lunes, octubre 19, 2009
La inconstitucionalidad de la extinción
1. Se extinguió con un procedimiento diferente al que se creó. En su creación participó el poder legislativo, no así en su extinción. Se transgredió, entre otros, el artículo 49 de la Constitución que establece el principio de división de poderes.
2. La creación y extinción de organismos descentralizados que se ocupan de las áreas estratégicas del Estado es competencia, del poder revisor de la Constitución o de la ley, según se desprende del artículo 90 de la Constitución y del párrafo cuarto del artículo 28 de nuestra norma suprema.
3. Es competencia del poder legislativo y no del ejecutivo la regulación en materia de energía eléctrica, según lo señala la fracción X del artículo 73 de la Constitución.
4. Es competencia del poder legislativo y no del ejecutivo, crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, según indica la fracción XI del artículo 73 de la Constitución.
5. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se deben observar los mismos trámites establecidos para su formación, según prevé el artículo 72 F de la Constitución, lo que no se hizo en el decreto de Calderón.
6.El fundamento constitucional del decreto de extinción alude al artículo 89 fracción I de la Constitución, que se refiere a supuestos ajenos a esta situación (la promulgación de leyes, reglamentación y aplicación).
7. El decreto de extinción regula derechos laborales, principalmente en materia de indemnizaciones, facultad que es competencia del Congreso de la Unión, a la luz del segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución.
8. El decreto de extinción da por terminadas relaciones de trabajo sin seguir los procedimientos previstos en la Ley Federal del Trabajo y sin conceder garantía de audiencia a los trabajadores, violando los artículos 14,16 y 123 constitucionales.
9. El decreto de extinción pretende ejercer recursos públicos para dar por terminadas las relaciones laborales, sin que éstos se hayan aprobado en el presupuesto o en ley posterior, violando los artículos 74 y 126 de la Constitución.
10. El decreto de extinción viola el derecho al trabajo porque da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo sin que hayan intervenido las autoridades jurisdiccionales competentes, lo que infringe los artículos 5, 14, 16 y 123 de nuestra Carta Magna.
México: ¡Electricistas, mineros, obradoristas, paralicen la ciudad y les resolverán rápido!
La electrizante apuesta de Felipe
• La calle y el termómetro social
Marcela Gómez Zalce
A todos mis amigos, colaboradores y lectores por sus muestras de afecto y apoyo en estas últimas dos semanas.Político que nade contra la corriente, mi estimado, terminará electrocutado. Vibrante la semana que comienza con las secuelas del golpe contra el sindicato de electricistas que le dio un toque al (des)gobierno de Felipe con la descomunal marcha de la semana pasada, donde se respiró un agravio social latente pero no sólo por las formas, que dijeron todo del fondo de las perversas intenciones de un estado fallido (rumbo al estallido) que ante su debacle y evidente fragilidad recurrió al manual fast track para darle flit a un sindicato que no le fue afín, sino porque este atractivo foco rojo está lejos de estar fundido o... confundido.El simpático camino de (un dêja vú minero) la Secretaría del Trabajo (sucio) negando una Toma de Nota a Martín Esparza, donde además el (des)gobierno fue reconvenido por todos los partido políticos —con excepción, of course, del partido en el poder (del no poder)— en el Congreso para reconocer al líder del SME, solicitud que el gymboree (con minúsculas) y su jefecito se pasaron por salva sea la parte, a tomar por asalto con los desacreditados muchachos de García Luna las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y luego entonces pasar por el Decreto de la desaparición de la empresa, ha sido digno de la casa de la risa histérica, es decir, del sello presidencial.Ese, my friend, que hace ilustre honor a lo que ha sido este tirano (des)gobierno donde prevalece el doble lenguaje, la simulación, la demagogia y la mentira como constante enarbolada por Felipe & his retards. Esos que el día de la toma de las instalaciones de LFC sonreían arrogantes por la limpieza de la operación quirúrgica en medio de la alegría bananera, perdón, futbolera, seguida de la distintiva operación mediática de los spin doctors para golpear al SME, cuyos trabajadores resultaron culpables de la mala administración, de las pésimas decisiones corporativas como la entrega de beneficios para que un selecto grupo de pasados no pague la luz y/o el subsidio de tarifas de una empresa… propiedad del (des)gobierno. Eso, además del risible discurso presidencial aduciendo que la ineficacia de LFC evitó la creación de cien mil empleos debilitando asimismo el crecimiento de la economía del barco de gran calado que navega electrizado ante la adversidad.Chingón.Felipe encontró culpable al sindicato una vez más haiga sido como haiga sido, y no habrá marcha atrás. Con el poder de su firma el cacareado presidente del empleo mandó a la calle a 40 mil familias alegando tranquilidad de conciencia. La instalación de una electrizante mesa para el diálogo estará vigente para que el gymboree presidencial gane tiempo y tenga la radiografía de los chantajes, perdón de nuevo (it´s monday), de las liquidaciones y al vencer el plazo, mi estimado, llevará a cabo su temeraria jugada.Apostará al desgaste del SME. A que la solidaridad de sindicatos, organizaciones y sociedad con Esparza se vaya deteriorando en medio de una campaña mediática de desprestigio. A que el congelamiento de cuentas y cuotas los asfixie. Al posible hartazgo interno sumado a una infiltración de simpática di$idencia. Y entonces cerrarán el broche con las tradicionales órdenes de aprehensión para aplastar su movimiento…Todo se ve de pelos en el tablero presidencial de la crisis eléctrica, aunque hay algunos problemitas que ayudarán a motivar la emoción presidencial.El SME mostrará una capacidad de resistencia no sólo por lo aguerrido de sus miembros sino por la fuerza de sus convicciones. Mantenerse en la mesita de Gómez Mont distenderá la calle en momentos donde se junta el hambre con las ganas de comer con el estupendo asunto del paquetón fiscal, aunque de continuar el juego del Tío Lolo las plazas se irán calentando. No olvide, amable lector, que la calle es el verdadero termómetro.Y éste muestra que la temperatura de la agitación social va peligrosamente in crescendo. Devela el talento federal para el tiradero y su capacidad de destrucción. Hoy todavía the usual suspects aplauden la valentía de Felipe que lleva al país al caos. A la crispación y la polarización. Caminos donde no hay salidas, ni de emergencia. Rutas de inminente colisión de crisis económica, de seguridad y de profunda molestia social.Y falta agregarle a la mezcla, my friend, el movimiento internacional de poderosos sindicatos que aún no muestra su luz... ni fuerza.
gomezalce@aol.com
CANACO adopta el discurso de AMLO respecto al paquete económico de Calderón
La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Mexicali lanzó un spot para internet que adopta el discurso del Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra del paquete económico de Felipe Calderón y que, inclusive, promueve las propuestas económicas de AMLO.
El video de 6 minutos en la dirección http://www.youtube.com/watch?v=NmfX0qUhsXo muestra a dirigentes de la CANACO quejándose de la propuesta del PAN de bajar el sueldo de los políticos 10% y de eliminar secretarías que ya eran inoperantes, algo a lo cual llaman “un insulto.”
Los mismos dirigentes de la CANACO llaman a que los políticos se reduzcan el sueldo 50%, se eliminen sus prestaciones onerosas, y que “también las grandes empresas paguen impuestos”, las cuales son propuestas que ha hecho López Obrador desde hace 3 años y que en la actualidad son parte de la propuesta económica del Frente Amplio Progresista.
También considera el video que el alza a los impuestos propuesta por Calderón, así como pagar impuestos por alimentos y medicinas “es absurdo”, lo cual también coincide con la postura de AMLO.
las cuales son propuestas que ha hecho López Obrador desde hace 3 años y que en la actualidad son parte de la propuesta económica del Frente Amplio Progresista.
La CANACO lanzó el video en internet el 7de octubre pasado y hasta la fecha tiene más de 30 mil vistas.
http://www.youtube.com/watch?v=NmfX0qUhsXo
Columna Asimetrías. Después de la Marcha, ¿qué Hacer?
“La izquierda… está empantanada y no atina a hacer buenas propuestas… y sólo propone marchas y mayor polarización”.
Luis Cisneros Luján.
I
La cara leyente --por accidente, dice-- Marina Rivero González, quien nos “descubrió”, informa, por Internet, pregunta acerca del tema enunciado en el epígrafe de ésta entrega. ¿Cuál será el
siguiente paso a dar por los electricistas defenestrados?
La pregunta es atinente, pues nos lleva al meollo vero de otra cuestión que inquieta a no pocos en la izquierda: ¿es la lucha sindical una manifestación de lucha de clases? Para pensadoras como Marta Harnecker y Gabriela Uribe no lo es.
¿Qué es, entonces, por ejemplo una huelga de trabajadores? Es una expresión de una lucha gremial. Doña Marta y doña Gabriela son muy transparentes en sus definiciones. Lucha gremial, pues. Lucha económica de los trabajadores exclusivamente.
Ello aportaría, obvio antojaríase, elementos para conformar una respuesta al enunciado de don Luis y de la leyente Rivero. La lucha social tiene, por supuesto, muchas manifestaciones y se expresa bajo modalidades variopintas.
Mas la marcha –los 350 mil mujeres y hombres que saturaron el zócalo y avenidas y calles adyacentes hasta la columna del “angel”-- no fue un exhorto a luchar contra el poder político del Estado, sino a resistirlo. Ofrecer la otra mejilla. ¿Y luego?
No. Su explicitez fue nítida: solidarizarse con la protesta del Sindicato Mexicano de Electricistas y, en general, el sindicalismo independiente, por lo que el golpe del Presidente de Facto Felipe Calderón fue para (1) reforzar su poder y (2) su proyecto.
Hágase la salvedad que ese poder (1) del señor Calderón no está tambaleante, pues se sustenta, nutre y sostiene sobre la cultura de las potestades metaconstitucionales que, en sentido macrcontextual histórico, le permite ejercer éstas sin contrapesos reales.
Si no está tambaleante el jefe del Espuriato, ¿por qué, entonces, da un golpe para reforzar su poder? Precisamente para adelantar las metas estratégicas de su proyecto económico-político-social, el neoliberal, para consolidar éste y hacerlo “exitoso”.
II
Señálese que desde la perspectiva del neoliberalismo, ese proyecto es viable, pues logra sus objetivos, los de establecer de hecho (y, si se puede, de derecho) el saqueo privado impune de México y la opresión bajo varias guisas de sus habitantes.
Pero desde la perspectiva de los intereses intuidos o identificados conscientemente de los pueblos de México, ese proyecto es inviable, pues agravia a aquellos. Un proyecto tan antisocial como el neoliberal sólo es dable por la fuerza. Y ese es el caso hoy.
No menospreciése que la implantación –con la complicidad de los personeros priístas y panistas del poder político del Estado-- del modelo neliberal en México tiene un carácter de experimento. México, es pues, el conejillo de indias. El laboratorio.
Y el señor Calderón es hoy (como lo fueron sus predecesores Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox) el operador en turno sexenal de ese experimento. Éste desincorpora de su ejecución el bienestar social; eso es lo de menos.
Por lo que toca al (2) proyecto, en la ejecución de éste no hay omisiones; todo obedece a un plan orientado a modificar draconianamente las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Insértase allí el golpe a Luz y Fuerza del Centro y al SME.
Identificados esos motivos, la acción del señor Calderón de extinguir la empresa LyFC y destruir al SME fue un “coup d´État” diríase de libro de texto. Si no comprendemos eso, la resistencia sindical será cada día más débil hasta cesar.
La espectacular marcha fue una respuesta de varios estratos societales damnificados por el neoliberalismo que desde 1982 inspira filosófica, ideológica y políticamente las conductas de los personeros del poder político del Estado de resistencia a éste.
Y resistencia –tal es la esencia del sindicalismo, resistir al capital-- es el mensaje, aún vivo, de la gran marcha. De hecho, el movimiento que abandera Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por esa peculiaridad: resistir. Y resistir pacíficamente.
III
Y mientras la lucha gremial –en el caso, la del SME— sea esa, la de resistir y protestar incluso con espectacularidad y dramatismo, no accederá a un estadio que refleje móviles e intereses de la lucha de clases. Lo que seguirá es predecible.
De hecho, ya se configura esa predecibilidad. Al acudir a una mesa de diálogo instalada por el poder político panista del Estado bajo la condición de que éste no revertirá el golpe ni sus secuelas, el SME anula su alcance estratégico, por sí limitado.
También es predecible que así lo entiende el poder político panista del Estado y, concretamente, el señor Calderón y sus asesores, a quienes –pensamos-- en el SME y en el movimiento de resistencia pacífica suélese subestimar. Tontos no son.
Y si no son tontos, tampoco son ineptos. Para sus fines, los personeros panistas –los calderonistas específicamente— del poder político del Estado son eficientes, aunque su eficiencia no es, reitérese, de filigranería ni virtuosismo, sino burdo y grotesco.
Las consideraciones aquí elucidadas conducirían, según la experiencia histórica discernida bajo la lógica dialéctica, a una estratificación –o calcificación-- del movimiento reactivo que se
expresó en la gran manifestación solidaria con el SME.
Esa reacción fue refleja, aunque ello no inhibe su composición. Es una colosal energía colectiva, organizada, disciplinada, la cual debe ser encauzada hacia metas estratégicas que trasciendan lo gremial y accedan a lo societal. Ya hay varias propuestas al respecto.
Y una propuesta que concita atención es la formulada por el autor del epígrafe, el señor Cisneros (tecolote@dkene.com.mx), que se refiere al SME, mas antójase aplicable para societalizar las relaciones de producción y las fuerzas productivas.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
Fuerzas productivas: son las fuerzas humanas de trabajo (los trabajadores del campo y la ciudad) y los medios de producción (incluidas las condiciones geográficas, como la tierra) que usa el hombre durante el proceso del trabajo para crear los bienes materiales y necesarios para su existencia.
Lucha de clases: enfrentamiento activo constante que se produce entre clases sociales antagónicas en virtud de la contradicción que existe entre sus respectivos intereses.
Relaciones de producción: forma social y económica con la que aparecen las fuerzas productivas y la división social del trabajo.
Societalizar: verbo. Socializar. Pluralizar. Sociativo.
Lecturas recomendadas:
El modelo neoliberal mexicano: costos, vulnerabilidad, alternativas, de José Luis Calva. Pablos Editor, S. A.
Cien años de confusión: México en el siglo XX, de Macario Schettino.
El golpe fascista de Calderón
El objetivo del presidente Felipe Calderón al dar su "golpe de Estado" contra Luz y Fuerza del Centro no fue aniquilar a esta empresa paraestatal, sino más bien a su sindicato, el Mexicano de Electricistas (SME), pues se trata de un poderoso gremio, "combativo y nacionalista", que lleva años oponiéndose a los intentos gubernamentales de privatizar el sector energético del país. Con la eliminación de ese sindicato –uno de sus principales obstáculos–, Calderón planea acelerar el otorgamiento de permisos a compañías trasnacionales, que inconstitucionalmente ya están generando más del 40% de la energía eléctrica que se produce en México. El exsenador Manuel Bartlett Díaz, contumaz opositor a la privatización energética, llega a la anterior conclusión y agrega categórico: "Son puras falacias eso de que se suprimió a Luz y Fuerza del Centro por su falta de eficiencia y competitividad. ¡Mentira! El objetivo de Calderón fue realmente acabar con el sindicato de la empresa".
–¿Qué razones tenía?
–El SME era el único sindicato que se oponía a la política de privatizaciones. Era el núcleo más fuerte y vital que defendía los intereses nacionales en materia energética. Así de sencillo. Bartlett se acomoda en la mesa rectangular de su despacho, de la colonia Roma, y prosigue: "¿Sabe cuál es la única diferencia entre Luz y Fuerza y la Comisión Federal de Electricidad, las dos empresas estatales encargadas de suministrar energía eléctrica? Pues la única diferencia la hacen sus sindicatos. ¡Nada más! El sindicato de la primera empresa ha sido combativo históricamente. Era el único que tomaba sus decisiones democráticamente, mediante largos debates en asambleas. Sus miembros eran verdaderamente agremiados. "En cambio, el de la segunda, el SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana) se convirtió en un manso gremio que sigue los dictados de los privatizadores; desde Salinas de Gortari hasta Calderón. Y esto yo se lo llegué a decir públicamente a su líder Rodríguez Alcaine: 'Entregaste la materia de trabajo a las empresas extranjeras'". Como senador, de 2000 a 2006, Bartlett Díaz encabezó a los legisladores opuestos a la privatización de la industria petrolera y eléctrica que entonces impulsaban el presidente Vicente Fox y su secretario de Energía, Felipe Calderón. Sobre estas experiencias, Bartlett escribió dos libros: Reforma energética, un modelo privatizador y El petróleo y Pemex. Despojo a la nación. Relata Bartlett que, en esa lucha, siempre tuvo al SME como aliado permanente: "De pronto, hay que reconocerlo, a los legisladores nos apoyaban algunos otros sindicatos, pero el que permanentemente nos respaldó fue el de los electricistas. Su presencia y su lucha política siempre estuvieron contra las políticas entreguistas del gobierno. "Ahora, justamente a ese sindicato es al que Calderón le asestó un golpe brutal, inhumano y fascista, mandando a la calle a sus miles de trabajadores. Todas las demás argumentaciones son puras falacias. El Ejecutivo dio un paso gravísimo para fortalecer su poder autoritario, montado en la fuerza y el engaño". Bartlett hace una pausa. Reflexiona. Luego asegura enfático: "Calderón es un presidente golpista. En realidad, lo que acaba de perpetrar es un verdadero golpe de Estado".
El político poblano se incorpora de su asiento. Va a una oficina contigua para traer el Diccionario de política de Norberto Bobbio. Consulta la definición del término. Y comenta:“Sí, aquí se señala que un golpe de Estado es un acto llevado a cabo por el soberano, o por el titular de un sector clave de la burocracia, para reforzar su propio poder. Por lo general, se ejecuta sorpresivamente para evitar las reacciones contrarias de quienes sufren el golpe. Y se utiliza parte del aparato de Estado para ejecutarlo.”Compara: “Calderón también actuó sorpresivamente y en la noche, valiéndose de la fuerza. A este golpe de Estado lo están apoyando la fuerza militar y policiaca, así como las televisoras y las empresas extranjeras. Todos ellos están creando una atmósfera hostil contra el sindicato, un linchamiento permanente, y sólo por ser un estorbo para los propósitos privatizadores de la energía eléctrica”.
–Habla de que tiene tintes fascistas…
–Sí. El fascismo es la antidemocracia de la extrema derecha. ¡Mussolini! ¡Pinochet! El de Calderón es también un gobierno golpista de derecha que actúa en la oscuridad, liquida a miles de trabajadores y amedrenta con el Ejército. ¡Vaya! Hasta su secretario de Gobernación, que es un pendenciero, lanza amenazas contra los mexicanos que desaprobamos sus arbitrariedades. Estamos avanzando peligrosamente hacia un Estado policiaco y militar. El Ejército ya controla casi todas las direcciones estatales de la policía. En tanto, se reducen las garantías individuales de la población. Lamenta Bartlett que el golpe de Calderón lo respalde un sector del PRI encabezado por Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y Francisco Labastida. Y abunda:“Este golpe de autoritarismo brutal está inspirado en el que asestó Carlos Salinas contra el sindicato petrolero. Tiene todo el toque y la filosofía salinista. Por algo, Salinas es el gran capo de los grupos que hoy controlan al PRI. Calderón llegó a un acuerdo con ellos antes de dar ese paso.”Bartlett menciona luego el decreto, fechado el 11 de octubre, mediante el que Calderón extingue a Luz y Fuerza del Centro:“Ese decreto es totalmente inconstitucional, ilegal y falaz. El presidente debió consultar al Congreso antes de desaparecer a la empresa con todo y sus trabajadores, ya que la empresa se creó a través de un mandato legal, de un acto legislativo”, dice.
–El decreto argumenta que se desaparece a la empresa por ineficiente, por onerosa, por sus pasivos laborales…
–Todo eso es pura manipulación con sesgos derechistas. La misma manipulación utilizada para la reforma petrolera. Además, se utilizan las fallas administrativas –que son culpa de la Secretaría de Energía y del gobierno– para achacárselas al sindicato. “Se dice que había grandes pérdidas económicas y que se daba muy mal servicio, pues eso le correspondía resolverlo al gobierno. Se dice que las tarifas eléctricas eran muy altas. El problema debió resolverlo la Secretaría de Hacienda, que es la que fija las tarifas, no el sindicato. “Además, no olvidemos que la mayor parte de la energía eléctrica, 80%, no es para uso habitacional, sino que la gastan los grandes consumidores. Y es aquí donde hay un gran robo de energía que es tolerado por el gobierno y provoca grandes pérdidas económicas. Hay hoteles enteros que no pagan energía. “¡Caray! El mismo Felipe Calderón fue secretario de Energía. Por qué no resolvió esas anomalías de las que hoy se queja, por qué no obligó a pagar a los grandes consumidores. Él también es responsable. Llevémoslo, pues, a juicio… Su decreto es puro engaño a la población… que no nos venga con cuentos.”
–¿Y respecto a las prebendas que se le imputan al SME?
–Se le achacan muchos privilegios, es cierto. Pero a fin de cuentas fueron prerrogativas ganadas a través de contratos colectivos. Aquí tendría que haberse negociado con el sindicato para quitarle prestaciones. Ahora, tengo entendido que gozaba de beneficios muy similares a los del SUTERM, el otro sindicato de electricistas. “Y si se trata de acabar con privilegios, por qué entonces no se liquidó al sindicato de maestros, o al de petroleros. El secretario de Gobernación ya declaró que contra estos dos sindicatos no se tomará ninguna medida. ¿De qué se trata entonces? No cabe duda: obedeciendo a los intereses trasnacionales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que exigen se privatice el sector energético, Calderón liquidó a ese sindicato incómodo que salía a las calles, protestaba y lanzaba consignas a favor de nuestra soberanía.” Bartlett –quien también fue gobernador de Puebla y secretario de Gobernación– sostiene que la energía es un “sector estratégico” para impulsar el desarrollo, la independencia y la autonomía del Estado mexicano. Y afirma que “quien controla la energía controla al país”. Por desgracia, asegura, desde hace tiempo se viene privatizando la energía eléctrica. Detalla:“Si uno extendiera un mapa del país donde se señalen los lugares en que operan las empresas extranjeras que generan energía eléctrica, comprobaríamos con sorpresa que están metidas por todas partes. Actualmente ya están generando más de 40% de la energía. Incluso se la venden a la CFE y hasta se encarga de distribuirla. El hecho es una violación flagrante a nuestra Constitución política. Pero el gobierno lo permite.”Entre las principales empresas extranjeras que operan en el país destacan las españolas Iberdrola y Unión Fenosa; las estadunidenses Enron, Intergen y GE-Bechtel; las japonesas Mitsubishi y Nichimen-AES; la francesa EDF, y la canadiense Trans Alta.Las trasnacionales tienen distribuidas en el territorio nacional sus plantas generadoras. Algunas empresas consiguieron contratos para venderle energía a la CFE, como es el caso de Iberdrola, que pactó un convenio para hacerlo hasta el año 2031. Estas prácticas violan el artículo 27 constitucional, que reserva al Estado la exclusividad del sector eléctrico.Documentación del SME dada a conocer en el diario La Jornada el pasado martes 13 revela cómo se ha ido incrementando la participación privada en el sector: a principios de los noventa las trasnacionales controlaban 22% de la generación de energía en el país. Al concluir el sexenio de Calderón, se pretende que “controlen 58% de la capacidad instalada de generación en México, convirtiendo la privatización eléctrica en un hecho consumado”. La misma CFE –en su Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico 2009-2018– reconoce su enorme dependencia (casi 60%) de la inversión privada extranjera y nacional, bajo diferentes esquemas financieros, como “productor independiente”, “cogeneración” o “autoabastecimiento”.En los próximos 10 años, la empresa requerirá de una inversión cercana a los 636 mil 244 millones de pesos, de los cuales más de 50% –367 mil 749 millones– tendrán que provenir del sector privado extranjero y mexicano.Las cifras oficiales señalan que la CFE atiende a “casi 80 millones de habitantes, e incorpora anualmente a más de 1 millón de clientes nuevos”. El 22.7% de sus ventas estaban destinadas a la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro.También revelan la enorme diferencia en el suministro que se le da al sector doméstico y al industrial:“Si bien el sector doméstico agrupa 88.15% de los clientes, sus ventas representan 27.18% del total de ventas al público. Una situación inversa ocurre en el sector industrial, donde menos de 1% de los clientes representan más de la mitad de las ventas.” El martes 13, la Secretaría de Energía anunció que los servicios de Luz y Fuerza del Centro ahora serán cubiertos por la CFE, con el fin de tener “los mismos estándares de calidad en toda la República Mexicana”.De esta manera, la CFE, ya de por sí dependiente del capital privado, ahora tendrá que expandirse a las entidades que cubría la empresa suprimida: Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Sin embargo, Alfredo Elías Ayub, director de la paraestatal, declaró entusiasmado: “Sí podemos con la chamba”.Para Bartlett, nadie mejor que Elías Ayub para proseguir con la privatización: “Durante los seis años que estuve en el Senado, los legisladores le argumentábamos a Elías Ayub, una y otra vez, lo inconveniente de privatizar la electricidad, puesto que un servicio público se convierte en un negocio cuyo objetivo es la ganancia. Nunca nos hizo caso. Siguió y siguió privatizando. Él es un instrumento servil de las trasnacionales.” Comenta que el proceso privatizador lo inició Salinas de Gortari a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, cuando se “deformó y prostituyó el concepto de servicio público”. Se creó la Comisión Reguladora de Energía y se empezaron a otorgar permisos a empresas extranjeras. Zedillo continúo en la misma línea.¿Y qué pasó durante el foxismo?–La privatización se aceleró durante la administración de Vicente Fox, quien incluso reformó el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el fin de ampliar las figuras privatizadoras inconstitucionales. Ante esto, pusimos una controversia constitucional ante la Suprema Corte, que declaró inconstitucional esa reforma foxista apoyada por Felipe Calderón, su secretario de Energía.Añade que, en sus afanes privatizadores, Fox y Calderón continuaron en litigio contra los legisladores, en el que también intervino la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Pero no se llegó a gran cosa y el caso quedó inconcluso. Bartlett recalca por último:“En nuestras batallas en el Congreso por la soberanía energética, el sindicato de electricistas jamás nos dio la espalda. Hoy fue víctima de un golpe de Estado. ¿A quién aplastará mañana Calderón?... ¿Quién sigue?... ¿Con quiénes usará la fuerza militar?... Todos corremos el riesgo de sufrir la misma represión autoritaria y fascistoide.”
EDITORIAL. De la tierra de los ciegos.
Año 8, número 3142
Lunes 19, octubre del año 2009
Y por si lo anterior no fuera ya bastante, fue el mismo que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución, que arrogante y casi sistemáticamente viola.
Lo que dados los hechos habla por si solo de la continuación de una dictadura que dejó de ser perfecta para convertirse en una satrapía (no alcanzaría el espacio para poner más ejemplos de violaciones constitucionales)
El que alguien simple y sencillamente aplique las Leyes y haga Justicia, hace que prácticamente todos los ciudadanos lo convirtamos en un héroe.
Y si a eso le agregamos el poco frecuente hecho de que el mismo cumpla lo que durante su campaña les prometió a sus conciudadanos para que votaran por él, lo consideramos como un salvador que quisiéramos llegara a la máxima magistratura para que nos protegiera a todos.
Como viene siendo el caso del recién electo Gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, que quitó en su Estado el pago (por demás anticonstitucional) de la tenencia vehicular.
Lo que sin duda causará un revuelo político-económico entre el resto de sus compañeros Gobernadores, pues todos los demás se negaron a llevarlo a cabo, toda vez que ya habían metido el dinero al re-juego de las pérdidas y las ganancias.
Habrá que ver cuales serán las consecuencias de aplicar la Ley y la Justicia en México; pero por lo pronto, no son pocos los que a la hora de cambiar o comprar un vehículo, se dirigirán a la Cuna de la Constitución para adquirirlo.
De todas maneras, como en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey, felicidades señor Gobernador, ojala que su ejemplo cunda.
ASAMBLEA NACIONAL DE SINDICATOS, ESTE SABADO
SME suspende diálogo con Segob y convoca a huelga nacional
MÉXICO, D.F., 19 de octubre (apro).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) rompió el diálogo con el gobierno federal y anunció que el próximo sábado convocará a una "huelga nacional".
En conferencia de prensa, el líder del SME, Martín Esparza, calificó como "una farsa" la mesa de negociación que se instaló la semana pasada, para encontrar una solución al conflicto derivado por el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, y por la negativa de la Secretaría del Trabajo de reconocer a la dirigencia del sindicato.
Destacó que la Secretaría de Gobernación y los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, "están montando una trampa" a los trabajadores, al engañarlos con liquidarlos antes de ofrecer una salida negociada al despido de 42 mil electricistas y dejar en la indefinición a 22 mil jubilados.
"Si el gobierno federal no se echa para atrás, el sindicato tampoco lo hará", advirtió Esparza antes de que el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), a cargo de jesuitas, oficiara una misa en las instalaciones del SME.
Comentó que en las mesas de negociación se trataron temas relacionados sobre la manera en que liquidarían a la base trabajadora, no cómo se resolvería el problema de dejar en la calle a miles de familias, tras el decreto.
Asimismo, consideró que el programa de becas y apoyos para que los electricistas puedan buscar un empleo o dedicarse a una actividad productiva que echaron a andar la STPS y la Secretaría de Energía es "una farsa, una burla que únicamente logrará precarizar (sic) el empleo".
Consideró contradictorio que el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, primero ataque a los trabajadores del SME y ahora quiera darles empleo.
"Por un lado señalan a los trabajadores como vagos, por otro lado dicen que les darán empleo. ¿En dónde los van a contratar así, con esa imagen que han creado?", inquirió.
Esparza insistió que el trasfondo del asunto es la pelea por los mil 100 kilómetros de fibra óptica que tenía Luz y Fuerza del Centro como parte de su instalación eléctrica y de los cuales pretende apoderarse el exsecretario de Energía, Fernando Canales Clariond.
Por eso, advirtió que el SME seguirá movilizándose pacíficamente y el sábado convocará a una asamblea nacional para convocar a una huelga nacional como una forma de ejercer presión y revocar el decreto. Además, reiteró que a partir de este lunes interpondrán amparos individuales en contra de la decisión gubernamental.
Esparza acusó al gobierno de Felipe Calderón de pretender acabar con el sindicato, en complicidad con las televisoras y algunas radiodifusoras que están dando cobertura sesgada al proceso de liquidación de trabajadores.
Por lo pronto, caravanas de trabajadores están viajando a algunas entidades de la República para explicarle a la gente la problemática del SME.
Asimismo, el secretario del Interior, Humberto Montes, informó que ya el sindicato recuperó los recursos derivados de las cuotas sindicales, que habían sido incautados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), debido a que todavía no termina la relación obrero patronal con las instancias correspondientes.
Plan B. La ciudad y el sexo
Se está retomando el debate sobre la legalización de la prostitución en la capital del país. Se rescató la propuesta de la anterior Legislatura, la cual argumenta que la prostitución es un trabajo “tan digno y respetable como cualquier otra actividad lícita”. La respaldan un grupo de prostitutas en defensa de sus derechos y una reactivada alianza de propietarios de hoteles, moteles y bares de la multimillonaria industria del sexo, quienes se presentan como cabilderos de los derechos femeniles, pero lo que en realidad pugnan es por que su negocio (en el que hay más de 80 mil mujeres adultas, jóvenes y menores prostituidas) siga funcionando y el Estado avale la explotación sexual.
La propuesta se denomina “Ley de protección del sexoservicio”. El ex diputado Juan Bustos propuso un código de conducta para los compradores —a quienes llama usuarios— y les pide: “que no se conduzcan con agresividad, que no se encuentren bajo el efecto del alcohol o drogas, y que no porten armas”. Las mesas de debate sobre el tema presentan hasta ahora dos posturas: la que busca abolir la prostitución y la que busca reglamentarla.
Cuando Holanda legalizó la prostitución, ésta representaba 5% de la economía y la regulación aumentó el mercado a 25%. Ahora quieren abolirla. Otros países incluidos Filipinas e Italia implementan leyes que provean a las mujeres de oportunidades educativas y económicas para apropiarse de su cuerpo y su sexualidad para así no verse forzadas a prostituirse por pobreza. Mientras 35 países intentan penalizar a los compradores y abatir la trata de mujeres y menores, un grupo en México buscaría fortalecer a la industria del sexo vinculada con mercados ilícitos. Otro pretende demostrar que la legalización aumenta la demanda, ya que el mercado se rige por leyes de oferta y demanda.
Urge este debate formal no desde las pasiones irreflexivas sino desde argumentos razonados, considerando que en un proyecto de ley se deben analizar tres componentes: el formal normativo (leyes y normas, tratados internacionales), el político-cultural, que analiza intereses, costumbres, tradiciones, vicios y constructos sociales (sexismo, machismo, etcétera). Y el componente estructural, es decir, cómo interpretan las leyes quienes administran e imparten justicia y los que las aprueban y debaten.
Valdría la pena aportar indicadores de qué porcentaje de la sociedad mexicana avala esta ley e incitaría honestamente a sus hijas, nietas o esposas a entrar en la “profesión dignificada de la prostitución”. Conocer su postura sobre los derechos de las mujeres y si saben de los tratados internacionales sobre prostitución y trata de personas signados por México. Hacer un mapeo de qué hombres compran sexo y por qué. Por último, quienes toman decisiones deberán estudiar el mapa del mercado ilícito alrededor de la explotación sexual y su vinculación con la normalización cultural de la violencia contra mujeres en general. Habrá que involucrar a toda la sociedad, a las y los jóvenes también. Pues sin todos —actores y componentes del debate— esta propuesta no sería más que una trampa para enriquecer a la industria que explota a mujeres, niñas y jóvenes mexicanos.
Calderón, como Echeverría, contra el sindicalismo
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Una grave frustración de la transición democrática mexicana ha sido el gatopardismo, el que las cosas cambian sin cambiar, y en que los gobernantes surgidos de la alternancia se diferencian de los anteriores en que son exactamente iguales. Tal engaño queda patente una vez más con motivo del ataque del presidente Calderón al Sindicato Mexicano de Electricistas, análogo y en cierto modo prolongación del que emprendió Echeverría contra la Tendencia Democrática de los trabajadores electricistas. El 11 de octubre de 2009 es equivalente, como acto autoritario violento, al 15 de julio de 1976. En cada una de esas fechas se buscó suprimir, eliminar de la escena pública a agrupaciones gremiales combativas que existían por la voluntad de sus miembros y no dependían por lo tanto de la voluble voluntad gubernamental.La historia del golpe de Echeverría a los electricistas es la historia reciente del sindicalismo en ese ramo (y llegó a su culminación, por cierto, una semana después de la agresión contra el Excélsior de Julio Scherer; he sostenido, por otro lado, que la expulsión del célebre periodista del diario desde el que estaba transformando a la prensa mexicana, fue parte de una estrategia para silenciar atropellos como el que estaba en curso contra los electricistas democráticos).A partir de que el Estado mexicano se convirtió en propietario de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, se modificó no sólo la estructura empresarial de ese ramo sino, por consecuencia, también su organización laboral. Hasta aquella fecha, existían tres agrupaciones de trabajadores de la electricidad: el sindicato nacional, que contrataba con la CFE y estaba organizado a la manera tradicional cetemista, en torno a un hombre fuerte, Francisco Pérez Ríos, cercano a Fidel Velázquez; una federación de 52 pequeñas agrupaciones sindicales, dirigida por Rafael Galván y que en ese mismo 1960 se transformó en Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM); y el Mexicano, que durante décadas había sido la contraparte laboral de la Mexican Light and Power.A mediados de esa década, y por razones técnicas y políticas, se inició un movimiento unificador de las empresas y los sindicatos. Por un lado, se hizo necesario integrar la industria, conectar sus heterogéneas porciones. Por otra parte, se pretendió fundir en un solo gremio, bajo la égida del sindicato cetemista, a las agrupaciones del ramo. Cuando la Impulsora Eléctrica Mexicana, surgida de la compra de las pequeñas empresas con las que contrataba Galván, quedó fusionada con la CFE, el sindicato nacional quiso dar una tarascada al STERM, y peleó y ganó la titularidad del contrato colectivo. Para que la derrota no fuera tan abrumadora, y en lo que a poco se reveló como una trampa, Echeverría propició la fusión de los dos sindicatos y así nació, el 20 de noviembre de 1972, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), bajo la conducción de Pérez Ríos. La denominación del gremio naciente anunciaba la pretensión de incorporar a sus filas a los miembros del SME, pues mientras éste existiera haría vano el propósito de llamar único al SUTERM.Fue imposible la convivencia entre las dos formas de sindicalismo. Se generó una Tendencia Democrática dentro del SUTERM, que paulatinamente fue perdiendo presencia y fuerza, aun en los sitios donde había regido el antiguo STERM. En ese tiempo murió Pérez Ríos, única forma de que abandonara su posición de secretario general, que había ocupado durante décadas. Lo reemplazó automáticamente, sin elección porque ese modo no formaba parte de sus usos y costumbres, el secretario del Trabajo del comité, Leonardo Rodríguez Alcaine. Treinta años después, a la muerte de este líder, transitó por la misma ruta su secretario del Trabajo y pariente, Víctor Fuentes del Villar, que llega ya a los cuatro años de su indiscutido liderazgo.En más de medio siglo, sólo tres dirigentes, con los que el gobierno pueda entenderse. Por eso convino al gobierno desbaratar el enclave democrático en el SUTERM y sentar las bases para la supresión del SME. La Tendencia Democrática inició una huelga en reclamo de prestaciones y respeto a su representatividad, y la noche del 15 de julio de 1976 una embestida militar, junto con miles de esquiroles, rompieron el paro obrero y echaron a la calle a los antiguos galvanistas, en operaciones de las que parecen calcadas las de ahora.Previamente, el gobierno de Echeverría había puesto en liquidación a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, con la que contrataba el SME. El proceso se echó a andar de manera tortuosa, lenta, y a él se resistió el sindicato, que veía como desenlace la inclusión de sus miembros en el agrupamiento dirigido por Rodríguez Alcaine. Por esa capacidad de no rendirse la liquidación no prosperó, se quedó en mera denominación, pues la empresa siguió operando normalmente. El gobierno de Miguel de la Madrid pretendió reavivar el procedimiento liquidador pero se topó de nuevo con la fortaleza sindical, que en 1987 realizó una huelga, breve pero suficiente para probar su potencia. A ella apeló Carlos Salinas cuando, en busca de votos verdaderos, demandó los del SME, y se comprometió a poner fin al estado legalmente precario en que operaba la empresa. Por eso creó, ya al cabo de su mandato, el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que ahora está en jaque.Fox llegó al gobierno con la intención de eliminar esa empresa y diezmar a su sindicato. Para eso estableció un régimen absurdo, en que LyF compra cara, a CFE, la energía que debe vender barata. Esa extravagancia financiera obliga a subsidiar el funcionamiento de la empresa que surte de fluido eléctrico a la porción central del país, la más productiva en el conjunto nacional. A remediar ese déficit se destinan sumas como los 42 mil millones de pesos que este año debió aportar el gobierno a una empresa que deliberadamente ha sido deteriorada, crítica situación que se atribuye al abuso de sus trabajadores y su organización gremial. Ciertamente, el contrato colectivo suscrito por el SME es ventajoso para sus trabajadores en muchos sentidos, pero en general contiene cláusulas que deberían regir en muchas otras empresas públicas y privadas, cuya mano de obra es maltratada y frente a cuyas magras prestaciones las de los electricistas parecen de lujo.Pero no lo son menos las del SUTERM, aunque cuando es necesario hacerlas disminuir la acción se realiza sin que nadie proteste porque el sindicato carece de activa vida interna y se controla de arriba abajo. Por eso el año pasado aumentó en cinco años el término para las jubilaciones, algo que en el sindicato del Seguro Social significó una afrenta a la que se opusieron los damnificados. Se mantienen, sin embargo, gajes como los que, practicados en el SME, irritan a sectores sensibilizados por la propaganda: la cláusula 67 del contrato entre el SUTERM y la CFE exonera de pago a sus trabajadores. Siendo que el consumo doméstico promedio es de 285 kilovatios, es gratuito para ellos el suministro de 350, y el excedente se cobra a sólo un centavo por kilovatio.El lance actual contra el SME dista de haber concluido. Ni siquiera ha entrado en su fase final. Mientras no lo declare la autoridad laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje, subsisten las relaciones de trabajo entre el sindicato y la empresa en liquidación. Y aun si se decretara su terminación, apenas se encargue formalmente de la operación la CFE, tendrá que responder a las obligaciones laborales como patrón sustituto.
MÉXICO, DF, 19 de octubre (apro).- Luego de casi tres años de ejercicio del poder, cuya legitimidad no ganará ni con el manotazo policiaco-militar que echó a la calle a 43 mil trabajadores electricistas --y que sólo ratifica que la promesa de crear empleos fue siempre un mal chiste--, Felipe Calderón es congruente con lo que de él decía su maestro Carlos Castillo Peraza: "Inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y a personas". Tan categórica --y precisa-- definición hizo Castillo Peraza luego de que padeció desdenes y maltratos de Calderón que derivaron en la ruptura de una relación cuya entraña describe el periodista Julio Scherer García en Secuestrados, su más reciente libro. Scherer García describe episodios clave en la relación entre ambos, que llegaron a la cumbre en el Partido Acción Nacional (PAN), que comenzó a romperse con la derrota de Castillo Peraza, en 1997, cuando buscó la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF). Escribe Scherer García: "Vencido, conoció la antesala, calentando una silla y perdiéndose en la lectura de periódicos y de revistas para apartarse de los desaires que lo acosaban. Calderón Hinojosa se mostró distante, frío como un grillete que corta. Castillo Peraza optó por su renuncia al partido. No hubo en ella melindres ni reclamos."A la muerte de su antecesor en el PAN, el 9 de septiembre de 2000, Calderón buscó, vía telefónica, a Scherer García. Quería saber qué pensaba Castillo Peraza de él."Respondí con la verdad. Por un tiempo la reconciliación sería imposible. Castillo Peraza le había perdido estima por el trato que había recibido de quien fue su secretario general en el edificio azul y por el abandono de los principios de Acción Nacional que había jurado cumplir. Me dijo, don Felipe, que acaso en un distante futuro podrían reiniciar una amistad que a ambos les hiciera bien." Ahora el semanario Proceso publica, en el número que está en circulación, dos cartas de Castillo Peraza a Calderón, hasta ahora desconocidas, que describen la personalidad de quien, formalmente, gobierna el país desde el 1 de diciembre de 2006. En efecto, además de lo que dijo a Scherer García, y que de suyo es preocupante, Castillo Peraza describe en una de las cartas el talante prepotente, colérico y receloso de Calderón, pero también algo que debería ser motivo de deliberación por ser de inobjetable interés público y que explica su estilo personal de ejercer el poder: El consumo inmoderado de alcohol. En la carta escrita el 31 de octubre de 1997, quizá la última antes de su renuncia cinco meses después --el 28 de abril de 1998--, Castillo Peraza describe el "sentimiento de frustración, de hastío y de hartazgo" que había entre colaboradores de Calderón, el "dolor" por el reclamo por no haber usado el cargo de secretario de relaciones internacionales "en mi beneficio personal" y su preocupación por el consumo de alcohol. De hecho, la carta de Castillo Peraza obedeció a que Calderón canceló, sin avisarle, una reunión que tendrían la noche del 30 de octubre, justo el día en que éste se encontró con el perredista Andrés Manuel López Obrador --que negociaban entonces una acción conjunta ante el PRI--, tras lo cual se marchó a una comida privada."Ahora tengo que añadirte que me pareció desconsiderado de tu parte no haber acudido a la cita de anoche, sin siquiera haber avisado, y que me dolió y preocupó haberme enterado por boca de subalternos menores que el presidente del partido salió de la oficina 'muy bien servido'."Castillo Peraza se refiere con este eufemismo a la borrachera de Calderón y usa otro para aludir a otras francachelas, como se enteró en una reunión privada en Cocoyoc, Morelos, donde le llamó la atención --le dice a Calderón en la carta-- "un tema reiterado de conversación: El de las aventuras más que frecuentes --etílicas y demás-- de algunos de tus colaboradores".Y apunta: "Entendí o creí entender entonces por qué la vida comienza después de las diez de la mañana en el CEN, e incluso a esa hora los escritorios están poblados de tasas de café, vasos de refresco y comestibles; por qué es difícil encontrar a alguien entre las tres y las seis (a veces hasta las siete) y por qué en días como el de ayer, a las ocho de la noche, ya no hay virtualmente a quién dirigirse en las oficinas de Ángel Urraza (la vieja sede del PAN)."A partir de su charla con colaboradores del CEN, Castillo hace un retrato de Calderón:Las quejas generalizadas son que, al parecer, nadie puede darte gusto, que das órdenes y las cambias, que pides trabajos intempestivamente --lo que frena las tareas en curso--, que invades las competencias de todos y cada uno de ellos, que los maltratas verbalmente en público y que mudas constantemente de opinión, tardas en tomar decisiones, das marcha atrás, no escuchas puntos de vista de tus colaboradores y haces más caso a "asesores de fuera" que a los miembros del equipo que quisiste fuese el tuyo. Se refirieron a contrataciones hechas por ti sin siquiera avisar al responsable del área afectada, y de "saltos" de autoridad de tu parte y de parte de Cocoa (su hermana Luis María Calderón), que producen desorden, inseguridad y disgustos en tu estructura "staff". Salvo Toño Lozano, todos los ahí presentes expresaron sobre él poco más o menos sentimientos análogos y, lo que es peor, algunos manifestaron que ya esta situación se les volvía personalmente "insoportable" y opinaron que era perjudicial para el CEN y dañina para el partido.Llamó mi atención que nadie pudiera dar opinión decidida y clara, y que todos manifestaran en su turno de dar a conocer sus planes y proyectos "a ver qué dice Felipe", con inseguridad y con un sentimiento de que tú no confías en ellos. Esto ha trascendido y se comenta en círculos externos, tanto políticos como sociales.Y sí, quienes lo conocen o lo están conociendo, saben que Calderón procede de tan arbitraria manera.
Golpe al SME: rumbo al estallido social
“Es una medida desesperada” para acatar los acuerdos a los que llegó con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Bancos de México y los sindicatos patronales desde la campaña electoral de 2006.
El posdoctor en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París explica que la medida contra la empresa paraestatal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no viene sola. Otras más llegarán en cascada: un paquete económico que incremente los impuestos, una reforma laboral que elimine el derecho de asociación de los trabajadores y el inicio de la recta final de la privatización del sector energético.
Sin embargo, el cálculo político pudo haber fallado al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El movimiento sindical que se ha aglutinado entorno al SME podría capitalizar el desastre económico y social en el que se encuentra el país.
Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en movimientos sociales en América Latina, explica que con el decreto del 11 de octubre pasado –con el que el gobierno federal liquida LFC– y el asalto de la Policía Federal a las 104 instalaciones de la paraestatal, la administración de Felipe Calderón comienza a pagar las facturas a los grupos económicos que lo llevaron a la Presidencia “y que luego han buscado legitimarlo, aunque sea por la fuerza”.
Junto a la firma del presidente aparecieron las de 10 secretarios de Estado. Con ellas, el “presidente del empleo” cancela más de 40 mil fuentes de trabajo de LFC y 95 años de vida del SME.
En menos de 12 horas, miles de electricistas perdieron sus salarios, su derecho a la atención médica, a la vivienda y demás prestaciones laborales conquistadas por el SME, liderado por Martín Esparza Flores. Así ocurrió con Jorge Méndez, un joven de 34 años que apenas había logrado una antigüedad de tres años en la empresa regulada por la Secretaría de Energía.
De Jorge dependen siete personas, que sobreviven con los 152 pesos que obtiene diariamente: cuatro hijos, su esposa ?que le apoya con la venta de zapatos? y sus dos padres diabéticos. Él, al igual que su familia, dice estar dispuesto a todo, a cambio de recobrar su trabajo: “Ya no tenemos más qué perder”.
Como él, otras 44 mil personas recibieron azoradas la noticia de que más de 500 policías federales habían tomado sus puestos de trabajo el 10 de octubre pasado antes de la media noche.
Dos horas más tarde, la madrugada del domingo 11, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, apoyaban la decisión presidencial de “extinguir” LFC.
Estallido social
Alejandro Vega, miembro directivo del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), coincide con el académico de la UNAM, y agrega que el gobierno “está jugando con fuego”, porque pocas organizaciones tienen una presencia social y una penetración como el SME (que agremia a 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados), y que ha sido opositor del modelo económico que prevalece en el país.
Con la liquidación de LFC, los electricistas “han mantenido una posición prudente, que privilegia los causes legales. Sin embargo, si se empiezan a cerrar esas vías, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos y se puede llegar al estallido social”, advierte el investigador del CILAS.
Aguirre Rojas alude al descontento generado por el “fraude electoral” de 2006, en el que Calderón Hinojosa asumió la Presidencia de la República a menos de un punto porcentual de diferencia de su opositor Andrés Manuel López Obrador. “En este caso también hubo un agravio a la ciudadanía, no sólo al sindicato”.
Extinción “perversa” e “ilegal”
Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM, opina que el decreto presidencial es “perverso”, pues las autoridades no debieron utilizar la palabra extinción, como se hiciera en el artículo 1, que dice: “Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación”, ya que se puede extinguir un fideicomiso, pero no una persona moral o una empresa”.
El gobierno federal, explica, debió estipular la liquidación desde el principio del decreto. Sin embargo, “no lo hicieron porque con ello se verían obligados a seguir con el procedimiento marcado en la Ley Federal del Trabajo, que indica que se debe dar derecho de audiencia al sindicato, y éste, a la vez, alegar la certeza legal”.
Bouzas Ortiz refiere el capítulo VIII “Terminación colectiva de las relaciones de trabajo”, que indica que si se trata de “la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación”, “el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica”.
Reforma laboral proempresarial
Coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores–, Bouzas alerta que la liquidación de los trabajadores es prácticamente la liquidación del derecho colectivo en México. Con esto, “el gobierno nos dice que quiere una economía en la que no haya ni sindicatos ni contratos colectivos de trabajo”.
Agrega que “esto debe alarmar incluso a los sindicatos corporativos, porque la amenaza va para todos; cuando no le sea útil Romero Deschamps (secretario general del sindicato petrolero) será pateado de la misma manera”, dice el doctor en derecho laboral por la UNAM.
Néstor de Buen Lozano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide con Bouzas Ortiz y agrega que el SME todavía tiene el derecho de tramitar un amparo, pues la decisión del presidente de liquidar LFC “es un decreto totalmente infundado que se puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA)”.
De Buen Lozano, especialista en derecho social, observa que para que se haya terminado una relación de trabajo, entre la compañía y el sindicato debió manifestarse un conflicto ante la JCA: “Se tiene que dar vista a los interesados para que expresen lo que a su derecho convenga, por lo tanto esta medida es un acto de fuerza que no tiene fundamentos”.
Privatización del sector energético
Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana, doctor en políticas públicas sobre revolución tecnológica y especialista en estudios estratégicos y a largo plazo a nivel nacional, advierte que el gobierno “busca un enfrentamiento con los sindicatos que no son afines a su concepción política, del desarrollo nacional, y abre nuevos espacios a la privatización de funciones, tareas y responsabilidades que corresponden al Estado mexicano”.
Además, indica que hay una alta probabilidad de que se privatice el sector energético. Refiere que el artículo 27 de la Constitución faculta únicamente a la nación para la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para la prestación del servicio público.
Privatización de facto del sector eléctrico
Al cobijo del gobierno de Felipe Calderón, mediante 772 “permisos especiales”, corporativos extranjeros y nacionales operan una red paralela que produce y vende el 49.4 por ciento de la energía eléctrica que consume el país
Después del decreto presidencial que desaparece Luz y Fuerza del Centro (LFC), los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Energía Georgina Kessel, y de Hacienda, Agustín Carstens, insistieron en que no se privatizaría el sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargaría de suministrar la energía eléctrica a los 6 millones de clientes que atendía LFC. En realidad, actualmente casi el 50 por ciento de la electricidad que se consume en México es privada, generada por consorcios extranjeros y nacionales, bajo la figura de productor independiente, autoabastecimiento y cogeneración.
En detrimento a la Constitución, al amparo de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, un reducido grupo de corporativos creó una industria eléctrica paralela a la del Estado, que muy pronto se convirtió en negocio redondo: utilizando parte de la infraestructura de LFC y la CFE, comenzaron a producir mucha más electricidad de la que supuestamente consumirían, para vendérsela a empresas privadas y a las dos paraestatales, pues la directriz del gobierno federal obligó a LFC y la CFE a comprarles todos sus excedentes y, encima, a precios mucho más caros del costo de la generación directa, lo que generó la subutilización de las dos compañías eléctricas estatales y el indiscriminado incremento de tarifas, según detectó en diversas auditorías la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, explica que la privatización del sector eléctrico fue delineada en el Tratado del Libre Comercio, acorde con los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se otorgaron 99 permisos para el autoabastecimiento y la producción independiente a ingenios azucareros, fábricas de papel y a las subsidiarias de Petróleos Mexicanos.
Durante su gobierno, Vicente Fox vio en el sector eléctrico una veta de oportunidad para favorecer a los industriales e incluso se confrontó con la ASF para que no auditara los permisos que indiscriminadamente otorgaba la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con Dionisio Pérez-Jácome Friscione –actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– como comisionado regulador, el gobierno de Vicente Fox ideó que los permisos de supuesto autoabastecimiento incluyeran la figura de “asociados beneficiados”, para que un solo permiso le diera al productor privado la posibilidad de generar energía eléctrica para venderla a terceros simulando sociedades.
La subrepticia entrega de esos permisos fue denunciada por trabajadores del sector eléctrico y llevada a la tribuna legislativa por Manuel Barttlet, entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, quien documentó la anticonstitucional operación en la CRE. Según las declaraciones de Bartlett, en el Legislativo las trasnacionales del sector cabildeaban directamente “la privatización del sector eléctrico, que el Partido Acción Nacional disfrazó como reforma estructural”.
A su paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, junto con su asesor principal, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez, afianzaron la participación del capital privado en el sector eléctrico mediante el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2003-2011. Para cuajar el proyecto, en 2004, Vicente Fox ascendió a Mouriño a subsecretario de Electricidad, cargo que dejó para incorporarse como coordinador de campaña de Felipe Calderón. Entonces Mouriño Terrazo y Pérez-Jácome “eliminaban” las restricciones legales en la regulación que no permitían “aprovechar al máximo las figuras de autoabastecimiento y cogeneración”, según declaró Mouriño Terrazo en una entrevista con el periódico El Universal en septiembre de 2004.
Luego, mediante su compañía Gándara-Censa, la familia Mouriño incursionaría en el sector eléctrico, al convertirse en proveedores de la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca, uno de los proyectos medulares del POISE.
Los permisos especiales que Calderón dio a los consorcios españoles (Unión Fenosa e Iberdrola, principales proveedores de energía de la CFE) cuando era secretario de Energía fueron calificados como ilegales por la ASF y el Legislativo. Sin embargo, tal acción ganó la simpatía y agradecimiento público del presidente de España, José María Aznar, y posteriormente, durante su campaña presidencial, el proselitismo en México y Europa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Con esos antecedentes, “no hay duda de que la extinción de Luz y Fuerza responde a la intensión de privatizar el sector eléctrico”, coinciden los integrantes del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), organización integrada por ingenieros, analistas y expertos en materia energética.
Como en el porfiriato
La industria eléctrica, que inició en el gobierno de Porfirio Díaz con capital extranjero, fue nacionalizada en 1960 por Adolfo López Mateos. Hasta entonces, el 70 por ciento de la producción eléctrica era generada por los consorcios American and Foreign Power Company y The Mexican Light and Power Company, a las cuales el gobierno compró sus acciones para luego decretar la exclusividad de la nación “para generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público”, mediante la adición de un párrafo sexto al artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960, estipulando que en materia eléctrica “no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes naturales que se requieran para dichos fines”.
Actualmente, mediante 24 permisos como grandes productores independientes de energía, que según cifras oficiales, a julio de 2009, ha otorgado la CRE a consorcios españoles, estadunidenses, canadienses, japoneses, alemanes, franceses y belgas: Iberdrola, Unión Fenosa, Tractebel, Abengoa, Mitsubishi, Alstom, Electricitè de France, Bechtel, Intergen, que producen y venden casi la mitad de la energía eléctrica que se consume en México.
Sumado a 595 permisos de “autoabastecimiento”, 58 para cogeneración, 37 para importación, siete para exportación, tres para pequeña producción y 48 para usos continuos. La capacidad total de generación autorizada por la CRE a los privados mediante los 772 permisos especiales asciende a 166 mil 682 giga-watts-hora, que representa el 49.4 por ciento del consumo nacional. El gobierno que hoy desaparece LFC fomentó una industria eléctrica paralela privada, restándole considerables ingresos a las paraestatales LFC y CFE.
Lo anterior, explica David Bahena, especialista en temas energéticos y doctor en física por la Universidad de Praga, “implica la desnacionalización acelerada bajo figuras inventadas”.
El contrato –E/205/AUT/2002– que Pérez-Jácome Friscione entregó a Iberdrola es ilustrativo de cómo ha operado la industria eléctrica. El permiso se otorgó a la firma española bajo la figura de “autoabastecimiento”, aunque su giro es la venta de energía eléctrica. El documento esboza que serán los “socios” de la compañía los que se beneficiarán con la energía eléctrica que éste genere.
Mediante este permiso, Iberdrola vendería la energía eléctrica que produjera en la ciudad de Monterrey a las compañías Agua Industrial de Monterrey; Acerex, SA de CV; Cables Axa Yazaki, SA de CV; Cementos Apasco, SA de CV, en sus planta de Apazco, Orizaba, Ramos Arizpe y Tecomán; Cementos Mexicanos; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV; Fábrica de Hielo Apodaca; Cigarrera la Moderna, SA de CV; Conductores CM, SA de CV; Conductores del Norte, SA de CV; Conductores Monterrey, SA; Dolorey, SA de CV; Empaques de Cartón Titán, División Fabrica de Cajas, División Papel, División Moldeado, Fabricas Monterrey, SA de CV; Fabricas Orión, SA de CV; Fibras Químicas, SA; Galvak, SA de CV; Grafo Regia, SA de CV; Manufacturas Cifunsa, SA de CV; Manufacturas Vitromex, SA de CV; Cerámica Santa Anita, SA de CV; CINSA, SA de CV; Castech, SA de CV; Dupek, SA de CV; Filamentos Elastoméricos de México, SA de CV; Hylsa, SA de CV; Industria Química del ISTMO, SA de CV; Instrumentos Axa Yazaki, SA de CV.
Además del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey; Kir Alimentos; Lumisistemas GE, S de RL de CV; Magnekon, SA de CV; Nemak, SA; Nylon de México, SA; Axa Yazaki México, SA de CV; Polykron, SA de CV; Prolec-Ge, S de RL, de CV; Rot Química SA de CV; Sigma Alimentos Noreste, SA de CV; Sistema Ambiental Industrial, SA de CV; Talleres Industriales, SA de CV; Terza, SA de CV; Tisamatic Internacional, S de RL de CV; y Ucar Carbon Mexicana, SA de CV.
Bahena explica que la simulación de dichos permisos radica en que las trasnacionales y sus filiales son autorizadas a generar la energía eléctrica que no consumen, sino que venden a los socios que registran ante la CRE, cuya cartera van ampliando paulatinamente. Cita el caso de los permisos para el llamado “autoabastecimiento remoto”, a través de una figura legalmente inexistente: “Por ejemplo, en la zona central existe el gran problema de que las redes de distribución están al servicio de los privados, tengan o no tengan instalaciones en la región, a través de una figura jurídicamente inexistente que se lama autoabastecimiento remoto. Bajo esta figura, una trasnacional tiene su central generador en cualquier parte del país, allá produce la energía, la transmiten por las redes de la CFE y la distribuyen en el país por las redes de CFE y en la zona central por Luz y Fuerza”.
Por si fuera poco, los permisos de “autoabastecimiento” dan a las permisionarias la venia de incluir, dentro de sus planes de expansión, a cuantas empresas quieran, para el “aprovechamiento de la energía eléctrica que se genere”.
En su primer permiso como autogeneradora independiente, Iberdrola registró a 109 compañías, las cuales suministraría energía eléctrica dentro de sus “planes de expansión”. Destacan entre estos corporativos: Coca-Cola; Colgate-Palmolive; Altos Hornos de México; Kimberly Clark; Cadena Comercial Oxxo; DuPont; Femsa; Gas Natural México; Grupo Maseca; Ideal Standard; Petrocel; Polycyd; Protexa; Tubacero, los cuales dejaron de comprarle la energía eléctrica al Estado para comprársela a la compañía española.
595 autoabastecedores
Algunas de las empresas eléctricas que producen y venden energía eléctrica a la CFE y la hoy extinta LFC bajo la figura de “autoabastecedores” son: Iberdrola; Unión FENOSA; Endesa; Enertek; Transalta; Tractebel; AES Mérida III; Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro; Mecox Resources; Central Saltillo, SA de CV; Energía Azteca VIII; Electricidad Águila de Tuxpan; Electricidad del Itsmo; Hidoreléctrica del Pacífico; Termoeléctrica Peñoles; Fuerza y Energía de Naco-Nogales; Proveedora de Electricidad de Occidente; Impulsora Mexicana de Energía; Bticino de México; Energía Nacional.
Consorcios de telefonía, cerveceras, supermercados, tiendas departamentales, cadenas de cines, ensambladoras, entre otras, concentran el resto de los permisos para producir su propia energía eléctrica y venderle la que les sobre al Estado. Con 102 permisos, Teléfonos de México concentra el 15 por ciento de estas concesiones, seguido de Wal Mart, con 100 permisos; Bimbo, con 25 permisos; Cinemex, con 19; Liverpool, con 15; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con cinco permisos.
El resto lo tienen Cargill de México; Ford Motor Company; Cadbury Admas México; Nestlé; Productos Marinela; Barcel; Tía Rosa; Grupo Gamesa; Sigma Alimentos; Cervecería del Pacífico; Júmex,
El Palacio de Hierro; los Supermercados Internacionales Heb; Costco; las tiendas Soriana y Unilever; Bayer de México; Procter&Gamble Manufacturas; Becton Dickinson de México; Sony; Panasonic de México; Samsung; Mabe; Sanyo; Kenworth; Kodak; el corporativo Alfa; Bridgestone/Firestone de México; Médica Sur; en el ramo hotelero, el Grupo Posadas (de los hoteles Fiesta Americana), entre otros.
A medida que se incrementaron los permisos para la producción privada, las paraestatales dejaron de percibir considerables ingresos por esos clientes que producen su propia energía o la compran a los privados. La afectación más cuantiosa fue para LFC, pues de los 772 permisos, 141 de autoabastecimiento y cogeneración se entregaron en sus áreas de influencia (Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo y Morelos) a corporativos que tienen un alto consumo de electricidad: Telmex, Wal Mart, Cinemex, Liverpool y Barcel, principalmente. En consecuencia, LFC dejó de percibir sus ingresos como proveedor de energía de esos consorcios. Aunado a que, según denunció el dirigente del SME, Martín Esparza, dependencias del gobierno federales, hoteles y diversas empresas instaladas en el Distrito Federal no pagan el suministro de electricidad.
En este sentido, Javier Sáinz, del FTE, considera que el principal motivo de desarticular al SME vía la desaparición de LFC “es terminar con la resistencia a una segunda privatización del sector eléctrico desde la generación hasta la distribución”.
La octava cláusula de los permisos de “autoabastecimiento” obliga a la CFE y LFC a comprar a la empresa los excedentes de producción. Mientras que la cláusula nueve da a las permisionarias la “obligatoriedad” de venderle a la CFE la energía eléctrica requerida para el servicio público “cuando por caso fortuito o fuerza mayor dicho servicio se vea interrumpido o restringido”, como ocurre hoy día con la LFC. Lo que supondría que la energía que suministrará la CFE a los 6 millones de clientes que tenía la paraestatal será mercado ahora de las privadas, con la CFE como intermediaria.
CFE, negocio privado
Durante el sexenio de Vicente Fox, trabajadores de la CFE denunciaron ante el Legislativo que Elías Ayub subutilizada la infraestructura de la paraestatal para comprar toda la producción a las empresas privadas. Cuando auditó a la compañía, la ASF comprobó la subutilización en beneficio de las privadas y a costa no sólo de la paraestatal, sino directamente de los consumidores. El organismo cuantificó en el sexenio de Vicente Fox un crecimiento del 143.9 por ciento de energía comprada a particulares y una disminución media anual del 4.3 por ciento en la que genera la CFE.
En sus revisiones al POISE, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, al Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2004-2013 y al Programa de Egresos de la Federación en materia de generación de energía, la ASF encontró que entre 2002 y 2004, Elías Ayub había cedido el 22.3 por ciento de la generación de energía eléctrica a los privados, de acuerdo con los reportes de Generación, Compra e Importación de Energía Eléctrica.
Más aún, la ASF descubrió que la CFE sobreestimaba la demanda nacional de energía eléctrica y compraba más electricidad, impactando los costos promedio de generación y encareciendo la energía eléctrica para los consumidores. La tendencia en los años subsecuentes ha sido la misma. La CFE estimó que para el periodo 2005-2013 la demanda de energía eléctrica crecería en promedio anual de 5.6 por ciento, al pasar de 171 mil 509 gigawats a 265 mil 40 gigawats en 2013. Sin embargo, sobre la base de las estimaciones de la ASF, el incremento en la demanda es sólo de 2.5 por ciento.
De su revisión al POISE, la ASF estimaba que para finales del actual sexenio (en 2012), la CFE habría perdido por lo menos el 34 por ciento de la producción de energía y sus respectivos ingresos, en beneficio de corporativos como las españolas Unión Fenosa e Iberdrola, la japonesa Mitsubishi, la canadiense Transalta, el grupo francés EDF. Ello, advertía la ASF, daría incertidumbre a las tarifas sobre todo de los pequeños consumidores.
La ASF auditó los permisos especiales que ya entonces la CRE entregaba indiscriminadamente. Identificó diversas irregularidades en las que incurrían los productores privados. En respuesta, Vicente Fox presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la ASF. Sin entrar al fondo del asunto, la SCJN dictaminó que la ASF se había “excedido en sus facultades” al revisar dichos permisos.
Tarifas artificiales
Como parte de las justificaciones para extinguir LFC, el secretario Agustín Carstens argumentó que de no hacerlo se habrían incrementado las tarifas eléctricas, con lo que en un momento de álgida crisis se pretendió que los consumidores aceptaran la medida.
Durante su desempeño como senador en la LIX Legislatura, como parte del análisis que hizo al proyecto de privatización del sector eléctrico propuesto por Vicente Fox, Manuel Barttlet viajó a los países de América Latina en donde se privatizó la industria eléctrica. Lejos de haber sido la solución a la oferta de energía, dice, “se convirtió en un severo problema. Del servicio público se pasó a la conformación de monopolios privados: el libre mercado no existe, no hay competencia, se encamina a la concentración o al menos al acuerdo; las tarifas no bajan: las empresas privadas buscan maximizar ganancias”.
En México no ha sido diferente. En los últimos siete años, los productores privados han impuesto a la CFE tarifas mucho más altas al costo que tendría la generación directa; en consecuencia, a partir de 2006, los consumidores debieron pagarle a la CFE las tarifas más caras del mundo: 0.8 centavos de dólar por kilowat/hora más que en Estados Unidos.
Sergio González Broca, especialista en tarifas eléctricas y extrabajador de las paraestatales del sector eléctrico por 40 años, explica que las tarifas eléctricas en México se han incrementado a medida que avanza la privatización. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico coincide que en México se paga la electricidad a los precios más altos del mundo.
José Luis Apodaca, miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, AC, detalla la incidencia de los productores independientes en las tarifas eléctricas. Señala que el aumentar la capacidad instalada en generación entre 2000 y 2008, con una tasa anual de 4.4 por ciento, casi el doble de la requerida, “significó una inversión no requerida de 5 mil millones de dólares, cuyos cargos fijos habrán de cubrirse a los productores independientes, aunque no generen la energía comprometida; estos cargos, a su vez, se repercuten a los usuarios en las tarifas”.
Agrega que algunos de los descalabros económicos que tuvo LFC fueron las altas tarifas que le impuso LFC a la electricidad que le trasladaban las empresas privadas: “Si a la CFE le cuesta 0.60 el kilowat de la electricidad que proviene de la producción independiente, se la vende a LFC a más de 0.90 centavos”. Así que, los productores privados, asegura Apodaca, sólo han encarecido los costos en la electricidad.