miércoles, enero 18, 2012
Stop SOPA and PIPA
http://youtu.be/9TpZJA9EIPY
Explicacion de la ley SOPA
http://youtu.be/5fvwoHKj6cs
http://youtu.be/Z2NQgsZjZ_g
La batalla por la impunidad
WASHINGTON (Proceso).- Barack Obama se inscribe en la estrategia legal concebida para anular la demanda interpuesta en contra de Ernesto Zedillo por 10 presuntos sobrevivientes de la matanza de Acteal, toda vez que el mandatario estadunidense tendría el poder para decidir si se le otorga o no inmunidad al expresidente mexicano.
“La clave del caso es saber si el gobierno de Estados Unidos va a intervenir a favor o en contra de la solicitud o si simplemente no va a hacer nada”, dice a Proceso Roger Kobert, uno de los abogados que en nombre de los 10 sobrevivientes presentaron la demanda contra Zedillo ante la Corte Federal de New Haven, Connecticut, el pasado 16 de septiembre.
El gobierno de Estados Unidos rechazó hacer comentarios sobre la petición de inmunidad que hiciera el expresidente a la Corte Federal; su argumento fue que se trata del caso de un ciudadano privado. Lo único que el Departamento de Estado admite es haber recibido una “nota diplomática” del gobierno de México sobre el asunto, pero no reveló el contenido.
El viernes 6 de enero los abogados Jonathan M. Freiman y Tahlin Townsend, representantes legales de Zedillo en Estados Unidos, promovieron ante la Corte Federal de New Haven una moción: le solicitaron al juez federal Alvin W. Thompson anular el juicio y los cargos que le imputan a su cliente. Justificaron la solicitud con el argumento de que Zedillo goza de inmunidad (diplomática internacional), como les corresponde a los exjefes de Estado y de gobierno.
“Los abogados del señor Zedillo quieren que la Corte pida al Departamento de Estado que le aclare si el expresidente goza o no de inmunidad frente a la demanda”, anota Kobert, de la firma Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, que representa a los 10 sobrevivientes de Acteal.
Funcionarios del gobierno de Obama consultados por este semanario dicen que el curso legal que se le da a la moción presentada por Zedillo ante la Corte Federal de Connecticut se desarrolla en tres etapas:
Primero la Corte Federal de Connecticut se pone en contacto con el Departamento de Estado para solicitar su “punto de vista” sobre la afirmación de los abogados de que Zedillo tiene derecho a la inmunidad como expresidente de un país extranjero. Después, según el sistema judicial estadunidense, el Poder Ejecutivo “podría dar su opinión a la Corte” sobre la solicitud de inmunidad. Por último la Corte Federal tiene la libertad de tomar en cuenta o desechar la opinión del Ejecutivo para emitir su fallo.
Kobert aclara que antes de que la Corte Federal consulte al Departamento de Estado tiene que notificarles oficialmente a ellos el pedido de Zedillo y esperar la opinión legal de la parte acusadora.
“La Corte Federal es la que tiene la última palabra”, enfatiza Kobert, quien hasta el cierre de esta edición aseguró que su equipo no había recibido ninguna notificación del juez Thompson, aunque previó que la comunicación se lleve a cabo la próxima semana. Proceso intentó en cinco ocasiones comunicarse telefónicamente con los abogados de Zedillo, pero no respondieron.
El precedente Filártiga
Funcionarios estadunidenses y abogados internacionalistas consultados por el corresponsal admitieron que desconocen el proceso jurídico de un caso en Estados Unidos de solicitud de inmunidad para un exjefe de Estado o de gobierno o exfuncionarios de países extranjeros.
El único precedente legal de esta naturaleza es el de la familia Filártiga contra Américo Norberto Peña Irala, exinspector general de la Policía de Asunción, Paraguay, juicio que tuvo lugar en 1980. La decisión final fue adversa al argumento de inmunidad.
Este caso se sustentó en un hecho ocurrido en la capital paraguaya el 29 de marzo de 1976 cuando Joel Filártiga, de 17 años, fue secuestrado, torturado y asesinado por Peña Irala. La demanda señala que ese mismo día oficiales de la policía llevaron a Dolly Filártiga (hermana de Joel) a reconocer el cuerpo del muchacho, que mostraba huellas de severas torturas.
La familia Filártiga sostuvo que Joel fue secuestrado, torturado y asesinado en represalia por las actividades políticas de su padre, el doctor Joel Filártiga. La familia acusó legalmente a Peña Irala en Paraguay, donde nunca fue juzgado. Al contrario, el abogado de la familia Filártiga fue detenido, encarcelado y amenazado de muerte por la policía y posteriormente se le anuló la licencia para litigar en Paraguay.
En 1978 Dolly Filártiga emigró a Estados Unidos y solicitó asilo político; ese año Peña Irala también viajó a la Unión Americana y se quedó a vivir ahí, pese al vencimiento de su visa de turista. Al enterarse de la presencia en Estados Unidos de Peña Irala –luego de haber sido detenido éste por las autoridades migratorias– Dolly lo demandó ante una Corte Federal.
A Peña Irala lo acusaron de haber torturado y asesinado al joven Filártiga en flagrante violación de las leyes internacionales en materia de derechos humanos y de los acuerdos suscritos por el gobierno estadunidense. La representación legal de la familia Filártiga estuvo a cargo del Centro para los Derechos Constitucionales. Los demandantes pidieron a Peña Irala una compensación de 10 millones de dólares.
Pese a que la Corte Federal que asumió el caso desechó los cargos y anuló el juicio (por el pedido de inmunidad que hizo el gobierno de Paraguay), la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito del estado de Nueva York dio un fallo favorable para la familia Filártiga. La Corte de Nueva York determinó que la denuncia y castigo contra la tortura están garantizados por la aplicación de las leyes internacionales.
Este caso se interpretó como la extensión de la aplicación de las leyes internacionales por las cortes de Estados Unidos en los casos de delitos cometidos en el extranjero o en el territorio nacional.
Un despacho muy caro
Los 10 sobrevivientes de la matanza de Acteal piden que se procese judicialmente a Zedillo en Estados Unidos bajo el mismo criterio de extensión de la aplicación de las leyes internacionales que reconoce el gobierno de Obama y a las cuales está suscrito. La matanza fue perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó, Chiapas, e implicó la muerte de 45 hombres, mujeres y niños tzotziles.
Los demandantes exigen al expresidente una compensación de 50 millones de dólares. La demanda se presentó en la Corte Federal de New Haven por ser ése el distrito que tiene jurisdicción sobre el lugar de residencia de Zedillo, quien dirige el Centro de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale.
En México algunos medios, analistas políticos y columnistas han hecho numerosas conjeturas en torno a las razones de la demanda. Algunos ven con suspicacia el hecho de que los 10 sobrevivientes de la matanza hayan iniciado la querella judicial –según los comentaristas– usando los servicios de uno de los despachos legales más caros de Estados Unidos.
“Ojalá fuera así; sería rico”, comenta Kobert al respecto, y sostiene que él y sus colegas tomaron el caso porque consideran que en éste se halla de fondo una gran injusticia donde las víctimas son muy pobres. “Estas personas que representamos no tienen dinero ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para pagarles a unos abogados que cobran cientos de dólares por hora”, enfatiza.
–¿Entonces quién les paga? –se le pregunta.
–Lo que tenemos es un acuerdo bajo el cual si ganamos nos llevaremos una porción de los 50 millones de dólares que se buscan en compensación por los daños. Si perdemos no nos llevamos ni un centavo.
En casos de violación a los derechos humanos de personas humildes –dentro y fuera de Estados Unidos– es común que despachos legales u organizaciones no gubernamentales acepten trabajar con la esperanza de recibir un porcentaje del pago exigido como compensación por los daños sufridos por sus clientes.
El abogado aclara que la demanda contra Zedillo es su primer caso contra el exjefe de Estado de un país extranjero. Kobert aclara en la entrevista telefónica que él y sus colegas tienen la capacidad profesional y legal para salir adelante con la demanda: “Ya habíamos anticipado que en el proceso saldría a relucir el asunto de la inmunidad”.
El despacho con sede en Miami tiene un amplio historial de aplicación de leyes internacionales… pero en materia comercial. Kobert se asume como experto en temas de inmunidad, territorialidad y soberanía ante las cortes federales de su país. “Revisamos el caso, lo analizamos y decidimos tomarlo cuando llegamos a la conclusión de que es un asunto interesante y que se puede ganar”, añade.
–¿Fueron los 10 campesinos de Acteal quienes los buscaron para que los representaran? –se le pregunta.
–Fuimos contactados por un grupo de abogados mexicanos interesados en ayudar a las víctimas de esta masacre.
–¿Quiénes son esos abogados?
–No podemos dar a conocer su identidad. No los podemos poner en riesgo. Ellos nos solicitaron que los mantuviéramos en el anonimato.
–¿Dónde tienen su despacho estos abogados mexicanos, en la Ciudad de México, en Chiapas?
–Digamos que en algún lugar de los Estados Unidos Mexicanos.
Kobert sostiene que fue en la primavera o el verano de 2010 cuando fueron contactados por los abogados mexicanos y explica que tuvieron poco más de un año para investigar en detalle toda la situación antes de demandar a Zedillo: “Hicimos mucha investigación, reconstrucción de los hechos, entrevistas con testigos y víctimas, análisis de los procedimientos legales y jurídicos y traducción de documentos. Nuestra firma envió representantes muchas veces a la región (de Acteal)”.
Respecto de las razones por las que se mantiene en el anonimato la identidad de los demandantes, Kobert aclara que el propósito es no poner en riesgo la integridad de sus clientes y de los familiares de éstos.
“En el primer borrador de la demanda habíamos puesto los nombres y apellidos de todos. Al final determinamos que no era pertinente, porque los pondríamos en riesgo. Pero los documentos están firmados por los denunciantes –identificados como Jane Doe 1, 2, 3, etcétera–, quienes también pusieron sus huellas digitales”, aclara.
La Corte Federal en New Haven aceptó la demanda con el nombre de Jane Doe para cada uno de los quejosos, pero Kobert adelanta que en algún momento del juicio –que él afirma que sí habrá– la defensa pedirá confirmar la identidad de quienes acusan a Zedillo. “Pero también ya estamos preparados para enfrentar esa situación”, remata.
El abogado incluso abrió una página en internet donde se exhiben muchos de los documentos del proceso: http://acteal97.com.
Una vez que el juez Thompson solicite la opinión del Departamento de Estado sobre la solicitud de Zedillo, y luego de que el gobierno de Obama se la entregue, la Corte Federal de New Haven se lo notificará a los abogados de los demandantes, quienes tendrán 30 días para responder al fallo. En otras palabras: para presentar una apelación, de ser el caso, ante la Corte correspondiente.
Desconfianza en Chiapas
En Chiapas la demanda de los 10 sobrevivientes contra Ernesto Zedillo y la posterior solicitud de inmunidad presentada por el gobierno mexicano sólo han generado dudas y desconfianza.
La asociación civil Las Abejas de Acteal –formada por sobrevivientes reconocidos de la matanza, así como por amigos y familiares– y sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se deslindaron de la demanda; afirman que ninguno de ellos contrató despacho legal alguno ni ha viajado a Estados Unidos para testificar en el caso.
Consideran que es una cortina de humo para obstaculizar la vía que ellos eligieron para desahogar la responsabilidad del Estado mexicano y algunos responsables del gobierno encabezados por el entonces presidente Zedillo, a quien acusan de ordenar la estrategia de contrainsurgencia que culminó con la matanza del 22 de diciembre de 1997.
En 2010, 13 años después de la matanza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja interpuesta por el Frayba y Las Abejas de Acteal, a quienes les notificó haber abierto el expediente número 146/10. La admisibilidad fue dictaminada en el 140 periodo ordinario de sesiones de la CIDH en Washington los primeros días de noviembre de ese año.
En aquella ocasión la CIDH dijo a los denunciantes que había encontrado elementos para admitir que el Estado mexicano violentó derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, por lo que era hora de comenzar a pedirles cuentas.
A raíz de ello, dice el titular del Frayba, Víctor Hugo López, la CIDH empezó a solicitar información del caso al gobierno mexicano y en ese proceso conocieron, el 20 de septiembre de 2011, la demanda interpuesta cuatro días antes contra Zedillo en Estados Unidos.
Sin embargo Las Abejas y el Frayba consideran que la solicitud de inmunidad del gobierno mexicano es parte de una estrategia que camina hacia la impunidad. Dice Víctor Hugo López que el hecho de que el gobierno mexicano haya solicitado inmunidad lo único que hace es confirmar la responsabilidad de los servidores públicos.
“A nosotros nos sorprende que en lugar de que el gobierno mexicano dé información para deslindar responsabilidades, intente por la vía del fast track solicitar inmunidad para el expresidente Zedillo.
“Nos sorprende que pudiendo contar con un buen cuerpo de abogados que lo defienda y argumente su inocencia en los tribunales se vaya por esa vía. Se van un poco con la finta de lo que ya ocurrió con un expresidente de Colombia (Álvaro Uribe), a quien sí le dieron inmunidad durante el gobierno de George Bush”, agrega.
Afirma que el sexenio de Zedillo estuvo marcado por la estrategia contrainsurgente y que hay al menos tres hechos que lo confirman. Primero la embestida militar de febrero de 1995 contra el EZLN, cuando había un cese del fuego para abrir el diálogo y la negociación; al fallar esa estrategia ofensiva, como una segunda etapa se sentó a dialogar y negociar. Se firmaron los primeros acuerdos de San Andrés, los que terminó por desconocer. Tras los acuerdos el gobierno añadió un tercer elemento: la paramilitarización, la creación de grupos de choque que finalmente concluyó con la matanza de Acteal.
“Con esos tres elementos vemos claramente la estrategia ‘dura’, de la que es responsable Zedillo como comandante de las Fuerzas Armadas que era entonces”, señala.
Si se exime de responsabilidad a Zedillo, dice, querrán también encubrir a los otros responsables que dependieron de él, entre ellos el exsecretario de Gobernación Emilio Chuayffet, el de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, y el exgobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro.
Añade que el gobierno de Calderón está haciendo la prueba con este intento de solicitar inmunidad “para cubrirse la espalda viéndose él como expresidente, luego de que ha sido señalado por los miles de muertos en México y la demanda que enfrenta en la Corte Penal Internacional”. (Con información de Isaín Mandujano.)
En la Tarahumara, Peña Nieto y la operación cinismo
CHIHUAHUA, CHIH. (Proceso).- El rarámuri Alberto Ramos se lamenta porque durante el ciclo pasado no se logró la cosecha y el gobierno estatal no ha enviado despensas a Carichí, su municipio. No obstante, el sábado 7 el mismo
gobierno sí se acordó de sus habitantes y les mandó unos autobuses para llevarlos de paseo. Él tomó un asiento, al igual que una treintena más de vecinos de su comunidad. Creyó que los traerían a esta ciudad para recoger comida, pero cuando se bajó del camión encontró que ríos de personas bajaban de otros autobuses y eran concentrados en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.
“Nosotros nomás nos venimos, la coordinadora estatal nos trajo, no sabemos ni a qué. Despensa no dieron”, dijo el indígena de Chinéachi el domingo 8, al salir de entre el gentío, cuando estaba esperando a que el chofer del autobús de Transportes Ballezanos arrancara para llevarlo de regreso a su poblado. Sin despensa ni nada, pese a que en su comunidad –dice– dos personas han muerto por desnutrición, no sabe si provocada por la sequía.
Al pie de otro de los más de 130 autobuses estacionados alrededor del gimnasio más grande de Chihuahua, el ciríame (gobernador rarámuri) de Cieneguita de la Sinforosa, municipio de Guachochi, Francisco Mariano González, tampoco entiende a honras de qué les extendieron la invitación para viajar a Chihuahua –más de seis horas de camino– y se pregunta: “¿Pos por qué nos traerían? No han explicado nada. Nos traerían a oír esas pláticas que nos echaron ahorita”.
Las “pláticas” a las que se refiere Francisco son los discursos cargados de loas que se lanzaron el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell; el presidente estatal de ese partido, Leonel De la Rosa; el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Esto ocurrió en el acto de toma de protesta a los comités municipales y seccionales de su partido, que más parecía acto de arranque de campaña donde salieron a relucir las viejas mañas del acarreo.
Al gimnasio, en donde se realizan conciertos y partidos de basquetbol, llegaron al menos 12 camiones cargados de rarámuris traídos de la sierra que, como Francisco o Alberto, no sabían de qué trataba ese acto partidista. En éste participaron funcionarios públicos, políticos en funciones y jubilados, diputados, senadores, exgobernadores y alcaldes uniformados de rojo, donde Duarte destacaba con su chaqueta verde que combinaba con la roja del precandidato.
“Viene la gente a ver qué dan. Agarramos camión. Lo mandó Arturo; el miércoles fue a avisar que juntara a la gente y vinimos”, explicó José Albino, otro ciríame de Carichí, vestido a la usanza tradicional con su paliacate como banda en la cabeza y su camisa de manta.
–¿Y les dieron algo?
–No…. nada.
Los oradores del acto se cuidaron de referirse al exgobernador mexiquense como el precandidato. La excusa para su visita fue la invitación como “testigo de honor” a la toma de protesta de la estructura que operará su campaña.
En los discursos, siempre rematados con abrazos entre los halagados, se escucharon varias menciones del respeto del partido y del mismo Peña Nieto a la legalidad, a las reglas del juego, al dictamen del IFE que les impidió hacer actos de campaña prematuros hasta ser nombrado oficialmente “el candidato”.
En el gimnasio se mostraba el músculo del partido ordenado por sectores corporativos: la CTM, el Frente Juvenil, las estructuras seccionales, la CNC, la CNOP y los indígenas serranos. Estos últimos, como pudo constatar Proceso, acarreados por la Coordinación Estatal de la Tarahumara (conocida como la coordinadora), el órgano de gobierno encargado de repartir despensas para paliar la hambruna que comienza a presentarse por las heladas y la sequía que acabaron con toda la cosecha (Proceso 1836).
Otra vez operó el aparato de Estado, ahora al servicio del precandidato. A la vista quedó el descarado uso del hambre con fines electorales.
“Siempre aquí andamos, siempre; a veces dan cobija, a veces dan dinero, ahora no han dicho”, dijo al final del acto el rarámuri Valentín Jiménez García, traído desde Chinatú, en el lejano municipio de Guadalupe y Calvo (donde Chihuahua colinda con Sinaloa y Durango).
La plana mayor priista ya estaba en La Casona agasajando al candidato. Al llegar a la céntrica casa colonial resguardada por hombres armados, Peña Nieto intentó saludar a los ciudadanos que paseaban en el bazar dominical de antigüedades ubicado en la acera de enfrente, hasta que una brava mujer le gritó: “No lo queremos aquí, mejor póngase a leer libros”. El abanderado sólo atinó a responder: “No me diga eso, señora”.
Al servicio del candidato
El miércoles 4, en sus oficinas en Creel, Jesús Escárcega –encargado de operaciones de la Coordinación Estatal de la Tarahumara (CET) en los municipios de Creel, Bocoyna, Maguarichi, y en parte de Urique y Guachochi– comentó a Proceso acerca de las despensas que por la crisis alimentaria eran repartidas en la sierra; también se refirió a las becas para los niños de los albergues escolares. A media entrevista realizó una llamada a su colega de Carichí, Manuel Raúl González, para saber si el gobernador Duarte repartiría despensas en ese municipio al día siguiente.
Charlaron un rato y el funcionario le preguntó a su colega: “¿Tú cuántos camiones llevas?… Yo dos… ¿Cómo le vas a hacer con el dinero?… Hay posibilidades de que se vayan el sábado ¿verdad?, porque ya sabes cómo se llena, cómo se pone, no hay lugar, cada quien por su lado… Bueno, pues ahí estamos en contacto, Manuel”. Se referían a la operación acarreo para el mitin camuflado del siguiente domingo.
En cuanto Escárcega colgó le dijo a esta reportera, como consta en la grabación: “Dice que el gobernador estos días ya no sale porque tiene que organizar la visita del candidato Peña Nieto”.
–¿Y los camiones que van a llevar son para eso? –se le preguntó.
–Vamos a llevar una poquita de gente para que acudan, que vea la presencia del indígena y le suelten más (dinero) para la sierra porque ya ve la situación.
–Pero todavía ni es candidato… –se le recordó.
Con una risa nerviosa dijo: “Así es”. Trató entonces de disimular. Mencionó que el comité estatal del PRI pondría los camiones pero que seguramente no llegarían hasta la sierra, porque, quiso justificar, “ya ve que está muy lejos”.
Pese a su dicho, los camiones sí llegaron y los rarámuris que esperaban despensas fueron subidos a ellos y acarreados al acto con el precandidato. En algunos pueblos, como en Chinatú, mucha gente quiso subir pero no tuvo asiento; pensaban que el viaje sería para recoger despensas, según relató la gente llegada de Chinéachi.
Afuera del gimnasio diversos funcionarios de la Coordinadora Estatal estuvieron el domingo supervisando el acarreo.
Proceso constató que uno de los 12 autobuses Ballezanos llenos de indígenas era liderado por el funcionario Arturo Mendoza, empleado de la CET con base en el municipio de Cuauhtémoc. Cuando la reportera le preguntó qué hacía, explicó que a él le tocó conseguir 52 personas para llevar al acto, pero no supo o no quiso decir quién pagó el transporte.
“Yo no supe ni qué rollo ni nada, yo sólo los invité. A mí me dijeron que debía invitar a unos indígenas, no sé quién me habló, imagino que sería alguien del partido. Quería que los viera (Peña Nieto) porque son indígenas que no han perdido sus tradiciones, su vestimenta indígena”, explicó.
El ciríame José Albino dijo que la invitación corrió por parte de la coordinadora. Su colega Francisco Mariano de Sinforosa dijo que un empleado de la coordinadora llegó hasta su casa a pedirle que juntara a su gente.
La única indígena entrevistada que sí entendió que viajarían para ver al candidato, bajo el patrocinio del PRI estatal, fue Luz Elena Villalobos, gobernadora de la comunidad La Cañada, municipio de Bocoyna, quien dijo: “Nos invitó un señor de Bocoyna, del partido, y pues nosotros aprovechamos que nos invitan a conocer al candidato. Pero hasta que sea algo vamos a decirle que nos apoye con herramienta porque mucha gente no tiene, ahorita nada más es candidato”.
La mujer dijo que por el hambre tienen prometido recibir despensas a fin de mes. Pero la crisis es tal que ya convocó a su comunidad a tocar violín y tambores, bailar y cantar, a la usanza de sus ancestros, para que Onorúame (Dios-Padre) se contente.
“Onorúame se enoja porque ya no cantamos en nuestra comunidad, por las faltas de respeto, tal vez por eso nos falta la lluvia, la nieve, las enfermedades del bosque, se acaba el alimento, porque no cumplimos con lo que él nos encargó de danzar, tocar, hacer la ceremonia que hacían los antepasados porque es el Dios-Padre que nos dio la tierra, la naturaleza. Él dice ‘ustedes se están alejando, yo también’. Por eso en la fiesta le platicamos a Onorúame nuestras necesidades”, explica desde el primer asiento del autobús la mujer de cabellos largos canosos.
El camión hacía fila entre decenas que, amontonados, esperaban su turno de salida del estacionamiento. El embudo se hizo porque cada uno tenía que estacionarse unos minutos para recibir comida dispuesta en platos desechables y sus respectivas latas de coca para que los pasajeros aguantaran el camino de regreso.
Al acto de presentación del precandidato también acudieron rarámuris encargados de entregar despensas por la sierra con el logotipo del gobierno del estado “Chihuahua Vive”.
Ante esta situación, el jesuita Javier Ávila, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), dice a este semanario: “Si eso gastan sin ser la campaña, cuando todavía es ilegal, ya imagino lo que van a gastar durante la campaña: puro dinero del pueblo. Y así quieren lavarse la conciencia trayéndole comida a los indígenas”.
En su pasada edición, Proceso publicó que este año azota una crisis alimentaria sin precedente en la Sierra Tarahumara, a causa de las condiciones climatológicas atípicas que mataron toda cosecha de maíz y frijol de temporal, las matas de mariguana, y acabaron con los pastizales para la alimentación del ganado. El gobierno del estado y las organizaciones sociales que atienden la emergencia calculan que 250 mil personas tendrán que ser alimentadas desde ahora y hasta octubre próximo porque se quedaron sin comida. En algunas comunidades ya se han registrado decesos por la desnutrición.
Recortes
La CET es una dependencia creada durante la administración de Fernando Baeza (en la década de los noventa) para coordinar las acciones de gobierno dedicadas a mejorar la vida de los serranos y atender a los pueblos indígenas. No obstante, desde el sexenio del gobernador Patricio Martínez, cuando terminó envuelta en escándalos de corrupción, comenzó su desmantelamiento hasta quedar en lo que es hoy: la repartidora oficial de despensas y cobijas, según la calificó el exdiputado perredista Víctor Quintana.
“La coordinadora este sexenio sobre todo está muy por debajo de las exigencias y muy politizada. Reparte despensas y ahora construye viviendas de dos cuartitos. No integra la política social, y de repartidora de despensas ahora será promotora del voto”, opinó.
Según el analista político Alejandro Salmón, de 2011 a 2012 se le redujo el presupuesto en 24%. Una fundación donataria que otorga apoyos a las organizaciones serranas informó a Proceso que recortó las becas de alimentación que recibían los albergues infantiles a pesar de que, en esa región, son indispensables ya que muchos indígenas comen únicamente en la escuela; cuando salen de vacaciones se desnutren.
El vocal ejecutivo de la CET es Jesús Velázquez, un polémico amigo del gobernador, conocido nacionalmente como “el alcalde actor”, a raíz de su participación en películas sobre narcotraficantes, como La Ram blanca, La manzana de la discordia y Plomo en la sierra, financiadas con el erario cuando él era alcalde del municipio de Guadalupe y Calvo –municipio famoso por el turismo, la madera, la agricultura y las narcosiembras.
En Plomo en la sierra protagonizó a un campesino que pierde a su familia por culpa del Ejército; progresa hasta convertirse en cultivador y transportador de droga, hasta que llega a vengarse (con armas largas) de sus opresores.
Durante su administración fue sancionado por tener familiares en la nómina. Posteriormente se hizo diputado local y destacó por ser el priista que menos veces subió a la tribuna. Aun así, este empresario maderero del sur del estado fue elegido para formar parte del gabinete duartista.
Una de sus primeras y más polémicas acciones fue trasladar la sede de la coordinadora a Guachochi, al sur del estado, que a pesar de estar en la Sierra Tarahumara no es de fácil acceso para todos los serranos, como lo eran las oficinas en Chihuahua. Con el cambio se redujo el número de empleados y se acortó más el presupuesto.
“La coordinación perdió sus orígenes que eran prestar servicio a las comunidades y coordinar a todos los que trabajan en la sierra. Este sexenio, como el anterior, el papel que juega la coordinación es de apoyo político y manejo de votos en la sierra. De la noche a la mañana corrieron a gente cercana a los indígenas y empezaron a poner a gente cercana a los procesos políticos y partidistas”, señaló el jesuita Ávila, con 37 años de trabajo en la sierra y cofundador de la coordinadora.
La explicación que el gobierno dio para justificar el cambio de sede es que se trata de acercarse a la gente. Para Salmón es obvio que desde ahí se operará electoralmente para recuperar el voto serrano hacia el PRI, debido a que por primera vez los municipios serranos fueron ganados por el PAN.
“El PAN ganó 24 municipios (de 67), la mayoría en zona rural, lo que es inédito. Hubo mucha operación del gobierno federal a través de Diconsa, Sagarpa y Oportunidades para arrebatarle al PRI el voto verde. El traslado de la coordinadora a Guachochi, aunque el gobernador dice que es para estar cerca de los indígenas, es para pasar a la sierra esta oficina que ya no tiene razón de ser porque se quedó sin funciones y se convirtió en el centro político-electoral. Estando allá (a dos horas en vuelo desde la capital) los periodistas difícilmente podremos vigilarla”, dijo Salmón.
El exvocal ejecutivo de la CET y actual gerente regional de Diconsa Norte-Centro, Pedro Pérez Mata, lamentó que en los últimos años esa dependencia perdió presencia en las comunidades y abandonó algunos programas.
Sobre el posible uso electoral de este organismo opinó que el voto indígena es relativamente pequeño en el estado, por lo que la coordinadora no puede ser factor decisivo para ganar unas elecciones; sin embargo, considera que puede intentar manipular a los líderes indígenas porque ha habido críticas de que “los trae de arriba pa’ bajo” en sus actos. Si quisiera su voto, apunta, podría obtenerlo condicionándoles el apoyo.
Aunque se intentó entrevistar a Velázquez sobre los señalamientos y las evidencias del acarreo de la coordinación al acto del precandidato, hasta el cierre de la edición no se había reportado a las llamadas de la reportera.
¡Ni maíz, ni frijol, sólo la Estela de Luz!
Fue tal la presión que los usuarios ejercieron en las redes sociales que la gente se organizó, creó un centro de acopio en el Zócalo y otro en el Claustro de Sor Juana, cuando cayó el aguacero y los víveres empezaron a mojarse.
Un grupo de tuiteros logró que el día domingo 15 de enero adquiriera un sentido memorable, al hacernos volver la vista a la sierra de Chihuahua y reunir despensas. La fundación Telmex ofreció un tráiler para transportar las donaciones a la sierra e instalar allá una planta de agua.
Las redes sociales sirven para que la sociedad se levante y dé auxilio de una manera inmediata. Sería muy bueno darnos cuenta que podemos confiar en nuestra capacidad y mover montañas.
Marina Taibo es una orgullosa tuitera, una joven fotógrafa a quien la policía suele agredir mientras trabaja: No puedes tomar esa fotografía, aquí no se vale sacar fotos. ¡Lárgate con tu cámara, si no te la quitamos!
Marina Taibo y cinco tuiteros más lograron hacer lo que no hizo el gobierno de Chihuahua ni mucho menos el de la ciudad de México. Mientras se inauguraba en nuestra ciudad, frente al bostezo de los leones de piedra de Chapultepec, una estela de luz que costó mil millones de pesos, seis indígenas morían en la sierra Tarahumara por las consecuencias de una de las peores sequías de la historia.
Con esta acción de cinco mujeres sentadas cada una frente a su computadora, queda demostrado que los mexicanos somos aptos para salvarnos a nosotros mismos sin el gobierno como quedó comprobado en el terremoto de 1985, cuando muchos habitantes de nuestra ciudad tuvieron las agallas de las que carecen nuestros gobernantes.
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