domingo, febrero 03, 2008

Hamás y Egipto dan primeros pasos hacia la separación de Gaza e Israel
Cientos de personas aglomeradas en el borde fueron obligadas a retornar a sus hogares, al no permitírseles atravesar. (Foto: Efe)

Este sábado, el primer ministro palestino, Ismail Haniye, había dicho a la prensa en su país que el objetivo en los próximos meses es caminar ''hacia una desconexión económica de la ocupación israelí”.

El gobierno legítimo palestino del movimiento islámico Hamás y el Ejecutivo de Hosni Mubarak llevaron a cabo este domingo el cierre ordenado de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, tras un acuerdo bilateral para poner fin al ingreso masivo de palestinos que buscaban abastecerse de provisiones, a causa del bloqueo israelí, que ya cumplió tres semanas.

Este sábado, el primer ministro palestino, Ismail Haniye, había dicho a la prensa en su país que el objetivo de esta medida es caminar hacia la separación económica de Israel. "Hemos dicho desde nuestra campaña electoral de 2006 que queremos ir hacia una desconexión económica de la ocupación israelí".

Efectivos del Ejército egipcios, en conjunto con miembros de Hamás, cerraron en horas de la mañana el paso fronterizo de Rafah, una línea de 11 kilómetros que separa a la Franja de Gaza con el nordeste de Egipto, muy cerca de las costas del Mediterráneo.

Durante toda la noche policía y militares egipcios colocaron alambres de púas y barricadas en el área donde el pasado 23 de enero los palestinos destruyeron con explosivos la valla fronteriza, ante la crisis humanitaria causada por el bloqueo.

Cientos de miles de palestinos cruzaron diariamente a Egipto en busca de agua, alimentos y combustible, tras la decisión de Israel, el 18 de enero, de cerrar completamente el acceso de los habitantes de Gaza al otro territorio palestino, Cisjordania.

También este domingo, la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) expresó en Yeddah (Arabia Saudita) su "profunda decepción frente al fracaso" del Consejo de Seguridad de la ONU para pronunciarse sobre "la tragedia humanitaria de Gaza".

Cierre será temporal


Este sábado, el canciller del gobierno de Hamas, Mahmoud al Zahar, quien mantuvo negociaciones en El Cairo con responsables egipcios durante varios días, declaró a la cadena Al Yazira que el movimiento "restaurará el control sobre su frontera, en cooperación con Egipto y de manera gradual".

"Hemos acordado con Egipto formar canales conjuntos de contacto que nos conduzcan a unas fronteras bien organizadas entre palestinos y egipcios", puntualizó.

Dijo que Egipto se comprometió a suministrar al pueblo palestino "todo lo que necesite" y a enviar "camiones con víveres y medicamentos a Gaza", mientras buscan una vía para reabrir la frontera de forma controlada.

De acuerdo con informaciones de prensa, la llegada en masa de palestinos a Egipto causó desabastecimiento y caos en las localidades fronterizas, así como el colapso de las vías terrestres.

La conversaciones de Hamás en Egipto se llevaron a cabo de forma paralela a otras entre dirigentes egipcios y del movimiento Al Fatah, que gobierna en Cisjordania, las cuales que incluyeron al propio presidente de la ANP, Mahmud Abás.


Desconexión gradual de Israel

Las declaraciones de los funcionarios palestinos y de los israelíes respecto al cierre de la frontera indican que, con esta medida Hamás dio inicio a un plan para separar a Gaza de Israel de forma definitiva, como forma de garantizar la subsistencia de la población.

Gaza, territorio paupérrimo en el que se hacinan 1,5 millones de personas, está separado de Cisjordania por 46 kilómetros de tierras ocupadas por Israel. El Estado hebreo y sus fuerzas militares controlan tanto las provisiones que allí ingresan (la mayoría desde Cisjordania), como el agua y la electricidad que utilizan, pues las plantas generadoras se encuentran en territorio israelí.

Tras el bloqueo del 18 de enero, Israel intensificó sus bombardeos y ataques a Gaza para matar activistas islámicos, lo cual, según diversas fuentes, ha dejado al menos 150 palestinos muertos desde entonces, la mayoría civiles.

A raíz de las declaraciones de Haniye sobre una separación unilateral, el diario Haaretz –el más leído de Jerusalén - publicó este domingo que "una importante fuente del gobierno israelí manifestó su satisfacción ante las declaraciones de Hamás de que aspiraba a la independizarse económicamente de Israel". "Si Egipto está de acuerdo, Israel ve la decisión con buenos ojos," afirmó la fuente citada por el diario.

En sus declaraciones del sábado, Haniye había acotado que "Egipto tiene una gran capacidad para cubrir las necesidades de Gaza", como comida, combustible y electricidad.

Respirar en libertad

En declaraciones a la prensa palestina, el vocero de Hamás Ahmed Yusef dijo que no aspiran a separar Gaza de Cisjordania, territorios que "forman una unidad geográfica", sino pasar a depender del mundo árabe-musulmán."Se trata de que Gaza deje de estar económicamente subordinada a Israel y se acabe la utilización de la economía para sobornar a los palestinos", dijo Yusef.

"Gaza sigue bajo ocupación israelí" y "todo lo que queremos es respirar libertad, tener oportunidades de trabajo, desarrollar la agricultura y promover el comercio", añadió.

Los palestinos han denunciado en reiteradas ocasiones los intentos de Israel por separar a Gaza de Cisjordania, a fin de impedir la unidad social y política de la población y la consolidación de un Estado Palestino soberano.

En noviembre pasado, Mustafá Barguti, secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, denunció que las hostilidades israelíes hacia Gaza son parte de su estrategia global para fragmentar los territorios ocupados.

Agregó que esto "subraya la determinación de Israel para continuar su plena escalada de ocupación militar, revelando la futilidad y el vacío de su pretendida ayuda en la formación de un Estado Palestino viable".

Israel informa sobre "ingreso de armas" a Gaza

Pese a los titulares de la prensa hebrea, la separación de la Franja de Gaza del Yugo israelí no parece ser una cosa fácil, pues todo indica que Israel verá con hostilidad las iniciativas de autonomía de los palestinos.

La agencia AFP publicó este domingo declaraciones del jefe del Shin Beth (servicio secreto israelí), Yuval Diskin, según el cual "en los últimos días, cantidades masivas de armas entraron en Gaza", a raíz del libre tránsito de los palestinos hacia Egipto.

"Por lo que sabemos, se trata de armas de alta calidad, que incluyen cohetes de largo alcance, misiles anti-tanque, misiles tierra-aire y otros materiales", dijo el jefe de los espías israelíes, durante la reunión semanal del gabinete.

Según Diskin, la apertura de la frontera por 11 días "permitió el regreso a Gaza de muchos militantes procedentes de Irán, Siria y Egipto".

En Teherán, el canciller iraní, Manuchehr Mottaki, dijo este domingo que los acontecimientos de Gaza son el "resultado de los acuerdos secretos" pactados por EEUU en la reciente conferencia de Anápolis.

"Las declaraciones del presidente norteamericano, George Bush, en Anápolis de crear un Estado 'judío' indican un acuerdo secreto para la expulsión de los musulmanes y de los cristianos de Palestina", dijo Mottaki, citado por Irna.
TeleSUR / mc - AV


Sariñana y Canal Once Afinidad con Calderón

Aunque dice carecer de un programa para la emisora que desde hace una semana dirige, el cineasta comercial Fernando Sariñana manifiesta completo acuerdo con las ideas del Ejecutivo –aun antes de su llegada ala Presidencia– en cuanto a su proyecto de país y al papel de la televisión pública. Y a la par que señala su admiración profunda por la inteligencia de Calderón, dice estar preocupado por que la programación del canal refleje la pluralidad.Fue una invitación expresa de Felipe Calderón, y aunque se siente en una época muy productiva como cineasta, Fernando Sariñana Márquez aceptó ser el titular de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN), “porque es un reto y una posibilidad de servicio”.También argumenta que como todos los que se dedican a los medios de comunicación, “o todos los que estudiamos comunicación, es como una de las aspiraciones que tienes, pero después la vida te lleva por otros lados: a mí me condujo más al cine, sin embargo, la maestría que yo tengo es en cine y televisión, y un buen rato de mi vida la dediqué a realizar televisión” (en el Instituto Mexicano de la Televisión y Televisión Educativa y Cultural de la Secretaría de Educación Pública).Por tanto, expresa que tenía una deuda pendiente con la pantalla chica.Nacido en la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1958, Sariñana Márquez, productor, director y guionista, es ubicado como un cineasta comercial. Creó Veneno Producciones. Ha realizado Hasta morir, Todo el poder, El segundo aire, Ciudades oscuras, Amar te duele y Niñas mal. Informa que sus largometrajes Enemigos íntimos, Los siete magníficos y Erótica se estrenarán en breve, y en producción dejó otros tres proyectos.Así que después de platicar con Calderón para ocupar la dirección de Canal Once, conversó con la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, quien ya había charlado con el presidente, y así se formalizó su nombramiento al frente de esta televisora, que inició sus transmisiones el 2 de marzo de 1959 con una clase de matemáticas.Acepta que mantiene una relación muy cercana con Felipe Calderón:“Hay una amistad desde antes de que ocupara la Presidencia y una afinidad en términos del proyecto del país y la importancia que debe tener la televisión pública. Hemos platicado mucho sobre los medios de comunicación.”
–Julio Di-Bella, el anterior director de Canal Once, se declaró “foxista de corazón” (Proceso 1456). ¿Usted se declara calderonista de corazón?
–Me declaro como un mexicano comprometido con el futuro del país, como una persona que cree que es el momento del diálogo, de la pluralidad. El país pasó por una confrontación muy fuerte y hay quien se empeña en seguir en esa confrontación, y no es el momento, sino de trabajar de la mano, y por eso estoy aquí.
–¿Pero es calderonista?
–Tengo una admiración profunda por la inteligencia del presidente, una admiración profunda por su vocación de servicio, una admiración profunda por su calidad humana. No tengo empacho alguno en decirlo, por eso uno no pierde la figura propia.“En lo que se refiere a Canal Once, tenemos coincidencia en la importancia que debe tener esta emisora como televisora pública, y en eso estamos en absoluto acuerdo, también con la secretaria Vázquez Mota y con José Enrique Villa Rivera, director general del IPN. Es un proyecto de equipo.”
–Al decir que admira a Felipe Calderón, ¿no le importan las críticas porque se habla de un fraude de las elecciones que lo colocaron en la Presidencia y se le ha cuestionado su gestión?
–No, por supuesto que no. Cada quién puede admirar a quien quiera. A mí no me cabe la menor duda en cuanto a mi relación con él y de las cosas que he mencionado. Si jalas para la izquierda, la derecha, en medio, arriba, abajo o para atrás, siempre va a haber crítica, y está bien. La crítica es constructiva, la crítica es una parte que nos pone alertas si estamos haciendo bien o mal las cosas. Bueno, hay crítica que es destructiva. Si uno tuviera temor a las críticas, no haría nada.“Llevo muchos años trabajando en el cine, donde constantemente he sido criticado o alabado. No se debe uno creer ni una ni la otra. El único lenguaje con el que puedes hablar es con tu trabajo, con los resultados y siendo fiel a las cosas que uno cree.”
Total afinidad
–Según Felipe Calderón, ¿cómo debe de ser el Canal Once?
–Creemos que es importante garantizar el espacio. Darle una fortaleza a la televisión pública y esto no hay quien pueda discutirlo. Estados Unidos y la mayoría de los países europeos tienen una televisión pública importante.Enseguida sugiere que la entrevista se enfoque más en torno a Canal Once, y precisa que es evidente que cuando el presidente o un secretario de Estado invita a trabajar a alguien, es porque hay una afinidad “o de intereses o de vocaciones o de lo que uno cree lo que debe de ser”.Se le recuerda que en 2004, al celebrarse los 45 años del Canal Once, asistió Vicente Fox con Marta Sahagún; que era la primera vez que un presidente de la República visitaba sus instalaciones. Entonces, se le pregunta si también invitará a Felipe Calderón a la emisora.“Es muy temprano para aventurarse a decir eso. Esas cosas no dependen de uno, tampoco son cosas que nos deben importar en este momento. Lo significativo es cómo le vamos a hacer para tener mayor presencia, producir más y garantizar este espacio.“Yo traería al Canal Once a la sociedad entera porque es de todos los mexicanos, por supuesto tenemos un compromiso de trabajo importantísimo con el IPN, pero también el IPN sabe la importancia que ha adquirido esta frecuencia, más allá del propio Politécnico, entonces, eso también es un compromiso de esta instancia educativa y la Secretaría de Educación Pública sabe la importancia del canal.”
Los planes
El pasado 21 de enero, Sariñana Márquez tomó posesión de su nuevo puesto. Es el catorceavo director que transita por el canal. A una semana de su reciente cargo, confiesa que no tiene un proyecto concreto para Canal Once porque labora apenas en ello.
–En los pocos días que está como responsable de esta televisora pública, ¿en qué situación la encuentra?
–Encuentro un canal sano, muy bien organizado, con un enorme prestigio construido a través de los años, con una programación muy buena, pero también encuentro un canal con espacios para mejorar, igual espacios para cambiar.Cree que el canal debe tener mayor producción propia. Recuerda que hay un departamento donde los televidentes califican al canal: Encuentro con el televidente. Por lo que asienta:“Debe haber un mayor contenido hacia dónde va nuestro país, un contenido que sea plural y absolutamente respetuoso de la libertad de expresión. Lo primero que vamos a intentar es producir más. No me refiero sólo a la producción interna del Canal Once, sino también a coproducciones.“Hay que seguir siendo muy respetuosos con lo que debe ser la función publica, pero también hay que saltar el reto de cómo le hacemos para seguir produciendo y producir más, y cómo le hacemos para responder también a lo que la audiencia nos pide.”
–El anterior director, Julio Di-Bella, trazó un plan a mediano y largo plazos, de 2000 a 2025. La segunda etapa se centra en el Plan de Transición Digital 2006-2011 con un costo de 153 millones de pesos. ¿Usted lo continuará?
–Seguiremos los planes a largo plazo, y esto es uno de los grandes retos de la función pública. No llegas a decir: “Se hace así porque se me acaba de ocurrir”. Obviamente las cosas se tienen que adecuar porque las circunstancias van cambiando. No es lo mismo hace seis años que ahora. Es muy importante la transformación digital, pero también es muy importante la transformación de contenidos.
–Hay una obligación para todas las televisoras de estar digitalizadas para el 2012.
–En el canal, cerca de 80% ya está digitalizado. Dependiendo de los recursos, creo que sí nos da tiempo.Sariñana Márquez ingresó a la carrera de economía en la Universidad Tecnológica de México, estudios que compaginó con empleos en Bancomer, Banpaís y casas de bolsa. Decidió abandonar las finanzas para cursar comunicación en la UAM-Xochimilco y realizó la maestría en cine y televisión en la Universidad de California de Los Ángeles.
–Según su visión, ¿cómo debe de ser la televisión pública en este momento y qué objetivos debe de tener para con la sociedad?
–Todos los medios de comunicación pública deben ser un espejo fiel de cuáles son las circunstancias. Deben ser plurales, abrirse a los distintos sectores de la sociedad que demandan un espacio. Deben ser un lugar en donde las ideas se puedan expresar, eso es lo más importante, porque esa es la única vía del entendimiento.Se le menciona que la parte informativa de Canal Once, sobre todo los noticiarios, se ha ceñido mucho al oficialismo en lo nacional, y arguye:“La vocación del canal no es ser un vocero oficial. No comparto esa idea, sin embargo, revisaremos. Estamos preocupados porque también en los noticiarios, como en toda la programación del canal, se refleje esa pluralidad.”
Promesa
–Usted siempre se ha dedicado al cine comercial, por lo que hay una preocupación dentro y fuera del canal de si no va a tomar el rumbo comercial en la televisora.
–La mayor parte de las películas que he hecho han sido privadas, cuya vocación es comercial y la responsabilidad primera es recuperar la inversión. Es una responsabilidad con quien está poniendo el dinero. Muchos de los que critican desconocen el trabajo porque tengo cintas que no son comerciales o que no tienen esa vocación como Ciudades oscuras o Hasta morir, o esta última de Enemigos íntimos, que desde el financiamiento son distintas.“El mandato de Canal Once no es hacer una televisión comercial. No se preocupen, la vocación de la televisora sigue siendo la misma y nuestro trabajo será hacia allá, aunque mientras más nos vean, mejor, porque es importante, si no para qué queremos una televisión pública si nadie la ve. Además, lo cultural y lo educativo no necesariamente tiene que ser aburrido.
–En Canal Once, ¿veremos a gente de Televisa o TV Azteca?
–No sé. Aquí están abiertas las puertas para todos. También abrirá las puertas a cineastas y videoastas mexicanos, “aunque los presupuestos son muy distintos”.Garantiza un contacto respetuoso y de intercambio de ideas con los intelectuales, incluso, señala, podría incluir a algunos en el Consejo Consultivo.Todavía no sabe cómo conseguir recursos, pero es otra de sus metas. Explica que en la Ley de Televisión se menciona que las televisoras permisionarias no pueden incluir en su programación anuncios comerciales, pero sí introducir patrocinios. Entonces se pregunta: “¿Dónde está la diferencia entre uno y otro?”.
–Hay quienes prefieren una ley para medios públicos, ¿qué opina?
–Se debe hacer una ley, no sé si exclusivamente para los medios públicos o si va combinada con los medios privados, lo importante es que sea una ley que les dé certeza jurídica.Manifiesta que participará en la propuesta de Ley de Televisión que se realiza en el Senado, “cuando sea pertinente, cuando nos toque opinar”.Ve un espacio de crecimiento de Canal Once en Estados Unidos, Canadá y sobre todo en Latinoamérica, lugares donde llega la televisora desde el sexenio pasado.Desea incrementar la cobertura nacional por televisión abierta. La señal llega a todo el país, pero por televisión de paga.
–La frase de Di-Bella era “hacer más con menos”, ¿también está a favor de esa expresión?
–Espero hacer más con lo que tenemos y ojalá tengamos más. Esa es la parte más complicada, hacerse de más recursos, no es fácil. Existe toda una normatividad que impide hacer muchas cosas y está bien, porque tiene que ver con el ejercicio público. Por algo existe en México la Secretaría de la Función Pública; de alguna manera estructura o limita las acciones de los servidores públicos.No dejará el cine, pero por lo pronto se centrará en el canal. Tal vez, dice, rodará los domingos por la mañana. l
número1631

Fiebre militarista

La puesta en vigor del Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2007-2012, a partir del 24 de enero pasado, sólo refuerza lo que ya se sabía desde hace 14 meses: que el Ejército será el encargado de combatir los cárteles de la droga. Con base en esta estrategia, los militares van tomando las calles ciudad por ciudad, estado por estado, con la certeza de que ya no regresarán a los cuarteles. A la militarización del país, más o menos disfrazada, puede seguir la paramilitarización, alentada por la deserción de soldados que se pasan a las filas del narco.Sin el contrapeso de los partidos de oposición y sin el escrutinio del Congreso, Felipe Calderón convirtió en política de Estado su decisión de sacar al Ejército a las calles para enfrentar al narcotráfico y mantenerlo así durante su administración.Esta medida, que forma parte de la política militar del sexenio delineada en diciembre pasado por el secretario de la Defensa Nacional, general de división DEM Guillermo Galván Galván, tiene, entre otros riesgos, el de que el Ejército termine por convertirse en el principal interlocutor ante los cárteles de la droga y los grupos políticos que los apoyan.El investigador Luis Astorga sostiene que otro de los riesgos de la estrategia de Calderón tiene que ver no sólo con la violación de derechos humanos –como lo confirmó la semana pasada la organización internacional Human Rights Watch–, sino con la deserción de elementos de las Fuerzas Armadas, que se pasan a las filas de las organizaciones criminales.Este último problema constituye una merma para la institución castrense. Tan sólo en el sexenio pasado fueron 107 mil 128 los elementos que desertaron, más de la mitad de los 194 mil miembros que forman el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. En promedio hubo 49 deserciones por día, casi 18 mil por año.En el primer año de Calderón, la cifra se mantuvo igual. Según el subsecretario de la Defensa Nacional, general de división Tomás Ángeles Dauahare, en 2007 desertaron 17 mil 758 elementos de tropa, 119 oficiales y ocho jefes; es decir, 49 por día.En un encuentro que tuvo el 22 de enero pasado con diputados y senadores de la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, el divisionario aseguró que las deserciones no sólo tienen que ver con elementos que se suman a grupos como Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo, sino que ocurren en gran medida entre el personal de tropa por la falta de adaptación al medio castrense, las prolongadas ausencias de la familia y otros empleos con mayor ingreso.Publicado como decreto presidencial el pasado 24 de enero, el programa se fija la meta de reducir las deserciones en 30%. Si se cumple, de acuerdo con las cifras actuales, para finales de sexenio habrán desertado alrededor de 75 mil efectivos. Esto significa 12 mil 500 bajas por año, 34 por día.Aunque no todos los desertores pasan al narcotráfico, la mayoría sí lo hace. Y es factible que la estrategia gubernamental provoque una expansión del paramilitarismo en el país vinculado al tráfico de drogas, advierte en entrevista Luis Astorga, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.Responsable de la Cátedra UNESCO “Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas”, el especialista asegura que de extenderse la creación de ejércitos privados con exsoldados “entraríamos en una lógica distinta, al pasar de los señores de la droga a los señores de la guerra, financiados con dinero del narcotráfico”.Y acota que si bien hasta el momento parece que no se está dando ese paramilitarismo, nada asegura que esto no se pueda modificar.Sin embargo, admite que Calderón no tenía muchas opciones y que la clase política del país no ha ofrecido ninguna alternativa. Los riesgos de la actual estrategia, convertida ya en política militar del sexenio, “no son de cualquier tipo”, advierte.
Las prioridades
En el caso de los desertores que se incorporen al narcotráfico, Astorga dice que en la práctica el Estado mexicano está capacitando a los sicarios. Y explica: “No todos los zetas eran de elite, pero si ya vimos de lo que han sido capaces, imaginémonos qué pasaría si se suma una parte de los actuales desertores: aunque tienen una mínima preparación saben usar armas y son muchos, además de que no hay controles sobre ellos una vez que dejan las instituciones armadas”.En el programa sexenal de la Sedena, el control de la deserción está considerado como “atención prioritaria a los recursos humanos, pilar fundamental de nuestra institución”. Y para reducir en 30% la deserción asegura que ya “ha implementado diversas medidas que impactan directamente en el nivel de vida de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea y sus familias”, tanto en ingresos como en salud y vivienda.Además, mediante capacitación y desarrollo profesional, la institución buscará crear “una sólida moral” y “espíritu de cuerpo” entre sus elementos, menciona el documento. Pero no incluye nada de lo que el general Galván anunció en abril de 2007, cuando compareció ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.En ese encuentro, el general Galván no sólo reveló la cifra de la deserción en el sexenio pasado, también anunció que tanto la Sedena como la Secretaría de Marina estaban revisando el Código de Justicia Militar para presentar a la Consejería Jurídica de la Presidencia un proyecto de iniciativa de ley para que no sólo se considere traidores a la patria a los desertores, sino también a quienes utilicen sus conocimientos castrenses para realizar actividades relacionadas con la delincuencia organizada.En la actualidad, a partir de que un efectivo deserta, las Fuerzas Armadas ya no tienen facultades para sancionar su conducta, puesto que el fuero de guerra sólo se aplica a los militares en activo y a los que se encuentran en retiro. En promedio, dijo el general Galván en esa ocasión, un desertor causa baja aproximadamente a los cuatro meses de abandonar la milicia.De acuerdo con Luis Astorga, la guerra contra el narcotráfico declarada por Calderón puede derivar también “en lo que es más preocupante: un desplazamiento del poder que antes se concentraba en la clase política del sistema autoritario priista respecto al control del negocio hacia las Fuerzas Armadas, que son instituciones nada transparentes y sin contrapesos”.Abunda: “No sabemos exactamente cómo están conformadas las Fuerzas Armadas, los grupos internos que existen, ni (conocemos) la relación que éstos tienen con los distintos grupos del país”. En caso de que algunos de esos grupos militares se vinculen con las fuerzas políticas que gobiernan en donde se asientan poderosas organizaciones del narcotráfico, “va a ser mucho más difícil cambiar las cosas”, asegura el investigador.Definido por Calderón como actor central en el combate al narcotráfico y al asignarle las tareas de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada –según lo establece el Programa Sectorial–, el Ejército ha adquirido mayor peso político.Sin embargo, “no sabemos cómo pueden reaccionar los militares con esta dinámica en la que ha crecido su poder político. Las dudas crecen por la falta de transparencia y la ausencia de contrapesos”, dice Astorga, autor, entre otras publicaciones, de Drogas sin fronteras. Los expedientes de una guerra permanente, en el que revisa la manera en que México ha adoptado la estrategia estadunidense contra las drogas.Agrega: “Hasta ahora (los militares) han reaccionado de manera institucional, pero apostarle al sentimiento patriótico y a la reacción institucional, porque así ha sido hasta ahora, es una apuesta muy arriesgada”.
Complicidad de los partidos
Entrevistado en su cubículo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Astorga sostiene que Calderón está dispuesto a llevar “hasta las últimas consecuencias” la estrategia estadunidense de descansar en los militares la represión al narcotráfico, no sólo en México, sino en toda América Latina.Desde que en 1986 el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, emitió la directiva de Seguridad Nacional, ese país le dio un giro a la lucha antidrogas en la región y empezó a presionar para la participación de las Fuerzas Armadas.México fue el principal laboratorio de ese esquema, incluso mucho antes de esa directiva, con la puesta en marcha de la Operación Cóndor, en la que 10 mil militares fueron desplazados a Sinaloa, Chihuahua y Durango para erradicar los cultivos de amapola.Aunque formalmente se instrumentó en 1977, la Operación empezó realmente desde dos años antes. Hasta ese momento no se había dado un despliegue militar de ese tipo en la región, dice el investigador.Pero los gobiernos posteriores a la Operación Cóndor, incluido el de Vicente Fox, no recurrieron al Ejército como lo ha hecho Calderón, señala Astorga. Y agrega: “No tenía otra opción. Cualquiera que estuviera en su lugar tendría que hacer lo mismo porque no son muchas las opciones que deja Estados Unidos ni las condiciones en que se encuentran las instituciones policiales y de procuración de justicia en todo el país”.Astorga considera que el margen de acción para cualquiera, no sólo para el gobierno federal, se reduce debido a la complicidad de los partidos políticos hacia el narcotráfico. Y a ellos se debe que las medidas de Calderón se convirtieran en política de Estado. Incluso, dice, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) avaló esta estrategia, mientras que el Congreso y los partidos políticos no han propuesto algo diferente.Para él, “hay una corresponsabilidad, no sólo del gobierno federal, que dejó crecer el problema, sino la falta de visión de Estado por parte de las fuerzas políticas”.Astorga afirma que la clase política que cogobierna en todo el país ha tenido una gran responsabilidad porque las estructuras policiales y municipales dependen de las autoridades locales, que controlan el PAN, el PRI y el PRD.Y va todavía más allá: “Los partidos políticos tendrían que ser muy claros y contundentes y estar dispuestos a sacrificar y poner ante la justicia a sus militantes involucrados con el narcotráfico”, aunque admite que esto es muy difícil.
Los nuevos “ejes rectores”
Los cambios en el campo del tráfico de drogas están vinculados a los que sufrió el sistema político mexicano desde hace varios años. “Van juntos porque así nació el negocio del tráfico de drogas en México, dependiente del poder político”, asegura Astorga.Y explica que mientras gobernó el PRI, debido a su autoritarismo sólo hubo un árbitro con los grupos narcotraficantes, pero con la dispersión del poder aparecieron varios microárbitros. El cambio político significó al mismo tiempo mayor autonomía para los traficantes de drogas en relación con el poder político.Sin embargo, dice, “lo más preocupante” de la actual estrategia es que haya un desplazamiento del control del negocio hacia las Fuerzas Armadas, donde “prevalece la opacidad y carece de verdaderos contrapesos políticos”.El papel primordial del Ejército en la lucha contra el narcotráfico en el presente sexenio se inició desde que Calderón llegó a Los Pinos, aunque la estrategia gubernamental no se puso por escrito hasta el 24 de enero pasado, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó el Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2007-20012.Semanas antes, el 4 de diciembre, el titular de la Sedena habló de los objetivos del programa, al celebrar el Día de la Artillería, arma a la que pertenece el general Galván. En una ceremonia que tuvo lugar en el Campo Militar 1-A y de la que Proceso tuvo conocimiento, el militar delineó los cuatro “ejes rectores” de lo que será la política militar para los próximos cinco años.El primero: “La atención prioritaria al recurso humano, como pilar fundamental de nuestra institución, a través de su manejo eficiente que incluye su desarrollo humano y profesional, el incremento de su nivel de vida y otros beneficios tendientes a propiciar una sólida moral”. Casi textual, así quedó plasmado en el Programa firmado por Calderón y el propio general Galván.El segundo “eje” que el divisionario anunció ante sus compañeros de arma fue el de “eficientar (sic) la operatividad de los organismos militares” mediante “un sistema de adiestramiento realista y evaluable” en todos los niveles y el fortalecimiento del sistema educativo y el mejor uso de los recursos materiales.En tercer lugar mencionó el “apoyo irrestricto” a las políticas contra el tráfico de drogas; y se refirió a lo que de hecho fueron las medidas tomadas por Calderón en su primer año de gobierno: el desarrollo de operaciones conjuntas de alto impacto, la creación de un cuerpo especial de apoyo federal y la cesión de efectivos y recursos materiales para la seguridad pública. A pesar de ya ser hechos consumados, estas medidas se omitieron en el decreto del Ejecutivo.El último de los temas mencionados por el general Galván está encaminado a que el Estado mexicano cuente con una verdadera política de defensa nacional: “Hemos expresado a nuestro comandante supremo (el presidente de la República), las comisiones de defensa de las Cámaras de Senadores y Diputados (y) a los presidentes de los principales partidos políticos… la necesidad impostergable” en esta materia, para garantizar el desarrollo a largo plazo de las Fuerzas Armadas.Dos meses después de aquel discurso, la Sedena dejó por escrito en su programa sexenal lo dicho por el general Galván: “La Secretaría de la Defensa Nacional apoya irrestrictamente las políticas gubernamentales en materia de seguridad y participa activamente en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.Además, asegura que el gobierno federal aplicará “la fuerza del Estado” para recuperar los espacios que han sido secuestrados por los narcotraficantes y otras organizaciones delictivas”. Y entre las metas menciona que se buscará “disminuir el área de siembra de enervantes en 70%” y realizar 168 operaciones “de alto impacto”.En el primero de los casos, dice que de esa manera se busca “minar la base económica de los narcotraficantes, impidiendo cíclicamente la cosecha de enervantes”. En el caso de las operaciones anuncia que “se realizarán en las áreas de mayor incidencia en la siembra y cultivo de enervantes” con el envío de unidades y material aéreo en apoyo de las Regiones Militares.En ese mismo apartado de seguridad interior, la Sedena hace la única mención en todo el Programa al tema de la guerrilla. Indica que ayudará “al mantenimiento del Estado de derecho a través del acotamiento de los grupos armados en territorio nacional” y se compromete a “mejorar los procedimientos para enfrentar con mayor eficacia a los grupos armados que pretendan desestabilizar la infraestructura del país”. l
Los cerebros de Hillary

J. Jesús Esquivel

Hillary Rodham Clinton llega al “supermartes” rodeada, protegida y asesorada por muchos de los más cercanos colaboradores de su marido Bill cuando, durante ocho años, éste ocupó la presidencia de Estados Unidos. Sometidos a las normas de “confidencialidad y fidelidad absoluta”, estos cerebros, gracias a su experiencia y a sus contactos dentro del “círculo rojo” de Washington, no sólo han podido meter sus narices en los planes de Barack Obama, sino también reunir enormes cantidades de dinero...WASHINGTON.- “Confidencialidad y fidelidad absoluta” son las dos condiciones que han cumplido los asesores, estrategas, jefes y colaboradores de Hillary Rodham Clinton desde principios de 2006, cuando ella y su esposo, Bill Clinton, empezaron a reclutar al exclusivo equipo que la acompañaría en su búsqueda de la candidatura presidencial por el Partido Demócrata. En todas partes se considera que el verdadero jefe del grupo que este “supermartes” se medirá en las primarias contra el acompañamiento de Barack Obama, es el propio Bill Clinton, pues la mayoría de los colaboradores de Hillary trabajaron muy estrechamente ligados a su esposo cuando éste ocupó, durante ocho años, la presidencia de Estados Unidos. No deja de advertirse, sin embargo, el ingrediente femenino en la llamada “Hillarylandia”, pues su maquinaria política y electoral está integrada sobre todo por mujeres: Patti Solís Doyle, jefa de la campaña; Tamera Luzzato, jefa del gabinete; Ann Lewis y Capricia Marshall, encargadas de atrapar el voto femenino; Neera Tanden, directora de asuntos políticos; Huma Abedin, asistente personal de la candidata; Evelyn Lieberman, asesora política y responsable de estrategias para recabar fondos; Melanne Verveer, otra recolectora de dinero; Cheryl Mills, asesora de asuntos legales, y Maggie Williams, confidente, asesora y consultora que, en octubre de 2006, reveló al diario The Washington Post los mencionados requisitos para ser parte del staff.Todo este batallón de mujeres tienen una larga experiencia en asuntos políticos y electorales a nivel nacional y están totalmente convencidas de que la senadora por Nueva York reemplazará en la presidencia a George W. Bush el 20 de enero de 2009.Solís Doyle, quien bajo la dirección del expresidente Clinton supervisa todas las estrategias de la campaña, es hija de una pareja de inmigrantes mexicanos asentados en Chicago. Desde 1991, los Clinton la contrataron para supervisar las campañas proselitistas de ambos y permaneció con ellos durante los ocho años de la presidencia de Bill, trabajando como asesora en la Casa Blanca para la oficina de la primera dama.Solís Doyle fue además la primera pieza responsable (desde 2005) de organizar actos para obtener recursos rumbo a la campaña presidencial de su jefa. Ella se destaca justamente por su fidelidad a la senadora Clinton y por su hermetismo, incluso ante sus propios compañeros, sobre las estrategias políticas del grupo.“Todas los días a las 7:30 de la mañana, Patti realiza una reunión a puerta cerrada con los principales estrategas de la campaña, y lo que se decide ahí, lo que se dijo o se acordó, nadie, pero absolutamente nadie que no haya estado en el salón lo sabe”, refiere a Proceso una colaborada de Hillary que pidió no revelar su identidad.“Si no son los jefes, nadie se entera de lo que pasa en las reuniones que encabeza Patti, en las cuales muchas veces participan la senadora Clinton o su esposo”, indica. Además de Solís Doyle, las estrategas de campaña más importantes para la senadora Clinton son Lewis, Marshall, Tanden y Abedin. Lewis, por ejemplo, es una reconocida activista del Partido Demócrata, quien junto con Marshall –secretaria de asuntos sociales de Hillary cuando fue primera dama– ha logrado conseguir el compromiso de apoyo de varios grupos femeninos en toda la Unión Americana, los cuales, como se vio en la elección de Nueva Hampshire, resultaron cruciales para derrotar en esa fase electoral al senador Obama.La dupla conformada por Tanden y Abedin es la que elige los lugares y actos en los que Hillary debe presentarse para seguir reuniendo recursos. El 17 de enero, por ejemplo, organizaron una cena de gala en Los Ángeles, California, donde la senadora ofreció un breve discurso y recolectó 3 millones de dólares.Pero si de conseguir dinero se trata, Lieberman, quien fue subjefa del gabinete en la presidencia de Clinton y actualmente es funcionaria de la prestigiosa Smithsonian Institution, se ha destacado como la principal y más exitosa organizadora de actos de recolección –se le atribuye la reunión de varias decenas de millones de dólares–, y esto, sin tener un puesto oficial dentro del organigrama de la plataforma proselitista.Ella es también la encargada de despedir al colaborador de la campaña sospechoso de haber hablado con la prensa, ya que, de acuerdo con varios de sus ayudantes, la senadora Clinton no soporta que se filtre información sobre sus planes porque la prensa aprovecha los datos para difundir cosas negativas sobre ella.“Eso forma parte del compromiso que se hace para trabajar aquí. Lo cumples o te vas”, enfatiza la colaborada de Hillary Clinton entrevistada por Proceso.

Los acólitos y el dinero

Fuera del grupo femenino más allegado a Hillary, Mark Penn, el estratega político y encuestador de la campaña, así como Mandy Grunwald, jefe de la oficina de comunicaciones, son los colaboradores más importantes para la definición de las giras proselitistas. Funcionarios de la Casa Blanca, durante la presidencia de Bill Clinton, ahora deben responder a las críticas de sus oponentes y establecer las tácticas de ataque contra Obama, el enemigo número uno de los Clinton.Después de la derrota de Hillary ante Obama en el caucus de Iowa el pasado 3 de enero, Penn y Grunwald iban a ser despedidos por la aspirante presidencial, ya que se les achacó, erróneamente, haberla proyectado como la vencedora. Ambos permanecen en el equipo por intervención directa del expresidente.Como “los acólitos de Bill Clinton” se conoce en los círculos políticos a Harold Ickes y Howard Wolfson, dedicados a diseñar los mensajes de la candidata y todas las estrategias de la plataforma política, funciones similares a las que ejercieron en la Casa Blanca con el presidente Clinton.La ventaja que tiene la senadora por Nueva York, con los acólitos de su marido, es que conocen a la perfección a todos los actores del “círculo rojo” de Washington, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, y a través de sus influyentes y poderosos contactos políticos se enteran de cuanto ocurre en las filas de Obama.En Washington se dice que, si la aspirante demócrata gana primero la nominación y luego la presidencia, los talentos que la rodean –con su experiencia, conocimientos y contactos– podrían inclusive opacarla. Por ejemplo, en el grupo de asesores –internos y externos– de la aspirante demócrata se encuentra la abogada de la campaña, Cheryl Mills, quien fue subasesora de asuntos legales de la presidencia de Clinton y litigante defensora del presidente durante el juicio político que le hizo el Senado por su relación extramarital con la becaria Mónica Lewinsky.Así mismo, el asesor para la recolección de dinero de la campaña de Hillary, Terry McAuliffe, fue asesor en la presidencia de Bill Clinton, mientras que el último jefe del gabinete de éste, John Podesta, presta servicios de asesoría general en la campaña de Hillary. Muy activos en el equipo de Hillary se encuentran igualmente Madeleine Albright, exsecretaria de Estado; Richard Holbrooke, exembajador de Estados Unidos ante la ONU; Sandy Berger, exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; Wesley Clark, general retirado exintegrante del Estado Mayor Conjunto y excandidato presidencial demócrata; Robert Rubin, exsecretario del Tesoro, William Perry, exsecretario de Defensa, y Geraldine Ferraro, exsenadora y excandidata a la vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata.La asesoría con la que cuenta la senadora Clinton aumenta sus posibilidades de que sea la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos y, desde luego, ella sabe que algunos de esos cerebros políticos clintonianos quieren regresar al poder si ella triunfa. Se dice, por ejemplo, que Holbrooke podria ser secretario de Estado; Podesta, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y Clark, también secretario. Pero nada está escrito, porque entre sus propios elegidos Hillary cuenta con la lealtad a toda prueba de su asesor Kris Balderston; de la encargada de su agenda, Kim Molstre; de su director de asuntos personales, Mike Henry; de su portavoz, Phil Singer, y de sus consejeros personales, Lorraine Voles y Phillipe Reines.Además, los cerebros políticos no lo son todo para ganar la candidatura en el caucus primario que se realizará este 5 de febrero en 22 estados de la Unión Americana, en la fase electoral interna conocida como “supermartes”, ya que juega un papel no menos relevante el dinero reunido hasta la fecha.Y, al respecto, durante todo 2006 los Clinton manejaron una exitosa estrategia de financiamiento y rompieron todos los récords dentro del Partido Demócrata, pues de acuerdo con las cifras oficiales, hasta el 30 de septiembre de 2007 había sumado un total de 90 millones 935 mil 788 dólares, de los cuales se habían gastado ya 40 millones 472 mil 775. Le quedaban, pues, 50 millones 463 mil 13 dólares en efectivo y una deuda (sic) por 2 millones 347 mil 486 dólares.Según el reporte que recibió la Comisión Federal Electoral, la campaña presidencial de Hillary Clinton había recibido, hasta la fecha mencionada, 79 millones 644 mil 559 dólares (88% del total) en contribuciones personales; 748 mil 52, de grupos con intereses creados (cabilderos); 304 mil 408, de empresarios; 58 mil 600, de sindicatos laborales y 181 mil 484 dólares, de grupos defensores de diversos programas sociales.Debido a la regla de confidencialidad de su equipo de campaña, nadie sabe cuántos dólares más ha recolectado Hillary a partir del pasado 30 de septiembre, pero algunos expertos en materia electoral estiman que, con la ayuda de su marido, podría tener en sus arcas por lo menos otros 80 millones de dólares. l

El país del subempleo


Rosalía Vergara

En medio de la crisis económica, presente o por venir, las fórmulas laborales de empresas contratistas de personal que operan en México refinan sus estrategias en perjuicio de los trabajadores nacionales. Especialistas consultados por Proceso advierten que la moda de la subcontratación, aparte de violar las leyes laborales, precariza el empleo y dispara el subempleo. El 60% de los nuevos empleos anunciados por el presidente Calderón el año pasado, dicen, son de esta clase, y los generan las llamadas “outsourcing de recursos humanos”.Las contradicciones del gobierno federal respecto del verdadero impacto que tendrá la recesión estadunidense en la economía nacional, y consecuentemente en el mundo laboral, no sólo se anuncia como un signo ominoso, sino que pone al borde del derrumbe la autodenominación de Felipe Calderón como “presidente del empleo”.Si acaso, hoy el mandatario merecería más atinadamente el mote de “presidente del subempleo”, a juzgar por la situación que prevalece en el sector.El subempleo, que en 2007 rebasó los 3 millones de personas –con trabajos temporales, mal pagados y sin prestaciones–, se convirtió en un fenómeno que va en aumento en el país, entre otras causas por la proliferación de empresas encargadas de subcontratar mano de obra barata para la planta industrial y los establecimientos comerciales. Dichas empresas, denominadas “outsourcing de recursos humanos”, realizan contratos individuales y evitan los colectivos, violan la Ley Federal del Trabajo y “precarizan” el empleo. Lo peor del caso, advierten especialistas consultados por Proceso, es que ese esquema de subcontratación, que el año pasado abarcó 60% de los “nuevos empleos” registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y anunciados por el presidente Felipe Calderón en tono triunfalista, es justamente el que pretende imponerse con la reforma laboral en puerta.Aunque el abogado laboralista Arturo Alcalde y la investigadora de la UAM-Xochimilco Graciela Bensusán reconocen que este es un fenómeno mundial, efecto del neoliberalismo y la globalización en marcha, advierten que en México está haciendo muy inestable el empleo. Aún más, el esquema de reducir los costos laborales recurriendo a los servicios “especializados” de empresas como Manpower, Adecco y Accenture, no sólo abarca ya a maquiladoras y supermercados, sino que se aplicó también en Pasta de Conchos y empieza a generar conflictos en paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex).En entrevistas por separado, Bensusán y Alcalde coinciden en que las outsourcing de recursos humanos no sólo contienen los salarios y merman los derechos, sino que controlan la seguridad social de los trabajadores e imponen los llamados sindicatos de protección.Debido a que las outsourcing de recursos humanos ofrecen a las empresas trabajadores temporales que luego de cumplir ciertas tareas en determinados períodos pueden quedar cesantes, muchos de ellos no tienen más opción que refugiarse en la economía informal.Graciela Bensusán, quien es investigadora de la UAM-Xochimilco, recuerda que la subcontratación en México es una práctica común en la industria maquiladora, los servicios empresariales de limpieza y los grandes supermercados, como Wal-Mart.Y al respecto refiere que el 27 de marzo de 2007, en el Foro de Global Unions y la Confederación Sindical Internacional sobre la contratación de protección, dos trabajadores de Wal-Mart México manifestaron que pertenecían a dos sindicatos de protección afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que lo mismo contratan para trabajar en ese supermercado que en Superama o los restaurantes El Portón y Vips, con un sueldo de tres salarios mínimos como tope. Con el rostro cubierto por una bolsa de plástico, denunciaron que sus derechos laborales fueron claramente violados porque, para empezar, su contrato prácticamente establecía que se hallaban a disposición de la empresa las 24 horas del día. En segundo lugar, además de no conocer a su líder sindical ni el monto de las cuotas que aportan al sindicato de protección, la empresa podía cambiar su día de descanso en cualquier momento, sin aviso previo. Bensusán agrega que la subcontratación por medio de las outsourcing de recursos humanos –que en su afán de ahorrar costos incluye químicos y detergentes en los servicios de limpieza, realizados muchas veces por personas de la tercera edad a cambio de un salario mínimo– también incide en la seguridad, ya que, señala, más de la mitad de los mineros enterrados en la mina Pasta de Conchos en febrero de 2006 se hallaban subcontratados por Grupo México, e inclusive fueron incluidos en el IMSS como empleados temporales y con un salario superior al que en verdad tenían.Y a estos ejemplos se suma el caso de Pemex, donde un gran número de trabajadores está siendo subcontratado para actividades como mantenimiento de refinerías o plataformas.

El caso Pemex

Entrevistados sobre el caso Pemex, Moisés Flores y Eduardo Gómez Caña, de la UniónNacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, A.C., denuncian que, desde 2005, la paraestatal pretende renovar los contratos colectivos e individuales con cláusulas que limitan sus derechos, por lo que 95% de los asalariados se encuentran inconformes y no han querido firmar. Según Moisés Flores, este nuevo contrato, impulsado por el director corporativo de Administración de Pemex, Rosendo Villarreal, tiene, entre otras, la finalidad de limitar las funciones operativas de los trabajadores “de confianza”, principalmente para las plantas de Pemex Gas y Petroquímica Básica.Sin embargo, dice, los petroleros “de confianza” no están de acuerdo con este nuevo contrato porque limita sus funciones y está destinado “al desmantelamiento técnico-intelectual de Pemex para justificar la privatización de la paraestatal”.Este, sostiene Flores, es “un golpe a técnicos y profesionistas para desbaratar la industria petrolera”. Y pone como ejemplo el proyecto SUMA Por un Solo Pemex que, destinado a concentrar las cuatro subsidiarias de la paraestatal en una sola, busca “oficializar la transformación de ésta en una administradora de contratos eliminando la parte especializada de cada subsidiaria, es decir, eliminando el personal”. El hecho es que, precisan los entrevistados, con este plan Pemex se desharía de 30 mil trabajadores sindicalizados y “de confianza”. Por eso, aclaran, se está gestando un movimiento interno para impedir que los recontraten e inclusive anuncian que están dispuestos a cerrar las plantas por tiempo indeterminado. El 27 de noviembre pasado, alrededor de 2 mil 150 trabajadores de planta y transitorios no sindicalizados de Pemex y sus organismos subsidiarios firmaron una carta dirigida al actual director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, para exponerle su inconformidad por el nuevo contrato que quieren imponerles. Éste, dicen, “presenta omisiones que nos generan incertidumbre jurídica al carecer de información elemental y necesaria para el desempeño de los trabajadores, tales como el lugar donde debemos trabajar, pues sólo indica el lugar donde se nos contrata; el número de plaza, ya que sólo menciona el número de folio y las funciones que realizamos. Esto viola el artículo 25 de la LFT”, señala el oficio enviado a Reyes Heroles.Además, indica que las cláusulas de dicho contrato se contradicen, porque después de afirmar que es por tiempo indeterminado, maneja la vigencia de un año. “Su estructura es similar a la de contratos individuales que se firman en empresas privadas cada año”, indica Flores.Ambos entrevistados destacaron que los derechos laborales son irrenunciables, por lo que firmar dicho contrato individual violaría el artículo 123 constitucional porque la empresa, así sea paraestatal, podría liquidarlos argumentando la “pérdida de la confianza” establecida en el artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo.

La precarización del empleo

Bensusán explica que la tendencia generalizada es contratar personal a través de agencias de outsourcing de recursos humanos con el fin de “crecer” reduciendo los costos que representan los derechos laborales. Las outsourcing, puntualiza, ofrecen “trabajos temporales para no generar antigüedad o no pagar despidos costosos, injustificados; para no aumentar el número de días de vacaciones por año y no tener que cubrir todo lo relacionado con las conquistas laborales que tendría un sindicalizado”. Lo que estamos viendo “es un fenómeno de ‘precarización’ del empleo a través de varias vías, una de las cuales es la subcontratación, que está creciendo más de 40% al año”.Tras indicar que 60% de los empleos generados en el último año y registrados por el IMSS son eventuales, calcula que, en estos momentos, entre 15 y 20% de los trabajadores del país se encuentran sometidos a las reglas de la subcontratación. Por eso Bensusán considera necesario poner especial atención en que la reforma laboral que se empieza a negociar en el presente sexenio no llegue a legalizar la subcontratación ilegal que, desde varios años, se está aplicando en México. Con estas prácticas, afirma, “se está deteriorando la capacidad de empleo y se genera un futuro incierto por lo que se refiere a las pensiones y a la salud de los trabajadores. Y esto tiene consecuencias graves para el país, porque se genera la exclusión social”.En su opinión, no se advierte que el gobierno federal pretenda impulsar una reforma laboral que busque revertir estas tendencias, sino llegar a un acuerdo de cúpulas partidistas para privilegiar los intereses de las empresas con una visión corporativa del mundo del trabajo.El abogado laboralista Arturo Alcalde considera, por su parte, que día con día se crean empresas dedicadas al outsourcing de recursos humanos, las cuales califica como “asociaciones delincuenciales” porque violan la Ley Federal del Trabajo.Inclusive, comenta, algunas empresas tienen un departamento de outsourcing para “brindar seguros a los trabajadores contra el ejercicio de sus derechos laborales”. Esta “precariedad laboral” se está convirtiendo en un negocio exitoso en México, “más deplorable que el narcotráfico porque lesiona lo único que tiene la gente para vivir: su empleo”.En ese sentido, lamenta que el tema laboral siga en el abandono por parte de gobiernos federales, locales, partidos políticos, e incluso, dice, por “los gobiernos alternativos o de izquierda”.Plantea que en lugar de alentar el crecimiento del fenómeno, es preciso que se multiplique la inspección laboral para impedir la subcontratación que celebran las empresas.

Modernidad laboral

El outsourcing es el proceso mediante el cual una empresa contrata a otra para que le aporte trabajadores en áreas “especializadas” o se encargue de la nómina –entre otras cosas–, pues de este modo aquélla reduce costos porque evita tener un departamento encargado de dichas funciones, pagar los salarios de los trabajadores, cubrir gastos de seguridad social, fondos de pensiones, etcétera.Una de esas firmas, Outsourcing de Nómina, S.A. de C.V., dirigida por José Salas Pasos y fundada en 1990, ofrece en su página corporativa en internet los servicios de procesamiento de nómina, IMSS, SUA, ISR, módulo de recursos humanos, control de tiempo y asistencia, y “reclutamiento, selección y contratación temporal de personal”. Consigna que, hasta el momento, ha instalado a 39 mil empleados.Otra de esas firmas, Adecco, tiene 16 años operando en México. Ofrece a sus clientes “flexibilidad, ahorro y competitividad”, y afirma que ha proporcionado empleo a más de 100 mil personas. Tiene presencia en más de 70 países, y asegura que es “la compañía de recursos humanos más grande del mundo”. Ha alcanzado ya la posición 250 del Global Fortune 500 y cotiza en la Bolsa de Valores de Suiza. En México cuenta con más de 60 sucursales en 40 ciudades.Una más, Manpower, ofrece a las empresas reclutamiento de personal permanente, temporal y por contrato, evaluar y seleccionar a los empleados e impartir capacitación, además de reorientación profesional, staffing y consultoría, de acuerdo con su página en internet.Afirma Manpower que “cuenta con una red mundial de 4 mil 400 oficinas en 73 países y territorios que le permiten satisfacer anualmente sus necesidades de 400 mil clientes, ya sean pequeñas o medianas empresas de todos los sectores o grandes multinacionales del mundo. Centra su área en la productividad, mejorando la calidad y la eficiencia de las empresas a través del capital humano”.

El infierno o la gloria

Para quienes se consideran víctimas de los abusos sexuales de Marcial Maciel, el fallecimiento del fundador de los Legionarios de Cristo no representa el fin de sus demandas de justicia. Llevarán su caso –ahora contra la orden– ante los tribunales civiles y la ONU, e incluso ante el Vaticano. Los delitos: “encubrimiento” y “asociación delictuosa”. En contrario, apoyada en su influencia dentro de los círculos del poder político y el poder económico, la propia orden se dispone a presionar para que el clérigo, acusado múltiple y documentadamente de pederastia, sea convertido en santo por la vía rápida. Con la muerte del líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado, ocurrida el pasado 30 de enero, no cesarán las demandas por abuso sexual de parte de quienes se consideran sus víctimas… Ahora centrarán sus acusaciones contra la propia legión, principalmente por incurrir en los delitos de “encubrimiento” y “asociación delictuosa”, pues, sostienen, la institución solapó los actos de pederastia de su fundador.Así, a raíz del deceso, el grupo –encabezado por ocho exlegionarios– prepara nuevas estrategias legales para llevar su caso no sólo a los tribunales civiles, sino también a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en última instancia, a los tribunales de la Santa Sede, que hasta el momento han sido renuentes a dar cabida a sus quejas.En contrapartida, es muy probable que los Legionarios de Cristo abran el proceso de canonización de Marcial Maciel, con el fin de lavar su imagen y ponerlo a la altura de otros fundadores de importantes congregaciones religiosas, como Josemaría Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei que acaba de ser llevado a los altares. José Barba-Martín, quien encabeza al grupo de denunciantes, adelanta a Proceso:“Sería demasiado simplista pensar que con la muerte de Maciel terminan nuestras demandas. ¡De ninguna manera! Ahora nuestras acusaciones irán dirigidas contra la Legión de Cristo, porque es la institución que encubrió durante años a Maciel y acalló las protestas de sus víctimas. Y aclaro que no nos anima un espíritu de venganza, sino de justicia”.Mientras que Alejandro Espinosa Alcalá, autor del libro El legionario –en el que narra los abusos sexuales que dice haber sufrido por parte de Maciel– asegura:“Nuestra lucha no ha terminado. Aquí no vale el refrán de que muerto el perro se acabó la rabia. Nada de eso. Nuestras demandas estarán enfocadas contra los Legionarios de Cristo, que es una especie de Cosa Nostra que sigue protegiendo delincuentes, es una secta fanatizada que ha cometido muchas tropelías.“Debemos estar muy alertas, pues ahora los Legionarios utilizarán todos sus recursos políticos y económicos para abrir el proceso de canonización de Marcial Maciel, con lo que intentarán lavar la imagen y reivindicar la figura de su líder, a quien seguramente ensalzarán como un mártir que padeció nuestras calumnias”.
–¿Será una manera de denostarlos a ustedes?
–Sí, por supuesto. ¡Imagínese! Podríamos quedar en la historia eclesiástica como los calumniadores de un santo, lo cual no es cierto. Tenemos pruebas irrefutables, como 97 testimonios de víctimas de Marcial Maciel. Y mi libro El legionario, donde expongo mi caso, es también incontrovertible. De manera que los legionarios se irán por la vía de la reivindicación moral de Maciel, y nosotros principalmente por la vía judicial. Esta es la lucha que se avecina tras la muerte de Marcial.
–¿Qué acusaciones concretas podrán hacerle a la legión?
–Bueno, aunque todavía no definimos una estrategia legal, pues acaba de ocurrir el deceso, nuestras acusaciones serán básicamente por los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa. ¡Caray! Los legionarios conforman una mafia organizada que sigue violando los derechos humanos de muchos menores de edad, a quienes llevan a sus casas de formación desligándolos de sus familias. –¿Recurrirán entonces a los tribunales civiles?
–Acudiremos a los tribunales civiles mexicanos, pero también a instancias internacionales, como la ONU, pues el Vaticano ha firmado acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Ya en una ocasión nos quejamos ante la ONU.Espinosa Alcalá se refiere a la queja que, el 9 de octubre de 2002, interpusieron en Ginebra, Suiza, en la sede del Comité de los Derechos del Niño y de la Juventud, de las Naciones Unidas. Entonces demandaron a Marciel Maciel ante la cerrazón del Vaticano, que no quería abrirle un proceso canónico. Barba-Martín señalaba entonces en Ginebra que la Iglesia “trasmutaba el crimen en pecado”, por lo que dejaba sus delitos “fuera del alcance de las leyes civiles”. Ahora la acusación será contra los Legionarios de Cristo.
–¿También demandarán por la vía canónica a la Legión? —se le pregunta a Espinosa.
–Sí, pues aún estamos esperanzados en que nos haga caso la Congregación para la Doctrina de la Fe. A ver qué pasa, ya que el Vaticano abría y cerraba a su capricho los procesos contra Marcial Maciel. Finalmente el Papa Benedicto XVI le impuso, en 2006, una sanción que nos dejó insatisfechos, porque no se le juzgó realmente. Nosotros creíamos que habría un juicio y un veredicto en forma.
–¿Ustedes como víctimas buscarán una indemnización económica de la Legión?
–¡No! ¡No! Nuestra demanda será muy parecida a la que el joven Joaquín Aguilar interpuso en la corte de Los Ángeles contra el cardenal Norberto Rivera, a quien acusó de encubrir a un sacerdote pederasta y de operar en mafia. Pero nosotros no buscamos indemnización económica, sino que se tomen medidas para proteger a posibles víctimas y, por supuesto, que se nos pida perdón públicamente para reivindicarnos.Aparte de José Barba y Espinosa Alcalá, el grupo de exlegionarios que se dicen víctimas de Maciel, y que ahora demandarán a la legión, también lo integran Arturo Jurado, José Antonio Pérez Olvera, Fernando Pérez Olvera, Saúl Barrales, Juan José Vaca y Félix Alarcón Hoyos. Aseguran que cuentan con el apoyo de otras víctimas de los abusos de Maciel que no quieren dar la cara, así como de organizaciones civiles, académicos y defensores de derechos humanos.Para el experto constitucionalista Elisur Arteaga Nava, es muy viable la demanda que estas personas emprenderán contra los Legionarios de Cristo:“La responsabilidad penal cesa con la muerte, pero no la responsabilidad civil, que queda vigente. De manera que los demandantes podrían cobrarse con bienes que integran el caudal hereditario de Maciel. Y respecto a quienes lo encubrieron, efectivamente, pueden incurrir en delincuencia organizada, que es un delito federal. Y en las leyes civiles no hay impunidad para los religiosos”, explica Arteaga. El 19 de mayo de 2006, Benedicto XVI castigó a Maciel a llevar “una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público”. Fue la condena papal a las acusaciones de pederastia que pesaban sobre él desde los años cincuenta.Desde el momento en que fue sancionado por el pontífice, Marcial vivió en retiro, recluido en los espaciosos jardines de una lujosa residencia encaramada sobre una loma y desde la que dominaba todo Cotija, el pueblo donde nació en 1920. Se decía que de pronto viajaba a Roma, y de pronto a Houston, Texas, donde se realizaba chequeos médicos y donde, según la versión oficial, falleció de “muerte natural”, en una casa de su comunidad religiosa. Javier Bravo, vocero de los legionarios en México, anunció el viernes 1:“Al morir, él estaba viviendo en tranquilidad y paz espiritual. Pidió que sus funerales fueran sencillos y muy privados, en un clima de intensa oración”.
–¿Cuándo abrirán su proceso de canonización?
–Ahorita estamos en pleno duelo, por lo que nadie habla de eso.
–¿La sanción del Papa será un escollo para llevarlo a los altares?
–Lo único que puedo decir al respecto es que el padre Maciel siempre trabajó incansablemente al servicio de la Iglesia, llevó una relación cercana con Joseph Ratzinger, a quien, ya como Papa, lo obedeció con humildad cristiana. Acató todas sus disposiciones.En los círculos eclesiásticos hay expectativas ante la apertura del proceso, sobre todo porque los legionarios tienen la presión de sus competidores del Opus Dei, quienes ya lograron llevar a los altares a su fundador Escrivá de Balaguer.Como un primer paso, la legión emprendió el proceso de canonización de la madre de Maciel, doña Maura Degollado Guízar, conocida como Mamá Maurita y a quien el Vaticano ya le dio el rango de “sierva de Dios”. Además, a monseñor Rafael Guízar y Valencia, tío de Marcial, acaban de canonizarlo. El sacerdote legionario Juan Pablo Ledesma, postulador en Roma de la causa de Mamá Maurita, dice a este semanario:“No descarto la posibilidad de que se abra la causa de canonización de nuestro fundador. De hecho, a casi todos los fundadores en la Iglesia los han hecho santos. A ellos les es más fácil llegar a los altares porque son los padres de una gran familia. Es como dar el espaldarazo a esa congregación o institución y decir: ‘Los hijos de esta persona tienen un guía, un camino seguro a seguir’
–¿A qué santos podría incluir en esta categoría?
–A san Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús; a la madre Teresa de Calcuta, que creó las Hijas de la Caridad; a San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos; a santo Domingo de Guzmán, de los dominicos; o a san Juan Bosco, de los salesianos. Incluso, sé que la madre de éste último, mamá Margarita, está en proceso de canonización al igual que Mamá Maurita.
–¿No serían un obstáculo para Marcial Maciel las acusaciones de pederastia?
–No. Si revisamos la vida de los grandes fundadores, encontraremos que prácticamente se repite la misma historia. Ellos también fueron calumniados, despreciados y amenazados. De manera que esas calumnias contra el padre Maciel yo las veo como algo muy positivo, no representan ningún problema porque son injustas. La verdad saldrá a flote. Sólo se requiere tiempo (Proceso 1498).Alejandro Espinosa –quien está por publicar su último libro, Marcial Maciel, el ilusionista– no tiene duda de que los legionarios usarán todos sus recursos con tal de hacer santo a su fundador: “En el Vaticano muchas cosas se mueven con dinero, algo que les sobra a los Legionarios. Además, Marcial les heredó una amplia red de influencias en Roma y entre las élites políticas y empresariales de varios países. Ahí está el último caso de la exprimera dama de México, Marta Sahagún, quien apoyó muchísimo a Maciel, y a la vez, éste fue el contacto de Marta con el Papa Juan Pablo II para resolver sus conflictos conyugales”.En efecto, el último y espectacular alarde de influencias de Maciel penetró hasta las intimidades de Los Pinos durante el sexenio foxista: la primera esposa de Vicente Fox, Lillian de la Concha, se reunió con Juan Pablo II gracias a los buenos oficios de Maciel, quien luego intercedió para que Marta también se reuniera con el pontífice. El poderoso celestino hizo hasta lo imposible para que el presidente anulara su matrimonio eclesiástico con Lillian y luego pudiera casarse por la Iglesia con Marta, lo que no consiguió. Al igual que Maciel, el padre de Marta, Alberto Sahagún de la Parra, nació en Cotija. Ambos eran muy amigos desde niños.“De chicos íbamos, Marcial y yo, a cazar güilotas y patos. Después, él siguió su propia vida y yo la mía”, reveló a Proceso Sahagún de la Parra. Para el analista Bernardo Barranco, Marta
– fundadora en Celaya del Regnum Christi, el brazo laico de la legión
– fue “la puerta de entrada de los Legionarios de Cristo al equipo foxista”; ella es “la prototípica legionaria: una militante que no profundiza mucho en las cosas. Se va más por el lado asistencialista, le encanta el aspecto de la promoción y de la foto con los pobres”.Según el libro La prodigiosa aventura de los Legionarios de Cristo, de Alfonso Torres Robles, el habilidoso Marcial Maciel, “un viejo zorro en la práctica de olfatear el poder”, fue muy allegado a los presidentes mexicanos, desde Miguel Alemán hasta Vicente Fox.Maciel jugó un “papel decisivo” entre el presidente Carlos Salinas y el Vaticano para la reanudación de las relaciones diplomáticas. Inclusive, “su intervención fue definitiva” para que se pudiera llevar a cabo la primera visita de Juan Pablo II a México, durante el gobierno de López Portillo. Luego el pontífice lo mantuvo a su lado en sus posteriores visitas. Agrega el libro que Marciel también supo ganarse a la cúpula empresarial mexicana:“No falta ninguno: Carlos Slim, banquero y empresario, considerado el hombre más rico de América Latina; la poderosa familia Azcárraga casi al completo, incluidos los tres Emilios, abuelo, padre e hijo, fundador y continuadores del imperio Televisa, respectivamente; la multimillonaria familia Garza Sada, principal accionista del Grupo Alfa; los hermanos Servitje, propietarios del grupo panificador Bimbo; Plácido Arango, fundador de cadenas comerciales como Vips y Aurrerá… Ellos son los primeros de una larga lista de bienhechores con que cuentan los Legionarios de Cristo entre la crema de la burguesía mexicana”.Asegura el libro que Marcial era “el sacerdote de cámara de la familia Slim”. Y agrega:“Fue el líder de los legionarios, quien en febrero de 2000 ofició el funeral por el fallecimiento de la esposa de Carlos Slim, Soumaya Domit. La mujer del millonario, también de origen libanés, estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Anáhuac (de los legionarios), donde, además, realizó la carrera una de las hijas del matrimonio”.Prosigue:“En cuanto a la relación de Maciel con los Azcárraga, ésta data de finales de los cuarenta, cuando el sacerdote se hizo amigo de Emilio Azcárraga Vidaurreta, patriarca de la familia. Después sostuvo amistad con su hijo, El Tigre Azcárraga Milmo. Los oficios religiosos durante el funeral de éste, realizados en la Basílica de Guadalupe en abril de 1997, fueron presididos por Maciel”, quien continuó “la buena relación con el joven Azcárraga Jean, formado en el Instituto Cumbres, de los legionarios”.Y va detallando la “casi interminable nómina de colaboradores” con la que cuentan los legionarios, muchos de ellos prominentes hombres de la banca, la empresa y las finanzas: Alfonso Romo, Jorge Hank Rhon, el ya fallecido Manuel Espinosa Yglesias, Manuel Senderos Irigoyen, Agustín Legorreta, Carlos Trouyet, Fernando Santibáñez, Manuel Somoza Alonso, Carlos Cabal Peniche…Tan fuertes son los nexos de la clase empresarial con los legionarios que el vicario general de la orden es Luis Garza Medina, miembro de la familia Garza Sada, que maneja al Grupo Alfa. Así, difícil será la batalla legal que emprenderán las víctimas de Maciel contra la pujante Legión de Cristo, empecinada en ponerle una aureola de santidad a su fundador recién fallecido. l

Ciegos unos, sordos los otros

María Teresa Jardí

A Chilo, que hoy cumple un año más de invaluable madurez

No fueron ni treinta ni cuarenta mil y sí quizá rebasaron los doscientos mil, de todos los colores, brillando por su ausencia el blanco y el azul, como señalara alguno de los cronistas de la marcha campesina realizada en la ciudad capital del país irreconocible en que México se ha convertido desde la llegada de la derecha al poder..

Pero ¡aguas! porque ya muestran la cara de vendidos los infiltrados en la nueva organización ciudadana que se gesta al lado del movimiento popular entre los campesinos.

A la prensa vendida, telecracia incluida, le vino muy bien lo de la quema del tractor para destacar la violencia y matizar los cientos de miles que acudieron, en representación de otros muchos, a la Ciudad de México a exigir la revisión del TLC y a defender el petróleo y la electricidad.

Me explican, los que ahí estuvieron, que el que quemó el tractor fue Armando Villarreal Martha, cabeza de una organización del Noroeste de Chihuahua que se hace llamar Organización Agrodinámica Nacional y quien va por el mundo exigiendo la siembra de maíz transgénico, luego de un efímero paso por el Frente Democrático Campesino y una breve estancia, al parecer, en la cárcel. Los tractores de Chihuahua y de Guanajuato empezaron la marcha antes de lo acordado, buscando llegar al zócalo para hacerse del estrado. No les salió, del todo bien, aunque la quema hizo su parte, porque alguien alertó a miembros del FDC de "que quería Villarreal Martha armar bronca y agandallarse el proceso".

No le salió del todo bien a los infiltrados, aunque algo cosecharon con la quema del tractor, porque otros, que ya estaban en el zócalo, no lo permitieron. Pero tendrían que alertar el hecho para procurar evitar a los infiltrados tan convenientes para justificar la represión en marcha.

Luego de que el POR ESTO! diera a conocer otra de las muchas estafas de los amigos de Patricio, cometida contra el pueblo yucateco, el robo, pues, de los terrenos del FONDEPORT, en Progreso, haciéndose a precios de risa y mediante información privilegiada de más terrenos. Lo que, por lo visto, propició el pago de la ya mermada fianza dejada por un benévolo juzgador en tan sólo 9 millones 826 mil pesos, en aras de la rápida excarcelación --debidamente negociada por el PRIAN la salida de Guzmán Alcocer-- no fuera a ser que se viera obligado el procurador a consignar por ese otra estafa a ese impresentable sujeto, qué bueno que Ivonne Ortega haya declarado que no se hará el segundo anillo periférico.

Pero no es suficiente con eso ni tampoco con el plan de desarrollo de la gobernadora. La discusión pendiente de abrirse, la que a la sociedad le importa o mejor dicho la que tendría que
importarle, porque el afectado a largo plazo con las decisiones de los efímeros gobernantes es el pueblo, va en el sentido de qué ciudad queremos que Mérida sea y de qué estado queremos que Yucatán siga siendo, a lo que me referiré mañana.

Exhumaciones en Guerrero: en busca de la verdad

Julio Pimentel Ramírez

Esperamos encontrarlos y hacerles un homenaje, porque no son delincuentes, son personas que lucharon por una vida distinta

La apertura del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que significa el tiro de gracia para la actividad agropecuaria nacional, y la consecuente y multitudinaria movilización campesina, respaldada por otros grupos sociales; las amenazas calderonistas, en alianza con el PRIAN, de profundizar el proceso de privatización energética (petróleo y electricidad); el deterioro de la seguridad pública, entre otros temas de urgente atención, propician que noticias destacadas vinculadas con la prevalencia de la impunidad y la necesidad de verdad y justicia, como condiciones indispensables para transitar hacia la justicia y la democracia sean relegadas a planos secundarios en los medios de comunicación.
En Atoyac de Alvarez, Guerrero, a partir de el primer día de febrero peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron en terrenos de lo que fuera el 48 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, la primera etapa de exhumación de restos correspondientes a víctimas de la brutal represión desatada en la década de los 70 por el Ejército y cuerpos policiacos, por órdenes del entonces presidente de la República Luis Echeverría Alvarez, en el marco de lo que se conoce como guerra sucia que dejó un saldo de 450 desaparecidos, solamente en ese municipio.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH, alertan subrayando que hasta el momento existen serias dudas sobre la calidad del procedimiento a realizar, pues todavía se ignora si se seguirán las metodologías y protocolos de exhumación establecidos por distintos organismos internacionales como norma para garantizar la conservación y no alteración de la evidencia.
A este respecto es necesario inquirir, demandan dichas organizaciones, si la PGR piensa seguir cabalmente el “Protocolo Modelo de Exhumación y Análisis de Restos Oseos” contenido en el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de las Naciones Unidas, o bien el protocolo de exhumación preparado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (formado en 1984 para investigar las desapariciones de la dictadura militar argentina) a petición de la propia PGR.
La forma de actuar de los órganos responsables de procurar justicia, a tono con la tradición del poder de utilizarlos con criterios de conveniencia política lejos de la esencia de un verdadero Estado de Derecho, lleva a los familiares de las víctimas guerrerenses de la guerra sucia a mantenerse en la incertidumbre sobre los métodos a emplear en esta diligencia, además de la secrecía y falta de transparencia con la que se han manejado las autoridades en este asunto mueven a todo tipo de suspicacias.
Resulta inconcebible que un procedimiento tan relevante para la reconstrucción de la memoria histórica y la reparación a las víctimas pretenda desarrollarse en secreto total y sin la participación de testigos con la autoridad moral suficiente para legitimarlo. Con ello se viola, además, el derecho de coadyuvancia de las víctimas y sus representantes y se reafirma la necesidad de que casos de desaparición forzada como el de Rosendo Radilla sean elevados inmediatamente al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) para los efectos conducentes.
Entre las exigencias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, destaca la acreditación ante la PGR (demanda que finalmente se logró) del Equipo Mexicano de Identificación Humana y su director, el arqueólogo Carlos Jácome Hernández, como peritos de la parte ofendida para coadyuvar en: La supervisión en la aplicación de técnicas de prospección no intrusivas; excavación de fosas clandestinas; rescate de evidencia material y restos humanos; embalaje y apertura de la cadena de custodia; análisis de osamentas para identificación.
Cabe anotar que el equipo del arqueólogo Carlos Jácome, estuvo hace cuatro años al lado de los familiares del profesor Lucio Cabañas en el proceso de identificación de los restos físicos del comandante guerrillero caído en combate en diciembre de 1974 y cuyos restos, en su momento, no fueron entregados a sus deudos -cabe acotar que muchos de ellos estaban presos en el Campo Militar No. 1, como su anciana madre y su mujer embarazada, o eran perseguidos- sino que el Ejército los sepultó clandestinamente.
En cuanto al actual proceso de búsqueda en lo que fuera el cuartel militar de Atoyac, se demanda también abrir el procedimiento al escrutinio público, permitiendo el acceso de los familiares de las víctimas, sus representantes legales y testigos de calidad para certificar que éste se apega a las normas internacionales, respetando también el derecho de coadyuvancia.
Permitir la videograbación del procedimiento para contribuir al análisis de la evidencia y la preservación de la memoria histórica. Asegurar las zonas delimitadas en la “Ciudad de los Servicios” (antes Cuartel Militar de Atoyac) en donde se llevará a cabo el escaneo, para protegerlas de posibles actos vandálicos o intentos por alterar la evidencia.
De detectarse presencia de restos humanos, dar todas las facilidades para la inmediata recuperación de éstos apegándose a las más altas normas procedimentales del caso y ser sumamente precavidos para asegurar el estricto respeto a la cadena de custodia y los procedimientos de embalaje y conservación de la evidencia. Estas exhumaciones son el resultado de una lucha de años por la verdad y la justicia y no pueden practicarse de manera precipitada e irresponsable.
Recordemos que el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, abrió un expediente que mantiene al Ejército Mexicano bajo escrutinio por la violación a los derechos humanos durante la llamada guerra sucia en contra de las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez (por cierto, se acaban de cumplir 36 años del asesinato del fundador y dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria) y de sus simpatizantes, quienes fueron ejecutados extra judicialmente, torturados y desaparecidos.
Julio Mata, miembro AFADEM, confirmó que se inició el mandato que hizo la CIDH al gobierno mexicano para buscar el cuerpo de Rosendo Radilla Pacheco, cuya única responsabilidad es haber sido simpatizantes de las dos guerrillas guerrerenses. Rosendo fue detenido en un retén militar en agosto de 1974 y visto, posteriormente, en el Campo Militar número uno.
“Este de Atoyac es un cementerio clandestino que hizo el Ejército. Es un caso paradigmático que pone en evidencia la violación sistemática de los derechos humanos como política de Estado. Esperamos encontrarlos y hacerles un homenaje, porque no son delincuentes, son personas que lucharon por una vida distinta”, dijo Julio Mata con justa razón.

Espurio en saca roto

Pese a que gasta una millonada en su imagen, FeCal no obtiene la aprobación de los mexicanos

MEXICO, D.F., 2 de febrero (UNIVERSAL).- La inyección de 90 millones de pesos adicionales en el gasto de comunicación social en el primer año de la administración del espurio Felipe Calderón, no evitó “la caída de la aprobación” de los ciudadanos de su gestión.
En menos de un año perdió varios puntos de “aprobación de su desempeño”.
En el 2007, FeCal gastó tres mil 425.5 millones de pesos en comunicación, cifra que superó en 90 millones, los tres mil 335 millones en el último año de la administración de Vicente Fox. Sin embargo, mientras la inversión aumentó, la percepción del desempeño presidencial comenzó a caer.
Los datos sobre el gasto fueron entregados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y revelan la tendencia desde el año 2001 hasta el 2007 del “gasto de todas las dependencias de la administración pública federal en medios de comunicación para la compra de espacios publicitarios”.
Liliana Rojas, secretaria técnica de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Normativdad de Medios de la SEGOB, aclaró que “no tiene el dato” del monto proyectado para el año 2008 “debido a que aún no se reciben las estrategias y programas de comunicación social de las dependencias y entidades para el presente ejercicio fiscal”.
El 29 de enero pasado, este diario documentó cómo FeCal pidió a su gabinete dejar de lado los pretextos y asumir una posición más activa para difundir las acciones del gobierno ilegítimo, a través de los instrumentos de comunicación política.
Realizó un llamado de atención y mostró su inconformidad con el trabajo de la mayoría de las áreas de Comunicación Social de las secretarías de Estado, en especial las de Energía y Turismo.
En total, la administración foxista gastó durante los 6 años la cantidad de 16 mil 326 millones 965 mil millones de pesos. En promedio, el gobierno anterior erogó 7 mil 455 pesos por día en comunicación social, mientras que hasta ahora la administración de Calderón promedia 9 mil 384 pesos para el 2007, pues no hay datos oficiales del presente año.

Denuncia penal

* Demanda al INFONAVIT por la venta de cartera vencida, anuncia el Gobierno Legítimo / El Instituto cedió 56 mil créditos, por muy bajo valor a empresas privadas, que los revenden en 1000% más del precio adquirido
* Se denuncia la pretensión de la dependencia federal de eliminar los archivos de esta operación financiera en noviembre del año pasado / Participa en estas anomalías el ex coordinador general de Recursos Corporativos del FOBAPROA, Enrique Colliard

La Secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo, Laura Itzel Castillo Juárez.

MEXICO, D.F., 2 de febrero (REDACCION).- A raíz de que se realizó la auditoria ciudadana propuesta por el Consejo de Defensa de la Vivienda y otras organizaciones, la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que ya se tienen más información sobre las anomalías en la venta de cartera vencida del INFONAVIT y ello permite que actualmente se integre, conforme a la ley, una denuncia penal para lograr que se castiguen a los responsables de este atropello.
En los últimos meses, detalló, la Secretaría de Asentamientos Humanos del Gobierno Legítimo de México ha venido denunciando públicamente, a través del Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV), las anomalías en la venta de cartera de vencida del INFONAVIT a recuperadoras de deuda.
A partir de esa etapa, expresó, se documentó que a principios del 2006, el INFONAVIT cedió a título oneroso 56 mil créditos, en promedio a un 10 % de su valor, es decir, aproximadamente 20 mil pesos, a Capital Market (CAPMARK), grupo financiero trasnacional y a SCRAP II, quienes los están revendiendo a los acreditados en más del 1000% del precio en que los adquirieron.
También, señaló que se denunció la pretensión de la dependencia de eliminar los archivos de esta operación financiera en noviembre del año pasado.
Recordó que ante estos hechos ominosos, el Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV, con la participación del Barzón Jurídico Movimiento Nacional, Centro Operacional De Vivienda y Poblamiento, Talleres de Habitabilidad, entre otras organizaciones sociales, promovió una auditoría ciudadana para conocer los pormenores de la transacción.
Además, explicó se presentó un amparo contra la destrucción de los contratos de venta. A finales de octubre del 2007, el INFONAVIT informó al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito que entregaría la información al Consejo de Defensa de Vivienda.
Mencionó que la auditoría ciudadana y la presentación de un amparo contra la destrucción de contratos de venta del INFONAVIT resultaron cruciales, porque se logró detener la destrucción de los registros de la cesión de la cartera y, por otro, permitió contar con la información con la que se puede aseverar que hubo graves irregularidades que ameritan acciones penales.
“Por citar sólo algunos datos que ha arrojado el análisis que realiza el CDV, se puede destacar que el 28 de octubre de 2005, el Consejo de Administración del INFONAVIT autorizó la venta de 56 mil 491 créditos en cartera vencida mediante subasta pública. El 31 de octubre del 2005 y el 3 de abril del 2006 publicó las convocatorias en los diarios El Financiero, El Universal y Reforma”, pormenorizó.
Reveló que el 12 de enero de 2006 INFONAVIT vendió la primera parte de esta cartera a Capmark, cuyas inversiones más importantes son en Estados Unidos -en 415.7 millones de pesos y en 15 de junio del 2006 vendió el segundo paquete a Scrap II S. de R.L. de C.V.- que a su vez es un “grupo inversionista” de Pendulum Associates S. de R.L., cuyo actual presidente, Enrique Colliard, fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del FOBAPROA.
Comentó que Enrique Colliard pagó con un cheque de caja de mil 173 millones de pesos el mismo día que la firma se constituyó y varios meses después de que se publicaran las convocatorias correspondientes. Por lo tanto la empresa no estaba dada de alta en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio el día en que le fue adjudicada la cartera.
Indicó que el Consejo en Defensa de la Vivienda continúa con la auditoría ciudadana para fortalecer la integración de la denuncia penal, asimismo sigue promoviendo amparos en todo el país para proteger a los derechohabientes que son víctimas de estas irregularidades.
Evocó que el amparo es un instrumento que se fundamenta, por un lado, en la resolución de la Suprema Corte del 29 de agosto pasado que determinó que es inconstitucional la cesión de cartera vencida de los bancos a particulares.
Y, por otra parte, indicó se basa en lo establecido por el artículo 123 constitucional, que en su fracción XII dispone que las formas y procedimientos para que los trabajadores adquieran vivienda deberán regularse en la Ley. La Ley del Infonavit en ningún lugar regula la venta de cartera a un particular, ni dispone que los derechohabientes tengan que pagarle a un particular, ni negociar o reestructurar su crédito con una empresa privada, ni enfrentar un juicio ante una empresa mercantil; por lo que se sostiene que esta venta también debe ser calificada como inconstitucional.
Expuso que la venta de cartera vencida es inconstitucional y por ello propuso tres acciones a seguir: convocar a las organizaciones de vivienda, a las organizaciones de deudores y a la resistencia civil en general a organizar grupos de deudores cuyos créditos de INFONAVIT hubieren sido vendidos para promover amparos en contra de INFONAVIT que proporcionaría la Secretaría.
Dos, exigir a INFONAVIT que dé el mismo derecho a los y las derechohabientes de readquirir sus créditos al mismo valor que los vendió a las empresas privadas y tres hacer un llamado a movilizaciones pacíficas en los juzgados de las distintas ciudades del país donde se ingresen los amparos.
Mencionó que la CDV tiene la información que permite aseverar que hubo graves irregularidades que ameritan acciones penales y muestra de ello es que en 2006, el INFONAVIT favoreció con la venta de dicha cartera y fuera de subasta pública a la empresa Scrap II cuyo actual presidente, Enrique Colliard, fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del FOBAPROA.
“Este personaje pagó al INFONAVIT con un cheque de caja de mil 173 millones de pesos el mismo día que la firma se constituyó y varios meses después de que se publicaran las convocatorias correspondientes. Por lo tanto la empresa no estaba dada de alta en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio el día en que le fue adjudicada la cartera. De ahí que quienes realizan este tipo de transacciones respondan la categoría de carteristas de cuello blanco”, denunció.