Millonaria partida para gastos secretos

Jorge Carrasco Araizaga

La decisión del gobierno federal de impedir que se conozcan las partidas secretas, según lo publicó el Diario Oficial de la Federación, las deja a salvo de cualquier supervisión. A partir de ahora el Congreso no podrá auditar las compras, arrendamientos o pagos de servicios que realicen por lo menos 11 dependencias gubernamentales, con el argumento de que son erogaciones relacionadas con la seguridad nacional.El gobierno de Felipe Calderón decidió mantener en secreto, y aun incrementar, el gasto discrecional que cualquier área de su administración haga en servicios considerados necesarios para la seguridad nacional.El pasado 10 de marzo, el Diario Oficial de la Federación publicó las Reglas de Operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) emitidas por la oficina de la Presidencia de la República. En la práctica, estas reglas crean partidas secretas de gasto público en dicho rubro.Además de los recursos que cada secretaría de Estado tiene asignados para este tipo de gasto, principalmente los dedicados al combate a la delincuencia organizada, el presidente Calderón cuenta con un presupuesto propio de seguridad nacional, que este año ascendió de 12 y medio millones de pesos a 33 millones y medio.Con el establecimiento de estas reglas, el mandatario extiende a su gabinete de seguridad nacional una carta blanca en lo que respecta al manejo de recursos, pues con ellas evitará que la Cámara de Diputados audite las compras, arrendamientos o pagos de servicios que se realicen con el argumento de que abarcan aspectos de dicho rubro.Además, las reglas aumentan la discrecionalidad para que ese gabinete, formado por los integrantes de 11 dependencias, haga adjudicaciones directas. Evitan incluso la supervisión por parte de los órganos internos de control (OIC) de cada dependencia involucrada y mandan a la reserva, hasta por 12 años, la información implicada, con la agravante de que cualquier infracción grave en el manejo de los recursos prescribe a los cinco años.Vigentes desde el mismo 10 de marzo, las Reglas de Operación cierran el paso a revisiones como la practicada el año pasado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al presupuesto ejercido en 2006 por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación.A pesar de que sólo auditó una muestra de 257 millones de pesos –21.7% de los mil 187 millones de pesos presupuestados para el Cisen en el último año del gobierno de Vicente Fox–, la ASF encontró que 20 millones se entregaron a proveedores de servicios sólo mediante un acta circunstanciada y que otros 22 millones de pesos se ejercieron con cargo al presupuesto de años posteriores.En su reporte, dado a conocer el 27 de marzo, la auditoría comprobó además que un vehículo y 19 equipos de cómputo fueron transferidos a la Presidencia; y más grave aún, que un avión del Cisen fue utilizado por funcionarios de otras dependencias gubernamentales.Al revisar 59 órdenes de vuelo de la aeronave Lear Jet 45, matrícula XC-VMC, por el período enero-diciembre de 2006, la ASF encontró que trasladó a funcionarios ajenos al Centro sin contar con la autorización del titular de la Secretaría de Gobernación, en ese momento Carlos Abascal Carranza.Por este hecho, que implicó la utilización de recursos del Cisen para fines ajenos a sus tareas de investigación y análisis, el organismo fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados pidió una investigación para el posible establecimiento de responsabilidades del funcionario o los funcionarios que permitieron esa desviación.Si las Reglas de Operación hubieran estado vigentes al momento de la auditoría, no se habría conocido que el Cisen gastó 54 millones y medio de pesos en la contratación de servicios de noticias en español, de telefonía, de comunicación de voz satelital, de renovación y actualización de licencias de software o en el mantenimiento de una aeronave.La opacidad promovida por la Presidencia de la República quedó establecida en las Reglas de Operación del Comité Técnico de Seguridad Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación bajo la certificación de Sigrid Arzt Colunga, secretaria técnica del CSN, cargo que depende directamente del presidente de la República.Ese comité fue creado el 10 de diciembre de 2007 por el CSN, instancia que se formó a finales del sexenio pasado luego de que en enero de 2005 entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional. El CSN se ha convertido en uno de los principales actores del gobierno calderonista. Lo preside el propio Calderón y lo integran los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Relaciones Exteriores, y de Comunicaciones y Transportes. También participan el procurador general de la República y el director general del Cisen.El CSN cuenta con un secretario ejecutivo, que recae en el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y con un secretariado técnico, que está bajo el mando de la académica Sigrid Arzt como parte de la estructura de la Oficina de la Presidencia de la República.En el primer año del gobierno de Calderón, el secretariado técnico tuvo un presupuesto de 12 millones 581 mil 233 pesos. Para 2008 dispondrá de 33 millones 556 mil pesos, casi el triple.Esta instancia tiene un gran poder de operación. De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, además de manejar la información generada por el CSN, propone lineamientos y la ejecución de acciones, controla el inventario de la infraestructura estratégica del país y mantiene la relación con la comisión bicameral de Seguridad Nacional, entre otras facultades.
Reservas
La Presidencia de la República mantiene en reserva la información sobre la estructura de la oficina que encabeza Arzt, y ahora pretende que tampoco se conozca la manera en que ejercerá su presupuesto en caso de que la Cámara de Diputados quiera revisarlos mediante la Auditoría Superior de la Federación.De los 33 millones y medio de pesos que dispondrá esa oficina de Los Pinos, 23 millones y medio serán para “servicios personales”, 1 millón 247 mil para “materiales y suministros” y 8 millones 771 mil para “servicios generales”.Es decir, más allá de los 20 millones de pesos que en su mayor parte se destinan al pago de sueldos, quedará en secreto la forma en que se gasten por lo menos 10 millones, pues de acuerdo con las Reglas de Operación no se sabrá qué empresas o personas serán quienes cobren ese dinero ni bajo qué concepto.En teoría, el comité se encargará de “agilizar la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios en materia de seguridad nacional”. Pero en los hechos su tarea consistirá en garantizar el secreto de los gastos discrecionales que haga el gobierno de Calderón en el sector.Sus operadores serán Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública –dependencia que pretende mantener como reservada por tres años la declaración patrimonial del expresidente Vicente Fox– y Dionisio Pérez-Jácome Friscione, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.Vega es el presidente del Comité Técnico, que además de Pérez-Jácome tendrá “un representante con nivel de oficial mayor u homólogo” de las dependencias que integran el CSN.Calderón cuidó que ese Comité no se salga de su control, pues en las reglas estableció que en todas las sesiones de aquél “asistirá con el carácter de invitado permanente, con voz pero sin voto, un representante de la Oficina de la Presidencia de la República”.La regla quinta de la publicación crea un régimen de excepción que no sólo garantiza el secreto, sino una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos y la impunidad en caso de que se incurra en irregularidades graves.Según esa disposición, el Comité Técnico del CSN tiene la tarea de integrar un catálogo con la descripción de los bienes muebles, arrendamientos y servicios en materia de seguridad nacional, un registro general de proveedores y otro de precios de referencia.Con el registro del nombre, razón social, domicilio, apoderados, experiencia, bienes o servicios y antecedentes de los proveedores, el comité pretende que el Consejo de Seguridad Nacional contrate bajo criterios de “economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.En esas bases de datos quedarán las compras “que por sus características básicas relevantes y finalidad intrínseca encuadren en el régimen de excepción previsto en el artículo 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.Ese artículo establece también que las dependencias y entidades “bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a tres personas o de adjudicación directa”.En su fracción IV precisa que ese tipo de contrataciones se podrá hacer cuando “se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean necesarias para garantizar la seguridad nacional, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.La referencia a la Ley de Transparencia alude a su artículo 13, según el cual este tipo de información tiene el carácter de reservado. Más aún, cuando se trata de seguridad nacional, la misma Ley de Adquisiciones establece, en su artículo 40, excepciones relativas a la transparencia en el manejo de los recursos públicos.Dice esa disposición que el titular del área responsable de la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios de seguridad nacional no está obligado a rendir ningún informe al Órgano Interno de Control de la dependencia cuando esas operaciones se realicen con fundamento en el artículo 41 de la ley.Lo que hizo el gobierno de Calderón a través del Comité Técnico fue fijar reglas para obstruir la revisión de los gastos que las dependencias aduzcan como de seguridad nacional y ampliar las facultades discrecionales de su gabinete de seguridad para hacer compras, arrendamientos o pago de servicios por adjudicación directa o invitación a terceros.Pero como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental reserva por 12 años lo referente a seguridad nacional, extiende también una garantía para que queden sin castigo los posibles abusos cometidos al amparo de esta discrecionalidad.La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala en su artículo 34 que en el caso de infracciones graves en el manejo de recursos públicos las sanciones prescriben a los cinco años, un tiempo muy inferior al permitido para que se conozca la información reservada como de seguridad nacional.La información sobre ese tipo de gasto ni siquiera podrá ser conocida por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, creada como un pretendido control a las acciones del Ejecutivo federal en esa área. La Ley de Seguridad Nacional señala que en sus relaciones con ese órgano legislativo, la oficina que ahora está bajo el control de Sigrid Arzt omitirá “cualquier información cuya revelación indebida afecte la Seguridad Nacional, el desempeño de las funciones del Centro (Cisen) o la privacidad de los particulares. Para tal efecto, ningún informe o documento deberá revelar información reservada”.
Blindaje presidencial
De acuerdo con el diputado del PRD Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, los candados puestos a la supervisión del gasto por parte de la ASF van contra el artículo 74 de la Constitución. Este artículo le da a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de fiscalizar el ejercicio del gasto público. En el caso de las partidas secretas, ese mismo ordenamiento señala que no las habrá “fuera de las que se consideren necesarias”, con ese carácter, en el presupuesto de egresos de la federación. Además, las “emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República”. Más allá de lo establecido en la Constitución, Calderón le da ese trato al gasto de su gabinete de seguridad nacional.Suárez del Real asegura que “la rendición de cuentas quedaría sepultada por este esquema de discrecionalidad en el que se quiere esconder el gasto en áreas que no reúnen las características de alta seguridad”.Y señala una paradoja: “Si tanto queremos proteger los asuntos de seguridad nacional, por qué no tenemos un satélite propio que se encargue de la transmisión de datos”. Recuerda que sólo 7% de Satmex es propiedad pública. “Como Estado somos un cliente más de una empresa particular”.Las Reglas de Operación van más allá de las excepciones, como las encontradas en la revisión del gasto ejercido por el Cisen en 2006. Una de éstas fueron los 20 millones de pesos auditados que se pagaron mediante “actas circunstanciadas” por no requerir de comprobantes.Según la regulación de las partidas de seguridad pública y nacional, en los casos en que no exista documentación que compruebe las erogaciones, la instancia gubernamental que las haya dispuesto deberá acreditarlas mediante actas circunstanciadas en las que se asiente el motivo y el monto de la erogación, ante la presencia de dos testigos designados por esa misma instancia y, posteriormente, formalizada por el titular de la unidad.Además de los recursos, la ASF también revisó el desempeño del Cisen. La conclusión no fue nada favorable. Según el fiscalizador, “no se identifican mecanismos de control interno para evaluar el impacto de las acciones que en materia de seguridad nacional el Cisen realiza para contribuir a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad, y fortalecer el estado de derecho”.Directo, le dice que carece de “indicadores de desempeño y de instrumentos formales de retroalimentación” que permitan la evaluación de su trabajo. Más: le indica que “no elaboró los lineamientos generales del plan estratégico” de seguridad nacional que le ordena la Ley de la materia.La ASF señala también que la Agenda Nacional de Riesgos que por ley el Cisen debe elaborar cada año, en 2006 la formuló sin respetar los procedimientos establecidos en el “Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal”, publicado por la Secretaría de la Función Pública el 27 de septiembre de 2006.Ante esas observaciones, el Cisen apeló al secreto por razones de “seguridad nacional” y coincidió con el argumento esgrimido por el Comité Técnico para reservar cualquier información relacionada con la materia.“Es necesario advertir que la publicación de datos asentados en los resultados de la Auditoría de Desempeño número 234, aun tratándose del producto de ejercicio de facultades de fiscalización, deberá apegarse (a la Ley de Transparencia y la de Seguridad Nacional).”Por lo tanto, expone, “está vigente una reserva por ministerio de ley sobre la información cuya difusión implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para la seguridad nacional, así como aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actuar o potenciar cualquiera de las amenazas” a la seguridad del país.Y continúa: la publicación de información no reservada que está en poder del Cisen “debe apegarse invariablemente al principio de información confidencial gubernamental” establecido en la Ley de Seguridad Nacional.

Supuesto dinero de Pemex a campaña de Calderón

Ana Lilia Pérez

Expedientes abiertos en la PGR y la SFP involucran a Juan Bueno Torio en supuesta triangulación de recursos para la campaña de Felipe Calderón. El dinero provendría de adjudicaciones para el transporte de hidrocarburos, por 200 millones de pesos.

¡Hace dos años que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga al senador Juan Bueno Torio, exdirector general de la subsidiaria Pemex Refinación, por abuso de autoridad, tráfico de influencias, uso indebido de funciones, coalición de servidores públicos y enriquecimiento ilícito, al autorizar adjudicaciones directas por 10 mil 300 millones de pesos en contratos para servicios de transporte de hidrocarburos.El expediente (integrado en la averiguación previa 95/UEIDCSPCAJ/2006) radicado en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, contiene un diagrama que detalla cómo se operó la adjudicación de los contratos, de los cuales, cita el texto, el 4 por ciento del monto autorizado, es decir, unos 400 millones de pesos, se destinaron de la siguiente manera: Doscientos millones “a la campaña de Felipe Calderón; 70 millones a la (campaña) de Juan Bueno Torio, y el resto entre los otros funcionarios que participaron en la operación”, entre ellos Rosendo Villarreal Dávila, José Antonio Gómez Urquiza, Pedro Carlos Gómez Flores, Laura Chong Gutiérrez, Oswaldo Machado Martínez.Se explica que Pedro Carlos Gómez Flores habría negociado con los transportistas los montos que se repartirían a cada empresa; que José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra –a quien se ubica como financiero de Calderón– aprobaría los montos como presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de Pemex Refinación; que Oswaldo Machado habría diseñado la adjudicación directa, y que Laura Chong Gutiérrez habría operado la parte jurídica.De resultar ciertos los señalamientos investigados por las autoridades federales, Bueno Torio habría contravenido el artículo 134 constitucional que obliga a licitar cualquier contratación de obra o servicio de gobierno.
Ligas empresarialesLas empresas beneficiadas con las adjudicaciones tienen vínculos de parentesco directo o son propiedad de amigos y militantes del Partido Acción Nacional (PAN).Jesús González Schmal, exdiputado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que la inclusión de dicho diagrama fue una de las razones principales por las que el entonces procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, “encapsuló” la denuncia contra Bueno Torio y los directivos de Refinación que, hasta la fecha, siguen en la paraestatal.Además de Bueno Torio, la denuncia involucra al administrador general de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila, quien habría autorizado la partida presupuestal; al subdirector de Finanzas de Refinación, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra; al gerente de Transporte Terrestre, Oswaldo Machado; a José Antonio Prado Carranza, de la Oficina del Abogado General de Pemex (OAG); el subgerente de Contratos y Pagos, Antonio Farah Capur; y el encargado de la Subgerencia de Operación, Ricardo Estrada Rentería.Rosendo Villarreal es un político afiliado al PAN desde 1990. Fue presidente municipal de Saltillo, Coahuila, de 1991 a 1993; candidato a la gubernatura del estado en 1993; senador en la Legislaturas LVI. Actualmente es miembro del Consejo Nacional Estatal del blanquiazul.Prado Carranza ingresó al jurídico de Pemex apoyado por su amigo y excompañero de la Universidad Panamericana, César Nava Vázquez, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón. Avaló cinco convenios y contratos asignados a Ivancar, incluidos dos que firmó Juan Camilo Mouriño. En el cambio de gobierno, Felipe Calderón lo colocó al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Luz y Fuerza del Centro.La relación de Gómez Urquiza de la Macorra es directamente con el presidente Felipe Calderón, y se estrechó cuando en la LV Legislatura (1991-1994) ambos eran compañeros de bancada. Gómez Urquiza se afilió al PAN en 1979; en 1984 se convirtió en consejero nacional, cargo que tiene hasta la fecha dentro del partido. Está casado con Marcela Madero Morelos Zaragoza, hija de Pablo Emilio Madero, fundador del PAN y expresidente nacional, quien como diputado federal, en el mismo periodo que su yerno, perteneció también a la Comisión de Energía.La denuncia contra Bueno Torio y los citados funcionarios –en la que se les involucra también en la supuesta triangulación de recursos con fines electorales– ante la Secretaría de la Función Pública, quedó radicada en el expediente DE/081/2006. Se les vincula en violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por adjudicar indebidamente los contratos, que posiblemente habrían provocado daño patrimonial a la paraestatal por la suma total de éstos, es decir, por más de 10 mil millones de pesos.Las denuncias en la PGR y la SFP incluyen oficios internos de la OAG, la Dirección General de Refinación, la Subdirección de Finanzas y la Gerencia de Transporte; correos electrónicos remitidos a las contratistas que serían beneficiadas con las adjudicaciones; contratos que Bueno Torio adjudicó a sus familiares; actas constitutivas de dichas empresas que comprueban el grado de parentesco y consanguinidad de sus propietarios, por lo que, según la Ley de Arrendamiento, Adquisiciones y Servicios, estaban imposibilitadas para contrataciones con el gobierno federal. El mismo caso de Ivancar.González Schmal dice que el documento que vincula a Felipe Calderón como beneficiario indirecto de parte de estas contrataciones, le fue entregado por un alto directivo de Pemex, junto con otros oficios que documentan la manera en que el área administrativa de Pemex Refinación –con el aval del administrador general de la paraestatal, Rosendo Villarreal Dávila– habría operado las adjudicaciones.“Nos entregaron las actas del Comité de Adquisiciones donde Gómez Urquiza operaba por encomienda de Juan Bueno Torio. El señuelo para obtener recursos de forma indebida era que allí habría una partida para ir acumulando recursos para Felipe Calderón”, explica.El exlegislador dice que en la Secretaría de la Función Pública, entonces a cargo de Eduardo Romero Ramos, tampoco avanzaron las indagatorias por los vínculos de los funcionarios en turno con Acción Nacional. Acota que Romero Ramos fue colocado en el cargo por su antecesor Francisco Barrio Terrazas, otro integrante clave de ese partido. González Schmal reflexiona que al dar celeridad a las denuncias que presentaron contra Bueno Torio, “se comprobarían también los ilícitos de Juan Camilo Mouriño Terrazo de haberse beneficiado con los contratos de los cuales ya había antecedentes de su ilegalidad, denunciado ante las autoridades judiciales”.La operaciónEn 2006, los diputados Jesús Gonzáles Schmal, Martha Palafox Gutiérrez, Martha Lucía Micher Camarena, Sofía Castro Ríos, Jorge Legorreta Ordorica y Eduardo Espinosa Pérez, presentaron una denuncia penal contra el exdirector de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, por tráfico de influencias y uso indebido de funciones.La denuncia de la comisión legislativa en contra del hoy senador panista e integrante de la Comisión de Energía del Senado de la República fue por autorizar discrecionalmente la adjudicación directa de contratos para los servicios de transporte de hidrocarburos.Juan Camilo Mouriño ha defendido que las adjudicaciones a Ivancar se derivan “de un convenio marco” firmado entre Pemex y un grupo de contratistas. Sin embargo, omite decir que dicho convenio, así como la contratación transexenal, fue impuesta por Juan Bueno Torio para garantizar la contratación multianual de las compañías de su familia y de políticos y funcionarios de Acción Nacional, sin licitación pública de por medio y sin que la paraestatal verificara la capacidad técnica y económica de sus empresas.Omite también que la validez jurídica se la dio José Antonio Prado Carranza, uno de los principales operadores de César Nava en Pemex.


La historia
Como director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio firmó un convenio con la Asociación de Transportistas al Servicio de Petróleos Mexicanos, Clientes y Empresas Sustitutas, AC, para el transporte de gasolinas.Bueno Torio, a su llegada a la subsidiaria, desconoció el convenio e implantó un “Plan piloto de transporte dedicado” y dejó prácticamente fuera a los transportistas de la asociación, para incorporar a las empresas de su familia y de otros políticos y funcionarios del PAN, entre ellas Ivancar, de la familia Mouriño, en contravención a la Ley de Adquisiciones.En respuesta al desconocimiento del acuerdo por parte de Bueno Torio, la asociación presentó sendos juicios de amparo contra la subsidiaria –expedientes 1551/2003 y 1052/2003– ante el juez séptimo en Materia Administrativa, que derivaron en sendas denuncias contra la subsidiaria en la PGR y la SFP.Sobre este mismo caso, en mayo de 2004, Elías Dip Rame, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, AC, denunció a Bueno Torio –expediente DE/09/2004– por corrupción y tráfico de influencias, al aumentar 400 por ciento los montos asignados “a sus parientes”. Ese mismo año, por intervención de la Oficina del Abogado General de Pemex, el caso fue cerrado.El 26 de enero de 2005, Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución, suscribe un convenio con las transportistas que serían beneficiadas con los contratos multianuales, entre ellas Ivancar.El esquema del contrato multianual de Ivancar habría sido elaborado desde enero de ese año por el entonces gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza.El 16 de febrero de 2005, la Gerencia de Transporte Terrestre, encabezada por Oswaldo Machado, define los criterios de asignación de montos para contratos individuales. Y ese mismo día se determina la multianualidad de éstos.Oficios internos de Pemex revelan que el acuerdo se hizo entre altos funcionarios de Refinación y la Canacar (Cámara Nacional del Autotransporte de Carga) antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la contratación, lo cual contraviene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público e incumple con los lineamientos para adjudicaciones directas.La disposición de los recursos la hizo el subdirector de Finanzas y Administración de Pemex Refinación, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, y fue avalada por el administrador general de Pemex, Rosendo Alfredo Villarreal Dávila.El 23 de febrero de 2005, Pemex enlistó a las compañías que recibirían los contratos por un monto de 10 mil 114 millones de pesos. En el oficio DG 69/2005, León Flores González, presidente nacional de la Canacar, envió a Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, la lista de transportistas beneficiados con los contratos multianuales por adjudicación directa, vigentes desde ese año y hasta el 31 de diciembre de 2008.Pero el servicio lo solicitó el Comité de Adquisiciones hasta el 9 de marzo de 2005, según un documento de Pemex clasificado como “reservado”, lo que significa que el subdirector de Refinación negoció primero las adjudicaciones con los transportistas y luego se hizo oficial la necesidad del servicio.Lo anterior invalida el supuesto de la necesidad de la adjudicación directa que, según la Ley de Adquisiciones, está reservada para otorgarse cuando peligra el orden social, economía y seguridad nacional, cuando se tiene derechos exclusivos o patente, cuando son grupos marginados que por interés de la sociedad se puedan apoyar siempre y cuando sea en igualdad de condiciones con otras propuestas. Ni el servicio ni las transportistas beneficiadas estaban en esta condición, tan es así, que cuatro eran de familiares de Bueno Torio y una del actual secretario de Gobernación. Ambas familias de las más ricas de sus respectivos estados.El 2 de marzo de 2005, la Gerencia de Transporte Terrestre, a cargo de Oswaldo Machado Martínez, presenta el “dictamen de justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública”, firmado además por José Antonio Farah Capur, subgerente de Contratos y Pagos, y Ricardo Estradas Rentería, encargado de la Subgerencia de Operación.La argumentación es que si no se otorgaban los contratos multianuales “se podría provocar desabasto y probables bloqueos a instalaciones de Pemex Refinación y/o vías de comunicación, lo cual implicaría un gravísimo riesgo económico, político y social”.En el documento se asienta que en el procedimiento de propuesta no habría mediado servidor público alguno interesado en obtener beneficio de ella. Aunque en la argumentación misma se incluyó el padrón de empresas beneficiarias y se conocía la relación de éstas con algunos funcionarios de Refinación, desde el entonces director, Juan Bueno Torio, quien también fungía como presidente del Consejo de Administración de la subsidiaria.En sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, presidida por José Antonio Gómez Urquiza, el 9 de marzo de 2005 la Gerencia de Transporte Terrestre solicitó la aprobación de la adjudicación. El acta está clasificada en Pemex como “reservada”.El 1 de junio de ese año, las empresas firmaron los contratos en los que aparecen, además, las firmas de Oswaldo Machado y José Antonio Prado.La irregularidad en las asignaciones alcanzaría a la administración de Jesús Reyes Heroles, pues además de darles continuidad, en el caso de algunos transportistas como Ivancar, en enero pasado les asignó partidas presupuestales adicionales, del 20 por ciento del monto original.

Operadores en Gobernación
Jesús González Schmal responsabiliza al hoy subsecretario de Gobernación, Francisco Daniel Cabeza de Vaca, ante quien en 2006 se denunció penalmente a Juan Bueno Torio, de “incurrir en violaciones a la Ley Orgánica de la PGR, por no desahogar las denuncias en el tiempo en que la ley lo estipula, y en las condiciones de impartición de justicia pronta y expedita”.Respecto del secretario de Gobernación, quien fue beneficiado de forma directa con estas asignaciones, señala: “Lo más grave es que él como contratista de Pemex tenía conocimiento pleno de cómo se operaron estos contratos, de que nosotros documentamos que las adjudicaciones eran ilegales, que denunciamos penalmente, e independientemente si de allí él o su familia aportó o no a la campaña de Calderón, Juan Camilo Mouriño no tuvo empacho y pudor alguno en beneficiarse de ellos”.Explica que aunque hasta la fecha no se ha presentado denuncia penal contra el secretario de Gobernación, de dar celeridad a las denuncias contra Bueno Torio se comprobaría la ilegitimidad de los contratos de Ivancar “y el tráfico de influencias y conflicto de intereses del secretario de Gobernación”.Explica que una vez que se compruebe la ilegalidad de los contratos, el dinero que los accionistas de Ivancar han recibido a cuenta, implicaría peculado. Hasta noviembre de 2007, de acuerdo con las facturas obtenidas por Contralínea, la empresa del secretario de Gobernación había cobrado a cuenta del contrato 00142-CM/2005-2008 cerca de 39 millones de pesos.Actualmente, diputados de los partidos políticos adheridos al Frente Amplio Progresista (FAP) documentan la ilegalidad de los contratos de Pemex Refinación, porque la designación del monto, la vigencia y la partida para cada empresa las establecieron funcionarios de Pemex sin consultar al Legislativo para comprometer presupuesto fiscal multianual y, sobre todo, de carácter transexenal.El diputado Elías Cárdenas asegura que funcionarios de Pemex, entre ellos José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, a quien en las indagatorias de la PGR se le señala como “financiero de Felipe Calderón”, habrían excedido de sus funciones e incurrido en delitos del orden penal.Para confrontar la información se buscaron entrevistas con José Antonio Gómez Urquiza, subdirector de Refinación; al área de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y al senador Juan Bueno Torio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 1 de abril de 2008 Año 5 No. 99

Boletín Informativo ISA núm 391

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

RECONOCE LÓPEZ OBRADOR EL COMPROMISO Y VALENTÍA DE MUJERES BRIGADISTAS EN LA DEFENSA DEL PETRÓLEO. LLAMA A CONSTRUIR UNA NUEVA REPÚBLICA, MÁS HUMANA, MÁS DIGNA Y MÁS IGUALITARIA

Dentro de las actividades preparatorias de las jornadas de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo, el día de hoy, representantes de diez mil mujeres brigadistas se reunieron en el Monumento de la Revolución, en la Ciudad de México, donde el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó el protocolo mediante el cual se les tomó protesta.

La siguiente es la intervención del presidente legítimo de México, en un discurso lleno de referencias a los aspectos más esenciales y profundos de la lucha lopezobradorista.

Estimadas y entrañables amigas brigadistas:

Hoy más que nunca quiero hablarles con el corazón, hoy que estamos decididos a defender el derecho del pueblo a la esperanza, hoy que se acerca el momento de resistir ante esa gran tentación de privatizar el petróleo, hoy que estamos a punto de enfrentar el más grande de los desafíos que nos haya tocado vivir… Hoy como nunca quiero hablarles con el corazón.

Hace unos días, en el Zócalo, sostuve que la resistencia civil pacífica no sólo es protesta, es también una vía hacia la transformación del país, un proceso para la construcción de una nueva República, más humana, más digna y más igualitaria, donde realmente quepamos todos y todas y haya justicia para el pobre y para el humillado.

Dije también que en el camino hacia la construcción de esa nueva República teníamos que ir creando, y eso es lo que estimo más importante, una nueva corriente de pensamiento que se arraigue y permanezca en la conciencia del pueblo.

Una nueva corriente de pensamiento que reconozca y exalte la cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo; una nueva corriente de pensamiento que haga surgir una voluntad colectiva para impedir que en la política y en la vida pública predominen el engaño, la corrupción y el afán de lucro, en vez de la verdad, los valores morales y el amor al prójimo; una nueva corriente de pensamiento para evitar que el dinero triunfe sobre la dignidad, y el ser humano valga por su trabajo, su rectitud y su generosidad.

Para crear esta nueva corriente de pensamiento no basta con predicar, es indispensable enseñar con el ejemplo. No podemos exigir moralidad si no somos los primeros en demostrarla en todos nuestros actos. No podemos pedir a otros que actúen de manera congruente si nosotros no tenemos el arrojo de vivir anteponiendo a nuestros intereses personales, el amor al bien, a la inteligencia y al trabajo.

Y quién mejor que ustedes, con la sensibilidad que poseen, para enseñarnos las grandes verdades sobre el amor, la justicia, la libertad y el patriotismo.

Luchar por los demás es amar. Y para ser justos es necesario ser libres. Los sentimientos de justicia son hijos de la libertad, pues nunca siendo esclavos podremos ser justos.

La libertad es la mejor herencia que nos han dejado los héroes fundadores de nuestra patria. Si no actuáramos, por ejemplo, en defensa del petróleo y del destino de nuestro pueblo, ¿cómo podríamos decir a nuestros hijos que somos herederos de las enseñanzas de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Madero, de Villa, de Zapata y del general Lázaro Cárdenas?

¿Qué sentido tendría homenajearlos si no correspondemos a los más altos ideales de quienes abandonaron familia, tranquilidad y dieron la vida misma para dejarnos una nación libre y una verdadera patria?

¿Qué sentido tendría éste y todos los monumentos, si actuamos con cobardía?

Si no luchamos hoy, vayamos pensando en la vergüenza que sería para nosotros si dentro de algunos años, tal vez pocos, ya esclavos de los potentados, viniésemos a este mismo lugar o a cualquier otro altar de la patria a celebrar a nuestros héroes que se sacrificaron para hacer de nosotros un pueblo libre. ¿Con qué ánimo vendríamos aquí a recordarles? Todas y todos podemos hacer algo por salvar a la nación. Que nadie sea indiferente al porvenir de nuestra patria.

Compañeras brigadistas: Por eso es trascendente el ejemplo que están dando ustedes con su participación en la lucha contra la privatización del petróleo. La misión de ustedes es la más envidiable, por desinteresada y noble. Es un timbre de orgullo ejercer la libertad en pos de causas justas.

La vida es demasiado corta para que la ensuciemos dejándonos dominar por lo superfluo. Que todo lo noble y bueno que en nosotros hay nos domine a nosotros mismos.

La mayor alegría es hacer el bien; ninguna otra puede compararse. Y nuestra misión es hacer el bien por todas partes: cada quien en su esfera y todas y todos en la acción común.

Nada impedirá que mañana seamos más felices que hoy, porque la verdadera alegría es fruto de la libertad.

Es un honor contar con el apoyo de mujeres valerosas y conscientes como ustedes. Muchas gracias.

CONVOCATORIA: Mujeres Brigadistas.....

El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo convoca a todas las mujeres organizadas en brigadas al acto de "Toma de Protesta" ante el Presidente Legítimo de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador.

La cita es este domingo 6 de abril a las 11:00 a.m. en el Monumento a la Revolución. (Con ropa blanca y paliacate tricolor).

Ya somos más de 10,000 mujeres organizadas, invitamos a todas aquellas mujeres no registradas en alguna brigada a que asistan, habrá mesas de registro.

¡Vamos juntas a defender el petróleo, por nuestros hijos y por nuestra patria!

¡El Petróleo es nuestro! ¡Dignidad y Soberania Nacional!

NOTA: No olviden adelantar su reloj una hora el sábado 5 de abril.

Sintoniza RADIOAMLO.TV http://radioamlo.tv/

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Invitacion AMLO-monumento a la Revolucion

INVITACIÓN

ATENCIÓN REPORTERO Y/OREPORTERO DE LA FUENTE

PRESENTE .

El presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, asiste al acto de toma de protesta de las brigadistas del Movimiento Nacional en

Defensa del Petróleo.

La cita es el domingo 6 de abril, a las 12:00 horas, en el Monumento a la

Revolución, ubicado en avenida de la República, colonia Tabacalera,delegación Cuauhtémoc.

En guardia

José Agustín Ortiz Pinchetti

El intento de privatizar Pemex parece debilitarse. Síntomas: la línea informativa de medios electrónicos y diarios controlados por el gobierno está reduciendo el tema después de la aparatosa campaña para promoverlo. Calderón y Mouriño se inclinan por un “amplio debate” al que se negaron durante meses. Por unanimidad y con aspereza, los diputados federales del PRI rechazaron el diagnóstico elaborado por el gobierno. La resistencia está funcionando. No puede negarse la acción de priístas patriotas, pero la causa eficiente es el veto de AMLO, principal y casi único opositor del gobierno. Sin embargo, no puede descontarse un golpe artero en semanas recientes de este periodo legislativo.

Podría tacharse de incompetente a Calderón y a sus agentes, pero nadie les puede negar perversidad. Atacan en forma oblicua e intentan sorprender con falsas promesas y mentiras. Están atrapados: entre las dificultades de cumplir la reforma que ya “vendieron” en Estados Unidos y las presiones de los inversionistas que la ven como gran oportunidad de negocio. Los panistas no tienen temple patriótico. Hugo Gutiérrez Vega ha recordado la defensa que Efraín González Luna hizo hace más de medio siglo de la industria petrolera nacionalizada (no estoy de acuerdo en llamarle pensador de derecha a Efraín.)

Sobre los priístas hay que decir, que quienes controlan las cámaras son nacionalistas hoy, para estar en favor de la inversión privada mañana si pudieran obtener ventajas jugosas que le arranquen al desesperado Calderón. Ya lo vimos en el caso del desafuero. Recuerdo como Manlio Fabio Beltrones y otros ilustres priístas juraban que no apoyarían a Fox en la aventura, para votar en sentido contrario al día siguiente.

Hay que mantener la guardia en alto. La organización de la resistencia debe continuar. El despliegue de las brigadas el 25 de marzo demostró que tenemos con qué responder. AMLO ha visitado casi todas las capitales del centro y del sur del país. Miles lo han recibido dispuestos a una resistencia civil extrema. Lo numeroso, ordenado y articulado de las brigadas nos ha sorprendido aún a nosotros y seguramente ha alarmado al Cisen.

La resistencia civil pacífica es un instrumento de lucha política que no se ha empleado en México. Su raíz está en el pensamiento cristiano y en los ejemplos de líderes no violentos como Luther King y Gandhi y los jefes de varios movimientos independentistas.

Concentración (Madrid) contra la criminalización de los movimientos sociales

http://www.youtube.com/watch?v=TwoJO777_Ao

Madruguete el martes

Por Esto!

* Ante cientos de zacatecanos, Andrés Manuel López Obrador, advierte que el próximo martes 8 de abril el PRI y el PAN presentarían la iniciativa de “reforma energética” en el Congreso de la Unión para privatizar PEMEX

* Reitera de nuevo que el PRIAN intenta madrugar a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) / “Estamos notando que se están poniendo de acuerdo arriba el PRI y el PAN, Calderón y Manlio Fabio, y van a querer dar un albazo la semana que entra”

* Amalia García, Gobernadora de Zacetacas, se pronuncia contra “la reforma energética” y respalda los al Presidente Legítimo de México y al Movimiento en Defensa del Petróleo / “Nadie debe permanecer en silencio, afirma

Durante su visita a Zacatecas y ante cientos de personas que integran el Comité en Defensa del Petróleo, Andrés Manuel aseguró que el PRIAN intenta madrugar a los legisladores en el Congreso de la Unión y presentar la “reforma” que pretende entregar el petróleo a la inversión privada.

ZACATECAS, Zacatecas, 5 de abril (LA JORNADA/UNIVERSAL).- El Presidente Legítimo Andrés Manuel López Obrador adelantó que se espera que sea el próximo martes (8 de abril) cuando el PRI y el PAN presenten la reforma energética en el Congreso de la Unión con el propósito de privatizar Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Durante su visita a Zacatecas, donde se reunió con cientos de simpatizantes que integran el Comité en Defensa del Petróleo y acompañado por la gobernadora Amalia García Medina, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de la Entidad, López Obrador aseguró que el PRIAN intenta “madrugar” a los legisladores que conforman el Frente Amplio Progresista (FAP) en el Congreso de la Unión presentando la reforma que pretende entregar el crudo a la inversión privada.
“Estamos notando que se están poniendo de acuerdo arriba el PRI y el PAN, Calderón (Felipe Calderón) y Manlio Fabio, y van a querer dar un albazo la semana que entra”, expresó el Presidente Legítimo de México en entrevista con los medios de comunicación.
Afirmó que la resistencia civil que encabeza está preparada para enfrentar “el albazo” y puntualizó que tanto dentro como fuera de la Cámara de Diputados y Senadores se realizarán cercos ciudadanos para impedir la privatización, además de bloquear carreteras y aeropuertos.
Dijo que la resistencia civil contempla como última instancia encabezar un paro patriótico nacional y convocó a los legisladores locales a aprobar un punto de acuerdo en el que rechacen la reforma que apoyan panistas y priístas en el Congreso de la Unión.
Según López Obrador, “espías del gobierno usurpador quieren realizar destrozos durante las manifestaciones de protesta contra la privatización de PEMEX para desacreditar el movimiento en defensa del petróleo”.
Advirtió que “en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) están los espías del gobierno usurpador, no dejaremos que se pongan las camisetas blancas, en defensa del petróleo y comiencen a cometer abusos, y rompan vidrios, para dejar mal al movimiento, por eso tenemos que estar organizados y tiene que haber mucha disciplina”.
Señaló que a lo mejor en otros países la privatización ha significado modernidad, eficiencia, pero en la historia nuestra, la privatización siempre ha significado “corrupción, en todas las empresas públicas que se han entregado a particulares ha habido negocios ilícitos, cometidos al amparo del público”, manifestó López Obrador al precisar que se han entregado más de mil empresas públicas a la iniciativa privada como Teléfonos de México, Ferrocarriles Mexicanos, las minas, los bancos, aeropuertos, y las dos líneas aéreas Aéreoméxico y Mexicana de Aviación.
Así, en un encuentro con organizaciones sociales de Izquierda, Andrés Manuel López Obrador anunció que la resistencia civil que se ha conformado a nivel nacional ya está preparada para evitar que el próximo martes puedan dar un albazo los legisladores del PAN y PRI para sacar adelante la “reforma energética”.
Acompañado por la gobernadora Amalia García Medina, Andrés Manuel llegó al auditorio de la Facultad de Derecho, en donde envió un exhortó a los gobernadores, diputados, senadores y partidos políticos de izquierda que hagan a un lado sus diferencias y se sumen por la defensa patriótica del petróleo.
En su discurso, informó que la resistencia civil se ha preparado en dos sentidos el día que se presente esta reforma: Por una parte, dijo, adentro (del Congreso de la Unión), los diputados que pertenecen al Frente Amplio Progresista (FAP) harán la resistencia. Afuera, hará otra resistencia civil, “donde estaremos, porque este asunto hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias”.
Pidió vigilar la organización de las brigadas e identificar a todos los integrantes. “No queremos que vayan acarreados, porque pueden infiltrarse los espías y orejas del CISEN que pueden cometer abusos en nombre de nuestro movimiento para afectarnos”.
“¿Están dispuestos? -preguntó a los asistentes- porque nos quieren dar una albazo”.
Insistió en que pugnarán para que se realice un debate nacional sobre esta reforma, pero aseguró que los legisladores panistas pretenden “echarse para atrás” y no llevar acabo este acuerdo. “Hay que estar atentos, porque son muy chuecos y pueden dar el madruguete”, advirtió.
Aprovechó para agradecer a Amalia García su respaldo y dijo que ahora con su presencia se sentía “muy fortalecido”.
Por su parte, la gobernadora Amalia García Medina, se pronunció en contra de la reforma energética y se refirió a López Obrador como “el compañero”. Dijo respaldar los argumentos de Andrés Manuel y de este movimiento, porque es un momento de debate nacional sobre este tema, donde “nadie debe permanecer en silencio”.
En este evento al que también asistió el ex gobernador del PRI Arturo Romo para sumarse a esta lucha, Amalia García consideró que la industria petra de la nación debe ser transformada, pero no privatizada, afirmó que es una visión común en todos los sectores, lo que da cohesión para dar la defensa por el petróleo.

Que NO se quede en palabras

Julio Pimentel Ramírez

La reforma energética, el grave conflicto interno del PRD, entre otros temas de relevancia, han ocupado amplios espacios en los medios de comunicación y han relegado a un segundo plano otros acontecimientos de importancia para la vida pública nacional, como el que se refiere a la ratificación efectuada por México de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el pasado 18 de marzo, al que brevemente abordaremos en estas líneas.
Ese instrumento internacional establece una prohibición absoluta de dicho crimen y obliga a los Estados parte a adaptar su normativa interna de conformidad con las previsiones de la Convención, incluyendo -en el caso de México y de otros Estados federales- todas las partes constitutivas de la Federación, es decir las 32 entidades de la República.
Como suele suceder en las firmas de convenios internacionales sobre derechos humanos, atribución del Ejecutivo y el Senado, en México de inmediato se le introducen “candados” y restricciones que atentan contra el espíritu del instrumento o limitan su eficacia y alcance. Por eso Amnistía Internacional observó con preocupación la falta de reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas de dicho crimen (que en la actualidad se sigue perpetrando) o sus familiares o representantes.
Para asociaciones de derechos humanos, como AFADEM-FEDEFAM y la Fundación Diego Lucero, la aprobación de la mencionada Convención por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un logro de la lucha de décadas emprendida por organizaciones de familiares de desaparecidos de América Latina y otras latitudes del orbe, aunque no dejan de señalar que en el documento aprobado permanece un manto de protección a los ejércitos, lo que en todo caso no es sino una muestra de la debilidad de la democracia y la preponderancia de la fuerza para mantener la estabilidad, que no la paz.
Cabe recordar, señala Amnistía Internacional, que la efectividad de los compromisos internacionales contraídos por México es relativa. En efecto, sus tribunales de justicia, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), suelen atribuir a los tratados de protección de los derechos humanos un valor jurídico inferior al de algunas normas de derecho interno, pese a lo que expresamente dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -del que México es parte-, que prohíbe a los Estados parte invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
Aunque formalmente puede considerarse que la decisión del Estado mexicano de convertirse en parte de la Convención es positiva, es evidente al tiempo que México no ha adoptado todas las medidas necesarias para investigar y sancionar adecuadamente todos los casos de desapariciones forzadas cometidos en el pasado, que continúan impunes y cuyos responsables no han comparecido ante tribunales de justicia.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSOPP) –para ser precisos, los tres poderes del Estado- no avanzó sustancialmente en la localización de los más de mil 200 desaparecidos durante la llamada guerra sucia de los años sesenta a ochenta, ni condenó a uno sólo de los responsables de delitos de lesa humanidad.
Como dice Amnistía Internacional, si las autoridades mexicanas desean con sinceridad acabar con las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos deben poner fin al manto de impunidad que rodea la investigación de las mismas.
Entre otros pasos concretos que la organización recomienda se halla permitir que los tribunales ordinarios -y no los militares- conozcan de tales hechos sin interferencia alguna y el sometimiento cabal del Estado mexicano a las obligaciones consagradas en los tratados de protección de los derechos humanos, incluyendo la inaplicabilidad de la prescripción a los crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado. Estas medidas, entre otras importantes que se deberían adoptar con premura, contribuirían sin duda a una eficaz aplicación de las disposiciones de la Convención sobre Desapariciones Forzadas recientemente ratificada por México.
Hay que subrayar que la denegación de justicia en México ha derivado en que por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, se pronunciará sobre un caso de desaparición forzada. Específicamente se trata del caso de Rosendo Radilla, detenido por el Ejército mexicano hace 33 años, uno de los 630 desaparecidos del estado de Guerrero. Lo que suceda en esta instancia de la justicia internacional será de gran importancia en la búsqueda de la verdad, la justicia y el fin de la impunidad.

Dudas y ritornellos

Jorge Lara Rivera

Al concluir la semana, por encima de la cortina de humo tendida para magnificar la propensión pendenciera perredista y desacreditarla como opción democrática, tras la triste comprobación de pobreza en la viciada práctica periodística de los grandes medios televisivos y del sesgo oficialista que la ciencia puede tomar ante el poder, va abriéndose paso la sensata propuesta de un debate nacional en torno a la reforma energética que –en esto coinciden los actores políticos– resulta estratégicamente necesaria para la operación de PEMEX y el futuro próximo de nuestro país.
Es un hecho evidente que la increíble continuidad de cobertura dada por los medios informativos a los problemas internos del PRD y el modo de presentar sus pleitos como grave asunto que daña a la sociedad por el financiamiento público con que cuenta, poco tiene que ver con el interés por informar a la sociedad, ya que nada semejante se hizo en relación con conflictos padecidos por el PAN, el PRI, el Verde Ecologista o Alternativa, por mencionar otros casos conocidos.
Volviendo al punto, entre los sucesos experienciales que preceden al saldo de estos días y que llenan de dudas al ciudadano hay dos “entrevistas” sesgadas, el cerrar de filas de la derecha a través de los pronunciamientos monocordes de gobernadores panistas y organismos oligárquicos (cámaras empresariales y clero incluidos) y la presentación de un dictamen “técnico” cuya objetividad deja que desear.
Las primeras derivan de la rara aparición de Andrés Manuel López Obrador en el duopolio televisivo (Televisa y Televisión Azteca) y constituyen ejemplo sin desperdicio para cualquier estudioso de las escuelas de comunicación y de periodismo del país, sobre lo que NO debe hacerse en el ejercicio profesional. Sucedió que en los dos noticiarios matutinos los entrevistadores, cada cual en su programa y canal, editorializaron sin rubor la entrevista, desvirtuando la rica naturaleza informativa de ésta y convirtiéndola en instrumento grosero de una acometida mediática feroz, destinada a deslegitimar a quien piensa diferente y representa –simpatías o antipatías aparte– una opinión distinta en la compleja discusión del tema del petróleo.
En ellas, como dignos discípulos de la red de medios desinformadores del magnate ultraderechista Murdoch a lo largo y ancho del mundo, los presentadores de noticias (locutores Carlos Loret de Mola –tan limitado y banal– y su émulo de T.V. Azteca, redundante y ripioso), erigidos en opinadores sin más mérito académico o calificación técnica (a juzgar por la cotidiana superficialidad de sus comentarios) que el imperio de la imagen, omnipresente en nuestro tiempo (recuérdese el Big Brother –pero el de 1984 de George Orwell; y el ensayo sobre el homo videns acrítico de G. Sartori) desde la caja enajenante, interrumpieron, rebatieron, acosaron, hicieron comentarios insidiosos, apresuraron, etc., al ‘entrevistado’, impidiendo al público informarse –conocer el punto de vista de aquél y sus argumentos.
Tales conductas –deplorables– irremediablemente nos remiten al recuerdo, fresco aún, de la rabiosa embestida que hace unos meses emprendiera el duopolio y otros medios electrónicos contra los legisladores, como respuesta a los límites y contenciones que osaran poner a la llamada “Ley Televisa”; y en especial, al enmascaramiento hipócrita y machacón que pretendieron darse bajo la bandera de la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información de los ciudadanos. Ahora vemos, bien claro, de qué libertad hablaban y de los derechos de quiénes.
Con relación al dictamen sobre el estado de PEMEX, cabe traer a cuenta un chiste muy socorrido en torno al formidable poder de que dispone nuestro Ejecutivo Federal: sucede en él que, en cierto momento, un titular del Ejecutivo pregunta a su asistente la hora y éste, de muy formal modo, le responde “La que usted diga, Señor Presidente”. La anécdota podría ubicarse perfectamente en cualquier sexenio posrevolucionario hasta nuestros días, a juzgar por el cientificismo con que se ha maquillado al documento técnico presentado por la Secretaria de Energía y el director de la paraestatal de marras. Sucede que el dictamen hace agua, pues contiene verdades a medias, omisiones inquietantes y magnifica la precariedad de la industria más importante de nuestra economía. Es un informe ‘a modo’ que pretende dar consistencia a la idea de una catástrofe inminente, si no se legisla ya a favor de “la participación privada y la inversión extranjera para la modernización de nuestra economía”, eufemismos con los que la oligarquía encubre su voraz afán privatizador y el entreguismo de nuestro patrimonio soberano al capital extranjero.
Ello pone, en entredicho, la validez objetiva de la información contenida en el dictamen hecho público por los funcionarios estos días y evidencia, además de la sumisión e instrumentación de la ciencia, que lo que en realidad se pretende es anticiparse y ganar la percepción social, así como establecer sus propios parámetros como hechos incontrovertibles, de verdad aceptada, para acallar una eventual discusión del asunto; lo dijeron incluso: “el informe pretende servir de punto de partida para la discusión legislativa en torno a la reforma relativa al petróleo”.
Y es que si uno se toma en serio el mentado dictamen, apenas se explica cómo es que México ha podido vivir de su petróleo desde 1938. Tan pobre es la objetividad de esta información técnica, supuestamente elaborada sobre las bases de rigor del conocimiento, por científicos a sueldo del régimen. Por ejemplo, insiste en la urgente necesidad de asociarse con empresas privadas extranjeras para la exploración de aguas profundas, pero resulta que otros expertos, desde los centros de investigación más prestigiados del país, dan cifras escalofriantemente distintas de las ofrecidas por el dictamen a modo; y ante el apremio reformista (léase, privatizador) estos especialistas nos sorprenden diciendo que es falsa la encrucijada y precisan, para comenzar: sólo hemos explorado el 12 % de nuestro potencial petrolífero en aguas someras y de tierra; para continuar esas exploraciones, no nos urge ninguna nueva tecnología porque la que poseemos es actual y tenemos suficientes recursos humanos capacitados que pueden perfectamente realizarlas; en cuanto a la imperiosa inversión requerible para modernizar a PEMEX, bastaría con liberarla de sus pesadas cargas fiscales y cuidar sus cuentas (es decir, evitar tanta ‘transa’). O sea, los dos grandes argumentos sobre los que descansa esta acometida privatizadora no tienen sustento. No existen condiciones reales para hablar de encontrarnos ante una alternativa fatal de tener que escoger entre el desastre, o relacionarnos y asociarnos con las grandes empresas extranjeras y abrir nuestro arcón al saqueo; entonces ¿por qué la urgencia?
Inevitablemente se despierta la suspicacia: ¿Qué es lo que se esconde tras el maquillaje cientificista que nos presenta un paisaje de catástrofe inminente? ¿Por qué, de modo lógico, no se continúa la exploración de aguas someras y de tierra? ¿Qué o quiénes lo impiden y por qué? ¿Quiénes están detrás del ocultamiento de información complementaria útil? ¿Quiénes ganarían realmente en una eventual privatización de PEMEX?
Desde el siglo XIX dos modelos de desarrollo, con elementos valiosos cada cual, han jalonado la historia del país de modo excluyente. Uno de ellos –conservador, hoy perversamente llamado ‘neoliberal’– fue esbozado visionariamente por don Lucas Alamán y que al basarse en la exportación de materia prima y la explotación de recursos naturales y en el éxito del más apto, termina provocando grandes desigualdades, insolidaridad y enajenación cruel; el otro (liberal) enarbolado por Morelos, definido por el Dr. Mora y seguido por Juárez, los constitucionalistas de 1917 y Cárdenas, busca el desarrollo general mediante la producción de bienes y la cooperación de los grupos, pero al tornar su carácter en asistencial y paternalista puede provocar rutinarismo, desgano y la ‘viveza’ de algunos. Ambos han tenido su oportunidad, igual han mostrado fortalezas y debilidades. Han ido y vuelto en nuestra historia y su resultante es el México del presente.
Conviene tener en cuenta que tampoco es nuevo el entusiasmo de las oligarquías por el acaparamiento privatizador, ni el empleo de la ciencia para legitimarse; ocurrió durante la Colonia (la misión cristianizante civilizatoria derivó en expoliación a gran escala; la ruina de África y gran parte de Asia y de Latinoamérica son sus secuelas), fue el señuelo que guió a los franceses eurocéntricos para intervenir en nuestro país, se consolidó durante la dictadura de “Los científicos” con Porfirio Díaz y regresó en los post Chicago boys del neoliberalismo salinista-zedillista (que aparte de malbaratar el país lo compraron con prestanombres –recuérdese Telmex, los Ferrocarriles Nacionales y el Fobaproa) y se ha tornado virulento con el retorno de la derecha al poder desde Fox y su cínica banda de predadores “gerenciales”.
Menos mal que la propuesta del debate nacional va encontrando camino. Es la mejor manera de hacernos –todos– corresponsables en el asunto. Me gusta pensar que es cierto cuanto dice la versión nacionalista de la vieja canción La paloma, la cual concluye: “.../ No te quiebres país,/ aquí está mi canción/ que un águila y una serpiente resguardan la nación.”

Hoy sí es responsabilidad total del Estado Mexicano

María Teresa Jardí

El combate a la ilegalidad por caminos ilegales no fue exclusiva del Estado mexicano. Impulsada por los Estados Unidos de Norteamérica, la doctrina de la seguridad dictada en Washington y aprendida en Fort Bragg ubicado en Carolina del Norte --en EE.UU.-- y la Escuela de las Américas, mejor conocida como “Escuela de los Asesinos” ubicada en Panamá, fue aplicada lo mismo en Uruguay que por dictaduras como la guatemalteca, la brasileña, la chilena o la argentina.
El enemigo, sin importar que fuera inexistente, era el comunismo y su exterminio la prioridad. Ejecuciones sumarias, detenciones de opositores, torturas y desaparición para evitar trámites legales fueron las “medidas profilácticas” elegidas por los yanquis y aceptadas por los gobernantes latinoamericanos para detener “el avance comunista”. El Estado priísta, que estaba acostumbrado a saltarse el marco legal, se sumó a la elección de lo ilegal para combatir la disidencia ciudadana. Pésima decisión que mantiene abierto el expediente de la “guerra sucia”, de la década de los años sesenta y setenta.
En condiciones optimas, es decir tratándose de un gobernante legítimo, debido al abandono del aparato procurador de justicia, se habría visto obligado también a sacar al Ejército a la calle para combatir al narcotráfico, fundamentalmente debido a la violencia que trae aparejada la droga mantenida como mercancía clandestina, por el imperio yanqui, dado el negocio, millonario en dólares, --o quizá habría ya que empezar a decir en euros--, que ese imperio asesino, cabeza de un sistema político agotado y fracasado, que a bofetada limpia quiere imponer como único para América Latina, necesita para sus guerras de invasión y de saqueo.
Pero no es ya tan probable, a pesar de que de los gobernantes mexicanos hace tiempo que ya se sabe que se puede esperar cualquier cosa, que un presidente legítimo para combatir el narcotráfico ordenara o aceptara que el Ejército de su país, que es también el de sus hijos, se convirtiera en un ejército kaibil. Un gobernante legítimo habría pensado mil veces antes de cometer semejante canallada en contra del pueblo que lo eligió. Y, por esa sencilla razón, incluso las razones son muchas y variadas, como es evidente, es inaceptable siempre la usurpación. El que usurpa se torna canalla, aunque antes no lo sea.
Si la elección fuera el combate al crimen organizado, además se estaría dando la lucha en otras vertientes empezando por la de combate a los delincuentes de cuello blanco a la par que encabezando, México, la lucha, esa sí, a brazo partido, con la comunidad internacional entera, para lograr la despenalización de la droga y se estaría destinando dinero a los rubros de salud y educación para prevenir, a través de la educación, el consumo y para atender a los que, de todas maneras, en una elección libre, decidan ser adictos, al igual que otros deciden ser borrachos, incluso sociales, porque no sólo está permitido ser alcohólico sino que, además, es bien visto por diversos sectores sociales, a pesar de que salta a la vista que no es menos grave el problema que significan los que se idiotizan bebiendo alcohol en exceso, siendo, como bien señalaba alguien en nuestro diario hace unos días, el alcohol la peor de la drogas y, sin duda alguna, la que trae aparejados más accidentes con pérdida de vidas y la droga que suele estar involucrada en la comisión del delito de lesiones y en un gran número de casos de homicidio.
Es claro que la derecha en el mundo es capaz de la peor de las bajezas y usurpar el puesto, que otro en las urnas ganó, es una vileza.
No es ésta, la que ya está aquí de nuevo, la primera “guerra sucia”, que el pueblo mexicano enfrenta, la que recién en Juárez se evidencia ya, de manera clara y precisa.
Pero no es sólo el PAN el involucrado esta vez, en la bajeza. La Ley GESTAPO, con la que se legaliza, lo ilegal e inmoral, ha sido votada por todos los partidos políticos y hoy el pueblo mexicano enfrenta, sin un solo instrumento legal a su favor, a un ejército en la calle entrenado como kaibil. Imperdonable es que ni el PRD haya entendido lo poco moderno, incluso, que es haber legalizado los excesos de la nueva “guerra sucia” que en contra del pueblo mexicano recién empieza.

Competencia desleal - Ahora los rufianes Mouriño van por Oaxaca

Consejo de Empresarios Gasolineros de Oaxaca denuncia que el Grupo Empresarial del Sureste, propiedad del español espurio Juan Camilo Mouriño, instalará 15 gasolineras en esa Entidad, y con sus prácticas monopólicas originará el cierre de varias estaciones de servicio

OAXACA, Oaxaca, 5 de abril (LA JORNADA).- El Consejo de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca denunció que el Grupo Empresarial del Sureste (GES), propiedad de la familia del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, provocará una competencia desleal en el gremio al instalar 15 estaciones de servicio en el Estado.
Ramiro Palma Martínez, representante de los propietarios de las 125 gasolineras en la Entidad, expuso que la familia Mouriño inició la construcción de tres estaciones de servicio en Salina Cruz, Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec.
Al ser de la familia Mouriño, GES obtuvo de manera inmediata los permisos de uso de suelo y de impacto ambiental, así como la autorización de Petróleos Mexicanos para la construcción de las estaciones de servicio, a pesar estarse construyendo a menos de 100 metros de las actuales gasolineras.
“A nosotros nos lleva hasta más de un año conseguir todos los permisos y el Grupo GES en menos de un mes lo hizo”, se quejó.
Dijo que el ingreso de las empresas de la familia Mouriño originará una competencia desleal a los demás empresarios por prácticas monopólicas y podría originar hasta el cierre de varias estaciones de servicio.

Reforma al gusto de Repsol

Durante el sexenio de Vicente Fox, la trasnacional española Repsol-YPF comenzó a explotar directamente yacimientos petroleros en la Cuenca de Burgos, al Noreste del territorio mexicano. Felipe Calderón, que favoreció al consorcio como secretario de Energía, está dispuesto a abrirle más puertas con su “reforma energética”. Sin embargo, desde la academia, el Congreso de la Unión y amplios sectores de la opinión pública llueven denuncias y advertencias sobre la forma en que Repsol-YPF se entrelaza con los poderes de los países en que opera, a fin de romper las leyes nacionales que pudieran limitar sus ganancias

Reportaje

“Ellos saben que están haciendo algo ilegal y anticonstitucional. Lo saben los de Repsol y lo sabe Calderón, quien los defendió siendo secretario de Energía y ahora como presidente (espurio)”.

Repsol-YPF, el gigante español del petróleo y el gas, acumula denuncias por su rapacidad en los negocios y por grave daño en poblaciones y el medio ambiente de países de Centro y Sudamérica, pero el gobierno mexicano la ha convertido en una de sus favoritas al otorgarle multimillonarios contratos para la extracción y explotación de hidrocarburos.
Siempre beneficiada por la monarquía española y los poderes políticos en varios de los 30 países donde opera, Repsol-YPF ahora acomoda sus piezas ante una eventual reforma energética en México que permita la participación de capital privado en la extracción del llamado “tesoro” petrolífero en las aguas profundas del Golfo de México.
Crítico de Repsol-YPF y de la “diplomacia de negocios” que realiza el gobierno español para resolver los conflictos creados por las trasnacionales de este país, Alberto Montero Soler, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, advierte en entrevista del riesgo que implica para México una apertura energética que fortalezca la participación de Repsol.
Esta “es una empresa muy agresiva” al poner en marcha “sus planes de negocios, en sus estrategias de operación y con las comunidades y medio ambiente donde trabajan”, explica.
“Se me hace muy riesgoso (para México) que participe en empresas multinacionales y pueda llegar a una estrategia de participación cruzada que, a la mera hora, la participada vaya entrando al negocio de la estatal o que, por esta vía, México le esté abriendo los negocios en el país, en detrimento de la generalidad (de los mexicanos)”, reitera el especialista.
Autor del ensayo Ah, ¿y Repsol es española?, publicado en la revista virtual Rebelión, el 6 de septiembre deL 2006, Montero advierte que México “debe voltear a ver” el caso de Argentina, donde Repsol “se apoderó de YPF” (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), empresa de capital mixto –gubernamental y privado–, en sólo tres años.
Una catedrática e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, María Paula Iza, señala que para llevar a cabo sus planes de expansión, en 1996 Repsol puso en marcha una rápida y certera ofensiva para comprar el gigante YPF en 15 mil millones de dólares.
Antes había adquirido diversas empresas petroleras y gaseras argentinas, en “un contexto internacional caracterizado por la fusión del mercado petrolero”, que “se conjugó con un gobierno predispuesto a la venta de sus activos”.
En esa maniobra intervinieron “los más altos sectores político-económicos de España”, encabezados por el rey Juan Carlos de Borbón, quien primero cabildeó con el empresario Santiago Soldati, su compañero de estudios en Suiza, y luego con el entonces presidente Carlos Menem, a quien llamaba por teléfono a cada rato.
La compra le permitió a Repsol-YPF tener “el control de todo el mercado petrolero y gasero” en Argentina, documenta María Paula Iza en su estudio El proceso de internacionalización del sector energético: análisis del caso Repsol-YPF.
En Bolivia, en cambio, la trasnacional ha sido acusada por la asamblea del pueblo guaraní Itika Guasu de operar en ese territorio “sin considerar el cumplimiento de los derechos indígenas, a pesar de que los mismos son reconocidos por leyes nacionales y convenios internacionales”.
Estos abusos han sido documentados por la organización no gubernamental Intermón-Oxfam, que ya emitió dos informes sobre las actividades de Repsol en Bolivia en 2004, y en la Amazonia peruana, en el 2006.
Una integrante de Intermón-Oxfam, María Dolores López, dice en entrevista que Repsol opera en 14 países de América Latina, y ahí donde existen pueblos indígenas la trasnacional “no está cumpliendo con la legislación interna de esos países referida a los procedimientos de consulta a esos pueblos cuando entra a explorar y a explotar, haciendo que sólo sean procedimientos de información, sin conocer el contenido de lo que van a hacer, lo cual coloca en una situación de máxima vulnerabilidad a los pueblos”.
La crisis diplomática que estalló entre Venezuela y España en diciembre de 2007, cuando los respectivos presidentes Hugo Chávez y José Luis Rodríguez Zapatero discutieron acremente en la XVII Cumbre Iberoamericana, en Chile, tuvo como fondo la fuerte presencia de las trasnacionales españolas en América Latina, pues los mandatarios debatían sobre el modelo de desarrollo en la región.
Zapatero criticaba las nacionalizaciones en Venezuela y Bolivia. En estos dos países Repsol sufrió sendos descalabros y mantenía tensas relaciones con los gobiernos por la nacionalización de los hidrocarburos, pero finalmente se ajustó al esquema estatal que implicó una disminución de 25% en sus estimaciones de producción petrolera.

Golfo cercado
El 28 de febrero Antonio Brufau, presidente de Repsol-YPF, dio a conocer en Madrid su Programa Estratégico 2008-2012, entre cuyos objetivos está disminuir de 38% a 31% sus activos en América Latina, manteniendo sus proyectos más redituables en la región, e incrementar sus proyectos de 54% a 55% en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que México forma parte.
Por lo pronto, uno de sus diez proyectos clave es el Golfo de México, donde planea explorar y explotar hidrocarburos en aguas profundas estadounidenses y al norte de Cuba, no muy lejos de la frontera marítima con México, donde se encuentra el “tesoro” que el gobierno de Felipe Calderón pretende explotar.
De acuerdo a informes de la propia trasnacional, el 31 de diciembre del 2006 Repsol ya poseía derechos mineros sobre 85 bloques en las áreas de Green Canyon, Alwater Valley, Alamitos Canyon, Mississippi Canyon y Garden Banks, 75 de los cuales son de exploración, con más de mil kilómetros cuadrados, y 5 más de explotación. Otros bloques adquiridos por Repsol son los conocidos como MC930, MC585 y MC630, entre otros.
Ahí sus reservas más importantes se ubican en los megacampos Shenzi y Gengis Khan. En el primero tiene una participación accionaria de 38%, y lo comparte con las trasnacionales BHP Billington y Amerada Hess. El 1 de febrero de 2007, el mismo consorcio concretó la adquisición del campo Gengis Khan, donde también mantiene 28% de las acciones.
Según Repsol, los yacimientos de Gengis Khan y Shenzi representan “los mayores descubrimientos hasta el momento en aguas profundas de Golfo de México”.
En aguas del norte de Cuba, Repsol posee derechos mineros sobre un bloque de seis zonas exploratorias N25/26/27/28/29/36 más el área 35, concedida a Repsol a principios de 2005, con una superficie total de 4 mil 512 kilómetros cuadrados, de acuerdo con los mismos informes.
Como las aguas estadounidenses donde opera Repsol están cerca de la frontera marítima con México, el PRI, a través de la senadora Rosario Green, ha exigido al gobierno de Felipe Calderón que negocie con el de Estados Unidos para fijar los límites y suscribir un tratado a fin de proteger los yacimientos de petróleo y gas en la zona.
Al dar a conocer el mencionado Programa Estratégico, Brufau apenas aludió a México en la presentación. Ahí se refirió el contrato suscrito por 15 años y firmado en septiembre de 2007 con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para suministrarle gas natural licuado proveniente de sus ricos yacimientos de Camisea, Perú.
Se trata precisamente del contrato que Andrés Manuel López Obrador entregó en México a diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) para pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que lo investigue, pues considera que Repsol recibió “información privilegiada” del gobierno espurio.
Es parte “de la corrupción que impera en el gobierno federal con el objetivo de beneficiar a una trasnacional”, y las “ganancias para Repsol” son de aproximadamente 15 mil millones de dólares, según cálculo de López Obrador.
El contrato con la CFE y la Secretaría de Energía es “por el servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado para la zona de Manzanillo, Colima” durante los próximos 15 años, que tendrá un costo de 21 mil millones de dólares.
Según la denuncia de López Obrador, Repsol recibió “información privilegiada” del gobierno desde 2005, sobre los planes futuros de adquirir gas para la generación de energía eléctrica en las centrales de ciclo combinado, lo que le daría beneficios muy superiores debido al costo inferior con el que obtendría dicho suministro: 6 mil millones de dólares.
El director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, respondió a esta acusación. Según él, la licitación que obtuvo Repsol fue transparente y garantiza el suministro de gas con un precio 10% menor al que hubieran conseguido en Estados Unidos, lo cual representó un ahorro de mil 500 millones de dólares.

La trasnacional favorita
La trasnacional Repsol llegó al mercado mexicano con los gobiernos del PRI, pero ha obtenido el mejor trato de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
En octubre de 2003, cuando Calderón era el secretario de Energía de Fox, Petróleos Mexicanos (PEMEX) otorgó a Repsol el primer contrato de servicios múltiples (CSM) para las obras de desarrollo, infraestructura y mantenimiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos (región que abarca partes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), con lo cual se convirtió en la primera trasnacional privada que explotaba hidrocarburos en México.
Esa licitación le permitía explotar el primer bloque de 16 campos, que abarcan una extensión de 3 mil 538 metros cuadrados (casi el 25% de la cuenca), ubicados entre Reynosa y Monterrey. En esta zona Repsol invertirá 2 mil 437 millones de dólares para conseguir una producción adicional de 222 millones de pies cúbicos de gas al día.
Sin embargo, ese contrato encontró oposición en el Congreso mexicano, donde más de 170 diputados y senadores del PRI y del PRD promovieron una demanda de nulidad absoluta de los CSM otorgados primero a Repsol y después a Petrobras-Teikoku Oil Petroleum, Techint, Tecpetrol-Industrial y Lewis Energy Group, que concursaron en la licitación de otros bloques del yacimiento.
Los senadores contaban con un diagnóstico preparado por la Universidad Nacional Autónoma de México, una de cuyas conclusiones señala que los CSM son “ilegales” y que el contrato asignado a Repsol le permitía elaborar gas metano y otros hidrocarburos como etano, propano, butano, pentano, hexano y heptano, que “la ley clasifica como pertenecientes a la petroquímica básica y cuya explotación está reservada al Estado” (La Jornada, 19 de abril de 2004).
En entrevista, el ahora ex senador Manuel Bartlett, quien encabeza esa demanda, advierte que PEMEX defendió esos contratos “mediante chicanadas” pero “falsa e indebidamente” ha difundido que son legales. “Ellos saben que están haciendo algo ilegal y anticonstitucional. Lo saben los de Repsol y lo sabe Calderón, quien los defendió siendo secretario de Energía y ahora como presidente (espurio)”, acusa.
Bartlett se refiere a la comparecencia de Calderón como secretario de Energía ante el Congreso en el 2004, en la que aseguró: “Estos contratos son de obra y son contratos de servicios que están dentro del marco de la ley reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución”.
En su ensayo Repsol-YPF: en todo el mundo, el periodista argentino Enzo Vicentín advirtió en 2004 en relación con los CSM: “El caso de México es paradigmático, porque recuerda y mucho al proceso en Argentina: (…) una empresa estatal que otorga concesiones de explotación del subsuelo a empresas privadas con la excusa de que no tiene capacidad para invertir. Aquí YPF, y allá y en estos momentos PEMEX”.
El gobierno mexicano también ha otorgado a Gas Natural, filial de Repsol, los permisos para la distribución y comercialización de gas natural doméstico en el Distrito Federal, Monterrey, Nuevo Laredo, Saltillo, Toluca y la zona del Bajío, además de detentar “un mercado de clientes industriales ‘cualificados’”.
(Alejandro Gutiérrez/APRO)

Alerta EU

Desde Ciudad Juárez, el embajador estadounidense en México, Tony Garza, advierte que su país podría elevar la semana próxima el nivel de alerta sobre los viajes a nuestro país, para reflejar de manera más precisa el aumento en la inseguridad en Chihuahua

“Si bien no me cabe duda que esta alerta debe ser publicada nuevamente, también puede ser necesario elevar el nivel de la misma, para reflejar de manera más precisa el aumento en la inseguridad en Chihuahua”, dijo el embajador Tony Garza.

MEXICO, D.F., 5 de abril (AP).- El embajador de Estados Unidos en México advirtió que su país podría elevar el nivel de alerta sobre los viajes al vecino del sur, la semana próxima.
En los años recientes, México ha experimentado una ola de violencia relacionada con la delincuencia organizada y el narcotráfico, que dejó más de 2,500 muertos tan sólo en el último año.
“Si bien no me cabe duda que esta alerta debe ser publicada nuevamente, también puede ser necesario elevar el nivel de la misma, para reflejar de manera más precisa el aumento en la inseguridad en el Estado de Chihuahua”, dijo el embajador Tony Garza en un comunicado difundido el viernes.
Una alerta emitida el año pasado por el Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que no deberían viajar a zonas del país donde los extranjeros han sido víctimas de hechos de violencia o delincuencia. Esa advertencia está por expirar el 15 de abril.
Garza habló en Ciudad Juárez, a la que han llegado numerosos soldados y policías federales enviados por el gobierno en busca de combatir la creciente violencia. Unas 200 personas han muerto violentamente en esta ciudad del Estado de Chihuahua, de 1.3 millón de habitantes, desde el 1 de enero.
También el viernes, la Secretaría de la Defensa Nacional de México informó que un tribunal militar investiga a cinco soldados por su presunta participación en el asesinato de cuatro civiles y de dos militares.
Un juez militar emitió una orden de arresto, informó la secretaría en un comunicado. La dependencia no dio más detalles sobre las muertes, pero informó que la investigación seguía abierta.
En un segundo comunicado, la secretaría informó que dos soldados desertaron el jueves y fueron muertos posteriormente durante un tiroteo con la policía en el estado de Nuevo León. Tres agentes policiales estatales y un civil perecieron también en hechos de violencia.

Histórica alianza

Reportaje

Petróleos Mexicanos forma parte del “núcleo duro” de accionistas de Repsol, pues aunque ocupa el quinto lugar por su volumen accionario (con 4.9%), se le considera un capital de referencia, según declaró a mediados de 2006 el presidente de la trasnacional española, Antonio Brufau.
Lo anterior se debe a que PEMEX forma parte de Repsol desde que ésta se constituyó en 1986 y ha sido uno de sus mayores apoyos para que se cuente hoy entre las 10 trasnacionales petroleras más importantes del mundo: es líder en España y tiene presencia en América Latina, Estados Unidos, Medio Oriente y el norte de África. Según sus propios datos, produce más de un millón 100 mil barriles de petróleo diarios.
El 2 de marzo pasado, el mercado de valores español dio a conocer que en los últimos cinco años las empresas españolas siguieron batiendo récord en ganancias. Pese a los tropiezos que sufrió con las nacionalizaciones de hidrocarburos en Venezuela y Bolivia, Repsol se mantuvo en segundo sitio, sólo por debajo de Telefónica. Aunque incrementó sus negocios sólo en 1.4%, obtuvo dividendos por más de 53 mil 800 millones de euros en el último lustro.
La participación de PEMEX en Repsol es de 59.8 millones de acciones (4.9%) que administra PEMEX Internacional España, S.A., lo cual le garantiza un lugar en la mesa de accionistas.
El director de ese organismo y representante de PEMEX en el Consejo de Administración de Repsol es el veracruzano Raúl Fortunato Cardoso Maycotte, quien funge como consejero externo dominical (sic), vocal de la Comisión Delegada y presidente de la Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad Social Corporativa de la petrolera española.
Los otros miembros del Consejo de Administración son la constructora Sacyr Vallehermoso, propietaria de un paquete accionario de 20%; La Caixa, con 9.1%; Repinves, con 5%; Axa, con 4.2%; el banco Barclays, con 3.2%, y desde septiembre pasado Mutua Madrileña, que adquirió el 2% directo, aunque ya participaba en la sociedad con 5% de las acciones de Sacyr Vallehermoso.
El restante 51% de las acciones de Repsol está sometido a la libre cotización de los mercados de valores en las bolsas IBEX de Madrid, la de Nueva York y la de Argentina (26.5% controlado en el extranjero y 25.1% en España).

Expansión
De acuerdo con documentos oficiales cuyas copias se consultó, PEMEX tiene registradas en España dos sociedades. Una es la sociedad limitada denominada PMI Holdings Petróleos España, mediante la cual vende hidrocarburos en ese país, el segundo mercado más importante después de Estados Unidos, y donde Repsol es su principal cliente, además de Cepsa, BP España y Petrogal.
PEMEX Internacional España, S.A. es la otra sociedad del entramado financiero de PMI (Petróleos Mexicanos Internacional). Tiene su sede fiscal en las Torres Picasso, en la avenida de La Castellana de Madrid, y en su ejercicio 2006-2008 declaró un capital social de 162 mil 540 euros.
Raúl Fortunato Cardoso Maycotte preside PMI Holdings Petróleos España desde el 27 de enero de 2006 –luego que en 2005 mudó su oficina de Londres a Madrid– en calidad de consejero delegado solidario.
Como secretario y consejero de PMI aparece el responsable de inteligencia financiera de PEMEX en Europa, Edgar G. Jones Muñoz. El otro consejero es Rosendo Zambrano Fernández, actual director general de PMI Comercio Internacional, director comercial de refinados y petroquímicos y presidente de PMI Services North America, Inc.
Este semanario solicitó una entrevista con Cardoso, quien se negó. Sin embargo, es asiduo declarante de los medios europeos especializados en economía, y en diciembre de 2003 dio a conocer la colocación de una emisión de bonos por cerca de mil 400 millones de dólares canjeables por acciones de Repsol o pago en efectivo, cuyo fin era la “monetización de la inversión”.
Dicha emisión fue realizada por Repcon Lux, otra filial de PEMEX asentada en Luxemburgo, país señalado como un paraíso fiscal e incluido en las listas negras de los organismos reguladores a nivel internacional. La emisión se cerró en sólo tres horas y hubo una sobredemanda, según el periódico español Cinco Días.
El martes 1, en una entrevista en TV Azteca, Andrés Manuel López Obrador denunció que esa emisión de bonos, que ocurrió cuando Felipe calderón era secretario de Energía, provocó un grave “daño patrimonial” a la paraestatal porque fueron vendidos a bajo precio, pero meses después “esas acciones aumentaron su valor”. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que la pérdida de PEMEX fue de 655 millones de dólares.

Mezcla de intereses
La histórica “alianza estratégica” de PEMEX con la industria petrolera española inició en la segunda mitad de los setenta.
El rey Juan Carlos de Borbón intercedió ante el gobierno de José López Portillo para que, en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas y dado al auge económico derivado de las abultadas reservas petroleras de México, éste mostrara su buena voluntad hacia la naciente democracia española con inversiones en el sector de los hidrocarburos.
El gobierno mexicano dispuso que PEMEX invirtiera en Petróleos del Norte (Petronor), empresa de capital mixto dominada por el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya (después fusionados en BBVA), la Caja de Ahorro Vizcaína y la Caja Municipal de Bilbao. Esta operación fue anunciada como la plataforma para que PEMEX penetrara en el mercado europeo.
Mediante un decreto real se instruyó a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA), que entonces detentaba el 32% de las acciones de Petronor, para que adquiriera 34% de las acciones que hasta entonces detentaba Gulf Oil Corporation y se las vendiera a PEMEX.
México compró un primer paquete de acciones en 1979 y otro en 1981 para completar el 34.29%, equivalentes a 81 millones de dólares al cambio de la época.
En 1980, en el proceso de venta del segundo paquete, el presidente de Petronor, Nemesio Fernández Cuesta, destacó que “México ha apostado por el futuro y ha elegido el País Vasco para ello”. Consideró que López Portillo y el rey Juan Carlos de Borbón fueron “fundamentales” en estos acuerdos. Incluso añadió que el monarca “ha sido el elemento capital de la gestión” (El País, 1 de julio de 1980).
Las negociaciones fueron encabezadas por el Ministerio de Comercio español y CAMPSA, mientras que en representación de México participaron el entonces director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, y su asesor Mario Cobo, escribe José A. del Moral en el sitio CyberEuskadi.
El 15 de junio de 1987 España promulgó una ley con el fin de reorganizar su política energética nacional, dándole prioridad al crecimiento del holding Repsol, que el gobierno español había constituido un año antes (en 1986) y dependía del nuevo Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH).
Ese mismo año, ya en el gobierno de Miguel de la Madrid, PEMEX propuso sacar al mercado bursátil un paquete de 15% de las acciones de Petronor a fin de capitalizarse e iniciar su expansión a Francia. Sin embargo, los directivos del INH y Repsol convencieron a los principales socios de Petronor, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y PEMEX para que les vendieran sus acciones en Petronor, incluida la compra de la imponente refinería de Bilbao.
A cambio, el banco y la paraestatal mexicana tendrían lugar en la mesa de accionistas de Repsol. Así sucedió, aunque en el acuerdo firmado en 1989 PEMEX se vio obligado a aclarar a Repsol que la adquisición de su paquete accionario no significaba que esta empresa adquiriera derechos para realizar trabajos de exploración petrolera en México.
La investigadora argentina María Paula Iza asegura que “uno de los hitos clave” para la expansión mundial de Repsol fue la firma del “acuerdo estratégico” entre PEMEX y el Instituto Nacional de Hidrocarburos español. Por medio de esa negociación, Repsol adquirió el 34.4% que entonces PEMEX poseía de Petronor elevando su participación en la compañía titular de la refinería de Bilbao hasta el 88,3%. A cambio, PEMEX adquirió el 2.9% (inicial) de las acciones del capital de Repsol”.
(Alejandro Gutiérrez/APRO)