19 marzo 2010
“El origen verdadero de la crisis política y social mexicana es económico; ello nos dice cual debe ser la solución”.
Jorge Bárcenas Arellano.
I
A propósito del LXXII aniversario de la Expropiación Petrolera, realizada por Lázaro Cárdenas, tráese a un primer plano de atención pública la paradoja de que siendo Petróleos Mexicanos una empresa paraestatal carece, sin embargo, de vocación social.
Cierto. Esa ausencia vocativa social muéstrase en que dicha empresa, que por ministerio constitucional debiere ser social, es en realidad, para todos los fines operativos prácticos, un ente de usufructo privado.
Ello, sábese, es del dominio público. Una empresa propiedad del pueblo de México —entendido como elemento constitutivo principal del Estado-- es subrogada a particulares por el poder político del susodicho Estado sin consultárselo a aquél.
Esa privatización es, por añadidura, amañada, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llanamente la prohibe. Pero el proceso privatiizdor le da la vuelta a la Carta Magna y/o se ajusta a exégsis tramposas de leyes reglamentarias.
Pero, para evitar confusiones de cualesquier tipo, señálese con precisión que esa empresa paraestatal continúa siendo en lo jurídico un ente del Estado; es su operación y administración y usufructo de activos lo que se está privatizando.
II
La llamada (inapropiadamente, insístase) reforma energética última permite, por otro lado, la adjudicación privatizadora de la explotación y el usufructo esos activos, que son (1) los yacimientos de petróleo y gas en producción y (2) las reservas probadas.
Así, Pemex vendería –lo está haciendo ya— el territorio nacional de pedazos (o bloques) en pedazos, abdicando de su soberanía sobre esas extensiones de nuestra geografía y las riquezas del subsuelo. Son ya esos bloques propiedad privada.
Las adjudicaciones de usufructo del patrimonio de los mexicanos a particulares –sobre todo extranjeros --representados por los consorcios trasnacionales-- permite a éstos últimos llevarse la tajada del león, pues se les hace socios.
Ese esquema convierte a Pemex, así, en sólo un encargado de la gerencia contable, reduciendo sus potestades ejecutivas e incluso de planificación estratégica. Los socios trasnacionales aportarían capital financiero, técnico –el know how-- y tecnológico.
Dicho de otro estilo, la empresa paraestatal se degrada siendo socia de los consorcios trasnacionales en el usufructo de los activos patrimoniales de México. Reduce su alcance a mero centro de registro de ingresos y egresos.
III
Ello, obvio antojaríase, no contribuye al desarrollo integral de la misma empresa ni mucho menos de la industria ni del país. No hay, amén, control estratégico directo, fiscalizador, de los volúmenes de petróleo o gas que los socios trasnacionales extraen.
Mediante esos esquemas de vender el país en bloques verticales –de miles de metros de profundidad, de la superficie al subsuelo, hasta los yacimientos de petróleo y gas-- el usufructo de tales activos se deshace de todo viso de Pemex como empresa social.
Y al mutar su naturaleza y responsabilidad social --de hecho, éstos atributos cesaron sexenios ha--. Pemex confirma que los activos patrimoniales de los mexicanos han sido y continúan siendo dilapidados criminalmente. Sin contribuir al desarrollo de México.
Ante el terrible drama del desempleo y el estancamiento de la economía tanto en su vertiente macro como en la micro, la familiar/popular incluida, Pemex podría promover que sus proveedores fueren empresas cooperativas de producción y/o servicios.
Y podría financiar, aun bajo el esquema jurídico actual, empeños de los ayuntamientos a constituir empresas propias, que crearen empleos y generaren recursos líquidos y, financiar así, programas sociales municipales. ¿Qué se requere? Estadistas.
ffponte@gmail.com
Jorge Bárcenas Arellano.
I
A propósito del LXXII aniversario de la Expropiación Petrolera, realizada por Lázaro Cárdenas, tráese a un primer plano de atención pública la paradoja de que siendo Petróleos Mexicanos una empresa paraestatal carece, sin embargo, de vocación social.
Cierto. Esa ausencia vocativa social muéstrase en que dicha empresa, que por ministerio constitucional debiere ser social, es en realidad, para todos los fines operativos prácticos, un ente de usufructo privado.
Ello, sábese, es del dominio público. Una empresa propiedad del pueblo de México —entendido como elemento constitutivo principal del Estado-- es subrogada a particulares por el poder político del susodicho Estado sin consultárselo a aquél.
Esa privatización es, por añadidura, amañada, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llanamente la prohibe. Pero el proceso privatiizdor le da la vuelta a la Carta Magna y/o se ajusta a exégsis tramposas de leyes reglamentarias.
Pero, para evitar confusiones de cualesquier tipo, señálese con precisión que esa empresa paraestatal continúa siendo en lo jurídico un ente del Estado; es su operación y administración y usufructo de activos lo que se está privatizando.
II
La llamada (inapropiadamente, insístase) reforma energética última permite, por otro lado, la adjudicación privatizadora de la explotación y el usufructo esos activos, que son (1) los yacimientos de petróleo y gas en producción y (2) las reservas probadas.
Así, Pemex vendería –lo está haciendo ya— el territorio nacional de pedazos (o bloques) en pedazos, abdicando de su soberanía sobre esas extensiones de nuestra geografía y las riquezas del subsuelo. Son ya esos bloques propiedad privada.
Las adjudicaciones de usufructo del patrimonio de los mexicanos a particulares –sobre todo extranjeros --representados por los consorcios trasnacionales-- permite a éstos últimos llevarse la tajada del león, pues se les hace socios.
Ese esquema convierte a Pemex, así, en sólo un encargado de la gerencia contable, reduciendo sus potestades ejecutivas e incluso de planificación estratégica. Los socios trasnacionales aportarían capital financiero, técnico –el know how-- y tecnológico.
Dicho de otro estilo, la empresa paraestatal se degrada siendo socia de los consorcios trasnacionales en el usufructo de los activos patrimoniales de México. Reduce su alcance a mero centro de registro de ingresos y egresos.
III
Ello, obvio antojaríase, no contribuye al desarrollo integral de la misma empresa ni mucho menos de la industria ni del país. No hay, amén, control estratégico directo, fiscalizador, de los volúmenes de petróleo o gas que los socios trasnacionales extraen.
Mediante esos esquemas de vender el país en bloques verticales –de miles de metros de profundidad, de la superficie al subsuelo, hasta los yacimientos de petróleo y gas-- el usufructo de tales activos se deshace de todo viso de Pemex como empresa social.
Y al mutar su naturaleza y responsabilidad social --de hecho, éstos atributos cesaron sexenios ha--. Pemex confirma que los activos patrimoniales de los mexicanos han sido y continúan siendo dilapidados criminalmente. Sin contribuir al desarrollo de México.
Ante el terrible drama del desempleo y el estancamiento de la economía tanto en su vertiente macro como en la micro, la familiar/popular incluida, Pemex podría promover que sus proveedores fueren empresas cooperativas de producción y/o servicios.
Y podría financiar, aun bajo el esquema jurídico actual, empeños de los ayuntamientos a constituir empresas propias, que crearen empleos y generaren recursos líquidos y, financiar así, programas sociales municipales. ¿Qué se requere? Estadistas.
ffponte@gmail.com
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