Ley de APP, la última apuesta de Calderón

En unas semanas, la Cámara de Diputados discutirá la ley más polémica de los últimos años: la de las Asociaciones Público Privadas, que, según especialistas, implica la privatización de todos los sectores y servicios públicos. La iniciativa –presentada por el Ejecutivo en octubre de 2009– representa la última carta de Felipe Calderón para capitalizar el respaldo del sector empresarial a favor del PAN en las próximas elecciones

Ana Lilia Pérez

Con miras a las próximas campañas presidenciales, Felipe Calderón se juega en el Congreso de la Unión su última carta para regresarle al Partido Acción Nacional (PAN) el apoyo del sector empresarial que el blanquiazul perdió en el desempeño de su gobierno: la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), que, en términos llanos, abre a la iniciativa privada todos los sectores, bienes y servicios que por mandato constitucional controla el Estado; de allí que el politólogo e historiador Arnaldo Córdova, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), defina dicha ley como el “fin del Estado mexicano”.

La posibilidad de lucrativos negocios en áreas del sector salud, educación, seguridad pública y, sobre todo, energético llevó a las cámaras empresariales a replantear su respaldo a la continuidad del PAN en el gobierno federal, condicionado aún a la aprobación de la LAPP, que en octubre pasado fue avalada por el Senado de la República y está próxima a discutirse en la Cámara de Diputados.

Aunque los empresarios tampoco están de brazos cruzados, la cabildean en público y privado. Algunos, como el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Correa, colocan en la agenda pública la “urgencia” de que la Cámara de Diputados ratifique la ley para su entrada en vigor.

En San Lázaro, la minuta actualmente se encuentra en comisiones, y se espera que sea una de las primeras en llevarse al pleno hacia febrero o marzo; sin embargo, algunos grupos parlamentarios, como el del Partido del Trabajo (PT), se preparan para combatirla “dada su agresividad sin precedente en contra de las atribuciones y potestades económicas del Estado”, dice la legisladora Ifigenia Martínez Hernández.

Una ley torcida

El 10 de noviembre de 2009, Felipe Calderón envió al Senado su proyecto para formalizar las asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con particulares para la prestación de todo tipo de obras y servicios, incluidos los prohibidos por la Constitución y no contemplados tampoco en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) ni en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público (LAASP).

Asociaciones que en la práctica comenzaron a ejecutarse desde hace más de una década en sectores como el de comunicaciones y transportes con las concesiones y privatización carretera; el de salud, mediante la subrogación de infraestructura hospitalaria y servicios médicos en los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

En el sector energético, con los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas), los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), y, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el nombre ya de asociaciones público privadas, término que tampoco es novedoso, sino copia del modelo que inició Inglaterra a inicios de la década de 1990.

Que la iniciativa llegara al Senado y no a la Cámara de Diputados como correspondía, según las atribuciones de cada una, no fue casual, sino parte del cabildeo para asegurar su aprobación, revela el diputado priista César Augusto Santiago Ramírez, quien critica que en este sexenio el Senado se ha convertido en vía de aprobación de leyes a modo para Felipe Calderón.

De allí que “en los temas más delicados de la vida nacional, el presidente envíe sus iniciativas al Senado y no a la Cámara de Diputados, como corresponde de acuerdo con las atribuciones constitucionales de cada una”, refiere el político chiapaneco, que cuenta en su récord seis legislaturas federales y una local.

En efecto, pese a que en el pleno, senadores de distintos grupos parlamentarios –incluido el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– definieron la ley como el proyecto más privatizador de los últimos 50 años, el pasado 12 de octubre la aprobaron con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones.

De la política de Salinas a la ley de Calderón

En la historia de México, si por algo se distingue el sexenio de Carlos Salinas de Gortari es por la ola de privatizaciones de empresas estatales: monopolios privados, rescates multimillonarios y el correspondiente déficit en los ingresos. Pero ni entonces se planteó la idea de que los privados administraran áreas como la seguridad pública, incluidas las cárceles; el sector salud o las identificadas como de seguridad nacional, como si lo hace la LAPP de Felipe Calderón.

“Sólo falta que se proponga una Cámara de Diputados outsourcing o que se contraten outsourcing diputados”, critica el diputado Mario Di Costanzo.

La LAPP argumenta la imperiosa necesidad de que “la iniciativa privada se convierta en un proveedor de servicios de la APF, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos”.

La supuesta pretensión de “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.

Su aprobación en el Senado implicó la reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las malas prácticas: licitaciones dirigidas, adjudicaciones directas, contrataciones irregulares a cambio de comisiones, dádivas o sobornos son el pan de cada día en instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE, involucradas lo mismo grandes trasnacionales que las pequeñas compañías. Ahora, la LAPP legaliza este tipo de prácticas, alerta el diputado Mario Di Costanzo Armenta, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Los bienes materia de expropiación podrán ser tasados por valuadores externos y no únicamente por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Las escrituras tampoco requerirán del aval de la Secretaría de la Función Pública.

Sí contempla el sector energético

En noviembre, la minuta aprobada por el Senado llegó a San Lázaro. Desde la mesa directiva, se impuso un veto para que la Comisión de Energía no participara en su análisis y discusión, con el argumento de que, desde el Senado, se había excluido el sector energético de las APP. Ello azuzó la inquietud de revisar a detalle la minuta, explican a Contralínea legisladores integrantes de esa Comisión.

El análisis que de manera individual haría cada uno les develó que la ley que aprobó el Senado no tiene candados suficientes para blindar el sector energético –el más lucrativo del país– de este tipo de asociaciones, como se manejó oficialmente, denuncia Laura Itzel Castillo, secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Ifigenia Martínez, exvicepresidenta de la mesa directiva del Senado, explica que, en la redacción “imprecisa”, está el truco para que la LAPP tenga posibilidad de ejecutarse “en cualquier materia”, principalmente en Pemex, y “para ello utiliza una redacción imprecisa encaminada a interpretarse como la posibilidad de participación de materia petrolera, similar a la utilizada para justificar la celebración de contratos de servicio público, ahora llamados incentivados”.

La redacción de la ley que el Senado aprobó encendió la alerta en San Lázaro. “Es imposible de aprobar esta ley si tiene resquicio para su aplicación en materia energética, es imposible de aprobarla en esa materia. Definitivamente no, allí no se puede y punto”, suelta tajante César Augusto Santiago, quien fungió como director general adjunto de Pemex en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Cabildeos oscuros

El proceso legislativo que ha tenido la LAPP está lleno de claroscuros. Cuando entró a San Lázaro, por ejemplo, la Junta de Coordinación Política “informó” a los coordinadores del interés de que se aprobara antes del 15 de diciembre, es decir se buscó que entrara como una de tantas leyes y dictámenes que en cascada se validaron previo a la tregua navideña.

Sin embargo, “algunos diputados logramos que no se desahogara sin un análisis previo y, mucho menos, se votara”, refiere Enrique Ibarra, diputado del PT por Jalisco.

En el estira y afloja, los coordinadores parlamentarios del PRI, Francisco Rojas; Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas; y del PT, Pedro Vázquez, acordaron revisar los alcances de la ley mediante algunos foros en febrero y marzo próximos, antes de que la LAPP se someta a votación.

El análisis que los legisladores del PT, principales opositores de la LAPP, expondrán ante el pleno durante la discusión de la ley deduce que la propuesta calderonista que avaló el Senado es “un mecanismo claro de facilitación privatizadora”.

Argumentos falaces

En su iniciativa, Felipe Calderón argumenta que la LAPP impulsará la competitividad económica del país y, “en general, la calidad de vida de la población con la inyección de capital para el desarrollo de obras”.

Aunque desde su nombre parecería orientada a fortalecer el régimen de economía mixta, “en esencia es todo lo contrario: significa favorecer al sector privado a toda costa, abandonando funciones primordiales y entregando para su gestión sin intervención del gobierno todo tipo de servicios públicos y la construcción de infraestructura para su operación”, explica Ifigenia Martínez, una de las economistas más prestigiadas de México, la primera connacional en obtener el grado de maestría y doctorado en economía por la Universidad de Harvard.

“Tal intención se pretende apoyar –continúa Martínez– en la supuesta mayor eficiencia del sector privado y en la supuesta necesidad de adoptar tecnología de punta en las actividades gubernamentales para la prestación de servicios públicos. No obstante, la experiencia ha demostrado muchas veces el carácter ruinoso de esa participación privada en actividades públicas.”

El saldo de los esquemas que precedieron a las APP es contundente:

La privatización de la banca comercial y el posterior rescate a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (después llamado Instituto para la Protección de Ahorro Bancario) implicaron un costo fiscal de 1 billón 248 mil millones de pesos, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación inscritas en el informe final de la comisión de investigación sobre el IPAB. Para septiembre de 2010, el pasivo estimado era de 780 mil millones de pesos.

La privatización y posterior rescate carretero, que en 1997 tuvo un costo de 58 mil 100 millones de pesos, se triplicó una década después por los intereses generados: 98 mil 700 millones de pesos, según estimación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

El otro esquema que precedió a las APP es el de los Pidiregas, aplicados particularmente en el sector energético. El resultado: sin activos visibles, la deuda de Pemex vía Pidiregas en los sexenios panistas suma 896 mil millones de pesos; los de la CFE, 263 mil millones.

Ni una ni otra paraestatal se hicieron más competitivas y eficientes. En el caso de Pemex, de ser la sexta empresa petrolera más importante del mundo en 2000 (sólo después de Saudí Aramco, Pedevesa, Exxon Mobil y la NIOC de Irán), hoy se ubica en el número 11.

El caso de la CFE es quizá más polémico: las deudas adquiridas vía Pidiregas sirvieron para capitalizar docenas de compañías privadas, en su mayoría extranjeras. Sin una ley todavía sobre las APP, esta paraestatal tiene ya pactados compromisos de este tipo prácticamente para todas las fases de producción, y aunque cada día sus pasivos son más abultados, la CFE no ofrece a los usuarios ni mejores servicios ni tarifas más bajas, por el contrario, actualmente es la empresa que acumula más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por “tarifas y cobros abusivos”.

Respecto de los PPS, esquema más afín con las APP, su desarrollo de ninguna manera ha sido a favor del bien público. De acuerdo con diversas investigaciones de la reportera Érika Ramírez, en el ámbito federal y particularmente en el sector salud, han sido utilizados para beneficiar a empresarios vinculados al PAN y algunos claramente identificados como financieros de campaña de Felipe Calderón (Contralínea 122, 173), con proyectos que además han costado hasta cinco veces el precio original pactado.

Abultados costos

La ley de Calderón argumenta la necesidad de las APP por la inyección de capital para el desarrollo de infraestructura, pero como ha ocurrido con los PPS en el sector hospitalario, los proyectos que se desarrollen mediante estas nuevas asociaciones costarán dos y hasta tres veces más que si el proyecto lo desarrollara el gobierno, advierten economistas.

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Ratas que abandonan el barco

Los trabajadores son trapecistas que, si se caen, no deben quedar atrapados en la red, sino poder rebotar para recuperarse

-José Piñera, mandatario chileno-

Deberíamos saber que las cosas que no tienen remedio deberíamos estar decididos a cambiarlas

-Scott Fitzgerald-

Marcos Chávez *

El éxodo hacia Estados Unidos iniciado por un puñado de familias respetables de San Pedro Garza García, de Monterrey, como las de los Garza, Zambrano, Canales, Treviño, Chapa o Guajardo –a las que sin duda se sumarán otras más, no muchas– fue prudente. En nombre de sus hijos, la tranquilidad, la seguridad, de un ambiente sano y una forma de vida plácida, fútil y lujosa, bien vale la pena la “migración de lujo”, como nos informa la periodista Sanjuana Martínez. Sobre todo cuando se dispone de los recursos necesarios. Para empezar, de 300 mil a 5 millones de dólares, de 4 millones de pesos a 63 millones, para la adquisición de un bien inmueble en las áreas exclusivas de Austin, Dallas o Houston, Texas; precios que, al cabo, según algunos de los selectos peregrinos, les resultan más baratos que si los hubieran comprado en su lugar de origen. Después, el dinero requerido para reiniciar su confortable vida que en México les fue súbita y brutalmente arrebatada. Luego, un excedente adicional para disponer de un jet privado u organizarse en un jetpool para los eventuales viajes que realizan al terruño dolorosamente perdido por cuestión de negocios u otra naturaleza. Su honorable prosapia y sus fortunas acumuladas las vuelven inmunes a la persecución migratoria que sufren millones de ilegales. Les garantiza una residencia legal plácida. Los que no pueden escapar del infierno nacional y que son creyentes seguramente agradecerán los rezos que algunas de esas católicas familias realizan cotidianamente, a las ocho de la noche, por el bien de la patria (La Jornada, 19 de diciembre de 2010).

Las razones que orillan a la “migración dorada” son irrecusables: el ambiente de terror y violencia que se ha adueñado de México; miles de muertos, de secuestros, de extorsiones, de asaltos. Una entrevistada de Sanjuana Martínez le dijo que los ricos pensaban irse del país si Andrés Manuel López Obrador llegaba a la Presidencia. Agregó: “No sé si hubiéramos estado mejor [con él, pero] tenía ideas muy raras”; y concluyó que, “como quiera, nos tuvimos que ir”. El “hubiera” es tarea de magos y de místicos, diestros escrutadores de los misterios. Es indudable que las “ideas muy raras” de López Obrador son pavorosas herejías para el resquebrajado y desacreditado neoliberalismo, pero vistas con juicio sereno no tienen nada de radicales, de socialistas. No propone delirantes nacionalizaciones masivas ni políticas progresivas, ni una drástica redistribución del ingreso y la riqueza nacional más equitativa, por ejemplo. Apuesta “limarle los dientes al neoliberalismo” por medio de un sesgo keynesiano: más gasto público de bienestar y productivo para superar el estancamiento económico que vive desde 1983 y revertir, o al menos atenuar, el grave deterioro social causado por el modelo económico actual. A una mayor justicia social, el fortalecimiento del Estado y la recuperación de la política económica y la soberanía nacional, secuestrados por la derecha fundamentalista, la oligarquía y el capital foráneo. A algo parecido al estado de derecho y la democratización del sistema. La virtud de su propuesta es que podría amortiguar la descomposición social, el descontento, la inestabilidad y el riesgo de la disrupción política. Una estrategia parecida ha arrojado resultados alentadores en Argentina, por ejemplo.

Pero la oligarquía y los grupos conservadores demonizaron el movimiento de Andrés Manuel y se dejaron llevar por su visceral odio clasista. Votaron por Felipe Calderón, que les prometió seguridad. Y éste, al intensificar la terapia monetarista, al mantener el proyecto neoliberal de nación, con su despotismo y cruenta lucha contra el narco y la sociedad, la corrupción y violación sistemática del estado de derecho, en beneficio de la elite política y la oligarquía, lo único que ha logrado es la acrecentada y suicida pudrición económica y sociopolítica.

“¿Cuándo se jodió el Perú?”, se preguntaba Zavalita, personaje de la novela Conversación en la catedral, de Mario Vargas Llosa. México acabó de joderse cuando los neoliberales asaltaron el Estado y, apoyados por las familias, escapan del futuro vuelto lacerante presente. Sobre la ciénaga neoliberal, atestada de pobres y miserables sin perspectivas, de delincuentes y cadáveres, que las aterrorizan, edificaron las fortunas que, por suerte, les facilita la atropellada expatriación.

Como ratas, huyen del barco al que contribuyeron y ayudan a su hundimiento.

Hacen bien, porque no se necesita tener una bola de cristal para vaticinar las consecuencias de la “austeridad republicana” impuesta a los salarios mínimos, apenas 2.30 pesos diarios más para 2011, en aras de la disciplina fiscal y de “preservar la planta productiva, el empleo y evitar las presiones inflacionarias”. Así se conseguirá “la paz laboral y la estabilidad macroeconómica”, dijo Javier Lozano, en nombre de Calderón, los empresarios y los corrompidos dirigentes sindicales corporativos de la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Así se logrará el “crecimiento, [el] desarrollo humano y [la] seguridad pública”, añadió Ernesto Cordero, quien a finales de 2009 señaló que el mayor desafío del calderonismo eran los 51 millones de mexicanos que se ubicaban por bajo la línea de pobreza y los 6 millones más que se agregarían en 2010. Roberto Salas, de la Cámara Nacional de Comercio, remató al decir que ese ajuste sólo es un punto de referencia, ya que no hay nadie que trabaje por un salario mínimo. Con “ese un punto de referencia”, los contractuales aumentarán 4-6 pesos diarios. La misma desfachatez y las mismas mentiras desgastadas.

En el ciclo neoliberal (1982-2010), la inflación media acumulada es de 62.775 por ciento y la de la canasta básica, de 74.807 por ciento. El alza del salario mínimo nominal y el contractual es de 17.422 por ciento y 27.403 por ciento. En el panismo (2000-2010), las primeras aumentaron 57.6 por ciento y 64.1 por ciento, y los otros, 58.8 por ciento y 62.3 por ciento. Con Calderón, dichos precios, 19.6 por ciento y 22.4 por ciento; los salarios citados, 18.5 por ciento y 18.8 por ciento. En el neoliberalismo, el poder real de compra de los mínimos se desplomó 62 por ciento si se mide con la inflación, o 78 por ciento si se emplea la canasta básica. Los contractuales, 57 por ciento y 63 por ciento. Con el panismo, ambos mejoraron 1.8 por ciento y 2 por ciento con la inflación general, pero perdieron 3.5 por ciento y 1.2 por ciento, tomando la canasta básica. Con Calderón, los mínimos cayeron 2 por ciento y 3.5 por ciento con ambos indicadores, y los contractuales, 2 por ciento y 3 por ciento.

El presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, Basilio González, dijo que en 2011 el alza de 4.1 por ciento en los salarios mínimos “compensa parte” del poder adquisitivo perdido, ya que se estima una inflación de 3 por ciento. Pero en cada año del calderonato, la inflación ha superado al aumento de los mínimos y los contractuales. ¿Por qué suponer que ahora sí cumplirá la meta de precios? Sólo el alza en el precio de las tortillas lo eliminará y el del gas doméstico, la electricidad o el agua redundará en mayores retrocesos. ¿Dónde están las presiones inflacionarias de los salarios?

La ley del hierro sobre los salarios tiene varios intereses perversos: transferir el dinero de los trabajadores hacia el Estado; aumentar las ganancias de las empresas; garantizar la “competitividad” de las empresas y atraer el capital extranjero a costa de la pobreza y la miseria de los trabajadores. Por ello, Alicia Bárcena, de la Comisión Económica para América Latina, dice que “México sigue siendo uno de los países más atractivos de la región para la inversión extranjera”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, en 2009, el salario promedio real perdió 5 por ciento de su poder adquisitivo, el peor retroceso de América Latina y una de las peores caídas entre 114 países y territorios. Sólo fue superado por Letonia, Islandia, Lituania y Ucrania, donde la pérdida fue de 6.8 por ciento a 10.6 por ciento. En 2007-2009, con Calderón, el deterioro fue de 6.3 por ciento y sólo fue superado por Guyana (9 por ciento), Islandia (6.8 por ciento) y Corea del Sur (6.6 por ciento). En los odiados “populistas”, como Argentina, Ecuador, Brasil o Venezuela, en cambio, se recuperó 36 por ciento, 29 por ciento, 10 por ciento y 8 por ciento. La OIT calculó el salario mínimo mensual en dólares estadunidenses. El más bajo para América Latina en 2009 fue el de Guyana, con 145 dólares; luego sigue México, con 170, el peor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde fue del orden de los 1 mil 200 y menor que en el modesto Haití, que fue de 209. El latinoamericano más alto fue el de Argentina, con 896 dólares; en Ecuador, 490; en Venezuela, 481; en Brasil, 286, y en Bolivia, 215 (OIT, Informe mundial sobre salarios 2010-2011).

¿Nadie acepta trabajar por un salario mínimo? De 44.8 millones de ocupados, 5.8 millones, el 13 por ciento del total, percibe ese salario. De los 29.3 millones de trabajadores subordinados y remunerados, 2.6 millones, el 5.8 por ciento. De los 3 millones de niños que trabajan (de cinco a 12 años), 759 mil, el 25 por ciento. Otros 1.4 millones, el 47 por ciento, no reciben nada.

Sin embargo, la miserable “austeridad” salarial no es para todos, sólo para 32.7 millones de ocupados, el 73 por ciento del total, que en 2011 ganarán de uno a cinco veces el salario mínimo, de 58.06 pesos diarios a 290.30; 1 mil 741.80 mensuales a 8.7 mil; 2.2 mil anuales a 105.6 mil.

Para el gobierno, será el insultante pillaje del erario. Para empezar, la mayor parte del gabinete calderonista recibirá jugosos “bonos de riesgo”. El de Calderón –el mexicano más cuidado– fue de casi 700 mil pesos en 2010 y será de casi 900 mil en 2011. La señora Marisela Escobedo arriesgó su vida para exigir justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol: no recibió bono. Sólo el desprecio del Estado y de Calderón que le negó audiencia, justicia y protección.

Calderón se impuso y el Congreso aprobó un alza de 24 por ciento en sus percepciones. En 2010, su percepción ordinaria bruta fue por 92 mil pesos diarios, 277 mil mensuales, 3.3 millones al año. En 2011 será de 113 mil diarios, 345 mil mensuales y 4.1 millones al año. Un secretario de Estado recibirá un salario mensual por 196.8 mil mensuales, 2.4 millones anuales; un ministro de la retorcida justicia, 4 millones anuales; un magistrado del Tribunal Electoral Federal y un consejero del Instituto Federal Electoral, 5.9 millones; el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una percepción bruta por 3.8 millones; la remuneración de cada senador rondará los 2 millones, y la de un diputado, 1.4 millones. El ingreso total de la elite política se pierde entre los laberintos contables.

Vida de reyes en tierra de poco más de 70 millones de pobres y miserables.

Para las mayorías, una opulenta miseria. Para la minoría política y empresarial, una miserable opulencia.

La razón justifica a los exiliados de lujo, porque el presente inmediato es obvio y descarnado. Más estancamiento, pobreza, miseria y exclusión; mayor violencia por la delincuencia; más asesinatos, incluyendo los del Estado; más robos y extorsiones; más despotismo y terrorismo de Estado contra la oposición; más desesperación y rencor social, y más convulsión sociopolítica.

Es probable que tengan que huir definitivamente por una razón más. En 1831, el Journal des Débats, representante del gran capital francés y, por tanto, enemigo de los trabajadores –que trató con desprecio a los disconformes obreros de Lyon, Francia–, señaló: “Todo manufacturero vive en su manufactura como el propietario entre sus esclavos”. En diciembre de ese año, estalló la revuelta de los obreros de la seda de Lyon, que demandaba mejores salarios, entre otras exigencias, a la que le siguieron las de 1833 y 1848-1849. El descontento de los esclavos modernos mexicanos, sobre cuya miseria la elite política y la oligarquía han labrado sus fortunas, es un peligro latente. Las alzas salariales decretadas son verdaderas infamias que lo potencian. Y su estallido está más que fundamentado.

*Economista

Contralínea 216 / 16 de enero de 2011

Para ver las graficas ampliadas AQUI.

En Puente Grande, El Chapo Guzmán compró a todos

Se cumplen 10 años de la fuga de El Chapo con anuencia oficial

Con sobornos e intimidación tomó el control de Puente Grande, donde gozó lujos y beneficios

Gobernación y Policía Federal nunca se enteraron de sus planes de huir

Por lo menos 15 funcionarios cubrieron la fuga de hace 10 años

Tras su huida, reagrupó a jefes de los principales cárteles de esa época

Gustavo Castillo García

Este miércoles se cumplen 10 años de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El 19 de enero de 2001 se metió a un carrito de lavandería, se cubrió con una sábana y encima le colocaron un colchón. En su celda, para impedir que se pudiera observar a simple vista si permanecía en su estancia, utilizó una sábana como cortina.

Ese día, de manera directa, al menos 15 servidores públicos cuidaron que el carrito de lavandería ascendiera tres niveles, pasara al menos seis puntos de vigilancia y saliera de la zona del estacionamiento sin problema. Supuestamente, bajo el colchón iba un kilo de oro que el maestro del taller había pedido a El Chapo que lo enviara fuera del penal.

A una década de aquella evasión, la primera y única en la historia de los penales de máxima seguridad en México, Joaquín El Chapo Guzmán Loera se convirtió en una leyenda del narcotráfico mexicano y, según diagnósticos gubernamentales, su organización, el cártel de Sinaloa, opera también en Estados Unidos, y en naciones de Europa, Centro y Sudamérica.

En junio de 1993 parecía el fin de la historia delictiva de Guzmán Loera tras ser detenido en Guatemala, trasladado a México y enviado a la prisión de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya.

En esa cárcel permaneció hasta el 22 de noviembre de 1995. Ese día fue transferido a Puente Grande para cumplir una sentencia de siete años por delitos contra la salud, cohecho y asociación delictuosa.

Llegó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2, el 22 de noviembre de 1995; en 1999, con la designación de Leonardo Beltrán Santana como director, corrompió durante dos años todas las estructuras de la prisión. Tenía su propia nómina. Cada mes repartía millones de pesos a los funcionarios, custodios, aduanas, cocineros, lavandería, centros de vigilancia y de seguridad.

En Jalisco contactó, mediante Eduardo González Quirarte, a los líderes del cártel de Juárez: Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos (fallecido en 1997), y su hermano Rodolfo, El niño de oro (quien según versiones de la Procuraduría General de la República –PGR– fue asesinado por órdenes de El Chapo Guzmán el 11 de septiembre de 2004, en Culiacán, Sinaloa).

Los Carrillo Fuentes financiaron a Guzmán Loera durante su encarcelamiento y posibilitaron su huida, señalan investigaciones de la PGR.

El Chapo Guzmán aprovechó la situación y generó una red de complicidad (...) en pocas palabras (compró) toda la institución carcelaria, afirmaron en febrero de 2001, el subprocurador de Procedimientos Penales B de la PGR, José Jorge Campos Murillo, y el visitador de esa institución, Carlos Javier Vega Memije.

Prácticamente se adueñaron del Cefereso de Puente Grande (...) instrumentaron una estrategia de cooptación de todo el personal del centro, basada primordialmente en el soborno y la intimidación. En los casos en que había oposición a los designios de los capos, se creó el grupo Los bateadores, quienes amenazaban a internos, custodios y directivos penitenciarios. Y cuando no entendían, eran golpeados con bates de beisbol.

Algunos custodios presentaron en enero de 2000 una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ese organismo informó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí quedaron las cosas.

La Subsecretaría de Seguridad Pública, responsable de las prisiones, que entonces dependía de la Secretaría de Gobernación y cuyo titular era Jorge Tello Peón (ex asesor de Calderón en materia de seguridad nacional), supuestamente no tuvo conocimiento de lo que ocurría.

La Coordinación General de Inteligencia de la Policía Federal supuestamente tampoco tuvo información de los planes de fuga, a pesar de que esa corporación estaba a cargo de la seguridad en Puente Grande. Hasta finales del año 2000, esa área estuvo a cargo de Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública federal.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tenía dos agentes infiltrados en Puente Grande, y a pesar de los reportes que enviaron señalando que El Chapo y sus socios ya se habían apoderado del penal, Alejandro Alegre y Eduardo Medina Mora no atendieron la información. El segundo fue secretario de Seguridad Pública en la gestión de Vicente Fox y en el gobierno de Calderón fue titular de la PGR, ahora es embajador de México en Inglaterra.

La corrupción en el Cefereso de Puente Grande fue de tal magnitud que El Chapo “podía tener mujeres en su dormitorio por varias semanas; se le enviaba el menú para que escogiera o mandaba llamar al responsable de la cocina para indicarle cual sería la comida; se le dotaba de bebidas alcohólicas y viagra. Contaba con aparatos eléctricos y teléfonos celulares.

Con base en sus indicaciones se elaboraba el rol de vigilancia y custodia para que personal de su confianza pudiera servirlo, antes que velar por el cumplimiento del reglamento.

El 13 de enero de 2001 puso en marcha la última fase de su fuga. Ese día “llamó a su celda a Miguel Ángel Amador, a Jaime Sánchez Flores y a otros miembros del personal de vigilancia, les dijo que deseaba ayudar al maestro del taller para sacar del centro un kilo de oro, el cual había reunido con los residuos que recuperaba de los trabajos realizados por los internos, pero que no tenía confianza en el personal de seguridad y por eso acudió a él (El Chapo), porque sabía que él tenía mucho dinero y no le robaría”, señala la averiguación previa PGR/UEDO/ 001/2001.

Para el 19 de enero de 2001, El Chapo determinó que en el turno nocturno estuvieran en puntos estratégicos custodios acostumbrados al relajamiento de la disciplina penitenciaria, permitiendo el ingreso y egreso sin control de personas y objetos; todos de su confianza.

Sin embargo, al filo de las 13:00 horas, el subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, visitó el Cefereso y supuestamente al detectar anomalías y el peso que tenían El Chapo, El Güero Palma y El Texas, ordenó su trasladado a un área de mayor seguridad. Instrucción que el director Leonardo Beltrán Santana no cumplió.

A las 14:00 horas, Guzmán Loera es informado de la orden de Tello Peón. A las 15:00, El Chapo y sus socios se entrevistaron con Beltrán Santana.

A las 16:00 horas comenzó la fuga con la frase: Van a sacar la basura que tú ya sabes. La operación fue realizada de manera directa por los custodios Jaime Valencia Fontes, Miguel Ángel Leal Amador, Francisco Javier Camberos El Chito, Jaime Sánchez Flores y Mario Vázquez Méndez.

Poco después de las 20:30 horas, El Chito empujaba el carrito de lavandería. Las cámaras de vigilancia no funcionaban, las puertas de control electrónico se abrían a su paso hasta llegar a la Aduana de Vehículos. Allí Valencia Fontes le dijo a Leal Amador: Es el oro del maestro.

Siguió hasta el estacionamiento. Salió del carrito y se ocultó en el auto de El Chito, en el que abandonó el penal

A medianoche inició la búsqueda. Tras descubrirse la evasión, 74 personas fueron detenidas: funcionarios, custodios y colaboradores de El Chapo, entre ellos su cocinera.

Guzmán Loera aprovechó muy bien sus primeros meses de libertad; en el mismo 2001 hizo alianzas con capos considerados históricos, como Ismael El Mayo Zambada; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, e Ignacio Nacho Coronel Villarreal, del cártel de Juárez.

Así reinició la historia de lo que se conoce como el cártel de Sinaloa, y se transformó el mapa de las organizaciones criminales, ya que El Chapo rompió con Juárez, amplió su territorio y la revista Forbes lo considera uno de los hombres más influyentes del planeta, con una fortuna mayor a mil millones de dólares.

Sus rivales han colocado narcomantas en los pasados tres años con mensajes como el que pusieron en ciudades de 14 estados en agosto de 2008: “Señor presidente, cómo quiere que acabe la inseguridad en el país si usted y su gabinete le dan protección a El Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa, y al Mayo Zambada. Se llevan buenos millones del narcotráfico”.

De los 71 acusados de la fuga, 59 fueron condenados y en prisión solamente quedan cinco, entre ellos Javier Camberos, El Chito, sentenciado a 25 años. El director del penal fue liberado en junio de 2010.

http://www.youtube.com/watch?v=7mfC4lFfIaM

Incrusta Elba Esther Gordillo al Panal en escuelas

*Pone en sus manos cuadernillos, loncheras y mochilas; el 6 de febrero habrá elecciones en ese estado
*En BCS, el Panal reparte a escolares propaganda política

"Queremos saber más de ti y de tu familia", les dicen; se incluye un cupón para ser llenado

En la imagen se muestra el cuaderno Los derechos de los niños, que ostenta el logotipo de Nueva Alianza.
En los cuadernillos que elaboró el Partido Nueva Alianza (Panal) para estudiantes de enseñanza básica se incluye una hoja con una petición: Queremos saber más de ti y de tu familia. Si tienes alguna duda o comentario, llena el cupón que se encuentra al final de libro y háznoslo llegar
Uno de los contenidos en los cuadernillos que el Partido Nueva Alianza distribuyó en escuelas sudcalifornianas de educación básica.

Karina Avilés

El Partido Nueva Alianza (Panal), de Elba Esther Gordillo, aprovecha el espacio público en el interior de las escuelas para repartir, con la complicidad de directivos, maestros y la estructura sindical del magisterio, miles de cuadernillos, loncheras y mochilas con propaganda electoral de ese organismo político, los cuales son entregados a niños desde tres años de edad, en prescolar, hasta adolescentes de 15, en secundaria. Así, los escolares son utilizados como vehículo para llevar el mensaje político de los candidatos y obtener los datos confidenciales de sus padres.

Lo anterior es constitutivo de varios delitos de carácter electoral y penal, cuyas sanciones van desde el retiro del registro al organismo político, hasta la pena de uno a nueve años de prisión a los responsables, advierte el especialista en derecho electoral e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Ackerman.

Al conocer el contenido de dicha propaganda –en poder de La Jornada–, pedagogos y politólogos coinciden en un llamado a terminar con la impunidad en este tipo de acciones, mismas que consideran un abuso y un atentado educativo por parte de la estructura de Gordillo.

El reparto se realiza con la probable complicidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dicen. “Sería ingenuo pensar que (la dependencia) no lo sabe… Y si no fuera así, es muy grave, porque es la autoridad y debe estar enterada; pero si lo sabe es aún más grave, porque hay complicidad. Por otra parte, todos sabemos quién está al frente de la Subsecretaría de Educación Básica (Fernando González Sánchez, yerno de la maestra) y quién es la dueña del Panal”, expresa la investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Etelvina Sandoval.

El Panal imprimió diferentes tipos de cuadernillos –incluso hay uno que lleva por título Los derechos de los niños– para repartir a cerca de 30 mil infantes y adolescentes en mil 100 escuelas de enseñanza básica en Baja California Sur, donde el próximo 6 de febrero los ciudadanos elegirán gobernador, diputados y presidentes municipales, afirma Esteban Ojeda Ramírez, secretario del comité democrático de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en aquella entidad.

La propaganda, destinada a los niños más pequeños, es un cuaderno para colorear que consta de 29 páginas. El libro introduce a Nueva Alianza como un nuevo partido político y nuestro trabajo consiste en apoyar las aspiraciones y deseos de los jóvenes. Así, se invita a los niños a que conozcan un poquito más de cómo vemos las cosas y qué es lo que proponemos. Pero desde las primeras páginas, el Panal les hace una sola petición: Queremos saber más de ti y de tu familia. Si tienes alguna duda o comentario, llena el cupón que se encuentra al final del libro y háznoslo llegar.

En efecto, al final de las ilustraciones viene un cupón donde se les solicita nombres, apellidos, calle, número exterior e interior, colonia, estado, delegación, lada, teléfono 1 y 2 y hasta e-mail, de ellos o de alguno de tus papás. El instructivo les dice que después de llenar el cupón lo entreguen en las oficinas de Nueva Alianza en tu estado.

Esto indica que se trata de un cuaderno cuyo formato puede ser utilizable en cualquier entidad. De hecho, en su portada hay una pegatina con los nombres de los candidatos del Panal. Sin embargo, las denominaciones cambian de acuerdo con el distrito electoral en donde se ubica la escuela; de tal modo, algunos promocionan al aspirante a la alcaldía de La Paz, Jorge Miguel Cota Katzenstein –ex secretario de la sección 3 del SNTE–; al candidato a diputado por el quinto distrito, Guillermo Aguilar Villavicencio –actual secretario general de la sección 3 del SNTE–, o a la candidata a gobernadora, la profesora Blanca Meza Torres, entre otros.

Esteban Ojeda Ramírez sostiene que dicha propaganda es y ha sido repartida a los menores de edad por dos vías: en los propios salones de clase, por medio de maestros y directivos de escuelas afines al charrismo sindical, y en el interior de los planteles, mediante un contingente de comisionados del sindicato y de un grupo de jóvenes a quienes les pagan de 100 a 300 pesos diarios por realizar esa tarea.

El especialista John Ackerman explica que los maestros que se han prestado para entregar esta propaganda electoral son, ante todo, funcionarios públicos –y no actúan como integrantes del SNTE–, por lo que tienen prohibido utilizar un cargo y un espacio público para hacer proselitismo en favor de un partido o candidato en horas laborables.

El artículo 407 del Código Penal establece que se se impondrán de 200 a 400 días de multa, y prisión de uno a nueve años, al servidor público que, entre otras acciones, destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado o proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores de manera ilegal.

Afiliación corporativa

Por otro lado, añade, el artículo 41 constitucional señala que quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa, de tal forma que las organizaciones gremiales, como el SNTE, no pueden afiliarse o hacer trabajo para los partidos.

Esta es una evidencia más, apunta Ackerman, de la relación orgánica, íntima, entre el SNTE y el Panal. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE) se ha hecho de la vista gorda al respecto, pero de comprobarse esta vinculación lo que procede es el retiro del registro de ese partido.

También existe una violación a los artículos 134 y tercero de la Constitución. Con respecto al primero, porque los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos y, por otra parte, el artículo tercero habla de una educación democrática e imparcial, principios que se violan en tanto el docente aprovecha la relación con el alumno para difundir una determinada ideología y hacer propaganda.

Asimismo, para la coordinadora de Investigación del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Martha Singer, este caso revela una estrategia de adoctrinamiento que se ha utilizado en regímenes autoritarios para obligar a un compromiso de manera irracional, ya que no pasa por una actividad crítica de quien lo lee, porque el Panal aprovecha la ingenuidad de los destinatarios de esa información.

Es el equivalente a la repartición de tortas para llevar a la gente a un mitin, con la diferencia de que aquí se meten con una población que no se puede defender, que no tiene la capacidad de decidir qué hacer con lo que se le está distribuyendo.

Rosa María Torres, docente de la UPN, considera que lo cuestionable es el procedimiento que utiliza el SNTE-Panal para repartir estos materiales. El buen sentido que pudiera existir para que los niños conozcan –como ocurre en otros países– sobre la función de los partidos políticos, se pierde porque la estructura escolar actúa en paralelo a una organización sindical. Y no es lo mismo que cualquier persona entregue a los estudiantes este tipo de cuadernos a que lo haga un maestro; este último tiene un peso moral.

Desde la óptica pedagógica, apunta por su parte Etelvina Sandoval, los niños confían en la escuela, creen que lo que les dicen y entregan sus maestros como materiales es positivo y forma parte de sus obligaciones. Aprovecharse de los menores de edad para difundir propaganda es una traición a la confianza de los estudiantes, es un abuso hacia los niños y hacia la escuela.

“¡Ya basta. Esto es indignante. Se deben tomar, ya, medidas muy fuertes contra quienes han participado en estas acciones… No es posible que el SNTE se aproveche de los niños y de la educación para adoctrinarlos hacia un partido. Es un atentado educativo!”, concluyó.

http://www.youtube.com/watch?v=vbR7W4eqiiw

México: Mientras más luchamos contra la cacique Gordillo, más poderosa para el PAN y PRI se hace

Ésta cacique sindical hace y deshace a su antojo. En las secciones sindicales donde no tiene mayoría simplemente no convoca asambleas, congresos o elecciones.

Pedro Echeverría

1. Leo: “El Partido Nueva Alianza (Panal), de Elba Esther Gordillo, aprovecha el espacio público en el interior de las escuelas para repartir, con la complicidad de directivos, maestros y la estructura sindical del magisterio, miles de cuadernillos, loncheras y mochilas con propaganda electoral de ese organismo político, los cuales son entregados a niños desde tres años de edad, en preescolar, hasta adolescentes de 15, en secundaria. Así, los escolares son utilizados como vehículo para llevar el mensaje político de los candidatos y obtener los datos confidenciales de sus padres”. Yo digo: repetir mil un veces que la cacique Gordillo viola las leyes –en este México donde nunca se han respetado porque siempre han estado subordinadas a la fuerza- es como un lloriqueo, una manifestación de debilidad que nunca hemos podido superar. ¿Hasta cuándo seremos fuertes para que de los desahogos pasemos a los bloqueos?

2. Hace ya mucho tiempo que comprendí que las denuncias sirven para abrir los ojos y los oídos a la gente, pero ya de tanto repetirlas, la gente se bloquea y no escucha. Parece que la misma gente nos exige que pasemos a las acciones bien planeadas y difundidas para poner remedio a la situación. Lo que ha sucedido es que en lugar de realizar actos masivos contra la Gordillo suele encantarnos decir que es fea, horrible, que se parece a la mamá de Chuky, que es ladrona y asesina. Pero se olvida que es la mamá de Calderón, de los priístas, de los de Nueva Alianza, de los charros que controlan el SNTE, de directores generales, de gobernadores, de legisladores, que domina totalmente en la SEP y en parte a la FSTSE, etcétera. Pero sin Gordillo no ganaba Calderón del PAN y sin Gordillo tampoco podrá irle bien a Peña Nieto del PRI. Mientras los profesores de la CNTE se consolidan hay que perseguir y atosigar a la cacique que lo controla todo.

3. La cacique del SNTE tiene a su servicio alrededor de 10 mil profesores “liberados del trabajo” (comisionados) para usarlos en campañas políticas del PRI, luego del PAN y en los próximos meses nuevamente del PRI. Muchos tontitos, o tontotes, creen que Gordillo no informa a la SEP ni a la Presidencia de la República, cuando en este país no se mueve ninguna hoja sin que el aparato de poder sea el primero en enterarse. ¿Quiénes hicieron la campaña presidencial de Calderón en todo el país, organizaron y cuidaron las casillas electorales, contabilizaron los votos y llenaron las actas sino los ilustres profesores comisionados por la Gordillo? ¿Quiénes se encargarán de hacer lo mismo para el candidato del PRI, Peña Nieto o Beltrones? En este momento la Gordillo quizá es más fuerte que Calderón y Lujambio juntos y en los meses próximos mucho más. La Gordillo no es la mamá de Chuky sino la mamá (por no decir el papá) de todos los políticos.

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Denuncian a Molinar Horcasitas por daño patrimonial

La redacción

MÉXICO, DF, 18 de enero (apro).- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mario di Costanzo, presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal por presunto daño patrimonial en contra de Juan Molinar Horcasitas, extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Según la denuncia, Molinar Horcasitas tiene responsabilidad en el caso de la guardería ABC, donde murieron 49 niños; el presunto manejo ilegal de fondos de pensionados del IMSS, así como también por haber beneficiado, presuntamente, a Televisa al otorgar la Licitación 21, y por supuesta negligencia en la huelga de Mexicana de Aviación, que provocó el despido de empleados y pérdida de divisas para el país.

Di Costanzo presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, donde señaló que la PGR debe de iniciar las indagatorias correspondientes para actuar en consecuencia y, de existir elementos suficientes, sancionar al presunto responsable.

Luego confió en que la dependencia federal realice las investigaciones correspondientes, toda vez de que el exsecretario de la SCT “carece de fuero constitucional” que pueda protegerlo.

Una vez fuera de la fiscalía, el legislador petista mostró su denuncia, por la cual, aclaró, se abrió la averiguación previa PGR-UEIDCPCAJ/SP

http://www.youtube.com/watch?v=N3EXX6BRiXg

Explosion Ductos De PEMEX San Martín, Texmelucan. Comparecencia Juan Jose Suarez Coppel 3/3

No dejen de ver a la DIVA PEMEX, alias el tablillas "este".....

http://www.youtube.com/watch?v=vN2tocd2K6k


http://www.youtube.com/watch?v=s5Ttb24vgdw


http://www.youtube.com/watch?v=jhmpR2n60JE

Los transgénicos son dañinos y encarecen la producción agrícola (activista)

http://www.youtube.com/watch?v=_yExheSD25c

El incremento de precios de alimentos no tiene justificación y representa un acto de especulación

La Familia Michoacana y Narcotrafico En Mexico (Edgardo Buscaglia)

http://www.youtube.com/watch?v=8LXqJnG3gCg

Presentación del Libro La Vía Radical para Refundar la República

El Dr Porfirio Muñoz Ledo presentó hoy su libro LA VÍA RADICAL PARA REFUNDAR LA REPÚBLICA en la Antigua Escuela de Jurisprudencia, comentado por el Presidente Legítimo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, por la maestra Ifigenia Martínez, Dr Lorenzo Meyer, Lic. Alejandro Encinas y por el Lic. Genaro Góngora Pimentel.

En LA VÍA RADICAL PARA REFUNDAR LA REPÚBLICA el Dr Muñoz Ledo expone la forma en que el Estado actual está llegando al caos, ya que el sistema electoral ha fallado, la soberanía se ha debilitado, los intereses privados se han colocado por encima de los nacionales, las decisiones estratégicas se han entregado a los extranjeros, la violencia impera, así como la impunidad, la corrupción y la miseria. Vivimos una gran crisis ante la cual el gobierno espurio insiste en defender sus dogmas neoliberales.
Ante este panorama, plantea el Dr Muñoz Ledo, es necesario rescatar las instituciones, devolver el poder a la ciudadanía, redistribuir el poder, cambiar la política exterior, cambiar el modelo económico, instaurar los derechos humanos, la seguridad y la justicia. Se vuelve indispensable buscar una vía que dé viabilidad para la regeneración nacional y la construcción de una ética política.


http://www.youtube.com/watch?v=HB1iIlMyyb4


http://www.youtube.com/watch?v=SpTN_CwkQdA

Se suscriben compromisos en apoyo a las cooperativas de México

Tizayuca, Hidalgo

* Los actores firmantes se comprometen a impulsar la creación de instrumentos a favor de la banca social de desarrollo

*Se necesita un equilibrio entre los sectores público, público y social, como lo establece la Constitución, propone López Obrador

Representantes de diversas cooperativas nacionales, miembros de la organización Encuentro y el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, suscribieron este día un conjunto de compromisos encaminados a fortalecer a uno de los principales pilares de la producción nacional: las cooperativas.

Fueron 12 compromisos básicos. Apoyar la creación de bases e infraestructura para la consolidación de una economía social; aplicar el 25 constitucional; apoyar la creación de una institución cooperativa nacional, para vincular el ahorro con la producción cooperativa, y apoyar el fomento cooperativo y una vinculación permanente en los tres niveles de gobierno.

Asimismo, respaldar la actualización de la Ley General de Sociedades Cooperativas y derogar la fracción sexta del artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles; apoyar una auténtica correspondencia entre la Ley General de Impuesto Empresarial Tasa Única y la Ley del Impuesto Sobre la Renta para permitir la capitalización de las cooperativas, y apoyar la modificación de la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas y de ahorro y préstamo para que se permitan préstamos entre los sectores del cooperativismo.

En voz del diputado federal Ricardo Cantú, los actores firmantes se comprometieron a impulsar la creación de instrumentos de banca social de desarrollo; establecer fondos presupuestales públicos para cumplir con el artículo 63 de la Constitución; apoyar la creación de cooperativas en materia pesquera y agropecuaria, y apoyar la creación de fondos estatales para el impulso de la actividad cooperativa.

De la misma manera, promover la participación del movimiento cooperativo en un sistema nacional democrático, con los consejos económicos, social, de cámaras empresariales y organismos del sector productivo, en beneficio del sector social.

En el evento, que se desarrolló en la planta de la Cooperativa Pascual, López Obrador celebró la realización del primer encuentro con miembros de cooperativas, que pertenecen al sector social de la economía nacional

Se manifestó por encontrar un equilibrio entre los sectores público, público y social, como lo establece la Constitución. “Se requiere echar a andar esos motores de la economía, para lograr el objetivo de que haya crecimiento económico, que no ha habido en el país en los últimos años”, argumentó.

Acompañado por legisladores locales y federales, así como los coordinadores de Encuentro, entre ellos el senador Dante Delgado, Federico Arreola y Ricardo Cantú, el presidente legítimo de México destacó la importancia de recuperar la senda del crecimiento económico para generar empleo y garantizar el bienestar de la población.

Dijo que a la crisis económica y social se añadió el nulo crecimiento económico y el desempleo. “De manera muy irresponsable se dejaron de impulsar las actividades productivas y la creación de empleos y se apostó a que la gente resolviera por sí misma su situación económica y social”, agregó.

Ante Salvador Torres, del Consejo Superior de Cooperativismo; José Guadalupe López Martínez, de Sociedad Cooperativa Pascual; Rafael Martínez Ponce, de Alianza Cooperativista Nacional; Manuel de la Rosa Rivas, de la Confederación Nacional de Abasto y Distribución; Sergio Olhovich Green, de la Federación de Cooperativas de Cine y Audiovisual, y María Concepción Herrera Esperanza, de la Sociedad Cooperativa Concentradora de Costura “La buena puntada”, explicó que millones de mexicanos optaron por abandonar el país e ir a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Otro importante número de mexicanos optó por el mercado informal, señaló al declarar que resulta lamentable el actual estallido de odio, de descomposición social y de violencia e inseguridad. Por esa razón se debe retornar al crecimiento de la economía.

Después del periodo –recordó— de desarrollo estabilizador de 1940 a 1970, la economía creció a una tasa anual de 7 por ciento, una cifra similar a la que reporta China, que se ha convertido en la fábrica del mundo, pero a partir de 1982 hay un estancamiento de 2 por ciento anual, que se anula con el crecimiento poblacional.

De ese entonces a la fecha se ha privilegiado al sector privado de la economía y se ha hecho a un lado al sector público. “Se les ocurrió a estos tecnócratas irresponsables que había que desaparecer el Estado y que todo lo iba a resolver el mercado, todo lo relacionado con el empleo, la producción y el bienestar, que no tiene ningún fundamento técnico y científico. El sector público es fundamental”, puntualizó.

En ese contexto, el sector social quedó en el abandono y cooperativas como Pascual son ejemplares, que han resistido, a pesar de la falta de apoyo de los gobiernos neoliberales, mencionó.

“Siempre es muy estimulante para uno, convivir con los trabajadores cooperativistas de Pascual, porque conocemos la historia, de una huelga de los años 80 surge el movimiento cooperativista”, añadió.

López Obrador recordó que el desaparecido luchador social Demetrio Vallejo apoyó a los trabajadores de Pascual y se manifestó porque aumente la capacidad de la mencionada cooperativa.

Luego afirmó que en México sí hay opciones distintas al modelo impuesto a los mexicanos, de corte neoliberal, en los últimos 27 años, y subrayó que el país cuenta con suficientes recursos naturales para salir adelante y retomar el crecimiento nacional. “El mejor recurso es el pueblo, que es bueno noble y con vocación de trabajo”, añadió.

Informó a los cooperativistas que trabaja por la transformación de la nación, con la participación de millones de hombres y mujeres libres. “Tengo confianza de que vamos a sacar adelante a México. Vamos a derrotar en buena lid, en las urnas, a la mafia del poder, para establecer en México una auténtica democracia y un gobierno del pueblo y para el pueblo”.

Y confió en que el 2012 será el año del cooperativismo.

En su oportunidad el diputado Luis Felipe Díaz Pérez expresó que las cooperativas contribuyen al desarrollo social y son clave para el desarrollo económico y para salir de la pobreza.

Informó que las cooperativas asistentes al evento representan a 6.5 millones de mexicanos, sin embargo hay un tradicional divorcio entre cooperativismo y autoridad.

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Fuente: Gobierno Legítimo

Otra medalla para México...de bronce, por dinero ilícito

• "Hay que actuar para lograr una renovación tajante de la vida pública", señala AMLO

Muñoz Ledo: el Estado actual, en el tránsito de la tecnocracia hacia la cleptocracia mediocre

• Los grupos colaboracionistas de la izquierda han continuado negociaciones vergonzantes: Encinas

Porfirio Muñoz Ledo abrió ayer un debate nacional contra los estragos de la globalización desigual y la concentración del ingreso, y sobre la necesidad de refundar la República y la organización de las izquierdas más allá de los procesos electorales, discusión en la que coincidieron ayer Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Ifigenia Martínez y Lorenzo Meyer al presentar La vía radical para refundar la República, colección de artículos y ensayos de Muñoz Ledo.

Con esa obra se pretende dar cuenta de los acontecimientos en México y el mundo en los años recientes. Muñoz Ledo advirtió sobre la forma en la que el Estado actual linda con el caos en "el tránsito de una tecnocracia aventurera hacia la cleptocracia mediocre", visión que compartieron los presentadores de la obra del legislador.

Frente a la realidad nacional que muestra las peores caras de la violencia, el autoritarismo, la falta de oportunidades y la cada vez más profunda desigualdad social, "no hace falta teorizar mucho para darnos cuenta que hay que actuar para lograr una renovación tajante de la vida pública", advirtió en su turno Andrés Manuel López Obrador

En el patio central del Antiguo Colegio de Jurisprudencia, el tabasqueño dijo coincidir con el autor cuando señala que esta vía radical no tiene que ver con la violencia, sino con la organización social como vía de cambio. "No hay que perder el tiempo, no podemos estar pensando que el cambio se va a dar con una propuesta de los de arriba. A ellos, aunque le vaya mal al pueblo, siempre les va a ir bien. Ellos quieren seguir manteniendo este régimen de corrupción e injusticia, aunque destruyan al país, aunque terminen de desgraciarnos a todos".

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Legisladores dudan del manejo de recursos para la cédula de identidad

El Instituto Federal Electoral (IFE) exhortó a la Secretaría de Gobernación a que continúe la mesa de diálogo en torno a los alcances y riesgos de la cédula de identidad y, en especial, se preserve la credencial para votar con fotografía como la única identificación oficial para adultos.

Los consejeros no se oponen a que el gobierno expida un documento de este tipo para menores de edad (proceso que arranca el próximo lunes en seis entidades del país), pero advierten que la existencia de dos mecanismos de identidad para mayores de 18 años afectaría el proceso electoral de 2012.

El padrón electoral, dijo el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, debe seguir siendo administrado de manera exclusiva por este organismo electoral.

Durante la sesión del Consejo General del IFE, representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo coincidieron en afirmar que hay muchas dudas en torno al proyecto de Gobernación, particularmente en la forma en que se garantizará la confidencialidad de la base de datos e incluso del destino de los 700 millones de pesos con los cuales la dependencia pretende realizar la primera etapa de la expedición de esa credencial para menores de edad, sector calculado en casi 26 millones de personas.

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Detectan en varias entidades a maestros que promueven al Panal

El operativo electoral de Elba Esther Gordillo con los "maestros viajeros", la "compra de los funcionarios de casilla y líderes de las colonias", el "despilfarro" de los recursos públicos, "la infiltración de su gente en los institutos electorales", desarrollado en las elecciones recientes, ha tenido como base la "impunidad", denunciaron docentes del magisterio democrático en diferentes estados del país.

Agregaron que hoy día, ante el hartazgo de la gente hacia los partidos políticos, la estrategia de Gordillo se extiende a la utilización de los menores de edad en las escuelas para penetrar políticamente en los hogares.

Este diario pidió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) su postura sobre la distribución de propaganda que realiza el Partido Nueva Alianza (Panal) en escuelas públicas, apoyado con la estructura de ese gremio. El área de prensa envió un mensaje telefónico en el que respondió que "por el momento no habrá declaraciones sobre el tema".

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Exigen que la SEP intervenga

Senadores de todas las fuerzas políticas exigieron a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) intervenir para evitar que el Partido Nueva Alianza (Panal) siga distribuyendo propaganda política en las escuelas públicas del país.

El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, demandó al gobierno federal atender "con enorme puntualidad y pulcritud" la denuncia. "Las autoridades de la SEP deben intervenir para poner muy en claro que ese tipo de hechos no deben seguir ocurriendo". A su juicio, es un delito que puede además "pervertir el proceso electoral" .

El panista Ricardo García Cervantes y el perredista René Arce resaltaron que el problema es que el titular de la SEP, Alonso Lujambio, teme confrontarse con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y con su dirigente, Elba Esther Gordillo, y por ello no hace que se cumpla la ley.

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Narro: sin reformas de fondo seguirán problemas

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, advirtió que los graves problemas del país no podrán resolverse sin efectuar reformas de fondo y diseñar políticas alternativas que, entre otras cosas, den expectativas y esperanza a los jóvenes.

"La esperanza de un futuro mejor siempre es necesaria, especialmente en los más jóvenes, pero lo es más hoy, cuando la búsqueda del poder por el poder podría aparentar ser la meta política, cuando la violencia y el miedo parecen paralizarnos, cuando no necesariamente encontramos proyectos claros y acuerdos sobre qué hacer para que México supere sus problemas", recalcó.

Al impartir la conferencia magistral El papel de la UNAM en el desarrollo de México, dentro del seminario por el 25 aniversario del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Narro insistió en la urgencia de un nuevo rumbo para el país y un nuevo proyecto nacional, que implique saldar viejas cuentas con los que menos tienen y revisar los esquemas ya agotados.

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García Luna elude comprometerse en la entrevista con Solalinde sobre migrantes

En el contexto de las reuniones que el cura Alejandro Solalinde, director del Albergue Hermanos en el Camino, ha tenido esta semana con funcionarios federales en búsqueda de que cesen los secuestros a migrantes centroamericanos y las violaciones a sus derechos humanos, la Secretaría de Gobernación anunció que se comprometió a reforzar la seguridad y el respeto a sus garantías individuales en los operativos que realiza para capturar –y repatriar– a migrantes indocumentados, en particular los realizados en los trayectos ferroviarios.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación dijo que los operativos "se realizarán con la participación de representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como ya se hace desde hace algunos meses en algunas entidades del país".

Asimismo, respecto de la reunión del lunes por la noche con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Solalinde dijo que ésta logró sus objetivos, "aunque no los que hubiéramos querido; fue un diálogo asimétrico, en diferentes canales. De hecho, si no fue esa la intención, así sucedió; el tiempo pasaba y pasaba y no concretábamos nada", pero "volveremos después a insistir en otro diálogo, tendremos otra entrevista".

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Juez habría mutilado expediente del proceso de Linares Montúfar

El juez José Miguel Trujillo Salceda, quien se declaró impedido por "evidente enemistad" para instruir el proceso penal abierto contra Luis Linares Montúfar, el único operador de Napoleón Gómez Urrutia preso por un delito federal, remitió a su colega, el juez Jesús Terríquez Basulto, quien actualmente está a cargo del juicio, un expediente judicial mutilado.

Desde noviembre pasado, los abogados del sindicato minero presentaron una querella penal en contra del juez Trujillo, por lo que éste se declaró impedido para continuar juzgando a Linares. Durante ese mes, el impartidor de justicia remitió al juzgado a cargo de Terríquez un expediente incompleto.

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Plantea el SME nuevas movilizaciones

Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se movilizarán el próximo 5 de febrero en "caravana" al estado de México, para demandar que el gobierno de Enrique Peña Nieto se defina en torno al conflicto de este gremio, ya que 60 por ciento de los integrantes de esta organización, tanto activos como jubilados, son de ese estado, señalaron.

En su primera asamblea general de 2011, los integrantes del SME acordaron continuar las movilizaciones y empezarán el 31 de este mes con su participación en la marcha que anualmente realizan los sindicatos independientes en esa fecha. Asimismo, iniciarán acciones de presión para impulsar en la Cámara de Diputados que se apruebe la iniciativa que presentaron para crear una nueva empresa que dé el servicio de energía eléctrica a la zona centro del país.

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Honduras, Guatemala y El Salvador critican postura de la SRE

Tegucigalpa. Los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador rechazaron este martes, en un comunicado conjunto, tener responsabilidad en los crímenes que tienen lugar ocasionalmente en México en contra de migrantes centroamericanos en su tránsito hacia Estados Unidos. "Las cancillerías (...) reafirmaron la importancia de seguir trabajando con el gobierno de México en favor de los migrantes", señala el texto. Al mismo tiempo "rechazaron las declaraciones del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Rubén Beltrán Guerrero, en las que asegura que los delitos contra los migrantes tienen su origen en Centroamérica". Según los tres gobiernos "este tipo de afirmaciones no abonan al espíritu de colaboración y corresponsabilidad necesario para hacer frente a la problemática que enfrentan los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos". No obstante, dijeron que asumen su responsabilidad y compromiso para combatir el crimen organizado y el tráfico ilegal de personas en sus territorios.

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Demanda civil contra la Patrulla Fronteriza

Hermosillo, Son. Los familiares del menor Ramsés Barrón Torres, asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza el pasado 5 de enero en Nogales, Sonora, preparan una demanda civil contra la corporación por 20 millones de dólares, informaron por separado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Ramírez, y el gobernador Guillermo Padrés Elías. Ramsés, de 17 años, regresaba luego de que se internó sin documentos en territorio estadunidense, y un agente le disparó poco después de que el muchacho entró al lado mexicano.

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Dinero

• El país de Herodes
• Rodrigo Brand se incorpora a Santander
• Oportunidades en Puebla

Enrique Galván Ochoa

El próximo mes de junio se cumplirán dos años del incendio en la guardería ABC, de Hermosillo; 49 muertos y numerosos niños que no acaban de sanar –algunos quedarán baldados para siempre– siguen esperando justicia. Para su mala suerte, una prima de Margarita Zavala es socia del plantel; eso hizo que el expediente sufriera también graves quemaduras burocráticas, hasta quedar convertido en cenizas y humo. En días pasados, gracias a la defensa que el secretario Bimbo, Alonso Lujambio, hizo de las corporaciones de las que espera recibir apoyo a sus aspiraciones presidenciales, entró en vigor el reglamento que permite que los niños sigan siendo enfermados con comidas y bebidas chatarra dentro de las escuelas. Esta semana, una información de nuestra compañera Karina Avilés reveló que el Panal, de Elba Esther Gordillo, aprovecha las escuelas para repartir, con la complicidad de directivos, maestros y la estructura sindical del magisterio, miles de cuadernillos, loncheras y mochilas con propaganda electoral. Y el pasado lunes el presidente del IFE, Leonardo Valdés, "celebró" que la Secretaría de Gobernación emita la cédula de identidad personal (CIDA) para menores, a lo que no se opone la inescrupulosa presidenta del Ifai, Jacqueline Peschard. Personal de Gobernación se prepara para visitar las escuelas, privadas y públicas, con el fin de fotografiar a los alumnos, tomarles su huella digital; incluso una impresión de la retina. ¿Qué explicarán cuando se ponga a la venta la base de datos de nuestros hijos, como sucedió con el padrón electoral? ¿Y cuando el primero de los que serán fichados resulte víctima de un secuestro? Los niños no tienen futuro en México, sólo sirven de carne de cañón. El país de Herodes, ni más ni menos.

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México SA

• Otra medalla para México
• De bronce, por dinero ilícito
• De 2000 a 2008, 416 mil millones de dólares

Carlos Fernández-Vega

Para aquellos que creen que este país sólo destaca internacionalmente por el número de pobres, el de muertos por la guerra calderonista, las ignominiosas fortunas acumuladas por un grupúsculo de empresarios y políticos, el escuálido comportamiento económico y el voluminoso cuan creciente volumen de promesas (incumplidas, desde luego) y discursos oficiales, el informe divulgado por Global Financial Integrity aporta un dato relevante sobre uno de los destacados logros nacionales en los años del "cambio" con "continuidad": México ocupa el tercer lugar entre las diez economías en desarrollo con mayores flujos financieros ilícitos en el mundo, con 416 mil millones de dólares acumulados en el periodo 2000-2008, monto equivalente a 42 por ciento del producto interno bruto del último año citado.

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Semar: reacciones preocupantes

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Francisco Saynez Mendoza, ratificó ayer el rechazo de la dependencia a su cargo de dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La instancia encargada de defender las garantías individuales informó el pasado domingo que la Semar se había negado a aceptar los exhortos 72/2010 y 83/2010, emitidos en diciembre de 2010 sobre episodios "en los que personal de esa dependencia incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública", al disparar sus armas contra civiles, quienes perdieron la vida.

Sobre estos asertos, el titular de Marina dijo: "reconocemos los errores cuando se cometen", pero afirmó que sancionar a los efectivos castrenses responsables de esas agresiones –como planteaba la CNDH en su recomendación– pondría en riesgo la seguridad de los elementos que participan en los operativos contra el narcotráfico, y mencionó el ejemplo del asesinato del infante Melquisedet Angulo, muerto durante las acciones de captura de Arturo Beltrán Leyva y cuya familia fue ultimada posteriormente por presuntos delincuentes.

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Un nuevo SNTE, la clave Gilberto Guevara Niebla

Creo que la reconversión del SNTE es clave para la reforma educativa. No soy anti-sindicalista pero es imposible dejar de ver que el gremio de los trabajadores de la educación, con sus rasgos actuales, constituye el principal obstáculo para mejorar la calidad de la educación y levantar al sistema educativo a la altura que las circunstancias demandan.

El SNTE no sólo es un sindicato cupular y antidemocrático, es una estructura corporativa heredada del antiguo sistema político, que desde su origen fue dotada de condiciones y privilegios que atropellan los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores, además de obstaculizar la modernización educativa.

Normas equívocas, atribuyen al SNTE y a sus dirigentes facultades excepcionales: primero, el Estado reconoce al SNTE como representación única de los trabajadores educativos; segundo, al recibir su plaza un trabajador pasa automáticamente a formar parte del SNTE sin que nadie le pida su opinión; tercero, la ley caracteriza como trabajadores de base a empleados que ocupan posiciones directivas (como el puesto de director, inspector o jefe de sector). Esto último trastorna el mecanismo jerárquico base del funcionamiento de toda organización social.

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¿Qué pasa en el IMSS? Asa Cristina Laurell

En mi anterior artículo (La Jornada/8/12/10) expuse los problemas financieros del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sostengo que la aparente quiebra es un pretexto para desarticular el sistema público de servicios médicos más importante del país y crear un modelo de mercado que incluye a prestadores privados.

Afirmar que el déficit del SEM equivale a 45 por ciento del PIB es una astucia propagandística que acumula su costo proyectado a lo largo de 50 años en un solo año. Lo importante es examinar cuáles son los postulados, premisas y cálculos que llevan a este cuestionable dato.

Muchos de los actuales problemas financieros del instituto fueron creados por la reforma 95/97, también presentada como necesaria para "salvar el IMSS de la quiebra". Tres cambios en esa ley han afectado gravemente al SEM: la sustitución de la cuota patronal proporcional al salario por una cuota patronal fija; la prohibición de hacer un uso cruzado de recursos entre los seguros, y el financiamiento de los servicios médico de los pensionados (SMP) con una cuota sobre el salario de los trabajadores activos.

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