viernes, junio 04, 2010

Firmas contra el Ataque a la flotilla humanitaria en Gaza

Petición a los gobiernos y a las organizaciones internacionales:
Exigimos una investigación internacional inmediata sobre el ataque a la flotilla, la rendición de cuentas por parte de los responsables, y el fin del bloqueo de Gaza.


El letal ataque israelí a la flotilla humanitaria que se dirigía rumbo a Gaza ha provocado indignación a nivel mundial. Esta vez, no podemos aceptar palabras vacías por parte de nuestros líderes. Es hora de exigir acción.

La petición será entregada a las Naciones Unidas y los principales líderes mundiales cuando alcancemos el objetivo de 200,000 firmas -- ¡firma y únete al llamamiento mundial por la verdad, la rendición de cuentas, y la justicia en Gaza!

El mortífero ataque israelí a la flotilla humanitaria que se dirigía hacia Gaza ha dejado al mundo en estado de shock.

Al igual que cualquier otra nación, Israel tiene el derecho a la legítima defensa. Sin embargo, este incidente constituye un uso desproporcionado de la fuerza bruta para defender una política monstruosa y letal: el bloqueo israelí de Gaza, en donde dos tercios de las familias no saben dónde encontraran su próxima comida.

Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la mayoría de los países y de las organizaciones multilaterales ya le han exigido a Israel que levante de inmediato el bloqueo, y ahora están demandando que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el ataque a la flotilla. Pero sin una presión masiva por parte de los ciudadanos, nuestros líderes podrían limitar su respuesta a palabras vacías; como lo han hecho tantas veces hasta ahora.

Alcemos un clamor tan ensordecedor que no pueda ser ignorado. Firma la petición exigiendo una investigación independiente sobre el ataque, la rendición de cuentas por parte de los responsables, y un fin inmediato al bloqueo en Gaza. Haz clic para firmar la petición, y reenvía este mensaje a todos tus conocidos:

http://www.avaaz.org/es/gaza_flotilla/?vl


“Nación triqui” refrenda lucha por la autonomía

El asesinato de Timoteo Alejandro, máximo dirigente del movimiento por la autonomía del pueblo triqui, cimbra las estructuras del Municipio Autónomo de Copala y del MULTI. Los “líderes naturales” de las comunidades en resistencia no tienen duda: se trató de un crimen de Estado. Culpan a los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz. Advierten un embate paramilitar, pero se muestran firmes: “Ni nos rendimos ni nos vendemos; antes nos matan en nuestras casas”. Resuelven luchar hasta consolidar definitivamente el proyecto autonómico


Yosoyuxi, Copala, Oaxaca. El asesinato del máximo líder del movimiento autonomista triqui, Timoteo Alejandro Ramírez, amenaza con sumir a la región en la violencia total. En medio de grupos paramilitares armados con AK-47, AR-15, M-16 y granadas, que sitian un pueblo entero, emboscan en las carreteras y veredas, asaltan comunidades autonomistas y ejecutan a dirigentes, el líder y fundador del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) privilegió la resistencia pacífica.

Firme en la construcción del Municipio Autónomo con sede en San Juan Copala, le apostó a la paz y al diálogo entre los triquis, a pesar de las decenas de asesinatos que comenzó a contar su organización. Él mismo y su esposa se sumaron a las estadísticas el pasado 20 de mayo, cuando un operativo desarrollado con seis meses de antelación terminó con las vidas de Timoteo y su esposa Tleriberta Castro.

Mientras que el doble asesinato se concretaba en esta comunidad de Yosoyuxi, un grupo paramilitar de alrededor de 15 efectivos intentó tomar el palacio municipal de San Juan Copala. Las autoridades autónomas cerraron los accesos y se pusieron a salvo de las cerradas descargas de AK-47 y AR-15. Los asaltantes, que llegaron a las inmediaciones del edificio, finalmente se retiraron. Simpatizantes de la autonomía triqui consideran que se trató de una acción coordinada para acabar con el proyecto de los indígenas en resistencia: asesinar al dirigente máximo del movimiento y tomar San Juan Copala.

De la región salió toda representación formal del gobierno federal: Ejército Mexicano, Policía Federal, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Desarrollo Social. También huyeron los funcionarios estatales, los maestros, los médicos, los sacerdotes, las enfermeras.

Violencia cotidiana

La muerte del líder autonomista no arredra a los simpatizantes del Municipio Autónomo como no los han amedrentado las emboscadas y los tiroteos diarios.

“Sabemos que nos podemos morir; pero, como triquis, no tenemos miedo. Es más grande el coraje y la muina”, dice el presidente autónomo suplente de San Juan Copala, Julián González Domínguez.

Originario de la comunidad Cruz Chiquita, a sus 52 años es uno de los veteranos de la lucha. A pesar de su voz apagada, sus palabras se escuchan nítidas en la habitación donde se reúne con “líderes naturales” y representantes de las comunidades que integran el Municipio Autónomo: San Juan Copala (cabecera), Yosoyuxi, Santa Cruz Tilapa, Paraje Pérez, Agua Fría, y con integrantes de otras comunidades que militan en la autonomía casi en secreto por temor a represalias.

En dos ocasiones, a lo largo de su vida, ha tenido que beber la sangre cruda directamente de las arterias de una gallina y un perro negros: es el único remedio en estos montes cuando se ha sufrido una emboscada y la víctima vomita su propia sangre.

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El uso político de la justicia en México

* El uso político de la justicia en México
* Tintes electorales en el caso de “Greg”
* Prueba suficiente de lavado de dinero


Oficio de Papel
Columna semanal del periodista
Miguel Badillo

“La ejecución de una orden de aprehensión en contra del señor Greg Sánchez obedece a las evidencias, a los indicios y los testimonios que obran en poder de la autoridad”, fueron las palabras iniciales que dirigió a la prensa Felipe Calderón desde Canadá al referirse a la detención del candidato por la alianza PT, PRD y Convergencia, a la gubernatura del estado de Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo, de extracción panista, explicó: “el señor Gregorio Sánchez no sólo ha sido acusado por la oficina del procurador general; esos cargos, esos indicios, esas evidencias, también han sido debidamente valoradas por un juez que obsequió la orden de aprehensión, la cual se ejecutó”.

Y concluyó sobre el tema: “la obligación de la autoridad es actuar conforme a la ley y no puede la Procuraduría General hacer distingos o excepciones por razones de carácter electoral o político. Tiene que actuar en donde haya evidencias, sea del crimen organizado o de lavado de dinero o cualquier otra acción que está penalizada por la Ley”.

Estas evidencias a las que se refiere Calderón, esos indicios y testimonios no surgieron hace algunas semanas. Se trata, como lo confirman expedientes en poder de esta columna, de una añeja investigación cuyas conclusiones, al menos desde hace un año, pudieron haber sido turnadas por la Procuraduría General de la República a un juez federal para analizarlas y dictar la orden de aprensión respectiva, como lo hace ahora en la etapa final para que coincida con las elecciones en Quintana Roo.

Entonces la PGR sí tiene, como dice Calderón, la obligación de actuar, pero no de administrar la justicia en beneficio de las causas y proyectos político-electorales del PAN, aun cuando la orden haya sido dictada desde Los Pinos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda – responsable de la investigación contra Gregorio Sánchez – ha sido criticada por su lenta actuación y escasa capacidad de respuesta para descubrir a tiempo los fenómenos y acciones ligadas con el crimen organizado. Ahora, con la decisión del gobierno de Felipe Calderón se pone en entredicho, una vez más, a esta entidad, a pesar de que desde hace más de un año sus investigadores ya contaban con pruebas suficientes para iniciar acciones legales contra el popular y controversial Greg Sánchez. Sacrificar a la UIF, sin embargo, parece ser el precio que se tiene que pagar por avanzar en un proceso electoral e impedir que el PAN siga perdiendo terreno rumbo al 2012.

Vulnerar a la Secretaría de Hacienda no es un asunto menor. Esta debería ser una dependencia apartada del ánimo político del presidente y dejarla hacer su trabajo en tiempo y forma para mejorar la procuración de justicia en este país tan desacreditado en sus instituciones.

Sin embargo, desde que Agustín Carstens sucumbió a la tentación de pactar lealtad a Calderón a cambio de su postulación al Banco de México, Hacienda se ha visto minada por los intereses políticos que salen de Los Pinos y de las oficinas nacionales del Partido Acción Nacional. Cómo entonces este gobierno federal panista puede garantizar una justa impartición de justicia si utiliza los expedientes de “lavado” de dinero elaborados por la UIF para atacar a la oposición, aun cuando éstos estén bien fundados por los investigadores fiscales, pero cuando se trata de miembros del PAN o funcionarios del primer equipo de gobierno simplemente los expedientes son archivados y nunca proceden.

Hay varios casos en los archivos de la UIF y en poder de esta columna que confirman cómo el gobierno de Calderón tuerce la ley para atacar a la oposición y proteger a los miembros de su gabinete.

Una prueba de ello es cómo una “persona políticamente expuesta”, integrante del gabinete de Felipe Calderón y miembro distinguido del PAN, ha sido investigada por el aparato financiero gubernamental y descubrieron que él y su familia se ha beneficiado supuestamente con dinero producto del narcotráfico y de recursos públicos. Se trata de quien fuera gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, actual procurador Federal de Protección al Ambiente.

Distinto a lo que sucedió con Greg Sánchez, la Secretaría de Hacienda también presentó una denuncia penal desde hace tres años por el delito grave de “lavado” de dinero en contra de Patrón Laviada y varios familiares, pero la PGR “extravió” a propósito la acusación y nunca procedió en contra del amigo del presidente de la República.

En la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República, hay un expediente archivado por el delito de blanqueo de capitales en contra de familiares y amigos de Patricio Patrón Laviada.

Aunque no es la primera vez que Hacienda utiliza causas fiscales o investigaciones contra el blanqueo de capitales para negociar política o económicamente, el caso de Gregorio Sánchez lindó la frontera del cinismo y lo burdo.

Queda claro, por lo tanto, que el gobierno de Calderón administra las investigaciones de la UIF que, en teoría y en línea con su mandato, tendrían que utilizarse para aplicar la justicia de manera expedita y no dilatoria en beneficio de intereses políticos. Después vendrá el reclamo de los organismos multilaterales y del propio Estados Unidos respecto a la lentitud de la aplicación de la justicia en México al perseguir al crimen organizado. Pero eso parece no importar en este momento de contiendas electorales.

De esta forma, en su ánimo de defender las causas políticas del PAN, el gobierno de Felipe Calderón está cometiendo graves errores de procedimiento que abonarían a la causa de Gregorio Sánchez. En primer lugar, solicitar en este momento, y no antes, la orden de aprensión, le resta méritos a lo que pudo haber sido una aplicación implacable de la justicia.

Ahora, la coyuntura que escogió la PGR y el gobierno calderonista al comenzar hasta el 3 de mayo pasado las acciones legales contra Sánchez, distrajo a la opinión pública de la gravedad de las acusaciones y lo colocó como una víctima electoral del sistema.

Además, a un mes de que se realicen las elecciones, ninguno de los tres partidos aliancistas tendrían la oportunidad de sustituir a Greg Sánchez como candidato, lo que amplia la posibilidad de que el alcalde con licencia de Cancún permanezca como contendiente en los comisiones electorales, porque hasta que no se dicte una sentencia formal no perderá sus derechos políticos. Incluso, Greg podría ganar mientras la procuración de justicia en México se hace bolas con un expediente que hace un año pudo constituir la base de una querella impecable por lavado de dinero y su probable responsabilidad al participar y colaborar con la delincuencia organizada en delitos contra la salud.

El hoy indiciado, pero todavía candidato a la gubernatura de Quintana Roo, dice la PGR, se encuentra relacionado con los Zetas y el cartel de los Beltrán Leyva, brindándoles información para facilitarles sus actividades ilícitas. Así, mientras confirman el hecho para el cual tenían pruebas y testigos, el gobierno federal deberá también enfrentar el cuestionamiento de la opinión pública sobre su falta de ética para procurar justicia a los mexicanos. Pero no es la primera vez que sucede. Antes, el caso de Arturo Zamora, en Jalisco, quien buscaba la gubernatura de ese estado para el PRI y tuvo que enfrentar acusaciones, también sumamente coyunturales, por su vinculación con el crimen organizado.

Pero “Greg” también lo sabía y sus estrategas políticos dieron prueba de ello al subir al portal público de videos Youtube un mensaje en el que el candidato aliancista aseguró: “Y si tengo que pagar el precio de mi libertad por el pueblo de Quintana Roo, lo haré… tu y yo transformaremos a Quintana Roo porque mis derechos políticos están a salvo”, dijo Sánchez dos días después de ser detenido en un video. Claro, el video fue retirado minutos después de haberse hecho público porque ello demostraba que “Greg” estaba al tanto de su situación judicial y sólo buscaba ganar tiempo. Ambos lados administraron la justicia.

El añejo expediente de Greg Sánchez....

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Militares, policías y funcionarios contra reporteros


Sin contar la enésima embestida de los militares del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, ocurrida en la ensangrentada Ciudad Juárez (por los cientos de miles de homicidios), donde golpearon a los reporteros que cubrían el evento en el que participó el señor Calderón (a quien las madres de los 15 adolescentes asesinados le dieron la espalda y le dijeron que no era bienvenido), el año pasado se registraron 183 agresiones a reporteros, 19 ataques a medios y 13 periodistas asesinados. Este reporte lo presentó el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) e informa de él Víctor Ballinas (La Jornada, 23 de febrero de 2010). Días antes, el Comité de Protección de Periodistas había presentado su informe Ataques a la prensa en 2009, donde México ocupa el primer lugar en homicidios de periodistas, en el limbo de la impunidad (La Jornada, 17 de febrero de 2010). Y cuando fue justamente absuelto, de la falsa acusación de la Procuraduría General de la República, el chivo expiatorio de Calderón, Medina Mora, Ulises Ruiz, Juan de Dios Castro y Orellana Wiarco, del homicidio del reportero Brad Will.

Están confirmadas las condiciones para criminalizar a los reporteros, por obra y gracia del calderonismo, de desgobernadores y presidentes municipales, principalmente de Oaxaca, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Guerrero y Durango, donde hubo toda clase de atropellos y homicidios contra quienes desempeñan las libertades constitucionales de informar. En Ciudad Juárez, los militares obstruyeron la labor de los reporteros: mientras el inquilino de Los Pinos, en un lugar cerrado y resguardado por 10 mil soldados, hablaba de libertades y derechos, les arrebataron sus cámaras fotográficas y grabadoras agrediéndolos de manera salvaje. Y siguen sumando violaciones a los derechos humanos a las más de 1 mil, plenamente documentadas, que le mostraron a Calderón.

El informe del Cepet detalla 45 agresiones físicas, 40 amenazas, 16 por acoso e intimidación, 13 por daño a equipo (14 con la de Ciudad Juárez), 13 por despojo de equipo, 10 agresiones verbales, 10 detenciones arbitrarias, nueve acciones legales o requerimientos judiciales; ocho denuncias por robo, seis ataques o amenazas con arma de fuego y siete asesinatos. Y sólo en Chihuahua, Veracruz y Oaxaca se registraron 47 agresiones. Se destaca que los abusos llevados a cabo por funcionarios públicos municipales, de las entidades y del fuero federal, buscan intimidar a los reporteros para que no cumplan con su deber de informar… sin lograrlo, pues los periodistas continúan con su trabajo, a pesar del silencio y ninguna acción penal por la falta de garantías, que deja ver el odio hacia las libertades de prensa de parte de los gobernantes.

Calderón nunca ha reprobado esas agresiones, pues es sabido que el calderonismo odia a la prensa que informa y critica. Y en este contexto, los funcionarios se dan vuelo con sus constantes embestidas, sobre todo a los reporteros. “El Cepet subraya en su informe que en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa; mientras que en uno de cada cuatro la agresión provino de algún funcionario, siendo frecuente encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental”.

El periodismo mexicano crítico y veraz sobrevive en medio de ese panorama, donde… “el menosprecio de los derechos del hombre es la única causa de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobernantes” (Lynn Hunt, La invención de los derechos humanos; Tiempo de memoria. Tusquets, editores).

cepedaneri@prodigy.net.mx

Fuente: Contralínea 184 - 30 de mayo de 2010

Bacanal


Una maraña de complicidades

Las conclusiones a las que llegó la procuraduría mexiquense en torno a la muerte de la niña Paulette Gebara Farah le restaron credibilidad al gobierno de Enrique Peña Nieto y le pegaron donde más le duele al político priista: en las encuestas. La indagatoria, según especialistas, muestra inconsistencias y deja cabos sueltos. Además, peritos que atendían el caso denunciaron presiones del primer círculo del gobernador para llegar a un resultado preestablecido.
Enrique Peña Nieto


La muerte de la niña Paulette Gebara Farah le generó la peor crisis de opinión pública al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya actuación en el caso, de acuerdo con encuestas de las que Proceso tiene copia, se califica en 80% como “mal” y “muy mal”.

La trama de presiones familiares, políticas y empresariales involucra a los dos principales aspirantes a suceder a Peña Nieto en el gobierno del Estado de México en 2011: su primo, Alfredo del Mazo Maza, y su compadre, operador político y secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava.

El actual alcalde de Huixquilucan, Del Mazo Maza, es el heredero directo de la dinastía familiar que ha gobernado el Estado de México desde los años cuarenta y amigo de la familia Farah. Miranda Nava es señalado como el principal responsable del cambio de rumbo en las investigaciones que derivaron en la renuncia del procurador Alberto Bazbaz Sacal.

Pese al intento de darle carpetazo a las investigaciones sobre la menor desaparecida el 21 de marzo y hallada nueve días después en la misma cama alrededor de la cual pasaron más de 200 personas, entre peritos, reporteros, familiares y funcionarios, el caso Paulette extiende sus polémicas conclusiones más allá del entorno familiar de la menor de cuatro años.

“En este caso están involucrados funcionarios estatales del más alto nivel”, advierte Luis Sánchez, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. “Todo tiene que ver con proteger a Peña Nieto y sus redes de complicidades políticas”, sentencia el exalcalde de Nezahualcóyotl.

En entrevista con Proceso refiere que el propio secretario general de Gobierno, Miranda Nava, intentó hacer creer a los líderes de los partidos de oposición de que Paulette murió accidentalmente, sin que nadie se diera cuenta, durante casi 10 días, de que el cuerpo estaba en su habitación.

“Miranda Nava nos trató de convencer, de manera muy amable, a través de un extenso video de la procuraduría, donde se ve cómo los peritos encontraron el cadáver de la niña en avanzado estado de descomposición”, afirma Sánchez.

“El problema con Bazbaz es que le gusta salir mucho en los medios y cometió muchos errores”, recuerda Sánchez que les dijo Miranda Nava. Desde ese momento, a mediados de abril, ya estaba decidida la salida del tercer procurador en menos de cuatro años de gobierno de Peña Nieto.

Las gestiones de Miranda Nava con partidos y líderes de opinión ocurrieron poco después de que el sábado 3 de abril acudiera a las oficinas de Bazbaz para pedirle al procurador que lo dejara ver el expediente y ordenara un giro radical en las investigaciones.

Apenas tres días antes, el 31 de marzo, Bazbaz declaró en una rueda de prensa transmitida por la mayoría de los medios electrónicos que no había duda “de que se trató de un homicidio”. Incluso llegó a afirmar: “Ni modo que se la hubiera llevado Harry Potter”.

En medios locales se especuló sobre la presunta relación familiar entre la pareja sentimental de Miranda Nava, Alma Saldaña Farach, con Lisette Farah, madre de la menor y señalada por el propio Bazbaz y la psicóloga Sandra Yadeum Angulo como la principal sospechosa del “homicidio”.

“Es Farach, no Farah. Si quieres te lo escribo”, le dijo Miranda Nava a Luis Sánchez para negar que existiera esa relación familiar.

Sin embargo, no sólo fue el secretario general de Gobierno el principal interesado en cambiar radicalmente la investigación de la procuraduría estatal. El alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, es amigo de Arlette Farah, hermana de Lisette y una de las principales responsables de que el caso se difundiera a través de las redes sociales, además de ser defensora de la inocencia de su hermana.

La casa de la familia Gebara Farah está en el municipio de Huixquilucan, en el exclusivo conjunto habitacional Porto Vita, en el número 11 de la calle Hacienda del Ciervo. Las familias de los padres de Paulette han mantenido una relación de negocios y de encuentros sociales con el propio Peña Nieto y con Del Mazo Maza.

De 33 años, Del Mazo Maza es hijo y nieto de dos exgobernadores del Estado de México del mismo nombre (Alfredo del Mazo González, actual presidente del Consejo de Infraestructura del gobierno estatal, y Alfredo del Mazo Vélez) primo en segundo grado de Peña Nieto, con quien colaboró como secretario de Turismo, a pesar de que la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos prohíbe nombrar a parientes hasta el cuarto grado.

En su edición de noviembre de 2009, la revista Caras, propiedad de Televisa, despliega fotografías de este alcalde como parte de su publirreportaje sobre siete personajes que son “las caras políticas de hoy”.

“Este joven y guapo político es hijo de Alfredo del Mazo González, priista de corazón. Desde niño ha vivido inmerso en el mundo del servicio público, porque su padre ha entregado su vida a la política, por lo que Alfredo está convencido de los cambios que ha dedicado su vida al servicio público”, destaca el texto de Caras.

Las horas clave

Ni las presiones políticas ni el manejo mediático ni la airada reacción del propio Peña Nieto contra el “lucro” partidista del caso Paulette han borrado las contradicciones de la investigación que encabezó el propio Bazbaz y su subprocurador Alfredo Castillo Cervantes, señalado por la prensa local como autor de la teoría del “accidente” y encargado del despacho desde la renuncia de Bazbaz el pasado martes 25.

Dos de los cerca de 40 peritos que participaron en la investigación le señalan a Proceso algunas de las inconsistencias y cabos sueltos de ésta. A condición de que sus identidades no sean reveladas, ambos especialistas muestran su indignación por el resultado y señalan que el “círculo íntimo” de Peña Nieto está implicado en el caso.

De acuerdo con los peritos, las horas clave del caso fueron las primeras del lunes 22 de marzo. La única persona que salió de la casa el día de la desaparición de Paulette fue su padre, Mauricio Gebara. De las seis a las ocho de la mañana estuvo fuera del edificio.

Las nanas Ericka y Martha Casimiro se levantaron poco después de las seis de la mañana y despertaron a la hermana de Paulette porque el camión de la escuela pasaba a las 7:10 de la mañana. A las 7:45 fueron al cuarto de la segunda y notaron que no estaba. “Van al cuarto de los papás pensando que, como había ocurrido en otras ocasiones en que se enfermaba, la niña estaba con ellos”.

A las 8:15 las nanas le informaron a Mauricio Gebara que su hija no se encontraba en su cuarto. Les pareció extraño que no se asustara ni asombrara. La madre, Lisette Farah, también mostró una extraña indiferencia.

Los peritos consultados afirman que Alberto Bazbaz estuvo en el lugar en varias ocasiones y no hizo caso cuando se le pidió que se asegurara la casa y se entrevistara al papá por su ausencia en las horas clave. Las instrucciones eran “que nos concentráramos en la mamá”.

Los peritos que tuvieron acceso al expediente destacan que se omitió decir que en la necropsia hubo un dato fundamental: en los pulmones de la niña se encontraon rastros de un material común en alfombras de carro o casa y no coincidían con las fibras de ninguna alfombra de la casa o material del cuarto o de la cama de Paulette. Esto prueba, infieren los especialistas, “que la niña estuvo en otro lugar”.

Otro alto funcionario que también estuvo en la casa de los Gebara Farah fue Miranda Nava. Llegó poco después del arraigo de los padres y de las nanas y 16 horas antes de que se anunciara la liberación.

Tampoco se quiso investigar el “sospechoso” apagón de tres horas durante el 31 de marzo, que permitió que se inutilizaran las cámaras del edificio... Momentos clave para la posible “siembra” del cuerpo de la niña, advierten los peritos.

Las encuestas contra Peña Nieto

Dos encuestas domiciliarias levantadas entre el 7 y el 10 de mayo, 15 días antes de la renuncia de Bazbaz, muestran un saldo muy negativo tanto para Enrique Peña Nieto como para el ahora exprocurador.

La encuesta, elaborada por Ipsos Public Affaire, indica que 75% de los mil consultados afirmaron que el caso Paulette no se ha resuelto “porque el gobierno del estado no quiere resolverlo”; 12% opinó que el gobierno mexiquense “no puede resolverlo”, y sólo 9% consideró que “el caso es difícil de resolver”.

A la pregunta “¿Cómo calificaría el trabajo de Enrique Peña Nieto y de Alberto Bazbaz para resolver el caso Paulette?”, sólo 1% dice que “muy bien” en ambos casos, 13% “bien” en el caso del gobernador y 7% en el caso de Bazbaz. El 43% considera “mal” y 37% “muy mal” el trabajo de Peña Nieto, mientras que 36% califica como “mal” y 52% “muy mal” el trabajo de Bazbaz.

Otra encuesta, de Buendía & Laredo, cuya copia también obtuvo Proceso, señala que 44% de los mil encuestados califican como “mal/muy mal” el trabajo de Peña Nieto y sólo 23% “muy bien/bien”. El 32% opina que “ni bien ni mal”.

En el caso de Bazbaz, 53% lo califica como “mal/muy mal” y sólo 14% como “muy bien/bien”.

En esa misma consulta se les pregunta: “¿Qué es lo que más recuerda del caso Paulette?”. El 21% respondió “la mataron”; el 1%, que “no se ha solucionado el caso”; 9%, que “no encuentran al responsable”. Sólo 5% recordó que “su mamá tiene mucho que ver con esto” y 4% que “la encontraron debajo de su cama muerta”.

La reacción en las redes sociales –en especial Facebook y Twitter– contra los resultados de la investigación dados a conocer por Bazbaz el viernes 21, son airados y de absoluta falta de credibilidad. También son muy negativos los comentarios que circularon en estos mismos sitios después de que el martes 25 Peña Nieto se presentara en una rueda de prensa para defender la investigación del procurador y acusar a sus opositores de pretender “lucrar políticamente” con “esta tragedia”.

Peña Nieto descartó la posibilidad de reabrir el caso, como se lo sugirió parte de su gabinete durante una larga discusión del fin de semana. Optó por mantener los resultados que decretan la muerte “por accidente” y ofreció hacer transparentes y de acceso público los peritajes y el expediente. Esta fue la opción de Miranda Nava, su amigo, compadre y considerado el “gobernador en funciones”. l

EL TELE-PRESIDENCIABLE.....


La reina del favoritismo calderonista

Azcárraga. Favorecido
Detrás de la disputa por el control del mercado de las telecomunicaciones, en el país subyace un claro favoritismo gubernamental hacia la empresa de Emilio Azcárraga Jean y sus filiales telefónicas, Bestel y Nextel. El plan es concretar un gran consorcio, formado por Televisa, Telefónica y Megacable, con un ambicioso objetivo: obtener la licitación del primer par de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y competir directamente contra Telcel y Telmex, los estandartes de Carlos Slim.

Dos licitaciones en curso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un contrato del ISSSTE por 2 mil 80 millones de pesos fueron concebidos para favorecer a una sola empresa: Televisa, junto con sus socios y filiales.

Pese al descontento de otros competidores –como Iusatel, Telmex y Axtel–, el gobierno calderonista está empeñado en convertir al gigante televisivo en un poderoso consorcio de telecomunicaciones que podrá dar servicios de banda ancha a través de la red de fibra óptica, o de telefonía móvil convergente con internet.

En el caso de la licitación del primer par de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el titular de la SCT, Juan Molinar, y el director jurídico de la dependencia, Gerardo Sánchez Henkel, confirmaron la semana pasada que sólo habrá un competidor para quedarse con los casi 20 mil kilómetros de red: el consorcio formado por Televisa, Megacable y Telefónica.

Ramiro Tovar, especialista del ITAM, advierte en un estudio que ante la falta de competencia el gobierno calderonista podría obtener menos de los 850 millones de pesos establecidos como monto mínimo. A falta de otros postores, el precio del metro de fibra óptica podría reducirse de 5 a 3.46 dólares.

Televisa también saldrá beneficiada en el caso de las licitaciones de las bandas de 1.7 y 1.9 gigahertz para telefonía móvil convergente con internet. Su sociedad con Nextel, anunciada en febrero de este año, perfila a ambos grupos como los únicos con posibilidad de quedarse con 80 megahertz de este espectro. Además, desde octubre de 2009 el Congreso eximió al ganador de esta licitación del pago durante dos años de impuestos por derechos.

El 2 de marzo de este año, el ISSSTE le adjudicó a la telefónica Bestel, propiedad de Televisa a través de la empresa Cablevisión, un contrato por tres años para crear una red de telefonía interna en el instituto, a un costo de 2 mil 80 millones de pesos. El responsable de esta decisión, Miguel Ángel Yunes, es el actual candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz. Televisa ha dado una cobertura favorable a su campaña, tanto a escala local como nacional.

Las licitaciones a favor de Televisa, advierten diversas fuentes consultadas por Proceso, explican también la actitud informativa de la compañía televisiva, en especial el anuncio de su “autocensura” en el caso de Diego Fernández de Cevallos.

El caso más claro de favoritismo es el de la licitación 00637173/005/10, convocada en febrero de este año por el área administrativa del ISSSTE para otorgar un contrato de tres años a fin de operar la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones Privadas del instituto, luego de que el 28 de febrero pasado venció el contrato que tenía con Telmex.

A pesar de la inconformidad de otros competidores, especialmente de Telmex y de Axtel, el organismo que dirigió Miguel Ángel Yunes le adjudicó el contrato a Bestel, empresa que Televisa adquirió el 31 de agosto de 2007.

La compañía telefónica Axtel, de Tomás Milmo, presentó un recurso de inconformidad (006/2010) el 15 de febrero ante el Órgano de Control Interno del ISSSTE, en el que critica las bases de licitación y las juntas de aclaración, por estar claramente orientadas a favor de Bestel.

De acuerdo con el documento, cuya copia obtuvo Proceso, el ISSSTE planteó especificaciones técnicas que únicamente podía cumplir Bestel, como tener el certificado de seguridad SA70, que sólo poseía esta compañía.

A pesar de este recurso de inconformidad, el 2 de marzo el ISSSTE declaró ganador a Bestel, aun cuando su oferta fue 26% mayor que la presentada por Telmex: 2 mil 80 contra mil 661 millones de pesos.

El departamento jurídico de Telmex prepara, desde el 19 de abril, otro recurso de inconformidad contra la licitación entregada a Bestel, aunque hasta ahora no se han dado a conocer oficialmente los detalles del litigio.

El caso de Bestel generó suspicacia ante distintos observadores y especialistas, porque la licitación para operar fue anunciada justo antes de que su director, Miguel Ángel Yunes –considerado una de las piezas clave de Elba Esther Gordillo, la dirigente del sindicato magisterial–, abandonara la institución para irse como candidato del PAN al gobierno de Veracruz. Los espacios informativos locales y nacionales de Televisa se han volcado hacia Yunes, quien recibió un “pastelazo” del presidente Felipe Calderón como señal de apoyo a sus aspiraciones políticas en Veracruz.

El 25 de febrero, el periodista Alberto Barranco adelantó en su columna Empresa, publicada en El Universal, que el ISSSTE construyó “un traje a la medida” para que las bases de licitación beneficiaran a Bestel.

“Lo inaudito del caso, además, es que la licitación era innecesaria, dado que hace tres años se había instalado una red similar, cuyo costo fue de mil 100 millones de pesos. El contrato lo ganó Teléfonos de México. Lo conducente, en tal caso, era pedir a la empresa operadora la actualización de las tecnologías en boga para mantener el nivel de factibilidad, aprovechando sus equipos instalados”, afirmó Barranco.

El director de Comunicación Social del ISSSTE, Ramón García González, envió una carta aclaratoria a El Universal para explicar que Telmex propuso “la utilización de equipo que será descontinuado en el segundo trimestre de 2010”; no ofreció “contar con dos colas con estricta prioridad para el manejo de las clases de servicio solicitadas” y “no ofreció la integración del servicio de otro operador de telecomunicaciones en los sitios donde se le solicitó un respaldo, corriendo el riesgo de quedar incomunicado en caso de una caída del sitio principal”.

Sin embargo, el recurso de inconformidad presentado por Axtel expone otras dudas que no han sido aclaradas públicamente por el ISSSTE. La compañía afirma, por ejemplo, que se cambiaron las fechas en las actas de reuniones de aclaración convocadas por el instituto para beneficiar a Bestel.

El 4 de mayo, la columna Capitanes, del periódico Reforma, afirmó que Telmex se quejó ante el Órgano Interno de Control del ISSSTE contra el proceso de adjudicación a favor de Bestel. “La jueza federal Ana Luisa Priego lo admitió a trámite, pero la telefónica nada a contracorriente, pues el contrato ya está firmado”, señaló la columna.

Fuentes internas del ISSSTE confirmaron a Proceso que, aunque Bestel ganó la licitación desde marzo, no ha podido instalar la nueva red de telefonía interna porque todo el equipo que sigue operando es propiedad de Telmex, el concesionario anterior.

“Cuádruple play” para Televisa

La inconformidad por el contrato a favor de Bestel-Televisa coincide con el anuncio de otras dos grandes licitaciones que deberán estar listas para junio de este año y representan una nueva competencia para el gigante de la telefonía fija y móvil.

En ambos casos, Televisa puede resultar ganador en sociedad o en consorcio con otras grandes compañías de telecomunicaciones, como Nextel en el caso de la banda de 1.7 gigahertz para telefonía móvil con internet, o con la española Telefónica y la empresa de televisión restringida Megacable, con las que formará un consorcio que pugnará por la licitación del primer par de fibra óptica de la CFE.

El martes 4 de mayo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones entregó las constancias de participación y la clave de confidencialidad a sólo cinco de los 27 grupos que originalmente se inscribieron para la licitación del espectro de la banda de 1.7 gigahertz, y a cuatro de los que quedaron como finalistas en la licitación de la banda de 1.9 gigahertz. Se trata de la licitación para ofrecer los servicios de cuádruple play o de telefonía móvil con banda ancha.

En ambos casos la dupla Nextel-Televisa aparece como la principal competidora. El 19 de febrero pasado, Televisa anunció que podría adquirir hasta 40% de las acciones de Nextel por mil 600 millones de dólares, a condición de que ganaran las licitaciones del espectro para telefonía móvil con internet.

En octubre del año pasado, durante la discusión del presupuesto de ingresos 2010, la mayoría de senadores y diputados aprobaron una exención fiscal de dos años para el ganador de esa licitación, considerada una de las más importantes de la presente década. En ambas cámaras, los cabilderos de Televisa presionaron para conseguir no pagar impuestos por uso de derechos, lo que equivale a 5 mil 600 millones de pesos.

Fibra óptica para Televisa

La otra gran licitación es el primer par de fibra óptica de la CFE. El 21 de abril, el presidente de Telefónica Movistar México, Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el sexenio foxista, anunció que habrá una alianza entre la empresa española que él dirige, Televisa y Megacable para obtener la licitación de fibra óptica.

“Compartiremos la infraestructura de la red de la CFE, pero nos desgarraremos por el mercado y los usuarios”, afirmó Gil Díaz durante la 27 Reunión de Iberoamérica de Tráfico Internacional.

Según Gil Díaz, “al ganar ese concurso, Telmex dejará de ser la única empresa con una red por la que todos los operadores tienen que pagar para transportar sus servicios”.

La conformación del consorcio se concretó cuando, el 25 de abril, Megacable, la segunda empresa de televisión por cable en el país, anunció su retiro del proceso de licitación de las bandas 1.7 y 1.9 gigahertz, con el argumento de que el negocio no le resulta viable financieramente.

Su director general, Enrique Yamuni Robles, aseguró que mantiene su intención de ofrecer telefonía móvil a corto plazo, pero no compitiendo con Televisa.

La clave parece estar en la licitación de los 21 mil 204 kilómetros del primer par de fibra óptica de la CFE. Un análisis elaborado por Andrés Coello Ituarte, especialista en medios y telecomunicaciones de BBVA Bancomer, titulado La red de fibra óptica de la CFE tiene alta duplicidad con la red de Axtel, advirtió que existe “una alta probabilidad de que los tres tramos sean concesionados al consorcio Megacable-Telefónica-Televisa, tanto por su mayor poder de puja como por el hecho de que son los que necesitan con mayor urgencia esa red”.

El analista financiero advierte que el costo total por el activo sería de 210 millones de dólares, incluyendo la inversión para iluminar la fibra óptica oscura y ponerla en operación.

“Repartiendo los costos equitativamente entre los tres miembros de la alianza, la inversión total por operador alcanzaría 853 millones de pesos”, alrededor de 70 millones de dólares, calcula Coello Ituarte en el documento reproducido por la agencia Hoy en Telecomunicaciones.

Otro posible contendiente en la licitación de la fibra óptica, el Grupo Iusatel, de Ricardo Salinas Pliego, quedó fuera de la competencia, según informó extraoficialmente la SCT. El abogado general de la empresa, Salvador Rocha Díaz, criticó la exclusión de lusatel y señaló en conferencia, el 18 de mayo, que la subasta fue diseñada para beneficiar a un solo participante.

Bestel y Nextel, las telefónicas
de Televisa


Desde la ruptura con su exsocio y exacreedor Carlos Slim, en 2006, el consorcio de Emilio Azcárraga Jean ha buscado ingresar al mercado de telecomunicaciones para desplazar al gigante de la telefonía celular y fija en México. Hasta ahora, Televisa ha formado un cártel de empresas de televisión por cable (Cablevisión, Cablemás, TVI y Megacable) para enfrentar la posible incursión de Telmex en el mercado del triple play, pero también se ha asociado con consorcios telefónicos alternos para convertirse no sólo en un monopolio de contenidos audiovisuales, sino para rivalizar con Slim en los nuevos mercados de telefonía móvil y de fibra óptica.

El 31 de agosto de 2007, el consorcio televisivo anunció que adquiría por 325 millones de dólares la compañía Bestel, que ofrece servicios de datos y de larga distancia a distribuidores y es propietaria de una red de fibra óptica de 8 mil kilómetros.

La inversión se realizó a través de Cablestar, que es propiedad de Cablevisión (70%), Televisión Internacional (15%) y Cablemás (15%). Televisa posee 51, 49 y 50% de las acciones de esas mismas empresas.

El 6 de diciembre del mismo año, la Comisión Federal de Competencia autorizó la concentración entre Cablestar y Bestel. Su primer gran contrato fue precisamente el que le adjudicó el ISSSTE por 2 mil 80 millones de pesos.

El segundo movimiento estratégico de Televisa fue anunciar, el 16 de febrero de 2010, la adquisición de hasta 40% de la compañía telefónica Nextel, siempre y cuando ganaran la licitación para telefonía móvil con banda ancha. La operación se calcula entre mil 500 y mil 600 millones de dólares.

La Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobaron sin mayor problema las nuevas adquisiciones de Televisa.

Gustavo Cantú, director general de Nextel de México, anunció el 5 de mayo que esa empresa también analiza asociarse con Sky, filial de Televisa para el servicio de televisión vía satélite. Optimista, afirmó ante los asistentes del Foro Reuters sobre Inversión en América Latina que en dos años desplegarán nuevas redes de telecomunicaciones compatibles con telefonía móvil. l

Un cristianismo sin religión

El papa Benedicto XVI en Roma.

MÉXICO, D.F., 3 de junio.- La crisis que viven la Iglesia y el mundo nos coloca a los cristianos de cara a un problema que Dietrich Bonhoeffer –el teólogo luterano encarcelado y ejecutado durante el nazismo por su participación en el complot que intentó asesinar a Hitler– planteó en las cartas que desde la prisión de Tegel escribió a su amigo y discípulo Eberhard Bethege(1): es necesario un cristianismo sin religión. La afirmación no es una mera ocurrencia; es el resultado de mirar la experiencia de la fe más allá o más acá del marco religioso en el que hasta ahora ha vivido. Expliquémoslo.

Hasta recientes fechas, la Iglesia, a lo largo de su existencia como institución, ha intentado salvaguardar una interpretación del cristianismo desde una perspectiva religiosa: como moral y poder de la presencia de Dios. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos que, para decirlo con Bonhoeffer, “han llegado a su mayoría de edad” –es decir, a ya no necesitar, a causa de sus desarrollos tecnológicos y de la independencia de la moral del marco religioso, de la hipótesis de Dios para vivir y estar en el mundo–, la miran desde hace tiempo, quizás desde la Ilustración, como una realidad obsoleta. Hoy en día, esa obsolescencia de la Iglesia como cosa religiosa se ha vuelto casi absoluta; primero, por su recurso al poder y al dinero –una práctica completamente antievangélica–; segundo, por la puesta al desnudo del encubrimiento de prácticas inmorales y criminales en su interior –prácticas que cualquier moral condena–, y, tercero, por haber hecho de la intramundanidad de Cristo, es decir, de su estar en el mundo de los hombres, una realidad ajena a ellos, omnipotente, grandiosa, metafísica, incorruptible y moral que segrega a los que no están a su altura y que la propia Iglesia, que se dice su cuerpo, ha negado con sus encubrimientos. Vivimos, por lo tanto, un mundo del que Dios, como cosa religiosa, ha sido totalmente desalojado, incluso de la Iglesia.

El origen de esta realidad se encuentra en el momento en que la Iglesia se volvió poder y dejó de tener como punto de referencia la intramundanidad de Cristo –al Dios que se hace carne, humanidad, debilidad pura, que vive en y con los hombres, independientemente de sus religiosidades, y que muere en los límites de su humanidad aplastado por los poderes del mundo, que son siempre formas de lo religioso, aunque no hablen de Dios–, para referirse sólo a sí misma, a su interpretación religiosa de un Cristo omnipotente y todopoderoso, y a su poder para custodiarla. Con ello, la novedad que Jesús trajo al mundo: la debilidad y la pobreza de Dios, se malversó, y el cristianismo se convirtió en una variante más de las interpretaciones religiosas que miran siempre a Dios como poder, y a sus custodios, en este caso la Iglesia en tanto institución, como depositarios de ese poder que debe imponer la verdad.

En este sentido, la Iglesia como realidad religiosa ha dejado de importar; es más, se ha vuelto, como cualquier poder, una evidencia escandalosa de la que los seres humanos –es lo que dice la crítica que se ha abalanzado sobre ella– debemos prescindir de una vez por todas. Por ello, afirma Bonhoeffer, “nuestra Iglesia, que durante años ha luchado por su propia subsistencia, como si ella fuera una finalidad absoluta, es incapaz de erigirse ahora como portadora de la Palabra (del Verbo hecho carne) que ha de reconciliar y redimir a los hombres y al mundo”. Por ello también “cada intento (como el que ahora está haciendo Benedicto XVI) de dotarla (…) de un poder organizador acrecentado no logrará sino demorar su conversión y purificación”.

¿Quiere decir esto que la Iglesia debe desaparecer? No. Quiere decir que debe desaparecer como cosa religiosa y social para asumir la experiencia intramundana de Cristo. Quiere decir que las nociones que están en el centro de su fe: reconciliación, redención, renacimiento, amor, encarnación, crucifixión, resurrección, deben vivirse y expresarse dentro del mundo con un lenguaje nuevo, quizás totalmente arreligioso, pero tan liberador, redentor como el de Cristo. Quiere decir que debe expresarse y vivirse como renuncia al poder, al dinero, como crítica a la hybris –a las desmesuras de lo humano– y como pobreza abierta a todos y llena de sentido común.

Mientras la Iglesia y los cristianos que la habitamos no caminemos hacia allá; mientras no volvamos a vivir a Cristo como debilidad; mientras no comprendamos que tenemos que vivir con un Dios impotente y débil que, clavado en la cruz, acoge todo y permite que lo echen del mundo; mientras no asumamos que sólo así Dios está con nosotros y nos ayuda; mientras no sepamos que, como Jesús, debemos vivir “mundanamente”, es decir, “libres –dice Bonhoeffer– de todas las falsas vinculaciones e inhibiciones religiosas”, y nos neguemos a aceptar que ser cristiano no significa ser religioso de cierta manera –convertirse en una clase determinada de hombres y mujeres por un método determinado y aparentar que se es eso–, sino ser simplemente hombres y mujeres; mientras no comprendamos que no es el acto religioso el que nos convierte en cristianos, sino nuestra participación en la debilidad y el sufrimiento de Dios en la vida del mundo, la Iglesia se precipitará día con día a su ruina.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca. l


1 Resistencia y sumisión. Cartas y apuntes
desde el cautiverio, Ediciones Sígueme,
Salamanca, 2001.

Indolencia

Patrullaje en la frontera.

José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 2 de junio (apro).- Anastasio Hernández Rojas tenía 20 años radicando en Estados Unidos cuando la migra de ese país lo detuvo y lo mató a garrotazos y choques eléctricos.

La versión oficial es que 20 policías lo golpearon porque supuestamente se opuso a su deportación. Tal vez el mexicano era tan fuerte y poderoso que puso en peligro su vida y por eso de los agentes decidieron masacrarlo sin piedad.

Padre de cinco hijos nacidos del otro lado de la frontera Anastasio tenia 42 años y se ganaba la vida limpiando albercas, una tarea que, como dijo Vicente Fox uno de esos días de iluminación, ni los negros quieren hacer.

La noche del viernes pasado, el indocumentado potosino fue detenido en el condado de San Diego, donde precisamente ofrecía su mano de obra barata en la zona residencial. Como no traía sus papeles de legalización, los agentes migratorios lo detuvieron junto con su hermano Pedro Pablo. De inmediato ambos fueron puestos para la deportación por la puerta fronteriza de San Isidro y Tijuana.

Sin embargo, no alcanzó a traspasar las puertas giratorias de la línea fronteriza, y según la versión de los migras, trató de escapar y echarse a correr. Por eso lo agarraron los agentes, se le echaron encima los policías y entre todos, 20 en total, lo golpearon con toletes, patadas y golpes, y le aplicaron choques eléctricos hasta dejarlo inconsciente.

A escasos metros del lugar, pero del lado mexicano, los policías del grupo Beta se dieron cuenta de la agresión a Anastasio, lo mismo que varios connacionales, quienes gritaron que lo dejaran. Pero siguieron golpeándolo hasta dejarlo inconsciente.

“Actuaron en defensa propia”, explicaron horas después las autoridades de migración y policiacas, mientras Anastasio estaba en el hospital de Chula Vista, California, en estado de coma.

Dos días duró en este hospital Anastasio. El lunes falleció de un paro cardiaco. Su cuerpo, maltratado de tantos golpes y los electrochoques, no soportó más.

En la opinión pública norteamericana, el hecho paso desapercibido; es más, nunca existió. Del lado mexicano fue una noticia más en esta espiral de violencia que el país vive desde hace tiempo y que, al parecer, no tiene final inmediato. Sin embargo, esto no justifica el silencio de Felipe Calderón. En cualquier otro país, en un acto de esta magnitud, el representante del pueblo hubiera lanzado más que una protesta, pero el presidente mexicano sigue perdido en su propio laberinto de errores y falsas percepciones.

La familia de Anastasio ha quedado en el desamparo y difícilmente tendrá una protección de las autoridades norteamericanas y mexicanas. A las primeras no les interesa y lo más seguro es que actuaran administrativamente contra los agentes fronterizos y los policías, cambiándolos de adscripción para que no sean enjuiciados. Mientras, las mexicanas se quedarán en el plano de la denuncia y pronto se olvidarán del caso.

La indolencia social con que se toman estas noticias es otro aspecto preocupante. Estamos sometidos a una violencia tan fuerte y constante que pocas cosas nos conmueven, sólo aquellos casos como la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo; el asesinato de la niña Paulete, o los casos de pederastia del padre Marcial Maciel tocan las fibras sociales y nos hacen reaccionar. Pero ese es precisamente el problema: que reaccionamos y no pensamos cómo enfrentar y resolver los conflictos o los hechos que nos lastiman como sociedad.

La muerte de Anastasio por los policías norteamericanos no es más que una expresión de la xenofobia, racismo y clasismo que sufrimos la mayoría de los mexicanos en ese país que, a pesar de su riqueza y poder, no ha evolucionado socialmente.

La reciente Ley de Arizona SB 1070 no es diferente a las que la Alemania nazi aplicaba en su momento contra los judíos como parte de su creencia en la superioridad de la raza aria y la inferioridad de todas las demás razas y pueblos del planeta.

Paradójicamente, ahora que Estados Unidos es gobernado por un presidente de raza negra es cuando empiezan a surgir las expresiones más racistas en Estados Unidos desde hace medio siglo, cuando atacaban a los negros en las calles y la campiña de todo el país.

La violencia con que murió Anastasio es un indicador del ánimo que hay contra los mexicanos en varios estados de la Unión Americana. No basta con una condena diplomática ni con una carta de protesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Aunque quizá no haya una acción punitiva contra los agresores, están los tribunales internacionales para llevar el caso y, por lo menos, levantar la voz a fin de que el asesinato a un trabajador migrante no pase al olvido y a los archivos de la impunidad.

Comentarios: gil@proceso.com.mx

Narcodólares y bancos, la simbiosis

Dólares incautados al crimen organizado.

MÉXICO, DF, 4 de junio (apro).- Estados Unidos concluyó recientemente que, debido al consumo de droga de sus habitantes, ese ilícito les reditúa a los cárteles mexicanos unos 29 mil millones de dólares y, de ese total, al menos la mitad se lava en el sistema nacional bancario.

Sin especificar cuáles bancos, el llamado Estudio Binacional de Bienes Ilícitos considera que unos 14 mil 500 millones de dólares circulan anualmente en las 40 instituciones de crédito que hay en el país.

Si la investigación la llevaron a cabo autoridades estadunidenses y mexicanas, se esperaría que el gobierno de México ya revisara con lupa las transacciones bancarias que se realizan sobre todo en instituciones tan grandes como Banamex, Bancomer y HSBC, por cierto todos ellas filiales de casas matrices en Estados Unidos, Inglaterra y Hong Kong.

El día que se dio a conocer el estudio, el miércoles anterior, el secretario adjunto para Investigación de Migración y Aduanas, John T. Morton, dijo que “cierta información obtenida indica que más de la mitad del dinero llega a entidades financieras por conducto de las organizaciones criminales, y otra información apunta a que sólo es un cuarto del numerario”.

A su vez, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual comentó que entre 70 y 80% de las ganancias obtenidas por la venta de droga al menudeo en la nación vecina ingresan a México.

Las aseveraciones de los funcionarios estadunidenses obligaron al presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Ignacio Deschamps, a admitir que, efectivamente, cientos de millones de dólares ingresan al sistema financiero mexicano pero, acotó, lo hacen “de manera lícita”.

Aclaró que ello es así “porque muchos de los bienes y servicios en la economía se pueden vender en dólares. Las empresas, de manera legal, lo pueden depositar en sus cuentas en el sistema financiero mexicano”.

Sin embargo, el dirigente de los banqueros debería también reconocer que precisamente detrás de esas prácticas lícitas es como se consuma el “lavado de dinero”.

Es cierto que los funcionarios bancarios no son autoridad judicial para detectar “dólares sucios”, pero por su experiencia y conocimiento del proceso de lavado de dinero, debieran dar aviso a las autoridades cuando existen sospechas sobre determinados movimientos financieros.

Lo que sucede es que difícilmente los bancos harán tales denuncias, ya que hacerlo implicaría su ruina. Y es que gran parte del capital que circula en la economía nacional proviene justamente de actividades ilícitas que arriban a los bancos después de un proceso de blanqueo.

Un dato que podría ejemplificar la omisión en que incurren los bancos es lo ocurrido en la llamada Operación Casablanca, revelada en 1998.

Como se recordará, durante tres años la oficina antidrogas estadunidense (DEA) llevó a cabo una investigación a diverso bancos mexicanos por lavado de dinero.

El resultado culminó con la detención de 22 funcionarios de 12 bancos mexicanos, el decomiso de 157 millones de dólares y la acusación formal contra tres instituciones financieras: Bancomer (BBVA), Banca Serfín (Santander) y Confía (Citybank).

En las conclusiones de la investigación se destaca que “Bancomer, Serfín y Confía alentaron el lavado de dinero sucio, aparte que funcionaros de alto nivel utilizaron sistemáticamente varias sucursales en Estados Unidos, México e Islas Caimán para actividades ilícitas”.

El entonces presidente de la ABM, Carlos Gómez y Gómez, dijo que los banqueros desconocían los hechos pero que estarían dispuestos a cooperar con las autoridades estadunidense.

José Ángel Gurría, a la sazón secretario de Hacienda, declaró por su parte que el gobierno mexicano cooperaría en la investigación e iría “hasta las últimas consecuencias”.

Nada de ello ocurrió, pero no sólo eso, en el juicio que se realizaba en Los Ángeles, California, contra esos tres bancos (Bancomer, Santander y Citibank), éstos llegaron a “un acuerdo” en donde cada uno aceptó pagar una multa de 500 mil dólares; además, el primero aceptó la confiscación de 16 millones de dólares de sus depósitos; Serfín, el decomiso de 9.6 millones y Confía, 12 millones de dólares.

El objetivo último de los bancos fue evitar que el resultado del juicio fuera el perder sus licencias para operar en Estados Unidos.

La nación vecina aceptó el arregló aun cuando pudo haberse negado y, con las pruebas que tenía en su poder, suspender las licencias. Claro que lo anterior implicaría que también el sistema bancario estadunidense dejara de recibir los millonarios recursos del crimen organizado.

Si eso ocurrió cuando estaba en marcha un nuevo proceso de privatización bancaria, ¿qué será ahora cuando casi la totalidad de esas instituciones se encuentran en manos de extranjeros y sometidas a los esquemas de globalización financiera?

Por todo ello es difícil pensar que ambas naciones, México y Estados Unidos, a pesar de saber cuánto dinero se lava en los bancos, busquen en verdad acabar con esa práctica ilegal. Hacerlo implicaría derrumbar su propio sistema bancario.

Sinaloa: caldo de cultivo para el crimen

Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa.


MÉXICO, D.F., 4 de junio.- No hay datos duros que prueben la vinculación orgánica de las autoridades de Sinaloa con el crimen organizado, por lo menos hasta ahora. Tampoco existe evidencia de que el gobierno de Calderón tenga un acuerdo con el cártel de Sinaloa, como lo razonó la Radio Pública Nacional de Estados Unidos en días pasados y, antes, el propio Manuel J. Clouthier sólo con la fuerza de su dicho. Sí es posible, empero, afirmar que el diseño institucional de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa es inadecuado, para decir lo menos, en la tarea de enfrentar los delitos de alto impacto que han hecho de Sinaloa un pequeño conjunto de islas de eficacia jurídica en un mar de simulación. Existen, por supuesto, elementos que me permiten sustentar esta afirmación.

Primero. Si bien es verdad que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Sinaloa otorga atribuciones al gobernador para designar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, también lo es que debe existir un mínimo de idoneidad entre el perfil del cargo y la persona designada. No es el caso. La secretaria Josefina de Jesús García Ruiz es una persona con una sólida formación en educación, que incluye sus estudios doctorales. No hay, sin embargo, ningún vínculo entre la especialidad de la doctora Ruiz y su actual encargo. ¿Se imagina alguien llevar un hijo enfermo a un doctor en filosofía y no a un pediatra? Tampoco obra ninguna razón escrita que haya motivado al gobernador Jesús Aguilar Padilla para hacer esa designación. Este conspicuo nombramiento permite presumir que se hizo con el propósito de relajar las resistencias para la toma de decisiones en esa área estratégica que tiene en vilo a la sociedad sinaloense. Esta buena señora, como buena educadora que es, ha señalado que será en 10 años cuando se den resultados en la dependencia que dirige y que, por lo pronto, prepara un programa a ¡18 años! (Paúl Mercado, semanario Ríodoce, 15/02/2010.)

Segundo. Consistente con lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha renunciado a ejercer atribuciones que, por su propia naturaleza, son irrenunciables, según consta en las respuestas a las solicitudes de información formuladas con los folios 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909, 4009, 4109, 4209, 4209, 4409, 4509, 4709, 4809, 4909, 5009, 5109, 5209, 5309, 5409, 5609, 5709 y 6809 y 7109. En efecto, Seguridad Pública señala que es la Secretaría de Administración y Finanzas la encargada de indicar los casos de adjudicación directa de equipos y de efectuar la administración y mantenimiento de las instalaciones; también, la que debe decidir cuándo sí y cuándo no se realizan licitaciones, así como los tiempos de anticipación para anunciarlas. No se cuenta con un sistema que asegure en orden, certeramente y de forma completa la documentación del fluido de fondos. No hay reglas internas escritas que especifiquen las situaciones en que está permitido detonar disparos de advertencia. No se dispone de un sistema escrito que describa en qué circunstancias está permitido hacer uso de las armas ni, en general, para regular el uso de la fuerza. La respuesta a una solicitud de información en torno a si se disponía de un sistema escrito relativo a este último aspecto no admite comentarios: “No, toda vez que en caso de que se requiera el uso de la fuerza pública el personal policiaco utilizará la necesaria de forma racional, como se vaya viendo”.

Tercero. Si lo anterior fuera poco, el sistema policiaco sinaloense no genera incentivos para crear un espíritu de cuerpo razonable. Los sueldos del personal operativo no superan los cuatro salarios mínimos, y el bono de riesgo no llega a los 2 mil pesos mensuales. No tienen seguros especiales, ni apoyos para vivienda o educación para la familia. Única y exclusivamente lo que otorga el ISSSTE. De los 2 mil 603 agentes, el promedio de edad es de 42 años. Mil 578 elementos tienen estudios de secundaria, 681 cuentan con bachillerato y los demás realizaron estudios superiores.

Entre muchos otros datos preocupantes, hay siete que cabe destacar:

1) La Secretaría de Seguridad Pública no ofrece programas de superación académica; 2) no cuenta con normas internas que prohíban el acoso sexual o cualquier otra manera de acoso ilegal que se realice dentro de la institución; 3) no tiene un área de derechos humanos; 4) no dispone de comedores institucionales; 5) carece de programas de nutrición y seguimiento médico; 6) desde 2005 no ha otorgado a nadie permiso para ausentarse del trabajo por causas personales; y 7) no hay manuales de organización y procedimientos. Por supuesto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no cuenta con ninguna certificación externa de su desempeño. Se evalúa a sí misma, con las grandes fallas que ello implica.

Es evidente que este contexto genera un caldo de cultivo para la infiltración de las fuerzas del orden, para el desarrollo del crimen organizado y para la pérdida creciente de los espacios públicos. Más lamentable que el hecho de que el gobernador Jesús Aguilar Padilla, por acción u omisión, haya generado este abandono del aparato policiaco en perjuicio de los sinaloenses, es la circunstancia de que los partidos de oposición, que deberían funcionar como contrapesos institucionales, se mantengan en un desafortunado silencio al respecto. l

evillanueva99@yahoo.com

Ganarle al PRI (en 8 pasos)

Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México.

1.

MÉXICO, D.F., 2 de junio.- Hay que ganarle al PRI. Lo primero es reunir la convicción de que hay que ganarle al PRI porque el PRI significa el retorno de nuestro pasado. Los métodos predemocráticos disfrazados de democracia. Clientelismo. Complacencia con la corrupción. Cacicazgos. Demagogia. La negociación eternamente suplantando a la justicia. Y ¡ah!, esos insoportables discursos en prosa poética desasidos de lo real.

Sí, el PRI, más que un partido, es un estado nublado de la conciencia: la simulación suplantando el acceso a la realidad y así impidiendo a la inteligencia reinventarla. Otra vez: El PRI es nuestro pasado y es también, porque no acaba de irse, lo que nubla el paso a nuestro futuro.

2.

Pero ¿cómo ganarle al PRI?

Los estrategas del PAN y el PRD se han arremangado las camisas y se han sentado a pensar juntos y han topado con la aritmética. Han decidido sumar presupuestos y electores duros en varias de las 12 elecciones estatales que culminarán este 4 de julio.

Y, sin embargo, su triunfo no depende de la aritmética: no son los electorados duros de los partidos los que deciden las elecciones. Su triunfo, por tanto, pasa por etapas más complejas: las que respondan, o no, a las dudas que se desprenden naturalmente de su coalición.

3.

¿Cómo han elegido a su candidato único? ¿Ha sido un método democrático en el que sus bases estuvieron de acuerdo? ¿O el candidato fue impuesto desde las cúpulas, al puro estilo priista?

Ya se ve en algunos estados, como en Tlaxcala, que la imposición del candidato único desde las cúpulas no mantendrá unidos a electorados duros tan dispares.

4.

¿Y cómo atraer a los votantes sin partido fijo? Es decir, a la mayoría. ¿Cómo atraer, en especial, a los jóvenes menores de 30 años, para los que el PAN es lo viejo y el PRI lo ignoto? ¿Cómo entusiasmar a los que no vivieron o no recuerdan ya la medianía de la forma priista de gobernar?

Decirles que el PRI es malo porque sí, no sirve. Decirles que el PAN o el PRD han gobernado mejor, exige pruebas.

En Mérida las frases que rondaban a los votantes libres el día de la votación fueron dos. Una cínica, la otra más cínica. “El PRI es igual de corrupto, pero más eficaz”. “El PRI distribuyó más despensas”.

Por eso, otra pregunta: ¿El candidato único inspira la confianza y la imaginación de los jóvenes y los no afiliados a un partido? ¿Es capaz de despejar el cinismo que marca nuestro tiempo?

Véase la alegría en las campañas de Xóchitl Gálvez en Hidalgo y de Gabino Cué en Oaxaca: ahí la respuesta es sí.

5.

Otra preguntita, acaso de mayor peso: ¿y merece el candidato tal confianza?, ¿merece que se le suponga dotado para propiciar mejores tiempos?

6.

Y más allá de declararse a sí mismos como “los que no somos el PRI”, ¿pueden los panistas y los perredistas afirmar lo que juntos sí son?

Más allá de saber ganar una elección, más allá de saber lograr el poder por el poder, ¿pueden describir juntos un horizonte hasta el cual avanzar?

7.

En 2005, dos partidos alemanes, el conservador y el socialdemócrata, se toparon con la anterior pregunta al intentar un cogobierno. Esto hicieron para responderla. Los delegados de ambos partidos se encerraron a piedra y lodo durante cinco semanas a cribar sus proyectos políticos.

Primero trabajaron en sus discrepancias. ¿Qué era sólo aparentemente distinto en ellos? ¿Qué sí era distinto e irreconciliable? ¿Qué se podía posponer, poner aparte, durante un gobierno conjunto? Luego pasaron a imaginar un gabinete. ¿Cuáles eran sus mejores hombres y mujeres para presidir qué ministerios? Y por fin se preguntaron lo importante. ¿Qué metas grandes y generosas y viables podían unirlos y, tras ellos, a una generación de alemanes?

De esa reunión, de ese trabajo político e intelectual arduo y severo, surgió el gobierno encabezado por Ángela Merkel, que avanzó a Alemania a la vanguardia de Europa.

¿Soportarían un trabajo de introspección semejante nuestros perredistas y nuestros panistas?

La pregunta no está conjugada en presente, porque esto ya no sucedió en estas elecciones estatales.

8.

Pero a nadie escapa que las coaliciones de hoy son un ensayo de una estrategia posible en el año 2012, cuando los mexicanos elijamos a un nuevo presidente de la República. También entonces, posiblemente, se sostenga como única opción para el PAN o para el PRD una coalición que pueda ganarle al PRI.

Al PRI engallado, enriquecido con los presupuestos de la mayoría de los estados, e igual de predemocrático que antaño.

Y entonces, en el 2012, como hoy, estas volverán a ser las preguntas de las que dependa el triunfo de una coalición: ¿El candidato único une o separa a los electores duros? ¿El candidato único captura la imaginación de los votantes jóvenes y los votantes libres? ¿Pueden los dos partidos que no son el PRI planear juntos un horizonte de verdad post-priista? ¿Bajo el signo de la justicia son capaces de elegir las mejores personas y las metas más generosas para un co-gobierno?

Si no pueden, desde el punto de vista de esta ciudadana, no importa si el PRD y el PAN se unen: gane el PRI o ganen ellos, ganaría el PRI.

Historia de Gamboa Patrón, el incombustible

Gamboa Patrón, nuevo líder de la CNOP.

Jenaro Villamil


MÉXICO, D.F., 1 de junio (apro).- Incombustible, Emilio Gamboa Patrón fue designado por aclamación el pasado fin de semana como nuevo dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI, el llamado “sector popular”. Su designación fue el producto de una negociación cupular prolongada desde el año pasado.

Por su puesto, su interés no está sólo en revivir al “tercer sector” del corporativismo priista. Él, acostumbrado a los entretelones del poder político, al poder del picaporte y no al activismo de masas, al clientelismo de gran escala, hará lo que siempre ha hecho desde que Carlos Salinas lo eligió como operador político en el seno de “la familia feliz” de Miguel de la Madrid: negociar, pactar e interceder para que los grupos priistas, en pos de la sucesión del 2012, no se destruyan en el camino.

Según varias versiones de los corredores del poder político priista, Gamboa Patrón va en pos de la dirigencia nacional del mismo partido para sustituir en el momento necesario a Beatriz Paredes, a quien sus seguidores ya la colocan como candidata a jefa de Gobierno del Distrito Federal, con el apoyo pleno del dinero y la operación política de Enrique Peña Nieto.

Se dice que Gamboa Patrón “se lleva bien con todos” los involucrados en la lucha por la nominación de la candidatura presidencial del PRI: con Peña Nieto y sus extensiones en varios estados (Ivonne Ortega, en Yucatán; Félix González Canto, en Quintana Roo; Miguel Osorio Chong, en Hidalgo; Rodrigo Medina, en Nuevo León), con el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, su “hermano” desde los tiempos salinistas; con el veracruzano Fidel Herrera, quien, simbólicamente, se descartó como sucesor de Beatriz Paredes; con Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, quien aspira también a la nominación priista.

En esencia, lo que han decidido los clanes y grupos de poder dentro del PRI es un broker, un intermediario, un negociador de posiciones y parcelas de poder en pos del 2012.

Aquellas grabaciones

El pasado inmediato persigue los altos fines de Emilio Gamboa Patrón. El político de origen yucateco siempre saluda agitadamente, reparte sonrisas, aun a sus más incómodos críticos; contesta decenas de llamadas a su celular, al tiempo que está pendiente de las conversaciones circundantes. No pierde el detalle ni la compostura, aunque siempre ande con prisa. Es un “correcaminos de la política”. Hábil para olfatear algún asunto que necesite de sus artes como “operador político”, veloz para ofrecer sus servicios de intermediación. Eficaz y discreto, según sus seguidores.

Sin embargo, aquella mañana del 12 de septiembre de 2006 el buen semblante le cambió, la indiscreción estalló y la prisa lo alcanzó. Recién nombrado coordinador de los diputados del PRI para la legislatura que culminó en el 2009 y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Gamboa Patrón enfrentaba un nuevo escándalo mediático que lo vinculaba con uno de los empresarios corruptores, cuyo rastro llegaba hasta la red de pederastas de Jean Succar Kuri, en Quintana Roo.

Esa mañana en el noticiario radiofónico Hoy por Hoy --conducido por Carmen Aristegui-- y en el periódico La Jornada se divulgó la siguiente conversación:

--Papito, ¿dónde andas cabrón? –saluda Emilio Gamboa Patrón.

--Pues aquí estoy en este pinche pueblo de los demonios, papá –le responde con voz ronca Kamel Nacif.

--Pero ¿dónde andas mi rey? Porque habla uno todo el día bien de ti, pero te pierdes hijo de la chingada.

--Pues ando chingándole, no queda otra… ¿Y cómo estás tú, senador?

--Uy, a toda madre, aquí echando una comida con unos senadores, que si te cuento te… (inaudible) cabrón.

--¿De dónde?

--Vamos a sacar la reforma del hipódromo, cabrón, ya no del juego… del hipódromo.

--¿Para qué?

--Para hacer juego ahí, cabrón.

--¿Cómo?... Bueno…

--¿Cómo lo ves?

--No, no la chingues.

--Entonces, lo que tú digas, cabrón, lo que tú digas, por ahí vamos, cabrón.

--No, dale pa’ tras, papá.

--Pues, entonces va pa’ tras, esa chingadera no pasa en el Senado, eh.

--¡A huevo!

--Ok.

--Pues a huevo!

--Te mando mi cariño.

--¿Cuándo nos vemos? –pregunta inquieto Nacif.

--Cuando quieras mi Kamelito.

--Pues cuando tú digas…

--Regresando, yo me voy a Washington a ver a unos cabrones, pero regresando te veo… Regresando yo te llamo… créeme que yo te llamo… ya no me llames… yo te llamo amigo.

--Orale senador.

--Un abrazo.

--Estáte bien, bye.

La grabación se interrumpe. En otra llamada, se escucha a Kamel Nacif hablar con su hija.

--¿Qué pasó, mi amor?

--Nada papi, qué haces…

--Estaba hablando con el Gamboa y con otro senador.

--Ah, y ahora, ¿qué traes problemas?

-No. Me buscan todos para ver de a cómo le caigo.

--(Risas) Ah, bueno.

En el momento de la difusión de esta conversación telefónica, Emilio Gamboa Patrón había conseguido, por quinto sexenio consecutivo, mantenerse en un lugar privilegiado, a pesar de la derrota del PRI, su partido, por segundo sexenio consecutivo en la Presidencia de la República.

El político logró el anhelado fuero legislativo, esa otra fórmula de la impunidad al estilo mexicano que se ha convertido en una regla no escrita en la clase política, aún con la alternancia entre el PRI y el PAN, y las promesas incumplidas de la rendición de cuentas.

Vivir en el presupuesto

El vínculo de Gamboa Patrón con la red de pederastas es tan sólo una de las muchas pistas oscuras que este político ha dejado a lo largo de su carrera transexenal.

La fortuna ha favorecido en su ascenso burocrático a este político nacido el 23 de agosto de 1950 en la Ciudad de México.

Egresado de la Universidad Iberoamericana como licenciado en relaciones industriales, Gamboa se enroló en 1972, a los 22 años de edad, en el PRI; y su objetivo fue uno sólo: el ascenso a la elite gobernante. Lo logró con creces.

Apoyado por su amigo Genaro Borrego, de la misma generación de la Iberoamericana, Gamboa Patrón fue secretario auxiliar de Ricardo García Sáinz, efímero secretario de Programación y Presupuesto en el sexenio de José López Portillo (1978); se distanció del exdirector del Seguro Social para enrolarse a la corriente tecnocrática de Miguel de la Madrid, quien lo nombró su secretario particular (1979) y logró encumbrarse junto con la llamada “Familia Feliz” en la Presidencia de la República (1982-1988), siempre como hábil secretario y dueño del picaporte de Los Pinos.

Desde esa posición, Gamboa Patrón fue el artífice del ascenso al poder del grupo conocido como Los Toficos, la camarilla a la cual pertenecía Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto en el sexernio de De la Madrid.

Gamboa jugó un factor clave, reconocido por el propio Salinas, en el proceso para la nominación del sucesor del jefe de ambos, Miguel de la Madrid. A lo largo del sexenio de la “renovación moral”, Gamboa Patrón utilizó su influencia para eliminar del camino a posibles competidores de Salinas de Gortari, como el entonces joven gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog; y Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación.

En retribución a los favores ejercidos, durante el sexenio salinista, Gamboa Patrón ocupó las tres posiciones que había negociado con su aliado: director del Infonavit (1988-1990), director del Instituto Mexicano del Seguro Social (1990-1993) y secretario de Comunicaciones y Transportes (1993-1994).

Su capacidad para ser funcionario plurinominal fue de la mano con su habilidad para estar siempre presente en las principales intrigas palaciegas y en los procesos de sucesión presidencial.

Gamboa Patrón apoyó la candidatura de Luis Donaldo Colosio (1994), pero tras el crimen político del sonorense no tuvo mayor problema para enrolarse en el equipo de Ernesto Zedillo. Su audaz cambio de estafeta motivó que Salinas de Gortari lo considerara un “traidor”.

En el zedillismo, Gamboa Patrón comprobó que no viviría fuera del presupuesto: fue director de la Lotería Nacional (1994-1995), director de Fonatur (1996-1998), subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Gobernación (1998-2000) y por tercer sexenio consecutivo le apostó a ser el consejero más importante del candidato presidencial del PRI: Francisco Labastida Ochoa (2000). Coordinó su campaña presidencial, marginando a la dirigencia del partido, encabezada entonces por su contemporánea y paisana, Dulce María Sauri, exgobernadora de Yucatán.

La derrota del PRI en las elecciones presidenciales no descobijó a Gamboa Patrón, a diferencia de muchos otros priistas.

Durante seis años estuvo en el Senado de la República, como el vicecoordinador y operador de la frustrada candidatura presidencial priista de Enrique Jackson. Gracias a su apoyo a la Ley Televisa y a su inocultable favoritismo con los concesionarios de radio y televisión, Gamboa Patrón logró colarse en la campaña de Roberto Madrazo (2006), garantizando su permanencia como candidato a diputado plurinominal por Yucatán.

Con el calderonismo, Gamboa Patrón comparte con su viejo amigo y compadre, Manlio Fabio Beltrones, la coordinación de las bancadas priistas en el Congreso y el papel de oposición “socialmente útil” al proyecto económico del PAN.

Sin ser economista, ni abogado ni tener grandes dotes intelectuales, Gamboa Patrón ha logrado convertirse en pieza clave de las camarillas que transformaron el modelo económico mexicano, al tiempo que mantuvieron las reglas no escritas de la impunidad como manto protector de lo que aún denominan como “El Sistema”.

Transexenal su trayectoria, “metapartidista” su poder, Gamboa Patrón ha logrado la hazaña de casi tres décadas de permanencia ininterrumpida haciendo suya la máxima de Carlos Hank González, el político al que él ha afirmado que más admira: “Político pobre es un pobre político”. Y la ostentación de recursos públicos y de contratos polémicos han sido las constantes en los diversos cargos que ha desempeñado. Por supuesto, el dinero que le sirve para operar tan hábilmente siempre proviene del erario y no de su fortuna personal.

En la entrevista con el blog Galería de Triunfadores, en octubre de 2007, Gamboa Patrón definió así sus cualidades:

“Soy una persona de resultados. Así me considero. Estoy desde 1981 en los primeros niveles de la política de mi país. En política se hacen adversarios, no digo enemigos, yo no los tengo, no los considero… Lo más importante en política es ser eficaz y eficiente con un instrumento fundamental: la lealtad a mis jefes, a mi partido y a mis principios.”

Esa lealtad ha sido puesta en duda no pocas veces. Su exjefe y aliado, Carlos Salinas de Gortari, lo acusó de “traidor” en el capítulo 12 de sus memorias México, un Paso Difícil Hacia la Modernidad. En una nota al pie de página, el expresidente le pasa la factura a Gamboa por su alianza con Ernesto Zedillo:

“Quienes traicionan a un amigo, no merecen otras palabras que las expresadas por el expresidente de España, Felipe González, a propósito de la traición que él mismo padeció: ‘la pasión por subirse sobre el que ha caído para parecer más alto está muy extendida. Los que se suben suelen ser los que limpiaban con la lengua los zapatos del caído’. El País, noviembre 24, 1999. Ese sería el caso de la traición que padecieron, entre otros, Jaime Serra y José Córdoba, dos amigos íntimos de Zedillo. En mi caso, algunos amigos no se comportaron correctamente, entre otros, Manuel Camacho y Emilio Gamboa.” (México, un Paso Difícil Hacia la Modernidad, Ed. Plaza y Janés, p. 1266).

Catorce años después del distanciamiento público y ocho después de que Salinas publicara su voluminoso libro, Gamboa Patrón y el expresidente se encontraron públicamente el 28 de junio de 2008 en la boda de la hija de Manlio Fabio Beltrones, el coordinador de los senadores del PRI, aspirante a la Presidencia de la República, y amigo de ambos.

Crónicas periodísticas como las de Joaquín López Dóriga, publicada en Milenio Diario el 3 de julio, refieren que Gamboa y Salinas estuvieron juntos hasta el amanecer y se dejaron en la fuente de Petróleos, quizá alguna metáfora no explícita de que la reconciliación- más bien es una alianza forzada por la reforma energética del calderonismo.

--¿Usted cree, como Hank González, que ‘un político pobre es un pobre político’? –le preguntó José Martínez Bolio en el blog Galería de Triunfadores.

Magnánimo y sencillo, Gamboa Patrón respondió:

“La política me ha dado la posibilidad de vivir bien, pero nunca en los 35 años de funcionario público he hecho un negocio, ni tengo socios, pero se me acredita que era dueño de Televisa, de TV Azteca y de Mutivisión, también que el Word Trade Center, el edificio, era mío. Ojalá yo tuviera una oficinita y ojalá tuviera el cero punto por ciento de las empresas donde se me ha mencionado.”

Habilidoso, Gamboa Patrón evade hablar sobre la principal acusación que acompaña su carrera política: el constante intercambio de favores y posiciones, hechos en la opacidad. No se le acusa de ser propietario, sino de ser el intermediario del dinero y el poder político. El broker transexenal.