jueves, marzo 18, 2010

El terremoto en el espejo

Sebastián Piñera, presidente de Chile.

Ariel Dorfman


MÉXICO, D.F., 18 de marzo.- Siguen y prosiguen las réplicas del terremoto que asoló a Chile el 27 de febrero pasado. Llamo a mi cuñada en Santiago y ella interrumpe súbitamente nuestra conversación. “Está temblando, está temblando”, dice, y así sucede con el país mismo, preso en una tembladera inacabable.

Quizás la mayor réplica, sin embargo, sea en el campo político. Después de todo, hace menos de 60 días hubo otro terremoto, de otro signo, cuando una mayoría de mis compatriotas eligió como presidente al billonario derechista Sebastián Piñera. Fue un rechazo contundente a la Concertación, la coalición de centroizquierda que derrotó a su vez al general Augusto Pinochet y que llevó a cabo una transición exitosa, con avances económicos y sociales significativos durante sus 20 años en el poder.

La victoria de Piñera planteaba una multitud de dudas acerca del futuro. ¿Estábamos presenciando un realineamiento político permanente o acaso Michelle Bachelet, que deja la Presidencia con una inusitada aprobación ciudadana que supera 80%, habrá de ganar los comicios en cuatro años más? ¿Continuaría Piñera, que fue un tibio opositor a Pinochet, la acción a favor de derechos humanos de la era post-dictadura o favorecerá a sus aliados conservadores, contaminados por su complicidad en tantas desapariciones y torturas y exilios? ¿Era capaz Piñera de ser fiel a su promesa de expandir los planes sociales de la Concertación y simultáneamente acentuar un modelo neoliberal económico que ha sido responsable del creciente e infamante abismo entre ricos y pobres que hacen de Chile uno de los países menos equitativos en el mundo?

Todas estas preguntas han sido enturbiadas por el sismo que ha causado daños que se estiman de unos 30 billones de dólares. El nuevo presidente hereda un país traumatizado, atónito de muertos y heridos y desamparados, y se le va a juzgar de acuerdo a cómo lleve a cabo la tarea urgente de la reconstrucción.

Lo espera un sinnúmero de retos y trastornos.

El terremoto no sólo descuartizó el suelo de Chile, no sólo inundó pueblos enteros con su marejada letal. También reveló hondas fisuras y desgarros en el tejido social y ético del país –el persistente tsunami de la penuria, la precariedad cosmética de la modernización de que el país se ha ufanado durante las últimas décadas. Cuando el gobierno de Bachelet inicialmente declaró, después del cataclismo, que no requería asistencia extranjera, se adujo razonablemente que primero era necesario calibrar la magnitud del desastre; pero por debajo era posible vislumbrar otro tipo de mensaje: “No nos confundan con Haití. Podemos recuperarnos solos”.

La pesadilla del terremoto alertó a los chilenos a una cara disímil en el espejo, forzándonos a reconocer que hemos estado viviendo en un país de mentira, un país de simulacro forjado a partir de ilusiones de excesiva grandeza. ¡Nos creíamos tan desarrollados! Hasta el punto de que, hace más de 20 años, Joaquín Lavín, el entrante ministro de Educación de Piñera, proclamó en un famoso ensayo, “Adiós, América Latina”, que estábamos al borde de unirnos a Australia y a los tigres del sureste asiático, listos para convertirnos en miembros del Primer Mundo y renunciar a nuestro “atrasado” continente.

En tal contexto, esta catástrofe puede bien leerse como una llamada de atención y alarma para Chile: ¡Hola, América Latina! O tal vez nos encontramos ante una prueba a que nos somete la misma Madre Tierra, un desafío que nos pide explorar las fuentes más profundas de nuestra identidad desplazada y confusa. Si es así, el nuevo presidente podría posiblemente encontrar modelos para la acción futura en la historia de Chile, algo que podría imitar y también, por ahí, algún ejemplo que sería mejor que evitase.

El presidente Pedro Aguirre Cerda utilizó la hecatombe de 1939 y sus 30 mil muertos como un acicate para negociar y promulgar leyes que trajeron a una población expoliada desde hace siglos una serie de medidas imprescindibles para su bienestar y desarrollo: la seguridad social, inversiones formidables en la educación y el primer Sistema Nacional de Salud (creado nada menos que por el joven ministro Salvador Allende).

O está el caso más indecoroso del presidente Pedro Montt, que tuvo que enfrentar, aun antes de su inauguración, el atroz terremoto de Valparaíso de 1906. Los jóvenes de la patria se lanzaron al rescate de las víctimas y recibieron una lección acerca del verdadero Chile, el Chile ignominioso que se escondía debajo de la costra y el espejismo de la prosperidad y “civilización” vigentes, el Chile que Montt y tantos otros de la elite privilegiada prefirieron reprimir, en todos los sentidos de esta última palabra. El insigne historiador Gabriel Salazar cuenta que, unos meses más tarde, cuando los estudiantes retornaron a Santiago, el gobierno les organizó un homenaje en el Teatro Municipal. Los muchachos, en vez de portarse “bien”, abuchearon ruidosamente a la caterva de complacientes oligarcas allá reunidos. Fue tal su rechazo a la hipocresía del status quo que los jóvenes díscolos abandonaron el recinto y terminaron constituyendo ese día la FECH (Federación de Estudiantes de Chile), una organización que a partir de ese momento se caracterizó por su lucha contra el abuso y la miseria. (Y de nuevo, se nos aparece la sombra de Salvador Allende, que fue vicepresidente de la FECH en 1930).

Quiero creer que esos jóvenes de 1906 están llamando desde más allá de la muerte a sus lejanos descendientes, los estudiantes del 2010 que de nuevo se han precipitado a las calles para conseguir ropa y víveres y que se encaminan en caravanas multitudinarias hacia el sur del país para auxiliar a los damnificados. Quiero creer que la juventud de ayer y de hoy están y estarán exigiendo y anticipando un Chile diferente, un Chile de igualdad y justicia para todos, un Chile que se mide, no por las ganancias de los más ricos, sino por el modo en que trata a sus ciudadanos más marginados y sufrientes.

Espero que sea un mensaje que nuestro nuevo presidente sabrá también atender, abriendo su corazón y su conciencia a la historia verdadera de nuestra tierra arrasada. l


El último libro de Ariel Dorfman es la novela Americanos: Los pasos de Murieta.

Sexenio de Calderón, crítico en violación a los derechos humanos: CNDH





LEÓN, Gto., 18 de marzo (apro).- En lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón, el país vive una situación crítica por violaciones a los derechos humanos, con la reaparición de prácticas que habían disminuido o se habían erradicado “como las desapariciones forzadas”, además de la “tortura y las detenciones arbitrarias”, afirmó aquí Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Parecía una agenda que ya habíamos superado”, señaló Plascencia Villanueva, luego de inaugurar las octavas “Jornadas nacionales sobre víctimas del delito y derechos humanos”, en esta ciudad.
Aseveró que la falta de un mayor compromiso de los tres niveles de gobierno en el tema de los derechos humanos, ha colocado a México en una posición “bien crítica” en el ámbito internacional.
Recordó que se han expresado condenas desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de Prensa o el Congreso de Estados Unidos, así como de otros organismos no gubernamentales “que se podrían evitar”.
El titular de la CNDH insistió que la estrategia en materia de seguridad pública aplicada por el gobierno de Calderón, con el Ejército al frente y en las calles, no ha dado los resultados esperados ni en Ciudad Juárez, Chihuahua, ni en el resto del país.
“No se vale combatir delitos cometiendo otros delitos. La estrategia para luchar en contra de una delincuencia del siglo XXI debe ser acorde también a estrategias modernas que se pueden utilizar: más inteligencia, más investigación y no simplemente la fuerza”, dijo.
Por ello, añadió que es fundamental revisar las necesidades y los reclamos en materia de seguridad, “pero con una acción de gobierno que permita evaluar a corto y mediano plazo de qué manera se está actuando y si se está avanzando”.
--¿Espera que se retire el Ejército antes de que termine este sexenio?
--se le preguntó.
--Esperemos que sea lo más pronto posible, para que entonces sí haga lo que le corresponde.
A una pregunta sobre la situación de vulnerabilidad de los periodistas ante el tema del narcotráfico, Plascencia Villanueva dijo que, aunque es muy grave atentar contra la libertad de expresión y los actos de intimidación al gremio –que han derivado en homicidios y
desapariciones--, “es mucho más grave la falta de investigaciones oportunas y adecuadas para garantizar que estas agresiones no se repitan o para detener a los responsables de las mismas”.
Señaló que, en el caso de las 79 agresiones contra periodistas, documentadas por la CNDH de 2009 a la fecha, se han señalado como responsables a funcionarios de los tres niveles de gobierno, por agresiones indirectas por parte de particulares, “pero actuando con la tolerancia o la connivencia de servidores públicos”.
Indicó que la CNDH participará en la reunión que la semana próxima sostendrán la SIP y otros organismos para abordar el tema de la libertad de expresión y la situación de los periodistas en México.
La CNDH, afirmó Plascencia, busca establecer una serie de protocolos sobre el tipo de medidas que deben tomar o proporcionarse a reporteros o comunicadores que han sido objeto de agresiones o amenazas.

Exhibe The New York Times promesas incumplidas de Calderón en Juárez

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo
La redacción


MÉXICO, D.F., 17 de marzo (apro).-El diario estadunidense The New York Times publica hoy que las promesas que el presidente Felipe Calderón hizo para revertir la violencia en Ciudad Juárez no se cumplen.

Destaca que el compromiso más sencillo hecho por Calderón y su esposa Margarita Zavala de construir una cancha de futbol americano en un lote lleno de basura no se ha efectuado.

En una nota titulada "En México, las promesas hacen poco por aliviar el dolor de esta ciudad siniestrada", el periódico neoyorkino señala:

"A seis semanas desde que hombres armados mataron a 15 personas en un barrio de clase trabajadora, aquí han venido la Policía, el Gobernador, psicólogos, e incluso la esposa del Presidente".

"La Primera Dama, Margarita Zavala, prometió construir un campo para jugar futbol americano en un lote lleno de basura cerca de aquí. Los sicólogos jugaban juegos con los aterrorizados niños del barrio para ayudarlos a lidiar con el dolor".

"Vamos a hacer una cancha de futbol americano en honor a los muchachos que murieron hace 15 días", recuerda el diario que aseguró el Presidente, acompañado con parte de su Gabinete y su esposa Margarita Zavala.

"Y después todo el mundo se fue. El terreno todavía está baldío, y los niños aún tienen problemas para dormir en la noche", concluye.

The New York Times precisa que hace seis semanas se dio el asesinato de 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvarcar y que la promesa de la pareja presidencial de construir una cancha deportiva data del 11 de febrero.

Los 15 jóvenes asesinados el 30 de enero en Juárez eran miembros de un equipo de futbol americano y estudiantes de un bachilleres local.

La nota se refiere también a lo que sigue ocurriendo en Juárez:

"En las semanas consecutivas a los asesinatos en Villas de Salvárcar, el Presidente ha cambiado de rumbo, al darse cuenta de que su énfasis en una solución militar para terminar con la violencia de las pandillas del narco no servirá por sí sola", destaca.

"Pese a la presencia de más de 10 mil efectivos de seguridad patrullando las calles de la ciudad, cada semana, la violencia parece recrudecer", estima.

El texto en que el diario estadunidense alude a las promesas incumplidas del gobierno de Calderón, está publicado en la página seis de su edición de este miércoles.

Larrea-Bours: un engaño más

José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 16 de marzo (Proceso).- Después de la huelga de la mina de Cananea en 2007, el Grupo México de Germán Larrea intentó cerrar el Hospital del Ronquillo, que hacía llevadera la vida de los mineros jubilados. El entonces gobernador Eduardo Bours ofreció a los empresarios apoyar al nosocomio con 100 millones de pesos, de los cuales entregó 30 millones de inmediato. Ahora el hospital está en decadencia y los 70 millones restantes no se ven ahí ni en las cuentas públicas de Sonora. En cambio, Bours creó la fundación Volemos Juntos, una plataforma política en la que presuntamente “invirtió” el dinero escamoteado.


Alejandro López López es un viejo minero con dos operaciones en el corazón y silicosis en los pulmones a consecuencia de años de trabajo en la Minera Cananea. Orgulloso, dice que los 2 mil trabajadores retirados hicieron mucho por la empresa y la comunidad, y por eso no entiende por qué ahora no se respetan sus derechos de ser atendido como se merece en el hospital del Ronquillo, el único que hay en la zona donde está Cananea.

En el último año han muerto 58 mineros jubilados, muchos de ellos enfermos por el polvo de la silica que infesta la mina y se mete a los pulmones. Don Alejandro, como otros miembros de la Asociación de Mineros Retirados de la Sección 65, sospecha que la desatención contribuyó a la muerte de sus compañeros.

–No somos doctores, pero antes teníamos servicios de calidad. Sin asegurar nada, creemos que la gente que ha fallecido en parte se debe a que no tenemos medicamentos oportunamente o que son genéricos y de baja calidad. Además, no tenemos la atención que teníamos antes –señala el entrevistado, quien es secretario de una de las dos asociaciones de mineros retirados de Cananea.

Angustiado por la falta de servicios de salud de calidad, no entiende por qué el Hospital del Ronquillo no funciona, si el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, firmó un convenio con la Minera Cananea para hacerse cargo de los gastos con un fondo de 100 millones de pesos.

El viejo minero cree que dicho convenio sólo fue verbal. Lo que no sabe es que sólo se utilizaron 30 millones para mantener temporalmente el hospital y los 70 millones de pesos restantes fueron destinados a la campaña del candidato del PRI al gobierno del estado, Alfonso Elías, a cambio de garantizar el servicio de salud de los mineros retirados.

Sin embargo, con la derrota del candidato de Bours dichos acuerdos fueron olvidados y los fondos públicos fueron a parar a la fundación Volemos Juntos, dirigida por el actual diputado federal Ernesto de Lucas Hopkins, con la idea de apoyar a los candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales en las elecciones de 2012 para conservar sus espacios de poder.

Manuel López, exsecretario particular del diputado Ernesto de Lucas, señala que desde la campaña del año pasado para elegir a gobernador, diputados locales y presientes municipales se enteró de los trabajos de la fundación Volemos Juntos, que en apariencia se creó para ayudar a la gente.

“Tengo entendido que comenzaron a trabajar a finales de las pasadas elecciones y hace poco abrieron oficinas en Hermosillo, supuestamente para apoyar a los ciudadanos. La intención, en realidad, es apoyar la campaña de 2012, y los recursos creo que vienen prácticamente de los fondos del Hospital del Ronquillo”, sostiene el empresario.

Manuel López dejó de trabajar con Ernesto de Lucas cuando terminó su campaña para diputado federal. Hoy se dedica a sus negocios, alejado de la política.

Por su parte, De Lucas Hopkins, actual diputado federal por el tercer distrito, con cabecera en Hermosillo, Sonora, funge como brazo político de Eduardo Bours desde que éste asumió la gubernatura. A los 20 años, De Lucas fue designado secretario de Seguridad Pública del estado. Para ello, Bours cambió la Constitución sonorense, que en su artículo 21 señalaba que debía tener más de 35 años de edad al momento de su designación.


Al cabo de sólo cinco meses fue relevado por su incompetencia, pues fracasó en el intento de hacer de la frontera con Estados Unidos una línea segura, para lo cual contrató por 924 mil 100 dólares a la empresa estadunidense J&D International Consulting Services LLC, con oficinas en Houston, Texas.

El fiasco no lo alejó del gobernador Bours, quien lo nombró presidente estatal del PRI a finales de 2006. En 2008, De Lucas se fue a coordinar las redes ciudadanas de Alfonso Elías Serrano, a la postre candidato a la gubernatura de Sonora, quien perdió con el panista Guillermo Padrés tras el escándalo de los niños muertos en la guardería ABC.

Hombre de todas las confianzas de Bours, el diputado federal De Lucas Hopkins está a cargo del proyecto político del exgobernador, la fundación Volemos Juntos, en la cual trabajan cuatro coordinadores con un salario de 45 mil pesos mensuales.

Según Manuel López, exsecretario particular de Ernesto de Lucas, la fundación forma parte del proyecto político de Bours para las elecciones federales de 2012.

Señala que la supuesta ayuda del gobierno del estado al Hospital del Ronquillo fue una pantalla política y un engaño a los derechohabientes de Cananea, ya que los 100 millones de pesos de subsidios estatales nunca se destinaron a mantenerlo, pues 70 millones fueron a parar a la fundación Volemos Juntos, un esquema similar a la fundación Vamos México, creada por Marta Sahagún como plataforma para lanzar su candidatura presidencial en 2006.

Estado y empresa contra los jubilados

La huelga en la Minera Cananea estalló el último día de julio de 2007. A los 10 meses, el consejo de administración del grupo empresarial que preside Guillermo Larrea decidió cerrar el Hospital del Ronquillo para presionar a los mineros sindicalizados, estuvieran retirados o en activo. Luego suspendió el servicio de agua potable y gas natural que se surtía en Cananea desde hace 70 años.

Los mineros consideraban al Hospital del Ronquillo como un logro sindical para la protección de sus familias, pues ahí recibían servicios completos y, cuando éstos no eran suficientes, subrogaban los gastos en otros hospitales de Hermosillo, Ciudad Obregón, Guadalajara e incluso de la Ciudad de México. Diez mil de los 30 mil habitantes eran derechohabientes.

En mayo de 2008, cuando los dueños de la compañía minera decidieron cerrar el hospital, se opusieron a ello los trabajadores e incluso el gobierno del estado, por lo cual los directivos de la empresa se reunieron varias veces con los trabajadores y Bours en el Palacio de Gobierno.

Isaac López, gerente de la mina, Xavier García de Quevedo, director general del Grupo México, y Juan Rebolledo, el director jurídico, alegaron que el costo por mantener el hospital era de 10 millones de pesos mensuales. Por su parte, el gobernador advirtió sobre el riesgo de un estallido social en Cananea.

Entonces se negoció que el gobierno del estado se haría cargo del mantenimiento, la operación, los servicios y el funcionamiento del hospital, asumiendo la responsabilidad que hasta entonces tenía el Grupo México.

El 18 de mayo, el secretario de salud del estado, Raymundo López, declaró que el gobernador se comprometía con los mineros y sus familias a darles una atención médica oportuna y de calidad. Pero todo quedó en promesas.

A partir de entonces comenzó la falta de suministro en medicamentos, la sustitución de los patentados por genéricos y el abandono de las instalaciones.

Lo que relata Alejandro López López, dirigente de la Asociación de Mineros Retirados de la Sección 65, que junto con la Asociación de Mineros Retirados representan a 2 mil jubilados, evidencia que el gobierno de Bours rompió su compromiso, pues se dejó de suministrar recursos económicos para atender enfermedades como silicosis y diabetes, así como para los males del corazón, que suelen afectar a los mineros porque se exponen durante años a sustancias nocivas en la extracción del carbón.

El viejo minero duda que Bours haya firmado un convenio con la compañía.

–Creo que no existe nada de eso. Hemos insistido en que nos den una copia del arreglo que hizo el gobernador anterior, Eduardo Bours, pero no nos han dado nada. Más bien, entre nosotros campea la idea de que nunca se firmó un documento donde el gobierno adquiriera un compromiso con la empresa. Creemos que todo se hizo de forma verbal.

Por este motivo, los mineros sindicalizados pidieron una audiencia con el actual gobernador, Guillermo Padrés, pero hasta el momento no han tenido respuesta.

–Queremos tener un acercamiento con representantes de la empresa y con el gobernador, porque en Cananea no tenemos con quién acudir. Creemos que a través del gobernador podemos acercarnos a la empresa y hacerle ver que no deben involucrarnos, porque no tenemos nada que ver con la huelga.

Antes de que estallara el paro, los mineros retirados tenían compromisos contractuales con la empresa, entre ellos el derecho a la cobertura de salud.

–Nosotros no tenemos la culpa, no se nos debe castigar de esta manera. Nosotros ya aportamos lo que teníamos que aportar para el engrandecimiento y beneficio de la comunidad. Sin embargo, ahora nos tienen marginados, relegados de una manera inmisericorde.

Alejandro López tiene 67 años. Se escucha cansado y desesperado: “Queremos que nos atiendan a los viejos y que el gobierno del estado dirija su mirada hacia nosotros, que nos apoye en la reunión con la empresa (para que) podamos decirles por qué peleamos nuestros derechos”.

Precisa que él nunca ha escuchado de la existencia de la fundación Volemos Juntos y tampoco conocía el dato de que ahí han parado 70 de los cien millones que Bours programó para ayudarlos pero que ahora no aparecen en las cuentas públicas de su gobierno.

Dicha fundación opera casi clandestinamente. Tanto, que Manuel López, el exsecretario particular del diputado Ernesto de Lucas Hopkins, no recuerda cuándo empezó a funcionar.

“No sé como nació, pero sí sé que es una fundación con intenciones políticas y que los fondos vienen prácticamente de lo que estaba destinado al hospital”, señala en entrevista.

De acuerdo con información extraoficial, Bours acordó con la empresa que su gobierno desembolsaría esos 100 millones de pesos, de los cuales daría de manera inmediata 30 millones y los restantes los destinaría realmente a su proyecto político.

Cuando su candidato, Alfonso Elías, perdió la elección, Bours tuvo que crear la fundación Volemos Juntos y poner al frente a su incondicional Ernesto de Lucas Hopkins, quien habría negociado en la Ciudad de México con el director jurídico de la Minera Cananea, Juan Rebolledo, la entrega de los 30 millones. Los otros 70 jamás aparecieron en las cuentas oficiales.

Esto se suma a las irregularidades financieras descubiertas por la nueva administración de Sonora. Desde octubre de 2009, el gobernador Guillermo Padrés adelantó que se habían encontraron diversas irregularidades en las finanzas estatales.

En febrero pasado, el contralor Carlos Tapia Astiazarán anunció que, tras una investigación amplia, se estableció que algunos funcionarios de Bours participaron en una presunta malversación de fondos públicos al cobrar por lo menos 20 cheques expedidos por la tesorería estatal, en diversos bancos, por un total de 190 millones de pesos.

Tapia informó que al concluir la administración de Bours se detectó un faltante de mil 600 millones de pesos en cuentas bancarias gubernamentales, así como pagos pendientes a decenas de proveedores, lo que llevó a Padrés a declarar la entidad en “emergencia financiera” el 5 de octubre de 2009.

Esto sin tomar en cuenta otros faltantes, como los 100 millones que Bours le otorgó a la Ford Motor Company mediante incentivos no fiscales y convenios “confidenciales”, los cuales, por supuesto, tampoco aparecen en las cuentas públicas.

Fuente: Proceso

Comparece Carpinteyro ante juez; "persiguen al mensajero", se queja

La redacción


MEXICO, D.F., 16 de marzo (apro).- La exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes y actual comunicadora, Purificación Carpinteyro, compareció hoy ante el juzgado sexto de distrito con sede en el Reclusorio Oriente, donde se desahoga el proceso penal en su contra por el presunto delito de revelación de secretos.

Asistida por sus abogados Eduardo Luengo Creel y Gonzalo Aguilar Zìnser, Carpinteyro acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de “perseguir al mensajero de una denuncia”, pese a que, recordó, el presidente Felipe Calderón ha convocado a los ciudadanos a denunciar cualquier ilícito en el servicio público.
Luego de entregar por escrito su declaración preparatoria sobre la divulgación de las llamadas telefónicas de su exjefe en la STC, Luis Téllez, Capinteyro tronó contra la PGR por haberla inculpado en la difusión de dichas llamadas.
Dijo:
"Desafortunadamente, una persona que tiene los principios como para tratar de defenderlos, al final de cuentas resulta ser la perseguida, la enjuiciada, la presunta responsable, de acuerdo con lo que esta diciendo la PGR".
La defensa de Carpinteyro solicitó duplicar el término constitucional para resolver la situación jurídica de la acusada, por lo que será el próximo lunes cuando el juez federal Alejandro Caballero Vértiz decida si abre un juicio contra la exfuncionaria o la libera de responsabilidad.
El fiscal de la PGR, Arturo Germán Rangel, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, rechazó, a su vez, que exista persecución política contra la exfuncionaria de la SCT.
La PGR acusó a Carpinteyro de revelar conversaciones telefónicas espiadas a Téllez cuando era subsecretaria. Y aunque el Segundo Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal instruyó su aprehensión, Carpinteyro cuenta con una suspensión definitiva contra su captura.

Fuente: Proceso

Encerrona de Elba Esther Gordillo con cinco gobernadores del PRI

Arturo Rodríguez García

SALTILLO, Coah., 16 de marzo (apro).- La líder vitalicia del magisterio, Elba Esther Gordillo Morales, se reunió hoy con varios gobernadores de extracción priista en esta ciudad.
La agencia Apro confirmó la presencia de al menos cinco mandatarios estatales, que en ningún caso incorporaron en sus agendas públicas su visita a Coahuila.
Entre los asistentes, además del anfitrión Humberto Moreira Valdés, estuvieron los gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández; de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz; de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla; de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, y de Colima, Mario Anguiano Moreno.
El activismo de Gordillo Morales con varios de los gobernadores priistas se ha intensificado en semanas recientes, con encuentros a puertas cerradas y con pretextos de convivencia social.
Por ejemplo, el 26 de febrero pasado estuvo en Culiacán, celebrando el cumpleaños del gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar, a donde acudieron varios de los asistentes a la encerrona de hoy en Saltillo, entre ellos, Moreira Valdés.
Luego, el 9 de marzo estuvo en Saltillo, acompañando a Moreira Valdés, de extracción magisterial, a un homenaje rendido por la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Fuente: Proceso

Eurodiputados exigen condena al feminicidio en México

MÉXICO, DF, 17 de marzo (apro-cimac).- Integrantes del Parlamento Europeo celebraron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por el caso del Campo Algodonero en Juárez, Chihuahua, y exigieron una condena firme contra el feminicidio en el país.
En la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo, efectuada hoy en Bruselas, el grupo de los Verdes propuso una enmienda para incluir el tema del feminicidio en el informe presentado por el eurodiputado José Ignacio Salafranca sobre la estrategia de la Unión Europea en las relaciones con América Latina y el Caribe.
La enmienda reconoce que la sentencia de la CoIDH es un precedente para la región latinoamericana, y por ello pide a estas naciones la acojan como guía para su futuro trabajo y que su condena contra el feminicidio se acompañe de programas de protección, prevención, justicia y financiamiento adecuados.
También se demanda invertir en salud reproductiva, en programas destinados a fomentar la igualdad de género, educación sexual y acceso a métodos de planificación familiar, tal y como lo establece la Plataforma de Acción de El Cairo (1994).
Fuentes cercanas al Parlamento Europeo informaron que en abril próximo este posicionamiento de la AFET será presentado ante el pleno para su discusión y aprobación.
Y se espera que ese sea el eje principal en las acciones que la UE emprenda para poner fin a la situación actual de impunidad de los asesinatos de mujeres en algunos países como México y varios de Centroamérica.
Al término de la reunión, la eurodiputada austriaca y portavoz del grupo de los Verdes, Ulrike Lunacek, señaló que “el voto de hoy significa un paso en adelante muy decisivo en nuestra lucha común en contra del feminicidio en México y América Latina”.
Calificó además de “ejemplar” la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, donde en noviembre de 2001 fueron hallados sin vida los cuerpos de ocho mujeres asesinadas y torturadas sexualmente.
Agregó que las recomendaciones de la Corte Interamericana “tienen que ser reconfirmadas por un voto positivo de la plenaria del Parlamento Europeo y luego traducidas en acciones políticas concretas de parte de la Unión Europea”.
Lunacek se dijo "contenta de que la Comisión de Asuntos Exteriores hizo suya la propuesta proveniente del ala verde de la Comisión de Desarrollo. Mostró así que el Parlamento Europeo está dispuesto a reconocer el hito histórico que representa el juicio de la Corte Interamericana”.
Confió en que la próxima Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se realizará en mayo próximo en Madrid, se retome el tema del feminicidio y la impunidad.

Atrae la Corte el caso de indígenas acusadas de secuestro

La redaccion


MÉXICO, DF, 17 de marzo (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió hoy atraer el caso de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes purgan una condena de 21 años en un penal de Querétaro, luego que un juez las encontrara responsables del secuestrado de seis agentes federales.
A petición del ministro Juan Silva Meza, los integrantes de la Primera Sala decidieron hacerse cargo del recurso de apelación promovido por la defensa de Alberta y Teresa, por la relevancia nacional de este caso y porque el mismo les permitirá establecer criterios en torno a la prohibición constitucional de no discriminación y respecto a los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas.
El ministro Silva pidió atraer el caso la tarde del martes y, en menos de 24 horas, su petición fue revisada, en privado, por sus compañeros de la Primera Sala, que es la que se encarga precisamente de los asuntos penales.
Una vez que se acordó atraer el asunto, la revisión de la sentencia de las dos indígenas quedará a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero.
La SCJN conoció en esta década de algunas apelaciones por los procesos derivados de la guerra sucia, pero lo hizo a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), y no de oficio, y esos recursos fueron promovidos contra negativas de jueces para librar órdenes de aprehensión, no contra sentencias condenatorias.
Incluso González y Alcántara han sido designadas “presas de conciencia” por organizaciones como Amnistía Internacional (AI).

Atrae amparo promovido por líder del FPDT
En la sesión de este miércoles, la Corte atrajo también otro amparo que interpuso Ignacio Del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra (FPDT), contra la sentencia que se le impuso por el delito de secuestro equiparado.
Al igual que los otros amparos de Ignacio Del Valle que atrajo el máximo tribunal del país en febrero, los ministros consideraron que el asunto reviste de interés y trascendencia, pues su estudio permitirá evaluar la constitucionalidad del tipo penal de secuestro equiparado.
Los ministros subrayaron que este caso fortalecerá la doctrina que esta sala ha desarrollado en las últimas fechas, sobre la legalidad en la obtención de las pruebas durante el proceso penal y la obligatoriedad del debido proceso.
El recurso, que tenía a su cargo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, será analizado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien elaborará el proyecto de resolución correspondiente.

El caso México, comparable con Irak o Afganistán: Washington Post

Escena de un crimen en Sinaloa.

La Redacción


México, D.F., 18 de marzo (apro).- La cruenta batalla contra el narcotráfico librada en México es comparable a las situaciones de guerra en Irak, Pakistán o Afganistán, equiparó el diario Washington Post.

La situación en México "es tan sangrienta e importante como las que se libran en Irak, Afganistán y Pakistán", enfatizó.

El periódico critica que el gobierno de Estados Unidos no incremente sus recursos y participación en el combate a los cárteles de la droga, así como la lentitud en la entrega de la ayuda pactada previamente.

En una editorial publicada este jueves, el rotativo lamenta que el gobierno de Barack Obama haya decidido entregar 30 por ciento menos de recursos al combate a la guerra contra el narcotráfico para el próximo año, reduciendo la cifra a 310 millones de dólares.

“(…) Dado que el nivel de violencia sigue en aumento, la reducción drástica de la asistencia de Estados Unidos tiene poco sentido”, cuestiona el diario.

El Washington Post recomienda a la administración de Obama poner como prioridad la estabilización de “un vecino y socio comercial importante” mediante el fortalecimiento de la iniciativa Mérida.

La estrategia antinarco de Calderón, un fracaso: WSJ
La redacción


MÉXICO, D.F., 18 de marzo (apro).- The Wall Street Journal, uno de los dos diarios más influyentes de Estados Unidos, afirma que la estrategia de Felipe Calderón para enfrentar a los cárteles del narcotráfico ha resultado un fracaso y, más aún, asegura que esa situación ha puesto en riesgo su estancia en la Presidencia.
En un editorial publicado en su edición de este jueves, el diario estadunidense apunta:
"La ejecución de tres personas ligadas al Consulado de Estados Unidos en esta frontera (Juárez) confirma lo que los residentes ya sabían: la estrategía del presidente Felipe Calderón de enviar al Ejército a enfrentar a los narcotraficantes fracasó".
El periódico sostiene que la situación que priva actualmente en Ciudad Juárez, ha puesto a prueba la estrategia antidrogas del presidente Calderón e incluso, advierte, la Presidencia.
Señala que la violencia ha repuntado en esa frontera, donde suman 5 mil 349 personas asesinadas, ligadas a la lucha contra el narcotráfico, de los más de 18 mil muertos que ya se cuentan en todo el país, desde diciembre de 2006, cuando Calderón asumió el poder

Ni un periodista menos



MÉXICO, D.F., 17 de marzo (apro).- Hay zonas en el país en las que el derecho a la información no existe. Las amenazas del crimen organizado tienen amordazados a medios y periodistas que, ante las advertencias de muerte, han preferido no informar de la violencia que hay en sus regiones, donde no hay más ley que la del narcotráfico. El dato no es nuevo. Desde hace varios años, en ciertas regiones la prensa y los reporteros han decidido no publicar nada relacionado con el crimen organizado, ya que han recibido amenazas para ellos y sus familias. Lo distinto y grave es que este poder se ha extendido y el número de periodistas muertos va en aumento, haciendo que la autocensura se convierta en una línea editorial en medios de información tan poderosos como las televisoras y estaciones de radio, que prefieren el silencio a enfrentarse a un poder que rebasa las autoridades civiles y militares. Los reporteros mexicanos, sobre todo los que viven en las zonas de mayor peligro, no cuentan con una sola medida de seguridad que les ayude a enfrentar el grave riesgo de cubrir las notas sobre el narcotráfico, como quedó constatado en el encuentro “Ni un periodista menos”, organizado por la Red de Periodistas de a Pie. En este encuentro, celebrado el pasado lunes 15 en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al que asistieron 80 periodistas de diversos estados, se mostró la fragilidad que los reporteros en México enfrentan en esta guerra contra el narcotráfico, declarada por el gobierno de Felipe Calderón. Ni una guerra ni un conflicto armado habían vulnerado tanto a los periodistas mexicanos, como desde hace una década, pues se han contabilizado 60 muertos y nueve desaparecidos.

Lamentablemente para México, el poder del narcotráfico se ha extendido y ha ganado terreno en muchos ámbitos, sobre todo en la política. Y en últimas fechas, se ha podido constatar que las mayores agresiones contra reporteros mexicanos no vienen de los grupos del crimen organizado, sino de las propias autoridades, lo que revela una mayor inseguridad ante la imposibilidad de buscar un resguardo en las instituciones gubernamentales. De 1983 –año en que fue asesinado Manuel Buendía Téllez Girón– al año 2000 se registró la muerte de 17 informadores, es decir, dos por año en promedio. Sin embargo, los homicidios de periodistas se dispararon precisamente a partir del año 2000, hasta llegar a una cifra de 60, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea seis reporteros asesinados cada año, lo que significa un incremento de 300% anualmente. De acuerdo con diversos reportes, en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) ocurrieron 25 crímenes de periodistas, y sólo en los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón (2006-2009) suman 35 los asesinatos. Además, en la última década han desaparecido nueve periodistas. De nada, pues, ha servido la creación de fiscalías especiales para los ataques contra periodistas, tanto en la Procuraduría General de la República, como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los ataques contra los reporteros han sido constantes e incluso algunos de ellos ni siquiera han sido registrados por el temor de que se cumplan las amenazas. Hay, así, un subregistro de ataques contra periodistas y sus medios que, de ser tomado en cuenta, alerta aún más sobre el riesgo con que se realiza la labor informativa relacionada con el crimen organizado en México.

Producto de esta situación, periodistas mexicanos de varios estados de la República sufren una especie de psicosis que antes sólo padecían los corresponsales de guerra. Hay miedo, estrés, angustia, aprensión, desconfianza y otros síntomas postraumáticos, como los registrados en estudios clínicos y psicológicos realizados en otros países a reporteros que han trabajado en zonas de conflictos armados. A diferencia de Colombia, donde fueron los dueños de los periódicos y estaciones de radio y televisión los que reaccionaron instrumentando estrategias de publicación cuando el narcotráfico aumentó sus acciones con bombazos y secuestros, en México no ha habido interés por hacer algo similar, y menos aún por establecer medidas de protección para sus reporteros. De ahí la necesidad de que sean los propios periodistas los que unamos esfuerzos para hacer un llamado a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los directores y dueños de los medios, para que tomen medidas en lo que respecta a la protección a reporteros mexicanos y detener la espiral de violencia que se ha generado en su trabajo y en su vida familiar. En las propuestas del encuentro “Ni un periodista menos”, los propios reporteros propusieron algunas medidas que bien valdría la pena enlistar, entre ellas la creación de una red de reacción inmediata, la definición de protocolos de seguridad existentes y su divulgación en todos los medios posibles. Asimismo, que los dueños de los medios se responsabilicen de sus reporteros y corresponsales, y denunciar las agresiones de periodistas, además de exigir a la fiscalía de la PGR y la CNDH, así como a la Cámara de Diputados, que rindan un informe sobre los casos tratados. Otras de las demandas es que desde la ciudad de México se haga visible la problemática de los estados, trabajar la información en equipo con otros medios, tener un registro de las agresiones y revisar patrones, crear un comité de protección a periodistas, y reportear con base en un protocolo de seguridad. No obstante, nada de esto funcionará si no hay un compromiso de los dueños y directores de los medios de información, así como de las autoridades, por acabar con un poder que vulnera uno de los derechos fundamentales de toda sociedad: el derecho a la información.

En vivo por AMLO TV Presentación del libro camisas azules manos negras

MANOS LIMPIAS?

Por: Francisco Rodríguez

LO PEOR ES la hipocresía. Todavía más cuando va unida al cinismo. Esa exaltación indiscriminada de la improbidad, de la práctica maliciosa y de la doble moral.

En apenas tres años, Felipe Calderón se ha convertido en un hombre inmensamente rico, propietario de no pocos inmuebles en la ciudad de México y, muy probablemente, ya también de una isla en el Golfo de Cortés.

Tiene seis años apenas que el ahora ocupante de Los Pinos se hizo de una primera propiedad. Dedicado toda su vida a la política, de hecho Calderón nunca había “dado golpe” –como se dice a quienes no trabajan--, por lo que no fue sino hasta que llegó a la titularidad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) que, usted recuerda, se autoasignó un crédito hipotecario casi casi apenas tomó posesión.

Escandalizados los panistas –Calderón entre ellos--, por la llamada “Colina del Perro” a la que se retiró don José López Portillo, al término de su gestión como Presidente de la República, hoy superan con creces lo que antes criticaron.

Ahí está el caso de Vicente Fox con sus ranchos, y hasta su centro cultural –convertido apenas en palenque--, adquiridos con los dineros de los mexicanos puestos a disposición y beneficio de él y de sus familiares, cual bien documentó mi querida y respetada colega Anabel Hernández, en su oportunidad.

Calderón no le va a la zaga. Ahora es de acuerdo a un reportaje de Daniel Lizárraga (Proceso 1741) que atónita la opinión pública se entera de cómo el michoacano compra y compra las propiedades aledañas a su residencia particular, sin que estas operaciones sean consignadas en la obligada declaración patrimonial.

Ocurre muchas veces que el político hipócrita no alardea de su incorrección, sino que siempre tiende al ocultamiento y a la circunspección. Sobre todo cuando está al frente de los micrófonos y las cámaras de radio y televisión.
No deja de haber cinismo, pues con aquello de “las manos limpias”, por ejemplo, Calderón presume mucho de lo que sabe falso o impostado.

Cada día con mucha indignación y, lo que es peor, con mucha indiferencia, buena parte de la ciudadanía de nuestro país, que viven al margen de los círculos clientelares del poder, del nepotismo, del tráfico de influencias, del amiguismo, de la información privilegiada, somos pasivos testigos del cinismo ramplón con el cual actúa buena parte de los políticos tanto de la fallida Administración como de la oposición.

El cinismo, la hipocresía, la desvergüenza, la desfachatez, el descaro, la impudicia son los ingredientes corrosivos en el accionar político.

Pero cuando el cinismo se junta con la corrupción, entonces el deterioro afecta el cuerpo y el alma de la República.
Calderón se ha enriquecido con recursos públicos.

Esos que desde hace algunos meses le han permitido entrar en negociaciones, a través de uno de sus parientes que reside en el Bajío, con los descendientes de Abelardo L. Rodríguez –quien fuera uno de los presidentes del maximato callista--, para comprarles una isla ubicada en las aguas del Golfo de Cortés.

Una operación de compra-venta que involucraría algo así como 50 millones de dólares, de acuerdo a información en mi poder.

¿Manos limpias de Calderón?
Para nada…

Índice Flamígero: Por noveno año consecutivo el ISSSTE va a la cabeza de denuncias de actos de corrupción, seguido por Pemex. La diferencia es que, excepto el caso de la red interna de telecomunicaciones que Miguel Ángel Yunes asignó a Televisa –¿compra de seguridad, al estilo gangsteril?--, los del Instituto son una especie de “robo hormiga”, mientras que los de la petrolera involucran muchos millones, cual los del prevaricato de César Nava. + + + Cualquier ciudadano compra su propio vehículo para sus traslados del hogar a su centro de trabajo y viceversa. Pero en el caso de Francisco Ramírez Acuña, somos los ciudadanos quienes tenemos que adquirirlos para ellos. ¿No le alcanza al ex gobernador panista de Jalisco para adquirir un automóvil? + + +

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com

WIKIO

Fuente: Indice Político

Los aliancistas: su habla misógina

Beatriz Paredes, presidenta del PRI y su homólogo panista César Nava.

Sara Lovera

MÉXICO, DF, 18 de marzo (apro).- El escándalo que desató el descubrimiento público de los acuerdos en “lo oscurito” del Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI)), para hacerle el camino fácil al candidato del pasado y a sus huestes, me ha parecido exagerado y fatal.

Nadie se escandaliza por el pacto de facto que hicieron para apoyar los cambios constitucionales en 18 entidades del país y dar al traste con la política liberal e histórica sobre el aborto.

A nadie escandaliza como para tener portadas en los diarios sobre el homicidio sistemático de mujeres y el tamaño de la violencia de pareja.

No resultó en escándalo la admisión palmaria que acordaron para dejar a Felipe Calderón en Los Pinos, dueño y señor del neoparamilitarismo que nos acosa desde hace meses.

Y tampoco se levantaron todas las voces, como ahora, contra otras y variadas concesiones, acuerdos, complicidades para callar frente al ominoso caso de la pederastia y la trata de menores y mujeres.

Es evidente que detrás el ropaje del “yo no me di cuenta, hasta que vi el documento firmado”, como tantos ahí mismo en la Secretaría de Gobernación para desaparecer a un sindicato, violar la ley y someter a los detenidos de todos los días o por la sistemática represión de los movimientos sociales, nadie se escandaliza.

También en lo oscurito se arreglaron para organizar el negocio de la fibra óptica, donde estorbaron los trabajadores y las trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricista (SME).

Hay en todo esto un tufo de cinismo histórico de la clase política, donde nadie se salva.

Hay cosas mucho peores que tapan unos a los otros; está claro cómo organizaron entre los dos partidos el ominoso caso del

Fobaproa que todavía estamos pagando con nuestro trabajo y nuestros impuestos.

Pero la discusión que dio lugar a esta calamidad, que nos afecta a las mujeres tremendamente, es que la clara alianza PRI-PAN-jerarquía eclesiástica que nos azota hace ya casi dos años, porque cambiar las constituciones tiene efectos inmediatos, en los que han votado los diputados y la diputadas de Convergencia, Partido del Trabajo (PT), PRI, PAN, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y hasta uno que otro perredista-socialdemócrata.

El PRI y la señora Beatriz Paredes sonríen, mientras que en Guanajuato se impone un libro de biología que, contrario a la ciencia, al liberalismo y a la verdad, propone a los jóvenes la abstinencia, la virginidad y una pureza ideada en el control de los cuerpos femeninos. Sin contar que quemaron los libros oficiales, como en la época de los personeros del gran capital en Nuevo León, donde hicieron lo mismo.

Lo que realmente es un escándalo son las palabras. Según la Guía sobre el lenguaje sexista, armada por la Federación de Mujeres Progresistas de España, el lenguaje es la expresión del pensamiento, el mismo que impulsa a actuar. Esto es, se actúa de forma sexista, a pesar de todos los discursos igualitarios para emancipar a las mujeres. Estos hombres del poder se descubren, son totalmente elementales.

Doña Beatriz Paredes afirmó, frente a esa plebe insultante que es la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que se trata de “conflictos artificiales”. Cosas que, dice, “desprestigian a la clase política y al liderazgo”; ¿a qué se referirá esta dirigente que echó por tierra su propia historia?

Peor aún el diputado economista, que otrora era una fuente confiable, porque cuando joven analizaba, me refiero al señor Oscar Levín, que consideró a la alianza como algo pervertido “casi gay”, y lo dijo en la semana que en este país se consiguió como un adelanto loable que en el Distrito Federal pudieran acceder al matrimonio parejas del mismo sexo, dando un paso libertario adelante. Los gay no se quedan en las mazmorras de la indignidad que caracterizó a los priistas retrógrados.

Pero lo que es una verdadera perla, que lo descubre a los ojos de toda la nación, fue la frase pensada --lo veía tartamudear en las imágenes de la televisión--, esa que espetó el señor senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada priista, aspirante al poder; la alianza ¿será? “una acostadita sin compromiso”. Es decir, de vulgar a sexista y pasado de moda.
No cabe duda que Gustavo Madero del PAN hablaba de un acuerdo pasajero, donde no cabe la idea del matrimonio, esa institución que Dios bendice y condena a la pareja a no separarse sino hasta la muerte.

Realmente estas frases, algunas repetidas y hasta analizadas por los “politólogos” de papel, son formas que hablan del fondo, como decía don Jesús Reyes Heroles al comentar que en política, tal como se actúa y expresa cada quien, es en realidad lo que lo mueve de fondo.

Pero esta discusión ha descubierto completamente el juego insulso de la dirigencia formal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los que tienen título de izquierda. Hablo del senador Carlos Navarrete, cuando dice que juntarse con el PAN y con el PRI para detentar el poder en algunas entidades del país, no es otra cosa que una de “utilidad práctica, no estratégica, ni de principios”. ¡Qué barbaridad!

La izquierda y sus satélites, Convergencia y el Partido del Trabajo (PT), son prácticos y sin principios, cuando no se dan cuenta a la hora de votar en los Congresos locales para criminalizar el aborto; los mismos que conocen la cuenta de las crueldades contra las mujeres sin inmutarse y solamente las dejan pasar. Se pretende sumar al reparto de los presupuestos (botín le llaman algunos columnistas), con una simpleza de pensamiento que también habla de sus adentros, como dice la guía de las Mujeres Progresistas.

¿Principios? ¿Qué es eso?, al menos para el senador Navarrete, son cosa poco útil, innecesaria. Olvidó que el PAN es exactamente todo lo contrario de lo que espera una sociedad hambrienta de democracia y progreso.

Evidentemente que estamos en el peor momento de la política y donde puede olvidarse que al menos no quedó clara la elección presidencial de 2006; está claro que los panistas son tan o más corruptos que toda la historia del otrora partido de Estado y que esa clase ha sido la directamente beneficiaria de la extenuante jornada de trabajo de miles y miles de mujeres en las empresas maquiladoras de exportación; se tapan ojos y oídos sobre la impunidad y se sientan en la mesa de las peores personas a compartir el pan y la sal. Total, es simplemente de “utilidad práctica”.

La vergüenza nos sigue llenando el cuerpo y el espíritu. Lamentablemente no tenemos opciones partidarias ni posibilidades de que en los lugares donde deben debatirse los grandes asuntos de Estado y sobre el progreso de la nación, la bancada senatorial y la de la popular Cámara se Diputados, se han convertido en espacios siniestros, en que el poder y el dinero, características fundamentales del patriarcado, se yerguen para intentar asentar sus reales, sin miramientos y sin historicidad.

Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx

Exclusión que ofende

Elba Esther Gordillo y Alonso Lujambio
Al concluir en febrero último su visita a México, el relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vernor Muñoz Villalobos, realizó una evaluación acerca del sistema educativo en México y cuyos resultados plasmó en su reporte general 27/02.

El contenido del documento desató la ira del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio y de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trajadores de la Educación (SNTE). El enojo del funcionario llegó a tal extremo que envió –¿o quedó sólo en la intención?– una carta diplomática a la ONU en la cual se queja de que en su informe el relator no incluyó el punto de vista de la SEP ni del sindicato que, para el caso, son lo mismo.

Causa extrañeza que el enviado del organismo internacional no haya podido congeniar ni debatir con las autoridades que controlan el sistema educativo del país, a pesar de que estuvo aquí más de 10 días. La verdadera razón del desencuentro se debió a que, por su vocación autoritaria, los jerarcas de la SEP y del sindicato no consultan los aspectos fundamentales de la educación con los sectores interesados; sólo imponen su voluntad.

Durante su estancia, el relator visitó escuelas y localidades del sur y del norte del país y se reunió con funcionarios federales, locales, y con representantes de asociaciones, institutos, universidades, estudiantes e investigadores. Para realizar su estudio tuvo a la mano documentos e información de primera mano acerca de la realidad educativa que se padece.

En el reporte que tanta molestia causó, Muñoz Villalobos plasmó sus hallazgos. En primer lugar, señaló que amplios sectores no pueden ejercer el derecho a la educación consagrado en la Carta Magna. Determinó que esta exclusión es enorme; que está creciendo, lejos de disminuir y que esta situación refuerza la precaria existencia de millones de personas. Se trata, precisó, de un círculo vicioso generado por el propio sistema educativo que no cuenta con políticas de gobierno debidamente orientadas.

También constató que existe una educación de baja calidad para los más pobres, así como un proceso de desescolarización aun en contra de los que tienen la oportunidad de ejercer ese derecho, por vivir –ya sea en el campo o en la ciudad– en unidades territoriales de muy alta marginación.

Con los datos disponibles, el relator confirmó que existen 7 millones de personas analfabetas y casi de un millón y medio de niños y niñas sin acceso a la escolaridad. Asimismo, descubrió que unos 34 millones de mexicanos mayores de 15 años se ubican en condición de rezago educativo, y que en su totalidad son personas que tienen como condición la marginalidad. Se trata, sobre todo, de niñas, mujeres, indígenas, migrantes o jornaleros o, simplemente, pobres.

En un documento remitido al relator de la ONU, el maestro Manuel Ulloa documentó los niveles de exclusión prevalecientes en México. De acuerdo con este análisis, 2 millones 277 mil personas cuyas edades van de cinco a 14 años no pueden ejercer su derecho a la educación. De esta manera, precisa la investigación, se ha incrementado de manera alarmante el número de excluidos de este derecho, respecto de lo que ocurría en 1995. Esta población, se precisa, no sólo es parte de los excluidos, sino también de los marginados que genera el propio sistema educativo.
En el informe presentado por el relator se consignan datos que deberían de ser motivo de un debate nacional para analizar a fondo lo que ocurre en la educación nacional. No se trata sólo del incremento desproporcionado del ausentismo y deserción en las escuelas, sino del hecho de que incluso quienes permanecen en éstas reciben una educación de pésima calidad que no forma con solidez, ni crea aprendizajes para toda la vida; tampoco proporciona cultura ni ciudadanía.

De poco o nada sirve tener establecimientos escolares repletos durante 10 o 12 años; es decir, desde preescolar a la secundaria, para después mandar a toda esa población a una condición de analfabetismo funcional.

Entre los aspectos que el relator destacó en su informe, de seguro fueron tres los que calaron más hondo en las cúpulas de la SEP y del SNTE:

En primer lugar, cuestionó la aplicación generalizada de las pruebas estándares a profesores y a estudiantes –PISA, ENLACE, EXCALE o las que se simulan para el otorgamiento de plazas al magisterio– porque no atiende la diversidad de los contextos de aplicación, y porque está “proyectando injustamente una mala imagen de los maestros y maestras, haciendo creer que los problemas de la eficiencia escolar les son achacables exclusivamente a ellos, y no a un sistema educativo que ha resultado moroso en la ejecución de las políticas públicas”.

En segundo término, Muñoz Villalobos puso en duda la viabilidad de la denominada “Alianza por la Calidad de la Educación”, membrete con el que se pretende suplir la falta de una verdadera política de Estado en la educación, porque, “la misma no es resultado de una discusión abierta ni de un proceso de participación social amplio… tampoco responde a la diversidad ni a la necesidad de que las oportunidades educativas sirvan a los fines establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos”.

La puntilla penetró hasta el fondo cuando en su tercer señalamiento el relator constató, simple y sencillamente, que la “simbiosis atípica” entre el SNTE y la SEP, no sólo conculca, desdibuja, corrompe y manipula las responsabilidades públicas en la educación, sino que “revela una subordinación recíproca de funciones atípicas en cada una de las partes, y agrega una gran complejidad al panorama educativo”.

Este diagnóstico lo conocemos los mexicanos desde hace mucho tiempo y se ha documentado ampliamente. En esta ocasión un enviado de las Naciones Unidas difunde al exterior esta podredumbre, lo cual provocó un sacudimiento entre quienes siguen empecinados, en aras de sus propios intereses, en hacer de la educación una ruina, sin importarles que de esta manera se cancelan todas las posibilidades para nuestro desarrollo.

Reforma laboral panista, atentado contra el sindicalismo independiente: FAT


MÉXICO, DF, 18 de marzo (apro).- El Frente Auténtico del Trabajo (FAT) advirtió hoy que aceptar la iniciativa de reforma laboral presentada por los diputados “empresariales” del Partido Acción Nacional (PAN) presagia la “muerte del sindicalismo independiente”.
Por esa razón hizo un llamado a la movilización sindical en contra de esa iniciativa “que presentan los diputados empresariales, que proponen una reforma para cambiar las reglas a favor del patrón, cuyo único fin es enterrar cualquier posibilidad de sindicalismo independiente”.
En un boletín, manifiesta que ese proyecto vulnera la Constitución y los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Viola específicamente el derecho a la libertad de asociación y contratación colectiva, al proponer requisitos imposibles e insalvables, propiciando que ésta sea como imposición del patrón”, resalta.
Destaca que con esto se consolida el régimen corporativo y se reducen las garantías laborales de los trabajadores.
Además, indica que promueve los despidos masivos sin derecho a la indemnización por años trabajados, mediante la legalización de los contratos temporales, “ampliando con ello la imposibilidad del empleo. La consecuencia será más precariedad laboral”.
Explica que esta propuesta provocará la supresión, entre otros, de los sindicatos democráticos del sector aéreo, como ASSA y ASPA, y del sector educativo.
Considera que la “perspectiva de género” de la iniciativa es “pura simulación”, pues no trata a fondo temas como la desigualdad laboral, violencia o discriminación de las mujeres en los empleos.
“Nos parecería inexplicable que cualquier asociación sindical pudiera avalar este suicidio del sindicalismo autónomo”, advierte el FAT.

Reforma laboral panista "favorece a patrones": CILAS
Rosalía Vergara


MÉXICO, DF, 18 de marzo (apro).- El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) denunció que la iniciativa de reforma laboral, que hoy presentaron diputados panistas, “es abiertamente favorable a los patrones”.
En un comunicado, señaló que con esa acción el gobierno federal muestra claramente su carácter de enemigo de los trabajadores mexicanos.
Y mientras los diputados panistas exponían en San Lázaro las presuntas “bondades” de la iniciativa, fuerzas policiacas reprimían en Ecatepec y Toluca a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que se mantenían en plantón pacífico en defensa de sus derechos laborales.
“En la propuesta de reforma laboral, que se materializa después de múltiples amagos, los legisladores del PAN pretenden hacer creer que se trata de democratizar y transparentar la vida sindical mexicana y de promover el empleo; no obstante, en realidad se avanza hacia la legalización de los abusos patronales, los bajos salarios, la precarización del empleo y la obstaculización de la organización sindical”, acusa el CILAS.
La iniciativa panista, añade, a tono con las posiciones emitidas repetidamente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), promueve el trabajo por temporada y por “capacitación inicial”, así como el pago por horas, con lo que se contravienen las disposiciones constitucionales que tienen que ver con la estabilidad en el trabajo y la obligatoriedad de la seguridad social.
Además, indica, se promueve una “flexibilización salvaje” encaminada a la total precarización del empleo y a la evasión de las obligaciones laborales por parte de los patrones.
Asimismo, “se pretenden incorporar nuevos requisitos para el ejercicio del derecho de huelga, con lo que de fondo se busca prácticamente hacerlo nugatorio o, en el mejor de los casos, dejarlo sujeto a la calificación discrecional de las autoridades para negar la validez de los emplazamientos”.
Una de las más abiertas agresiones al derecho de los asalariados, sostiene, es la intención de limitar en los conflictos laborales el pago de los salarios caídos a un máximo de seis meses; “si actualmente los juicios llegan a durar varios años por culpa de las autoridades laborales, con esa nueva disposición es obvio que se prolongarían todavía por más tiempo y siempre en beneficio de la parte empleadora”.
No obstante, el CILAS considera pertinente “estudiar a fondo la iniciativa”, que refleja la tendencia del gobierno mexicano a “actuar como vocero de los empresarios”, pues ataca todo lo que signifique organización y lucha de los trabajadores en defensa de sus derechos, ya sea por la vía legal, “con una reforma regresiva, o en las calles mediante la represión física”.

Militarizacion y Violacion De Los Derechos Humanos En Ciudad Juarez DEBATE CONGRESO


http://www.youtube.com/watch?v=RGJhodmGE40

Estado de sitio

Estado de sitio
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 16 de marzo.- Un ominoso escenario respecto a la defensa de los derechos fundamentales se configura en el país. El pasado 9 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio carta blanca a la Procuraduría General de la República (PGR) para negar de manera unilateral y discrecional cualquier información solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Asimismo, Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualmente se encuentra en un proceso de intenso cabildeo a favor de una nueva Ley de Seguridad Nacional que asegure la militarización del país y la suspensión de nuestras garantías de manera indefinida. En el Distrito Federal, la situación no pinta mucho mejor, ya que el pasado día 9 la Secretaría de Seguridad Pública local inició un programa para detener y revisar de manera discrecional a cualquier auto “sospechoso” que circule en zonas específicas de la ciudad.

Los pasados 8 y 9 de marzo, el gobierno mexicano fue duramente cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con el comunicado emitido por las organizaciones civiles que asistieron al encuentro, dicho comité exigió la eliminación de las figuras de fuero militar y arraigo, y manifestó terminantemente su inconformidad con la militarización del país. También reprobó la permanencia de la tortura en México y el estado de indefensión en que se encuentran los defensores de los derechos humanos y los periodistas.

Otro informe devastador acerca del desempeño del sistema de justicia fue dado a conocer recientemente por el Centro Pro Juárez. El título del informe lo dice todo: Sociedad amenazada: violencia e impunidad, rostros del México actual. En su informe correspondiente a 2009, Amnistía Internacional también reprueba al Estado mexicano. Por su parte, Human Rights Watch ha publicado un importante estudio titulado Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México. Y a finales del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano en las cuales denuncia tanto los efectos nefastos del fuero militar como la total irresponsabilidad de las autoridades en Ciudad Juárez.

Pero todos estos esfuerzos por documentar los excesos gubernamentales no quitan el sueño a nuestras autoridades. Siguiendo el ejemplo de Salinas, optan por no ver ni oír las imparables críticas, e insisten en la “necesidad” de suspender las garantías básicas de los mexicanos. El aval implícito del gobierno de Estados Unidos a esta estrategia también permite que la situación siga agravándose.

Como ya lo advertimos en estas mismas páginas (Proceso 1695), no hay duda de que la iniciativa del presidente de la República para reformar la Ley de Seguridad Nacional pavimenta el camino para un eventual golpe de Estado militar. En franca violación a los artículos 11, 16, 29 y 111 de la Constitución, la propuesta busca dotar al Consejo de Seguridad Nacional –una instancia conformada exclusivamente por subordinados del presidente– de la facultad de declarar unilateralmente la existencia de “una afectación a la seguridad interior”. Con un pronunciamiento de esta naturaleza, las fuerzas armadas estarían autorizadas para intervenir en una amplia diversidad de ámbitos de la vida pública y suspender nuestra libertad de expresión, de asociación, de libre tránsito, y hasta nuestro derecho al debido proceso. Las modificaciones legales también autorizarían la intervención indiscriminada de las comunicaciones privadas por parte del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacionales.

La decisión de la Suprema Corte de permitir que la PGR niegue información a la CNDH implica igualmente una grave afectación al estado de derecho. Ya de por sí es típica la falta de voluntad de la PGR para cumplir con los requisitos constitucionales en materia de transparencia. Recordemos las reformas al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales que obstaculizan el acceso ciudadano a las averiguaciones previas, y la tradicional renuencia a cumplir con las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Pero hoy la Suprema Corte le da el tiro de gracia a cualquier esperanza de abrir la caja negra de la PGR. Preocupa en particular la abierta desconfianza que los ministros de la mayoría expresaron hacia los funcionarios de la CNDH al insinuar que la información confidencial no estaría segura en manos del ómbudsman.

Si de desconfianzas se trata, habría que empezar con la misma PGR, cuyos funcionarios y policías han demostrado ser todo antes que pulcros y eficientes. Urge establecer nuevos mecanismos para la supervisión y vigilancia independientes de esta institución, responsable de la grave crisis en materia de seguridad pública que resiente el país.

Por último, es lamentable que el gobierno del Distrito Federal –el cual ha destacado en otros ámbitos (aborto, matrimonio gay, etcétera) por su promoción irrestricta de las libertades y los derechos ciudadanos– se sume hoy a la moda impuesta por el gobierno federal. La revisión aleatoria y discrecional de automóviles sin causa justificada implica una evidente violación al artículo 16 constitucional, que a la letra dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

No nos acostumbremos a las estrategias propias de los gobiernos fascistas. Habría que exigir a nuestros gobernantes en todos los niveles que no pierdan de vista los principios y valores más básicos del liberalismo democrático que ha forjado nuestra patria desde hace 200 años. l

http://www.johnackerman.blogspot.com/

Fuente: Proceso

Columna Asimetrías. Cambiar al País





18 marzo 2010

“La izquierda… capaz de cuestionar, pero incapaz de unificar al país”.

Marco Rascón.

I

Es axioma de la sociología y la experiencia histórica que pueden existir en un país dado –como México, estrujado violentamente por contradicciones sin deslinde ni desenlace— condiciones revolucionarias, pero no existir aun los revolucionarios.

Y en antipodal vena, también es axioma que pueden existir en un país dado –como México— los revolucionarios, pero no las condiciones propicias para una revolución, entendida ésta bajo su guisa filosófica, la del cambio cualitativo de un statu quo.

En México el axioma –devenido de la ciencia política según los prismas de la filosofía enunciada por Marx y Engels— se traduce en una paradoja: sí hay condiciones, pero no hay revolucionarios, y a la vez, sí existen éstos, pero no las condiciones.

Dígase de otro jaez que si alguien pregunta si México está maduro para una verdadera revolución, la respuesta puede ser, sin faltar a la objetividad, que sí las hay pero simultáneamente no las hay. No es juego capcioso ni sofisma ni ambivalencia.

Es verismo, pues. Quienes se describen a sí mismos como revolucionarios conforman un grupo de enorme densidad y grosor cuyos miembros se localizan en los estratos de varias clases sociales, desde la proletaria hasta las pudientes y medio pudientes.

II

Todos ellos están a favor de un cambio cualitativo del statu quo que definen como uno de opresión y desesperanza. Reconocen, incluso, que la inmensa mayoría de los 111 millones de habitantes de México no tiene conciencia de esa opresión.

Empero, identifican que las condiciones llamémoslas revolucionarias señalan como vías a seguir hacia el cambio cualitativo del statu quo una actuación dentro del poder político del Estado mexicano tal cual es. Cambiar al sistema desde dentro, proponen.

Esa tesis es respetable, pero no ha sido demostrada exitosamente en el entorno experiencial mexicano. Lo que ha ocurrido es que esos revolucionarios adheridos en lo político al statu quo se han convertido en agentes de éste. Son contrarrevolucionarios.

Casos en punto son los directivos –que no líderes ni dirigentes— de los partidos políticos que se describen a sí mismos como de izquierda, siendo el más emblemático de ellos el de la Revolución Democrática, devenido hoy en patético agente del statu quo.

Esos directivos de las asociaciones políticas de izquierda se benefician lucrativamente, en lo crematístico y en lo político, de su adhesión a una forma de organización política –el “sistema”-- cuya estructura elitista y fines antisociales avalan.

Mientras ello ocurre, los verdaderos revolucionarios mexicanos –que los hay, además, en muchedumbre-- se organizan inspirados no en las teorías de la revolución, sino en aplicar éstas y adaptarlas según lo demandan los imperativos estratégicos.

III

Para ellos, la teoría inspiradora es secuela de lo inalienable de los derechos humanos individuales y colectivos, conculcados y violados a discreción por el poder político, del cual forman parte, sin duda, los propios agentes de Estados extranjeros aquí.

Esos Estados extranjeros son, por un lado, el estadunidense y, por otro, El Vaticano, sedes jurídicas de imperialismos de laya injerencista en los asuntos internos del Estado mexicano; sus agentes actúan ubícua y abiertamente en nuestro país.

Volvamos a los revolucionarios. Algunos de éstos son decepcionados emigrantes de la falacia de “cambiar el statu quo desde adentro”, atraídos a las filas del cambio real y verdadero por la convicción de que aquella vía es sólo pretexto para el oportunismo.

Esos revolucionarios reales y verdaderos saben que la fase actual en el camino hacia el cambio de fondo es el de despertar conciencias y no el de hacerle el juego a los intereses creados del statu quo como lo hacen los gerentes del PRD y otras franquicias.

El activismo de esos revolucionarios es visible. No tienen un solo AKA 47, sino artillería más pesada: el razonamiento político empírico y vivencial y afán de organizar sus acciones. ¿Dónde están? Doquiera. Son los descontentos. Ellos cambiarán al país.

ffponte@gmail.com

Plan B. Entre morir o matar





18 marzo 2010
Sentada en el patio con dos pequeñas de 7 y 4 años, refugiadas por violencia extrema, las escucho. Sus gestos, la manera en que gesticulan y cómo la más pequeña toca mi mano mientras escribo lo que cuentan, me hace sentir el privilegio de su confianza. Interrumpo para mirarlas y preguntar. Me percato del poder impresionante de niñas y niños para resignificar sufrimiento, miedo y dolor.

En su recuento de una realidad abrumadora, entremezclan fantasía. Así cuando el padre las atacaba, la menor explica con tono de cuentista experta: “Papá se ponía la máscara de Chucky”. Hago preguntas hasta que entiendo que sí son capaces de distinguir que su padre no es un monstruo, sino un hombre que a veces les daba dulces y reía con ellas, pero cuando las atacaba, en su imaginación él se transforma. Cuando los padres peleaban a veces veían en la madre esa misma máscara.

La más grande expresa que su madre, herida en el piso, le pedía que llamara a la policía pero quedó paralizada. Y la pequeñita con su carita redonda y voz dulce que quiebra a cualquiera, dice que ella sí marcó a la policía y cuando llegaron los agentes (milagro) “ellos pensaban que mami estaba muerta, pero no”. Narra con la naturalidad que sólo pueden expresar quienes conviven con la violencia como un hecho natural de sus vidas. Miro a la mayor, le pregunto si su hermana llamó a la policía y ésta me asegura que así fue. Por eso fueron rescatadas.

Las pequeñas se abrazan, les pregunto cómo se quieren y sonríen: “Muchísimo, de aquí hasta el sol y nos cuidamos solitas”. La sicología tiene explicaciones para la conducta de estas pequeñas, una es la resistencia, con dos componentes: frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión, y la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las dificultades.

Entre los 10 mil niños y niñas huérfanos por violencia de Ciudad Juárez, entre las y los 60 mil desplazados de Chihuahua, he encontrado miradas y voces similares a las de estas pequeñas. En Tamaulipas, en Guerrero, la gente no sólo resiste y sobrevive, sino resignifica sus vivencias para cuidar a las y los otros. Está claro que nadie debería vivir estas violencias, pero no cabe duda de que a México lo salvan esas niñas, niños y personas que se niegan a someterse al cinismo de quienes ven todo blanco y negro. Los ejemplos del poder transformador de los pequeños esfuerzos individuales no compiten con el rating del espectáculo de la violencia, pero ellos sacarán a este país de la intimidación y el terror al cual los poderes y la cultura de la violencia y la ambición le han sometido. Dice una canción de Luis Eduardo Aute: entre morir o matar, prefiero amar. Yo, como las pequeñas, también lo prefiero.

Detrás de la Noticia. Presos políticos: en Cuba y en México





18 marzo 2010

Sin el menor asomo de ironía, me llama la atención la enjundia con que no pocas y respetadas voces se indignan por la muerte del luchador social cubano Orlando Zapata luego de una cruel huelga de hambre. Las mismas que alertan también sobre el desenlace de Guillermo Fariñas, que al igual que Zapata ha ofrecido su vida en demanda de libertad para 26 presos políticos que están injustamente encarcelados en Cuba.

Al mismo tiempo esas plumas llegan al grado de exigir al presidente Calderón que proteste públicamente y defina la postura de su gobierno frente a la dupla Castro-Castro. Es más, le sugieren que ya mejor ni vaya a Cuba para no quedar como el cohetero: omiso si sólo va a sacarse la foto con Fidel y Raúl; o, en sentido contrario, a concitar las iras de los hermanos si decide entrevistarse con los disidentes.

Yo no estoy para el análisis de las consecuencias diplomáticas bilaterales de cualquiera de esas acciones. Lo que me asombra es que, salvo contadas excepciones, no haya miradas al interior en una materia tan delicada y sensible como es la del respeto más elemental a los derechos humanos. Y que muy pocas veces se genere una indignación similar por los mexicanos que mueren o están presos también injustamente en nuestras cárceles. ¿Cuántos quieren? Porque según un promedio de ONG nacionales e internacionales hay, por lo menos, 495. ¿Dónde los quieren? Están en las prisiones de todo el país, pero sobre todo en estados muy pobres, donde ha habido insurrecciones sociales y en contrapartida guerra sucia con represión militar y policiaca: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. ¿Quiénes son? Los hay, por supuesto, pertenecientes a los movimientos subversivos y que cometieron algún delito. Pero en su gran mayoría se trata de simples opositores a gobiernos autoritarios represivos y corruptos o quienes se opusieron por una vez en su vida a un atropello: es el caso paradigmático de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, que están condenadas a 21 años de prisión acusadas por este gobierno federal a través de la PGR del increíble secuestro de seis de sus agentes armados. Y de cuyo caso nos hemos ocupado en varias ocasiones en este espacio. Vale por cierto recordar que 85 de cada cien presos en este país son pobres y una mayoría de ellos indígenas. Y que no se trata de una casualidad sino de una causalidad producto de un brutal sistema de justicia que castiga a los que menos tienen y exonera a los ricos delincuentes de cuello blanco.

Y qué decir de los 12 presos políticos de Atenco que, encabezados por Ignacio del Valle, han sido condenados hasta a más de 100 años de prisión por retener 11 horas a algunos funcionarios en la defensa de sus tierras. Todos, sujetos de una abusiva venganza oficial por haberse opuesto al negocio foxista-montielista de un nuevo aeropuerto.

Si en Cuba tienen la “peligrosidad social”, aquí inventamos el “secuestro equiparado” para criminalizar la protesta y encarcelar a todos los que se oponen a las injusticias. Pero, quién sabe por qué solemos mirar muy poco hacia adentro. Qué lástima.

Plaza Pública. Subsecretarios de Gobernación




En medio de un insólito aplauso general le fue otorgada licencia al diputado Roberto Gil Zuarth, que deja San Lázaro para trasladarse a Bucareli, donde será subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación. Reemplaza a Gerónimo Gutiérrez cuya borrosa presencia allí duró apenas un año.

Nacido en Villa Flores, Chiapas, el 10 de octubre de 1977, Gil Zuarth es abogado y doctor en derecho público. Comenzó su carrera como secretario técnico de la mesa directiva de la Cámara de donde ahora se marcha, cuando la encabezó, por primera vez en un periodo anual, Francisco José Paoli. Dos legislaturas después, en la LIX, sería asimismo secretario técnico de la Junta de coordinación política. Allegado a Germán Martínez, fue su coordinador de asesores en la Secretaría de la Función Pública y luego, cuando el michoacano fue enviado a encabezar el PAN, Gil Zuarth fue director jurídico del partido y su representante en el IFE (de cuyo consejo general había sido asesor). Fue colocado en el primer lugar de la lista de la tercera circunscripción para la elección federal del año pasado y a partir de septiembre se convirtió en uno de los diputados más activos y brillantes. Además de ser secretario de la Comisión de Hacienda, fue vicecoordinador de su bancada y usuario frecuente de la tribuna, donde era un adversario duro pero al mismo tiempo claro, lo que facilitaba los entendimientos que propició. Eso explica la universal complacencia provocada no por su retiro sino por la causa de su marcha, que es la nueva responsabilidad que se le ha asignado.

De varias maneras puede explicarse su colocación en Bucareli. El secretario Fernando Gómez Mont ha quedado en situación precaria después de firmar como testigo de honor un pacto que, junto con el texto expreso, contenía implicaciones y compromisos que Gómez Mont no pudo honrar. Se ha vuelto un interlocutor no muy confiable porque su modo de proceder lo lleva a suscribir obligaciones que otros han de practicar. Quedó además dañada su relación con el partido a que pertenece su familia y del que él no era miembro a la hora de renunciar a él. Esas circunstancias hacían necesario un refuerzo, y Gil Zuart es la figura apropiada para el efecto, por su capacidad de diálogo y su panismo acendrado, algo que su partido espera esté presente en esa secretaría.

Tendrá que abordar una agenda estancada. Además de contribuir con el secretario a la promoción de la reforma política, hará bien en retomar asuntos que Gutiérrez dejó pendientes. Por ejemplo, la mesa de conversación con los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde se había formulado ya un temario que no se desarrolló, lo que ha acrecentado la tensión entre ese gremio y el gobierno federal, suscitado desde luego por la extinción de Luz y Fuerza pero agravado por las secuelas y los modos de encarar el problema político suscitado por aquella medida. Es de suponerse que también podría reactivar el trato con la Comisión de mediación con el EPR, cuya decisión de reintegrarse fue saludada por la secretaría de Gobernación el seis de enero sin que le siguiera ningún intento de reanudar la comunicación.

Lo ocurrido con esas conversaciones suspendidas es ejemplo de la abulia que caracterizó al subsecretario que se va. Después de dirigir la fundación Miguel Estrada Iturbide, que asesora a los grupos parlamentarios del PAN, Gerónimo Gutiérrez ingresó al gobierno de Fox a través de la secretaría de Economía. Cuando su titular Luis Ernesto Derbez se convirtió en canciller, hizo subsecretario para América del norte primero, y después para América Latina y el Caribe a Gutiérrez, que carecía de una formación especial en materia diplomática. También le faltaba entrenamiento para las funciones políticas de la subsecretaría a que Gómez Mont lo convocó en marzo pasado. El trato con Carlos Montemayor, vocero de la comisión mediadora, injustamente fallecido hace tres semanas es ilustrativo de su actitud general en el cargo que ahora abandona: lo ejerció con una mezcla de desidia y arrogancia.

El cargo de subsecretario de Gobierno, o como se llamara antes el que suple al secretario en sus ausencias, es de gran importancia. Muchos de sus titulares han pasado por allí para destinos aun más relevantes. No nos remontemos al caso de Luis Echeverría que fue subsecretario dos sexenios antes de ejercer el poder ejecutivo. Dos de las figuras sobresalientes en el mando priísta de hoy, Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones, ocuparon esa posición en los extremos del sexenio de Carlos Salinas. De allí partió el sonorense para ser gobernador de su estado. Después de la alternancia, la jerarquía del cargo quedó de manifiesto cuando el presidente Fox hizo subsecretario a Ramón Martín Huerta, que lo había sustituido en el gobierno de Guanajuato, y a quien nombró después secretario de Seguridad Pública, puesto que ocupaba a la hora de su deplorable fallecimiento. El secretario Santiago Creel llamó para sustituirlo al gobernador de Aguascalientes, Felipe González, que se mantuvo allí bajo Carlos Abascal y es hoy senador de la república. Francisco Ramírez Acuña, primer secretario en esta administración, designó a su paisano Abraham González Uyeda, quien permaneció en ese sitio con Juan Camilo Mouriño y sólo fue reemplazado por Gutiérrez cuando resolvió volver a Jalisco a hacer carrera local hacia la gubernatura, pasando por la legislatura estatal, a cuyo frente se halla ahora.

Gil Zuart, pues, tiene presente y futuro.— México, D.F.

karina_md2003@yahoo.com.mx ————— *) Periodista