lunes, septiembre 22, 2008

La matanza de La Mesa

Los motines del 14 y el 17 de septiembre en la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, sólo confirmaron el control que ejercían Los Sureños, Los Paisas y Los Shalomes, quienes se enfrentaron por el mercado interno de las drogas. Las pésimas condiciones de los reclusos y la reacción tardía de los funcionarios -sospechosamente ineficaz- atizaron una batalla, confusa en sus detalles, que provocó más de 30 asesinados a fuego y cuchillo. Con autorización del
semanario Zeta, que se edita en la ciudad fronteriza,
reproducimos textualmente este reportaje, publicado en su edición del viernes 19.
Más de 30 muertos y un Cereso destruido es un saldo inadmisible para un secretario de Seguridad Pública del estado. Sobre todo si un motín era la amenaza latente ante el hacinamiento y la corrupción de carceleros.
Efectivamente, Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública, no pudo ni prever el motín, por más anunciado, ni sofocarlo una vez estallado.
La incapacidad del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán y la fuerza del crimen organizado en Baja California quedaron expuestas nuevamente el 14 y 17 de septiembre, de la manera más vergonzosa... desde el interior de un Centro de Readaptación Social que, declararon una y otra vez, tenían bajo control.
La realidad esos días fue que siete internos tuvieron el control del penal.
Divididos en tres grupos de poder al interior de la cárcel, Los sureños, Los paisas y Los Shalomes fueron los dueños de la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, por un lapso de 72 horas.
Rencillas entre las bandas delictivas y la corrupción de las autoridades carcelarias fueron el detonante de los cruentos motines que arrojaron un saldo extraoficial de 31 muertos.
Los poderosos del penal e iniciadores de la sangrienta rebelión: Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro, Martín Madrigal Cázares, Juan Beltrán López (alias Benjamín Molina, alias El Juanillo), Víctor Eduardo Aguilar Sánchez, Juan Beltrán López, más otros dos reos de los cuales no se proporcionó nombre.
Estos hombres, sentenciados todos, fueron quienes dominaron la situación que al gobierno se le salió de control y que evidenció la incapacidad oficial para contener una situación de emergencia:
1.- La Secretaría de Seguridad tardó tres días en trasladar a los presos rijosos a la Ciudad de México, y a otros a los penales de El Hongo y Ensenada.
2.- Ocultaron la lista de lesionados y de muertos.
3.- Nunca tuvieron el control ni el resguardo de la penitenciaría y de los familiares que ahí se encontraban.
4.- Policías estatales, federales y militares no siguieron un protocolo de ataque, se les puede ver en las imágenes televisivas resguardándose de pedradas y disparando sin estrategia alguna.
5.- El jueves 18 de septiembre, de la Secretaría de Seguridad se comunicaron con empleados del penal para solicitarles que no se presentaran a trabajar, pues aún no tenían el control total de las instalaciones.
6.- La podredumbre y suciedad en el trato a los reos quedó de manifiesto.
7.- También la corrupción de las autoridades de la prisión, luego de que el director está siendo investigado, un custodio está detenido y otros dos se encuentran prófugos.
Ante este escenario de desatinos gubernamentales, el gobernador del estado se escondió. Acaso ordenó a los titulares del gabinete de seguridad que el jueves hicieran gira por medios de comunicación en una intentona de tomar control por lo menos de las declaraciones públicas.
El secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, exhibió más la invalidez administrativa al intentar evadir la responsabilidad de lo sucedido en el penal, al señalar que los culpables eran dos grupos de criminales organizados que tenían pugnas por el control del tráfico de drogas y demás sustancias prohibidas en el penal.
De la Rosa evidenció, en su defensa, el poderío del crimen organizado en la penitenciaría, incluido el tráfico de drogas. También fue un hecho: Conocían el problema pero no elaboraron plan de ataque.
Guerra por el tráfico de droga
El recrudecimiento de los enfrentamientos entre dos bandas del crimen organizado que controlan el tráfico en el centro de readaptación de La Mesa en Tijuana empezó el sábado 6 de septiembre sin que la autoridad tomara medidas precautorias. Ese día ambos grupos iniciaron una "guerra campal" cuando se fue la visita, hecho que los funcionarios mantuvieron oculto, pretextando que no era grave dado que no hubo heridos con armas, sólo dos lesionados por golpes.
El 13 de septiembre, las autoridades "complicaron" el panorama cuando custodios realizaron una revisión en la que presuntamente actuaron a favor de uno de los grupos delictivos. Llegaron a una celda donde "vivían" 23 delincuentes de baja peligrosidad, se llevaron a nueve jóvenes acusados de robo en sus diferentes modalidades, para que "confesaran" quiénes estaban introduciendo heroína y cuál era la línea de distribución. Ahí mataron a Israel Márquez Blanco.
La situación subió de tono cuando las autoridades del sistema penitenciario, dirigido por De la Rosa, conocieron del asesinato y, tras la fuga de los homicidas, el comandante Marco Antonio Ibarra Chávez y el subcomandante Daniel Ibarra Pérez bloquearon la información y los detalles del asesinato plenamente probado con elementos periciales. Esta actitud evidenció complicidad por omisión.
La información proporcionada al gabinete estatal fue que, aprovechando la inconformidad ante la tortura y asesinato del joven Márquez Blanco, en la hora de visita los traficantes repartieron droga e incitaron la violencia.
Los reos fueron informados también de la presunta participación de custodios y autoridades en el asesinato, al permitir la huida de los asesinos del primer reo. Se hicieron de las llaves de las celdas, liberaron a los presos en el interior de la cárcel y la Policía Estatal no pudo acceder al edificio por "falta de llaves". Casualmente, fue el mismo grupo de custodios el que estuvo de cargo en los dos motines.
Las bandas que controlaron la Penitenciaría
De acuerdo con información en propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, al interior del Cereso en Tijuana hay tres grupos:
1.- Los Sureños
Presuntamente dirigidos en Tijuana por el interno Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro, ingresado al penal "por secuestro y homicidio calificado múltiple". Explicaron las autoridades que este hombre actúa por instrucciones de Martín Madrigal Cázares, quien purga condena por asesinato. Por su peligrosidad, Madrigal había sido trasladado al Cereso de El Hongo a finales de julio; sin embargo, seguía controlando el tráfico en el penal de Tijuana por medios electrónicos, teniendo a Aguilar Sánchez como lugarteniente.
El de Los sureños es el grupo más numeroso, integrado principalmente por miembros de la Mafia Mexicana que opera en el Barrio Logan y elementos del cártel de los hermanos Arellano Félix, a quienes les venden protección además de droga. También son conocidos como Los Pelones.
2.- Los Paisas
Este es un grupo menos numeroso que incluye a delincuentes procedentes del interior de la República, particularmente de Sinaloa. Como cabeza de célula la autoridad tiene identificado al interno Juan Beltrán López, alias Benjamín Molina, alias El Juanillo, acusado por delitos contra la salud, "tráfico de personas y secuestro".
3.- Los Shalomes o Chalones como los identifica la policía.
La misma indagatoria indica que en la lucha interna por el control, este grupo se afilió al de Los Paisas, incrementando el poder de estos delincuentes.
El relato de los hechos, conforme a declaraciones recabadas entre los internos y custodios por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, fue que desde la mañana del domingo 14 de septiembre los presuntos líderes criminales Víctor Eduardo Aguilar Sánchez y Juan Beltrán López y sus traficantes estuvieron distribuyendo droga, más de la acostumbrada en el penal, a cambio de participar en la rebelión que planeaban, exacerbados por la tortura, el abusos y demás violaciones a los derechos humanos cometidos dentro de la cárcel.
"Aprovecharon el escenario", dijo Daniel de la Rosa, mientras explicó que todo se inició en el edificio seis, el de máxima seguridad, y siguió al uno; en ambos complejos purgan su condena los principales miembros de la mafia interna. Siguieron las revueltas de los internos del edificio dos, el cinco, el cuatro y después el descontrol total.
De los 8 mil 100 internos, los números oficiales indican que sólo 550 presos participaron en el primer disturbio. Pero la tarde del domingo los otros 7 mil atestiguaron y declararon haber visto cómo algunos internos se enfrentaban a golpes con los de la banda rival. Incluso, "cómo arrojaban los cuerpos de otros reos a la alumbrada que habían hecho con ropa, muebles y colchones".
Los cadáveres estuvieron tanto tiempo en el fuego que se calcinaron al punto de los huesos, ni siquiera quedó la dentadura para identificar. De hecho, las autoridades continúan buscando restos humanos en la reconstrucción de las instalaciones del penal.
A las 2:02 horas del lunes 15, en el gobierno del estado dijeron tener el control de la penitenciaría, que los internos no habían llegado a la armería, pero no pudieron explicar los balazos que se escucharon en el interior ni reportaron haber encontrado armas antes de meter a todos los internos en las celdas que aún servían. De hecho, no se ha explicado cómo es que más de una docena de los muertos lo fueron por impactos de bala.
La declaración oficial supone que para el miércoles 17 de septiembre, día del segundo motín, ya no había grupos de criminales vendiendo droga en el penal. No se había efectuado ningún traslado, pero dijeron haber controlado la situación. Además acusaron: La segunda reyerta la iniciaron las mujeres presas, a quienes acusan de liarse con los custodios, obtener las llaves de las celdas y liberar a los hombres.
Esta vez, 800 reos participaron en el motín. Quemaron lo que quedaba y, de nuevo, los grupos antagónicos aprovecharon para ajustarse cuentas. Cuando la autoridad investigadora pudo entrar a la prisión, encontraron que entre celda y celda de los edificios seis y uno, habían abierto boquetes. Al interrogar a los internos que las ocupaban, éstos aseguraron que un grupo de reos había atravesado de celda en celda con la intención de llegar a un espacio específico y matar a dos reos, que a la fecha están desaparecidos.
Ese mismo 17 de septiembre, al ingresar el Ministerio Público a la penitenciaría de La Mesa, encontró 17 cadáveres colocados en el área clínica y de enfermería del Cereso: 13 con heridas de arma de fuego, dos asesinados a golpes y tres con armas punzocortantes.
Trasladan a reos a penal de máxima seguridad
En las indagatorias oficiales los reos testigos del motín identifican a Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro como la cabeza negociadora de los internos rebelados. A él le atribuyen las amenazas, la privación de la libertad y homicidio de un custodio, y el maltrato y sujeción de otro.
Con el mismo grado de responsabilidad categorizaron al líder de Los Paisas, Juan Beltrán López. Además identificaron como cómplices a Miguel Arellano Cabrera, preso por homicidio, y a Luis Alfonso Reyes Cháirez.
Los cuatro reos fueron enviados a la prisión de El Hongo la tarde del 17 de septiembre, luego de sofocado el segundo motín. Al día siguiente, el 18 de septiembre, fueron remitidos, en compañía de Martín Madrigal Cázares y otros dos presos que no fueron identificados, a penales de máxima seguridad en el país, aunque De la Rosa no aclaró si a Puente Grande o a Almoloya de Juárez.
En las averiguaciones previas se incluyó al preso Francisco Javier Cantú Carlos El Pancho, como participante activo en los homicidios. Este hombre fue el mismo que el 31 de marzo de 2008 decapitó en una celda del penal al exagente federal Evaristo Morales Pérez, quien estaba acusado de participar en un secuestro fallido. El asesinato ocurrió dos días antes de que el exoficial acudiera a rendir su declaración.
Primera investigación:
La muerte de Israel Márquez Blanco
La Procuraduría de Justicia del estado está llevando a cabo cuatro investigaciones,
La primera por el asesinato de un interno reportado el sábado 13 de septiembre. Encontraron el cadáver en el área de enfermería. Tenía lesiones compatibles con sometimiento por sujeción en pies, muñecas y golpes contusos en el rostro; la causa de muerte de Israel Márquez Blanco fue traumatismo craneoencefálico.
El director del penal les informó que había un testigo presencial de los hechos, el custodio Álex Cervantes Jaramillo, quien señaló como responsables al comandante y al subcomandante.
Explicó que en la celda 103, al hacer una revisión aleatoria y sorpresiva, había 23 internos y encontraron heroína y mariguana. Los sacaron a todos de la celda. Después, uno por uno, ocho internos y el occiso fueron sometidos a un interrogatorio por parte del comandante y el subcomandante, en un cuarto cercano a las celdas.
El custodio Cervantes Jaramillo era el encargado de trasladar a los reos al interrogatorio, mientras escuchaba los gritos de los hombres sometidos a las torturas. Al joven Márquez Blanco lo interrogaron en dos ocasiones. La última, comandante y subcomandante abandonaron la celda y ordenaron a Cervantes que cuando el reo se vistiera lo llevara a la enfermería. El custodio esperó 10, 15 minutos, y al no salir el reo, entró a la celda y se dio cuenta de que el cuerpo parecía sin vida. Con apoyo lo llevó a la enfermería y el doctor dijo que estaba muerto. De esto fueron informados el director del penal, Carlos Arturo González García, y el subdirector, quienes estaban comiendo y regresaron.
Los custodios que asesinaron al muchacho ya habían huido. Lo hicieron luego de informar al director del hallazgo de droga en la celda mencionada. González García no hizo nada al respecto, aun cuando declaró haberlos visto "desencajados", no preguntó más. Se fue a comer y los oficiales asesinos se fugaron en sus vehículos.
Entre el momento en que el director los ve y cuando le informan del homicidio, transcurrió media hora, fue entonces que dieron parte al Ministerio Público. González García dio acceso a los expedientes de los comandantes, de donde se tomaron direcciones, pero ya no los encontraron en sus casas.
Se ejercitó acción penal contra el custodio que pasó de testigo a responsable por omisión y coparticipación en un homicidio en grado de tentativa, tortura y lo que resulte. También se giraron órdenes de aprehensión contra el comandante Marco Antonio Ibarra Chávez y el subcomandante Daniel Ibarra Pérez, y solicitaron apoyo de las autoridades de Estados Unidos. "Porque presumimos que cruzaron a San Diego", dijo el procurador Rommel Moreno Manjarrez.
Segunda investigación:
El motín y los cuerpos calcinados
La segunda indagación se inició en la Agencia del Ministerio Público el domingo 15 de septiembre a las 14:15 horas, cuando les notificaron el primer motín. A las 2:25 de la madrugada del lunes, cuando se decretó el control por parte de las autoridades, los investigadores entraron a las instalaciones de la penitenciaría. Les informaron que dos internos muertos por proyectil de arma de fuego estaban en el área de pasillos administrativos. Y que donde se prendió una hoguera se encontraba un cuerpo calcinado.
"Se pensó que se trataba de una sola persona pero después de la inspección se rescataron diversos restos óseos, a los que se les están haciendo estudios químicos para determinar la correspondencia y a cuántas personas pertenecen, todavía no se determina", declaró el licenciado Rommel Moreno, procurador de Justicia del estado. Sin embargo, personal pericial informó que de las primeras revisiones se presume que los restos calcinados puedan corresponder a por lo menos cuatro personas.
De acuerdo con las declaraciones de reos, los hombres calcinados fueron echados en la hoguera por los mismos internos. Respecto de los baleados en el pasillo, los investigadores rescataron un proyectil cotejable de uno de los cuerpos, y varios de la zona donde cayeron, determinaron la posición víctima-victimario y trayectoria: "Se está determinando si el arma usada, calibre .223 y AR15, corresponde o no a una corporación policiaca, porque en este momento no sabemos si había reos con armas", explicó el procurador.
Tercera investigación:
17 muertos el miércoles 17
La tercera averiguación previa se inicia el miércoles 17 de septiembre a las 20:00 horas, cuando el Ministerio Público es notificado de los resultados del segundo motín: "Nosotros tenemos información preliminar por parte de la propia estructura del sistema penitenciario de que había aproximadamente 15 muertos, cuando contamos encontramos físicamente 17, pero no podemos dejar de mencionar que pueden ser 20, porque estamos cuerpo por cuerpo bajo tres premisas; el sistema de Afis de identificación dactilar, cotejo de pelos, la prueba de Walter; y el radizonato de sodio para determinar los perfiles.
"En estos casos no se encontraron restos humanos distintos, sin embargo los reos hablan de otros dos muertos y estamos revisando a la luz del día para corroborar o eliminar las versiones", detalló Rommel Moreno.
Más detalles: En 14 de los 17 cuerpos se encontraron balas calibre .223, de escopeta 12 y 9 milímetros.
Cuarta investigación:
Evasión de reos
Al mismo tiempo se abrió una indagatoria por evasión de reos.
El procurador explicó a Zeta:
"Como internos que se evadieron de la justicia y los recapturaron, tenemos dos detenidos". Y aparte otros seis como implicados, "por actos vandálicos que concluyeron en el delito de daños en propiedad ajena y lesiones, y otros cinco detenidos en calidad de presentados", estos últimos fueron aprehendidos en el exterior de la penitenciaría.
En cuanto al detonante del motín, la línea principal de la Procuraduría coincide con la que siguen en la Secretaría de Seguridad: rencillas entre líderes de bandas de traficantes de droga en el interior del centro de readaptación.
Funcionarios implicados
Además de los custodios y comandantes investigados por homicidio luego del primer motín, en la segunda rebelión se inició una investigación por omisión, sobre los funcionarios del sistema penitenciario en el gobierno de Baja California.
Fueron destituidos de sus cargos y se ejercitó acción penal contra Simona Gamiño Gurrola, exsubsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario; Miguel Ángel Canett García, exdirector general de Centros de Readaptación Social, y Carlos Arturo González García, exdirector del Centro de Readaptación Social de Tijuana.
Ninguno de los ex funcionarios ha rendido su declaración, pero: "Se ejercitó acción penal y se dejó un triplicado abierto que significa que se está investigando para deslindar responsabilidades de cada una de las personas", explicó el fiscal estatal.
"Se les está investigando por no haber tomado las medidas necesarias desde el domingo, para que no se diera un segundo motín, hay responsabilidad en cuanto a los delitos que se cometieron al interior del centro de readaptación en Tijuana.
"En el código penal se establece que es contra la administración de la justicia, considerado leve y tiene libertad bajo caución, pero a este delito se agrega lo que derive por omisión en los delitos correspondientes, aunque jurídicamente la misma ley establece que no hay dolo."
Gurrola, Cannet y González son considerados como presuntos responsables en el mismo esquema.
Al preguntarle a Rommel Moreno si la línea de mando implicaba responsabilidad en las omisiones al secretario, Daniel de la Rosa concluyó: "Yo no quiero especular, voy con lo que van arrojando las investigaciones y declaraciones adonde llegue, la petición del gobernador es la transparencia y en ese sentido estamos trabajando".
De la Rosa: Sabía de las bandas criminales
El jueves 18 de septiembre, Zeta entrevistó al secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, y dadas sus declaraciones revelando su conocimiento de los grupos de traficantes y distribución de droga en el penal de Tijuana, se le preguntó qué medidas había ejercido al respecto, pero el funcionario se remitió al programa general de los Ceresos en Baja California.
"Hay que ver la realidad de los penales de México y en ninguno podemos decir que no ingresa droga o sustancias ilícitas, pero lo importante es generar las condiciones para erradicar esas situaciones: ustedes han visto que se ha venido fortaleciendo el sistema de fiscalización en las visitas; implementación de operativos de revisión para decomisos de celulares, droga y armas: inversión en infraestructura; traslados a otros penales; la próxima inauguración mínima peligrosidad: y en 2008 establecer aduanas inteligentes con rayos que tienen mayor efectividad para evitar el ingreso de artículos prohibidos."
Cuando se solicitó mayor precisión de su reacción al enfrentamiento del sábado 6 de septiembre, agregó: "Fue una riña con lesionados que no eran de consideración, se aisló a esas personas y se tenían en el edificio de máxima peligrosidad de La Mesa, el cual tenía revisiones más constantes que el resto, porque no estaban las condiciones para trasladarlos y menos para enviarlos a El Hongo, donde estaba el jefe de Los Sureños".
Luego De la Rosa regresó a las respuestas generales:
"Ya se estaba tramitando el traslado de todos estos reos a otras entidades federativas. Se estaban generando los listados de cada uno de los penales de la entidad con los cuales se iba a solicitar formalmente a la federación el traslado. Ya se había establecido comunicación telefónica con el subsecretario federal, Francisco Patiño, hace tres semanas. Pero esta medida es para todos los Ceresos, y después de las listas que apenas se están armando, seguiría un estudio jurídico y procedería sólo que el interno no estuviera amparado."
Respecto del supuesto y anunciado control de La Peni, el tiempo que tardaron en resolver los motines y los negociadores que actuaron, el funcionario estatal respondió asegurando que el sistema penitenciario de Baja California sí tiene una estrategia de acción antimotines.
Que existe un grupo de reacción, una estrategia de coordinación con el resto de las corporaciones policiacas, que es encabezado por el comandante del Cereso, pero que en este caso estaba prófugo, razón por la cual tomó su lugar el director del Penal como negociador.
Justificó la lentitud oficial ante la rebelión de los presos:
"El riesgo que había con la visita eran los custodios tomados como rehenes que estaban amenazando con puntas. Si no los hubieran tenido privados de la libertad no los hubieran soltado poco a poco, el último grupo salió a las cero horas del lunes. En las negociaciones El Perro amenazaba con quemar a los custodios y dañar a los familiares."
Justificó De la Rosa el ingreso de dos cámaras de televisión en medio del motín, a pesar de que no está considerado en el protocolo de negociación: "Ahí se tomaron en cuenta las solicitudes de los reos, como ellos no cumplieron se acabó de manera rápida".
-¿Se le pidió a usted el visto bueno en las negociones?
"No; de hecho cuando llegamos lo que se estableció fue que ningún tipo de negociación, sino entrar a contener. Lo que hicimos después con la llegada de las diferentes corporaciones policiacas."
-No hubo estrategia de control dentro ni fuera...
"Sí, por eso se están haciendo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, porque ahí sí hay una omisión desde el momento mismo en que se suscita un incidente y se avisa tres horas después, y en los motines el tiempo es muy valioso, y una riña que pudo no pasar a mayores derivó en esto, aprovechado por los grupos criminales."
-¿Qué parte de lo que se hizo y se dejó de hacer es su responsabilidad?
"Aquí vemos que hay resultados que se están realizando pero también acciones que en un momento dado son sujetas de investigación, y bueno, en esas acciones también tiene que ver la responsabilidad de todos."
-¿Y la suya?
"Realmente como titular de la secretaría de Seguridad Pública tengo a mi cargo el sistema penitenciario y dentro de él hay responsables específicos, inclusive por normatividad jurídica. Y si alguno de esos responsables no actúa adecuadamente, todos estamos sujetos a la propia normatividad."
-¿Va a renunciar?
"Lo importante es lo que se ha venido desarrollando, estamos en esta responsabilidad por una confianza y por las acciones emprendidas en Baja California por parte del gobernador del estado, entonces ya será la evaluación de los ciudadanos de Baja California y del gobernador."
La DEA tiene un objetivo: el cártel del Golfo
Proyecto Cálculo. Decomisos

Mediante la Operación Cálculo, el gobierno de Estados Unidos asestó duros golpes a las finanzas y a las redes del cártel del Golfo, que introduce drogas a ese país para "exportarlas" después a Europa. Además, mediante el encausamiento judicial de los principales cabecillas del narco, el Departamento de Justicia ya está listo para pedir su extradición tan pronto sean capturados. En entrevista, Carl Pike, agente especial de la DEA, revela los pormenores de la operación internacional.



WASHINGTON.- La "guerra" del gobierno mexicano contra el narcotráfico ha llegado a Estados Unidos, y como parte de ella, el Departamento de Justicia y agencias federales como la DEA (antinarcóticos) y el FBI pretenden desarticular las redes del cártel del Golfo, que es el principal "exportador" de drogas a Europa desde el territorio estadunidense y la principal causa de la narcoviolencia en ciudades como Atlanta, Laredo y Birmingham.
"Estamos en el proceso de concretar nuevas operaciones contra el cártel del Golfo. Se anunciarán algunas en los próximos meses. Tenemos confianza de que en el plazo de un año, a partir de esta fecha, lograremos desarticular las redes de operación de este cártel" en Estados Unidos, adelanta a Proceso Carl Pike, agente especial y supervisor de operaciones especiales de la agencia antinarcóticos.
A dicho grupo delictivo "lo tenemos perfectamente bien ubicado en Estados Unidos", afirma Pike, quien estuvo a cargo de la Operación Cálculo, que conjuntó los esfuerzos de varias agencias contra el cártel mexicano. Dada a conocer en Atlanta, esta operación hizo posible el arresto de 175 personas en dos días -y 507 en 15 meses-, así como el decomiso de 40 toneladas de droga y de 60.1 millones de dólares en efectivo.
En efecto, los mapas elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC) del Departamento de Justicia y fechados el 11 de abril de 2008 muestran que los principales cárteles mexicanos ya están presentes en Estados Unidos, y que el gobierno de este país los tiene bien identificados (Proceso 1649).
A decir de Pike, Cálculo es la muestra de que se le está dando seguimiento minucioso a la información de inteligencia recopilada por el NDIC. Agrega que la atención especial al cártel del Golfo se debe a que Los Zetas -sicarios de esta organización- han intensificado sus operaciones en la Unión Americana y porque este grupo tiene vínculos con la mafia italiana en ciudades como Nueva York, lo cual coloca a Estados Unidos como trampolín para el tráfico de cocaína hacia Europa.
De acuerdo con el NDIC, la infraestructura de operaciones del cártel del Golfo en Estados Unidos está compuesta por 42 arterias repartidas en 20 estados, entre ellos Texas, Nueva York, Alabama, Florida, Illinois, Georgia y Arizona.
Pike asegura que la narcoviolencia que genera la presencia del cártel del Golfo en Estados Unidos es el problema más urgente para la DEA, el FBI y otras agencias federales de su país.
Según la DEA, Los Zetas han ejecutado y secuestrado a personas en ciudades como Laredo y Dallas, que por su cercanía con México se consideran más vulnerables, pero los sicarios del cártel del Golfo ya operan en otros estados y ciudades más alejados de la región limítrofe.
A finales del año pasado "Los Zetas ejecutaron a cinco personas en Birmingham, Alabama, y el año pasado y en lo que va de éste han secuestrado a varias personas en Atlan-ta", asegura el agente especial de la DEA, quien durante los últimos 15 meses se dedicó a investigar y perseguir a las células del mencionado cártel en Estados Unidos.
Cooperación
En una descripción del proyecto Cálculo, Pike ilustra también la capacidad para el trasiego de narcóticos y el lavado de dinero que tiene el cártel del Golfo en Estados Unidos y en Europa:
"La operación se realizó con una precisión impresionante gracias al intercambio de información de inteligencia que establecimos con los gobiernos de México, Guatemala, Colombia, Italia y Panamá", señala.
En esas acciones, que concluyeron el martes 16, fueron arrestadas 507 personas relacionadas con las operaciones del cártel del Golfo. De ellas, 175 cayeron entre los días 15 y 16: 165 en Estados Unidos y 10 en Italia, como se establece en documentos oficiales de la DEA.
Pike afirma que las detenciones y la confiscación de drogas, dinero, autos y armas derivaron de "la cooperación militar y policial" que ofreció a Estados Unidos el gobierno de Felipe Calderón: "A lo largo de los 15 meses que duró el proyecto Cálculo, participaron 180 soldados y unos 80 agentes de la Policía Federal de México".
La operación se concentró en los estados de Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Louisiana, Nuevo México, Florida y Carolina del Norte, donde las autoridades estadunidenses, mediante información de inteligencia cruzada con México, Colombia, Guatemala e Italia, lograron confiscar 40.1 millones de dólares en efectivo, 16 mil 711 kilos de cocaína, 23 mil 250 kilos de mariguana, 471.2 kilos de metanfetaminas, 8.61 kilos de heroína, 176 automóviles y 167 armas.
"En los últimos dos días del proyecto Cálculo confiscamos 2.5 millones de dólares en efectivo. En Dallas encontramos un portafolios que contenía 1 millón de dólares", relata el agente especial Pike.
Respecto de las 175 personas detenidas en 48 horas, Pike dice que la mayoría son ciudadanos estadunidenses o mexicanos con residencia legal, y que 68 fueron arrestados en Texas, 43 en Atlanta, 18 en Carolina del Norte y el resto en otros estados.
"Seguramente la gente dirá que entre los 175 detenidos no hay ni uno solo de los grandes capos del cártel del Golfo, pero para nosotros estos arrestos son un gran golpe a esta organización criminal, porque estas personas conforman las células encargadas de la distribución de drogas, de la recolección y lavado de dinero en Estados Unidos", afirma el agente.
Puente hacia Europa
Como parte del proyecto Cálculo, el gobierno estadunidense llevó a cabo el encausamiento criminal de 17 presuntos integrantes del comando central del cártel del Golfo ante la Corte Federal del Distrito de Columbia.
Con ese procedimiento judicial, el Departamento de Justicia puede solicitar la extradición de los acusados en caso de que sean detenidos en otro país, específicamente en México.
De acuerdo con dichos encausamientos, cuya copia tiene Proceso, el gobierno de Estados Unidos acusa de manera formal por "tráfico y distribución de droga y lavado de dinero" a Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Cos; Heriberto Lazcano Lazcano, Lazca; Miguel Treviño Morales, 40; Jaime González Durán, Hummer; Samuel Flores Borrego, Tres; Mario Ramírez Treviño, Mario Pelón; Alfredo Rangel Buendía, Chicles; Gilberto Barragán, Tocayo; Juan Reyes Mejía González, R-1, y otra persona identificada sólo como Lino.
Por el delito de "conspiración para distribuir cinco kilos o más de cocaína y mil kilos o más de mariguana en Estados Unidos", se encausó judicialmente a Omar Treviño Morales, 42; Jesús Enrique Rejón Aguilar, Mamito; Héctor Manuel Sauceda Gamboa, El Karis; Alfonso Lam Liu, Gordo Lam; Eleazar Medina Rojas, El Chelelo, y Aurelio Cano Flores, Yankee.
La DEA asegura que los encausamientos son un "paso sin precedentes" en la lucha contra el cártel del Golfo, porque se emitieron contra las cuatro cabezas de la organización: Cárdenas Guillén, Costilla Sánchez, Lazcano Lazcano y Treviño Morales. Este último, según la DEA, controla el paso de la droga por los puentes fronterizos de Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En cuanto al contrabando trascontinental, el agente especial Carl Pike explica que el cártel del Golfo se encarga de meter a su país la droga que se consume en Europa, principalmente cocaína.
"Una vez que está la droga en Estados Unidos, los operadores del cártel del Golfo se encargan de llevarla a Nueva York desde cualquiera de los puntos que dominan en este país", dice. Una vez que el cargamento llega a esa ciudad, los operadores del cártel se lo entregan a sus socios de la mafia italo-estadunidense integrada por las "familias" Schirripa, Castellano, Margolies y Albanese.
Los Schirripa iniciaron sus operaciones criminales en Nueva York desde la década de los treinta, y la Albanese en los sesenta.
"Para llevar la cocaína a Roma, ciudad que es el centro de distribución de la cocaína del cártel del Golfo en Europa, estas mafias utilizan los mismos métodos que para enviar heroína de Nueva York a Italia: los barcos de carga mercantil, de ropa, alimentos y medicina. Casi 90% de la droga que llega por México y se vende en Europa llega por vía marítima", informa Pike.
El agente sostiene que el cártel del Golfo le vende cada kilo de cocaína en 30 mil dólares a la mafia de Nueva York, que a su vez la revende en 45 mil euros a sus compradores y distribuidores en Roma.
Según la DEA, las 10 personas detenidas en Italia el martes 16 como parte del último operativo del proyecto Cálculo, forman parte de la red de distribución de la cocaína que el cártel del Golfo introduce a Estados Unidos y que se envía a Roma para ser vendida después en otras ciudades europeas.
Con el proyecto Cálculo, destaca Carl Pike, "por primera vez, en por lo menos 20 años, logramos que el gobierno de México nos pasara información de inteligencia muy delicada sobre grupos criminales como el cártel del Golfo".
Y resalta que, pese a que en Estados Unidos están identificados los puntos donde operan los cárteles de Tijuana, de Juárez y La Federación, para la DEA es prioritario desmantelar al cártel del Golfo antes que cualquier otro, "porque han reincidido -por medio de Los Zetas- en el uso de la narcoviolencia para realizar sus operaciones en Estados Unidos".
Aunque el agente especial de la DEA se niega a informar sobre los estados y las fechas donde se llevarán a cabo las próximas acciones contra la organización, adelanta que el próximo objetivo será "contener las operaciones criminales de Los Zetas en las ciudades de Estados Unidos" donde ya han cometido asesinatos y secuestros. l
Veracruz: los alcaldes bajo extorsión de “Los Zetas”
Herrera. Falta de coordinación

Las amenazas de presuntos narcotraficantes, identificados como integrantes del grupo de Los Zetas, han asustado tanto a muchos alcaldes veracruzanos, que algunos de ellos han pagado las extorsiones con recursos del erario. Por el contrario, otros han sufrido secuestros y robos sin que las instancias de procuración de justicia los respalden.

XALAPA, VER.- "Somos del grupo de Los Zetas, tenemos vigilada a tu familia, sabemos qué hace. Tienes que caerte con 20 mil dólares y es ya. Toma tu coche, sal a la carretera y te vamos a decir de ahí para dónde. Si no lo haces te va a pesar". Así sonó en el teléfono la voz de un hombre.
Esta amenazante llamada la recibió un edil, quien pidió no ser identificado, en sus oficinas del palacio municipal de una población veracruzana. El funcionario dice a Proceso que más de 80 alcaldes veracruzanos han sufrido intimidaciones similares por parte de supuestos integrantes del grupo armado del cártel del Golfo.
En muchos municipios del estado hay sicosis ante estos hechos. Prueba de ello es que a principios de septiembre, el gobernador Fidel Herrera Beltrán se reunió con 100 presidentes municipales para tratar el asunto. Ahí, la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, Marina Garay Cabada, expuso que algunos de sus colegas han sido extorsionados.
Aunque las autoridades estatales han mantenido reserva acerca de los presidentes municipales amenazados, trascendió que los alcaldes de Moloacán, Cosautlán, Tamiahua, Ixtaczoquitlán, Tancoco, Banderilla, Zozocolco, Naolinco y Chocamán están en la lista de los amenazados por extorsión.
Aunque estas localidades son pequeñas y sus autoridades pueden ser presas fáciles para la extorsión, ayuntamientos importantes como Poza Rica, Coatepec, Córdoba y Orizaba no se han visto libres de las amenazas.
Otro alcalde entrevistado por este semanario asegura que hasta el martes 2, ya habían recibido amenazas con fines de extorsión 83 de los 212 alcaldes veracruzanos. Agrega que seis de ellos pagaron cantidades que fluctúan entre los 6 mil y los 15 mil dólares. Otros se han negado a entregar el dinero y las amenazas persisten e incluso se han intensificado.
A finales de agosto pasado, Teodoro Jiménez Reyes, alcalde perredista de Tancoco, uno de los municipios marginados del norte de la entidad, fue secuestrado en su oficina por un grupo de hombres armados. De ahí lo llevaron a su casa donde amagaron a su familia. Para que los dejaran en libertad tuvo que entregar 200 mil pesos en efectivo.
Así lo denunció el diputado perredista Celestino Rivera Hernández, el 27 de agosto, durante una sesión con legisladores. Dijo en la tribuna que los delincuentes que atacaron a Jiménez "le dejaron el número de una cuenta de un banco de Pachuca (Hidalgo) para que depositara ciertas cantidades de manera regular".
En los últimos días, subraya Rivera, presidentes municipales de distintas zonas de la entidad han sido secuestrados por miembros de bandas delictivas. A pesar de que algunos han interpuesto denuncia ante las autoridades ministeriales, hasta ahora no hay ningún resultado.
Las autoridades estatales de seguridad pública, acota, no sólo no han reaccionado para ofrecer garantías a estos servidores públicos. Al contrario, "los han reprendido por haber accedido a las exigencias de los delincuentes".
Después de lo ocurrido, Jiménez acudió a Xalapa a fin de solicitar el apoyo de las autoridades estatales. Se entrevistó con el secretario de gobierno Reynaldo Escobar Pérez, quien le dijo que no debió ceder a las amenazas ni entregar el dinero y las joyas de su familia, dice Rivera a Proceso.
Si los delincuentes pueden secuestrar a un presidente municipal que cuenta con un cuerpo de policías "qué pueden esperar los ciudadanos cuando no hay nadie que implemente acciones para evitar esta situación", abunda el perredista.
El legislador precisa que en materia de seguridad pública no se trata únicamente de reformar leyes y autorizar más recursos. Tampoco de cambiar o remover a los encargados de la aplicación de justicia y la seguridad de los veracruzanos, sino que es urgente la implantación de un programa integral que garantice la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Comenta que el 2 de noviembre de 2007, cuando ya era diputado electo del PRD, solicitó licencia para dejar la presidencia municipal de Tempoal. Ese día "fui asaltado en mi domicilio; se metieron cuatro individuos a mi casa, me amenazaron, amordazaron, amarraron y hostigaron a mis tres niños y a mi esposa".
Empresario de la construcción hasta antes de ingresar al PRD y ser electo presidente municipal de Tempoal, Rivera pagó 200 mil pesos a sus secuestradores. Sin embargo, las amenazas no cesaron, "pues me seguían llamando por teléfono igual que a mi esposa".
"Somos los mismos que te visitamos, que te asaltamos y te tenemos bien ubicado. Sabemos todo de ti y de tu familia. Tienes que darnos dinero hijo de la chingada si no te vas a morir. Vamos a matarte a ti y a tu familia", eran las constantes amenazas que recibía para depositar dinero a una cuenta bancaria.
Asegura que se negó a cumplir con las exigencias del grupo de extorsionadores. Dijeron que formaban parte de Los Zetas y por eso acudió a presentar su denuncia ante el Ministerio Público de Tempoal. Después se entrevistó con el entonces procurador de justicia Emeterio López Márquez, "pero no pasó nada".
Y agrega que, hasta ahora, la averiguación ministerial que se abrió en Tempoal está congelada. El procurador López Márquez se limitó a decirle que debía tener cuidado, pues la dependencia a su cargo no contaba con recursos para enfrentar esta problemática.
A casi un año de su secuestro, la vida de Rivera y su familia cambió, "pues siempre andas con temor, ya no caminas libremente por las calles, no respondes cualquier llamada telefónica, no abres la puerta de tu casa a cualquier persona, vives en total incertidumbre".
En una situación parecida se encuentran los alcaldes que recién han caído en manos de Los Zetas, "vives presa de un temor que arrastra; sales de una puerta y miras hacia todos lados y si un auto esta parado cerca de tu cuadra te sigues derecho", dice el funcionario entrevistado que pidió el anonimato.
La tónica para los 83 alcaldes bajo amenaza es la misma, aunque es factible que la cifra haya aumentado. "Somos Los Zetas y de aquí para adelante, mano, estas vigilado por nosotros. Si no pagas la protección que te damos atente a las consecuencias", comentan quienes estuvieron en la reunión en el Palacio de Gobierno, convocada por el gobernador el 1 de septiembre.
Pocas denuncias
Uno de los pocos alcaldes que han hecho públicas las amenazas de que ha sido objeto es el de Ixtaczoquitlán, Nelson Votte Ramos, quien declaró a medios de comunicación de Orizaba haber recibido llamadas telefónicas con la intención de extorsionarlo por dinero.
Debido a estas amenazas en contra suya y de su familia, Votte decidió no encabezar las festividades del 15 de septiembre y se quejó de la falta de resultados de la denuncia que interpuso el pasado 30 de agosto ante el agente del Ministerio Público de Orizaba.
Ante medios de comunicación locales, dijo que las autoridades no trabajan al cien por ciento y de nada servirá que se incremente el número de policías si no se desempeñan como debe ser. Añadió que ante la falta de apoyo por parte de la policía ministerial y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, optó por contratar los servicios de una empresa privada especialista en la materia.
Asegura que durante las últimas tres semanas, ha recibido más de 40 llamadas telefónicas de números correspondientes a Puebla, Veracruz y Orizaba en las que le dicen que lo van a matar y que tarde o temprano les va a pagar.
El lunes 1, en entrevista colectiva, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Sergio López Esquer, reconoció que 60 de los 212 alcaldes veracruzanos habían enfrentado amenazas e intentos de extorsión por parte de la delincuencia organizada.
Se trata, dijo, "de amenazas contra la integridad física de los ediles o sus familias, y cuyos extorsionadores, "les exigen el pago de cierta cantidad de dinero para brindarles seguridad y para no actuar en contra de su integridad física, aunque son pocos los casos críticos".
El martes 2, el gobernador Fidel Herrera Beltrán se refirió a la reunión sostenida la noche anterior con alcaldes en la que se hablo de la seguridad en sus municipios. Comentó que algunos de ellos han recibido amenazas, y dijo que seis fueron extorsionados.
Al parecer, los presidentes municipales que cayeron en el "timo de la extorsión" tomaron recursos públicos del ayuntamiento para pagar el dinero exigido por Los Zetas, en lugar de presentar la denuncia ante autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones correspondientes.
El presidente de la comisión de justicia y puntos constitucionales del Congreso local, Francisco López Portilla, comentó que a los alcaldes que desviaron recursos públicos para pagar las extorsiones "se les puede tipificar responsabilidad".
El legislador priista advirtió: "Aunque la familia está bajo amenaza y sin que se deje de reconocer el miedo, no se debe tomar dinero del erario para pagar una cantidad que se nos esta pidiendo, porque ese dinero no es nuestro, es del pueblo y tenemos la obligación de administrarlo y rendir cuentas."
Sin embargo, el también integrante de la comisión legislativa de seguridad pública admitió que en su distrito, en Córdoba, cuatro alcaldes han recibido este tipo de amenazas, en especial, los de los municipios de Coetzalán, Amatlán de los Reyes y Cuitlahuac.
Mal de muchos...
Inmersos en esta sicosis, las autoridades estatales sólo han atinado a señalar que este tipo de llamadas "provienen de otros estados", como Hidalgo, Michoacán, Zacatecas o Sinaloa, aunque algunos de los afectados dicen que los números telefónicos son del mismo municipio.
En este caso, el coordinador del Centro de Comando, Control y Cómputo (C-4), Arturo Bermúdez Zurita, reconoció que de las más de 60 denuncias por llamadas de extorsión que reciben diariamente, 20 están relacionadas con alcaldes veracruzanos.
Sin embargo, aseguró que 80% de las denuncias recibidas por hechos de extorsión provienen de dichas entidades y añadió que el número que se tiene en Veracruz "no es grave si se compara con las 5 mil diarias que reporta la PGR en todo el país".
Según Bermúdez, ya se tiene detectada la antena y el cuadrante de donde provienen las llamadas y el área de inteligencia de la Policía Federal Preventiva "está actuando". Precisó que de 2001 a la fecha "tenemos detectados 5 mil números telefónicos que se han utilizado para llamadas de extorsión".
Aun cuando Herrera Beltrán ha convocado a los ayuntamientos a coadyuvar en las acciones de seguridad pública, pocos son los alcaldes que tienen bajo su mando a los cuerpos policíacos, pues la mayoría depende del gobierno del estado que maneja los recursos federales y estatales.
En Veracruz se crearon coordinaciones de Policías Intermunicipales en las regiones de Veracruz-Boca del Río, Jalapa-Banderilla-Tlanehuayocan, Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán y Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque, que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
A juicio del coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Fredy Ayala González, el clima de inseguridad no sólo es responsabilidad de las autoridades federales sino de las estatales, "pues a partir de que Fidel Herrera entró al gobierno estatal los índices delictivos se han disparado en Veracruz".
Desde el inicio de esta administración estatal este tipo de delitos se han incrementado y decir que los índices son menores a los registrados en otras partes del país "no debe consolarnos". Con los últimos acontecimientos, "podemos decir que ahora sí Veracruz late con fuerza, pero de miedo", remarcó. l

El silencio dependiente en el mes de la Independencia

México: la indiferencia gubernamental frente a Bolivia como complicidad criminal
Por: Fernando Buen Abad Domínguez

Bloqueo mediático y bloqueo político contra el Sur.

Hubo un tiempo en que, contradictoria y todo, la política mexicana en materia de relaciones exteriores era ejemplo, sin exageraciones, de responsabilidad internacionalista y solidaria. Eso permitió abrir puertas, corazones y empleos a inmigrantes y refugiados que en épocas distintas fueron asediados, perseguidos y expulsados en España, Chile, Argentina, Cuba, Guatemala, Nicaragua... eso permitió acunar un no poco importante (aunque tratado con indiferencia) Instituto del Derecho de Asilo en la Casa de León Trotsky1 y acunar una cultura de amistad verdadera entre los pueblos. Hoy el panorama es totalmente distinto y lo que se hace, desde Salinas de Gortari hasta Fox y Calderón, sólo ha sido destruir (entre mil cosas más) las mejores herencias de política exterior (como la de Lázaro Cárdenas). Lo que han hecho (y hacen) es traicionar lo que en verdad piensa y quiere la base del pueblo.

Es absolutamente irracional la desinformación voluntarista que impera en México auspiciada por los monopolios mediáticos y la presidencia espuria, que son uno y lo mismo. Es su forma de atacar "elegantemente" a los pueblos latinoamericanos en lucha. Es su forma de castigar a los luchadores sociales que en México no bajan ni bajaran las banderas del internacionalismo obrero, indígena y campesino. Es su forma de sembrar la indiferencia, el abandono y el crimen por complicidad muda. Es su manera de quebrar la fraternidad de los pueblos y es su forma de hacernos sentir que estamos solos, que la rebeldía fracasará y que ellos son inamovibles. Por eso Calderón no abre la boca respecto a la ingerencia imperial-fascista que se cierne contra Bolivia, contra Venezuela y contra todo el continente.

La voz de los monopolios no es la voz de los pueblos. Cuando los noticieros amaestrados por el mercado se refieren a Bolivia, o a Venezuela, o a cualquier dignidad dispuesta a cambiar al mundo... lo hacen sólo para acicatear la campaña continental que se empeña en mostrarlos como "dictaduras" caribeñas, gente "grosera" o heraldos de "pensamientos ya superados". Y le dan parejo a Correa, a Chávez, a Morales, a Ortega, a Castro... y a todos los que, impulsados por la revolución social que emerge pertinaz, acatan un mandato revolucionario que viene desde abajo y desde hace tiempo. Cuando los lebreles de la des-información corren tras la presa que les tiran sus amos, vociferan indignados. Dicen, por ejemplo, que Chávez se "excede", que un estadista no puede hablar como él habla, se ofenden por las formas sin ver las causas, no les interesan, chillan porque el vocabulario no es "propio" y tratan de tapar con su ruido "periodístico" higiénico, la sangre y los muertos, las golpizas a los luchadores sociales, las condenas legaloides monstruosas -como en Atenco- las represiones inhumanas contra los obreros... el hambre, la miseria, las matanzas del crimen organizado, la corrupción gubernamental, empresarial y clerical... y mientras tanto Calderón calladito él y todo su séquito espurio miran para otro lado, es decir, miran con servidumbre las barras y las estrellas que sostienen su paraíso fraudulento. Dicen que "calladitos son más bonitos".

El continente todo, mientras tanto, es un clamor revolucionario que lucha contra el imperio, contra las burguesías nacionales y contra la demagogia de los reformismos camaleónicos que se empeñan en descarrilar una máquina revolucionaria imparable.

La gran máquina de la mayoría esclavizada, harta ya de ser humillada, asesinada y explotada. Ni Calderón ni sus cómplices abrirán la boca para defender al pueblo de Bolivia, ni al pueblo de Venezuela ni al propio pueblo mexicano y, si se les ocurriera decir algo, será sólo palabrería de esa que se ensaya para los discursos porque en los hechos México sigue hundiéndose en el desempleo, la malversación de fondos, el baño de sangre, el saqueo fiscal, el saqueo de recursos naturales, la privatización disfrazada, la corrupción, la connivencia mafiosa de los partidos mansos y la saña legalista afilada para acorralar a los líderes sociales mientras caminan libre en sus mansiones los asesinos y ladrones más afamados en el paso y en el presente.

Pero no serán los trabajadores quienes guarden silencio. La verdadera política internacionalista y revolucionaria la ejercen los pueblos cotidianamente. Y aun sin recursos y con acceso limitado a algunos medios de comunicación, uno ve y uno escucha por las calles y las plazas los gestos de solidaridad que realmente valen cuando llega la hora de la verdad. Dígase al pueblo de Bolivia y a todos los pueblos del continente que el pueblo mexicano, es decir sus trabajadores obreros y campesinos, son –a pesar de los bloqueos- concientes de la lucha y que su naturaleza es la solidaridad por definición, por conveniencia, por historia y por urgencia de esta hora. Y esto no es sólo un reporte del deseo, es la inminencia de una la lucha que es la misma y que se prepara para resistir al embate imperialista que anhela adueñarse del petróleo mexicano. Vienen horas de lucha y resistencia, viene la hora del combate racional con la razón que nos asiste para defender el petróleo que no pude, no debe ser entregado a ningún negocio de mafiosos, nacionales o extranjeros, por bien armados que estén.

Bien nos vendría un pacto continental de medios alternativos y comunitarios, de páginas Web y de correos electrónicos, de prensa obrera y de cuanto medio se tenga, para levantar un ¡NO! enérgico, una denuncia y un programa de organización para frenar la arremetida nazi fascista que ya desde Bolivia nos avisa hasta dónde quieren llegar en el plazo más corto posible. No pasarán. Por una Corriente Internacional de la Comunicación Hacia el Socialismo.
Acusa guerilla a Calderón de escalada del narco

MEXICO, D. F., 22 de septiembre (apro).- Cinco grupos armados responsabilizaron al gobierno de Felipe Calderón del crecimiento del narcotráfico y de la violencia en el país, y reiteraron su propósito de formar una coordinadora nacional guerrillera.
En su octavo "Manifiesto a la Nación", los grupos Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo(TDR-EP), Organización Insurgente 1 de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D), y Unidad Popular Revolucionaria Magonista (UPRM) acusaron tambiénn a la clase política de estar vinculada con el crimen organizado.
En un comunicado, dichos grupos, que desde hace al menos dos años operan en unidad, fueron los que en noviembre de 2006 se adjudicaron las explosiones en la sede nacional del PRI, en el Tribunal Electoral y en oficinas bancarias, en protesta por el triunfo de Felipe Calderón al que consideran como un presidente "ilegítimo" por haber ganado a través del fraude y con el apoyo de grupos empresariales de derecha, y también por la impunidad con que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, salió del conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En mayo pasado, esos grupos guerrilleros declararon una tregua en sus acciones militares, en solidaridad con la demanda del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de presentar con vida a sus dos militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mediados de 2007.
Ahora, en su nuevo manifiesto, los cinco grupos guerrilleros sostienen que el crecimiento de la violencia en el país es producto de la pelea entre los narcotraficantes por el control de la producción, trasiego y venta de las drogas.
"El origen de este brutal enfrentamiento se encuentra en el desmantelamiento neoliberal de que ha sido objeto el Estado y, por tanto, en la reestructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal) y al interior de los cuerpos policiacos y militares", apuntan.
Sostienen, así mismo, que los cárteles de la droga tienen protección gubernamental y que se han infiltrado en el sistema financiero, así como en los procesos electorales, incluso en los presidenciales.
"Por eso nació muerta la más reciente cumbre de seguridad. Y por eso seguirá fracasando todo intento de mantener la cohesión entre los organismos encargados del orden y la seguridad pública, pues los funcionarios que encabezan a dichos organismos son, al mismo tiempo, los jefes de las mafias que se encargan de vender protección a distintos cárteles de la droga y responden, por tanto, a intereses opuestos", afirman.
La alianza guerrillera insiste en varias parte del comunicado en los lazos entre narcotraficantes y políticos, y señala: "El gabinete calderonista ha empezado a cosechar así, los vientos golpistas y fraudulentos que sembró no sólo con el apoyo del sector empresarial más reaccionario y rapaz, sino también con el apoyo de sus propias mafias y con dinero del narcotráfico".
Advierten que el atentado en Morelia, Michoacán, está siendo utilizado por el gobierno de Calderón como una cortina de humo para ocultar su política entreguista "y su participación en la guerra de las drogas"; además, para aplicar su política de represión amplificando el despliegue militar y policiaco en todo el país, mediante retenes, cateos, patrullajes, detenciones arbitrarias, registros y allanamientos de casas-habitación.
Muestra de esta política de represión a los líderes sociales, señalan el caso de Ignacio del Valle, del movimiento de San Salvador Atenco, estado de México, recientemente sentenciado a 112 años de cárcel "por negarse a aceptar de rodillas el autoritarismo y la injusticia gubernamental".
Dinero público y fines privados
Mas de la mierda!
El empleo de recursos del erario con fines ajenos al interés público, como ocurre con la publicidad oficial y sus formas de control, es en México un problema endémico. La ausencia de normas en la materia explica parte de la anomalía, pero la falta de una cultura democrática mínima en los gobernantes representa la causa medular. Veamos.
Primero. México ha estado en el cabús del tren del desarrollo democrático por lo que a la relación Estado y medios se refiere. Cabe recordar cómo el país se convirtió en la fuente de inspiración para que un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada el 22 de noviembre de 1969 estuviera redactado en los siguientes términos: "Artículo 13. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
La existencia de PIPSA como fuente de papel periódico por largos años, hasta su privatización en 1992; la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, que establece la asignación discrecional de concesiones y permisos en la materia, y la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial acreditaron con creces el numeral 3 del artículo 13 de la Convención para que nunca pasara más en un país de América lo que sucedía (y sigue sucediendo) en México.
Segundo. La debilidad del estado de derecho en México reclama una reforma de actitudes para evitar algunos fenómenos que, crecientemente, se observan a lo largo del territorio nacional: a) falta de participación ciudadana en el debate público; b) desconfianza de las personas en el gobierno y sus instituciones; c) resistencia y evasión del pago de impuestos y de servicios públicos por la percepción en aumento de que esos recursos sólo enriquecen a los gobernantes y no se traducen en servicios públicos ni en seguridad mínima; d) percepción colectiva de que en México no hay consecuencias si se viola la ley cuando se dispone de relaciones o dinero, y e) desarrollo de una relación antagónica, sin visiones de colaboración, entre la sociedad y el gobierno.
Tercero. Una de las pocas decisiones positivas del Estado fue reformar en 2007 el artículo 134 constitucional, el cual dispone en su penúltimo párrafo: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".
No obstante lo evidente de ese mandato constitucional, los gobernantes lo infringen sin ninguna consecuencia. Ayer fue el presidente Felipe Calderón con la enorme publicitación de su informe, hoy lo es Marcelo Ebrard haciendo lo propio. Y Enrique Peña Nieto no se queda atrás. El criterio de nuestros gobernantes es: ¿por qué quieren que observe la ley si mi adversario político no lo hace?
Cuarto. En varios países se ha regulado esta materia, y aunque en otros no se ha hecho, suele cumplirse con sus principios. La diferencia es que en México no se ha cultivado la clase política mexicana en moral pública y principios éticos. ¿Se imagina a un gobernador de un cantón suizo publicitando su imagen con recursos de los contribuyentes? Por supuesto que no. Pero aquí sí vemos al presidente Calderón, a Ebrard, a Peña Nieto y a muchos otros mostrándonos sus rostros y todo lo bueno que han hecho como gobernantes.
En España, por ejemplo, que sí ha legislado en este rubro, la ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional específicamente prohíbe contratar campañas "que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados" por el gobierno. En la exposición de motivos de la ley se manifiesta que "la utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve".
En un excelente texto de Jorge Carpizo -de obligada lectura-, titulado La moral pública, desarrolla el tema y retrata la problemática de México. Carpizo predica con el ejemplo. No es pensionado de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo serlo. Tampoco recibió liquidaciones a su paso por la PGR o por la Secretaría de Gobernación. Vive en la honrosa medianía de que habla Juárez, como investigador universitario. Ojalá esa no fuera la excepción, sino la regla. l
evillanueva99@yahoo.com
Confirma Prisa oferta de Slim
Cebrián. Negociaciones exitosas

Jenaro Villamil

En la recta final de la venta de Digital+, filial de televisión por satélite del consorcio mediático español Promotora de Informaciones (Grupo Prisa), Telmex y el magnate mexicano Carlos Slim han vuelto a aparecer junto con otros 11 postores, incluyendo a su rival en América Latina, Telefónica, y a los consorcios europeos Vivendi, France Telecom, Ono, BskyB y News Corp. -propiedad del australiano Rupert Murdoch- como posibles compradores de acciones por 3 mil millones de euros (4 mil 250 millones de dólares).
El nombre de Slim apareció en un despacho informativo de la agencia Europa Press y del diario estadunidense The Wall Street Journal, pocos días después de que el propietario de Grupo Carso adquiriera 6.4% de las acciones de The New York Times, en una acción sorpresiva para los propios medios estadunidenses.
Sin embargo, desde junio de este año otras publicaciones especializadas en negocios, así como fuentes de Telmex, habían descartado que Slim invirtiera en una de las filiales de Grupo Prisa, editor del periódico El País, debido a la abultada deuda del consorcio mediático español, que se calcula en 5 mil millones de euros.
Los rumores sobre la participación de Slim en Grupo Prisa circularon a principios de 2008. De hecho, las negociaciones entre el magnate mexicano y Juan Luis Cebrián (consejero delegado de Prisa), bajo la intermediación del expresidente español Felipe González -amigo de ambos y asesor del propietario de Telmex-, trascendieron en mayo pasado.
Las negociaciones se aceleraron a raíz de la decisión de Telefónica de vender 16.79% de su participación accionaria en Sogecable, la división de medios electrónicos de Grupo Prisa, a la cual pertenece Digital+. Esta determinación, los altos costos de producción en televisión abierta y restringida, así como la reestructuración accionaria del grupo elevaron la deuda de Prisa a cerca de 5 mil millones de euros, cuatro veces más el patrimonio del consorcio español fundado por Jesús Polanco.
Prisa decidió vender Digital+, su negocio de televisión por satélite que se mantuvo estancado y con una cuota de afiliados de 2.8 millones de personas. Algunas versiones indicaron que los tratos con Slim incluirían la venta de todo Sogecable, excluyendo a La Cuatro, el canal de televisión abierta que mayores avances ha tenido.
La versión implicaba una carambola de varias bandas: por un lado, el Grupo Prisa es socio en México de Radiópolis, propiedad de Televisa, mientras que este consorcio comandado por Emilio Azcárraga Jean se ha distanciado de Carlos Slim, su exsocio, a raíz de la disputa por el ingreso de Telmex al mercado del triple play, en tanto que Televisa compite con Prisa en España al adquirir en 2005 el 50% de acciones del nuevo canal de televisión, La Sexta.
La expansión de Slim ha arreciado en los dos últimos años con la adquisición de empresas de televisión por cable en América Latina, la compra de contenidos televisivos en compañías como HBO y Disney, y su inversión en los futuros productores de su cadena televisiva por cable.
El 2 de junio, el sitio Periodistadigital.com informó que Slim descartó adquirir Digital+, pero no quitó el dedo del renglón de su interés por Grupo Prisa. Una versión de El Confidencial le adjudicó al magnate mexicano el siguiente argumento: "Yo me siento a negociar, sólo si están dispuestos a venderme Prisa entero".
El 16 de septiembre, Prisa confirmó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha recibido ofertas, "sin carácter vinculante, de distintos operadores estratégicos y financieros". Entre esos operadores estarían News Corp., Telefónica, Vivendi, France Telecom, los operadores de cable Ono y BskyB, así como el propio Slim. l

AM/FM: zarpazo de Gobernación
Gachupin "SINIESTRO DELINCUENTE"
Cientos de estaciones radiofónicas de Amplitud Modulada llegarán en situación de vulnerabilidad política al proceso electoral federal de 2009, ya que muchas están en pleno proceso de refrendo de sus concesiones y permisos. Y por un acuerdo oficial publicado el lunes 15, si además quieren obtener un espacio en FM, dichas radiodifusoras tendrán que pagarle a Hacienda y obtener el visto bueno de la oficina de Juan Camilo Mouriño.
Quince días antes de que inicie formalmente el proceso electoral federal de 2009 -el 1 de octubre-, el gobierno federal emitió un acuerdo administrativo que establece los requisitos para que las 854 estaciones de radio que operan en la banda de Amplitud Modulada (AM) puedan migrar a la banda de Frecuencia Modulada (FM), a cambio de pagar una contraprestación que definirá la Secretaría de Hacienda y de que la Secretaría de Gobernación apruebe "la idoneidad del solicitante", entre otros candados.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 15, en pleno puente vacacional, generó reacciones adversas entre los dos principales partidos de oposición en el Senado. El PRI y el PRD coincidieron en caracterizarlo como una medida "electorera" encaminada a beneficiar a los grupos radiofónicos más poderosos.
El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, consideró que el acuerdo firmado por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, es una "mala copia" de la iniciativa de ley presentada el pasado 4 de junio por él y otros legisladores del PRI.
En entrevista, Beltrones señala uno de esos elementos con "tufo electorero" que contiene el acuerdo:
"Estoy convencido de que a los concesionarios no les pasará desapercibido que el acuerdo administrativo habla de un calendario de seis regiones, pero sólo especifica el tiempo preciso para la primera de ellas (que abarca los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), lo cual puede dejar sujeto el cumplimiento de las otras regiones al acuerdo administrativo y, por cierto, podría cruzarse 'casualmente' con los comicios de 2009."
-A la iniciativa que usted presentó también se le señaló por su interés electoral...
-No obstante, se presentó con oportunidad, se hizo buscando acabar con los pretextos de la autoridad que decía no tener fórmula para democratizar a la radio en su conjunto, y por eso acudimos a la presentación de la misma. Es un procedimiento mucho más sólido que un acuerdo como el que se presentó el 15 de septiembre.
-¿Está invadiendo el Ejecutivo las funciones del Legislativo?
-Creo que el instrumento que decidió utilizar el Ejecutivo, y que no es el acuerdo político, dista mucho de ser el mecanismo más limpio e idóneo para resolver el viejo problema, y que se presta mucho a la especulación política.
-¿Enrarece este acuerdo la interlocución entre el PRI y el gobierno federal?
-De ninguna manera. Seguimos pensando que a lo único que abona es a la vieja sentencia bíblica de que "por sus hechos los conoceréis". También se genera acumulación de frecuencias por los más poderosos, que son los que pueden pagar la contraprestación.
Beltrones advirtió que su partido no insistirá en dictaminar su iniciativa, siempre y cuando los concesionarios de AM mantengan una buena disposición hacia el acuerdo de la SCT. Pero si ocurre lo contrario, aclara, "buscaremos a otros grupos parlamentarios, como el PRD, y a senadores en lo individual, hasta en el PAN, con el fin de darle solidez a una solución que pueden encontrar, no en un acuerdo administrativo, sino en reformas legales y duraderas".
La posible alianza entre los partidos del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) y el PRI para legislar en esta materia se vislumbró en la misma semana del albazo que constituyó la publicación del acuerdo, cuyos términos criticaron incluso senadores panistas como Federico Döring y Marko Cortés.
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el perredista Carlos Sotelo, calificó de "clientelar, corporativo y patrimonial" el acuerdo del lunes 15, al que comparó con el decretazo de octubre de 2002 que eliminó el pago en especie del 12.5% de los tiempos fiscales a cambio de que se clausurara la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión durante el gobierno foxista.
Sotelo criticó también que sea el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien le otorgue el visto bueno a las estaciones de AM para que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) las incluya en el proceso de cambio a FM. "Se trata de retornar al viejo control político", comenta.
Sin embargo, Sotelo criticó también la iniciativa presentada en junio por Beltrones porque, en su opinión, la reforma en materia de radio debe darse en el marco de una nueva Ley Federal de Radio y Televisión acorde con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que echó abajo la llamada Ley Televisa.
Una reacción similar tuvo el exsenador Javier Corral, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que en un comunicado de 13 puntos desmenuza las principales contradicciones del acuerdo y considera que éste constituye "una nueva expresión de sometimiento del gobierno federal a los consorcios de radiodifusión".
El comunicado de Corral enlistó, como los grupos más beneficiados, a Radiorama, ACIR, Radio Fórmula, OIR, ABC-OEM, Cadena RASA y Grupo Imagen, ya que entre estos siete grupos se llevarán 222 estaciones en FM, adicionales a las que ya tienen en AM.
Vulnerabilidad
Datos de la SCT revelan que el acuerdo firmado por Luis Téllez se emitió cuando buena parte de los concesionarios y permisionarios de AM se encuentran en un estado de indefinición jurídica.
De las 854 estaciones de esa banda registradas en la página electrónica de la SCT, 91 están en proceso de refrendar sus concesiones. La mayoría de éstas son estaciones permisionadas dependientes de los gobiernos estatales o de las universidades públicas, pero a 97 se les venció la concesión entre 2006 y 2008. Casualmente, a 28 estaciones se les vence la concesión de AM en 2009.
Es decir, en total 216 estaciones están en condiciones de vulnerabilidad política e indefinición jurídica. Ante la ausencia de una nueva ley de radio y televisión, dependen de las condiciones que impongan la Cofetel, la SCT y ahora la Secretaría de Gobernación para renovar sus títulos.
Una de las estaciones a las que se les vence la concesión el 9 de diciembre de 2008 es XEGS-AM, de Roque Chávez Castro, dirigente de la agrupación de Radiodifusores Independientes, organismo que agrupa a cerca de 200 difusoras en esa banda que no pertenecen a ninguno de los grandes grupos radiofónicos, y que desde 2006 han pedido facilidades para migrar a FM.
Chávez Castro, fuerte crítico de los acuerdos cupulares entre la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) y las autoridades federales, se pronunció a favor del acuerdo publicado el lunes 15, pero subrayó que persiste la incertidumbre por el proceso de refrendo que afecta a la mayoría de los radiodifusores independientes como él.
Tan sólo en el Distrito Federal, asiento de los grandes grupos radiofónicos, las estaciones de AM tienen vigentes sus concesiones hasta 2016, pero en entidades como Coahuila, Sonora, Oaxaca, Tabasco y Guerrero la gran mayoría de los concesionarios tienen vencidas sus frecuencias, y las estaciones permisionadas no han concluido su proceso de refrendo.
La indefinición jurídica es mayor en las estaciones de FM. De las 634 que existen actualmente, entre concesionadas y permisionadas, 198 están en proceso de refrendo y 108 tienen vencidas sus frecuencias. Es decir que 306 están en situación de vulnerabilidad.
Esta incertidumbre coloca en una situación precaria tanto a las estaciones de AM, que buscarán una frecuencia adicional en FM, como a las que ya existen en esta banda.
Previsibles, los amparos
El senador Manlio Fabio Beltrones advierte que el PRI buscará, entre otras medidas legislativas, que los refrendos se realicen de manera automática y sin mayores trabas administrativas.
-¿Qué importancia tiene la radio en AM? -se le plantea.
-Sigue siendo el medio por excelencia para comunicarse con la población -advierte el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado-; recordemos cómo se quejaron algunos concesionarios cuando hicimos las reformas constitucionales y legales en materia electoral. Hoy es la hora de compensarlos, porque también hay que ponerlos en condiciones de igualdad para la competencia.
-Sobre todo frente a la televisión.
-Si queremos democratizar los medios de comunicación, más que aspirar a hacerle daño a alguno de los medios, lo que tenemos que intentar es poner en igualdad de condiciones a los demás tenedores de concesiones. Creo que es una forma positiva de ver las cosas.
-¿Buscaba su iniciativa beneficiar a grupos como Radio Fórmula o ACIR?
-Nada más alejado de la realidad. Nuestra iniciativa busca beneficiar a los tenedores de una o dos estaciones en AM, pero difícilmente se puede redactar una iniciativa alrededor de los "no" en la cual se excluya a algunos que posiblemente puedan resultar beneficiados, pero no eran los recipiendiarios originales. Si alguien sabe cómo redactar una iniciativa poniéndole 'pero se debe excluir a fulano o perengano', estoy a sus órdenes para que me digan cómo hacerlo.
A su vez, Javier Corral señala que medidas como ésa "soslayan muchas de las disposiciones que el año pasado estableció la Suprema Corte de Justicia acerca de poner a licitación toda nueva asignación y refrendos de concesiones para radio y televisión".
Corral, impulsor de la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa, advierte que el acuerdo implica "la adjudicación de una nueva concesión, adicional a la que ya tienen los empresarios con frecuencias en AM".
Y sintetiza: "Lo que ahí se establece cierra la posibilidad de nuevos entrantes a la banda de Frecuencia Modulada, saturando esa porción del espectro con los mismos operadores y reproduciendo la concentración de cientos de frecuencias en docenas de radiodifusores".
La especialista Clara Luz Álvarez, excomisionada de la Cofetel, opinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría frenar el acuerdo de la SCT:
"Es algo inconstitucional. La Constitución señala que toda atribución (dada a alguna dependencia) debe estar establecida en la ley, y en este caso no es así. Creo que hubiera sido mejor que se lanzara una licitación y en igualdad de circunstancias se prefiriera a los concesionarios de AM, pero así nada más, darles una estación en FM porque hay avances tecnológicos, pues no", advirtió Álvarez en el periódico El Financiero.
No obstante, especialistas jurídicos en el Senado, consultados por Proceso, especifican que el acuerdo no constituye un problema de constitucionalidad, sino de legalidad, y que ciertas reglas pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa o bien podrían generar amparos por parte de algunos concesionarios de AM que consideren que el acuerdo no favorece condiciones de igualdad y contiene medidas discrecionales. l
Adiestra Israel a guaruras de Empresarios mexicanos

JALAPA, Ver., 22 de septiembre (apro).- Frente a los recientes hechos de violencia registrados en el país, empresarios mexicanos han solicitado asesoría de Tel Aviv para capacitar a guaruras y resguardar sus propiedades, reveló el embajador israelita Yosefh Livne.
Después de reprobar el atentado ocurrido la noche del Grito en Morelia, Michoacán, el diplomático aseguró que su país está dispuesto a brindar apoyo a México en asesoría logística y capacitación de los cuerpos policiacos.
Al término de la conferencia "Cooperación internacional para la capacitación", que impartió a invitación del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Veracruz, Livne comentó que lo ocurrido en Michoacán impactó no sólo a los mexicanos, sino también a los extranjeros.
La embajada de Israel en México, explicó, sigue de cerca las acciones que realiza el gobierno federal para combatir la ola de violencia, situación que, confió, se pueda superar lo antes posible, "pues su pueblo está viviendo una época muy dura".
Subrayó que algunos dueños de compañías privadas, sobre todo las de origen israelita, han solicitado ya a su país asesoría y capacitación para su equipo de seguridad en sus propias empresas.
Sin embargo, negó que el gobierno de Israel haya emitido alguna alerta para que sus ciudadanos se abstengan de viajar a México por la reciente ola de violencia.
"Vengo de un país que ha sufrido bastante a través de los años, y no nos gustó cuando alguien dijo 'no viajen a Israel', por tanto, ¿con qué cara vamos a hacer una recomendación así?", subrayó al asegurar que tampoco se ha pedido a los empresarios israelitas retirar sus capitales de México.
SE PUDRE EL IEDF
MÉXICO, DF, 22 de septiembre (apro).- Los focos de alerta por la crisis interna en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ya se prendieron en el Gobierno del Distrito Federal, al tiempo que persisten dudas sobre el uso y destino de al menos 18 millones de pesos, de los cuales presuntamente dispuso la presidencia del organismo sin consultar al resto de los consejeros, de acuerdo con información interna que circula dentro de ese organismo.
Además, a la disputa por la presidencia del consejo del IEDF se ha sumado una nada velada guerra de comunicados y cartas que ventilan la severa fractura entre el presidente Isidro Cisneros y el resto de los consejeros del organismo, así como las presuntas irregularidades en el manejo de los millonarios recursos del instituto.
En respuesta a una denuncia por irregularidades administrativas que el contralor general del Instituto, Miguel Angel Mesa Carrillo, envió desde el 23 de julio pasado al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Víctor Hugo Círigo, el presidente del instituto Cisneros respondió comentando que la información contenida en ese comunicado es "irregular, incompleta, ambigua e irresponsable".
Al mismo tiempo, Cisneros denuncia que el contralor violenta la autonomía del IEDF, lo cual indica que "Mesa Carrillo o quien suplantó su identidad firmando el documento apócrifo, actúa de manera irregular".
La carta del Contralor no menciona monto preciso de recursos en disputa, pero sí señala una "grave disfunción administrativa, un criterio patrimonialista en la administración del órgano autónomo por parte de la Presidencia del Consejo, abusos en contra de empleados y trabajadores que en función de su institucionalidad son afectados en su fuente de trabajo, irregularidades administrativas, presupuestarias y financieras, y la perpetración (sic) de un gran número de hechos que desde nuestro punto de vista llevan al IEDF a la ingobernabilidad".
El Contralor considera que ese tipo de anomalías provocan una "real imposibilidad" de organizar, en términos de ley, los comicios de 2009, de no tomarse medidas contundentes.
Mediante un comunicado de prensa, Cisneros reclamó "prudencia" para que el Contralor demuestre si firmó el documento que se filtró a la prensa, al tiempo que destacó que el IEDF cuenta con el equipo necesario para organizar los comicios del 2009.
Comunicados internos
Por su parte, la consejera Yolanda Columba León Manríquez envió cientos de correos electrónicos a los trabajadores del IEDF para denunciar que existen"presiones sobre el personal para obligarlos a tomar partido y asumirse como empleados de una persona y no de una institución respetable y respetada".
León Manríquez convoca a los trabajadores del organismo para que "me informes de inmediato si se ejerce en tu contra cualquier acto de amenaza, intimidación u hostigamiento. Ten la seguridad que, en unión de mis compañeros consejeros, los combatiremos y, en su caso, los revertiremos con la ley en la mano".
El comunicado, del cual Apro obtuvo una copia, señala que el pasado 11 de septiembre una juez de distrito concedió a Isidro Cisneros la suspensión provisional respecto de la decisión del Consejo General de destituirlo.
"El asunto habrá de litigarse en los espacios jurisdiccionales y, como siempre, los consejeros electorales acataremos la resolución que, en última instancia, dicten los tribunales, sabedores que nos asiste la razón jurídica y que nuestras acciones no tienen más propósito que aplicar la ley en sus términos, defender el instituto, restaurar la colegialidad, oponer la legalidad interna y externa a las ambiciones despóticas, y reconstruir el tejido institucional lastimado por la arrogancia incompetente de quien no ha sabido conducirse con institucionalidad", expone la consejera.

Plan B .Huir de México

Lydia Cacho

22 septiembre 2008

www.lydiacacho.net

En 2007 casi 680 mil personas se vieron forzadas por pobreza y violencia a huir hacia el país vecino”

Hace unas semanas, en Tijuana tres familias me contaron que desde hace unos meses viven en San Diego; se mudaron porque alguno de sus hijos o hijas fue víctima de secuestro. Cruzaron la frontera para la presentación de mi libro.

Unos días después en Monterrey escuché historias de terror de jovencitas universitarias que han perdido amigas en manos de secuestradores que levantan muchachas en los antros, ante la inmovilidad de la policía. Sus padres planean enviarlas a estudiar al extranjero por miedo a que las maten o rapten. Miles de familias regiomontanas se están mudando a Texas. En Ciudad Juárez la mayor parte de la clase media ha emigrado a El Paso. Familias enteras de Matamoros han hallado refugio en Bronwsville; de Saltillo en Eagle Pass. Hay más personas nacidas en Zacatecas habitando en California y Arizona que en México.

La diáspora crece irremediablemente y nadie en su sano juicio tiene derecho a cuestionar a quienes viven su patria como una pesadilla y no encuentran más salida que la de desterrarse para dormir en paz, para que sus hijas no sean una víctima más de feminicidio.

Emigrar no es fácil, hace falta valentía para abandonar el hogar, el vecindario, las amistades y familiares; para buscar un nuevo trabajo, e incluso para hablar un idioma ajeno. Las y los adolescentes se van casi por la fuerza, con la tristeza a cuestas, negándose a dejar a sus amistades, su escuela. No debe ser fácil tener 14 o 15 años y saber que en tu país la inseguridad es una constante y la seguridad casi un mito.

Calderón se anunció como el presidente del empleo, y su elección de lanzarse a una guerra sin cuartel, le hará pasar a la historia como el presidente de la emigración por violencia. No resolvió el desempleo que obliga a tantos a irse de braceros, por el contrario, ahora hay motivos adicionales para escapar del país.

Hace un par de años, según datos de las oficinas de censo estadounidense, aproximadamente 450 mil personas cruzaban la frontera norte en busca de mejor vida. La migración ilegal consistía eminentemente en personas de las zonas más pobres del país. Ahora el Consejo Nacional de Población (Conapo) con datos del gobierno de EU reporta que en 2007, casi 680 mil personas se vieron forzadas por pobreza y violencia a huir hacia el país vecino.

La gran mayoría seguirá buscando los estados y ciudades en los que la población latina se encuentra más a gusto o en contacto con sus costumbres, y aunque sea parcialmente, más cerca de su idioma. Esto significa que los gobiernos de Texas, California, Arizona, Florida, Nueva York e Illinois (particularmente la ciudad de Chicago) deberán prepararse para que cada vez más personas nacidas en México busquen nueva vida en su territorio. Los más ricos se van a España y Canadá, la clase media trabajadora a Estados Unidos.

El fenómeno de la migración se transforma paulatinamente. La pobreza extrema y la inhabilidad del gobierno mexicano para revivir el campo ya no será el único motivo para que cientos de miles abandonen la patria. Ahora la diáspora es por miedo a la violencia, a la impunidad y a la desolación, ¿quién puede juzgarles?
Quieren, pero no pueden
ÍNDICE POLÍTICO
FRANCISCO RODRÍGUEZ

UN EPISODIO TRAGICÓMICO que, por fortuna tuvo, una muy breve escenificación, pinta "de cuerpo entero" las capacidades, aptitudes y destrezas de los encumbrados militantes del Partido Acción Nacional. Quisieron dar "golpe de Estado" en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF)… y como en casi todo lo que desean o intentan, fracasaron estrepitosamente. Por tal, ahora mismo, el país está deshilachado por la violencia.
Irrespetuosos del Estado de Derecho al que invocan en casi todos sus discursos o declaraciones a los medios, los panistas se hicieron eco de su peculiar dirigente en la capital nacional, familiar directa de la esposa del señor Felipe Calderón, quien como aquella que ordena que le sirvan el te precisamente a las cinco de la tarde –y cuando dice a las cinco, es a las cinco en punto--, pidió en charola de plata la cabeza del presidente del órgano colegiado, Isidro Cisneros.
De forma inesperada, cuatro consejeros destituyeron a Cisneros, al término de la sesión extraordinaria convocada para emitir la convocatoria para el proceso electoral del 2009. En su lugar designaron, de manera temporal, al consejero Gustavo Anzaldo Hernández quien, a pesar de que se opuso al procedimiento, en un acto de incongruencia ¡terminó rindiendo protesta como nuevo titular del IEDF!
Quienes encabezaron la salida de Isidro Cisneros fueron los consejeros Yolanda León, Ángel Rafael Díaz Ortiz, Karla Humphrey –quien aún no aclara el porqué, cuando se desempeñaba en el IFE, recibió un "bono de boda" sin contraer matrimonio-- y Fernando Díaz Naranjo. Panistas, claro está.
Cisneros obtuvo el amparo provisional de la justicia federal. Y es muy posible que el juicio de garantías se resuelva a su favor.
Esto es que, pese al "numerito" montado por estos cuatro panistas --tan obedientes y enjundiosos cuanto irrespetuosos de la ley que, en todos los ámbitos, violan día a día--, Cisneros ha de ser repuesto en el cargo para el que la mayoría de la Asamblea Legislativa del DF lo designó.
Interpretaron estos personajes la ley a su conveniencia, cual en los ocho años que llevan en la administración pública federal han resuelto hacer sus más eminentes copartidarios. Se cobijaron en las recientes reformas al Estatuto de Gobierno del DF, ante las cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenciaron no son aplicables al actual IEDF pues, por su retroactividad, serían inconstitucionales.
Y a los panistas servidores de la dirigente panista del DF, eso les valió gorro. Dieron la asonada, porque sí.
Ante todo ello, no deja de ser admirable su voluntarismo. Afrontan la realidad en lugar de asumirla. Pero los excesos del voluntarismo político han producido muchos dolorosos fracasos, pues la realidad tiene sus limitaciones y sus complejidades, y no puede ser afrontada sin tenerlas en cuenta. No puede encararse un cambio con una visión excesivamente simplificada de lo que se quiere cambiar.
Estos panistas, en fin, no sólo son simplones. También ineptos.

Arrecia guerra mediática contra países del Sur

Por: Luis Enrique Araujo

Caracas, 22 de septiembre de 2008.- Ante la crisis económica que atraviesa los EEUU, la Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Estado, han dado la orden a sus trasnacionales de la "información" de intensificar el ataque mediático contra los países del Sur, específicamente contra Bolivia y Venezuela, a fin de desestabilizar sus gobiernos, para buscar intervenirlos; y de esta manera aprovechar los ricos recursos energéticos para financiar su crisis.

Matrices sin pruebas lanzan laboratorios gringos

Y es que cuando los diarios venezolanos proyanquis, reviven titulares de viejas matrices de opinión y totalmente ambiguos, lo primero que debemos hacer para entender el fondo político, es evaluar la situación actual de los EEUU. Así se comienza a entender el fondo de la nueva avanzada mediática que disparan los medios privados, los cuales han comenzado a despertar viejas matrices de opinión como la del maletín y la vinculación de altos funcionarios del gobierno con el narcotráfico. Sin embargo, dichas matrices no pasan de ser un chisme internacional carente de todo tipo de pruebas, motivo por el cual los laboratorios del imperio, comienzan a escudriñar nuevas formas de agredir a los gobiernos y al pueblo de estos países del Sur.

Unasur autónoma y soberana

Otro de los principales dolores de cabeza del imperio, aparte de la rebeldía latinoamericana, es la pérdida de control de la OEA y la autonomía de la que disfruta Unasur, terreno en el cual los yanquis perdieron todo tipo de influencia. Por si fuera poco, el petróleo vuelve a subir, y mientras los dólares inflados intentan salvar bancos, las personas estadounidenses comienzan a darse cuenta de la fosa capitalista cavada por Bush, quien no quiere despedirse sin ganarle por lo menos una a Chávez. Por tal motivo, no es nada extraño cualquier acusación y amenaza que lancen los EEUU contra el pueblo y el gobierno de Venezuela o de Bolivia, ya que están en plena crisis, y de aquí en adelante, con un presidente estadounidense como Bush, se puede esperar cualquier cosa, menos la lógica.