Ahora sí ya entendimos a que vino la Sra. Kirschner. ¡Agárrense argentinos, este hombre no tiene llenadera, en México ya casi es dueño del país, ya le quedó chico y va por más, a lo mejor ustedes le ayudan a pasar del segundo al primer lugar como hombre más rico del mundo. ¿Y ustedes creen que la gente se hace multimillonaria por su visión financiera? Nooo, se hace millonaria a ese extremo porque está obteniendo una plusvalía desmesurada y explotando a miles...
Notimex / La Jornada On Line
Buenos Aires. El empresario mexicano Carlos Slim anunció este lunes que tiene planes de invertir alrededor de 400 millones de dólares al año en Argentina, informó el Ministerio de Planificación.
Fuentes de la dependencia explicaron que Slim se reunió esta tarde con el ministro del sector, Julio de Vido, quien es uno de los hombres más influyentes del entorno del presidente argentino Néstor Kirchner.
Durante el encuentro, el empresario, el segundo hombre más rico del mundo, precisó que sus inversiones se destinarán sobre todo al área de las telecomunicaciones, en lo particular en internet de banda ancha y en telefonía celular.
La reunión fue breve, según las fuentes, pero en menos de una hora Slim reconoció los logros económicos de la administración de Kirchner, el buen estado para concretar inversiones extranjeras y la equidad existente en el mercado local de las telecomunicaciones.
En Argentina, la telefonía está repartida entre los consorcios Telecom y Telefónica, mientras que en banda ancha hay múltiples oferentes del servicio.
En el caso de la telefonía celular, Slim cuenta con América Móvil, líder del rubro en América Latina.
En Argentina, el empresario mexicano opera a través de la compañía telefónica CTI, misma que controla el 17 por ciento del mercado local, y cuenta además cuenta con acciones en otras cuatro compañías.
Slim visitó Buenos Aires para ratificar una estrategia de fortalecimiento que ya el mes pasado le había anticipado a la primera dama, senadora y precandidata presidencial, Cristina Fernández de Kirchner, durante la gira que ella realizó en México.
lunes, mayo 14, 2007
TRIFE, democracia, a contra luz
http://www.youtube.com/watch?v=6K-T3uUtyqI
TODO ESTO HEMOS VIVIDO Y SEGUIMOS ADELANTE LUCHANDO DE MANERA PACÍFICA HASTA QUE EN MÉXICO SE ESTABLEZCA LA DEMOCRACIA.
Información Solidaria Alternativa llega a sus Cien!
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México, DF, 14 de mayo de 2007.
Servicio informativo núm. 100
Sumario:
I. Los cien de ISA
II. La Banca social del gobierno legítimo comienza a dar frutos: Di Costanzo
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LOS CIEN DE ISA
Con este reporte informativo, servicio de noticias ISA (información solidaria alternativa) llega a su emisión número 100. Arribamos a nuestra primera cifra de tres dígitos con satisfacción, aunque sintiendo que cien pasos siguen siendo apenas el inicio de este caminar.
A pesar de lo modesto de este esfuerzo informativo, nos sentimos satisfechos de haber mantenido una continuidad, emitiendo diariamente, a veces hasta dos veces en un mismo día, de acuerdo con lo que la misma información nos iba señalando. Nos sentimos conformes con el sello periodístico que hemos dado a nuestro trabajo, aunque nos mantendremos siempre en la búsqueda de mucha más originalidad y oportunidad en las informaciones y opiniones que por este canal se transmiten, así como en la calidad en el lenguaje usado.
Comenzamos unos y hoy somos otros; a servicio de noticias ISA se han sumado nuevos esfuerzos: colaboradores que con sus opiniones lo han enriquecido y traductores que cimentarán los pasos futuros de nuestro trabajo. Y, sobre todo, se han sumado ustedes, nuestros suscriptores, los cientos de receptores de nuestros servicios informativos que han decidido acompañarnos y construir el eco de este esfuerzo.
Difícilmente podemos conocer con certeza nuestros alcances. Navegamos por el ciberespacio y nos encontramos ahí, en decenas de blogs y páginas de internet. Algunos reporteros nos han hecho saber el uso que en sus notas periodísticas han hecho de nuestro trabajo. Otros compañeros nos remiten directamente sus reportes sobre cómo emplean nuestras emisiones. Sabemos que otros más reenvían nuestros servicios informativos a sus propias listas de correos, con lo que podemos soñar en que los pasos que aquí comienzan se continúan hasta el infinito.
Los cien de ISA es ocasión también para proponernos nuevos retos y anunciarlos. El siguiente será convertir el servicio de noticias ISA en résumé hebdomadaire du service journal ISA y en news service’s weekly summary ISA.
De ahí que a partir de este domingo 20 de mayo, una selección de las notas que enviamos en castellano durante la semana, serán recogidas en estos dos nuevos servicios informativos, uno en francés y otro en inglés, sin dejar, por supuesto, de generar diariamente nuestro servicio informativo en castellano, al tiempo que aumentaremos en varios cientos nuestra lista de suscriptores.
En efecto, desde un inicio, nuestro horizonte lo hemos fijado de manera principal fuera de las fronteras mexicanas. Hemos insistido en que lo que en el país es un cerco informativo en el exterior es una sequía de información sobre lo que aquí sucede, cuando no una incomprensión grave de los hechos.
El objetivo es claro: que en más lenguas puedan saber lo que sucede en México; citando al general Emiliano Zapata: “que se sepa por qué luchamos; que conozcan la causa que defendemos; que vengan hasta nosotros; que nos vean, nos estudien y luego vayan y digan la verdad”.
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Los jueves en la tarde, los pasillos del tercer piso de la sede del gabinete legítimo se llenan de gente proveniente de distintos puntos del país. Acuden a las reuniones de trabajo a las que semana con semana convoca la Secretaría de
Servicio de noticias ISA estuvo presente el jueves pasado para obtener una muestra de lo que cada semana ahí sucede. Esta vez, asistieron compañeros de Baja California Sur, Estado de México, Puebla, Aguascalientes y de la capital del país.
Se expusieron las políticas públicas del gobierno legítimo en materia económica comparadas con las que plantea el gobierno usurpador. De igual manera, se presentó el pan de caja “Mi General”, así como otros productos alternativos elaborados a base de soya y cacao. Y se trató el tema de la Banca social, proyecto que empieza a rendir frutos no sólo en gente de la Ciudad de México sino de los distintos estados que conforman
¿En qué consiste el proyecto de Banca social que está implementando tu Secretaría?
Le llamamos Banca social, aunque tiene sus fundamentos en la Banca ética; ésta tiene una serie de adjetivos que van más allá de
Bajo esa perspectiva, lo que hacemos aquí los jueves por la tarde es fomentar los grupos de Banca ética que ya venían trabajando desde hace tres años, platicarle a la gente nuestras experiencias y también inducir a la gente que tiene proyectos productivos para que puedan organizarse de tal manera con la Banca ética que está operando actualmente o con una Banca ética que ellos mismos vayan desarrollando para empezar a generar su propia fuerza productiva.
¿Qué tipo de gente viene a las reuniones?
Viene gente muy variada; vienen desde personas de clase media y media alta que quieren ahorrar hasta gente de muy escasos recursos que traen sus propios proyectos productivos; vienen estudiantes, profesionistas independientes que tienen el interés de organizarse para llevar a cabo proyectos.
¿Cuál es la mecánica?
Usualmente, a las personas que vienen por primera vez se les da una explicación de qué es la Banca ética y a continuación se seleccionan proyectos que semana a semana se van presentando. Entonces juntamos a las personas que quieren llevar a cabo algún proyecto con las personas que ahorran a través de la Banca ética y se van generando estas células que yo te diría que son de ahorro y también de realización de proyectos; pero, además, la Secretaría de
¿Qué resultados han tenido hasta ahora?
Hemos tenido resultados muy interesantes; nuestro resultado quizá más importante es la implementación de un proyecto de biofertilizantes en algunas delegaciones del gobierno del Distrito Federal. Este proyecto busca, y ya lo empieza a hacer, generar composta a través de basura; se le presentó el proyecto financiado por medio de la Banca ética a la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del DF y le gustó, lo adoptó y está en proceso de implementación en tres delegaciones. Ése es un resultado concreto que hemos tenido y ya están en estudio otros proyectos de agrupaciones de comerciantes.
En Puebla, por ejemplo, se está generando una célula igual, en actividades que tienen que ver con el reciclado y el mejoramiento del medio ambiente y ahí vamos por el momento.
¿Y para el futuro?
La Secretaría tiene que abrir nuevos proyectos; yo creo que uno que es muy necesario es el que la gente se entere cada vez más de lo que estamos haciendo aquí, pero no sólo los mexicanos sino la opinión pública internacional. Creo que es importante que la comunidad internacional sepa cuáles son las razones de existir del gobierno legítimo, que conozca los planteamientos que estamos haciendo no sólo desde mi Secretaría sino de todo el gabinete. Afuera no saben qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y yo creo que es importante que se sepa que en este México están sucediendo cosas nuevas y que no se sabe qué es lo que está pasando.
Mi Secretaría no quiere quedarse sólo en el proyecto de Banca social; también queremos desarrollar un proyecto de comunicación hacia afuera del país para que el mundo se entere de lo que esta ocurriendo en México.
¿Por qué es importante un proyecto como éste que señalas?
Esta aparente economía muy humana que se han encargado algunos de pregonar pues no es tan humana; esto a mí en lo personal me inquieta mucho, y me preocupa la desigualdad económica que hay en el país, pero me interesa mucho que se conozcan los atropellos que ha habido con las reformas y leyes que se han aprobado recientemente; el caso de la ley del ISSSTE es un ejemplo en el que se está dañando fuertemente a los trabajadores y yo creo que esto son violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud… se está atropellando a las clases más desprotegidas. Quiero que esto se sepa en el mundo porque quiero que allá fuera sepan que lo único que el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador busca es llevar a cabo una economía más humana, donde todos los mexicanos tengan derecho a ser un poco felices.
¿En el gobierno legítimo se piensa que pueda haber represión hacia el movimiento social?
Ya hay represión, el cerco informativo es una forma de represión: se niega en los medios voz y presencia a la oposición en México, y estamos convencidos de que esta represión va a ir en aumento a medida de que el movimiento se fortalezca.
¿Por qué?
Porque la oligarquía de este país no quiere ceder nada, absolutamente nada; hicieron un fraude electoral porque no están dispuestos a ceder el poder con base en las reglas democráticas, en las mismas que ellos dicen creer; todo es una apariencia aquí y por supuesto que tememos que empiece a generalizarse la represión física contra los integrantes del movimiento como una manera de detenerlo.
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EL USO DE ESTE SERVICIO DE NOTICIAS ES ABSOLUTAMENTE GRATUITO Y AMPLIAMENTE PERMITIDO. PEDIMOS SOLAMENTE QUE EN TODOS LOS CASOS SE CITE A Servicio de Noticias ISA COMO
Para la Agenda...
Lunes Mayo 14 14:00 hrs. Hemiciclo a Juárez. Movimiento Obradorista encabezado por Lic. Roman Diaz, informará avances en la presentación de Amparos contra
Martes Mayo 15 09:00 hrs. Hemiciclo a Juárez. Participación de
Miercoles Mayo
Jueves Mayo 17 09:00 hrs. Hemiciclo a Juárez. Participación de
!! AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos !!
Quién es la Secretaria de Salud del Gobierno Legítimo
http://www.youtube.com/watch?v=1FZZvesNsnA
¿Qué hace la Secretaria de Salud del Gobierno Legítimo (1a. Parte)
http://www.youtube.com/watch?v=oUL_wAE1cpQ
¿Qué hace la Secretaria de Salud del Gobierno Legítimo? (2a. Parte)
http://www.youtube.com/watch?v=oTyE8cOsED4
Regasificadoras en Costa Azul, detenerlas a toda costa.
De HHR News
La regasificadora en Costa Azul, cerca de Ensenada, es una constatación más de que México se convierte en el cuarto de máquinas y basurero de Estados Unidos. Pretextando la inversión en nuestro país, Estados Unidos instala sus regasificadoras en el norte de México, pues la legislación estadounidense no las permite dado el peligro y daño ambiental que las acompaña.
Los pueblos afectados, como siempre, no son escuchados y las decisiones son tomadas por
los grupos de poder.
Actualmente los trabajos de construcción de la regasificadora propiedad de Sempra Energy, lleva un avance de mas del 70%,el gobierno mexicano y la empresa, hacen gran hincapié en el "impacto económico" que traerá consigo, supuestamente; lo que no mencionan es que NI CON TODO EL DINERO DEL MUNDO SE PODRÁ REVERTIR CUALQUIER DAÑO OCASIONADO AL MEDIO AMBIENTE.
Pero no solo es un daño en contra de la ecología, otra de las cuestiones de la que poco se habla, es que la zona donde se construye la regasificadora, es rica en vestigios arqueológicos de los cuales, algunas piezas fueron "recatadas" por el INAH mientras se llevaban a cabo las excavaciones, otras más seguramente quedaron sepultadas para siempre. Por lo tanto, el daño no solo es ambiental ni despojo de comuneros, sino tambien es un severo golpe al patrimonio nacional, así mismo se pretende implementar políticas de seguridad estadounidenses alrededor de la planta regasificadora, violando el derecho a los mexicanos del libre tránsito por el territorio nacional.
Los opositores a la regasificadora en Costa Azul en Baja California Norte, han resistido heroicamente pero su voz no es escucha y son ignorados, para ello necesitan de la solidaridad de muchos mexicanos consientes, demostrémosles al gobierno y a las transnaciolanes que somos muchos quienes exigimos:
¡No a las regasificadoras en Costa Azul!
La regasificadora en Costa Azul, cerca de Ensenada, es una constatación más de que México se convierte en el cuarto de máquinas y basurero de Estados Unidos. Pretextando la inversión en nuestro país, Estados Unidos instala sus regasificadoras en el norte de México, pues la legislación estadounidense no las permite dado el peligro y daño ambiental que las acompaña.
Los pueblos afectados, como siempre, no son escuchados y las decisiones son tomadas por
los grupos de poder.
Actualmente los trabajos de construcción de la regasificadora propiedad de Sempra Energy, lleva un avance de mas del 70%,el gobierno mexicano y la empresa, hacen gran hincapié en el "impacto económico" que traerá consigo, supuestamente; lo que no mencionan es que NI CON TODO EL DINERO DEL MUNDO SE PODRÁ REVERTIR CUALQUIER DAÑO OCASIONADO AL MEDIO AMBIENTE.
Pero no solo es un daño en contra de la ecología, otra de las cuestiones de la que poco se habla, es que la zona donde se construye la regasificadora, es rica en vestigios arqueológicos de los cuales, algunas piezas fueron "recatadas" por el INAH mientras se llevaban a cabo las excavaciones, otras más seguramente quedaron sepultadas para siempre. Por lo tanto, el daño no solo es ambiental ni despojo de comuneros, sino tambien es un severo golpe al patrimonio nacional, así mismo se pretende implementar políticas de seguridad estadounidenses alrededor de la planta regasificadora, violando el derecho a los mexicanos del libre tránsito por el territorio nacional.
Los opositores a la regasificadora en Costa Azul en Baja California Norte, han resistido heroicamente pero su voz no es escucha y son ignorados, para ello necesitan de la solidaridad de muchos mexicanos consientes, demostrémosles al gobierno y a las transnaciolanes que somos muchos quienes exigimos:
¡No a las regasificadoras en Costa Azul!
Ernestina: creencia y lazo social
De la revista Proceso por Marta Lamas
¿Ernestina Ascencio fue violada por unos soldados? ¿Se equivocó el traductor? ¿La denuncia es una artimaña política para culpar al Ejército? ¿Se trata de otro ataque más contra una comunidad indígena? ¿Quién dice la verdad? ¿Existe una “verdad” distinta a que ser indígena, anciana y pobre es lo peor que le puede ocurrir a una persona en México?
Dada la politización del caso y ante la imposibilidad de contar con evidencias periciales obtenidas de manera profesional, me encuentro en la situación, compartida por muchos ciudadanos, de elegir a quién le creo. Según el Diccionario de la Real Academia Española creer es “tener por cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada o demostrada”. O sea, es estar persuadido de algo y dar por verosímil o probable una cosa que se piensa o se sospecha. Con el verbo creer simultáneamente se pone algo en duda y se afirma una certidumbre: cuando digo que “creo” algo, es que no estoy segura, que en alguna parte dudo, mientras que si sostengo “esto es en lo que creo”, afirmo y no dejo lugar a la duda. Por eso en el verbo creer se encuentran juntas la convicción y la vacilación.
¿Por qué creemos en lo que creemos? Un elemento que domina la lógica de la creencia es el de la pertenencia: se les cree a las personas que se ubican del mismo lado en que está una misma. La confianza regula el funcionamiento de la creencia, que se vuelve una manera de tomar partido. Se cree en quien se tiene confianza, en cierta persona, en determinada postura política o ideológica, o en una institución específica. Así, creer es dejar constancia de una convicción previa. Y también por eso la creencia funciona como un elemento de inclusión: nosotros los que creemos lo mismo frente a ellos que creen algo diferente.
En un conflicto, la falta de información fidedigna desata creencias opuestas. Esto es patente en el caso de Ernestina Ascencio. Pero el hecho de que existan declaraciones o versiones contradictorias no exime a las autoridades del deber de esclarecer el caso. Sorprende la ineptitud (¿mala voluntad?) manifiesta en la investigación. Para “dejar de creer” y empezar a saber se requiere tanto buscar elementos consistentes que desenreden esa horrenda madeja de mentiras y abusos, como exhibir abiertamente el proceso por el cual se obtuvieron. Pongo un ejemplo: se cuenta con una grabación de la declaración de la hija de Ernestina; ¿por qué no realizar una reunión pública donde varios traductores de náhuatl, unos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, otros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otros del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM (además de cualquier otra institución que cuente con especialistas en esa lengua) escuchen esa grabación y den a conocer sus interpretaciones? Conocer la versión de varios hablantes de náhuatl sobre lo que la hija de Ernestina declaró que su madre habría dicho antes de morir, y transmitir públicamente la conclusión de estas personas introduciría elementos fundamentales para una interpretación verosímil de lo que ocurrió. Y así, paso por paso, con cada una de las cuestiones en duda: el líquido seminal, los análisis forenses, etcétera. Pero las autoridades, en lugar de exhibir una pieza básica de la información para analizarla de manera abierta y rigurosa, la ocultan. Y mientras tanto, cada quién sigue creyéndole a los actores del conflicto a los que les tiene confianza.
El caso de Ernestina Ascencio pone en evidencia algo desolador: la persistencia de la indiferencia racista, sexista y clasista en nuestro país, y la impunidad de su reiteración. Esta dramática realidad es, precisamente, lo que ha concitado a numerosos ciudadanos, entre los que me encuentro, a ponerse del lado de la silenciada familia de Ernestina y de los habitantes de Zongolica. Y por esa cruel realidad muchos ciudadanos pensamos que a estas alturas del conflicto no basta con tratar de explicar la índole de los errores cometidos: es imprescindible hacer justicia. Por último no está de más subrayar que en la vida social, el hecho de creer tiene primacía en la construcción del lazo social. Las autoridades, que no han podido (¿o será que no han querido?) hacer una indagación seria y transparente sobre lo que realmente ocurrió, están despreciando, una vez más, lo que la gente cree. Olvidan que el papel de las creencias compartidas, como fuente de pertenencias e identidades colectivas, es crucial políticamente. Por eso la credibilidad es un elemento fundamental en la gobernabilidad de un país. Con ligereza ignoran la estrecha relación entre creencia, comunidad y política. No hacer caso de lo que cree la ciudadanía conduce a una progresiva disolución del lazo social, con las trágicas consecuencias que una lectura cuidadosa de la historia ofrece.
¿Ernestina Ascencio fue violada por unos soldados? ¿Se equivocó el traductor? ¿La denuncia es una artimaña política para culpar al Ejército? ¿Se trata de otro ataque más contra una comunidad indígena? ¿Quién dice la verdad? ¿Existe una “verdad” distinta a que ser indígena, anciana y pobre es lo peor que le puede ocurrir a una persona en México?
Dada la politización del caso y ante la imposibilidad de contar con evidencias periciales obtenidas de manera profesional, me encuentro en la situación, compartida por muchos ciudadanos, de elegir a quién le creo. Según el Diccionario de la Real Academia Española creer es “tener por cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada o demostrada”. O sea, es estar persuadido de algo y dar por verosímil o probable una cosa que se piensa o se sospecha. Con el verbo creer simultáneamente se pone algo en duda y se afirma una certidumbre: cuando digo que “creo” algo, es que no estoy segura, que en alguna parte dudo, mientras que si sostengo “esto es en lo que creo”, afirmo y no dejo lugar a la duda. Por eso en el verbo creer se encuentran juntas la convicción y la vacilación.
¿Por qué creemos en lo que creemos? Un elemento que domina la lógica de la creencia es el de la pertenencia: se les cree a las personas que se ubican del mismo lado en que está una misma. La confianza regula el funcionamiento de la creencia, que se vuelve una manera de tomar partido. Se cree en quien se tiene confianza, en cierta persona, en determinada postura política o ideológica, o en una institución específica. Así, creer es dejar constancia de una convicción previa. Y también por eso la creencia funciona como un elemento de inclusión: nosotros los que creemos lo mismo frente a ellos que creen algo diferente.
En un conflicto, la falta de información fidedigna desata creencias opuestas. Esto es patente en el caso de Ernestina Ascencio. Pero el hecho de que existan declaraciones o versiones contradictorias no exime a las autoridades del deber de esclarecer el caso. Sorprende la ineptitud (¿mala voluntad?) manifiesta en la investigación. Para “dejar de creer” y empezar a saber se requiere tanto buscar elementos consistentes que desenreden esa horrenda madeja de mentiras y abusos, como exhibir abiertamente el proceso por el cual se obtuvieron. Pongo un ejemplo: se cuenta con una grabación de la declaración de la hija de Ernestina; ¿por qué no realizar una reunión pública donde varios traductores de náhuatl, unos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, otros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otros del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM (además de cualquier otra institución que cuente con especialistas en esa lengua) escuchen esa grabación y den a conocer sus interpretaciones? Conocer la versión de varios hablantes de náhuatl sobre lo que la hija de Ernestina declaró que su madre habría dicho antes de morir, y transmitir públicamente la conclusión de estas personas introduciría elementos fundamentales para una interpretación verosímil de lo que ocurrió. Y así, paso por paso, con cada una de las cuestiones en duda: el líquido seminal, los análisis forenses, etcétera. Pero las autoridades, en lugar de exhibir una pieza básica de la información para analizarla de manera abierta y rigurosa, la ocultan. Y mientras tanto, cada quién sigue creyéndole a los actores del conflicto a los que les tiene confianza.
El caso de Ernestina Ascencio pone en evidencia algo desolador: la persistencia de la indiferencia racista, sexista y clasista en nuestro país, y la impunidad de su reiteración. Esta dramática realidad es, precisamente, lo que ha concitado a numerosos ciudadanos, entre los que me encuentro, a ponerse del lado de la silenciada familia de Ernestina y de los habitantes de Zongolica. Y por esa cruel realidad muchos ciudadanos pensamos que a estas alturas del conflicto no basta con tratar de explicar la índole de los errores cometidos: es imprescindible hacer justicia. Por último no está de más subrayar que en la vida social, el hecho de creer tiene primacía en la construcción del lazo social. Las autoridades, que no han podido (¿o será que no han querido?) hacer una indagación seria y transparente sobre lo que realmente ocurrió, están despreciando, una vez más, lo que la gente cree. Olvidan que el papel de las creencias compartidas, como fuente de pertenencias e identidades colectivas, es crucial políticamente. Por eso la credibilidad es un elemento fundamental en la gobernabilidad de un país. Con ligereza ignoran la estrecha relación entre creencia, comunidad y política. No hacer caso de lo que cree la ciudadanía conduce a una progresiva disolución del lazo social, con las trágicas consecuencias que una lectura cuidadosa de la historia ofrece.
Oleadas de denuncias
De la revista Proceso por Jorge Carrasco Araizaga
Los operativos contra el narcotráfico comenzaron ya a afectar a la población civil de varios estados del país. Las fuerzas gubernamentales, sobre todo el Ejército, han ido más allá de sus objetivos persecutorios y se encuentran involucrados en decenas de acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Según datos proporcionados por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a petición expresa de Proceso, hasta antes de la incursión de la semana pasada del Ejército en Michoacán el organismo investigaba 49 quejas, la mayoría contra la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, trato cruel degradante, retención ilegal e incluso robo.
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, informó el viernes 11 que hasta el día anterior, jueves 10, había 30 denuncias contra integrantes del Ejército desde que éste ingresó a Michoacán en diciembre.
En ese contexto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos optó por asumir un bajo perfil, a pesar de que ese tipo de abusos eran previsibles desde que el presidente Felipe Calderón ordenó los operativos antinarco a sólo 10 días de haber asumido el poder.
Hasta el pasado martes 8, la CNDH registraba 28 quejas en 11 estados, incluidos algunos donde formalmente no se realizan operativos militares. Varias de esas denuncias implican a más de una autoridad, por lo que el número de afectaciones denunciadas se eleva a 49. Los actos denunciados como violatorios en ese conjunto de quejas llegan a 90.
Ese registro no incluye las detenciones, cateos y persecuciones que realizaron la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército después del enfrentamiento entre soldados y narcotraficantes en Apatzingán, Michoacán, el lunes 7.
Varias de las personas detenidas en esa ocasión tuvieron que ser liberadas por la PGR porque el Ejército no pudo acreditar su participación en ese enfrentamiento o en ataques a soldados como el ocurrido entre el 1 y 2 de mayo en Carácuaro, Michoacán, en donde murieron cinco militares y cuatro más resultaron heridos.
Precisamente en Michoacán se ha interpuesto el mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos. De las 28 registradas en todo el país, casi la mitad (11) es por hechos ocurridos en ese estado. Le siguen Sinaloa con cuatro, el Distrito Federal con tres, y Chiapas y Oaxaca con dos cada uno. Aparecen en los registros de la CNDH con una queja cada uno Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Sonora y Tamaulipas .
El número de agravios denunciados se incrementa a 49 cuando se toma en cuenta a las autoridades presuntamente responsables de cometerlos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene 28 quejas, la PGR 14 y la Policía Federal Preventiva (PFP), que depende de la Secretaría de Seguridad Pública federal, dos.
Y con una denuncia cada una aparecen la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, el ayuntamiento de Torreón, Coahuila; la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública del mismo estado.
Los hechos más denunciados son los cateos y visitas domiciliares ilegales (18 casos), el ejercicio indebido de la función pública (17) y las detenciones arbitrarias (13). También se registran siete quejas por trato cruel o degradante, seis por robo, cinco por retención ilegal y cuatro por imputación indebida de hechos. Las amenazas, el daño en propiedad ajena y la violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica aparecen con tres denuncias cada uno. Con dos, el aseguramiento indebido de bienes, la prestación indebida de servicio público, violación a los derechos de los migrantes y violación a los derechos de igualdad y al trato digno. Y con una queja cada uno se registran el ejercicio indebido del cargo, el empleo arbitrario de la fuerza pública y la violación a la libertad de tránsito y residencia.
Según la CNDH, en Guerrero y Baja California, donde se han practicado numerosas detenciones en el marco de los operativos, no se ha presentado ninguna queja por violación a las garantías fundamentales de las personas. En cambio, sí hay denuncias en Chiapas, Oaxaca, Coahuila, el Estado de México y el Distrito Federal, donde formalmente no se han puesto en marcha operativos ordenados por Calderón.
Diferencias acalladas
La respuesta de las comisiones estatales ante la proliferación de quejas ha sido cauta.
El 22 y 23 de febrero pasado, a más de dos meses del inicio de los operativos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos –integrada por los organismos autónomos estatales– se reunió en la ciudad de Chihuahua. Ahí, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, intentó que dicha federación se manifestara respecto de los operativos.
“Lo único que se pretendía decir era que la vigencia del estado de derecho no debe estar divorciada del respeto a los derechos”, especifica Loza. En su propuesta agregó que si se respetaban las garantías ciudadanas y los derechos humanos, se lograría un mayor respaldo a las tareas de restablecer la seguridad ciudadana y erradicar tanto la drogadicción como la delincuencia organizada.
“A duras penas hubo un acuerdo –dice Loza Ochoa–, pero al final de cuentas no se cumplió. Yo mandé un borrador y (los representantes de las comisiones estatales) comenzaron a plantear que no era el momento, por la situación que se vivía en varios estados y que, al contrario, complicaba la situación. Insistí en el caso de Michoacán. Les pedí que, aunque de manera muy tímida, dijéramos algo. Pero me respondieron que en ese estado no había ninguna queja contra los operativos. A lo mejor no tenían registrada ni una, pero eso no quiere decir que no hubiera”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, Óscar Humberto Herrera López, quien encabeza la federación, dice que finalmente en abril se publicó en el periódico El Sol de México un desplegado en el que “exhortamos que los operativos se conduzcan con legalidad”, aunque su organización aún no tiene una posición con respecto de los operativos.
“Es un tema que estamos analizando –continúa– y que va a ser planteado en la reunión de la tercera semana de junio. Sólo tenemos el acuerdo de solicitar que los operativos se hagan conforme a la legalidad. No podemos ir más allá. No podemos prejuzgar.
“Además, las quejas que se presentan relativas a los operativos no significan que sean efectivamente violaciones a los derechos humanos. Es obligación de cada comisión investigar y en su oportunidad emitir una recomendación o un acuerdo de no responsabilidad.”
La no responsabilidad es la que, al parecer, determinó la CNDH en algunos casos de Sinaloa. Con la experiencia de la operación Cóndor, emprendida por la PGR y el Ejército a partir de 1976 para erradicar los cultivos de mariguana y amapola en ese estado, el presidente de la CDH de ese estado, Óscar Loza, señala que el operativo en el llamado “triángulo dorado” –formado por la parte serrana de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa– ha dado lugar a nueve quejas por violaciones a los derechos humanos en su estado.
Esa cifra no coincide con lo registrado por la CNDH, que sólo admite cuatro. Sin embargo, Loza apunta que “en el caso de Sinaloa documentamos nueve quejas tanto de la ciudad como de zonas rurales por presuntas violaciones cometidas por el Ejército y la Agencia Federal de Investigación (AFI). Se trata de hechos ocurridos tanto en la zona urbana como rural de Culiacán y en el municipio de Badiraguato”, en la zona serrana.
Esas quejas fueron por allanamiento de morada sin orden de cateo, detenciones arbitrarias, retenciones arbitrarias y robo de documentos y dinero. Los casos fueron entregados a la CNDH por tratarse de asuntos que le competen. ?
Los operativos contra el narcotráfico comenzaron ya a afectar a la población civil de varios estados del país. Las fuerzas gubernamentales, sobre todo el Ejército, han ido más allá de sus objetivos persecutorios y se encuentran involucrados en decenas de acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Según datos proporcionados por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a petición expresa de Proceso, hasta antes de la incursión de la semana pasada del Ejército en Michoacán el organismo investigaba 49 quejas, la mayoría contra la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, trato cruel degradante, retención ilegal e incluso robo.
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, informó el viernes 11 que hasta el día anterior, jueves 10, había 30 denuncias contra integrantes del Ejército desde que éste ingresó a Michoacán en diciembre.
En ese contexto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos optó por asumir un bajo perfil, a pesar de que ese tipo de abusos eran previsibles desde que el presidente Felipe Calderón ordenó los operativos antinarco a sólo 10 días de haber asumido el poder.
Hasta el pasado martes 8, la CNDH registraba 28 quejas en 11 estados, incluidos algunos donde formalmente no se realizan operativos militares. Varias de esas denuncias implican a más de una autoridad, por lo que el número de afectaciones denunciadas se eleva a 49. Los actos denunciados como violatorios en ese conjunto de quejas llegan a 90.
Ese registro no incluye las detenciones, cateos y persecuciones que realizaron la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército después del enfrentamiento entre soldados y narcotraficantes en Apatzingán, Michoacán, el lunes 7.
Varias de las personas detenidas en esa ocasión tuvieron que ser liberadas por la PGR porque el Ejército no pudo acreditar su participación en ese enfrentamiento o en ataques a soldados como el ocurrido entre el 1 y 2 de mayo en Carácuaro, Michoacán, en donde murieron cinco militares y cuatro más resultaron heridos.
Precisamente en Michoacán se ha interpuesto el mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos. De las 28 registradas en todo el país, casi la mitad (11) es por hechos ocurridos en ese estado. Le siguen Sinaloa con cuatro, el Distrito Federal con tres, y Chiapas y Oaxaca con dos cada uno. Aparecen en los registros de la CNDH con una queja cada uno Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Sonora y Tamaulipas .
El número de agravios denunciados se incrementa a 49 cuando se toma en cuenta a las autoridades presuntamente responsables de cometerlos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene 28 quejas, la PGR 14 y la Policía Federal Preventiva (PFP), que depende de la Secretaría de Seguridad Pública federal, dos.
Y con una denuncia cada una aparecen la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, el ayuntamiento de Torreón, Coahuila; la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública del mismo estado.
Los hechos más denunciados son los cateos y visitas domiciliares ilegales (18 casos), el ejercicio indebido de la función pública (17) y las detenciones arbitrarias (13). También se registran siete quejas por trato cruel o degradante, seis por robo, cinco por retención ilegal y cuatro por imputación indebida de hechos. Las amenazas, el daño en propiedad ajena y la violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica aparecen con tres denuncias cada uno. Con dos, el aseguramiento indebido de bienes, la prestación indebida de servicio público, violación a los derechos de los migrantes y violación a los derechos de igualdad y al trato digno. Y con una queja cada uno se registran el ejercicio indebido del cargo, el empleo arbitrario de la fuerza pública y la violación a la libertad de tránsito y residencia.
Según la CNDH, en Guerrero y Baja California, donde se han practicado numerosas detenciones en el marco de los operativos, no se ha presentado ninguna queja por violación a las garantías fundamentales de las personas. En cambio, sí hay denuncias en Chiapas, Oaxaca, Coahuila, el Estado de México y el Distrito Federal, donde formalmente no se han puesto en marcha operativos ordenados por Calderón.
Diferencias acalladas
La respuesta de las comisiones estatales ante la proliferación de quejas ha sido cauta.
El 22 y 23 de febrero pasado, a más de dos meses del inicio de los operativos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos –integrada por los organismos autónomos estatales– se reunió en la ciudad de Chihuahua. Ahí, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, intentó que dicha federación se manifestara respecto de los operativos.
“Lo único que se pretendía decir era que la vigencia del estado de derecho no debe estar divorciada del respeto a los derechos”, especifica Loza. En su propuesta agregó que si se respetaban las garantías ciudadanas y los derechos humanos, se lograría un mayor respaldo a las tareas de restablecer la seguridad ciudadana y erradicar tanto la drogadicción como la delincuencia organizada.
“A duras penas hubo un acuerdo –dice Loza Ochoa–, pero al final de cuentas no se cumplió. Yo mandé un borrador y (los representantes de las comisiones estatales) comenzaron a plantear que no era el momento, por la situación que se vivía en varios estados y que, al contrario, complicaba la situación. Insistí en el caso de Michoacán. Les pedí que, aunque de manera muy tímida, dijéramos algo. Pero me respondieron que en ese estado no había ninguna queja contra los operativos. A lo mejor no tenían registrada ni una, pero eso no quiere decir que no hubiera”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, Óscar Humberto Herrera López, quien encabeza la federación, dice que finalmente en abril se publicó en el periódico El Sol de México un desplegado en el que “exhortamos que los operativos se conduzcan con legalidad”, aunque su organización aún no tiene una posición con respecto de los operativos.
“Es un tema que estamos analizando –continúa– y que va a ser planteado en la reunión de la tercera semana de junio. Sólo tenemos el acuerdo de solicitar que los operativos se hagan conforme a la legalidad. No podemos ir más allá. No podemos prejuzgar.
“Además, las quejas que se presentan relativas a los operativos no significan que sean efectivamente violaciones a los derechos humanos. Es obligación de cada comisión investigar y en su oportunidad emitir una recomendación o un acuerdo de no responsabilidad.”
La no responsabilidad es la que, al parecer, determinó la CNDH en algunos casos de Sinaloa. Con la experiencia de la operación Cóndor, emprendida por la PGR y el Ejército a partir de 1976 para erradicar los cultivos de mariguana y amapola en ese estado, el presidente de la CDH de ese estado, Óscar Loza, señala que el operativo en el llamado “triángulo dorado” –formado por la parte serrana de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa– ha dado lugar a nueve quejas por violaciones a los derechos humanos en su estado.
Esa cifra no coincide con lo registrado por la CNDH, que sólo admite cuatro. Sin embargo, Loza apunta que “en el caso de Sinaloa documentamos nueve quejas tanto de la ciudad como de zonas rurales por presuntas violaciones cometidas por el Ejército y la Agencia Federal de Investigación (AFI). Se trata de hechos ocurridos tanto en la zona urbana como rural de Culiacán y en el municipio de Badiraguato”, en la zona serrana.
Esas quejas fueron por allanamiento de morada sin orden de cateo, detenciones arbitrarias, retenciones arbitrarias y robo de documentos y dinero. Los casos fueron entregados a la CNDH por tratarse de asuntos que le competen. ?
Actividades de la Resistencia Creativa Semana del 14 al 18 de mayo
Lunes Mayo 14 14:00 hrs. Hemiciclo a Juárez. Movimiento Obradorista encabezado por Lic. Roman Diaz, informará avances en la presentación de Amparos contra la Ley del ISSSTE.
Martes Mayo 15 09:00 hrs. Hemiciclo a Juárez. Participación de la Resistencia Creativa en Marcha de los Compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en demanda de Salario Digno y en repudio a la Ley del ISSSTE. Es importante la participación de la Orquesta Disfonica.
Miercoles Mayo 16 a las 11:45 Metro Constituyentes, Acción de Resistencia Civil Pacifica en Los Pinos en repudio a la agresión sufrida por la Diputada Federal del PRD Adriana Díaz a manos de elementos del Estado Mayor Presidencial. Acción coordinada por el compañero Gerardo Fernandez Noroña.
Jueves Mayo 17 09:00 hrs. Hemiciclo a Juárez. Participación de la Resistencia Creativa en acciones correspondientes al 2o. Paro Nacional convocado por los Compañeros del 4o. Dialogo y El Consejo Nacional de Huelga.
¡¡ AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos !!
Martes Mayo 15 09:00 hrs. Hemiciclo a Juárez. Participación de la Resistencia Creativa en Marcha de los Compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en demanda de Salario Digno y en repudio a la Ley del ISSSTE. Es importante la participación de la Orquesta Disfonica.
Miercoles Mayo 16 a las 11:45 Metro Constituyentes, Acción de Resistencia Civil Pacifica en Los Pinos en repudio a la agresión sufrida por la Diputada Federal del PRD Adriana Díaz a manos de elementos del Estado Mayor Presidencial. Acción coordinada por el compañero Gerardo Fernandez Noroña.
Jueves Mayo 17 09:00 hrs. Hemiciclo a Juárez. Participación de la Resistencia Creativa en acciones correspondientes al 2o. Paro Nacional convocado por los Compañeros del 4o. Dialogo y El Consejo Nacional de Huelga.
¡¡ AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos !!
Madres comunitarias de Risaralda rompen su silencio
Número 168 – mayo 13 de 2007
Corresponsal Pereira | Periódico El Turbión
Los días nueve y diez de mayo de 2007 se convirtieron en fechas significativas para las 1.134 madres comunitarias del departamento de Risaralda. Muchas mujeres superaron el miedo ante las posibles represalias laborales y decidieron salir a las calles, alzando sus voces para exigirle al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la cooperativa CTA Servicio Nacional el cumplimiento de su responsabilidad con los 15.300 niños que se benefician diariamente de los programas de hogares comunitarios de bienestar y Familia, Mujer e Infancia (Fami), a cargo de estas entidades.
Las arengas con las que las madres exigían “un salario digno y oportuno” y “alimentos de buena calidad y cantidad” para los niños rompieron la calma habitual de la carrera 9 bis con calle 35, sede regional del ICBF, durante dos días y bloquearon la vía del sistema de Transporte masivo Mega Bus por varias horas.
Denunciaron, ante todo el país, las permanentes y progresivas violaciones laborales de las que son victimas las madres comunitarias, la escasez y el mal estado de las raciones diarias que el programa del ICBF ofrece a los hogares comunitarios, a través de la cooperativa CTA Servicio Nacional, haciendo imposible el normal funcionamiento de los programas y forzándolas a lanzar un paro hasta que el proveedor no cancelara las bonificaciones atrasadas, que sólo alcanzan los $212.500 mensuales –menos de la mitad del salario mínimo vigente en Colombia–, junto con el aumento pactado en la anterior negociación.
Los días de retraso en el pago representan para estas mujeres, en su mayoría cabezas de hogar, el corte del agua, la energía o el retraso en el pago de los arriendos de sus viviendas, donde, además, funcionan los programas. Como si esto fuera poco, la no cancelación oportuna de la seguridad social les ha generado la suspensión del servicio médico para ellas y sus familias.
La jornada concluyó el jueves 10, hacia las 4:00pm, cuando las madres comunitarias constataron que se hubiese hecho efectiva la consignación de la bonificación, con el compromiso del pago inmediato a las EPS y del mejoramiento de la minuta alimenticia, para lo que acordaron una reunión de la comisión negociadora con el ICBF, el próximo 22 de mayo, que tendrá como punto central exigir calidad y cantidad apropiada en las raciones.
“Las exigencias de esta jornada de paro son sólo los problemas inmediatos de las madres comunitarias. Pero, más allá, está nuestra justa demanda de que se nos reconozca como trabajadoras, se nos pague un salario digno y se nos den las garantías laborales a las que tiene derecho cualquier trabajador. Que se aumente el presupuesto para los programas de atención a la niñez, contrario a lo que se ha venido haciendo el gobierno”. Manifestó una de las dirigentes de la jornada.
La jornada estuvo liderada por la Asociación por la Defensa de los Derechos de los Hijos del Pueblo (ADDHIP-MODEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en Hogares de Bienestar (Sintracihobi). Contó con el apoyo de Sintraemsdes Pereira, Sinaltrainal Dosquebradas, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Escuela Sindical y Popular Ignacio Torres Giraldo, así como el de padres usuarios, vecinos, ciudadanos y personas del sector que manifestaron su respaldo acompañándolas en estos dos días de valerosa lucha.
Corresponsal Pereira | Periódico El Turbión
Los días nueve y diez de mayo de 2007 se convirtieron en fechas significativas para las 1.134 madres comunitarias del departamento de Risaralda. Muchas mujeres superaron el miedo ante las posibles represalias laborales y decidieron salir a las calles, alzando sus voces para exigirle al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la cooperativa CTA Servicio Nacional el cumplimiento de su responsabilidad con los 15.300 niños que se benefician diariamente de los programas de hogares comunitarios de bienestar y Familia, Mujer e Infancia (Fami), a cargo de estas entidades.
Las arengas con las que las madres exigían “un salario digno y oportuno” y “alimentos de buena calidad y cantidad” para los niños rompieron la calma habitual de la carrera 9 bis con calle 35, sede regional del ICBF, durante dos días y bloquearon la vía del sistema de Transporte masivo Mega Bus por varias horas.
Denunciaron, ante todo el país, las permanentes y progresivas violaciones laborales de las que son victimas las madres comunitarias, la escasez y el mal estado de las raciones diarias que el programa del ICBF ofrece a los hogares comunitarios, a través de la cooperativa CTA Servicio Nacional, haciendo imposible el normal funcionamiento de los programas y forzándolas a lanzar un paro hasta que el proveedor no cancelara las bonificaciones atrasadas, que sólo alcanzan los $212.500 mensuales –menos de la mitad del salario mínimo vigente en Colombia–, junto con el aumento pactado en la anterior negociación.
Los días de retraso en el pago representan para estas mujeres, en su mayoría cabezas de hogar, el corte del agua, la energía o el retraso en el pago de los arriendos de sus viviendas, donde, además, funcionan los programas. Como si esto fuera poco, la no cancelación oportuna de la seguridad social les ha generado la suspensión del servicio médico para ellas y sus familias.
La jornada concluyó el jueves 10, hacia las 4:00pm, cuando las madres comunitarias constataron que se hubiese hecho efectiva la consignación de la bonificación, con el compromiso del pago inmediato a las EPS y del mejoramiento de la minuta alimenticia, para lo que acordaron una reunión de la comisión negociadora con el ICBF, el próximo 22 de mayo, que tendrá como punto central exigir calidad y cantidad apropiada en las raciones.
“Las exigencias de esta jornada de paro son sólo los problemas inmediatos de las madres comunitarias. Pero, más allá, está nuestra justa demanda de que se nos reconozca como trabajadoras, se nos pague un salario digno y se nos den las garantías laborales a las que tiene derecho cualquier trabajador. Que se aumente el presupuesto para los programas de atención a la niñez, contrario a lo que se ha venido haciendo el gobierno”. Manifestó una de las dirigentes de la jornada.
La jornada estuvo liderada por la Asociación por la Defensa de los Derechos de los Hijos del Pueblo (ADDHIP-MODEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en Hogares de Bienestar (Sintracihobi). Contó con el apoyo de Sintraemsdes Pereira, Sinaltrainal Dosquebradas, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Escuela Sindical y Popular Ignacio Torres Giraldo, así como el de padres usuarios, vecinos, ciudadanos y personas del sector que manifestaron su respaldo acompañándolas en estos dos días de valerosa lucha.
¡Hay motivo!
No se pierdan la excelente película ¡hay motivo!:
"Esta es una película de largo metraje hecha de 32 pequeñas piezas, de alrededor de tres minutos de duración, más un epílogo. Cada una de las piezas está dirigida por un director distinto y tiene por objeto denunciar algún aspecto de la realidad política y social española que se vio especialmente deteriorada durante la Legislatura de 2000 a 2004.
En ¡hay motivo! nos animó el derecho legítimo a la libre expresión, quisimos abrir los ojos de los ciudadanos y mostrar algunos problemas que el Ejecutivo de los últimos años desatendió, manipuló, obvió o directamente escamoteó a la opinión pública.
Desgraciadamente, la realidad, tozuda se impuso y los ciudadanos vieron el plumero popular, en toda su crudeza, merced a los hechos desencadenados tras el brutal atentado del 11M en Madrid. En la línea que precisamente denunciábamos en muchos cortometrajes de ¡hay motivo!, el gobierno de José María Aznar trató por todos los medios de engañar a los españoles acerca de la autoría del atentado, en la ingenua creencia de que un nuevo ataque de ETA atraería votos para el Partido Popular.
No nos engañemos. Aunque no se demuestre participación alguna de ETA en los atentados de los trenes de cercanías madrileños, la organización sigue siendo una banda terrorista que cuenta con nuestra condena más unánime. Por otro lado, a nadie alegra que la investigación de los atentados señale finalmente a Al Qaeda. Ni a los partidos de la oposición; ni, por supuesto, al colectivo de cineastas que formamos.
Pero las actuaciones de algunos miembros del anterior Gobierno han sido deplorables y la ciudadanía castigó al Partido Popular en las urnas.
En ¡hay motivo!, como no podría ser de otra forma, hemos decidido realizar un último cortometraje, el que hace el número treinta y tres, que explica nuestra visión del asunto. Con este último capítulo damos por finalizada la película, que trataremos, nuevamente, de hacer pública."
En este link podrás ver el excelente trabajo que realizaron.
"Esta es una película de largo metraje hecha de 32 pequeñas piezas, de alrededor de tres minutos de duración, más un epílogo. Cada una de las piezas está dirigida por un director distinto y tiene por objeto denunciar algún aspecto de la realidad política y social española que se vio especialmente deteriorada durante la Legislatura de 2000 a 2004.
En ¡hay motivo! nos animó el derecho legítimo a la libre expresión, quisimos abrir los ojos de los ciudadanos y mostrar algunos problemas que el Ejecutivo de los últimos años desatendió, manipuló, obvió o directamente escamoteó a la opinión pública.
Desgraciadamente, la realidad, tozuda se impuso y los ciudadanos vieron el plumero popular, en toda su crudeza, merced a los hechos desencadenados tras el brutal atentado del 11M en Madrid. En la línea que precisamente denunciábamos en muchos cortometrajes de ¡hay motivo!, el gobierno de José María Aznar trató por todos los medios de engañar a los españoles acerca de la autoría del atentado, en la ingenua creencia de que un nuevo ataque de ETA atraería votos para el Partido Popular.
No nos engañemos. Aunque no se demuestre participación alguna de ETA en los atentados de los trenes de cercanías madrileños, la organización sigue siendo una banda terrorista que cuenta con nuestra condena más unánime. Por otro lado, a nadie alegra que la investigación de los atentados señale finalmente a Al Qaeda. Ni a los partidos de la oposición; ni, por supuesto, al colectivo de cineastas que formamos.
Pero las actuaciones de algunos miembros del anterior Gobierno han sido deplorables y la ciudadanía castigó al Partido Popular en las urnas.
En ¡hay motivo!, como no podría ser de otra forma, hemos decidido realizar un último cortometraje, el que hace el número treinta y tres, que explica nuestra visión del asunto. Con este último capítulo damos por finalizada la película, que trataremos, nuevamente, de hacer pública."
En este link podrás ver el excelente trabajo que realizaron.
Lavó el IPAB todas las deudas ilegales del Fobaproa: Di Costanzo
ISRAEL RODRIGUEZ
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ha ''lavado'' todas las deudas que fueron adquiridas de manera ilegal y, pese haber destinado más de 160 mil millones de pesos en los últimos seis años, el débito ha aumentado en mil 206 millones de pesos, revela un análisis de la Secretaría de la Hacienda Pública del autodenominado ''gobierno legítimo'', encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
El informe detalla que la deuda bruta derivada del rescate bancario se ha incrementado mil 206 millones de pesos con respecto al año 2000, a pesar de haber destinado casi 160 mil millones de pesos en recursos presupuestarios durante los últimos seis años, al ubicarse en 751 mil 614 millones, cifra que representa 32 por ciento del Presupuesto de Egresos para 2007.
Precisó que en virtud de algunos activos que el IPAB ha podido vender, y debido a la cobranza de créditos ya pactada en el programa de capitalización y compra de cartera, la deuda neta del rescate bancario a marzo de 2007 ascendió a 711 mil 870 millones de pesos. La actual deuda del IPAB genera un costo financiero a cargo de los contribuyentes por 50 mil millones de pesos anuales.
El estudio menciona que desde su constitución en 1999 a la fecha, la estructura de la deuda del IPAB se ha modificado, debido a que el Instituto ha pagado o prepagado deudas derivadas directamente del extinto Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa), y por lo tanto de dudosa legalidad.
''Esto ha sido posible por la capacidad de refinanciamiento que le otorga el artículo segundo de la Ley de Ingresos, y que nunca fue acotado por los legisladores durante los periodos de aprobación de la Ley de Ingresos en cada año''. Esta disposición le permite al Instituto contratar créditos o emitir valores, con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago.
Estos ''canjes'' o ''sustitución de deuda'' han sido por instrumentos que el IPAB utiliza para refinanciar sus pasivos o por créditos que ha obtenido de los mismos bancos rescatados y que prácticamente han generado una ''nueva deuda'' que el IPAB ha adquirido, y que a la fecha asciende a 742 mil 722 millones de pesos, representando 98.8 por ciento de la deuda total del rescate bancario.
Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del autodenominado ''gobierno legítimo'' aseveró que esto ha sido ''simplemente un lavado de deudas cuestionables, por una nueva deuda supuestamente legal, lo que ha permitido que los bancos hayan podido cobrar deudas que eran consideradas ilegales y que no contaron con el aval del Congreso''.
Para evitar lo anterior, dijo, los diputados debieron haber modificado el artículo segundo de la Ley de Ingresos, a fin de limitar la capacidad de refinanciamiento de pasivos del IPAB, excluyendo la posibilidad de refinanciar los pasivos o deudas derivadas del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, así como cualquier operación que estuviese con alguna observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que a la fecha no estuviera solventada.
Recordó que de acuerdo con el último reporte de la ASF, aún existen observaciones sin solventar con respecto al rescate bancario y que el propio auditor superior concluyó que el Comité Técnico del Fobaproa procedió de manera discrecional y en exceso de sus atribuciones.
''Por ello, el IPAB utilizó indebidamente esta facultad de refinanciamiento como una fuente alternativa de allegarse recursos, lo que le permitió refinanciar operaciones cuestionadas o ilegales y borrar su rastro''.
Di Constanzo Armenta manifestó que de la misma manera como se ''lava el dinero sucio'', el IPAB en un proceso similar borró el rastro de una deuda de ''dudosa legalidad o procedencia, por una deuda aparentemente legal'', de manera que ha blanqueado los pasivos originados directamente por el Fobaproa.
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ha ''lavado'' todas las deudas que fueron adquiridas de manera ilegal y, pese haber destinado más de 160 mil millones de pesos en los últimos seis años, el débito ha aumentado en mil 206 millones de pesos, revela un análisis de la Secretaría de la Hacienda Pública del autodenominado ''gobierno legítimo'', encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
El informe detalla que la deuda bruta derivada del rescate bancario se ha incrementado mil 206 millones de pesos con respecto al año 2000, a pesar de haber destinado casi 160 mil millones de pesos en recursos presupuestarios durante los últimos seis años, al ubicarse en 751 mil 614 millones, cifra que representa 32 por ciento del Presupuesto de Egresos para 2007.
Precisó que en virtud de algunos activos que el IPAB ha podido vender, y debido a la cobranza de créditos ya pactada en el programa de capitalización y compra de cartera, la deuda neta del rescate bancario a marzo de 2007 ascendió a 711 mil 870 millones de pesos. La actual deuda del IPAB genera un costo financiero a cargo de los contribuyentes por 50 mil millones de pesos anuales.
El estudio menciona que desde su constitución en 1999 a la fecha, la estructura de la deuda del IPAB se ha modificado, debido a que el Instituto ha pagado o prepagado deudas derivadas directamente del extinto Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa), y por lo tanto de dudosa legalidad.
''Esto ha sido posible por la capacidad de refinanciamiento que le otorga el artículo segundo de la Ley de Ingresos, y que nunca fue acotado por los legisladores durante los periodos de aprobación de la Ley de Ingresos en cada año''. Esta disposición le permite al Instituto contratar créditos o emitir valores, con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago.
Estos ''canjes'' o ''sustitución de deuda'' han sido por instrumentos que el IPAB utiliza para refinanciar sus pasivos o por créditos que ha obtenido de los mismos bancos rescatados y que prácticamente han generado una ''nueva deuda'' que el IPAB ha adquirido, y que a la fecha asciende a 742 mil 722 millones de pesos, representando 98.8 por ciento de la deuda total del rescate bancario.
Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del autodenominado ''gobierno legítimo'' aseveró que esto ha sido ''simplemente un lavado de deudas cuestionables, por una nueva deuda supuestamente legal, lo que ha permitido que los bancos hayan podido cobrar deudas que eran consideradas ilegales y que no contaron con el aval del Congreso''.
Para evitar lo anterior, dijo, los diputados debieron haber modificado el artículo segundo de la Ley de Ingresos, a fin de limitar la capacidad de refinanciamiento de pasivos del IPAB, excluyendo la posibilidad de refinanciar los pasivos o deudas derivadas del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, así como cualquier operación que estuviese con alguna observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que a la fecha no estuviera solventada.
Recordó que de acuerdo con el último reporte de la ASF, aún existen observaciones sin solventar con respecto al rescate bancario y que el propio auditor superior concluyó que el Comité Técnico del Fobaproa procedió de manera discrecional y en exceso de sus atribuciones.
''Por ello, el IPAB utilizó indebidamente esta facultad de refinanciamiento como una fuente alternativa de allegarse recursos, lo que le permitió refinanciar operaciones cuestionadas o ilegales y borrar su rastro''.
Di Constanzo Armenta manifestó que de la misma manera como se ''lava el dinero sucio'', el IPAB en un proceso similar borró el rastro de una deuda de ''dudosa legalidad o procedencia, por una deuda aparentemente legal'', de manera que ha blanqueado los pasivos originados directamente por el Fobaproa.
Anuncia AMLO frente en defensa de Flavio Sosa
Solicitará apoyo a Rosario Ibarra y Bernardo Bátiz
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
San Bartolo Coyotepec, Oax., 13 de mayo. Andrés Manuel López Obrador ofreció el respaldo del "gobierno legítimo de México" a Flavio Sosa Villavicencio, miembro del consejo estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México, por "no ser un delincuente sino una gente de bien, que su único pecado fue luchar por un mejor Oaxaca".
Ante decenas de simpatizantes reunidos en la plaza principal de este municipio -de donde es originario Flavio Sosa-, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal anunció: "Vamos a seguir luchando por su libertad, porque ya sabemos cómo actúan estos represores".
El ex candidato a la Presidencia por la coalición Por el Bien de Todos expuso que el encarcelamiento de Flavio Sosa y sus hermanos Erick y Horacio, así como de otros miembros de la APPO, "no es un asunto jurídico sino fundamentalmente político" de los gobiernos "autoritarios" de Felipe Calderón Hinojosa y de Ulises Ruiz Ortiz, pues las acusaciones en su contra "fueron fabricadas totalmente". Consideró que "si se analizan los expedientes, se puede dar uno cuenta que las responsabilidades fincadas no tienen ningún sustento legal".
Además criticó que el Poder Judicial del estado realice tácticas dilatorias en los procesos penales de los detenidos para tenerlos más tiempo en la cárcel y no darles su libertad como legalmente les corresponde.
Igualmente anunció que solicitará a la legisladora Rosario Ibarra viuda de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se Senadores, y al ex procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, ponerse de acuerdo para sumarse a la defensa por la libertad de Sosa Villavicencio y de los demás presos de la APPO.
Durante el mitin, entre las consignas en referencia al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y el presidente Felipe Calderón, "¡Repudio total a URO y a Fecal!", "¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!" y "¡Hombro con hombro, codo con codo, la APPO, la APPO, la APPO somos todos!", Beatriz Castañeda Pedro, esposa de Sosa Villavicencio, dijo que su cónyuge fue encarcelado "por luchar con la gente pobre y con la gente de abajo".
López Obrador también instó a sus partidarios y seguidores de la APPO a "seguir adelante y no desmayar", porque "tarde que temprano va a triunfar este movimiento".
Además, llamó a no abandonar la lucha por la vía electoral democrática, al que consideró el único camino para cambiar México, "a pesar de estar lleno de obstáculos, baches, fraudes y trampas". Argumentó que si se toma el camino de la violencia "nada más servirá como pretexto a los opresores para golpear más, y provocar más sufrimiento en el pueblo".
En Puerto Escondido, López Obrador sostuvo que México está sumido en caos, en crisis y en un clima de inseguridad generalizada, que ha rebasado la capacidad de Felipe Calderón, quien desde hace seis meses, cuando "usurpó" la Presidencia de la República, "no ve la puerta, no encuentra la salida y no sabe cómo hacerle" en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas que enfrenta la nación, entre ellos la violencia y los ajusticiamientos en diversos puntos de la geografía nacional.
En entrevista que concedió a la prensa local, el "presidente legítimo" afirmó, interrogado sobre el incremento del número de efectivos militares en las tareas de combate al narcotráfico, que Calderón pensó que de esa manera iban a resolver un problema que debe de abordarse desde sus causas y orígenes.
con información de Ciro Pérez
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
San Bartolo Coyotepec, Oax., 13 de mayo. Andrés Manuel López Obrador ofreció el respaldo del "gobierno legítimo de México" a Flavio Sosa Villavicencio, miembro del consejo estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México, por "no ser un delincuente sino una gente de bien, que su único pecado fue luchar por un mejor Oaxaca".
Ante decenas de simpatizantes reunidos en la plaza principal de este municipio -de donde es originario Flavio Sosa-, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal anunció: "Vamos a seguir luchando por su libertad, porque ya sabemos cómo actúan estos represores".
El ex candidato a la Presidencia por la coalición Por el Bien de Todos expuso que el encarcelamiento de Flavio Sosa y sus hermanos Erick y Horacio, así como de otros miembros de la APPO, "no es un asunto jurídico sino fundamentalmente político" de los gobiernos "autoritarios" de Felipe Calderón Hinojosa y de Ulises Ruiz Ortiz, pues las acusaciones en su contra "fueron fabricadas totalmente". Consideró que "si se analizan los expedientes, se puede dar uno cuenta que las responsabilidades fincadas no tienen ningún sustento legal".
Además criticó que el Poder Judicial del estado realice tácticas dilatorias en los procesos penales de los detenidos para tenerlos más tiempo en la cárcel y no darles su libertad como legalmente les corresponde.
Igualmente anunció que solicitará a la legisladora Rosario Ibarra viuda de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se Senadores, y al ex procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, ponerse de acuerdo para sumarse a la defensa por la libertad de Sosa Villavicencio y de los demás presos de la APPO.
Durante el mitin, entre las consignas en referencia al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y el presidente Felipe Calderón, "¡Repudio total a URO y a Fecal!", "¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!" y "¡Hombro con hombro, codo con codo, la APPO, la APPO, la APPO somos todos!", Beatriz Castañeda Pedro, esposa de Sosa Villavicencio, dijo que su cónyuge fue encarcelado "por luchar con la gente pobre y con la gente de abajo".
López Obrador también instó a sus partidarios y seguidores de la APPO a "seguir adelante y no desmayar", porque "tarde que temprano va a triunfar este movimiento".
Además, llamó a no abandonar la lucha por la vía electoral democrática, al que consideró el único camino para cambiar México, "a pesar de estar lleno de obstáculos, baches, fraudes y trampas". Argumentó que si se toma el camino de la violencia "nada más servirá como pretexto a los opresores para golpear más, y provocar más sufrimiento en el pueblo".
En Puerto Escondido, López Obrador sostuvo que México está sumido en caos, en crisis y en un clima de inseguridad generalizada, que ha rebasado la capacidad de Felipe Calderón, quien desde hace seis meses, cuando "usurpó" la Presidencia de la República, "no ve la puerta, no encuentra la salida y no sabe cómo hacerle" en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas que enfrenta la nación, entre ellos la violencia y los ajusticiamientos en diversos puntos de la geografía nacional.
En entrevista que concedió a la prensa local, el "presidente legítimo" afirmó, interrogado sobre el incremento del número de efectivos militares en las tareas de combate al narcotráfico, que Calderón pensó que de esa manera iban a resolver un problema que debe de abordarse desde sus causas y orígenes.
con información de Ciro Pérez
Lo que refleja el polémico decreto
Javier Oliva Posada
Sin duda, el primer error en la estrategia es denominarle y por tanto aceptar la condición de "guerra" al narcotráfico. En la estricta medida en que el lenguaje refleja el proceso de abstracción y denota el orden de los conceptos. La guerra, en efecto, es un conflicto en el que se han agotado las instancias de negociación y acercamiento. En este caso, se trata de una actividad delictiva que por diversas razones ha adquirido una capacidad destructiva, moral y física, que pone en riesgo, antes que al Estado, al tejido social.
La gran polémica que causó el decreto presidencial por el que se crea un cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea (¿y la Armada no, por qué?) para hacerle frente con recursos, sobre todo jurídicos, al narcotráfico y sus actividades inherentes. De esa forma, el Presidente de la República hace bien en dar sustento legal a las actividades de los soldados en una tarea que no puede prolongarse por mucho tiempo; esto quiere decir que en breve deberá discutirse y aprobarse una seria reforma jurídica y penal para el país, desterrando la vieja tendencia conservadora y paternalista que pretende controlar y tutelar a la ciudadanía.
Quizá por eso, el PAN y su gobierno se sienten tan a gusto encaramados en las viejas estructuras del México autoritario, de un país que ya no es, pero que se intenta mantener vivo a partir de confrontaciones que conducen a pretender dirigir hacia dónde y por qué la sociedad debe marchar bajo la dirección clientelar de la autoridad. Por eso, encontramos tantas afinidades legales, presupuestales, ideológicas entre lo que fue y lo que es el gobernar México ahora. La forma gradual, pero consistente en que se viene ajustando el marco jurídico para hacerle frente a la inconformidad social, no tiene otro antecedente que el distanciamiento respecto de las prioridades colectivas en torno a los beneficios para unos cuantos. Es tan obvio y sencillo.
La sobrexposición a que se viene sometiendo en particular al Ejército Mexicano terminará por afectar negativamente a la única institución que aún inspira identidad y respeto. Se pueden consultar las diversas encuestas y sondeos de opinión al respecto para constatar que en los últimos lugares aparecen los políticos, los policías y los jueces, en tanto que las fuerzas armadas usualmente están entre los primeros tres; la confrontación ante un enemigo armado, sin escrúpulos, con un sistema de impartición de justicia débil y con leyes anacrónicas, no deja margen más que para la violencia, dentro y fuera de las zonas de conflicto.
Si no se cuenta con una política integral para hacerle frente al problema, seguiremos observando cómo el gobierno en turno dilapida el muy escaso recurso de legitimidad. No es posible suponer que la actual dinámica de ataque al narcotráfico vaya a durar el resto del sexenio, vaya, ni siquiera un año más. Es necesaria la inversión en el campo, salarios dignos, un papel activo de los profesores y los sindicatos en la prevención en el consumo de drogas; las secretarías de salud federal y locales, y desde luego los medios, principalmente la televisión, tienen un importante papel.
Por más decretos en materia de seguridad nacional o leyes que supongan mayores penas, no habrá forma de lograr un restablecimiento de la paz si antes no se crean y articulan medidas de carácter preventivo. Estamos en una fase correctiva; sin embargo, como cualquier otra patología social, siempre es menor el costo de la prevención que el de la corrección. Las fuerzas armadas actúan en un momento en el que todos los otros recursos fallaron, pero no pueden suplantar a la autoridad civil de manera permanente, salvo que se reconozca que el fracaso es total, definitivo e incorregible.
La resistencia a la autoridad es un sino de las sociedades a lo largo de la historia, pero cuando esta capacidad de evadir o burlar las leyes y a los gobernantes viene de actividades ilícitas, la determinación para hacerle frente sólo tendrá éxito si la sociedad misma participa. Las fuerzas armadas no podrán solas ante el desafío del narcotráfico. Por más que se publique cada semana un decreto presidencial en la materia.
El problema del narcotráfico se resuelve con inteligencia pero como el gobierno carece de ella no le queda más que la fuerza bruta.
Sin duda, el primer error en la estrategia es denominarle y por tanto aceptar la condición de "guerra" al narcotráfico. En la estricta medida en que el lenguaje refleja el proceso de abstracción y denota el orden de los conceptos. La guerra, en efecto, es un conflicto en el que se han agotado las instancias de negociación y acercamiento. En este caso, se trata de una actividad delictiva que por diversas razones ha adquirido una capacidad destructiva, moral y física, que pone en riesgo, antes que al Estado, al tejido social.
La gran polémica que causó el decreto presidencial por el que se crea un cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea (¿y la Armada no, por qué?) para hacerle frente con recursos, sobre todo jurídicos, al narcotráfico y sus actividades inherentes. De esa forma, el Presidente de la República hace bien en dar sustento legal a las actividades de los soldados en una tarea que no puede prolongarse por mucho tiempo; esto quiere decir que en breve deberá discutirse y aprobarse una seria reforma jurídica y penal para el país, desterrando la vieja tendencia conservadora y paternalista que pretende controlar y tutelar a la ciudadanía.
Quizá por eso, el PAN y su gobierno se sienten tan a gusto encaramados en las viejas estructuras del México autoritario, de un país que ya no es, pero que se intenta mantener vivo a partir de confrontaciones que conducen a pretender dirigir hacia dónde y por qué la sociedad debe marchar bajo la dirección clientelar de la autoridad. Por eso, encontramos tantas afinidades legales, presupuestales, ideológicas entre lo que fue y lo que es el gobernar México ahora. La forma gradual, pero consistente en que se viene ajustando el marco jurídico para hacerle frente a la inconformidad social, no tiene otro antecedente que el distanciamiento respecto de las prioridades colectivas en torno a los beneficios para unos cuantos. Es tan obvio y sencillo.
La sobrexposición a que se viene sometiendo en particular al Ejército Mexicano terminará por afectar negativamente a la única institución que aún inspira identidad y respeto. Se pueden consultar las diversas encuestas y sondeos de opinión al respecto para constatar que en los últimos lugares aparecen los políticos, los policías y los jueces, en tanto que las fuerzas armadas usualmente están entre los primeros tres; la confrontación ante un enemigo armado, sin escrúpulos, con un sistema de impartición de justicia débil y con leyes anacrónicas, no deja margen más que para la violencia, dentro y fuera de las zonas de conflicto.
Si no se cuenta con una política integral para hacerle frente al problema, seguiremos observando cómo el gobierno en turno dilapida el muy escaso recurso de legitimidad. No es posible suponer que la actual dinámica de ataque al narcotráfico vaya a durar el resto del sexenio, vaya, ni siquiera un año más. Es necesaria la inversión en el campo, salarios dignos, un papel activo de los profesores y los sindicatos en la prevención en el consumo de drogas; las secretarías de salud federal y locales, y desde luego los medios, principalmente la televisión, tienen un importante papel.
Por más decretos en materia de seguridad nacional o leyes que supongan mayores penas, no habrá forma de lograr un restablecimiento de la paz si antes no se crean y articulan medidas de carácter preventivo. Estamos en una fase correctiva; sin embargo, como cualquier otra patología social, siempre es menor el costo de la prevención que el de la corrección. Las fuerzas armadas actúan en un momento en el que todos los otros recursos fallaron, pero no pueden suplantar a la autoridad civil de manera permanente, salvo que se reconozca que el fracaso es total, definitivo e incorregible.
La resistencia a la autoridad es un sino de las sociedades a lo largo de la historia, pero cuando esta capacidad de evadir o burlar las leyes y a los gobernantes viene de actividades ilícitas, la determinación para hacerle frente sólo tendrá éxito si la sociedad misma participa. Las fuerzas armadas no podrán solas ante el desafío del narcotráfico. Por más que se publique cada semana un decreto presidencial en la materia.
El problema del narcotráfico se resuelve con inteligencia pero como el gobierno carece de ella no le queda más que la fuerza bruta.
Reserva de Cuatro Ciénegas, tesoro natural
Iván Restrepo
Hace tres meses, el gobierno federal anunció que apoyaría decididamente uno de los tesoros naturales más importantes de México y el mundo: la reserva natural de Cuatro Ciénegas. Además de prometer la veda a la explotación del agua del subsuelo de la región y valles vecinos, el uso racional del líquido en la agricultura y otras actividades económicas, se impulsarían programas de reforestación y turismo responsable, no depredador, en ciertas áreas de la reserva. Para todo esto y mucho más habría recursos fiscales suficientes. Hasta aquí, buenas noticias luego de la depredación causada en esa joya natural por intereses muy influyentes y poderosos, como los de la empresa Lala y la cadena de tiendas Soriana.
Pero llevar adelante esos programas exige profesionalismo y honradez extrema. Requiere conformar grupos de trabajo con las personas más idóneas, tanto en lo científico como en lo técnico, y manejar con transparencia los recursos públicos destinados a una causa tan loable como salvar Cuatro Ciénegas en su dimensión ecológica, natural, y elevar la calidad de vida de las poblaciones que habitan en esa región de Coahuila.
Resalta la necesidad de garantizar la existencia del agua en áreas críticas por su papel como captadoras del líquido. A su vez, la dirección del área natural debe recaer en alguien con los conocimientos necesarios para coordinar los programas destinados a resolver los problemas existentes, gozar de respeto en las instancias oficiales y académicas y lograr que los habitantes de la región hagan suyos los planes de recuperación y conservación del espacio natural, pues es la población local la más interesada y comprometida con el engrandecimiento y conservación de un patrimonio mundial formado durante millones de años. Por eso, no debe ser, por ningún motivo, y como está siendo frecuente, convertirse en un cargo para premiar favores recibidos, darle empleo a un político necesitado de oficina o para satisfacer a grupos políticos que desean medrar a la sombra de Cuatro Ciénegas. Existe allí una historia poco edificante de mal manejo de recursos públicos por parte de funcionarios, así como de desconocimiento de lo que debe ser una área natural protegida.
Además, el programa oficial para Cuatro Ciénegas exige ir más allá de la veda anunciada a fin de proteger integralmente un ecosistema seriamente afectado por la extracción desmedida del agua, que es limitada y a pesar de ello se ha permitido extraerla para sembrar alfalfa destinada a las vacas de La Laguna, favoreciendo al grupo lechero Lala. O para la engorda de becerros que luego son enviados al mercado estadunidense. También, la región debe convertirse en el primer laboratorio y el mejor ejemplo de la participación efectiva de la población local en los programas para el manejo racional del agua y el ecoturismo en el norte del país. Esta última actividad, bien planeada, es fuente de ingresos para las poblaciones y un aliado para la conservación, como demuestra la rica experiencia de Costa Rica. En México, en cambio, el ecoturismo todavía no alcanza su justa dimensión.
En el otro extremo del país, en Cancún, otro ecosistema recibe el peor de los tratos debido a las actividades humanas: la laguna Nichupté, uno de los atractivos naturales de ese centro turístico. Como resultado, desde hace 34 años registra serios desajustes ecológicos por el tránsito de lanchas y barcos que arrojan aceite y aguas negras; las descargas de hoteles y servicios, el relleno de parte de su extensión para un club de golf y un "desarrollo" inmobiliario de cinco estrellas. Nichupté era un inigualable cuerpo de agua regulado por la entrada de corrientes marinas y terminó en basurero.
Hace 20 años, grupos ciudadanos de Cancún, encabezados por María Cristina Castro, iniciaron una lucha para frenar los daños en la laguna y, en lo posible, restaurarla. Esto dio por fruto que en 1994 se aprobara su ordenamiento ecológico. El presidente Zedillo prometió, además, que al finalizar su sexenio entregaría Nichupté con agua cristalina. Van y vienen estudios, planes de recuperación, programas, apoyos, funcionarios y el deterioro sigue. Las autoridades actuales aseguran que ahora sí recuperarán Nichupté.
Al ser humano se le puede ultrajar repetidas veces sin que su protesta tenga mayores consecuencias más allá de su propio sufrimiento, puede incluso perdonar, pero con la naturaleza no ocurre lo mismo, cuando se cansa y dice hasta aquí, no hay perdón que valga.
Hace tres meses, el gobierno federal anunció que apoyaría decididamente uno de los tesoros naturales más importantes de México y el mundo: la reserva natural de Cuatro Ciénegas. Además de prometer la veda a la explotación del agua del subsuelo de la región y valles vecinos, el uso racional del líquido en la agricultura y otras actividades económicas, se impulsarían programas de reforestación y turismo responsable, no depredador, en ciertas áreas de la reserva. Para todo esto y mucho más habría recursos fiscales suficientes. Hasta aquí, buenas noticias luego de la depredación causada en esa joya natural por intereses muy influyentes y poderosos, como los de la empresa Lala y la cadena de tiendas Soriana.
Pero llevar adelante esos programas exige profesionalismo y honradez extrema. Requiere conformar grupos de trabajo con las personas más idóneas, tanto en lo científico como en lo técnico, y manejar con transparencia los recursos públicos destinados a una causa tan loable como salvar Cuatro Ciénegas en su dimensión ecológica, natural, y elevar la calidad de vida de las poblaciones que habitan en esa región de Coahuila.
Resalta la necesidad de garantizar la existencia del agua en áreas críticas por su papel como captadoras del líquido. A su vez, la dirección del área natural debe recaer en alguien con los conocimientos necesarios para coordinar los programas destinados a resolver los problemas existentes, gozar de respeto en las instancias oficiales y académicas y lograr que los habitantes de la región hagan suyos los planes de recuperación y conservación del espacio natural, pues es la población local la más interesada y comprometida con el engrandecimiento y conservación de un patrimonio mundial formado durante millones de años. Por eso, no debe ser, por ningún motivo, y como está siendo frecuente, convertirse en un cargo para premiar favores recibidos, darle empleo a un político necesitado de oficina o para satisfacer a grupos políticos que desean medrar a la sombra de Cuatro Ciénegas. Existe allí una historia poco edificante de mal manejo de recursos públicos por parte de funcionarios, así como de desconocimiento de lo que debe ser una área natural protegida.
Además, el programa oficial para Cuatro Ciénegas exige ir más allá de la veda anunciada a fin de proteger integralmente un ecosistema seriamente afectado por la extracción desmedida del agua, que es limitada y a pesar de ello se ha permitido extraerla para sembrar alfalfa destinada a las vacas de La Laguna, favoreciendo al grupo lechero Lala. O para la engorda de becerros que luego son enviados al mercado estadunidense. También, la región debe convertirse en el primer laboratorio y el mejor ejemplo de la participación efectiva de la población local en los programas para el manejo racional del agua y el ecoturismo en el norte del país. Esta última actividad, bien planeada, es fuente de ingresos para las poblaciones y un aliado para la conservación, como demuestra la rica experiencia de Costa Rica. En México, en cambio, el ecoturismo todavía no alcanza su justa dimensión.
En el otro extremo del país, en Cancún, otro ecosistema recibe el peor de los tratos debido a las actividades humanas: la laguna Nichupté, uno de los atractivos naturales de ese centro turístico. Como resultado, desde hace 34 años registra serios desajustes ecológicos por el tránsito de lanchas y barcos que arrojan aceite y aguas negras; las descargas de hoteles y servicios, el relleno de parte de su extensión para un club de golf y un "desarrollo" inmobiliario de cinco estrellas. Nichupté era un inigualable cuerpo de agua regulado por la entrada de corrientes marinas y terminó en basurero.
Hace 20 años, grupos ciudadanos de Cancún, encabezados por María Cristina Castro, iniciaron una lucha para frenar los daños en la laguna y, en lo posible, restaurarla. Esto dio por fruto que en 1994 se aprobara su ordenamiento ecológico. El presidente Zedillo prometió, además, que al finalizar su sexenio entregaría Nichupté con agua cristalina. Van y vienen estudios, planes de recuperación, programas, apoyos, funcionarios y el deterioro sigue. Las autoridades actuales aseguran que ahora sí recuperarán Nichupté.
Al ser humano se le puede ultrajar repetidas veces sin que su protesta tenga mayores consecuencias más allá de su propio sufrimiento, puede incluso perdonar, pero con la naturaleza no ocurre lo mismo, cuando se cansa y dice hasta aquí, no hay perdón que valga.
Desmantelar el Estado
Carlos Montemayor/III
Hemos comentado en las anteriores entregas que el Estado mexicano está en un proceso de desmantelamiento, ya que cierta vulnerabilidad del gobierno mexicano ha afectado la composición y la naturaleza misma del Estado. Tal proceso de desmantelamiento se asienta en un hecho esencial: no se trata de una reforma, variación, reforzamiento o modernización, sino de un proceso constante y sistemático de desarticulación del poder del Estado en enclaves esenciales de la vida política, económica y social del país.
Sin embargo, queda al parecer vigor en el Estado para seguir imponiéndose en ámbitos no copados por fuerzas o grupos sociales como las elites bancarias, empresariales, la Iglesia, los medios televisivos o las redes del narcotráfico, pongamos por caso. El Estado tiene capacidad para frenar los salarios de trabajadores, no para frenar los precios de las mercancías ni el costo de la operación de bancos; tiene capacidad para liberar de compromisos al gobierno y a la elite empresarial con la salud y las pensiones del trabajador, pero no puede impedir que las Afore incrementen en 200 por ciento las comisiones sobre pensiones de trabajadores; puede imponer la Ley del ISSSTE y amedrentar a los trabajadores inconformes que recurran a medios legales para ampararse; tiene capacidad para impedir que la tragedia de trabajadores mineros en Pasta de Conchos se convierta además en tragedia de funcionarios públicos y de empresarios; tiene capacidad para imponer la represión en Atenco, Sicartsa y Oaxaca, pero no para frenar la corrupción de las elites empresariales y políticas; tiene capacidad para doblegar a autoridades y a familiares de la señora Ernestina Ascensión Rosario, pero no para penalizar a los soldados culpables de la violación y el asesinato de esa anciana indígena. ¿Significa que una parte del Estado no está desmantelándose, entonces? O mejor, concretamente, ¿qué significa el actual desmantelamiento del Estado mexicano? Muy simple y complejo a la vez: su conversión en una gerencia regional de poderes financieros y cupulares. Si a esta conversión se le pretende confundir con la reforma del Estado, en precaria situación quedaremos todos los mexicanos.
Veamos esto con cierto detenimiento. El profesor Samuel Hungtington, de la Universidad de Harvard, es el ideólogo de la política de libre mercado de los gobiernos estadunidenses a partir de un espejismo: confundir el poder globalizador de consorcios trasnacionales con una fase superior e inevitable de la civilización occidental. A principios de la década de los 90 sus teorías sonaban novedosas porque en apariencia no planteaban el desarrollo reciente de la humanidad como un asunto de intereses comerciales y políticos, sino como un asunto de sustratos culturales diversos.
Pero en el Foro Económico Mundial, realizado en Nueva York en 2001, muy pocas semanas antes de las revelaciones de corrupción y fraudes colosales en una docena de las más importantes empresas trasnacionales estadunidenses, el señor Hungtington fue más allá, siempre al servicio de la expansión del libre comercio: los estados y los gobiernos sometidos a la globalización económica tienen que adelgazarse a tal punto que la única realidad política sea la que impongan los detentadores precisamente del poder financiero y comercial del mundo. A partir de aquí, Hungtington lanzó una nueva teoría: "es un hecho que la naturaleza de los estados se está modificando y que los estados están en proceso de desaparición. Por tanto, tenemos que buscar un concepto de autoridad diferente".
El profesor cree que los gobiernos deben estar al servicio de los intereses de las trasnacionales y, por tanto, como los estados resultan inservibles, habrá que buscar una autoridad alternativa: una autoridad gerencial y una nueva idea de soberanía y territorialidad. Tendríamos que hablar ahora no de estados soberanos, sino de gerencias regionales coordinadas por gerencias continentales o gerencias suprarregionales.
Sobre las ruinas del desmantelamiento del Estado, sobre la piel que la serpiente desecha, está consolidándose en México otro Estado que es gerencial, no político; que es elitista, no democrático; que está ciego al deterioro social y pronto al fortalecimiento de los grandes capitales desvinculados con el bienestar y desarrollo del país; dispuesto a un concepto de educación al servicio de la sociedad de elite y reacio a entenderla y asumirla como valor y patrimonio del país entero. Este desmantelamiento del Estado arroja otra composición en el país: hay un México ahora valioso y protegido que lo integra una elite quizás más vieja que nueva, y un México prescindible.
Habíamos dicho que este proceso no comienza con la actual administración federal; que no es el actual gobierno la causa de este desmantelamiento y conversión del Estado; que no podría tener la capacidad política, operativa ni ideológica para haber iniciado ni acelerado un proceso así. El desmantelamiento del Estado comenzó años atrás, particularmente con el encumbramiento del grupo económico y político que orientó o conformó Carlos Salinas de Gortari incluso antes de asumir la Presidencia de la República, en los últimos años de la administración de Miguel de la Madrid. En estos primeros seis meses de la gestión de Felipe Calderón se ha evidenciado el menoscabo y la transformación del Estado, impulsados por la acción política y económica de cuatro administraciones federales: parte de la correspondiente a Miguel de la Madrid, como hemos dicho, la de Salinas de Gortari, la de Ernesto Zedillo y la de Vicente Fox. Ahora, con Calderón, se inicia el quinto gobierno de lo mismo. En otros términos, los gobiernos del "cambio" vienen impulsando desde hace 20 años este proyecto de composición gerencial.
Ante el desmantelamiento del Estado o su transformación en gerencia regional, todos los grupos de poder han tomado su sitio y han impuesto sus reglas. ¿Ante este desmantelamiento intentará también tomar su sitio e imponer sus reglas la vasta fuerza ciudadana empobrecida y cada vez más distante de los intereses de la elite? ¿O asumirá pacífica y pasivamente su holocausto, su consumación? Al parecer, el naciente Estado gerencial está apostando a esto último y para ello afina reformas policiales, administrativas y legales.
Hemos comentado en las anteriores entregas que el Estado mexicano está en un proceso de desmantelamiento, ya que cierta vulnerabilidad del gobierno mexicano ha afectado la composición y la naturaleza misma del Estado. Tal proceso de desmantelamiento se asienta en un hecho esencial: no se trata de una reforma, variación, reforzamiento o modernización, sino de un proceso constante y sistemático de desarticulación del poder del Estado en enclaves esenciales de la vida política, económica y social del país.
Sin embargo, queda al parecer vigor en el Estado para seguir imponiéndose en ámbitos no copados por fuerzas o grupos sociales como las elites bancarias, empresariales, la Iglesia, los medios televisivos o las redes del narcotráfico, pongamos por caso. El Estado tiene capacidad para frenar los salarios de trabajadores, no para frenar los precios de las mercancías ni el costo de la operación de bancos; tiene capacidad para liberar de compromisos al gobierno y a la elite empresarial con la salud y las pensiones del trabajador, pero no puede impedir que las Afore incrementen en 200 por ciento las comisiones sobre pensiones de trabajadores; puede imponer la Ley del ISSSTE y amedrentar a los trabajadores inconformes que recurran a medios legales para ampararse; tiene capacidad para impedir que la tragedia de trabajadores mineros en Pasta de Conchos se convierta además en tragedia de funcionarios públicos y de empresarios; tiene capacidad para imponer la represión en Atenco, Sicartsa y Oaxaca, pero no para frenar la corrupción de las elites empresariales y políticas; tiene capacidad para doblegar a autoridades y a familiares de la señora Ernestina Ascensión Rosario, pero no para penalizar a los soldados culpables de la violación y el asesinato de esa anciana indígena. ¿Significa que una parte del Estado no está desmantelándose, entonces? O mejor, concretamente, ¿qué significa el actual desmantelamiento del Estado mexicano? Muy simple y complejo a la vez: su conversión en una gerencia regional de poderes financieros y cupulares. Si a esta conversión se le pretende confundir con la reforma del Estado, en precaria situación quedaremos todos los mexicanos.
Veamos esto con cierto detenimiento. El profesor Samuel Hungtington, de la Universidad de Harvard, es el ideólogo de la política de libre mercado de los gobiernos estadunidenses a partir de un espejismo: confundir el poder globalizador de consorcios trasnacionales con una fase superior e inevitable de la civilización occidental. A principios de la década de los 90 sus teorías sonaban novedosas porque en apariencia no planteaban el desarrollo reciente de la humanidad como un asunto de intereses comerciales y políticos, sino como un asunto de sustratos culturales diversos.
Pero en el Foro Económico Mundial, realizado en Nueva York en 2001, muy pocas semanas antes de las revelaciones de corrupción y fraudes colosales en una docena de las más importantes empresas trasnacionales estadunidenses, el señor Hungtington fue más allá, siempre al servicio de la expansión del libre comercio: los estados y los gobiernos sometidos a la globalización económica tienen que adelgazarse a tal punto que la única realidad política sea la que impongan los detentadores precisamente del poder financiero y comercial del mundo. A partir de aquí, Hungtington lanzó una nueva teoría: "es un hecho que la naturaleza de los estados se está modificando y que los estados están en proceso de desaparición. Por tanto, tenemos que buscar un concepto de autoridad diferente".
El profesor cree que los gobiernos deben estar al servicio de los intereses de las trasnacionales y, por tanto, como los estados resultan inservibles, habrá que buscar una autoridad alternativa: una autoridad gerencial y una nueva idea de soberanía y territorialidad. Tendríamos que hablar ahora no de estados soberanos, sino de gerencias regionales coordinadas por gerencias continentales o gerencias suprarregionales.
Sobre las ruinas del desmantelamiento del Estado, sobre la piel que la serpiente desecha, está consolidándose en México otro Estado que es gerencial, no político; que es elitista, no democrático; que está ciego al deterioro social y pronto al fortalecimiento de los grandes capitales desvinculados con el bienestar y desarrollo del país; dispuesto a un concepto de educación al servicio de la sociedad de elite y reacio a entenderla y asumirla como valor y patrimonio del país entero. Este desmantelamiento del Estado arroja otra composición en el país: hay un México ahora valioso y protegido que lo integra una elite quizás más vieja que nueva, y un México prescindible.
Habíamos dicho que este proceso no comienza con la actual administración federal; que no es el actual gobierno la causa de este desmantelamiento y conversión del Estado; que no podría tener la capacidad política, operativa ni ideológica para haber iniciado ni acelerado un proceso así. El desmantelamiento del Estado comenzó años atrás, particularmente con el encumbramiento del grupo económico y político que orientó o conformó Carlos Salinas de Gortari incluso antes de asumir la Presidencia de la República, en los últimos años de la administración de Miguel de la Madrid. En estos primeros seis meses de la gestión de Felipe Calderón se ha evidenciado el menoscabo y la transformación del Estado, impulsados por la acción política y económica de cuatro administraciones federales: parte de la correspondiente a Miguel de la Madrid, como hemos dicho, la de Salinas de Gortari, la de Ernesto Zedillo y la de Vicente Fox. Ahora, con Calderón, se inicia el quinto gobierno de lo mismo. En otros términos, los gobiernos del "cambio" vienen impulsando desde hace 20 años este proyecto de composición gerencial.
Ante el desmantelamiento del Estado o su transformación en gerencia regional, todos los grupos de poder han tomado su sitio y han impuesto sus reglas. ¿Ante este desmantelamiento intentará también tomar su sitio e imponer sus reglas la vasta fuerza ciudadana empobrecida y cada vez más distante de los intereses de la elite? ¿O asumirá pacífica y pasivamente su holocausto, su consumación? Al parecer, el naciente Estado gerencial está apostando a esto último y para ello afina reformas policiales, administrativas y legales.
Salud y moralismo
Hernan González G.
La maestra Lourdes Pérez Oseguera escribe: "Aunque en Puebla existen cuatro causales para interrumpir legalmente un embarazo, no se cumple la ley. La mujer que llega al Hospital de la Mujer (que pertenece a la Secretaría de Salud del Estado) solicitando este servicio, se le hacen los estudios y le dan largas. Hay dos situaciones: se cansa de esperar y se va o pasa el tiempo y se le dice que ya no es factible la intervención (sobre todo en casos de malformación y embarazos por violación)".
"Comparto el testimonio -añade Lourdes- de una madre de familia de clase media baja: 'Hace algunos años, cuando tenía 28, dos criaturitas de uno y tres años de edad y un estado físico deplorable, desgastada por un largo periodo de amamantamiento y por el cuidado y atención que requerían mis dos pequeñas, quedé embarazada. El método que usábamos -diafragma- nos falló. Leí todo acerca de la intervención: tipos, técnicas, consecuencias, etcétera. En ese momento lo que menos deseaba era traer otra criatura al mundo, pues en las condiciones físicas y sicológicas de desgaste en las que me encontraba hubiera sido suicida. Mi decisión, de la cual jamás me he arrepentido y que me llevó varias semanas madurarla y que tomé con plena conciencia, con el alma y el corazón en las manos, fue la interrupción del embarazo'. 'Llegué a esa decisión por humanidad, por salud mental, por mi bienestar emocional y el de mi familia, porque creí y sigo creyendo que sólo me competía a mí tomar esa decisión. Siempre tuve el apoyo y comprensión de mi compañero y afortunadamente me atendió un médico, amigo de mi familia, en condiciones austeras pero muy higiénicas y profesionales. La decisión sólo competía a mi persona entera: cuerpo, sique y alma. La interrupción de ese embarazo no deseado me devolvió la tranquilidad y las ganas de seguirme dando a las dos pequeñitas que ya tenía'.
"La práctica del aborto en México -abunda Pérez Oseguera- es un grave problema de salud y también social. Muchas mujeres pobres dejan a hijos pequeños en la orfandad o quedan con secuelas de por vida a causa de una mala práctica. La mayoría de esas mujeres que interrumpe un embarazo no tuvo otra opción, ni recursos para pagar un servicio aséptico y digno... Quienes se oponen a la despenalización del aborto no han modificado, en décadas, su discurso anacrónico, desgastado e ignorante respecto a la interrupción del embarazo.
"Vivimos en un estado laico, donde la Iglesia católica ni ninguna otra deben tener injerencia en materia de políticas públicas de Estado. Es una cuestión de conciencia y también de salud pública y sobre todo sólo compete a las mujeres decidir y al Estado apoyar. Pues un Estado que no garantiza salud, educación y medios de vida dignos para todos sus ciudadanos, lo menos que debe hacer es apoyar y respetar las decisiones que competen a la persona de sus ciudadanas. Legislar por la despenalización del aborto es pagar una vieja deuda de normalización y de reconocimiento a los derechos de las mujeres."
Ahora hace falta una ley que penalice a quienes no cumplen con la ley de despenalización.
La maestra Lourdes Pérez Oseguera escribe: "Aunque en Puebla existen cuatro causales para interrumpir legalmente un embarazo, no se cumple la ley. La mujer que llega al Hospital de la Mujer (que pertenece a la Secretaría de Salud del Estado) solicitando este servicio, se le hacen los estudios y le dan largas. Hay dos situaciones: se cansa de esperar y se va o pasa el tiempo y se le dice que ya no es factible la intervención (sobre todo en casos de malformación y embarazos por violación)".
"Comparto el testimonio -añade Lourdes- de una madre de familia de clase media baja: 'Hace algunos años, cuando tenía 28, dos criaturitas de uno y tres años de edad y un estado físico deplorable, desgastada por un largo periodo de amamantamiento y por el cuidado y atención que requerían mis dos pequeñas, quedé embarazada. El método que usábamos -diafragma- nos falló. Leí todo acerca de la intervención: tipos, técnicas, consecuencias, etcétera. En ese momento lo que menos deseaba era traer otra criatura al mundo, pues en las condiciones físicas y sicológicas de desgaste en las que me encontraba hubiera sido suicida. Mi decisión, de la cual jamás me he arrepentido y que me llevó varias semanas madurarla y que tomé con plena conciencia, con el alma y el corazón en las manos, fue la interrupción del embarazo'. 'Llegué a esa decisión por humanidad, por salud mental, por mi bienestar emocional y el de mi familia, porque creí y sigo creyendo que sólo me competía a mí tomar esa decisión. Siempre tuve el apoyo y comprensión de mi compañero y afortunadamente me atendió un médico, amigo de mi familia, en condiciones austeras pero muy higiénicas y profesionales. La decisión sólo competía a mi persona entera: cuerpo, sique y alma. La interrupción de ese embarazo no deseado me devolvió la tranquilidad y las ganas de seguirme dando a las dos pequeñitas que ya tenía'.
"La práctica del aborto en México -abunda Pérez Oseguera- es un grave problema de salud y también social. Muchas mujeres pobres dejan a hijos pequeños en la orfandad o quedan con secuelas de por vida a causa de una mala práctica. La mayoría de esas mujeres que interrumpe un embarazo no tuvo otra opción, ni recursos para pagar un servicio aséptico y digno... Quienes se oponen a la despenalización del aborto no han modificado, en décadas, su discurso anacrónico, desgastado e ignorante respecto a la interrupción del embarazo.
"Vivimos en un estado laico, donde la Iglesia católica ni ninguna otra deben tener injerencia en materia de políticas públicas de Estado. Es una cuestión de conciencia y también de salud pública y sobre todo sólo compete a las mujeres decidir y al Estado apoyar. Pues un Estado que no garantiza salud, educación y medios de vida dignos para todos sus ciudadanos, lo menos que debe hacer es apoyar y respetar las decisiones que competen a la persona de sus ciudadanas. Legislar por la despenalización del aborto es pagar una vieja deuda de normalización y de reconocimiento a los derechos de las mujeres."
Ahora hace falta una ley que penalice a quienes no cumplen con la ley de despenalización.
Las "advertencias" del Banco Mundial
Carlos Fernández-Vega
Insiste en los efectos nocivos de la concentración de la riqueza, pero impulsa políticas reformistas
No hay que olvidar que uno de los principios fundamentales de la derecha ha sido siempre, la hipocresía. La doble moral y la apariencia versus la realidad rige en todo.
Sorpresa! De nueva cuenta el Banco Mundial (BM) "advierte" sobre el nocivo efecto de la concentración económica en México ("ese fenómeno que obstruye la competitividad y daña a los consumidores", el cual, dicho sea de paso, la institución financiera ha contribuido decididamente a consolidar), que las "reformas estructurales" no ha podido romper, y su manifestación más obvia ("un grupo de 20 personas o familias" que consolidó su poder durante el foxismo).
De un tiempo para acá, el organismo multilateral ha insistido públicamente en el tema, aunque en lo oscurito mantiene su política "reformista" y privatizadora que tanto daño ha causado no sólo a México, sino al grueso de las naciones subdesarrolladas. Las "reformas" emprendidas en México en las últimas dos décadas "no han podido romper el patrón de concentración económica y polarización regional", subraya el BM, mientras fuera de micrófono trabaja en favor de las "reformas pendientes".
Allá por noviembre pasado comentamos en este espacio que la "desmemoria" parece ser la constante, y un "sorprendido" Banco Mundial advierte que "un grupo de 20 personas o familias" consolidaron su poder económico (sin mencionar el político) en el sexenio foxista, y casi la mitad de ellas "se benefició de las privatizaciones realizadas a principios de los años 90".
El BM, el gran "promotor" de las privatizaciones en los países subdesarrollados (México ha sido unos de sus principales laboratorios), ahora se muestra estupefacto por los resultados de esa política de desmantelamiento del aparato productivo del Estado y de manera mañosa limita el avance de dicha casta al periodo en que Fox permaneció sentado en Los Pinos. Que el merolico acentuó los privilegios de 20 multimillonarios (y algunos más) no tiene punto de discusión, pero otra cosa es que el Banco Mundial "olvide" cómo aparecen esos nombres en la gran marquesina de los multimillonarios mexicanos.
"En la actualidad, los grupos poderosos se benefician del status quo y no tienen incentivos para cambiar su conducta. Hasta la fecha se ha observado un equilibrio político, en el que estos grupos reciben rentas sustanciales a costa del dinamismo en el crecimiento", subraya el horrorizado BM, cuando mucho tiene que ver en el asunto.
El "sorprendido" organismo financiero no menciona nombres ni apellidos, como si los multimillonarios fueran algo etéreo, aunque sí los sectores específicos que dominan: minería (Germán Larrea y Alberto Bailleres), banca (90 por ciento trasnacional), telecomunicaciones (Carlos Slim), industria cervecera (Aramburuzavala-Fernández y Eugenio Garza Lagüera), cemento (Lorenzo Zambrano), farmacéutica (Isaac Saba) y televisión (Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego). Qué decir de otros sectores controlados por unos cuantos, aunque los magnates no aparezcan en la lista de Forbes, como el pan industrializado (la siempre pía familia Servitje), refresquero (el propio Garza Lagüera), avícola (Robinson Bours), vidriero (Sada González), entretenimiento (Soberón Kuri) y hasta sepulturero (Cantú Charles, Gayosso), por citar algunos cuantos.
En estos días dichos nombres han sido asociados, una vez más, al atraco a la nación, producto de los privilegios fiscales gentilmente concedidos por el gobierno mexicano, aunados a "rescates", "salvamentos", subsidios cambiarios, concesiones, leyes y decretos a la medida y demás gracias producto de su bien aceitada relación con el poder público.
Pero también aparecen en los informes sobre el "exitoso" comportamiento de la economía mexicana, es decir, su economía. Por ejemplo, el reporte más reciente de la revista especializada Expansión (Los cien empresarios más importantes de México; abril 30, 2007) da cuenta que en 2006 las utilidades netas de Carlos Slim sumaron 77 mil 450 millones de pesos, 10.2 por ciento más que en 2005.
Con la misma sonrisa, los empresarios que en 2006 ocuparon las primeras cinco posiciones (Slim, Lorenzo Zambrano, José Antonio Fernández, Germán Larrea y Alberto Bailleres) entre las 100 mencionadas acumularon utilidades netas cercanas a 135 mil millones de pesos, de los que casi 60 por ciento se quedaron en las arcas de Slim.
Aún así, a ciertos "hombres de negocios" nada mal les fue en el cierre del sexenio foxista. Por ejemplo, a Germán Larrea, el de Grupo México, la vida le sonrió más de lo tradicional: con todo y la explosión en Pasta de Conchos (los restos de 63 mineros siguen bajo los escombros), sus utilidades netas crecieron 137 por ciento, incremento poco menor al 202 por ciento de Ricardo Salinas Pliego, aunque superior al 126 por ciento de Enrique Coppel Luken (el del banco chatarra regalado por Fox y el de la carta a sus empleados para que votaran por Calderón).
Es la historia de todos los años: enclenque la economía, mayor desempleo, creciente la deuda social, pero con barones cada vez más rollizos, con la venia gubernamental (¡ya vienen las elecciones intermedias!). Todo, pues, en espera de la siguiente "advertencia" del Banco Mundial sobre el efecto nocivo de la concentración económica en México.
Las rebanadas del pastel:
Y a un lado de la rapacidad de los barones, la rapiña de los políticos: "la sede de los 52 senadores del PAN (la Torre Azul, en Paseo de la Reforma) fue vendida al Partido Acción Nacional en poco más de 88 millones de pesos. Sin embargo, el edificio tiene un valor superior a 290 millones... Este es sólo un ejemplo más de los remates de bienes del IPAB. La compra, con la mediación de Diego Fernández de Cevallos, se hizo a través de la Fundación Humanismo Político Acción Civil de Acción Nacional, pero el pago se realizó con recursos del Senado... En ningún documento o informe aparece la Torre Azul como parte de los activos del Senado de la República, a pesar de que fue adquirida con sus propios recursos" (El Universal)... Por si fuera poco, el senador panista Federico Döring, de la mano de Javier Tejado Dondé (operador de Emilio Azcárraga), están cabildeando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ley Televisa, y Marcelo Ebrard abrazado a Pedro Aspe. ¡Qué bonita famiglia!
Insiste en los efectos nocivos de la concentración de la riqueza, pero impulsa políticas reformistas
No hay que olvidar que uno de los principios fundamentales de la derecha ha sido siempre, la hipocresía. La doble moral y la apariencia versus la realidad rige en todo.
Sorpresa! De nueva cuenta el Banco Mundial (BM) "advierte" sobre el nocivo efecto de la concentración económica en México ("ese fenómeno que obstruye la competitividad y daña a los consumidores", el cual, dicho sea de paso, la institución financiera ha contribuido decididamente a consolidar), que las "reformas estructurales" no ha podido romper, y su manifestación más obvia ("un grupo de 20 personas o familias" que consolidó su poder durante el foxismo).
De un tiempo para acá, el organismo multilateral ha insistido públicamente en el tema, aunque en lo oscurito mantiene su política "reformista" y privatizadora que tanto daño ha causado no sólo a México, sino al grueso de las naciones subdesarrolladas. Las "reformas" emprendidas en México en las últimas dos décadas "no han podido romper el patrón de concentración económica y polarización regional", subraya el BM, mientras fuera de micrófono trabaja en favor de las "reformas pendientes".
Allá por noviembre pasado comentamos en este espacio que la "desmemoria" parece ser la constante, y un "sorprendido" Banco Mundial advierte que "un grupo de 20 personas o familias" consolidaron su poder económico (sin mencionar el político) en el sexenio foxista, y casi la mitad de ellas "se benefició de las privatizaciones realizadas a principios de los años 90".
El BM, el gran "promotor" de las privatizaciones en los países subdesarrollados (México ha sido unos de sus principales laboratorios), ahora se muestra estupefacto por los resultados de esa política de desmantelamiento del aparato productivo del Estado y de manera mañosa limita el avance de dicha casta al periodo en que Fox permaneció sentado en Los Pinos. Que el merolico acentuó los privilegios de 20 multimillonarios (y algunos más) no tiene punto de discusión, pero otra cosa es que el Banco Mundial "olvide" cómo aparecen esos nombres en la gran marquesina de los multimillonarios mexicanos.
"En la actualidad, los grupos poderosos se benefician del status quo y no tienen incentivos para cambiar su conducta. Hasta la fecha se ha observado un equilibrio político, en el que estos grupos reciben rentas sustanciales a costa del dinamismo en el crecimiento", subraya el horrorizado BM, cuando mucho tiene que ver en el asunto.
El "sorprendido" organismo financiero no menciona nombres ni apellidos, como si los multimillonarios fueran algo etéreo, aunque sí los sectores específicos que dominan: minería (Germán Larrea y Alberto Bailleres), banca (90 por ciento trasnacional), telecomunicaciones (Carlos Slim), industria cervecera (Aramburuzavala-Fernández y Eugenio Garza Lagüera), cemento (Lorenzo Zambrano), farmacéutica (Isaac Saba) y televisión (Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego). Qué decir de otros sectores controlados por unos cuantos, aunque los magnates no aparezcan en la lista de Forbes, como el pan industrializado (la siempre pía familia Servitje), refresquero (el propio Garza Lagüera), avícola (Robinson Bours), vidriero (Sada González), entretenimiento (Soberón Kuri) y hasta sepulturero (Cantú Charles, Gayosso), por citar algunos cuantos.
En estos días dichos nombres han sido asociados, una vez más, al atraco a la nación, producto de los privilegios fiscales gentilmente concedidos por el gobierno mexicano, aunados a "rescates", "salvamentos", subsidios cambiarios, concesiones, leyes y decretos a la medida y demás gracias producto de su bien aceitada relación con el poder público.
Pero también aparecen en los informes sobre el "exitoso" comportamiento de la economía mexicana, es decir, su economía. Por ejemplo, el reporte más reciente de la revista especializada Expansión (Los cien empresarios más importantes de México; abril 30, 2007) da cuenta que en 2006 las utilidades netas de Carlos Slim sumaron 77 mil 450 millones de pesos, 10.2 por ciento más que en 2005.
Con la misma sonrisa, los empresarios que en 2006 ocuparon las primeras cinco posiciones (Slim, Lorenzo Zambrano, José Antonio Fernández, Germán Larrea y Alberto Bailleres) entre las 100 mencionadas acumularon utilidades netas cercanas a 135 mil millones de pesos, de los que casi 60 por ciento se quedaron en las arcas de Slim.
Aún así, a ciertos "hombres de negocios" nada mal les fue en el cierre del sexenio foxista. Por ejemplo, a Germán Larrea, el de Grupo México, la vida le sonrió más de lo tradicional: con todo y la explosión en Pasta de Conchos (los restos de 63 mineros siguen bajo los escombros), sus utilidades netas crecieron 137 por ciento, incremento poco menor al 202 por ciento de Ricardo Salinas Pliego, aunque superior al 126 por ciento de Enrique Coppel Luken (el del banco chatarra regalado por Fox y el de la carta a sus empleados para que votaran por Calderón).
Es la historia de todos los años: enclenque la economía, mayor desempleo, creciente la deuda social, pero con barones cada vez más rollizos, con la venia gubernamental (¡ya vienen las elecciones intermedias!). Todo, pues, en espera de la siguiente "advertencia" del Banco Mundial sobre el efecto nocivo de la concentración económica en México.
Las rebanadas del pastel:
Y a un lado de la rapacidad de los barones, la rapiña de los políticos: "la sede de los 52 senadores del PAN (la Torre Azul, en Paseo de la Reforma) fue vendida al Partido Acción Nacional en poco más de 88 millones de pesos. Sin embargo, el edificio tiene un valor superior a 290 millones... Este es sólo un ejemplo más de los remates de bienes del IPAB. La compra, con la mediación de Diego Fernández de Cevallos, se hizo a través de la Fundación Humanismo Político Acción Civil de Acción Nacional, pero el pago se realizó con recursos del Senado... En ningún documento o informe aparece la Torre Azul como parte de los activos del Senado de la República, a pesar de que fue adquirida con sus propios recursos" (El Universal)... Por si fuera poco, el senador panista Federico Döring, de la mano de Javier Tejado Dondé (operador de Emilio Azcárraga), están cabildeando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ley Televisa, y Marcelo Ebrard abrazado a Pedro Aspe. ¡Qué bonita famiglia!
Asuntos de fe
Julio Hernández López
En julio de 2009 se reunirán en México cientos de miles de familias católicas de los cinco continentes durante un encuentro al que pretende asistir Benedicto XVI, el Papa alemán que ayer cerró su primera visita a Latinoamérica con un señalamiento en contra de autoritarismos e ideologías "que se creían superadas". (Las creencias del señor Ratzinger son harto discutibles. Ayer, por ejemplo, con desparpajo angelical produjo un milagro historiográfico cuando aseguró a los latinoamericanos que "el Dios desconocido que sus antepasados sin saberlo buscaban en sus ricas tradiciones era Cristo, al que anhelaban silenciosamente". ¡Oh, sí: las civilizaciones indígenas precolombinas en realidad eran reyes magos inconscientes de sí mismos, que vagaban por el continente en busca de un pesebre de Belén que no sabían que se llamaba así! ¡Gracias, señor presidente de la trasnacional católica, por revelarnos que nuestros antepasados buscaban cruces y biblias sin saberlo, ignorantes entes que necesitaban tutela hasta para enterarse de lo que íntimamente querían!)
De producirse la visita a México del inquisidor histórico y sicológico de indios (¿cómo iban estos a tener alma si ni siquiera sabían lo que estaban buscando?), coincidirá con los estratégicos comicios intermedios mexicanos, en los que se renovarán la Cámara de Diputados, algunas gubernaturas y los gobiernos de las delegaciones y el Congreso local de la muy destapada capital del país. El Encuentro Mundial de Familias se realiza cada tres años y el más reciente (julio de 2006) tuvo como sede Valencia. El propio Benedicto XVI dijo en Sao Paulo a los obispos brasileños que tiene intención de estar presente en el mencionado encuentro. Su visita fortalecería electoralmente a la derecha "doctrinaria" felipista, que cree fundamental, para transitar con menos pena el último tramo del sexenio ilegítimo, tomar el control de San Lázaro (¿quién ayudaría mejor en esos propósitos que el coordinador general de todos los santos?) y a la derecha yunquista que para esas fechas estará en abierta guerra santa contra todo lo que huela a liberalidad o izquierdismo.
Mucha fe se necesita también para creer en las contradictorias versiones oficiales que se han dado en derredor del nuevo incidente de la familia Peña. De por sí Veracruz se ha convertido en un carnaval de mentiras y máscaras declarativas, en el que se extienden dictámenes periciales sobre violaciones luego convertibles en bonos de acercamiento y reconciliación del fidelismo jarocho con el calderonismo urgido de hacer aliados. Esa vocación por la falacia institucionalizada se volvió a manifestar en el episodio de los cuatro escoltas de la familia del gobernador del estado de México, ya que, según rapidísima y endeble conclusión conjunta de los gobiernos de Toluca y Jalapa, la lluvia de balas sobre los guardaespaldas habría tenido como causa la "confusión" (con lo cual resulta interesante saber los motivos que hacen a unos agentes policiales parecer una banda de narcotraficantes, si ni siquiera se parecían al Chapo, como sucedió en otro memorable equívoco con destino cardenalicio sucedido en el aeropuerto de Guadalajara años atrás).
La "confusión" veracruzana se inserta en un complicado escenario político. Enrique Peña Nieto es el precandidato presidencial de un grupo priísta en el que participan otros gobernadores (entre ellos Natividad González Parás, de Nuevo León, que apoya al mexiquense pero con la vista puesta en la posibilidad de que éste tropiece y entonces él, Natividad, pueda entrar al relevo) y el siempre activo Carlos Salinas. Una de las actividades de fortalecimiento de las aspiraciones del sobrino Nieto (puesto en el cargo por el tío Arturo) es el financiamiento de campañas electorales en otras entidades, como está sucediendo en Yucatán, adonde los aliados priístas han enviado expertos en mapachería para ayudar a Ivonne Ortega. Circulan, además, versiones de que el priísmo cobrará en tierras peninsulares el apoyo dado a Calderón en terrenos de concertación legislativa, haciendo a un lado a Patricio Patrón Laviada y su accidentado delfín, Xavier Abreu, quien podría inaugurar la temporada de los arreglos de "legitimación" contemporánea a imagen y semejanza de lo hecho en tiempos del salinismo, cuando el PAN cobró en gubernaturas el apoyo al impugnado héroe de Agualeguas.
El hombre más cercano a la presidencia de la doble ele (presidencia legal: P.L.L.) ha sido nombrado vigilante de la buena aplicación de los dineros públicos federales en los mu-nicipios. Por más énfasis que el mencionado presidente legal ponga en los discursos pronunciados frente a panistas para ofrecer que no sesgará los programas sociales en favor de esos panistas, la realidad muestra al comendador de la Nueva España expandiendo su poder, virtual policía y juez de los delitos que le imputan, Mouriño de todas las cercanías que ha sido señalado con reiteración de canjear delegaciones federales por apoyos a la línea calderonista contra la espinista en la venidera elección de consejeros nacionales. Juan Camilo (o Iván, como le llaman sus amigos) que planea desde Los Pinos lo que luego hará como que frena o impide en los municipios.
Astillas
Manuel Espino es un buen practicante de su religión. Por estar en un retiro en Ciudad Juárez, según eso como preámbulo de la confirmación de sus hijos, no participó en la reunión de Felipe Calderón (¡el presidente legal, PLL, también lleva doble ele en su denominación oficial!) con presidentes municipales panistas. La ausencia, obviamente, alimentó las versiones de grave distanciamiento entre el michoacano de Los Pinos y el norteño (Espino) del Rancho San Cristóbal... Y, mientras el Partido Alternativa se entera de que, aunque quite de su nomenclatura el término "campesina", seguirá sin ser partido ni alternativa, ¡hasta mañana, en esta sección benedictina, es decir, partidaria de San Benito (Juárez)!
En julio de 2009 se reunirán en México cientos de miles de familias católicas de los cinco continentes durante un encuentro al que pretende asistir Benedicto XVI, el Papa alemán que ayer cerró su primera visita a Latinoamérica con un señalamiento en contra de autoritarismos e ideologías "que se creían superadas". (Las creencias del señor Ratzinger son harto discutibles. Ayer, por ejemplo, con desparpajo angelical produjo un milagro historiográfico cuando aseguró a los latinoamericanos que "el Dios desconocido que sus antepasados sin saberlo buscaban en sus ricas tradiciones era Cristo, al que anhelaban silenciosamente". ¡Oh, sí: las civilizaciones indígenas precolombinas en realidad eran reyes magos inconscientes de sí mismos, que vagaban por el continente en busca de un pesebre de Belén que no sabían que se llamaba así! ¡Gracias, señor presidente de la trasnacional católica, por revelarnos que nuestros antepasados buscaban cruces y biblias sin saberlo, ignorantes entes que necesitaban tutela hasta para enterarse de lo que íntimamente querían!)
De producirse la visita a México del inquisidor histórico y sicológico de indios (¿cómo iban estos a tener alma si ni siquiera sabían lo que estaban buscando?), coincidirá con los estratégicos comicios intermedios mexicanos, en los que se renovarán la Cámara de Diputados, algunas gubernaturas y los gobiernos de las delegaciones y el Congreso local de la muy destapada capital del país. El Encuentro Mundial de Familias se realiza cada tres años y el más reciente (julio de 2006) tuvo como sede Valencia. El propio Benedicto XVI dijo en Sao Paulo a los obispos brasileños que tiene intención de estar presente en el mencionado encuentro. Su visita fortalecería electoralmente a la derecha "doctrinaria" felipista, que cree fundamental, para transitar con menos pena el último tramo del sexenio ilegítimo, tomar el control de San Lázaro (¿quién ayudaría mejor en esos propósitos que el coordinador general de todos los santos?) y a la derecha yunquista que para esas fechas estará en abierta guerra santa contra todo lo que huela a liberalidad o izquierdismo.
Mucha fe se necesita también para creer en las contradictorias versiones oficiales que se han dado en derredor del nuevo incidente de la familia Peña. De por sí Veracruz se ha convertido en un carnaval de mentiras y máscaras declarativas, en el que se extienden dictámenes periciales sobre violaciones luego convertibles en bonos de acercamiento y reconciliación del fidelismo jarocho con el calderonismo urgido de hacer aliados. Esa vocación por la falacia institucionalizada se volvió a manifestar en el episodio de los cuatro escoltas de la familia del gobernador del estado de México, ya que, según rapidísima y endeble conclusión conjunta de los gobiernos de Toluca y Jalapa, la lluvia de balas sobre los guardaespaldas habría tenido como causa la "confusión" (con lo cual resulta interesante saber los motivos que hacen a unos agentes policiales parecer una banda de narcotraficantes, si ni siquiera se parecían al Chapo, como sucedió en otro memorable equívoco con destino cardenalicio sucedido en el aeropuerto de Guadalajara años atrás).
La "confusión" veracruzana se inserta en un complicado escenario político. Enrique Peña Nieto es el precandidato presidencial de un grupo priísta en el que participan otros gobernadores (entre ellos Natividad González Parás, de Nuevo León, que apoya al mexiquense pero con la vista puesta en la posibilidad de que éste tropiece y entonces él, Natividad, pueda entrar al relevo) y el siempre activo Carlos Salinas. Una de las actividades de fortalecimiento de las aspiraciones del sobrino Nieto (puesto en el cargo por el tío Arturo) es el financiamiento de campañas electorales en otras entidades, como está sucediendo en Yucatán, adonde los aliados priístas han enviado expertos en mapachería para ayudar a Ivonne Ortega. Circulan, además, versiones de que el priísmo cobrará en tierras peninsulares el apoyo dado a Calderón en terrenos de concertación legislativa, haciendo a un lado a Patricio Patrón Laviada y su accidentado delfín, Xavier Abreu, quien podría inaugurar la temporada de los arreglos de "legitimación" contemporánea a imagen y semejanza de lo hecho en tiempos del salinismo, cuando el PAN cobró en gubernaturas el apoyo al impugnado héroe de Agualeguas.
El hombre más cercano a la presidencia de la doble ele (presidencia legal: P.L.L.) ha sido nombrado vigilante de la buena aplicación de los dineros públicos federales en los mu-nicipios. Por más énfasis que el mencionado presidente legal ponga en los discursos pronunciados frente a panistas para ofrecer que no sesgará los programas sociales en favor de esos panistas, la realidad muestra al comendador de la Nueva España expandiendo su poder, virtual policía y juez de los delitos que le imputan, Mouriño de todas las cercanías que ha sido señalado con reiteración de canjear delegaciones federales por apoyos a la línea calderonista contra la espinista en la venidera elección de consejeros nacionales. Juan Camilo (o Iván, como le llaman sus amigos) que planea desde Los Pinos lo que luego hará como que frena o impide en los municipios.
Astillas
Manuel Espino es un buen practicante de su religión. Por estar en un retiro en Ciudad Juárez, según eso como preámbulo de la confirmación de sus hijos, no participó en la reunión de Felipe Calderón (¡el presidente legal, PLL, también lleva doble ele en su denominación oficial!) con presidentes municipales panistas. La ausencia, obviamente, alimentó las versiones de grave distanciamiento entre el michoacano de Los Pinos y el norteño (Espino) del Rancho San Cristóbal... Y, mientras el Partido Alternativa se entera de que, aunque quite de su nomenclatura el término "campesina", seguirá sin ser partido ni alternativa, ¡hasta mañana, en esta sección benedictina, es decir, partidaria de San Benito (Juárez)!
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