sábado, octubre 27, 2007
Entrevista de Julio Hernández a Luis Mandoki
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Boletín Informativo ISA núm 238
http://www.serviciodenoticiasisa.blogspot.com
El Plan, por Luis Javier Garrido
TRES VOCES AL RESPECTO DEL PLAN MÉXICO
Al inicio de la semana que termina, el gobierno estadunidense dio a conocer con el nombre de Iniciativa Mérida un plan de control e injerencia militar sobre México que ha merecido rápidamente una cantidad importante de análisis de diferentes firmas y orientaciones. El servicio de noticias ISA recoge aquí tres voces al respecto de este tema, las tres por demás serias en sus evaluaciones e informaciones. Luis Javier Garrido (La Jornada), Carmen Aristegui (Reforma) y José Luis Piñeyro (El Universal)
El Plan, por Luis Javier Garrido
El gobierno espuriete de Felipe Calderón, antes de cumplir un año está entregando el control del territorio mexicano y de nuestros recursos vitales a Estados Unidos.
1. El Plan México, como se le conoce en Washington y en la prensa internacional, conocido desde hace por lo menos seis años, y cuya nueva etapa fue anunciada por George W. Bush el 22 de octubre al incluirlo en el paquete de ayuda solicitado al Congreso estadunidense para la guerra contra Irak, no es otra cosa que una expresión formal más de la estrategia definida por la Casa Blanca en función de los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales ante la crisis energética y financiera que ha gestado el capitalismo neoliberal, y que luego del 11 de septiembre de 2001 se enuncia como una lucha “contra el terrorismo internacional”.
2. El Plan México supone tanto a) el control absoluto por parte de consorcios trasnacionales, en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos, de los recursos básicos de México, y en particular de los energéticos (petróleo y electricidad), de la minería y hasta del agua; y b) el control directo de agencias del gobierno estadunidense sobre las fronteras, las costas, el Istmo, el mar territorial y el espacio aéreo mexicano, todo ello con el argumento de que Washington está en guerra permanente contra el terrorismo internacional, de que nuestros recursos son vitales para ellos y de que, por otro lado, los aparatos del Estado mexicano no son confiables y resultan incapaces de generarles la supuesta seguridad que requieren.
3. La administración de Bush busca, en otras palabras, conforme a la nueva doctrina hegemónica de Estados Unidos, establecer en México un más pleno y abierto sistema de dominación, similar al que está buscando en Irak y en Afganistán y pretende hacerlo en Irán, en función también de su petróleo y de su interés geopolítico, nada más que aquí no por la vía de una guerra, sino por la dócil sumisión del gobernante espurio Felipe Calderón ante George W. Bush y por la complicidad de la burocracia gobernante, en este caso de las elites del PAN y el PRI en el poder (y también de un sector del PRD), lo cual les está resultando una tarea mucho más fácil que la que llevan a cabo en Medio Oriente y en Asia.
4. El proceso se había ya profundizado con el primer gobierno panista encabezado por Vicente Fox, que fue permitiendo gradualmente la injerencia de agentes estadunidenses encubiertos en territorio mexicano, en aeropuertos, aduanas y oficinas públicas, hasta culminar con Calderón que, con profunda indignidad, ha puesto abiertamente al Ejército Mexicano a cumplir tareas decididas por la Agencia de Control de Drogas de Washington, la tristemente célebre DEA.
5. La prensa mexicana está teniendo ahora la “misión estratégica” de ocultar las dimensiones de todo, pretendiendo, por una parte, que es un simple plan antinarco cuando en realidad es una cesión de la soberanía nacional y el narco es sólo la cobertura que hace posible la injerencia, y hablando, por la otra, de una supuesta iniciativa “mexicana”, llamándolo de manera eufemística Iniciativa Mérida, cuando en el Congreso estadunidense y en la prensa de todo el mundo se le llama el Plan México.
6. El “acuerdo”, que ya se sabe que no es acuerdo, según El País del domingo 21 es el plan más ambicioso de Estados Unidos en el continente y supone “la participación militar de diversos organismos de seguridad estadunidenses” en México y el entrenamiento futuro de las tropas mexicanas en Fort Bragg (Carolina del Norte) y Fort Benning (Georgia).
7. El engaño de la prensa mexicana no ha durado mucho, pues en todas partes se le reconoce como Plan México y se habla de lo que entraña, porque al comparecer el miércoles 24 ante comisiones del Senado la canciller Patricia Espinosa hubo de reconocer que no conoce el documento que se nos está imponiendo, pero que sabe que lo que se busca es “proteger del terrorismo” a Estados Unidos y porque, poniendo la cereza en el pastel, el subsecretario de Defensa, Stephen Johnson, informó que esa protección de México a Estados Unidos costará a nuestro país 7 mil millones de dólares, lo que confirmó el embajador mexicano Sarukhán, llevándose severa regañada.
8. La gravísima situación que se está produciendo no es más que consecuencia de las políticas entreguistas de Carlos Salinas, que aparece hoy más que nunca como un poder fundamental tras el trono, pues la ex canciller Rosario Green, senadora del PRI, se ha limitado a actuar como comparsa, al igual que sus compañeros de bancada, y a avalar todo.
9. El TLC de Bush padre y Salinas significó en 1993 el desmantelamiento del campo mexicano y de la planta productiva nacional, la migración de millones de campesinos mexicanos a Estados Unidos y la cancelación de una vía propia de desarrollo para el país; el Plan México de Bush hijo y Calderón sienta en 2007 las bases para el desmantelamiento del Estado nacional, convierte al pueblo mexicano en objetivo estratégico en las futuras guerras de Estados Unidos y culmina el distanciamiento de nuestro país con el resto de pueblos de América Latina.
10. La noticia de que Agustín Carstens, titular de Hacienda, había pactado en Washington con el FMI un seguro para proteger a las multinacionales con cargo al pueblo de México en caso de “riesgo político”, generó hace días un escándalo, acrecentado por la información de que varias naciones del continente están por romper con el Fondo. El Plan México, que se pretende apruebe el Senado, debe ser ahora repudiado por todos, sin olvidar que Calderón y sus colaboradores pueden ser enjuiciados, procesados y destituidos por traición a la patria conforme al artículo 108 constitucional.
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Lo que dijo Sarukhán, por Carmen Aristegui F.
El acuerdo entre México y Estados Unidos para incrementar los recursos y cooperación en el combate al narcotráfico finalmente se oficializó. Hasta que George Bush solicitó a su Congreso el paquete de recursos por 500 millones de dólares es que pudimos empezar a escuchar al gobierno mexicano dar algunas explicaciones. La canciller alcanzó a decir en su comparecencia con el Senado que las negociaciones que desembocaron en la llamada “Iniciativa Mérida” no habían sido secretas sino discretas. Bueno... El senador Monreal llegó al punto de pedirle “Por amor de Dios, dénos el documento, queremos analizarlo”. La política de comunicación social de Los Pinos, de tan errática, atenta ya contra el propio Presidente. Esta semana se dieron el lujo de desmentir al embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, sin la más mínima consideración (“Precisión” fue la palabra que usaron en la Presidencia para hacer circular una tarjeta, sin firma ni membrete, que distribuyeron entre la prensa). Se pretendía revertir el efecto causado por las declaraciones hechas por el embajador el martes por la mañana a W Radio, respecto a que México aportaría —si el Congreso los aprobaba— 7 mil millones de dólares durante los próximos tres años. No conformes con la tarjeta, el encargado del área de comunicación de la Presidencia se acercó a los periodistas que se encontraban en la Sala de Prensa de Los Pinos para decirles que Sarukhán se había equivocado. ¿De verdad se había equivocado el embajador o simplemente se había tomado la libertad de informar algo sobre lo que no le estaba autorizado a hablar? Ya se sabe que la mayoría del gabinete está sometido a un férreo, absurdo y, supongo que, humillante control sobre sus políticas de comunicación desde Los Pinos. Le enmendaron la plana al embajador pero tendrían que hacerlo también con la contraparte estadounidense que ha dicho básicamente lo mismo sobre lo que le correspondería a México poner para este plan antinarco. Vea si no. Transcribo una parte de lo dicho por Sarukhán a W Radio y, en seguida, las palabras del subsecretario del Pentágono, Stephen Johnson, el 16 de octubre en Washington, recogidas por AFP.
W. Varias preguntas, embajador Sarukhán, una de ellas tiene que ver con algo que la semana pasada informaba un funcionario de los Estados Unidos respecto a lo que pone cada país, digámoslo así. Si el Congreso de Estados Unidos aprueba la solicitud del presidente Bush, estamos hablando de un periodo de tres años donde la cifra sería de mil 400 millones de dólares, empezando por 500. ¿Es verdad que en el caso mexicano la aportación llegaría a los 7 mil millones de dólares?
A.S. A lo largo de ese proceso, así es. El gobierno mexicano este año, el 2007, incrementó 24 por ciento, con relación al año pasado, sus recursos canalizados a la lucha contra el narcotráfico, aproximadamente 2.5, 2.4 mil millones que a lo largo del periodo de entregas de fondos equivalentes, de entrega de equipo, equivalentes a los 1.4 mil millones de dólares, suman los 7 mil millones de dólares.
W. Entonces, a ver si entendí bien, embajador Sarukhán: Estados Unidos pondría mil 400, México pondría 7 mil millones de dólares, a lo largo de los tres años...
A.S. Correcto.
Más adelante Sarukhán dice: “...el gobierno mexicano sometió un presupuesto que fue aprobado por el Congreso, que efectivamente aumenta de esta manera sustancial los recursos que están siendo canalizados este año a las agencias que tienen como su responsabilidad en México la lucha contra el crimen organizado. Las proyecciones de ejercicio presupuestario y de compromiso presupuestario que el Presidente desearía imprimir a esto, nos da esa cifra (7mmdd)... El Congreso mexicano tendrá en su momento, a medida que vaya avanzando, se vaya llegando a la aprobación de otros ejercicios presupuestales en los próximos años, tendrá que ir aprobando o no esta proyección de recursos que el gobierno mexicano tenga la intención de dedicar o etiquetar a la lucha contra el crimen organizado.
W. De los 7 mil millones de dólares calculados para este propósito, ¿hay ya una parte aprobada en el presupuesto vigente o esto tendría que operar para el 2008?
A.S. Efectivamente, la parte con la que se ha estado operando en este momento, en este año fiscal que es... es de dos punto y pico (mdd), que están siendo ejercidos este año y que fueron aprobados en diciembre del año pasado y evidentemente para este diciembre el gobierno mexicano tendrá que someter nuevamente al Congreso de nuestra nación las proyecciones para el próximo año”.
El subsecretario Stephen Johnson, por su parte, explicó durante una conferencia en el Diálogo Interamericano, un centro de análisis de Washington, que: “Mientras México pidió a Estados Unidos una contribución de mil 500 millones de dólares, está dispuesto a comprometer 7 mil millones de su propia parte en esta cooperación”. Calificó la cooperación “sin precedente e histórica”. “...Seguimos trabajando con México —dijo en aquella fecha— para definir mejor lo que será” el plan... Incluiría helicópteros, “una reforma de la policía (mexicana), material para los puestos fronterizos, entrenamiento para policías, barcos y material para la Marina”. ¿En qué quedamos pues? ¿Por qué corrigen al embajador? ¿Qué hay detrás de todo esto?
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Iniciativa sin política de Estado, por José Luis Piñeyro
Las últimas semanas ha habido una serie de declaraciones a medias y contradeclaraciones por parte de funcionarios públicos sobre el antes Plan México, hoy rebautizado como Iniciativa Mérida de asistencia policiaco-militar estadounidense. Lo único que queda claro es la descoordinación entre algunas secretarías de Estado mexicanas y estadounidenses, la secrecía de los compromisos políticos acordados con EU, el menosprecio de ambos presidentes por sus respectivos poderes legislativos y, por supuesto, de sus en principio representados, los pueblos de ambos países.
No abordaremos las muy posibles repercusiones negativas para la soberanía territorial, política e institucional mexicana, tema de anteriores ensayos nuestros y de otros colaboradores de este periódico; hoy sólo señalaremos brevemente cómo el Plan México no corresponde a una Política de Estado Democrática (PED) respecto de seguridad pública y nacional.
Rasgos de una PED son, entre otros, incorporar un visión temporal de largo plazo y espacial para todo el territorio, con una delimitación de objetivos precisos y permanentes, es decir, contempla el desarrollo regional y nacional y metas verificables sobre los avances contra el narcotráfico, no sólo golpes espectaculares (por cierto, el PM no incorpora sustitución de cultivos agrícolas de drogas, al inicio propuesta en el Plan Colombia); igualmente, es básico el consenso de las clases sociales, o sea, la firma del acuerdo nacional, inexistente no sólo en política de seguridad pública sino en política social, económica, comercial, industrial, militar; también debe contar con flexibilidad para cambiar ante escenarios de emergencia o imprevistos internos o internacionales; si el narcotráfico cambia de tácticas como aumentar las ejecuciones para generar temor entre las distintas policías y la ciudadanía o fomenta mayor drogadicción, debe confrontarse con campañas reales de participación social, prevención de la drogadicción y rehabilitación de adictos, y no insistir sólo en el enfoque represivo.
Asimismo, debe contar con instituciones estatales eficaces y transparentes con suficiente presupuesto para desempeñar sus misiones, pero honestidad, eficiencia y presupuesto no sólo para seguridad pública sino social, laboral y alimentaria; de igual manera, debe establecer alianzas estratégicas o tácticas con estados o bloques regionales afines al proyecto nacional; persistir en la condicionada asistencia policiaco-militar de EU sólo generará más dependencia técnica, tecnológica y política; existen otros países en América Latina y Europa para obtener esa asistencia.
Una PED debe contar con una contraloría gubernamental y social para supervisar al gobierno y a las instituciones estatales; los consejos ciudadanos deben ser efectivos y no máscaras de participación; igualmente, comprende un Poder Legislativo profesional y ágil con acuerdos básicos interpartidistas y con un poder presidencial que actúe como jefe de Estado y no de partido de gobierno.
Ayer Raymundo Riva Palacio mostró en su columna el pobre papel del Senado en la comparecencia de la canciller, mientras que Calderón actúa más como administrador semicolonial y de partido que como estadista; otra característica de una PED es la coordinación y cooperación interinstitucional estatal y no la complicidad interinstitucional donde una institución oculta a otra en sus errores de ejecución política; de igual modo, es central la vigencia de órganos del Poder Judicial autónomos y expeditos; el PM no es sólo dotación de equipo aéreo y de comunicación, sino modernización judicial, frente a lo que jueces anónimos señalan: “Nada más falta que nos capaciten para juzgar a migrantes, guerrilleros y narcotraficantes como terroristas”. Una PED que, sobre todo, responda a las necesidades materiales y morales de la nación y legitime y fortalezca las instituciones del Estado. Que responda a los verdaderos intereses nacionales.
A propósito de necesidades, el enfoque represivo antinarcóticos da prioridad al elemento técnico (más aeronaves, computadoras, entrenamiento) y subestima el elemento humano en el aspecto moral: de 2000 a 2006 desertaron 107 mil militares, un promedio de 45 diarios; en la Policía Federal Preventiva de 1999 a 2006 desertaron casi 5 mil militares, revela ayer la contribución de Jorge Luis Sierra en El Universal. La guerra antinarcóticos no se gana sólo con modernos elementos materiales, sino también con morales y amplia y permanente participación ciudadana. Romper con la visión estatocéntrica como solución exclusiva contra la inseguridad pública es fundamental, así como con la obsesiva subordinación estratégica a EU.
El encubrimiento
EL ENCUBRIMIENTO Y LOS ENCUBRIDORES.
Luis Javier Garrido
Las denuncias penales contra Vicente Fox Quesada por una serie de delitos oficiales que a todas luces cometió, no están haciendo más que desnudar aún más los rasgos espurios de la administración de Calderón y su sumisión a una serie de poderes de facto.
Luis Javier Garrido
Las denuncias penales contra Vicente Fox Quesada por una serie de delitos oficiales que a todas luces cometió, no están haciendo más que desnudar aún más los rasgos espurios de la administración de Calderón y su sumisión a una serie de poderes de facto.
1. Los dos gobiernos panistas que ha tenido el país en este siglo XXI han reproducido los dos, con singular mimetismo, la mayor parte de los rasgos característicos de los gobiernos de los años del PRI, incluyendo los que más han agraviado a los mexicanos: desde el abuso de poder y el tráfico de influencias hasta el encubrimiento, y esto está siendo evidente en las primeras semanas del gobierno de Calderón.
2. El régimen mexicano ha seguido, sobre todo con el PAN en el poder, hundido en la corrupción y al margen de un estado de derecho, de manera que la clase dominante es en la actualidad más impune que en los años del priísmo, tanto los grandes traficantes de influencias como los políticos panistas, y lo que acontece con Fox en 2007 es un ejemplo.
3. La pregunta que algunos se hacen sobre los motivos de Calderón para encubrir de manera tan obsecuente a Fox, a pesar de que algunos sectores de la derecha le sugieren proceder contra éste a fin de poder asentarse en el gobierno de facto, no son, por lo mismo, difíciles de encontrar.
4. Las evidencias que se han hecho públicas no dejan lugar a dudas de que Vicente Fox, el ex vendedor de coca-colas que llegó a Los Pinos en virtud de los acuerdos PAN-Salinas de 1988, ha sido uno de los delincuentes de Estado más desvergonzados que ha conocido el país, pues prevaliéndose de la impunidad presidencial cometió todo género de delitos contra la nación. Desde que se encaramó en el poder en 2000 utilizando recursos ilícitos del extranjero y de empresas privadas, hasta que en 2006 por un operativo fraudulento de Estado violentó de manera cínica la voluntad electoral de los mexicanos e impuso en la silla presidencial a Calderón, de lo que se sigue jactando, Fox cometió a lo largo de seis años todo género de delitos para enriquecerse sin límites junto con su esposa, sus hijastros, sus amigos y una serie de traficantes de influencias.
5. La denuncia penal que presentó ayer el PRD contra Fox por su responsabilidad criminal en el caso de la muerte de 65 trabajadores de la mina de Pasta de Conchos (Coahuila) el 19 de febrero y en el encubrimiento de los empresarios del Grupo México, así como por los delitos de peculado, colusión de servidores públicos, abuso de autoridad y contra la administración de justicia, hechos que en su momento trató de disimular al lanzarse a imponer una dirigencia charra al sindicato minero, no está haciendo por lo tanto más que desnudar más al gobierno de facto de Calderón, cuyos integrantes están tropezándose por exonerar a Fox.
6. Los motivos que éstos tienen no son difíciles de encontrar. El encubrimiento de Fox constituye un elemento central para lograr la cohesión de la nueva coalición de fuerzas que gobierna al país, y dentro de la cual los panistas, junto con los tecnócratas priístas, son un componente importante, en especial con vistas a la aspiración de muchos de mantenerse en el gobierno por lo menos un cuarto de siglo más. El gobierno de facto de Calderón, que no es más que un pelele de esos grupos,no tiene, por lo mismo, más que tomar nota de ello y encubrir a su antecesor.
7. Hay algo más, sin embargo. Al encubrir a Fox, Calderón está al mismo tiempo encubriendo el fraude electoral de 2006, del cual Fox fue uno de los artífices principales. Como en muchos aspectos más de su tarea de facto, el gobernante espurio no puede aplicar la ley: está atado de manos, como se lo recuerda Fox a cada rato.
8. Las prácticas políticas mafiosas de los miembros del PRI, que tanto denunciaron los panistas, no son ya de tal manera privativas de aquéllos. En poco más de seis años, los miembros del PAN se han esforzado en seguir el modelo y ya no sólo están, como ellos, entregando al extranjero los recursos de la nación, y pasando por sobre los derechos de los mexicanos y prevaleciendo por el fraude, o son expertos en tráfico de influencias y peculado, sino que se matan entre sí, y también se encubren.
9. El mensaje que estos grupos están enviando a los mexicanos lo mismo con la manipulación que hacen de los medios que con el encubrimiento de los políticos foxistas y salinistas que han delinquido y siguen delinquiendo contra la nación, es por lo tanto claro: el poder del Estado no está en disputa ni lo va a estar en los próximos años y, aun siendo minoría en el país, esa coalición de extrema derecha, formalmente encabezada por los panistas, utilizando todos los recursos lícitos e ilícitos en 2009 irá por la mayoría absoluta en las dos cámaras y en 2012 no dejará Los Pinos.
10. La imposición de 2006 se gestó desde mucho antes del 2 de julio, por lo que las fuerzas democráticas del país deben entender que la consolidación de esta coalición de intereses mafiosos en el poder debe ser impedida desde ahora.
POR LO QUE OPINO:
Ningún político, sea de derecha extrema o de la democracia representada por los mexicanos que queremos un México libre y soberano que sostenga su independencia con los factores de Unidad, Honestidad, Creatividad, Cultura, Salud, Productividad en un marco de legalidad y apoyo a nuestros compatriotas en base a la ayuda técnica, económica y física que podamos brindarles, corrigiendo el sistema de Procuracìón e impartición de justicia en igualdad de condiciones para todos; nadie, absolutamente nadie, se va a quedar con los brazos cruzados.
Luego entonces, ha llegado el momento para que con toda valentía, congruencia, las denuncias respectivas y las pruebas que deben ser cotejadas por la Auditoría Superior de la Federación, con las auditorías y los resultados de las mismas, que mantienen ocultas ilegalmente en diversas Dependencias de la Administración Pública Federal, (como puedo mencionar a la Secreetaría de Hacienda y Crédito Público, a Nafinsa, a la Procuraduría General de la República, al Cisen, Procuraduría Fiscal de la Federación, PEMEX Y LAS ADUANAS) con una "discrecionalidad absurda, totalmente improcedente", ahora, se realice la confrontación de estos hechos en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio de la Comisión Especial que investiga la verdad sobre la acusación al Expresidente Vicente Fox Quesada, dentro de una secuencia generalizada, por las inconformidades de la sociedad civil en su conjunto que nos sentimos agraviados y manejados con publicidad errónea para entorpecer todo lo que se comprueba día con día. CON LO QUE, TODO QUEDA MUY CLARO.
Como puedo señalar lo que se denuncia penalmente en la Procuraduría General de la República del enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, abuso de poder de la Institución Presidencial, que abarca en este punto tanto a Vicente Fox Quesada, Marta Sahagún Jiménez de Fox e hijos Bribiesca Sahagún; y servidores públicos que se someten indebidamente a consignas, intereres personales, partidistas y gubernamentales, pero que dicha Procuraduría oculta ilegalmente, causando aún más daño y más agitación social, porque todo esto es indignante para la sociedad actual y las generaciones futuras.
La Procuraduría General de la República, a través de su titular, Licenciado Eduardo Medina Mora, debe ser llamado a cuentas en el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y exigirle CON TODA SEVERIDAD, entregue todo lo que tiene sobre estas denuncias, sin excusa ni pretexto alguno, porque se trata de la Funcionalidad de dicha Institución bajo los preceptos de Legalidad, de Certeza Jurídica, de Honestidad y de Ética Profesional QUE PEDIMOS LOS Y LAS MEXICANAS, valores más que suficiente, para dejar todo libre y entregar todo lo que se les está solicitando conforme a derecho.
Nada ni nadie, por encima o fuera de la ley.
LIMPIEMOS MÉXICO.
Norma Esperanza Falcón Ruiz
Justicia, no carpetazo, piden los familiares de Brad Will
Sin sustento, la hipótesis de que fue asesinado por un miembro de la APPO
Blanche Petrich
La familia del periodista estadunidense Brad Will, asesinado hace un año en Oaxaca, durante un enfrentamiento en la barricada de Santa Lucía del Camino, cerca de la capital estatal, insiste en exigir al gobierno mexicano que realice “una investigación correcta y transparente, que se agoten todas las líneas posibles y que se arrojen resultados verificables y convincentes”, plantea en entrevista Miguel Ángel de los Santos, su asesor legal.
Contrario a versiones extraoficiales de la Procuraduría General de la República, que afirman que el caso está “a punto de ser cerrado”, a un año del asesinato del corresponsal de la agencia alternativa Indymedia, la averiguación previa del caso “está lejos de concluir”, explica el abogado.
Apenas el viernes 19 de octubre la averiguación fue atraída por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), que tendrá que confrontar y agotar las dos hipótesis que se manejan en torno a esta muerte. Una, que el informador murió por los disparos hechos a 30 metros de distancia por policías y funcionarios municipales que trataban de hacer retroceder a balazos a los activistas apostados en la barricada. Dos, que alguno de los activistas situados al lado de Will le disparó a una distancia de dos metros. Esta última línea fue privilegiada por la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, mientras el caso estuvo en su ámbito.
La primera línea que surgió inmediatamente después del enfrentamiento en Santa Lucía del Camino, donde resultaron heridas dos personas más, fue que Brad Will murió por los disparos hechos por los policías y funcionarios del municipio contra manifestantes de la APPO y periodistas a unos 30 metros de distancia. Incluso dos de ellos, Santiago Zárate, escolta del presidente municipal, y Pedro Carmona, policía local, fueron detenidos 48 horas después y liberados un mes más tarde por falta de pruebas.
A mediados de noviembre del año pasado, las autoridades del gobierno de Ulises Ruiz hicieron circular la versión de que después del primer disparo que recibió Will de frente, a la altura del esternón y que le provocó la muerte de forma casi inmediata, recibió un segundo “para rematarlo” en el trayecto entre Santa Lucía y la Cruz Roja de Oaxaca.
El 15 de noviembre del año pasado, la procuradora de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Cañas Cadeza, dio un giro a la investigación, al declarar que las balas que mataron a Will fueron disparadas por un miembro de la APPO en la barricada, como parte “de una conspiración para internacionalizar el conflicto, producto de una acción concertada”. Esta es la “hipótesis del tiro a corta distancia”.
“No hay un solo peritaje concluyente en este sentido”, refuta De los Santos. “Desde el inicio de la investigación, desde la misma autopsia, detectamos irregularidades. Más adelante vimos que el manejo que se le dio a la investigación pretendía sesgarla en favor de la hipótesis del disparo cercano. Pero nuevas investigaciones y los elementos probatorios con los que contamos hasta ahora no demuestran esa versión”.
Hasta ahora, la defensa de la familia Will ha centrado su estrategia en la recopilación de testimonios de las personas que estuvieron ese día (27 de octubre de 2006), a esa hora (cerca de las tres de la tarde), en la calle Benito Juárez, en Santa Lucía del Camino.
“Primero logramos que se descartara la versión de que el segundo disparo (que entró en sedal en el costado izquierdo del periodista) fue hecho lejos del lugar del enfrentamiento, en el trayecto hacia la Cruz Roja”, lo que hacía recaer la responsabilidad en el grupo de jóvenes que intentaron poner a salvo al estadunidense. “Presentamos fotografías y videos que muestran la segunda herida de bala desde los primeros momentos en que Brad fue abatido. Esa versión fue desvirtuada, totalmente, y la procuraduría ya la desechó”.
De los Santos asegura: “No estamos convencidos de que la hipótesis del disparo cercano pueda ser demostrada. No hay una sola prueba concluyente”.
Por el contrario, tratan de demostrar, a partir de las declaraciones ministeriales de periodistas y activistas que estuvieron al lado de Brad Will a la hora de su muerte, que los disparos que le costaron la vida fueron hechos de frente y a una distancia de unos 30 metros. “Todos nuestros testigos coinciden en afirmar, sin lugar a dudas, que los disparos provenían del otro lado de la barricada; nadie vio disparar a ninguno de los miembros de la APPO”, afirma el abogado, quien admite que sería posible que los testigos no se hubieran percatado del primer tiro, pero que es imposible que no hubieran visto nada en una segunda detonación si el autor de ésta hubiera estado situado cerca de ellos. También presentaron fotografías y videos que demuestran lo anterior.
Se ha demostrado pericialmente que ambas balas procedieron de la misma arma.
Entre los testimonios está el de Osvaldo Ramírez, fotógrafo del diario Milenio, quien resultó herido por la misma andanada de disparos que venían del lado opuesto de la barricada 10 minutos antes de los dos tiros fatales contra Brad Will. Ramírez sostiene que al recibir un impacto fue retirado del lugar y que, mientras lo atendían a varios metros de distancia, siguió oyendo disparos que venían de la misma dirección.
“Estamos trabajando para corroborar estos testimonios, que tienen sentido y lógica evidente”, aclara el asesor legal.
Howard y Cathy Will, padres de Brad, y su hermano Craig, quienes residen en Estados Unidos, viajaron a Oaxaca en marzo para conocer de primera mano el desarrollo de las investigaciones. Justo en esos días el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República. En ese momento se informó que la FBI había ofrecido asesoría a los investigadores mexicanos y que su colaboración fue rechazada. Al concluir su visita, la familia Will expresó su decepción por la falta de avances en la averiguación.
Otras pruebas presentadas por la defensa son videos y fotografías de periodistas tomadas a una distancia de 30 metros, aproximadamente, que lograron captar imágenes de hombres disparando con pistolas contra los manifestantes. Cinco de ellos han sido identificados: Carmona y Zárate, Orlando Manuel Aguilar Coello, comandante de la policía municipal, y Juan Carlos Soriano y Juan Sumano, elementos de la policía local. Todos están libres.
La FEADP tiene, en el caso de Brad Will, “la oportunidad de demostrar que puede ser un mecanismo eficaz para la defensa de la integridad de los periodistas. Pero sólo si lleva a cabo esta investigación con imparcialidad, objetividad y profundidad, y arroja resultados convincentes”, opinó Miguel Ángel de los Santos. Pese a las presiones de la procuraduría estatal por cerrar la instrucción y adelantar conclusiones, la defensa insiste en que la averiguación aún está en la fase de desahogo de pruebas. “Estamos en la idea de presentar nuestros propios estudios periciales”, informó.
En cuanto al apoyo brindado por la embajada de Estados Unidos, De los Santos comentó que “hasta donde he percibido, dentro de sus limitaciones, la misión diplomática mantiene una actitud de colaboración. Sí hay interés en aclarar los hechos y el embajador Antonio O. Garza personalmente se mantiene pendiente”.
El día que murió Brad Will otras tres personas fueron asesinadas en enfrentamientos similares en otras barricadas: Emilio Alonso Fabián, Esteban Ruiz y Esteban López Zurita. Ninguno de estos crímenes se ha aclarado.
Blanche Petrich
La familia del periodista estadunidense Brad Will, asesinado hace un año en Oaxaca, durante un enfrentamiento en la barricada de Santa Lucía del Camino, cerca de la capital estatal, insiste en exigir al gobierno mexicano que realice “una investigación correcta y transparente, que se agoten todas las líneas posibles y que se arrojen resultados verificables y convincentes”, plantea en entrevista Miguel Ángel de los Santos, su asesor legal.
Contrario a versiones extraoficiales de la Procuraduría General de la República, que afirman que el caso está “a punto de ser cerrado”, a un año del asesinato del corresponsal de la agencia alternativa Indymedia, la averiguación previa del caso “está lejos de concluir”, explica el abogado.
Apenas el viernes 19 de octubre la averiguación fue atraída por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), que tendrá que confrontar y agotar las dos hipótesis que se manejan en torno a esta muerte. Una, que el informador murió por los disparos hechos a 30 metros de distancia por policías y funcionarios municipales que trataban de hacer retroceder a balazos a los activistas apostados en la barricada. Dos, que alguno de los activistas situados al lado de Will le disparó a una distancia de dos metros. Esta última línea fue privilegiada por la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, mientras el caso estuvo en su ámbito.
La primera línea que surgió inmediatamente después del enfrentamiento en Santa Lucía del Camino, donde resultaron heridas dos personas más, fue que Brad Will murió por los disparos hechos por los policías y funcionarios del municipio contra manifestantes de la APPO y periodistas a unos 30 metros de distancia. Incluso dos de ellos, Santiago Zárate, escolta del presidente municipal, y Pedro Carmona, policía local, fueron detenidos 48 horas después y liberados un mes más tarde por falta de pruebas.
A mediados de noviembre del año pasado, las autoridades del gobierno de Ulises Ruiz hicieron circular la versión de que después del primer disparo que recibió Will de frente, a la altura del esternón y que le provocó la muerte de forma casi inmediata, recibió un segundo “para rematarlo” en el trayecto entre Santa Lucía y la Cruz Roja de Oaxaca.
El 15 de noviembre del año pasado, la procuradora de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Cañas Cadeza, dio un giro a la investigación, al declarar que las balas que mataron a Will fueron disparadas por un miembro de la APPO en la barricada, como parte “de una conspiración para internacionalizar el conflicto, producto de una acción concertada”. Esta es la “hipótesis del tiro a corta distancia”.
“No hay un solo peritaje concluyente en este sentido”, refuta De los Santos. “Desde el inicio de la investigación, desde la misma autopsia, detectamos irregularidades. Más adelante vimos que el manejo que se le dio a la investigación pretendía sesgarla en favor de la hipótesis del disparo cercano. Pero nuevas investigaciones y los elementos probatorios con los que contamos hasta ahora no demuestran esa versión”.
Hasta ahora, la defensa de la familia Will ha centrado su estrategia en la recopilación de testimonios de las personas que estuvieron ese día (27 de octubre de 2006), a esa hora (cerca de las tres de la tarde), en la calle Benito Juárez, en Santa Lucía del Camino.
“Primero logramos que se descartara la versión de que el segundo disparo (que entró en sedal en el costado izquierdo del periodista) fue hecho lejos del lugar del enfrentamiento, en el trayecto hacia la Cruz Roja”, lo que hacía recaer la responsabilidad en el grupo de jóvenes que intentaron poner a salvo al estadunidense. “Presentamos fotografías y videos que muestran la segunda herida de bala desde los primeros momentos en que Brad fue abatido. Esa versión fue desvirtuada, totalmente, y la procuraduría ya la desechó”.
De los Santos asegura: “No estamos convencidos de que la hipótesis del disparo cercano pueda ser demostrada. No hay una sola prueba concluyente”.
Por el contrario, tratan de demostrar, a partir de las declaraciones ministeriales de periodistas y activistas que estuvieron al lado de Brad Will a la hora de su muerte, que los disparos que le costaron la vida fueron hechos de frente y a una distancia de unos 30 metros. “Todos nuestros testigos coinciden en afirmar, sin lugar a dudas, que los disparos provenían del otro lado de la barricada; nadie vio disparar a ninguno de los miembros de la APPO”, afirma el abogado, quien admite que sería posible que los testigos no se hubieran percatado del primer tiro, pero que es imposible que no hubieran visto nada en una segunda detonación si el autor de ésta hubiera estado situado cerca de ellos. También presentaron fotografías y videos que demuestran lo anterior.
Se ha demostrado pericialmente que ambas balas procedieron de la misma arma.
Entre los testimonios está el de Osvaldo Ramírez, fotógrafo del diario Milenio, quien resultó herido por la misma andanada de disparos que venían del lado opuesto de la barricada 10 minutos antes de los dos tiros fatales contra Brad Will. Ramírez sostiene que al recibir un impacto fue retirado del lugar y que, mientras lo atendían a varios metros de distancia, siguió oyendo disparos que venían de la misma dirección.
“Estamos trabajando para corroborar estos testimonios, que tienen sentido y lógica evidente”, aclara el asesor legal.
Howard y Cathy Will, padres de Brad, y su hermano Craig, quienes residen en Estados Unidos, viajaron a Oaxaca en marzo para conocer de primera mano el desarrollo de las investigaciones. Justo en esos días el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República. En ese momento se informó que la FBI había ofrecido asesoría a los investigadores mexicanos y que su colaboración fue rechazada. Al concluir su visita, la familia Will expresó su decepción por la falta de avances en la averiguación.
Otras pruebas presentadas por la defensa son videos y fotografías de periodistas tomadas a una distancia de 30 metros, aproximadamente, que lograron captar imágenes de hombres disparando con pistolas contra los manifestantes. Cinco de ellos han sido identificados: Carmona y Zárate, Orlando Manuel Aguilar Coello, comandante de la policía municipal, y Juan Carlos Soriano y Juan Sumano, elementos de la policía local. Todos están libres.
La FEADP tiene, en el caso de Brad Will, “la oportunidad de demostrar que puede ser un mecanismo eficaz para la defensa de la integridad de los periodistas. Pero sólo si lleva a cabo esta investigación con imparcialidad, objetividad y profundidad, y arroja resultados convincentes”, opinó Miguel Ángel de los Santos. Pese a las presiones de la procuraduría estatal por cerrar la instrucción y adelantar conclusiones, la defensa insiste en que la averiguación aún está en la fase de desahogo de pruebas. “Estamos en la idea de presentar nuestros propios estudios periciales”, informó.
En cuanto al apoyo brindado por la embajada de Estados Unidos, De los Santos comentó que “hasta donde he percibido, dentro de sus limitaciones, la misión diplomática mantiene una actitud de colaboración. Sí hay interés en aclarar los hechos y el embajador Antonio O. Garza personalmente se mantiene pendiente”.
El día que murió Brad Will otras tres personas fueron asesinadas en enfrentamientos similares en otras barricadas: Emilio Alonso Fabián, Esteban Ruiz y Esteban López Zurita. Ninguno de estos crímenes se ha aclarado.
Ratifica Alberto Cárdenas libre entrada de maíz, frijol y leche en 2008
Ninguna asociación campesina está buscando renegociar el TLCAN, señala
Verónica González Cárdenas (Corresponsal)
Colima, Col., 26 de octubre. El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, informó que no se renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que en 2008 se podrán importar libremente maíz, sorgo, leche y azúcar, los últimos productos agropecuarios que se mantienen con un impuesto por su adquisición en el extranjero.
Durante una gira de trabajo por esta entidad, acompañado del gobernador, Silverio Cavazos Ceballos, el funcionario anunció una inversión de 3 mil millones de pesos para el campo colimense en la administración del presidente Felipe Calderón.
Dijo que no hay nadie que tenga como bandera política la renegociación del TLCAN y que la liberación arancelaria de la importación de granos no afectará a los productores mexicanos, porque no se comprarán grandes volúmenes.
“Cuando hablamos del TLCAN tenemos que recordar que a estas alturas del partido más de mil 100 operaciones arancelarias se desgravaron, es decir, podemos mandar de aquí para allá y de allá para acá diversas mercancías sin pagar ningún arancel. Sólo faltan el maíz, frijol, leche y azúcar”, refirió.
“Al arrancar el TLCAN, el maíz tenía 250 por ciento de arancel, ahora lo tenemos con 11 por ciento, y así están más o menos igual el frijol, la leche y el azúcar”, señaló.
“Entonces, como está el contexto internacional, no se prevé que para el primero de enero de 2008 tengamos una avalancha de maíz que deje plantados a nuestros productores”, explicó.
Consideró que el tema de la renegociación del TLCAN no es bandera de ninguna asociación campesina, “porque ahora todo mundo ve cómo integrarnos mejor a ese mercado de 430 millones de consumidores” y que ningún grupo ha documentado que México tenga un foco rojo en ese rubro.
“Creo que tenemos, como en todos los países, rubros en los que estamos muy fuertes. Somos el país número uno a nivel mundial en producción de aguacate, ni Estados Unidos ni Canadá nos hacen competencia.
“En producción de limón, jitomate, pepino, melón, sandía, espárragos, tequila, cerveza y un sinfín de productos somos de los mejores del mundo; a veces lo malo es que no nos la creemos o no se las creen muchas personas.”
Sin embargo, agregó, en varios productos nuestra productividad es baja. “En maíz producimos 2.8 toneladas por hectárea, mientras Estados Unidos genera casi 10. Si hablamos de las vacas, andamos en 3.4 por litros, por supuesto que nos falta mucha tarea en productividad y hacia allá están orientados los programas federales.”
Interrogado sobre las opiniones de especialistas que advierten que con la entrada en vigor del TLCAN se puso en riesgo la soberanía alimentaria de México, Cárdenas Jiménez señaló que con base en los parámetros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), México es un país que tiene 94.6 por ciento de soberanía alimentaria, ya que anualmente exporta 250 mil millones de dólares e importa 17 mil millones de dólares en estos productos.
Anunció que durante el sexenio del presidente Calderón se prevé que este rubro aumente a 96 por ciento y se pondrá mayor énfasis en el tema de la seguridad alimentaria, de manera que el país tenga la certeza de que en todo momento tendrá acceso a los alimentos incrementando la productividad de la frontera agropecuaria, que actualmente es de 30 millones de hectáreas.
Sin comentarios.
Verónica González Cárdenas (Corresponsal)
Colima, Col., 26 de octubre. El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, informó que no se renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que en 2008 se podrán importar libremente maíz, sorgo, leche y azúcar, los últimos productos agropecuarios que se mantienen con un impuesto por su adquisición en el extranjero.
Durante una gira de trabajo por esta entidad, acompañado del gobernador, Silverio Cavazos Ceballos, el funcionario anunció una inversión de 3 mil millones de pesos para el campo colimense en la administración del presidente Felipe Calderón.
Dijo que no hay nadie que tenga como bandera política la renegociación del TLCAN y que la liberación arancelaria de la importación de granos no afectará a los productores mexicanos, porque no se comprarán grandes volúmenes.
“Cuando hablamos del TLCAN tenemos que recordar que a estas alturas del partido más de mil 100 operaciones arancelarias se desgravaron, es decir, podemos mandar de aquí para allá y de allá para acá diversas mercancías sin pagar ningún arancel. Sólo faltan el maíz, frijol, leche y azúcar”, refirió.
“Al arrancar el TLCAN, el maíz tenía 250 por ciento de arancel, ahora lo tenemos con 11 por ciento, y así están más o menos igual el frijol, la leche y el azúcar”, señaló.
“Entonces, como está el contexto internacional, no se prevé que para el primero de enero de 2008 tengamos una avalancha de maíz que deje plantados a nuestros productores”, explicó.
Consideró que el tema de la renegociación del TLCAN no es bandera de ninguna asociación campesina, “porque ahora todo mundo ve cómo integrarnos mejor a ese mercado de 430 millones de consumidores” y que ningún grupo ha documentado que México tenga un foco rojo en ese rubro.
“Creo que tenemos, como en todos los países, rubros en los que estamos muy fuertes. Somos el país número uno a nivel mundial en producción de aguacate, ni Estados Unidos ni Canadá nos hacen competencia.
“En producción de limón, jitomate, pepino, melón, sandía, espárragos, tequila, cerveza y un sinfín de productos somos de los mejores del mundo; a veces lo malo es que no nos la creemos o no se las creen muchas personas.”
Sin embargo, agregó, en varios productos nuestra productividad es baja. “En maíz producimos 2.8 toneladas por hectárea, mientras Estados Unidos genera casi 10. Si hablamos de las vacas, andamos en 3.4 por litros, por supuesto que nos falta mucha tarea en productividad y hacia allá están orientados los programas federales.”
Interrogado sobre las opiniones de especialistas que advierten que con la entrada en vigor del TLCAN se puso en riesgo la soberanía alimentaria de México, Cárdenas Jiménez señaló que con base en los parámetros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), México es un país que tiene 94.6 por ciento de soberanía alimentaria, ya que anualmente exporta 250 mil millones de dólares e importa 17 mil millones de dólares en estos productos.
Anunció que durante el sexenio del presidente Calderón se prevé que este rubro aumente a 96 por ciento y se pondrá mayor énfasis en el tema de la seguridad alimentaria, de manera que el país tenga la certeza de que en todo momento tendrá acceso a los alimentos incrementando la productividad de la frontera agropecuaria, que actualmente es de 30 millones de hectáreas.
Sin comentarios.
Ecuador insiste en que EU saldrá de Manta en 2009
Afp
Quito, 26 de octubre. Ecuador insistió hoy, durante una reunión internacional en favor de Cuba, en que los soldados estadunidenses que operan en su territorio saldrán en noviembre de 2009, cuando concluye un acuerdo que les permite el uso de una base militar antidrogas. “Es inalterable e irreversible la decisión de terminar con la base de Manta en noviembre de 2009”, expresó Galo Mora, delegado del presidente Rafael Correa para el Quinto Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. La declaración desató vítores entre unos 300 dirigentes políticos, sociales e intelectuales de Latinoamérica que asisten a la reunión, entre ellos el jefe del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón. Washington y Quito suscribieron en 1999 un acuerdo de cooperación por 10 años que autoriza a un máximo de 475 militares estadunidenses operar una base de la fuerza aérea ecuatoriana en el puerto de Manta, considerada estratégica por Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico.
Quito, 26 de octubre. Ecuador insistió hoy, durante una reunión internacional en favor de Cuba, en que los soldados estadunidenses que operan en su territorio saldrán en noviembre de 2009, cuando concluye un acuerdo que les permite el uso de una base militar antidrogas. “Es inalterable e irreversible la decisión de terminar con la base de Manta en noviembre de 2009”, expresó Galo Mora, delegado del presidente Rafael Correa para el Quinto Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. La declaración desató vítores entre unos 300 dirigentes políticos, sociales e intelectuales de Latinoamérica que asisten a la reunión, entre ellos el jefe del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón. Washington y Quito suscribieron en 1999 un acuerdo de cooperación por 10 años que autoriza a un máximo de 475 militares estadunidenses operar una base de la fuerza aérea ecuatoriana en el puerto de Manta, considerada estratégica por Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico.
Cumple Evo Morales 48 años en medio de protestas en 7 regiones
La Constituyente, a punto de colapsar en Bolivia
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 26 de octubre. El presidente boliviano, Evo Morales, cumplió hoy 48 años en medio de una de las más fuertes tensiones políticas que ha tenido que enfrentar en sus 21 meses de gobierno, con protestas de prefecturas, municipios y universidades públicas en siete de nueve regiones que rechazan se les recorte parte de un impuesto petrolero para un bono para ancianos.
Además, agoniza la Asamblea Constituyente, la escasez de diesel llevó al gobierno a ordenar la vigilancia militar de las estaciones de servicio para combatir el contrabando y el Tribunal Constitucional quedó descabezado al renunciar las magistradas Elizabeth Iñiguez y Martha Rojas, que habían sido acusadas de prevaricato por el jefe del Ejecutivo y ahora denunciaron sufrir “amedrentamiento”.
En ese contexto, Morales recibirá el próximo domingo en Rimimi, Italia, una medalla de oro que otorga el Centro Internacional Pío Manzú, dirigido por el premio Nobel de la Paz 1990, Mijail Gorbachov, por ser “la esperanza del cambio de los indígenas de Latinoamérica”, según informó hoy la agencia gubernamental ABI.
Morales viajará este sábado a Italia, donde permanecerá hasta el martes. Durante su estancia se entrevistará con empresarios privados, dirigentes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Fausto Bertinotti, el primer ministro Romano Prodi y el presidente de la república Giorgio Napolitano.
Temprano por la mañana, Morales recibió en el Palacio Quemado a sus ex compañeros de colegio, así como a varios de sus allegados políticos y de gabinete. Declaró que confía en salir adelante frente a las fuerzas conservadoras, ya que el respaldo popular es su mayor aliciente para continuar con la revolución política económica y social en su marcha por el cambio.
Posteriormente se trasladó a Cochabamba, al poblado de Lauca Ñ, su bastión político y sede de las seis federaciones de productores de hoja de coca, donde insistió en que su gobierno defenderá el pago de la renta vitalicia para mayores de 60 años.
Esta noche la Cámara de Diputados se aprestaba a aprobar el proyecto de ley sobre la materia enviado por Morales, pero la oposición derechista encabezada por Poder Democrático y Social anticipó que no será aprobado en el Senado, aunque sostiene que apoyan el bono siempre y cuando no se pague con el tributo petrolero sino con los ingresos del Tesoro General de la Nación.
Las protestas de esos sectores contra el recorte de 30 por ciento del impuesto petrolero, del que ahora se benefician, continuaron este día, mientras que en Sucre se mantiene el bloqueo que impide los trabajos de la Asamblea Constituyente en reclamo de que la ciudad sea declarada capital del país.
¡Cuidado! con el monstruo oligárquico que se retuerce negándose a morir, sus coletazos pueden ser mortales. No te dejes Bolivia, eres una de las esperanzas de que el mundo tome un mejor derrotero.
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 26 de octubre. El presidente boliviano, Evo Morales, cumplió hoy 48 años en medio de una de las más fuertes tensiones políticas que ha tenido que enfrentar en sus 21 meses de gobierno, con protestas de prefecturas, municipios y universidades públicas en siete de nueve regiones que rechazan se les recorte parte de un impuesto petrolero para un bono para ancianos.
Además, agoniza la Asamblea Constituyente, la escasez de diesel llevó al gobierno a ordenar la vigilancia militar de las estaciones de servicio para combatir el contrabando y el Tribunal Constitucional quedó descabezado al renunciar las magistradas Elizabeth Iñiguez y Martha Rojas, que habían sido acusadas de prevaricato por el jefe del Ejecutivo y ahora denunciaron sufrir “amedrentamiento”.
En ese contexto, Morales recibirá el próximo domingo en Rimimi, Italia, una medalla de oro que otorga el Centro Internacional Pío Manzú, dirigido por el premio Nobel de la Paz 1990, Mijail Gorbachov, por ser “la esperanza del cambio de los indígenas de Latinoamérica”, según informó hoy la agencia gubernamental ABI.
Morales viajará este sábado a Italia, donde permanecerá hasta el martes. Durante su estancia se entrevistará con empresarios privados, dirigentes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Fausto Bertinotti, el primer ministro Romano Prodi y el presidente de la república Giorgio Napolitano.
Temprano por la mañana, Morales recibió en el Palacio Quemado a sus ex compañeros de colegio, así como a varios de sus allegados políticos y de gabinete. Declaró que confía en salir adelante frente a las fuerzas conservadoras, ya que el respaldo popular es su mayor aliciente para continuar con la revolución política económica y social en su marcha por el cambio.
Posteriormente se trasladó a Cochabamba, al poblado de Lauca Ñ, su bastión político y sede de las seis federaciones de productores de hoja de coca, donde insistió en que su gobierno defenderá el pago de la renta vitalicia para mayores de 60 años.
Esta noche la Cámara de Diputados se aprestaba a aprobar el proyecto de ley sobre la materia enviado por Morales, pero la oposición derechista encabezada por Poder Democrático y Social anticipó que no será aprobado en el Senado, aunque sostiene que apoyan el bono siempre y cuando no se pague con el tributo petrolero sino con los ingresos del Tesoro General de la Nación.
Las protestas de esos sectores contra el recorte de 30 por ciento del impuesto petrolero, del que ahora se benefician, continuaron este día, mientras que en Sucre se mantiene el bloqueo que impide los trabajos de la Asamblea Constituyente en reclamo de que la ciudad sea declarada capital del país.
¡Cuidado! con el monstruo oligárquico que se retuerce negándose a morir, sus coletazos pueden ser mortales. No te dejes Bolivia, eres una de las esperanzas de que el mundo tome un mejor derrotero.
Mensaje de Chile: Sigan robando, no les pasará nada
La medida también beneficia a 10 cercanos colaboradores del ex dictador
Anula la justicia chilena procesos contra la familia de Pinochet por malversación
Abogados querellantes y el Consejo de Defensa del Estado apelarán de la resolución
Enrique Gutiérrez (Corresponsal)
Santiago, 26 de octubre. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy los procesos por malversación de fondos públicos que afrontaba la familia del fallecido ex dictador Augusto Pinochet, en relación con una investigación sobre cuentas secretas millonarias, al acoger los recursos de amparo que fueron presentados por la defensa.
Tras estas revocaciones, el mensaje que envía Chile a la cantidad de mandatarios corruptos de Latinoamérica sería entonces: Sigan robándole a sus pueblos, no les pasará nada, la ley está a modo para que lo hagan impunemente.
La medida, que también benefició a otros asesores y allegados a la familia que están implicados, será apelada tanto por los abogados querellantes como por el Consejo de Defensa del Estado, ente jurídico autónomo, en representación de los intereses del fisco chileno, al insistir en que los delitos imputados están plenamente acreditados.
La familia Pinochet se declaró satisfecha porque “prevaleció la justicia” y rechazó la forma en que fueron arrestados el 4 de octubre anterior por orden del juez Carlos Cerda, quien los puso tras las rejas durante 48 horas. Empero, no logró procesar al ex general Pinochet, quien murió a los 91 años en diciembre pasado.
Los magistrados de la quinta sala del tribunal decidieron por unanimidad absolver de los cargos imputados a la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, así como a cuatro de los cinco hijos: Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio.
Sólo Augusto Pinochet Hiriart, el primogénito, sigue bajo proceso, ya que optó por una vía judicial diferente a la de sus familiares, por lo que su situación procesal deberá ser resuelta en los próximos días, se informó.
El fallo asienta que “no se advierte que los procesados tuvieran conocimiento o voluntad en torno al designio criminal de apropiarse de caudales públicos”, y que tampoco se les ha interrogado sobre la existencia de tales gastos reservados, como tampoco sobre su manejo “ni acerca de otras circunstancias fácticas relacionadas con esto”.
Acerca de los otros 17 acusados del entorno del clan Pinochet, la resolución también anuló los procesos contra otros 10 cercanos ex colaboradores. Además, de oficio –sin que hayan presentado recursos de amparo– resultaron beneficiados un militar en servicio activo y su ex asesor.
El caso tiene que ver con las investigaciones sobre la fortuna de los Pinochet, que asciende a unos 27 millones de dólares, detectados en el banco estadunidense Riggs y otros paraísos fiscales, que según las pesquisas del juez se originaron de fondos del Estado y del cobro de comisiones por compraventa de armas, principalmente.
Pero también en Europa se cuecen habas:
Tribunal italiano exonera al ex premier Silvio Berlusconi
Dpa
Roma. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue exonerado hoy en última instancia por cargos de corrupción durante la privatización de una empresa en los años 80. Se le investigaba por presunto pago de sobornos a jueces en relación con la venta de la empresa de alimentos SME, años antes de su ingreso a la política, en los 90.
Anula la justicia chilena procesos contra la familia de Pinochet por malversación
Abogados querellantes y el Consejo de Defensa del Estado apelarán de la resolución
Enrique Gutiérrez (Corresponsal)
Santiago, 26 de octubre. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy los procesos por malversación de fondos públicos que afrontaba la familia del fallecido ex dictador Augusto Pinochet, en relación con una investigación sobre cuentas secretas millonarias, al acoger los recursos de amparo que fueron presentados por la defensa.
Tras estas revocaciones, el mensaje que envía Chile a la cantidad de mandatarios corruptos de Latinoamérica sería entonces: Sigan robándole a sus pueblos, no les pasará nada, la ley está a modo para que lo hagan impunemente.
La medida, que también benefició a otros asesores y allegados a la familia que están implicados, será apelada tanto por los abogados querellantes como por el Consejo de Defensa del Estado, ente jurídico autónomo, en representación de los intereses del fisco chileno, al insistir en que los delitos imputados están plenamente acreditados.
La familia Pinochet se declaró satisfecha porque “prevaleció la justicia” y rechazó la forma en que fueron arrestados el 4 de octubre anterior por orden del juez Carlos Cerda, quien los puso tras las rejas durante 48 horas. Empero, no logró procesar al ex general Pinochet, quien murió a los 91 años en diciembre pasado.
Los magistrados de la quinta sala del tribunal decidieron por unanimidad absolver de los cargos imputados a la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, así como a cuatro de los cinco hijos: Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio.
Sólo Augusto Pinochet Hiriart, el primogénito, sigue bajo proceso, ya que optó por una vía judicial diferente a la de sus familiares, por lo que su situación procesal deberá ser resuelta en los próximos días, se informó.
El fallo asienta que “no se advierte que los procesados tuvieran conocimiento o voluntad en torno al designio criminal de apropiarse de caudales públicos”, y que tampoco se les ha interrogado sobre la existencia de tales gastos reservados, como tampoco sobre su manejo “ni acerca de otras circunstancias fácticas relacionadas con esto”.
Acerca de los otros 17 acusados del entorno del clan Pinochet, la resolución también anuló los procesos contra otros 10 cercanos ex colaboradores. Además, de oficio –sin que hayan presentado recursos de amparo– resultaron beneficiados un militar en servicio activo y su ex asesor.
El caso tiene que ver con las investigaciones sobre la fortuna de los Pinochet, que asciende a unos 27 millones de dólares, detectados en el banco estadunidense Riggs y otros paraísos fiscales, que según las pesquisas del juez se originaron de fondos del Estado y del cobro de comisiones por compraventa de armas, principalmente.
Pero también en Europa se cuecen habas:
Tribunal italiano exonera al ex premier Silvio Berlusconi
Dpa
Roma. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue exonerado hoy en última instancia por cargos de corrupción durante la privatización de una empresa en los años 80. Se le investigaba por presunto pago de sobornos a jueces en relación con la venta de la empresa de alimentos SME, años antes de su ingreso a la política, en los 90.
Demandan 4 ONG en Francia al ex jefe del Pentágono Donald Rumsfeld
El ex secretario de Defensa de EU instigó la tortura en Abu Ghraib y Guantánamo, acusan
Exigen la detención y procesamiento del ex funcionario estadunidense, que se encuentra en París
Invocan el “principio de competencia universal” de los tribunales franceses y de Estados Unidos
Reuters y Afp
París, 26 de octubre. Cuatro organizaciones no gubernamentales demandaron en un tribunal francés al ex secretario de Defensa estadunidense Donald Rumsfeld por instigar la tortura en las prisiones de Guantánamo y Abu Ghraib, y aprovecharon su presencia aquí para pedir su detención y procesamiento.
Las agrupaciones demandantes son la Federación Internacional de Derechos del Hombre (FIDH), entidad consultora de la Organización de Naciones Unidas; el Centro por los Derechos Constitucionales (CDC), una de las entidades estadunidenses más combativas en su ramo; la Liga Francesa de los Derechos Humanos, y el Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales.
El anuncio de la demanda fue hecho hoy en la capital francesa, pero fue depositada el pasado jueves ante el procurador del Tribunal de Gran Instancia de París, Jacques Marín, y en el documento se especifica la petición para proceder a su detención o para tomar las medidas que “aseguren” su “presencia en territorio francés”.
Rumsfeld llegó el pasado jueves a París para participar en un debate sobre temas internacionales organizada por la publicación estadunidense Foreign Policy, que trimestralmente trata temas relacionados con la política exterior de Washington y las relaciones internacionales en general.
Para pedir el inicio de un juicio a Rumsfeld las cuatro organizaciones invocaron el principio de “competencia universal” que tienen los tribunales franceses, ya que Francia es –igual que Estados Unidos– uno de los países que firmaron y ratificaron la Convención contra la Tortura de 1984.
La competencia internacional abre la posibilidad de que jueces locales tomen casos internacionales que ocurren fuera de Francia.
“La presentación de la demanda en Francia es una nueva señal de que no nos detendremos hasta que las autoridades estadunidenses implicadas en el programa de tortura sean llevadas ante la justicia. Donald Rumsfeld debe comprender que no tiene lugar dónde esconderse. Un torturador es un enemigo de la humanidad”, afirmó el presidente del CDC de Estados Unidos, Michael Ratner, citado por el diario francés Liberation en su versión en Internet.
La demanda está integrada en 33 páginas y detalla especialmente el caso de Mohamed Qahtani, ciudadano francés que fue torturado en Guantánamo desde su internación en enero de 2002.
Las organizaciones mencionan que en tres memorandos firmados por Rumsfeld entre octubre de 2002 y abril de 2003 se justificó la utilización de la tortura con métodos como la privación del sueño, la sobrestimulación auditiva y el uso de perros.
El texto se refiere igualmente a Janis Karpinski, ex brigadier general del ejército estadunidense, a cargo de del centro de detención de Abu Ghraib –en las afueras de Bagdad–, quien dijo que por órdenes del jefe de operaciones de Guantánamo, general Geoffrey Miller, a los presos se les debía tratar peor que a los perros.
“El general Miller (designado por Rumsfeld en Irak en 2004) dice que los interrogatorios no habían sido agresivos. Ustedes deben tratarlos (a los prisioneros) como perros. Si ellos consideran en algún momento que son algo más que un perro, entonces habrán perdido el control del interrogatorio. Los prisioneros comprenden así quién manda”, sostuvo la ex encargada de Abu Ghraib.
La FIDH sostuvo en un comunicado que esta demanda fue presentada en Francia tras de que las autoridades estadunidenses e iraquíes han rechazado que los crímenes denunciados en contra de Rumsfeld y de otros altos responsables estadunidenses sean llevados ante un tribunal independiente, pese a que existe documentación muy detallada y hay memorandos que los comprometen directamente en delitos de tortura.
“Estados Unidos se ha rehusado a ratificar el estatuto de la Corte Penal Internacional, que es la base para que Francia conozca sobre esos casos”, precisó la FIDH.
Hoy, unos 20 activistas protestaron frente a un restaurante donde Rumsfeld desayunó con otras personas y se llevó a cabo la mesa de debate de Foreign Policy.
Mutismo de Estados Unidos
Ni Rumsfeld ni ningún otro funcionario estadunidense en París se refirió a la demanda. Las autoridades francesas tampoco dieron a conocer si habían emprendido acciones policiales en su contra, a pesar de que el periódico Le Monde confirmó en su sitio en Internet que la queja fue recibida en el tribunal mencionado.
Antes de la demanda presentada el jueves anterior en París, Rumsfeld ha sido denunciado en Argentina en 2005, y en Suecia y Alemania en 2007.
Después de los ataques estadunidenses de septiembre de 2001 contra Irak, el presidente George W. Bush emprendió la llamada “guerra contra el terrorismo”, y además de las invasiones a Afganistán e Irak comenzó a encarcelar a presuntos combatientes islámicos en Guantánamo, que llegaron a sumar alrededor de 700.
Según información de agencias internacionales de noticias, en la prisión instalada en la base naval de Guantánamo, Cuba, permanecen cerca de 500 presos y casi todos están ahí sin expectativas de un juicio ante tribunales.
De acuerdo con un despacho del diario británico The Independent, un abogado militar estadunidense presentará el 5 de diciembre una crítica legal ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sobre el estatuto de “combatiente enemigo” que impide a los detenidos en Guantánamo abrir su caso en los tribunales, crítica legal que es apoyada por el CDC.
Exigen la detención y procesamiento del ex funcionario estadunidense, que se encuentra en París
Invocan el “principio de competencia universal” de los tribunales franceses y de Estados Unidos
Reuters y Afp
París, 26 de octubre. Cuatro organizaciones no gubernamentales demandaron en un tribunal francés al ex secretario de Defensa estadunidense Donald Rumsfeld por instigar la tortura en las prisiones de Guantánamo y Abu Ghraib, y aprovecharon su presencia aquí para pedir su detención y procesamiento.
Las agrupaciones demandantes son la Federación Internacional de Derechos del Hombre (FIDH), entidad consultora de la Organización de Naciones Unidas; el Centro por los Derechos Constitucionales (CDC), una de las entidades estadunidenses más combativas en su ramo; la Liga Francesa de los Derechos Humanos, y el Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales.
El anuncio de la demanda fue hecho hoy en la capital francesa, pero fue depositada el pasado jueves ante el procurador del Tribunal de Gran Instancia de París, Jacques Marín, y en el documento se especifica la petición para proceder a su detención o para tomar las medidas que “aseguren” su “presencia en territorio francés”.
Rumsfeld llegó el pasado jueves a París para participar en un debate sobre temas internacionales organizada por la publicación estadunidense Foreign Policy, que trimestralmente trata temas relacionados con la política exterior de Washington y las relaciones internacionales en general.
Para pedir el inicio de un juicio a Rumsfeld las cuatro organizaciones invocaron el principio de “competencia universal” que tienen los tribunales franceses, ya que Francia es –igual que Estados Unidos– uno de los países que firmaron y ratificaron la Convención contra la Tortura de 1984.
La competencia internacional abre la posibilidad de que jueces locales tomen casos internacionales que ocurren fuera de Francia.
“La presentación de la demanda en Francia es una nueva señal de que no nos detendremos hasta que las autoridades estadunidenses implicadas en el programa de tortura sean llevadas ante la justicia. Donald Rumsfeld debe comprender que no tiene lugar dónde esconderse. Un torturador es un enemigo de la humanidad”, afirmó el presidente del CDC de Estados Unidos, Michael Ratner, citado por el diario francés Liberation en su versión en Internet.
La demanda está integrada en 33 páginas y detalla especialmente el caso de Mohamed Qahtani, ciudadano francés que fue torturado en Guantánamo desde su internación en enero de 2002.
Las organizaciones mencionan que en tres memorandos firmados por Rumsfeld entre octubre de 2002 y abril de 2003 se justificó la utilización de la tortura con métodos como la privación del sueño, la sobrestimulación auditiva y el uso de perros.
El texto se refiere igualmente a Janis Karpinski, ex brigadier general del ejército estadunidense, a cargo de del centro de detención de Abu Ghraib –en las afueras de Bagdad–, quien dijo que por órdenes del jefe de operaciones de Guantánamo, general Geoffrey Miller, a los presos se les debía tratar peor que a los perros.
“El general Miller (designado por Rumsfeld en Irak en 2004) dice que los interrogatorios no habían sido agresivos. Ustedes deben tratarlos (a los prisioneros) como perros. Si ellos consideran en algún momento que son algo más que un perro, entonces habrán perdido el control del interrogatorio. Los prisioneros comprenden así quién manda”, sostuvo la ex encargada de Abu Ghraib.
La FIDH sostuvo en un comunicado que esta demanda fue presentada en Francia tras de que las autoridades estadunidenses e iraquíes han rechazado que los crímenes denunciados en contra de Rumsfeld y de otros altos responsables estadunidenses sean llevados ante un tribunal independiente, pese a que existe documentación muy detallada y hay memorandos que los comprometen directamente en delitos de tortura.
“Estados Unidos se ha rehusado a ratificar el estatuto de la Corte Penal Internacional, que es la base para que Francia conozca sobre esos casos”, precisó la FIDH.
Hoy, unos 20 activistas protestaron frente a un restaurante donde Rumsfeld desayunó con otras personas y se llevó a cabo la mesa de debate de Foreign Policy.
Mutismo de Estados Unidos
Ni Rumsfeld ni ningún otro funcionario estadunidense en París se refirió a la demanda. Las autoridades francesas tampoco dieron a conocer si habían emprendido acciones policiales en su contra, a pesar de que el periódico Le Monde confirmó en su sitio en Internet que la queja fue recibida en el tribunal mencionado.
Antes de la demanda presentada el jueves anterior en París, Rumsfeld ha sido denunciado en Argentina en 2005, y en Suecia y Alemania en 2007.
Después de los ataques estadunidenses de septiembre de 2001 contra Irak, el presidente George W. Bush emprendió la llamada “guerra contra el terrorismo”, y además de las invasiones a Afganistán e Irak comenzó a encarcelar a presuntos combatientes islámicos en Guantánamo, que llegaron a sumar alrededor de 700.
Según información de agencias internacionales de noticias, en la prisión instalada en la base naval de Guantánamo, Cuba, permanecen cerca de 500 presos y casi todos están ahí sin expectativas de un juicio ante tribunales.
De acuerdo con un despacho del diario británico The Independent, un abogado militar estadunidense presentará el 5 de diciembre una crítica legal ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sobre el estatuto de “combatiente enemigo” que impide a los detenidos en Guantánamo abrir su caso en los tribunales, crítica legal que es apoyada por el CDC.
El TLC con México no tomó en cuenta asimetrías económicas: canciller boliviano
Posible reanudación de pláticas para restablecer la venta de gas: Choquehuanca
Blanche Petrich
Los ex presidentes de Bolivia Gonzalo Sánchez de Losada, y de México Vicente Fox firmaron en 2004 un tratado de libre comercio plus que comprendía cuatro capítulos que el gobierno de Evo Morales considera “incompatibles” con la Constitución de su país y con el proceso de recuperación de autonomía que promueve.
Ayer, en una conferencia de prensa, el canciller de ese país andino, David Choquehuanca, explicó las razones por las que su gobierno denunció este tratado bilateral y aseguró que, al ser informada sobre la decisión del gobierno de La Paz, la canciller mexicana Patricia Espinosa tuvo “una respuesta positiva” ante el anuncio oficial que le hizo su homólogo.
Sería la primera vez en que un gobierno denuncie un tratado de libre comercio firmado con otra nación. Este tratado con México, el único en su tipo que ha suscrito Bolivia, “no tomó en cuenta las asimetrías” en el desarrollo económico entre los dos países, dijo el ministro.
En el futuro próximo, aclaró, los dos gobiernos iniciarán consultas para hacer la revisión de este tratado. Interrogado sobre si los dos países reanudarían las negociaciones para la venta de gas boliviano, interrumpidas cuando Evo Morales asumió la presidencia, el ministro respondió: “Ningún tema está excluido. Ni siquiera el gas”.
El canciller andino confirmó que los presidentes Evo Morales y Felipe Calderón sostendrán una reunión bilateral en Santiago de Chile, en el contexto de la Cumbre Iberoamericana del 8 al 10 de noviembre.
Por otra parte, Choquehuanca eludió volver al debate que en septiembre del año pasado, al calor del conflicto poselectoral, provocó irritación en la relación bilateral cuando funcionarios de alto nivel en Bolivia afirmaron que el candidato Felipe Calderón, proclamado presidente electo, no tenía legitimidad. En la misma línea que ha adoptado el gobierno de Venezuela de plantear la política del borrón y cuenta nueva frente al calderonismo, superando la etapa de descalificaciones mutuas, Choquehuanca hizo gala de su oficio diplomático al responder: “La discusión sobre la legitimidad del presidente Felipe Calderón no es asunto nuestro, es una cuestión que sólo compete al pueblo de México y nosotros no debemos interferir”.
Pero al mismo tiempo dejó claro que su gobierno no permitirá que se le critique por tener relaciones cercanas con la Venezuela de Hugo Chávez y la Cuba de los hermanos Castro.
En otro orden de cosas, al abordar la cuestión interna de Bolivia, el canciller manifestó su esperanza de que pronto pueda realizarse la asamblea constituyente para que el nuevo texto constitucional esté listo en la fecha prevista, 14 de diciembre, y pueda ser sometido a un referéndum. Para ello, aseguró, su gobierno mantiene abierto el diálogo con todas las fuerzas políticas, incluso con los partidos minoritarios que se oponen a la constituyente.
“A pesar de que fueron ellos los que subastaron y colapsaron al país, es decisión del presidente Evo que en la reconstrucción de Bolivia participen todos, incluso ellos”.
Por su parte, el ministro plenipotenciario de Integración Económica, Pablo Solón, explicó a la prensa las razones por las que su gobierno pide revisar el TLC con México para negociar, en su lugar, un acuerdo comercial que sólo abarque el intercambio de bienes, no de servicios ni inversiones.
Sobre el capítulo de inversiones contenido en el TLC plus –dijo– es incompatible con la Constitución boliviana y con el proyecto del gobierno de planificar su economía. Por esto, Bolivia denunció su adhesión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones y a su sistema de arbitraje, porque sus tribunales sólo cuidan los intereses de las empresas y no de los países.
En cuanto al libre comercio de servicios, es intención del presidente Evo Morales reforzar el papel regulador del Estado y ampliar la participación social.
El rechazo al capítulo de propiedad intelectual obedece a la convicción de que Bolivia no puede liberalizar las patentes sobre sus productos y su biodiversidad.
Por último, el capítulo de compras gubernamentales que el anterior gobierno firmó con México interfiere con los actuales mecanismos que buscan planificar la economía y favorecer a los productores nacionales.
Por otro lado, el canciller se refirió al proceso de construcción que está en curso en Sudamérica de un nuevo modelo de integración regional “que no esté en función de las empresas sino de los pueblos”.
Blanche Petrich
Los ex presidentes de Bolivia Gonzalo Sánchez de Losada, y de México Vicente Fox firmaron en 2004 un tratado de libre comercio plus que comprendía cuatro capítulos que el gobierno de Evo Morales considera “incompatibles” con la Constitución de su país y con el proceso de recuperación de autonomía que promueve.
Ayer, en una conferencia de prensa, el canciller de ese país andino, David Choquehuanca, explicó las razones por las que su gobierno denunció este tratado bilateral y aseguró que, al ser informada sobre la decisión del gobierno de La Paz, la canciller mexicana Patricia Espinosa tuvo “una respuesta positiva” ante el anuncio oficial que le hizo su homólogo.
Sería la primera vez en que un gobierno denuncie un tratado de libre comercio firmado con otra nación. Este tratado con México, el único en su tipo que ha suscrito Bolivia, “no tomó en cuenta las asimetrías” en el desarrollo económico entre los dos países, dijo el ministro.
En el futuro próximo, aclaró, los dos gobiernos iniciarán consultas para hacer la revisión de este tratado. Interrogado sobre si los dos países reanudarían las negociaciones para la venta de gas boliviano, interrumpidas cuando Evo Morales asumió la presidencia, el ministro respondió: “Ningún tema está excluido. Ni siquiera el gas”.
El canciller andino confirmó que los presidentes Evo Morales y Felipe Calderón sostendrán una reunión bilateral en Santiago de Chile, en el contexto de la Cumbre Iberoamericana del 8 al 10 de noviembre.
Por otra parte, Choquehuanca eludió volver al debate que en septiembre del año pasado, al calor del conflicto poselectoral, provocó irritación en la relación bilateral cuando funcionarios de alto nivel en Bolivia afirmaron que el candidato Felipe Calderón, proclamado presidente electo, no tenía legitimidad. En la misma línea que ha adoptado el gobierno de Venezuela de plantear la política del borrón y cuenta nueva frente al calderonismo, superando la etapa de descalificaciones mutuas, Choquehuanca hizo gala de su oficio diplomático al responder: “La discusión sobre la legitimidad del presidente Felipe Calderón no es asunto nuestro, es una cuestión que sólo compete al pueblo de México y nosotros no debemos interferir”.
Pero al mismo tiempo dejó claro que su gobierno no permitirá que se le critique por tener relaciones cercanas con la Venezuela de Hugo Chávez y la Cuba de los hermanos Castro.
En otro orden de cosas, al abordar la cuestión interna de Bolivia, el canciller manifestó su esperanza de que pronto pueda realizarse la asamblea constituyente para que el nuevo texto constitucional esté listo en la fecha prevista, 14 de diciembre, y pueda ser sometido a un referéndum. Para ello, aseguró, su gobierno mantiene abierto el diálogo con todas las fuerzas políticas, incluso con los partidos minoritarios que se oponen a la constituyente.
“A pesar de que fueron ellos los que subastaron y colapsaron al país, es decisión del presidente Evo que en la reconstrucción de Bolivia participen todos, incluso ellos”.
Por su parte, el ministro plenipotenciario de Integración Económica, Pablo Solón, explicó a la prensa las razones por las que su gobierno pide revisar el TLC con México para negociar, en su lugar, un acuerdo comercial que sólo abarque el intercambio de bienes, no de servicios ni inversiones.
Sobre el capítulo de inversiones contenido en el TLC plus –dijo– es incompatible con la Constitución boliviana y con el proyecto del gobierno de planificar su economía. Por esto, Bolivia denunció su adhesión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones y a su sistema de arbitraje, porque sus tribunales sólo cuidan los intereses de las empresas y no de los países.
En cuanto al libre comercio de servicios, es intención del presidente Evo Morales reforzar el papel regulador del Estado y ampliar la participación social.
El rechazo al capítulo de propiedad intelectual obedece a la convicción de que Bolivia no puede liberalizar las patentes sobre sus productos y su biodiversidad.
Por último, el capítulo de compras gubernamentales que el anterior gobierno firmó con México interfiere con los actuales mecanismos que buscan planificar la economía y favorecer a los productores nacionales.
Por otro lado, el canciller se refirió al proceso de construcción que está en curso en Sudamérica de un nuevo modelo de integración regional “que no esté en función de las empresas sino de los pueblos”.
Indagar “a fondo” responsabilidades en accidente de Pemex, exige AMLO
Mouriño, como los hijos de Sahagún, tiene “fuertes intereses” en la paraestatal
El “presidente legítimo” manda condolencias a familias de los 21 muertos en Campeche
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Andrés Manuel López Obrador en gira por Puebla Foto: La Jornada
Olintla, Pue., 26 de octubre. Andrés Manuel López Obrador mandó desde aquí sus condolencias a las familias de los 21 trabajadores fallecidos por el accidente en la plataforma petrolera Usumacinta, y llamó al Congreso a conformar una comisión que investigue a fondo, en conjunto con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para determinar la presunta responsabilidad de las empresas encargadas de la seguridad, “ya que todo indica que ésta no funcionó”.
Al continuar su gira por la sierra poblana, el tabasqueño sostuvo que las pesquisas podrían llevar incluso al círculo más cercano del “pelele” Felipe Calderón, ya que Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, tiene fuertes intereses en Petróleos Mexicanos, como los tienen los hijos de Marta Sahagún. “La familia Mouriño no aguanta una auditoría financiera”, afirmó.
“Durante las administraciones priístas, los contratistas favoritos de Pemex eran empresarios priístas, pero con las administraciones panistas, los empresarios preferidos de la paraestatal son los del PAN, lo que habla de que la corrupción continúa vigente en esta empresa fundamental para los mexicanos”, enfatizó.
Dijo que por esa razón, es importante la intervención del Congreso para aclarar, “más allá de las frases trilladas y de esas investigaciones que se llevan a cabo pero que no concluyen nada”, para que ahora sí se conozca lo que realmente sucedió, producto de este accidente” en el que lamentablemente perdieron la vida varios mexicanos.
López Obrador continuó este viernes su gira por Puebla, y en su trayecto por diversos municipios presenció lo que es una constante en las carreteras de esta zona: los aludes y desprendimientos de rocas que, por su tamaño, bloquean completamente las vías, lo que en este caso le impidió llegar al municipio de Coatepec, y retrasó su paso por otras demarcaciones.
“Esto es muestra de la corrupción que impera en el estado; se contratan obras que se hacen mal y se cobran como carreteras de primer mundo; tampoco son pocas las que en el mapa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aparecen como pavimentadas y no lo están. Es claro el desinterés de un gobierno corrupto por la gente del pueblo, por los más humildes, los más marginados, los más olvidados”.
Por la mañana, en el municipio de Bienvenido, los habitantes le hicieron saber la falta de apoyo de los gobiernos federal y estatal para el campo. En esta zona, donde se destaca el cultivo del café, “esa falta de respaldo es aún más clara porque se está frente a un producto con precio deprimido”.
El ex candidato presidencial les dijo que ese desinterés es parte de un proyecto de gobierno “totalmente distinto al nuestro”. Dijo que se deben fomentar las actividades en el campo, teniendo como base que el gobierno provea a los agricultores una cantidad similar a la que ellos obtienen por la venta de sus productos, como sucede en otros países.
“Eso haría que el campo produzca más y que su gente se quede en su tierra, con su familia, con sus costumbres y tradiciones, y no tenga que salir a buscarlas fuera de México”.
En su gira, López Obrador enfatizó que nunca en la historia de Puebla se habían obtenido tantos votos y había sufragado tanta gente como el 2 de julio de 2006, pero cuestionó que en municipios donde más de 95 por ciento de la población es indígena no hayan sido gobernados nunca por un miembro de esas etnias.
Dijo que son escasos los recursos de los cuales dispone la mayoría de los mexicanos, mientras que “los poderosos, aquellos que se sienten amos y señores del país, disponen del presupuesto nacional, y en periodos de elecciones federales, estatales y municipales, lo utilizan para comprar votos”. Y por ello, exhortó a los poblanos “a no dar ni un voto al PRI, mucho menos al PAN en las elecciones del próximo 11 de noviembre”.
El “presidente legítimo” manda condolencias a familias de los 21 muertos en Campeche
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Andrés Manuel López Obrador en gira por Puebla Foto: La JornadaOlintla, Pue., 26 de octubre. Andrés Manuel López Obrador mandó desde aquí sus condolencias a las familias de los 21 trabajadores fallecidos por el accidente en la plataforma petrolera Usumacinta, y llamó al Congreso a conformar una comisión que investigue a fondo, en conjunto con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para determinar la presunta responsabilidad de las empresas encargadas de la seguridad, “ya que todo indica que ésta no funcionó”.
Al continuar su gira por la sierra poblana, el tabasqueño sostuvo que las pesquisas podrían llevar incluso al círculo más cercano del “pelele” Felipe Calderón, ya que Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, tiene fuertes intereses en Petróleos Mexicanos, como los tienen los hijos de Marta Sahagún. “La familia Mouriño no aguanta una auditoría financiera”, afirmó.
“Durante las administraciones priístas, los contratistas favoritos de Pemex eran empresarios priístas, pero con las administraciones panistas, los empresarios preferidos de la paraestatal son los del PAN, lo que habla de que la corrupción continúa vigente en esta empresa fundamental para los mexicanos”, enfatizó.
Dijo que por esa razón, es importante la intervención del Congreso para aclarar, “más allá de las frases trilladas y de esas investigaciones que se llevan a cabo pero que no concluyen nada”, para que ahora sí se conozca lo que realmente sucedió, producto de este accidente” en el que lamentablemente perdieron la vida varios mexicanos.
López Obrador continuó este viernes su gira por Puebla, y en su trayecto por diversos municipios presenció lo que es una constante en las carreteras de esta zona: los aludes y desprendimientos de rocas que, por su tamaño, bloquean completamente las vías, lo que en este caso le impidió llegar al municipio de Coatepec, y retrasó su paso por otras demarcaciones.
“Esto es muestra de la corrupción que impera en el estado; se contratan obras que se hacen mal y se cobran como carreteras de primer mundo; tampoco son pocas las que en el mapa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aparecen como pavimentadas y no lo están. Es claro el desinterés de un gobierno corrupto por la gente del pueblo, por los más humildes, los más marginados, los más olvidados”.
Por la mañana, en el municipio de Bienvenido, los habitantes le hicieron saber la falta de apoyo de los gobiernos federal y estatal para el campo. En esta zona, donde se destaca el cultivo del café, “esa falta de respaldo es aún más clara porque se está frente a un producto con precio deprimido”.
El ex candidato presidencial les dijo que ese desinterés es parte de un proyecto de gobierno “totalmente distinto al nuestro”. Dijo que se deben fomentar las actividades en el campo, teniendo como base que el gobierno provea a los agricultores una cantidad similar a la que ellos obtienen por la venta de sus productos, como sucede en otros países.
“Eso haría que el campo produzca más y que su gente se quede en su tierra, con su familia, con sus costumbres y tradiciones, y no tenga que salir a buscarlas fuera de México”.
En su gira, López Obrador enfatizó que nunca en la historia de Puebla se habían obtenido tantos votos y había sufragado tanta gente como el 2 de julio de 2006, pero cuestionó que en municipios donde más de 95 por ciento de la población es indígena no hayan sido gobernados nunca por un miembro de esas etnias.
Dijo que son escasos los recursos de los cuales dispone la mayoría de los mexicanos, mientras que “los poderosos, aquellos que se sienten amos y señores del país, disponen del presupuesto nacional, y en periodos de elecciones federales, estatales y municipales, lo utilizan para comprar votos”. Y por ello, exhortó a los poblanos “a no dar ni un voto al PRI, mucho menos al PAN en las elecciones del próximo 11 de noviembre”.
Contra James Watson
Julio Muñoz Rubio
Resulta desilusionante que a estas alturas de la historia aparezcan declaraciones racistas, como las hechas en pasados días por el doctor James Watson, y ratificadas en su artículo Cuestionar la inteligencia genética no es racismo (La Jornada, 20/10/07). Es necesario atacarlas, yendo a la raíz del problema.
Una de las características de las seudociencias que afirman que las conductas del ser humano están determinadas genéticamente es la de la comisión de al menos dos falacias. En la primera, se afirma correctamente que todos los seres humanos tenemos un código genético; luego, sin argumentar claramente por qué, se sostiene que éste constituye la esencia de los seres vivos y los humanos, para concluir que todas las características de éstos provienen directamente del código genético y, por lo tanto, todo lo que sea o parezca ser común a los seres humanos está determinado por los genes.
En la segunda falacia se parte de otra premisa correcta: todos los seres vivos somos producto de la evolución, se sigue con otra premisa en la que se afirma que la evolución se lleva a cabo gracias a las variaciones, las cuales se heredan; a la selección natural y a las adaptaciones que de ella resultan, pero extrayendo la conclusión de que todas las características de los seres humanos –morfológicas, fisiológicas, conductuales y culturales–, son propiedades biológicas resultado de la selección natural.
La conclusión del primer razonamiento es falaz porque del hecho de que el código genético sea común para todo ser humano y determine características, no se desprende que todas las características estén determinadas genéticamente, en particular los comportamientos y los rasgos culturales. En el segundo razonamiento, el que la selección natural y la adaptación sean mecanismos universales de la evolución biológica (lo cual ha sido puesto en duda en varias ocasiones) no implica que todas las características, como las culturales, sean producto de la evolución por selección natural.
Al juntar estos dos razonamientos falaces quienes como el doctor Watson se ponen del lado del determinismo biológico, concluyen que todas las desigualdaes y las injusticias sociales tienen una explicación biológica, lo cual hace inútil cualquier tipo de acción social que se lleve adelante para superarlas: las discriminaciones de clase, raza o sexo no serían más que manifestaciones de leyes biológicas. Si obreros y campesinos, mujeres o afroestadunidenses ocupan un lugar inferior en la escala social, es porque sus genes, en comparación con los de empresarios, hombres y anglosajones no los capacitan para superarlos en capacidades y habilidades. Así, de nada valdrán normas de justicia ni movimientos sociales ni revoluciones. La justicia y la libertad son imposibles, lo determinaron los genes hace millones de años.
A todas estas falacias lógicas se les oponen numerosos argumentos que los deterministas biológicos, como el doctor Watson, jamás han comprendido. Imposible tratarlos todos aquí. Señalaré uno fundamental.
Nada en el universo tiene sentido por sí solo. Aislados, los genes no hacen nada. Son las relaciones las que constituyen y producen los fenómenos, tanto de la materia inanimada como de la materia viva. Los genes son genes no en sí mismos, sino porque se relacionan con otros componentes de la célula y del organismo, pero sin que alguno de ellos tenga una prioridad ontológica sobre los demás.
En la evolución todos han aparecido gradualmente condicionando su estructura y su función recíprocamente. Sólo adquieren su papel relevante en la medida en que se relacionan unos con otros, no en la medida en que existen como si tuvieran una misión predeterminada en la evolución. No tiene sentido la existencia y la aparición de ácidos nucleicos sin las proteínas con las que se relacionan ni al revés. ¿Por qué se insiste en que los ácidos nucleicos son lo esencial? No está demostrado eso por ningún lado.
Pero desde luego, al ignorar esto personas como Watson piensan que automáticamente se pueden conectar características como el color de la piel, con características como la inteligencia y la capacidad intelectual. ¿Dónde está la conexión? ¿De qué manera los genes que determinan una cierta cantidad de síntesis de una proteína que da color a la piel se conectan con otros que otorgan capacidades intelectuales? ¿Dónde están esos genes? Esa es la exigencia elemental que se debe hacer a quienes, como el doctor James Watson, son expertos en biología molecular.
Mientras no se muestre en los hechos esa relación, esas afirmaciones racistas son meras especulaciones vulgares, aunque provengan de un destacado Premio Nobel.
Peor si vienen de un premio Nobel, ya que la mayoría de la gente tiende a la creencia de que los premios otorgados por este tipo de organismos son la ley y convierten a las personas que los reciben en infalibles. Sin duda esta falsedad va a dar apoyo a la gran cantidad de personas racistas que hay en el mundo para argumentar que su racismo está apoyado "científicamente" por un premio Nobel en vez de tomar conciencia que deviene del atraso moral que constituye sentir que unos seres humanos son mejores que otros.
Resulta desilusionante que a estas alturas de la historia aparezcan declaraciones racistas, como las hechas en pasados días por el doctor James Watson, y ratificadas en su artículo Cuestionar la inteligencia genética no es racismo (La Jornada, 20/10/07). Es necesario atacarlas, yendo a la raíz del problema.
Una de las características de las seudociencias que afirman que las conductas del ser humano están determinadas genéticamente es la de la comisión de al menos dos falacias. En la primera, se afirma correctamente que todos los seres humanos tenemos un código genético; luego, sin argumentar claramente por qué, se sostiene que éste constituye la esencia de los seres vivos y los humanos, para concluir que todas las características de éstos provienen directamente del código genético y, por lo tanto, todo lo que sea o parezca ser común a los seres humanos está determinado por los genes.
En la segunda falacia se parte de otra premisa correcta: todos los seres vivos somos producto de la evolución, se sigue con otra premisa en la que se afirma que la evolución se lleva a cabo gracias a las variaciones, las cuales se heredan; a la selección natural y a las adaptaciones que de ella resultan, pero extrayendo la conclusión de que todas las características de los seres humanos –morfológicas, fisiológicas, conductuales y culturales–, son propiedades biológicas resultado de la selección natural.
La conclusión del primer razonamiento es falaz porque del hecho de que el código genético sea común para todo ser humano y determine características, no se desprende que todas las características estén determinadas genéticamente, en particular los comportamientos y los rasgos culturales. En el segundo razonamiento, el que la selección natural y la adaptación sean mecanismos universales de la evolución biológica (lo cual ha sido puesto en duda en varias ocasiones) no implica que todas las características, como las culturales, sean producto de la evolución por selección natural.
Al juntar estos dos razonamientos falaces quienes como el doctor Watson se ponen del lado del determinismo biológico, concluyen que todas las desigualdaes y las injusticias sociales tienen una explicación biológica, lo cual hace inútil cualquier tipo de acción social que se lleve adelante para superarlas: las discriminaciones de clase, raza o sexo no serían más que manifestaciones de leyes biológicas. Si obreros y campesinos, mujeres o afroestadunidenses ocupan un lugar inferior en la escala social, es porque sus genes, en comparación con los de empresarios, hombres y anglosajones no los capacitan para superarlos en capacidades y habilidades. Así, de nada valdrán normas de justicia ni movimientos sociales ni revoluciones. La justicia y la libertad son imposibles, lo determinaron los genes hace millones de años.
A todas estas falacias lógicas se les oponen numerosos argumentos que los deterministas biológicos, como el doctor Watson, jamás han comprendido. Imposible tratarlos todos aquí. Señalaré uno fundamental.
Nada en el universo tiene sentido por sí solo. Aislados, los genes no hacen nada. Son las relaciones las que constituyen y producen los fenómenos, tanto de la materia inanimada como de la materia viva. Los genes son genes no en sí mismos, sino porque se relacionan con otros componentes de la célula y del organismo, pero sin que alguno de ellos tenga una prioridad ontológica sobre los demás.
En la evolución todos han aparecido gradualmente condicionando su estructura y su función recíprocamente. Sólo adquieren su papel relevante en la medida en que se relacionan unos con otros, no en la medida en que existen como si tuvieran una misión predeterminada en la evolución. No tiene sentido la existencia y la aparición de ácidos nucleicos sin las proteínas con las que se relacionan ni al revés. ¿Por qué se insiste en que los ácidos nucleicos son lo esencial? No está demostrado eso por ningún lado.
Pero desde luego, al ignorar esto personas como Watson piensan que automáticamente se pueden conectar características como el color de la piel, con características como la inteligencia y la capacidad intelectual. ¿Dónde está la conexión? ¿De qué manera los genes que determinan una cierta cantidad de síntesis de una proteína que da color a la piel se conectan con otros que otorgan capacidades intelectuales? ¿Dónde están esos genes? Esa es la exigencia elemental que se debe hacer a quienes, como el doctor James Watson, son expertos en biología molecular.
Mientras no se muestre en los hechos esa relación, esas afirmaciones racistas son meras especulaciones vulgares, aunque provengan de un destacado Premio Nobel.
Peor si vienen de un premio Nobel, ya que la mayoría de la gente tiende a la creencia de que los premios otorgados por este tipo de organismos son la ley y convierten a las personas que los reciben en infalibles. Sin duda esta falsedad va a dar apoyo a la gran cantidad de personas racistas que hay en el mundo para argumentar que su racismo está apoyado "científicamente" por un premio Nobel en vez de tomar conciencia que deviene del atraso moral que constituye sentir que unos seres humanos son mejores que otros.
Syngenta: milicias privadas y asesinatos
Silvia Ribeiro*
El pasado 21 de octubre, una milicia armada contratada por la trasnacional de transgénicos Syngenta, invadió el campamento Terra Livre en Paraná, Brasil, matando de dos tiros a quemarropa a Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno, militante del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), de 34 años, padre de tres hijos. Además hirió gravemente a otras personas del mismo movimiento.
Como lo expresa el MST, “Keno era uno entre centenares de militantes de la Vía Campesina que hace más de un año, hicieron públicos para Brasil y el mundo, los crímenes ambientales de Syngenta”, cosa que la trasnacional no podía dejar pasar.
En marzo del 2006, al mismo tiempo que se reunía en Paraná el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas y su Protocolo Internacional de Bioseguridad –que regula los movimientos transfronterizos de transgénicos–, Vía Campesina Brasil ocupó los campos experimentales de transgénicos de Syngenta en Santa Teresa do Oeste, ilegales por estar en el área de amortiguamiento del Parque Nacional de Iguazú que alberga las famosas cataratas de mismo nombre.
Según la ley de bioseguridad en Brasil, estaba prohibido sembrar transgénicos en una extensión de 10 kilómetros de un área natural protegida. Gracias a la notoriedad de la ocupación y a la denuncia de las organizaciones sociales, la autoridad ambiental, IBAMA, sentenció a Syngenta a pagar una multa de 500 mil dólares, cosa que la multinacional nunca efectuó. Más tarde, el gobierno de Lula da Silva cambió la ley, reduciendo el área de amortiguamiento a solamente 500 metros. Syngenta aprovechó el favor que le hizo Lula para apelar el pago. No existe aún sentencia definitiva en el caso.
Para el MST y la Vía Campesina, la ocupación del campo experimental es una denuncia por la impunidad con que se manejan las multinacionales de los agronegocios, invadiendo zonas naturales únicas como el Parque Iguazú, con transgénicos y uso intensivo de agrotóxicos. Pero además, el campo experimental de Syngenta es vecino de un asentamiento del MST que ya estaba allí anteriormente, colocando en alto riesgo de contaminación transgénica a sus variedades criollas de maíz.
La propuesta de Vía Campesina, desde el comienzo de la ocupación, fue transformar el campo contaminante de Syngenta en un centro de investigación y producción de semillas agroecológicas, con variedades campesinas, accesibles a todos y sin patentes.
En función de esto, en noviembre de 2006, el gobernador del estado de Paraná, Roberto Requiao, emitió un decreto para desapropiar el área del campo de Syngenta y establecer un Centro Paranense de Referencia en Agroecología. Syngenta se amparó frente a la justicia del Estado –dominada por los grandes latifundistas– y consiguió más tarde una suspensión provisoria del decreto y el derecho de reintegración del área.
Frente a un orden judicial de desalojo y en un clima de amenazas y violencia por parte de matones y guardias de seguridad contratados por la empresa Syngenta, las 70 familias que estaban ocupando, decidieron abandonar el área en julio de 2007, y trasladarse al asentamiento vecino Olga Benário, en espera de la resolución definitiva.
En octubre, volvieron a ocupar el campo –obviamente sin armas– para retomar sus actividades a favor de las semillas criollas y la agroecología, como una medida de presión para una resolución legal del conflicto. Es en este momento, cuando fueron atacados salvajemente, con armas de fuego disparadas directamente contra la gente, por la empresa de seguridad NF contratada por Syngenta.
La transnacional admite que contrató a NF, pero no se responsabiliza por el uso de armas, que es ilegal. Sin embargo, la organización Terra de Direitos explica que desde septiembre presentaron una denuncia legal a la Policia Federal y a Syngenta, de que la empresa de seguridad NF estaba usando armas de fuego. La policía detuvo incluso a una mujer dueña de la empresa, por tenencia ilegal de armas. Syngenta, enterada de todo esto, siguió con el contrato y ordenó el ataque asesino, con pleno conocimiento de la situación.
Terra de Direitos denuncia también que dos militantes del MST, Celso Barbosa y Celia Lourenco, están amenazados de muerte y fueron perseguidos por los mismos pistoleros, y que la situación de violencia y amenaza en la región es grave, debido a la escalada de violencia que han tomado la guardia armada contratada por Syngenta y latifundistas de la región. Ya en diciembre pasado, en una agresión organizada por los grandes propietarios rurales contra militantes del MST en la localidad de Cascavel, en Paraná, los agredidos reconocieron a funcionarios de Syngenta. El 20 de julio, la guardia contratada por Syngenta invadió, fuertemente armada, el asentamiento Olga Benário, amenazando directamente a varias personas y descargando finalmente sus armas contra una bandera del MST, todo lo cual consta en una denuncia policial.
El MST, Vía Campesina y Terra de Direitos, junto a decenas de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos en Brasil condenan los hechos y exigen que se responsabilice a Syngenta por este asesinato, que la multinacional de transgénicos pague sus culpas ambientales y sociales, entregue el campo experimental y abandone el país. Demandas justas que merecen el apoyo de todos, así como el profundo reconocimiento y solidaridad a los movimientos en Brasil, por mostrar al mundo los crímenes ambientales y humanos que cometen los que promueven los transgénicos y pretenden monopolizar las semillas, la tierra y el agua.
*Investigadora del Grupo ETC
El pasado 21 de octubre, una milicia armada contratada por la trasnacional de transgénicos Syngenta, invadió el campamento Terra Livre en Paraná, Brasil, matando de dos tiros a quemarropa a Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno, militante del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), de 34 años, padre de tres hijos. Además hirió gravemente a otras personas del mismo movimiento.
Como lo expresa el MST, “Keno era uno entre centenares de militantes de la Vía Campesina que hace más de un año, hicieron públicos para Brasil y el mundo, los crímenes ambientales de Syngenta”, cosa que la trasnacional no podía dejar pasar.
En marzo del 2006, al mismo tiempo que se reunía en Paraná el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas y su Protocolo Internacional de Bioseguridad –que regula los movimientos transfronterizos de transgénicos–, Vía Campesina Brasil ocupó los campos experimentales de transgénicos de Syngenta en Santa Teresa do Oeste, ilegales por estar en el área de amortiguamiento del Parque Nacional de Iguazú que alberga las famosas cataratas de mismo nombre.
Según la ley de bioseguridad en Brasil, estaba prohibido sembrar transgénicos en una extensión de 10 kilómetros de un área natural protegida. Gracias a la notoriedad de la ocupación y a la denuncia de las organizaciones sociales, la autoridad ambiental, IBAMA, sentenció a Syngenta a pagar una multa de 500 mil dólares, cosa que la multinacional nunca efectuó. Más tarde, el gobierno de Lula da Silva cambió la ley, reduciendo el área de amortiguamiento a solamente 500 metros. Syngenta aprovechó el favor que le hizo Lula para apelar el pago. No existe aún sentencia definitiva en el caso.
Para el MST y la Vía Campesina, la ocupación del campo experimental es una denuncia por la impunidad con que se manejan las multinacionales de los agronegocios, invadiendo zonas naturales únicas como el Parque Iguazú, con transgénicos y uso intensivo de agrotóxicos. Pero además, el campo experimental de Syngenta es vecino de un asentamiento del MST que ya estaba allí anteriormente, colocando en alto riesgo de contaminación transgénica a sus variedades criollas de maíz.
La propuesta de Vía Campesina, desde el comienzo de la ocupación, fue transformar el campo contaminante de Syngenta en un centro de investigación y producción de semillas agroecológicas, con variedades campesinas, accesibles a todos y sin patentes.
En función de esto, en noviembre de 2006, el gobernador del estado de Paraná, Roberto Requiao, emitió un decreto para desapropiar el área del campo de Syngenta y establecer un Centro Paranense de Referencia en Agroecología. Syngenta se amparó frente a la justicia del Estado –dominada por los grandes latifundistas– y consiguió más tarde una suspensión provisoria del decreto y el derecho de reintegración del área.
Frente a un orden judicial de desalojo y en un clima de amenazas y violencia por parte de matones y guardias de seguridad contratados por la empresa Syngenta, las 70 familias que estaban ocupando, decidieron abandonar el área en julio de 2007, y trasladarse al asentamiento vecino Olga Benário, en espera de la resolución definitiva.
En octubre, volvieron a ocupar el campo –obviamente sin armas– para retomar sus actividades a favor de las semillas criollas y la agroecología, como una medida de presión para una resolución legal del conflicto. Es en este momento, cuando fueron atacados salvajemente, con armas de fuego disparadas directamente contra la gente, por la empresa de seguridad NF contratada por Syngenta.
La transnacional admite que contrató a NF, pero no se responsabiliza por el uso de armas, que es ilegal. Sin embargo, la organización Terra de Direitos explica que desde septiembre presentaron una denuncia legal a la Policia Federal y a Syngenta, de que la empresa de seguridad NF estaba usando armas de fuego. La policía detuvo incluso a una mujer dueña de la empresa, por tenencia ilegal de armas. Syngenta, enterada de todo esto, siguió con el contrato y ordenó el ataque asesino, con pleno conocimiento de la situación.
Terra de Direitos denuncia también que dos militantes del MST, Celso Barbosa y Celia Lourenco, están amenazados de muerte y fueron perseguidos por los mismos pistoleros, y que la situación de violencia y amenaza en la región es grave, debido a la escalada de violencia que han tomado la guardia armada contratada por Syngenta y latifundistas de la región. Ya en diciembre pasado, en una agresión organizada por los grandes propietarios rurales contra militantes del MST en la localidad de Cascavel, en Paraná, los agredidos reconocieron a funcionarios de Syngenta. El 20 de julio, la guardia contratada por Syngenta invadió, fuertemente armada, el asentamiento Olga Benário, amenazando directamente a varias personas y descargando finalmente sus armas contra una bandera del MST, todo lo cual consta en una denuncia policial.
El MST, Vía Campesina y Terra de Direitos, junto a decenas de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos en Brasil condenan los hechos y exigen que se responsabilice a Syngenta por este asesinato, que la multinacional de transgénicos pague sus culpas ambientales y sociales, entregue el campo experimental y abandone el país. Demandas justas que merecen el apoyo de todos, así como el profundo reconocimiento y solidaridad a los movimientos en Brasil, por mostrar al mundo los crímenes ambientales y humanos que cometen los que promueven los transgénicos y pretenden monopolizar las semillas, la tierra y el agua.
*Investigadora del Grupo ETC
La otra palabra y las tergiversaciones sobre Acteal
R. Aída Hernández Castillo*
A casi 10 años de haberse cometido una de las masacres más sangrientas en la historia reciente de Chiapas, los intentos por rescribir los acontecimientos para negar la responsabilidad gubernamental han causado la indignación de los sobrevivientes y de los familiares de los 45 hombres, mujeres y niños asesinados brutalmente por grupos paramilitares en la comunidad tzotzil de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, el 28 de diciembre de 1997.
El artículo de Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos, el anunciado libro de Eric Hugo Flores y el intercambio de cartas en El Correo Ilustrado de La Jornada, han puesto en el centro del debate viejos argumentos que pretenden presentar la masacre como producto de pugnas intracomunitarias. A pocas semanas de acontecida la masacre, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas visitaron las oficinas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Sureste, en San Cristóbal de las Casas, en aquel entonces bajo mi dirección, para solicitarnos un estudio en el que explicáramos “la manera en que las prácticas culturales de los tzotziles de San Pedro Chenalhó permitían entender los rituales de guerra utilizados en la masacre de Acteal”. La manera en que se planteó la “pregunta de investigación” provocó el rechazo de todos los investigadores de mi centro de trabajo, que se rehusaron a colaborar con un estudio así.
Preocupadas por la manera en que los argumentos culturales podrían ser utilizados para justificar la masacre, o al menos para deslindar a los poderes locales de sus responsabilidades políticas, un grupo interdisciplinario de investigadoras que veníamos laborando en la región nos dimos a la tarea de preparar un trabajo académico de divulgación que permitiera contextualizar la masacre en el marco de procesos políticos y sociales más amplios. El libro La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas. Antes y después de Acteal, publicado dentro de la serie Textos Urgentes del CIESAS (1998), a sólo cuatro meses de acontecida la masacre, reconstruye con base en una investigación histórica los vínculos entre los grupos de poder locales y los cacicazgos indígenas y nos permite entender las condiciones sociales que posibilitaron la creación de grupos paramilitares en la región de San Pedro Chenalhó.
La violencia utilizada en la masacre, las armas de alto poder y las botas militares que portaban los perpetradores rompían con las características de los conflictos intracomunitarios descritos por investigadoras como Ana María Garza y Graciela Freyermuth, quienes durante años habían analizado la violencia de género en ese municipio. Sus trabajos en este libro nos muestran que hasta antes de la masacre de Acteal la violencia nunca se había manifestado de manera masiva contra grupos de niños y mujeres, y las mutilaciones corporales habían estado ausentes de los conflictos comunitarios. Los “rituales de guerra” que la Comisión de Derechos Humanos pretendía “contextualizar culturalmente” eran muy similares a los descritos por el antropólogo Ricardo Falla en su obra Masacres de la selva, y apuntan más bien a una cultura de la contrainsurgencia, que tiene sus raíces sobre todo en los centros de adiestramiento de tropas especiales en Centroamérica y Estados Unidos.
Durante ese mismo año un semanario nacional publicó un artículo negando el alto nivel de violencia utilizado en la masacre, la existencia de mutilaciones corporales y el asesinato de mujeres embarazadas, poniendo en tela de juicio las denuncias de los sobrevivientes. La abogada Martha Figueroa, representante legal de las viudas y huérfanos de Acteal, colaboradora de nuestro libro, tuvo acceso a los reportes de las autopsias de los masacrados, que corroboran las historias de terror narradas por los sobrevivientes. La duda, sin embargo, había sido sembrada en la opinión pública, y por lo visto nuestro trabajo no logró contrarrestar a los ideólogos del Estado, que 10 años más tarde regresan a la hipótesis de las “pugnas intracomunitarias” para justificar la impunidad y evitar que se castigue a los verdaderos responsables al más alto nivel estatal y federal.
* Doctora en antropología, investigadora del CIESAS
A casi 10 años de haberse cometido una de las masacres más sangrientas en la historia reciente de Chiapas, los intentos por rescribir los acontecimientos para negar la responsabilidad gubernamental han causado la indignación de los sobrevivientes y de los familiares de los 45 hombres, mujeres y niños asesinados brutalmente por grupos paramilitares en la comunidad tzotzil de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, el 28 de diciembre de 1997.
El artículo de Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos, el anunciado libro de Eric Hugo Flores y el intercambio de cartas en El Correo Ilustrado de La Jornada, han puesto en el centro del debate viejos argumentos que pretenden presentar la masacre como producto de pugnas intracomunitarias. A pocas semanas de acontecida la masacre, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas visitaron las oficinas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Sureste, en San Cristóbal de las Casas, en aquel entonces bajo mi dirección, para solicitarnos un estudio en el que explicáramos “la manera en que las prácticas culturales de los tzotziles de San Pedro Chenalhó permitían entender los rituales de guerra utilizados en la masacre de Acteal”. La manera en que se planteó la “pregunta de investigación” provocó el rechazo de todos los investigadores de mi centro de trabajo, que se rehusaron a colaborar con un estudio así.
Preocupadas por la manera en que los argumentos culturales podrían ser utilizados para justificar la masacre, o al menos para deslindar a los poderes locales de sus responsabilidades políticas, un grupo interdisciplinario de investigadoras que veníamos laborando en la región nos dimos a la tarea de preparar un trabajo académico de divulgación que permitiera contextualizar la masacre en el marco de procesos políticos y sociales más amplios. El libro La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas. Antes y después de Acteal, publicado dentro de la serie Textos Urgentes del CIESAS (1998), a sólo cuatro meses de acontecida la masacre, reconstruye con base en una investigación histórica los vínculos entre los grupos de poder locales y los cacicazgos indígenas y nos permite entender las condiciones sociales que posibilitaron la creación de grupos paramilitares en la región de San Pedro Chenalhó.
La violencia utilizada en la masacre, las armas de alto poder y las botas militares que portaban los perpetradores rompían con las características de los conflictos intracomunitarios descritos por investigadoras como Ana María Garza y Graciela Freyermuth, quienes durante años habían analizado la violencia de género en ese municipio. Sus trabajos en este libro nos muestran que hasta antes de la masacre de Acteal la violencia nunca se había manifestado de manera masiva contra grupos de niños y mujeres, y las mutilaciones corporales habían estado ausentes de los conflictos comunitarios. Los “rituales de guerra” que la Comisión de Derechos Humanos pretendía “contextualizar culturalmente” eran muy similares a los descritos por el antropólogo Ricardo Falla en su obra Masacres de la selva, y apuntan más bien a una cultura de la contrainsurgencia, que tiene sus raíces sobre todo en los centros de adiestramiento de tropas especiales en Centroamérica y Estados Unidos.
Durante ese mismo año un semanario nacional publicó un artículo negando el alto nivel de violencia utilizado en la masacre, la existencia de mutilaciones corporales y el asesinato de mujeres embarazadas, poniendo en tela de juicio las denuncias de los sobrevivientes. La abogada Martha Figueroa, representante legal de las viudas y huérfanos de Acteal, colaboradora de nuestro libro, tuvo acceso a los reportes de las autopsias de los masacrados, que corroboran las historias de terror narradas por los sobrevivientes. La duda, sin embargo, había sido sembrada en la opinión pública, y por lo visto nuestro trabajo no logró contrarrestar a los ideólogos del Estado, que 10 años más tarde regresan a la hipótesis de las “pugnas intracomunitarias” para justificar la impunidad y evitar que se castigue a los verdaderos responsables al más alto nivel estatal y federal.
* Doctora en antropología, investigadora del CIESAS
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