuales son comercializadas por “proveedores criminales de Yemen, Kuwait, Siria, Argentina, Brasil y Bulgaria”.Un funcionario del NDIC consultado por Proceso sobre el contenido del documento de inteligencia, comenta: “En los últimos cinco o seis años los cárteles de la droga de México se han posicionado como las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. Y como éstas tienen ya un alcance intercontinental en el trasiego de narcóticos, los grupos terroristas del Medio Oriente no han querido perder la oportunidad de sacarles dinero”.“Se habla mucho de que las armas utilizadas por los principales cárteles de México llegan de Estados Unidos, pero casi no se menciona que muchas de éstas, decomisadas por las autoridades mexicanas a los narcotraficantes, son fabricadas en Europa o en Medio Oriente y que son del tipo que utilizan los grupos islámicos que apoyan la causa palestina”, apunta el funcionario del NDIC, quien pide el anonimato debido a que sus comentarios se refieren a un documento de inteligencia no desclasificado.Ese documento señala: “También se identificó un lazo de cooperación entre el crimen organizado de México con narcotraficantes de la región sur de Filipinas, y con elementos de las organizaciones terroristas Abu Sayyaf y Jamayah Islamiyah”.El documento del NDIC no identifica los cárteles del narcotráfico de México relacionados de manera directa o indirecta con los grupos radicales islámicos. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Justicia consultado por este semanario dice que se trataría de los cárteles del Golfo, de Sinaloa, de los Arellano Félix, así como de Los Zetas. Un vocero de la DEA confirmó a Proceso que se trata de los “tres o cuatro principales cárteles” que operan en territorio mexicano.“Por ahora no podemos señalarlos (a dichos cárteles) porque en los próximos días llevaremos a cabo una operación en Sudamérica (en la frontera común de Argentina, Brasil y Paraguay) contra Hezbollah debido a su relación con narcotraficantes sudamericanos y mexicanos”, comenta el vocero de la DEA, quien también solicita el anonimato por tratarse de una investigación en curso.
Advertencias
Desde los setenta, las agencias estadunidenses comenzaron a advertir que grupos islámicos establecidos en Sudamérica se dedicaban a traficar armas en la región. Sin embargo, en el último lustro los narcotraficantes mexicanos se convirtieron en sus principales clientes.“El cambio más notable es que ahora los grupos islámicos ubicados en Sudamérica trabajan para los narcotraficantes mexicanos como distribuidores de droga en Europa y Medio Oriente. Es más: tenemos información de que los cárteles de México pagan con droga (heroína, metanfetaminas y cocaína) las armas que les venden los grupos terroristas”, asegura el vocero de la DEA.El 30 de enero de 2006, Michael Brown, jefe de Operaciones de la Agencia Federal Antidrogas, informó al Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las agencias federales intensificaron sus investigaciones sobre la presencia de grupos terroristas islámicos en Sudamérica y que, como resultado de ello, descubrieron que éstas tenían nexos con las organizaciones del narcotráfico en la región.Brown explicó que los grupos islámicos obtienen de ello grandes ganancias y puso ejemplos: “Una inversión de 6 mil dólares en la compra de un kilogramo de cocaína a narcotraficantes mexicanos o colombianos, puede redituarles una ganancia mínima de 30 mil dólares por la venta de esta droga en España (…) de 110 mil dólares en Hungría o Israel y hasta de 150 mil dólares en Arabia Saudita”.Otros documentos de inteligencia del Departamento de Justicia –cuyas copias también obtuvo Proceso– indican que los narcotraficantes mexicanos establecieron los primeros contactos con grupos radicales islámicos, como Hezbollah, a principios de esta década y por intermedio de narcotraficantes colombianos, brasileños, peruanos, así como de integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).“La frontera tripartita (de Brasil, Argentina y Paraguay) es utilizada como el punto central para el trafico de cocaína que se lleva a Europa y otras regiones del mundo. Grupos como Hezbollah y Hamas están obteniendo enormes cantidades de dinero procedente de las drogas que les venden principalmente los narcotraficantes mexicanos”, destaca uno de los documentos del Departamento de Justicia fechado el 9 de mayo de 2006. Respecto de las armas que los grupos islámicos venden a los narcotraficantes mexicanos, el informe de inteligencia del NDIC señala que éstas proceden de Medio Oriente y Europa. Llegan primero a Sudamérica. Después, los “contactos criminales de los grupos islámicos” y “sus agentes libaneses” –que se encuentran distribuidos en todo el continente, pero con “amplia concentración en Centroamérica”– las transportan a México por “mar, tierra y aire”.“Les venden todo tipo de armas, desde las más elementales hasta equipo para derribar helicópteros o destruir tanques (…) como los que usan Hezbollah o Hamas para atacar al ejército israelí en los Territorios Ocupados de Palestina o en el Líbano”, indica el documento. “Tenemos también evidencias de que las pandillas centroamericanas, como la Mara Salvatrucha de El Salvador, también colaboran con los grupos terroristas islámicos en el transporte de armas y municiones que tienen a México como destino final”, precisa el ya citado funcionario del Departamento de Justicia.Uno de los documentos de esa dependencia del gobierno estadunidense indica que el ambiente político de izquierda que priva en Sudamérica y que tiende a ser de confrontación con la política exterior del presidente George W. Bush, es aprovechado por grupos como Hamas y Hezbollah, los cuales encontraron en la frontera común de Brasil, Argentina y Paraguay una especie de refugio y un centro de operaciones transnacionales, tanto para vender armas a México como para traficar drogas a Europa y Asia. Ello a su vez –señala ese documento– permite a los narcotraficantes mexicanos pasar casi inadvertidos en el financiamiento indirecto de actos terroristas que grupos radicales islámicos cometen contra Israel.“La operación contra Hezbollah que daremos a conocer en los próximos días pondrá en evidencia la clara relación que existe entre el narcotráfico y los grupos islámicos, pero sobre todo mostrará a los gobiernos latinoamericanos el enorme potencial criminal con el que cuentan actualmente las organizaciones del crimen organizado de la región. Particularmente, mostrará a las autoridades mexicanas que estas organizaciones (islámicas) son una gran amenaza para la seguridad nacional de su país, de Estados Unidos e, incluso, de algunos países suda-mericanos”, remata el funcionario del Departamento de Justicia. l