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domingo, junio 01, 2008
Despojo con el sello de los Mouriño
La vertiente petrolera y la eléctrica del proyecto energético calderonista coinciden al menos en dos aspectos: privilegian exclusivamente el interés empresarial y, sobre todo, ofrecen una generosa porción del botín a un emporio de casa, el Grupo Energético del Sureste, el negocio de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
OAXACA, OAX.- El Grupo Energético del Sureste (GES), perteneciente a la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, es una de las empresas que desarrollan en esta entidad el segundo proyecto de generación de energía eólica más grande del mundo y que, mediante engaños, lograron que indígenas zapotecos y huaves del Istmo de Tehuantepec firmaran contratos en blanco a fin de rentar sus tierras a 100 pesos anuales por hectárea. El Parque Eólico del Istmo de Tehuantepec es parte del Plan Puebla Panamá reactivado por el gobierno de Felipe Calderón, quien considera la generación de energía como una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012. Se planea que abarque un total de 120 mil 852 hectáreas, de las cuales, según la empresa española Preneal México, ya están rentando 40 mil. GES se encargará de armar 6 mil aerogeneradores que producirán más de 5 mil megavatios (MW) de energía “limpia”: casi el doble de la capacidad eólica instalada en España (2 mil 836 MW) y Estados Unidos (2 mil 610 MW), y muy cercana a la de Alemania, la mayor del mundo con 6 mil 107 MW. Un MW equivale a 1 millón de vatios.En el proyecto La Venta II, GES cobró 1.2 millones de pesos por montar cada aerogenerador, pero actualmente cobra 1.5 millones por cada uno en La Venta IV y el nuevo megaproyecto. Como subcontratista, GES también da mantenimiento a las estaciones eólicas y asesora a las empresas sobre los sistemas de control del parque eólico en las subestaciones. Para ello, cuenta con 10 especialistas europeos y una cuadrilla de 20 trabajadores. Incluso tiene un cubículo dentro de la subestación eléctrica La Venta II, afirma un habitante del poblado, Alejo Girón Carrasco.Durante un recorrido por la zona, Proceso visitó la bodega que GES instaló en La Venta desde finales de 2004. Es una casa de una sola planta, ubicada en la calle principal del pueblo, donde permanecen estacionados varios vehículos de doble tracción con el logotipo del grupo.Sin embargo, el trabajo de mantenimiento de GES no ha sido muy eficaz: a finales de 2007 se cayó un aerogenerador de La Venta I y las aspas de otro en La Venta II.Además de ser la única empresa que maneja el montaje de aerogeneradores, GES se prepara con el fin producirlos; para ello adquirió 20 hectáreas sobre la carretera Mérida-Progreso, donde instalará una fábrica de torres eólicas de “última generación” (Proceso 1627).En las copias de seis títulos de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica, cuya copia tiene Proceso, consta que las empresas –en su mayoría españolas– utilizarán dicha energía para su propio consumo y comercializarán los excedentes. Dichas empresas iniciaron las gestiones para quedarse con los contratos en 2001, año en que Juan Camilo Mouriño asumió la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. “Ahí facilitó a las trasnacionales su llegada al istmo; todas hicieron antesala con él”, asegura Javier Balderas Castillo, abogado de la asociación Derechos Humanos Tepeyac, que lleva el litigio de 180 campesinos que desde diciembre de 2007 demandan legalmente la anulación de sus contratos con las empresas que desarrollan el megaproyecto.Asesorados por Balderas, campesinos de Juchitán, Unión Hidalgo, La Venta, San Blas Atempa, Santo Domingo Ingenio, Santiago Niltepec, San Mateo del Mar y San Francisco del Mar integraron el Frente por la Defensa de la Tierra para impedir que se concrete lo que consideran un despojo de sus tierras.Ellos denunciaron cómo las compañías Unión Fenosa, Iberdrola, Cisa-Gamesa, Eoliatec del Istmo, Preneal, Eléctrica Francia y Bii Nee Stipa, con ayuda de la notaria pública número 67, Aurelia Benítez Castillejos, obligaron a los indígenas a firmar contratos en blanco.Según las copias de los contratos de arrendamiento firmados por los campesinos con esos emporios energéticos, las condiciones son muy similares y en todos los casos ventajosas para las empresas. Por ejemplo, se estipula que la renta inicial por hectárea es de 100 pesos al año, y se ofrecen mil pesos por hectárea cuando el parque esté en operación. Además, se estipula que se pagarán entre 8 mil y 18 mil pesos anuales por aerogenerador y 13 mil 100 pesos por cada hectárea afectada con caminos.El problema es que, para el pago, la empresa contabiliza estrictamente la superficie utilizada para el camino: 12 metros de ancho por 300 de largo, aunque a su paso afecte todo el terreno. Además, se restringe el derecho de los campesinos al usufructo de sus tierras. De acuerdo con la décima quinta cláusula del contrato celebrado entre Cisa-Gamesa y Manuel Sánchez Castillo, “el desarrollador podrá ceder los derechos derivados de este contrato a sus filiales, socios, asociados o a las sociedades mercantiles que le sean convenientes (…). Si el propietario desea ceder los derechos (…) deberá recabar el consentimiento escrito del desarrollador o sus cesionarios, mediante las pruebas conducentes”.El asesor jurídico Balderas Castillo indica que los campesinos tampoco pueden heredar o vender sus tierras libremente, ya que la empresa tiene preferencia.
Resistencia y represión
A mediados de 1994, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación en el poblado de La Venta, a 30 kilómetros de Juchitán, la primera planta eólica en América Latina que se integró a la red de servicio público. Se trata de la central eoloeléctrica La Venta I, constituida por siete aerogeneradores de 225 kw (kilovatios) cada uno. A partir de entonces se realizaron en esa planta mediciones precisas sobre el potencial de producción de energía en esta zona, que registra una velocidad promedio del viento de 25 metros por segundo y un factor de planta anual (días de viento) de 60%, muy superior, por ejemplo, al de California (25%).Fue hasta 2002, al comprobar con datos de la CFE que la cantidad de energía producida por La Venta I era redituable, que la asamblea ejidal del poblado envió a su presidente de Vigilancia, Arturo Hernández, a solicitar que el organismo federal condonara los pagos por la electricidad consumida en la operación del pozo de la comunidad. En aquel entonces cada recibo llegaba por 5 mil pesos.Hernández viajó con un grupo de ejidatarios a la Ciudad de México para entrevistarse con el director general de la CFE –Alfredo Elías Ayub–, quien no accedió a condonar el adeudo, pero, aseguran los campesinos, a cambio prometió pavimentar siete kilómetros de calles en la comunidad. Pero el funcionario no cumplió su oferta. Peor aún, a su regreso los ejidatarios enfrentaron 12 órdenes de aprehensión por obstruir vías generales de comunicación e instalaciones del gobierno federal. “No se nos dio ni el agua ni el pavimento”, recuerda Alejo Girón, habitante de La Venta, y asegura que este fue el comienzo de la represión contra los 362 ejidatarios y 100 posesionarios de la zona que no se resignan a perder sus tierras. En los primeros meses de 2004 se planteó el proyecto La Venta II, inicialmente calculado en 2 mil 80 hectáreas, casi la mitad del ejido (que mide 5 mil 633 hectáreas). Sin embargo, como no logró reunir todas las firmas necesarias para el arrendamiento de tierras, la CFE se vio obligada a licitar nuevamente el proyecto, considerando sólo 850 hectáreas, entre las cuales quedaron 200 pertenecientes a campesinos que aún ahora se niegan a firmar. El contrato se le asignó a la empresa española Preneal México.Por luchar contra la imposición de La Venta II, en 2004 la Policía Federal Preventiva (PFP) reactivó la orden de aprehensión que dos años antes se le giró al dirigente Arturo Hernández. Para entonces, las órdenes de aprehensión contra ejidatarios se elevaron a 72 y aún están vigentes.Alejo Girón relata cómo se llevaron a cabo los que él llama “los negocios sucios de la energía limpia”:“Las trasnacionales iniciaron el proceso para apoderarse de las tierras de La Venta II en septiembre de 2005. Para lograrlo ‘compraron’ al entonces comisariado ejidal, Carlos Antonio Ordaz, quien además de encargarse de convencer a quien se opusiera, falsificó las actas de asamblea de los ejidatarios para autorizar la entrada de las empresas”. En el más reciente acto de oposición a esa planta generadora, el año pasado el exmilitar Manuel Santiago, de 56 años, bloqueó las instalaciones de la subestación de la CFE en La Venta II, armado con una pistola calibre 38 al cinto. Desesperado por rescatar las tierras de su familia, instaló cercas de alambre de púas en las dos entradas y vigilaba la subestación día y noche. Así estuvo una semana.Habitantes de La Venta recuerdan que trabajadores de la CFE intentaban dialogar con él. Uno de ellos afirma que “también tuvieron que intervenir empleados de GES –la empresa de los Mouriño–, quienes tenían que dar mantenimiento a la planta y tomar datos de la cantidad de energía producida y trasmitida”. Finalmente, la familia de Santiago lo convenció de que liberara las instalaciones. Daño ecológico
En 2006, dos empresas, Eléctrica del Valle de México y Parque Eólico Bii Nee Xtipa, contrataron a la consultoría Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (SIGA) a fin de que desarrollara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La primera empresa requería del documento para formalizar su proyectos de La Mata, con 75 aerogeneradores, y el segundo para la operación del propio parque en La Ventosa, Juchitán. El problema es que para elaborar ambos documentos SIGA utilizó como machote el proyecto “Terminal de Almacenamiento y Distribución de Gas Licuado de Petróleo”, ubicado en Veracruz, cuando el estudio ambiental debió realizarse en Oaxaca, afirma Sofía Olhovich, activista de Derechos Humanos Tepeyac.Agrega que el Istmo es el corredor migratorio de aves más importante del mundo, con registros de 690 mil aves rapaces que pasan diariamente por ahí, a una altura de entre 60 y 400 metros (según la página 302 de la MIA correspondiente a La Venta II). Así, el proyecto eólico constituye para esas aves un grave riesgo de colisión porque los aerogeneradores miden casi 50 metros de alto.Igualmente, las obras de La Venta IV están desfigurando la zona, ya que constantemente el nivel del agua sube casi a la superficie. Cuando los constructores no pueden controlarlo, abandonan la zona ya perforada y comienzan a preparar otra. No es todo. Para llegar a La Venta IV es necesario recorrer aproximadamente 40 kilómetros de terracería. Los camiones de volteo que continuamente pasan con material hacia el poblado La Venta provocan tal polvareda que una gruesa capa ya cubrió más de 100 hectáreas de pastizal, ahora inservibles para la alimentación del ganado y la fauna local. Manuel Carrasco, propietario de 34 hectáreas de pastizal, se negó a firmar el contrato de arrendamiento. “Esta parte de La Venta es una zona de productores de leche (con una cuota de 12 mil litros diarios), pero a partir de que empezaron los trabajos (del proyecto La Venta IV), los ganaderos están optando por vender sus reses. En mi caso tengo que comprar pacas de alimento, pero me resulta muy caro”, se queja.En el municipio de Juchitán, donde también se instalan aerogeneradores, una de las principales opositoras al proyecto es Faustina López Martínez. Entrevistada en el patio de su casa, dice que su cuñado Celestino Bartolo la convenció de firmar, ya que “a él le dijeron que era un programa similar a Procampo”. La señora López habla zapoteco. Auxiliada por un traductor explica que ella posee tres terrenos, de 6, 7 y 13 hectáreas, que le rinden 24 carretas de maíz y 24 de calabaza. Después de la cosecha vende como pastura lo que queda en el terreno.Cuenta que a su casa llegaron “el licenciado Felipe y su esposa Aurelia Benítez Castillejos” (la notaria pública 67). En su mismo patio, dice, la pareja trató de convencerla para que entrara al proyecto. Más tarde llegaron dos jóvenes de la empresa Unión Fenosa, la subieron a un coche y la llevaron a Tehuantepec, donde le dieron una hoja. “El papel estaba en blanco. No había ninguna letra. Ahí firmé”. Sólo después de eso le dijeron “que recibiría mil pesos al año por cada terreno” y ella se dio cuenta del engaño. Entonces empezó su lucha por conservar sus tierras. Odilón Santiago Martínez, propietario de seis hectáreas en Juchitán, vive de lo que produce: sandía, melón, calabaza y maíz. A él también lo fueron a buscar a su casa para que firmara el contrato. Un trabajador de Porfirio Montero, quien anduvo convenciendo a los pobladores para que le rentaran sus tierras a Unión Fenosa, le dijo que le iban a dar dinero para trabajar las tierras. “Ahí mismo firmé el contrato –admite el campesino–; me dieron 2 mil pesos por las seis hectáreas. Pensé que era el programa Procampo”. Con trabajos, explica en español que nunca ha tenido copia del contrato.
–¿Qué va a hacer si la compañía decide venir a instalarse?
–No le voy a dar permiso de entrar. Ya firmé, pero aunque me den 50 mil pesos, ya no los quiero. A unas horas de Juchitán, en el poblado de Unión Hidalgo, trabajan las siguientes empresas: Cisa-Gamesa en el norte, Preneal en el sur y Unión Fenosa en el oeste. Aquí los campesinos fueron engañados por coyotes como Juan Bartolo, contratado por las empresas. Él dijo que éstas les iban a dar 1.3% del ingreso bruto por la generación de energía eólica a los pobladores. Veinte de los que firmaron el contrato ahora demandan que se anule. La mayoría de ellos no saben leer ni escribir y menos firmar; sólo ponen su huella dactilar. Uno de esos campesinos es Perfecto Vázquez, quien en septiembre de 2004 signó el contrato por la renta de sus 47 hectáreas, en las que mantiene 120 cabezas de ganado y obtiene 140 litros de leche al día. El rancho le da 400 pesos diarios, y la venta de ganado 80 mil al año. Por ese terreno Vázquez cobró 12 mil 600 pesos en tres años, o sea 268 pesos anuales por hectárea.“Nunca me dieron contrato –asegura–, sólo hojas en blanco del libro de la notaria Aurelia Benítez. Como éramos muchos, nos dijo: ‘¡Firma aquí, luego lo rellenamos’. Al año me trajeron un contrato. Aunque no le entiendo bien, me di cuenta de que me iban a chingar (creí que me iban a pagar) por las 47 hectáreas que pasara el camino, pero no, si el camino es de un total de 400 metros cuadrados, ni media hectárea voy a cobrar”.Como empieza a trabajar a las tres de la mañana en el cuidado de sus animales, llega agotado a su casa al mediodía. A la una de la tarde, mientras descansa en su hamaca, advierte que las empresas españolas “no van a entrar. Si me matan ahí, que me maten, pero me voy a llevar a unos dos o tres por delante”. Sin embargo, tiene el semblante triste y una mirada evasiva que trata de contener las lágrimas.
Beneficio empresarial
En la comunidad huave de San Francisco del Mar, nadie ha firmado el contrato, pues aseguran que los aerogeneradores invadirán 2 mil 500 metros de playas. También se negaron San Mateo del Mar y Niltepec. En esta última comunidad los emporios energéticos tratan de rentar 2 mil hectáreas, afirma Santiago Cruz Núñez, presidente de bienes comunales.Por el contrario, San Dionisio del Mar y Santa María del Mar, otras comunidades huaves, ya firmaron contratos con algunas de las empresas mencionadas. Con quien el Grupo GES y las empresas españolas no tienen problema alguno es con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en el título número E/531/AUT/2006, otorgado a Eurus, señala en la “condición” tercera:“La energía eléctrica que genere la permisionaria deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de energía eléctrica de sus socios”, en este caso 14 plantas de Cemex México, Inmobiliaria Río La Silla y TEG Energía. También deja abierta la posibilidad de que Eurus extienda el servicio a Cales y Morteros Porter y Porter y Control Administrativo Mexicano. Este título autoriza 300 aerogeneradores para generar 876 GWh al año (un gigavatio equivale a 1 millón de kilovatios-hora). El permiso número E/322/AUT/2005, otorgado a Eoliatec del Istmo, asienta que sus socios son Compañía Siderúrgica de California, Eoliatec de México, Eoliatec del Istmo, Fimex, Portola Packagind Inc. México, Productora de Hierro Maleable y 13 empresas más. Este permiso comprende 124 aerogeneradores con capacidad total de 163.68 MW, con una producción estimada de 573.4 GWh al año.El permiso E/548/AUT/2006, concedido a Bee Nii Stipa, le autoriza 31 aerogeneradores para producir 100.130 GWh al año. Esta energía será canalizada a seis plantas de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, así como a Famosa Monterrey, Plásticos Técnicos Mexicanos, Panamco Bajío, Panamco Golfo, Propimex e inmuebles del Golfo.Así mismo, uno de los primeros permisos emitidos, el E/070/AUT/98, permite a la empresa Fuerza Eólica del Istmo instalar 60 aerogeneradores para producir 150 GWh, principalmente destinados a la Cooperativa Manufacturera de Cementos Portland La Cruz Azul, Fuerza Eólica y 10 compañías más.A su vez, Vientos del Istmo –gracias a su permiso E/AUT/2005– vendió su producción de energía a 87 tiendas Soriana en todo el país, a 35 sucursales de Desarrollo Lácteo S.P.R. de R.L., Almerimex, Automercadeo de México y The Original Mexican Jean Company.El último de los permisos de los que Proceso obtuvo copia, el E/575/PP/2007, está a nombre del Instituto de Investigaciones Eléctricas y ampara tres aerogeneradores con capacidad para generar 21.9 GWh. Esta energía es la única que se venderá a la CFE para integrarla a la red de servicio público, según consta en la primera condición del documento. l
Amenaza ya la “Ley Lozano”
Materia FECALEn un documento que resume la propuesta de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para reformar la Ley Federal del Trabajo, se considera prioritario restringir los derechos de los trabajadores y ampliar el margen de maniobra de los patrones en los litigios laborales y, sobre todo, en caso de huelga. Por ello, dirigentes de sindicatos independientes y connotados abogados laboralistas aseguran que la iniciativa, aún por presentarse formalmente pero ya conocida como la Ley Lozano, implica una visión proempresarial más radical aún que la Ley Abascal, de tan triste memoria.Aún no termina el debate nacional sobre la reforma energética y el gobierno de Felipe Calderón aceptó ya que “esperará el momento oportuno, según lo marque el Legislativo”, para presentar de manera formal la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin fecha precisa para tal fin, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció lo anterior a las organizaciones sindicales y agrícolas que integran el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, en un documento fechado el viernes 22, en el que también les dice que “en su momento” pondrá a su disposición el documento base de reforma.Sin embargo, desde hace un par de semanas está circulando entre sindicalistas y legisladores el borrador para discusión del proyecto de Ley Federal del Trabajo, de 131 fojas, que al parecer es el que presentará el Ejecutivo ante el Congreso de la Unión.Entre tanto, en el documento que la STPS envió a miembros del Movimiento Nacional se abordan temas agrarios, programas sociales, agropecuarios y ganaderos, además de lo relativo al Consejo Económico Social de Estado, entre otros que constituyen la agenda laboral a la que las organizaciones sociales exigen pronta solución y respuesta.Entre los temas planteados por sindicatos como la UNT, el FSM, el SME, grupos campesinos, la Coalición Ciudadana, entre otros que integran el Movimiento Nacional, la STPS propone una reforma laboral que, en opinión de abogados laboralistas y dirigentes sindicales, resulta aún “más agresiva” que la malograda Ley Abascal.Esta nueva propuesta, conocida ya como Ley Lozano –por su promotor, el expriista poblano Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo–, se basó en la promovida en 2004 por el entonces titular de la dependencia, Carlos Abascal Carranza.No obstante, afirma el abogado Arturo Alcalde, la nueva propuesta contiene modificaciones que la volvieron más radical y, de aprobarse, dejará en la indefensión al movimiento sindical y puede orillarlo a actuar en la clandestinidad como la única forma de organizarse para defender los derechos laborales.
Los cambios
La propuesta de reforma que circula en sindicatos y en el Congreso, pero que no ha sido reconocida oficialmente por la STPS, pretende modificar el artículo 387 y ampliar el 899 de la Ley Federal del Trabajo, de modo que prácticamente cancela la libertad de asociación gremial y el derecho a la contratación colectiva. El artículo 387 estipula el derecho de los trabajadores a un contrato colectivo y a emplazar a huelga si el patrón no lo acepta, pero en la Ley Lozano se propone incrementar los requisitos para este fin. Por ejemplo, se establece que se dé a conocer el nombre de los trabajadores inconformes, lo cual los hace vulnerables a un eventual despido, comenta Alcalde en entrevista. “Es una auténtica lista negra”, coincidió el dirigente del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Jorge Robles, también consultado por Proceso. Con los cambios propuestos, el mencionado artículo establece también que los trabajadores acrediten el procedimiento de emplazamiento a huelga ante los representantes de los patrones, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje o ante los líderes sindicales “charros”, señalan Alcalde y Robles.De igual forma, deberán exhibir documentos que los acrediten como trabajadores de la empresa, aunque en muchos negocios pequeños y medianos no se dan recibos ni se respetan derechos como afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual los deja sin recursos para ejercer su derecho.El mismo requisito se pone como condición para que un trabajador cambie de sindicato, lo cual indica que “se pretende enterrar cualquier intento de sindicalismo democrático” en la propuesta de reforma laboral, apuntó Robles.En los artículos 39-A, B y D de la Ley Lozano se crean tres nuevas formas de contratación: a prueba, por temporada y de capacitación, hasta por un período de seis meses, lo cual, para el abogado laboralista Néstor de Buen, es otro “absurdo” y una forma de promover la inestabilidad en el empleo.La nueva ley también impedirá que trabajadores de un determinado oficio o profesión suscriban un contrato colectivo distinto, pues en el artículo 388 agrega un apartado para que, “celebrado un contrato colectivo de trabajo que aglutine a todas las profesiones y oficios, no podrá dividirse en uno para cada gremio”. Se suprimirán además algunas garantías en materia de despido que hoy en día gozan los trabajadores, según el artículo 47, y en el 784 se modifican las reglas de la carga de pruebas en los juicios, de modo que el patrón podrá argumentar pérdida de recibos de pago, constancias o documentos que acrediten la contratación de sus trabajadores.Aunque elimina la cláusula de exclusión contenida en el artículo 395 de la LFT, lo cual beneficia a los trabajadores, según el dirigente Jorge Robles, la propuesta de reforma es parcial “y deja el camino abierto a la intromisión empresarial”. Además, lesiona el derecho a huelga creando nuevas causales para declarar su inexistencia, por ejemplo que esta petición no tiene base en los estatutos de los sindicatos, argumento usado por el exsecretario del Trabajo Arsenio Farell Cubillas, conocido como el zar de los contratos de protección en los años ochenta.Para los abogados Arturo Alcalde y Néstor de Buen, los ejes de dicha reforma “cierran las dos únicas puertas que tenía el movimiento sindical para recuperar el control de sus agrupaciones gremiales: la contratación colectiva y el derecho a huelga”.La Ley Lozano cancela “toda posibilidad de democratización en la relación entre patrón y trabajador, en términos absolutos”, indica Alcalde. Esto quiere decir que si se aprueba la propuesta los trabajadores deberán pedir permiso al patrón para declarar una huelga o exigir un contrato colectivo de trabajo, explica. “¡Nunca antes se les había ocurrido tal barbaridad!”, comenta.Alcalde considera que con esta reforma el movimiento sindical democrático tendrá que sobrevivir en la clandestinidad, pues la ley no permitirá que los trabajadores se organicen. “Es la única salida, es un escenario que se vivió en España en la época de la dictadura o en América Latina con sus dictadores, porque no hay posibilidades de organizarse. Hay que entrar por la vía del parasindicalismo, pues no se sabrá con quién se pacta un contrato colectivo ni qué dice dicho contrato”.Para Néstor de Buen, el texto que está circulando no es oficial, pero sí es un resumen de más de 224 propuesta de reforma a la legislación laboral. Aun así, dice, “hay cosas que no tienen razón de ser”, como la “barbaridad” de dar contratos a prueba por seis meses. Y aunque es evidente el propósito de afectar a los trabajadores, De Buen desconfía del rechazo que puedan manifestar los actuales dirigentes sindicales a esa reforma, pues algunos “están totalmente sometidos al Estado” y los independientes “no son muchos”. En todo caso, dice, esta reforma favorece al sindicalismo “blanco”, ya que los trabajadores no se enterarán cómo se está negociando su contrato colectivo.
Prioridades empresariales
El viernes 23 de mayo el titular de la STPS, el neopanista Javier Lozano Alarcón –que se registró en el partido en septiembre de 2005–, reconoció la existencia de la propuesta de reforma laboral, que antes había negado, ante líderes de las organizaciones congregadas en el Movimiento Nacional para la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.El polémico funcionario poblano –involucrado en el caso del empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, quien lo acusó de amenazarlo de muerte si no aceptaba guardar 205 millones de pesos que le incautó el gobierno de Felipe Calderón, dinero que, según el empresario, era ilegal y se destinó a la campaña presidencial del PAN– envió un documento en respuesta a la agenda de temas laborales que los sindicatos le habían planteado. El texto, cuya copia tiene Proceso, no está firmado por el secretario ni sellado, pero es original y fue reconocido como tal por dirigentes sindicales. En el segundo apartado se señala que la STPS determinó que “dentro de sus prioridades” debía contar con un diagnóstico y una estrategia para la actualización del marco normativo laboral que impulse la generación de empleo basada en la productividad y en la competitividad, sin menoscabo de los derechos y conquistas de la clase trabajadora.Destaca que las premisas en las que basará su proyecto son: “El pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores plasmados en el artículo 123 constitucional, sin realizar modificaciones a este precepto. La incorporación de propuestas viables, incluidas en diversas iniciativas presentadas con anterioridad en ambas cámaras legislativas, así como en otras que se consideren pertinentes. La coordinación con el Congreso, con respeto a la agenda y a los tiempos del Poder Legislativo”.El documento de 17 cuartillas indica que hasta ahora han analizado 224 iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo que se han presentado en los últimos diez años, y en las que identificaron puntos de coincidencia “para la construcción de un documento diagnóstico” en materia laboral. Las propuestas que se rescataron en el proyecto son, entre otras y en la interpretación de la STPS: La promoción del trabajo decente, la equidad, la no discriminación en las relaciones laborales. La inclusión de grupos vulnerables al mercado laboral.La incorporación de disposiciones para regular el trabajo de régimen de subcontratación, para evitar las simulaciones y abusos en perjuicio de los trabajadores. La revisión de las disposiciones que regulan la contratación de trabajadores mexicanos para laborar en el extranjero. El establecimiento de medidas para incrementar la productividad, la competitividad y la generación de empleo.La actualización del marco jurídico de la capacitación y del adiestramiento. La revisión del marco normativo correspondiente a los trabajadores eventuales del campo. El fortalecimiento de la democracia y la libertad sindical. La inclusión de disposiciones para considerar como información pública la relacionada con los registros de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, aún cuando en la práctica la STPS esté haciendo pública esa información.Por último, la secretaría informó a las organizaciones que conforman el Movimiento Nacional que pondrá a discusión de actores relevantes el documento base para su estudio y discusión, “con miras a una eventual reforma a la Ley Federal del Trabajo”. La dependencia se manifestó dispuesta a esperar que el Poder Legislativo defina el momento oportuno para iniciar la discusión formal del tema.Así mismo propuso a los miembros del movimiento que integren un grupo de trabajo que recoja las consideraciones y propuestas de sus organizaciones, a fin de integrarlas al ejercicio comparativo y al documento base que elaborado por la STPS.Sin embargo el dirigente del FAT, Jorge Robles, señala: “Esto no responde a nada de lo que pedíamos, sólo está dando afirmaciones generales y es para tenernos ocupados dando respuestas punto por punto…”. Critica que la STPS se autodefina como el actor principal de la reforma laboral y solamente pida que las organizaciones envíen sus observaciones para que la dependencia decida qué entra en su iniciativa. “La dependencia exhibe una lógica autoritaria para sacar adelante la propuesta”, resume.
En los zapatos de Abascal
De esa forma ha actuado Lozano Alarcón en su trayectoria política. Con menos de dos años como funcionario panista, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho –igual que Calderón– y muy cercano a Diódoro Carrasco, actual diputado de Acción Nacional y quien fuera secretario de Gobernación durante el sexenio de Ernesto Zedillo. La carrera política de Lozano empezó en la Secretaría de Hacienda, donde desempeñó diversos cargos de 1989 a 1994, año en que fue nombrado contralor general de Petróleos Mexicanos. Posteriormente, ya durante el zedillismo, fue oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y subsecretario de Comunicación Social en Gobernación. En 2000 era el responsable de prensa del CEN del PRI que encabezaba Dulce María Sauri. A partir de 2003 fue el representante del gobierno de Puebla en la Ciudad de México y en 2005 renunció para hacerse panista e incorporarse al equipo de Felipe Calderón. Al principio de este sexenio se pensó que Lozano Alarcón sería designado titular de la SCT, pero por presiones debidas a su postura ante la llamada Ley Televisa lo enviaron a la STPS. En Puebla se dice que es dueño de TV Azteca de Oriente. Con estos antecedentes, el 22 de mayo pasado, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados exigió su renuncia porque como presidente de la Cofetel autorizó una prórroga para que el empresario Ricardo Salinas Pliego pagara las concesiones de Unefon. Por eso, Robles compara este escenario con el de 2004, cuando el entonces secretario del Trabajo, Carlos Abascal, impulsó reuniones con la Unión Nacional de Trabajadores y otras organizaciones sindicales para avalar una reforma que finalmente no prosperó, pese a que el funcionario había aceptado modificaciones sugeridas por los sindicatos independientes. Al rechazo se sumaron después centrales obreras como la CTM, el Congreso del Trabajo y la CROC. La propuesta se frenó finalmente en el Congreso de la Unión. El dirigente concluye que si bien el documento hace referencia a la lucha contra los “contratos de protección” (favorables a los patrones), los propios cambios impulsados por la dependencia favorecen el sindicalismo “blanco”, que promueve precisamente ese tipo de contratos. l
Puro circo, los FECALES!
El Estado, derrotado en Sinaloa
Materia FECAL
Materia FECALA Culiacán llegaron miles de soldados y policías federales. Los militares tomaron el mando de las corporaciones locales y el gabinete de Seguridad anunció el enésimo operativo que esta vez sí aca-baría con la violencia. Como respuesta, el ejército del narco se ensaña e impone el miedo. “Cuídense”, es lo mejor que puede decir el secretario de Gobernación a los sinaloenses.
CULIACÁN, SIN.- “Cuídense, esto se está poniendo muy pesado”, les dijo Juan Camilo Mouriño a los representantes empresariales y del gobierno con los que se reunió el 13 de mayo en esta ciudad. Todavía no se cumplían dos semanas completas de mayo y ya se habían acumulado aquí 52 asesinatos, la mayoría relacionados con el narcotráfico.El secretario de Gobernación tenía razón. En los siguientes ocho días se perpetraron 25 homicidios más, dos de ellos policías ministeriales. Para el 19 de mayo, la cifra había crecido a 77. Mouriño encabezó la reunión del gabinete de seguridad que se llevó a cabo aquí a petición del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla. Después del encuentro fue anunciado el Operativo Culiacán-Navolato, como parte del cual llegaron al centro del estado mil 433 soldados, 740 policías federales, 500 marinos y 50 elementos de la PGR, entre peritos, fiscales y agentes del Ministerio Público: en total, 2 mil 723 elementos federales más.Sin embargo, el despliegue resultó inútil para contener la violencia. Para el jueves 29 la cifra subió a 108 crímenes, cantidad que nunca había alcanzado Sinaloa en un período similar.También el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, vaticinó: “La guerra sigue y caerán más policías y gente inocente”, les dijo a los empresarios. Un día después de anunciado el operativo, un grupo de gatilleros baleó la base de la Policía Ministerial en Guamúchil. El ataque no causó heridos. El lunes 19 fueron acribillados dos policías ministeriales en Guasave. A raíz de esto, un comandante de la corporación, Rufino Aispuro Soto, fue trasladado a Culiacán. Pero la muerte lo venía siguiendo. El 28 de mayo por la mañana fue encontrado su cadáver en un barrio residencial. Tenía su arma de cargo a un lado y el rostro cubierto con una bolsa de plástico.El 25 por la noche, mientras hacían un rondín por la zona rural de la sindicatura El Tamarindo, de Culiacán, dos policías municipales descubrieron en un maizal a la patrulla 0702, que había desaparecido junto con cuatro agentes desde el 1 de mayo. Los cuerpos estaban en la cajuela. De acuerdo con el reporte del forense, fueron asesinados el mismo día que los levantaron.
Militarización y miedo
El 19 de mayo, sin que la violencia hubiese mermado ante los operativos federales, el gobierno de Aguilar Padilla anunció que tres militares tomaban el mando de la policía municipal de Culiacán, de la Ministerial y de la Estatal Preventiva. La respuesta de los narcotraficantes fue recrudecer la violencia; en los primeros ocho días de los nuevos mandos cometieron 30 asesinatos más. En uno de éstos, la noche del 27, ocho policías federales cayeron acribillados durante la persecución de un grupo de gatilleros que ejecutaron a dos jóvenes en la colonia Rubén Jaramillo. Los policías los persiguieron pero los sicarios les tendieron una trampa. Llegaron a una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Vegas y ahí los estaba esperando otra célula de gatilleros. Cuatro de los policías fueron abatidos en cuanto se bajaron de la unidad, otro de ellos cayó cuando pretendía sorprender a los sicarios entrando por una azotea, dos más murieron en la batalla y uno en el hospital, el día siguiente. Tres quedaron heridos. Sólo murió un gatillero. El tiroteo duró cuatro horas y, pese a que fuerzas del Ejército se unieron a los policías federales, los delincuentes rompieron el cerco y huyeron.Por todo esto, en todas las policías se respira el miedo. Lo dicen los agentes, los comandantes y hasta los directivos, y se hacen recomendaciones: no anden solos, no se expongan, salgan de sus bases sin el uniforme. El signo más reciente de ese miedo es que en la base central de la Policía Ministerial, ubicada en Culiacán, se construyeron barricadas. En todas las oficinas que dan a la calle se colocaron barreras de costales de arena. Los empleados dicen que fue por órdenes del procurador, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, quien pidió que se protegieran todas las instalaciones y se reforzara la vigilancia.De igual forma, después del atentado que sufrió la base de la Policía Ministerial en la ciudad de Guamúchil, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Salvador Alvarado cubrió con ladrillos las ventanas que dan a la calle.No es gratuito ese miedo. El viernes 30 de mayo por la mañana, un comando armado atacó a dos comandantes cuando charlaban a 30 metros de la base de la Policía Ministerial en Mazatlán. Uno de ellos, Antonio Ibarra Castañeda, es el jefe de esta corporación en el puerto y sobrevivió; el otro, Ramón Castro Maldonado, era comandante de la Policía Estatal Preventiva adscrito a Mazatlán y murió en el ataque.
Puro circo
Una de las demandas de los empresarios cuando se reunieron con el gabinete de seguridad fue que se combatiera el lavado de dinero. Veremos qué se puede hacer, dijo Mouriño. Un día después fueron cerradas 26 casas de cambio que operaban en una zona de Culiacán donde desde hace 25 años se venden y compran dólares en la calle sin recibos ni registros, nada, sólo el dinero, mano a mano. Pueden ser 10, 20 dólares, o 200 mil, la cantidad no importa. La mayoría de estos negocios están registrados en Hacienda, pagan impuestos y tienen el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo menos dos de ellos aparecen registrados en la Asociación Nacional de Casas de Cambio.Fue esta zona donde se inició Blanca Margarita Cázares Salazar, a quien la DEA rebautizó como La Emperatriz y la acusó de dirigir empresas en las que se lava dinero del narcotráfico.Para el presidente de la Cámara del Comercio de Culiacán, José Luis Aispuro, esta medida es insuficiente y busca más bien un impacto mediático, pues dice que el grueso del dinero proveniente del narcotráfico no está en esas casas de cambio, sino en otras ramas de la economía que han permanecido intocadas:“Mientras sigamos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Tenemos que ir al fondo. Afuera de Culiacán lo primero que te preguntan es cuántos muertos hubo esta semana. Es el último cartucho que le queda al gobierno federal y la sociedad ya no está para aguantar mucho. Y la verdad, hasta ahora los resultados son más bien pobres. Lo que han logrado en decomisos de armas y drogas, no son suficientes.“Hay que darle seguimiento al dinero. ¿Que hay secreto bancario? Sí, pero de todas formas te puedes meter a la información y descubrir las redes del lavado. Hay empresas que nacen y de repente crecen, y dices: ah, cabrón, ¿de dónde? Se tiene que hacer inteligencia en cuanto al lavado del dinero; en la medida que lo haga el gobierno podrá dar golpes contundentes; lo que hizo en el mercadito con los vendedólares no es más que espectáculo; esa no es una medida contra el lavado de dinero. Tenemos tres semanas y hasta ahora no han cerrado ninguna empresa importante, por tanto no es creíble que estén combatiendo el lavado.”Para Carlos Raúl Pimentel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Culiacán, los niveles de violencia que hay en Sinaloa afectan las inversiones: “Hay empresarios que se iban a venir a Sinaloa y que ya de plano no vienen; otras empresas ya instaladas se están yendo; hay empresas que van a cerrar, que dicen: aquí no se puede, mejor nos vamos. Unos empresarios de Guadalajara que estaban a punto de venirse dijeron no, mejor no vamos”. Las razones están a la vista. Por ejemplo, durante la balacera del 30 de abril, en la colonia Guadalupe, varios proyectiles se impactaron en una bodega que acababan de abrir.
Policía federal
Genaro García LunaMéxico, D.F. (apro).- El asesinato de ocho policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en la madrugada del 27 de mayo pasado en Culiacán, la baja más grave en los operativos policiales y militares contra el narcotráfico, fue una muestra de las debilidades con las que el gobierno de Felipe Calderón se embarcó en la guerra contra el narcotráfico.La más acusada es la falta de información de inteligencia con la que se mueven los policías adscritos a la SSP a cargo de Genaro García Luna.García Luna, quien pretende pasar como el modernizador de la policía mexicana, lleva lo que va de la década vendiendo la idea de que su modelo policial está basado en la ciencia y en la investigación, producto de la información de inteligencia.Así lo hizo en el sexenio pasado con Vicente Fox, a quien convenció de “transformar” la desprestigiada Policía Judicial Federal en la Agencia Federal de Investigación (AFI).Más tarde que temprano la AFI se entrampó en acusaciones de corrupción y de protección a la delincuencia organizada por parte de algunos de sus integrantes, que siguieron siendo los mismos de la antigua corporación de la Procuraduría General de la República (PGR).Después convenció a Calderón de que había que unificar en un solo cuerpo a todas las policías federales; en particular a la propia AFI y a la Policía Federal Preventiva (PFP), creada hace apenas una década. Para esta idea, Calderón le ha autorizado millonarias partidas presupuestarias y a año y medio no se ve para cuándo pueda cumplir con lo que él mismo se propuso. Pese a ello, desde hace algunos meses García Luna ya dispuso “la creación” de la “Policía Federal”, a pesar que el Congreso no ha reformado la Ley General de la SSP para darle existencia legal al “nuevo” cuerpo, que en realidad tiene su origen en los militares transferidos desde el Ejército y la Marina.Muy en su estilo, lo que hizo García Luna fue cambiar de gris a azul el uniforme de la PFP y nombrarla “Policía Federal”, y como tal destacarla por todo el país. Y poco a poco les ha incorporado a los egresados de los cursos que organiza en la Academia de la PFP en San Luis Potosí.En todos esos movimientos, ha insistido en que su modelo es el de una policía basada en la inteligencia y no en la reacción.Pero lo que ocurrió en Culiacán lo desdice. Una veintena de sus policías fue emboscada por una célula de los hermanos Beltrán Leyva, el mismo grupo al que la SSP le adjudica la ejecución de Edgar Millán, coordinador de seguridad regional de la “Policía Federal”.Los policías respondieron a una llamada anónima. Llegaron al lugar sin datos corroborados por sistemas de inteligencia. Fueron acribillados en cuanto llegaron. Les dispararon de frente y por detrás con armamento más potente del que llevaban.No es la primera vez que los narcotraficantes asesinan a agentes federales. Ha ocurrido en el mismo Sinaloa, pero también en otros estados de la República y en el propio Distrito Federal, como el caso de Millán, el tercer hombre en importancia de la SSP después del propio García Luna y del subsecretario de Inteligencia Policial, Facundo Rosas.Son muchas y significativas las bajas de García Luna en los operativos. Y no son, precisamente, resultado de lo dice el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora: “Le vamos ganando al narco, aunque no lo parezca”. Lo que pasa es que la sociedad, despistada, no se da cuenta.
(30 de mayo de 2008)
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
IMPEACH GEORGE W. BUSH FOR GENOCIDE MURDERER!
Cluster Bombs, Made in America
On Friday, 111 nations, including major NATO allies, adopted a treaty that sets an eight-year deadline to eliminate stockpiles of cluster arms — pernicious weapons that scatter thousands of small bombs across a wide area, where they pose a long-term deadly threat to innocents. The Bush administration not only failed to sign the treaty but vigorously opposed it.
After marching in lockstep for years, even Britain broke with America’s position and agreed to withdraw its weapons from use. That dealt a much-needed blow to Washington’s long-standing opposition to this sort of sensible arms control, and in particular to this treaty-averse administration.
The campaign to ban cluster munitions, pressed by human rights activists, never attained quite the high profile of the one to ban land mines, a treaty that Washington also refused to sign. But the two weapons have this in common: Both wreak more damage on civilians than soldiers and present a threat long after war ends.
Cluster munitions, fired from aircraft or artillery, spray small “bomblets” over an expanse the size of two or three football fields. Many do not explode on impact but can be easily triggered by unsuspecting civilians. The most appalling of these devices can look like a desired object — a can of food or a toy.
No one has more invested in cluster munitions than the United States, which Human Rights Watch says has been the largest producer, stockpiler and user, using them in the former Yugoslavia, Afghanistan and Iraq. Others that have used them include Britain, France, Sudan, NATO, Israel and Hezbollah.
United States officials insist the Pentagon must have such munitions. That is what the Clinton administration said when it opposed the land-mine treaty in 1997. It is a weak argument: cluster bombs are weapons for conventional wars with conventional battlefields. America is less likely to fight big conventional wars than counterinsurgency conflicts in population centers, no place for munitions that kill indiscriminately.
As the main holdout, the United States gives cover to countries like Russia and China, which also rejected the ban. The treaty is weaker for it: together, these three nations have more than a billion cluster munitions stockpiled, far more than the number of weapons expected to be destroyed. Also weakening the pact is a loophole that will let America continue military cooperation with treaty signers, even if it uses cluster munitions.
At least this treaty, like the land-mine ban, will stigmatize cluster munitions and make it harder to use them. Since the land-mine treaty entered into force, experts say more than 40 million have been destroyed, trade in land mines has virtually ended, and in 2007 only two countries — Russia and Myanmar — used them. The United States has paid $1.2 billion (more than any other nation) to defuse land mines and clean up war zones.
Modern nations need a range of weapons to protect their legitimate interests. Cluster munitions that disproportionately harm civilians are not among them. President Bush must resist the temptation to further sabotage this worthy treaty and let it take effect. It is not clear where the candidates stand on the treaty, but the next president, whoever it is, should repudiate Mr. Bush’s opposition and sign it.
The Prosecution of George W. Bush for Murder
Why do so many in the liberal media simply move on to another topic after stating that Bush took the nation to war based on a lie?
The following is an excerpt from Vincent Bugliosi's new book, The Prosecution of George W. Bush for Murder.With respect to the position I take about the crimes of George Bush, I want to state at the outset that my motivation is not political. Although I've been a longtime Democrat (primarily because, unless there is some very compelling reason to be otherwise, I am always for "the little guy"), my political orientation is not rigid. For instance, I supported John McCain's run for the presidency in 2000. More to the point, whether I'm giving a final summation to the jury or writing one of my true crime books, credibility has always meant everything to me. Therefore, my only master and my only mistress are the facts and objectivity. I have no others. This is why I can give you, the reader, a 100 percent guarantee that if a Democratic president had done what Bush did, I would be writing the same, identical piece you are about to read.
Perhaps the most amazing thing to me about the belief of many that George Bush lied to the American public in starting his war with Iraq is that the liberal columnists who have accused him of doing this merely make this point, and then go on to the next paragraph in their columns. Only very infrequently does a columnist add that because of it Bush should be impeached. If the charges are true, of course Bush should have been impeached, convicted, and removed from office. That's almost too self-evident to state. But he deserves much more than impeachment. I mean, in America, we apparently impeach presidents for having consensual sex outside of marriage and trying to cover it up. If we impeach presidents for that, then if the president takes the country to war on a lie where thousands of American soldiers die horrible, violent deaths and over 100,000 innocent Iraqi civilians, including women and children, even babies are killed, the punishment obviously has to be much, much more severe. That's just common sense. If Bush were impeached, convicted in the Senate, and removed from office, he'd still be a free man, still be able to wake up in the morning with his cup of coffee and freshly squeezed orange juice and read the morning paper, still travel widely and lead a life of privilege, still belong to his country club and get standing ovations whenever he chose to speak to the Republican faithful. This, for being responsible for over 100,000 horrible deaths?* For anyone interested in true justice, impeachment alone would be a joke for what Bush did.
Let's look at the way some of the leading liberal lights (and, of course, the rest of the entire nation with the exception of those few recommending impeachment) have treated the issue of punishment for Bush's cardinal sins. New York Times columnist Paul Krugman wrote about "the false selling of the Iraq War. We were railroaded into an unnecessary war." Fine, I agree. Now what? Krugman just goes on to the next paragraph. But if Bush falsely railroaded the nation into a war where over 100,000 people died, including 4,000 American soldiers, how can you go on to the next paragraph as if you had been writing that Bush spent the weekend at Camp David with his wife? For doing what Krugman believes Bush did, doesn't Bush have to be punished commensurately in some way? Are there no consequences for committing a crime of colossal proportions?
Al Franken, on the "David Letterman" show, said, "Bush lied to us to take us to war" and quickly went on to another subject, as if he was saying "Bush lied to us in his budget."
Sen. Edward Kennedy, condemning Bush, said that "Bush's distortions misled Congress in its war vote" and "No president of the United States should employ distortion of truth to take the nation to war." But, Senator Kennedy, if a president does this, as you believe Bush did, then what? Remember, Clinton was impeached for allegedly trying to cover up a consensual sexual affair. What do you recommend for Bush for being responsible for more than 100,000 deaths? Nothing? He shouldn't be held accountable for his actions? If one were to listen to you talk, that is the only conclusion one could come to. But why, Senator Kennedy, do you, like everyone else, want to give Bush this complete free ride?
The New York Times, in a June 17, 2004, editorial, said that in selling this nation on the war in Iraq, "the Bush administration convinced a substantial majority of Americans before the war that Saddam Hussein was somehow linked to 9/11 … inexcusably selling the false Iraq-Al Qaeda claim to Americans." But gentlemen, if this is so, then what? The New York Times didn't say, just going on, like everyone else, to the next paragraph, talking about something else.
In a Nov. 15, 2005, editorial, the New York Times said that "the president and his top advisers … did not allow the American people, or even Congress, to have the information necessary to make reasoned judgments of their own. It's obvious that the Bush administration misled Americans about Mr. Hussein's weapons and his terrorist connections." But if it's "obvious that the Bush administration misled Americans" in taking them to a war that tens of thousands of people have paid for with their lives, now what? No punishment? If not, under what theory? Again, you're just going to go on to the next paragraph?.
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Xenophobia and Anti-Gay Legislation Galore: What's the Matter with Oklahoma?
Oklahoma has become a laboratory in which the worst right-wing elements are ramming xenophobic and anti-gay legislation through the Legislature.
The Republican-dominated Oklahoma legislature is defining the frontier of xenophobic immigration laws, anti-Muslim bigotry, gay bashing and encouragement of gun-toting students -- with Democratic legislators often too timid to resist.Rep. Randy Terrill, Republican chairman of the Revenue and Taxation Committee, has emerged as a hero of the "protect our borders" crowd by authoring a law, known as HB1804, that makes it a felony even to give an illegal immigrant a ride.
You also can't provide education, health care and many other services to undocumented immigrants, including infants. And, police are required to check the immigration status of anyone "suspected" of being in this country illegally.
If you thought such a draconian measure might face stiff opposition -- or at least a drawn-out political battle -- you'd be wrong. The bill sailed through the Oklahoma House, 88-9, with 35 of the 44 Democrats joining the Republicans, and then passed the Senate on a 41-6 vote with two-thirds of the Democrats lining up with Republicans.
After the law's passage, its extreme -- one might say un-Christian -- features prompted virtual declarations of civil disobedience from the Southern Baptist Convention and the Episcopal, Methodist, Lutheran and Roman Catholic churches, which announced they would not curtail aid to anyone.
Terrill then attacked Roman Catholic Bishop Edward Slattery of Tulsa as "misguided," accusing Catholics of opposing the law out of fear that it would curtail a growth in population and thus revenues for the church.
Terrill followed up his legislative victory by floating a "son of 1804," a bill that would forbid the issuance of birth certificates to a child if one parent was an illegal alien. That bill also sought confiscation of property for anyone caught violating HB1804.
The property-confiscation idea, however, was deemed too radical by the Oklahoma business community, which saw it as a threat to corporate owners. So, the follow-up bill got sidetracked.
Undeterred, Terrill proposed another anti-immigrant bill to make English the official language of Oklahoma.
When that bill died on a procedural vote in the Senate, Terrill enlisted the Washington lobby group ProEnglish, whose specialty is robo-calling, to make constituency calls to state senators.
One senator took umbrage and forwarded his calls to Terrill's office. Furious at this "cowardly act," Terrill crossed the rotunda threatening to "whip his ass."
Though Terrill's pressure tactics failed to revive the bill, it is expected to become a hot-button election issue this fall.
Meanwhile, the Oklahoma business community, which mostly sat on the sidelines as HB1804 was passed, is now having second thoughts, worrying that the new law has cut into the labor force and thus corporate profits.
A significant number of Mexicans, both legal and illegal, have left the state to avoid harassment, while other laborers are living in fear.
As Terrill and his supporters mounted legal assaults against non-English-speaking immigrants, Republican colleague Rep. Sally Kern focused on what she viewed as an even graver danger: gays and lesbians. In April, she went before a local GOP meeting and labeled that threat worse than the one from al-Qaeda:
"Studies show that no society that has totally embraced homosexuality has lasted more than, you know, a few decades. So it's the death knell of this country. I honestly think it's the biggest threat our nation has, even more than terrorism or Islam, which I think is a big threat. OK?
"'Cause what's happening now is they are going after, in schools, 2-year-olds, and this stuff is deadly, and it's spreading, and it will destroy our young people, and it will destroy this nation."
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Sign our global petition to close Guantánamo
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Experience Guantánamo in a town near you!
On May 8 in Miami, Amnesty International launched its national tour of a life-size Guantánamo prison cell replica. Philadelphia is the next stop. (See below for details.) The cell tour is a way to bring the harsh realities of illegal detention to concerned citizens and call attention to the injustice and human rights abuses that Guantánamo symbolizes.
In Guantánamo's maximum security facilities, detainees are kept for up to 23 hours per day in complete isolation. Watch a panoramic photo from inside the cell to get an idea of what it's like.
You'll be able to enter the cell, go through the conditions of isolation and record a video message to President Bush, letting him know where you stand on Guantánamo and torture.
And before leaving, you can tear down a pixel of Guantánamo and join our call for detainees to be charged and given fair trials or released.
Watch a slideshow of the cell tour
Visit the cell tour blog
Together we can take action to end the human rights violations Guantánamo stands for: illegal detention, torture, denial of fair trials and habeas corpus, extraordinary rendition and cruel, inhuman and degrading treatment.
Together we can close Guantánamo.
Take action right now:
Sign our global petition to close Guantánamo
Read about Guantánamo and ‘war on terror’ related human rights abuses
Donate to support the cell tour
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The Mega-Pentagon: A Bush-Enabled Monster We Can't Stop
The Pentagon has developed a taste for unrivaled power and unequaled access to the treasury that won't be easily undone by future administrations.
A full-fledged cottage industry is already focused on those who eagerly await the end of the Bush administration, offering calendars, magnets, and t-shirts for sale as well as counters and graphics to download onto blogs and websites. But when the countdown ends and George W. Bush vacates the Oval Office, he will leave a legacy to contend with. Certainly, he wills to his successor a world marred by war and battered by deprivation, but perhaps his most enduring legacy is now deeply embedded in Washington-area politics -- a Pentagon metastasized almost beyond recognition.The Pentagon's massive bulk-up these last seven years will not be easily unbuilt, no matter who dons the presidential mantle on January 19, 2009. "The Pentagon" is now so much more than a five-sided building across the Potomac from Washington or even the seat of the Department of Defense. In many ways, it defies description or labeling.
Who, today, even remembers the debate at the end of the Cold War aboutå what role U.S. military power should play in a "unipolar" world? Was U.S. supremacy so well established, pundits were then asking, that Washington could rely on softer economic and cultural power, with military power no more than a backup (and a domestic "peace dividend" thrown into the bargain)? Or was the U.S. to strap on the six-guns of a global sheriff and police the world as the fountainhead of "humanitarian interventions"? Or was it the moment to boldly declare ourselves the world's sole superpower and wield a high-tech military comparable to none, actively discouraging any other power or power bloc from even considering future rivalry?
The attacks of September 11, 2001 decisively ended that debate. The Bush administration promptly declared total war on every front -- against peoples, ideologies, and, above all, "terrorism" (a tactic of the weak). That very September, administration officials proudly leaked the information that they were ready to "target" up to 60 other nations and the terrorist movements within them.
The Pentagon's "footprint" was to be firmly planted, military base by military base, across the planet, with a special emphasis on its energy heartlands. Top administration officials began preparing the Pentagon to go anywhere and do anything, while rewriting, shredding, or ignoring whatever laws, national or international, stood in the way. In 2002, Defense Secretary Donald Rumsfeld officially articulated a new U.S. military posture that, in conception, was little short of revolutionary. It was called -- in classic Pentagon shorthand -- the 1-4-2-1 Defense Strategy (replacing the Clinton administration's already none-too-modest plan to be prepared to fight two major wars -- in the Middle East and Northeast Asia -- simultaneously).
Theoretically, this strategy meant that the Pentagon was to prepare to defend the United States, while building forces capable of deterring aggression and coercion in four "critical regions" (Europe, Northeast Asia, East Asia, and the Middle East). It would be able to defeat aggression in two of these regions simultaneously and "win decisively" in one of those conflicts "at a time and place of our choosing." Hence 1-4-2-1.
And that was just going to be the beginning. We had, by then, already entered the new age of the Mega-Pentagon. Almost six years later, the scale of that institution's expansion has yet to be fully grasped, so let's look at just seven of the major ways in which the Pentagon has experienced mission creep -- and leap -- dwarfing other institutions of government in the process.
1. The Budget-busting Pentagon: The Pentagon's core budget -- already a staggering $300 billion when George W. Bush took the presidency -- has almost doubled while he's been parked behind the big desk in the Oval Office. For fiscal year 2009, the regular Pentagon budget will total roughly $541 billion (including work on nuclear warheads and naval reactors at the Department of Energy).
The Bush administration has presided over one of the largest military buildups in the history of the United States. And that's before we even count "war spending." If the direct costs of the wars in Iraq and Afghanistan, as well as the Global War on Terror, are factored in, "defense" spending has essentially tripled.
As of February 2008, according to the Congressional Budget Office, lawmakers have appropriated $752 billion for the Iraq war and occupation, ongoing military operations in Afghanistan, and other activities associated with the Global War on Terror. The Pentagon estimates that it will need another $170 billion for fiscal 2009, which means, at $922 billion, that direct war spending since 2001 would be at the edge of the trillion-dollar mark.
As New York Times columnist Bob Herbert has pointed out, if a stack of bills roughly six inches high is worth $1 million; then, a $1 billion stack would be as tall as the Washington Monument, and a $1 trillion stack would be 95 miles high. And note that none of these war-fighting funds are even counted as part of the annual military budget, but are raised from Congress in the form of "emergency supplementals" a few times a year.
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Sin derechos fundamentales
No es exagerado decir que actualmente en Ciudad Juárez estamos frente a una crisis de los derechos fundamentales, no sólo por las problemáticas que de manera recurrente hemos tratado en este espacio, sino también por las implicaciones que éstas tienen con respecto a otras garantías individuales, de modo que estamos ante un entramado muy complejo de crisis de derechos.
Los que de manera evidente están vulnerados por la situación son básicamente dos, el derecho a la seguridad, terriblemente vulnerado por la situación que se ha generado al convertirse nuestra ciudad en el teatro de operaciones de la lucha del Gobierno Federal contra el narcotráfico; y el derecho a la alimentación, puesto en peligro por la crisis alimentaria mundial y sus efecto que, como hemos comentado en artículos anteriores, resentirá de manera más fuerte esta situación al estar su mercado tan íntimamente ligado con el estadounidense.
Son considerados derechos fundamentales todos aquellos que están vinculados directamente con la dignidad de la persona, lo que a nivel mundial ha sido reconocido como los Derechos Humados y que en nuestro país se traduce a nivel constitucional como Garantías Individuales, reservando en nuestro caso una sutil, pero muy significativa acotación, pues las Garantías son otorgadas por el Estado, por decirlo de manera muy simplificada.
Entonces en nuestro país, los derechos fundamentales no son sólo inherentes a la condición humana, sino que van directamente de la mano de las labores del Estado, en este sentido, la protección de estos derechos está claramente basada en la estructura del Estado, y es a él a quien toca garantizarlos. En nuestra Constitución, las Garantías Individuales se dividen en cuatro grupos básicos, de acuerdo al valor nacional al que están ligadas: la Igualdad, la Libertad, la Propiedad y la Seguridad Jurídica.
Volviendo a nuestra reflexión inicial, en el caso de nuestra ciudad, que es el caso de muchas otras ciudades en lo que toca a la primer problemática, y del mundo entero respecto a la segunda, el ataque a estos derechos fundamentales es muy evidente y nos ha conducido a esa compleja situación en que se ligan diferentes derechos que no pueden ser ejercidos con plenitud.
Concretamente, las problemáticas que vivimos van ligadas directamente con la imposibilidad de ejercer plenamente nuestras libertades individuales, entendiendo por ello a las Garantías Individuales agrupadas bajo el rubro de las que se refieren a la Libertad; y también aquellas referentes a la Seguridad Jurídica, pues el ejercicio pleno de ambas va de la mano en la dinámica social.
Así, de estas dos grandes problemáticas se derivan una serie de situaciones de una enorme complejidad que están afectando otras garantías básicas de los ciudadanos juareneses, en el caso de la primera, las implicaciones de la falta de seguridad pública implican un ataque directo a la libre expresión (Art. 6º y 7º), la libertad reunión (Art. 9º), y la libertad de tránsito (Art. 11º). Estos derechos se vulneran de manera evidente en nuestra ciudad día a día como resultado de la crisis de inseguridad.
Respecto a la problemática alimentaria, se están vulnerando de manera evidente las garantías fundamentales ligadas a la Igualdad, pues esta problemática va conectada directamente a la desigualdad social y sus efectos, así, el derecho a la alimentación previsto como un Derecho Humano va de la mano con el desarrollo pleno. En este sentido, se están afectando sobre todo los Derechos Humanos conocidos como de Segunda Generación, que son los vinculados al ejercicio pleno del desarrollo, entre los que se cuentan el derecho a la vivienda digna, al empleo, a la salud –mental y física-, a la educación, a la propiedad, etc.
En nuestra ciudad la protección de los derechos fundamentales está en segundo plano y la vida de los juarenses no se está ejerciendo con plenitud, para muestra un botón: es un hecho conocido y muy reseñado que el pasado fin de semana circuló vía correo electrónico un mensaje de alerta respecto a la violencia que se viviría en esos días y que pedía a los ciudadanos que tomaran sus previsiones e hicieran circular el mensaje.
Como resultado de esto, la ciudad estuvo desierta, no se veía gente en las calles, los comercios estaban vacíos y algunos ni siquiera abrieron sus puertas, a horas aun tempranas la gente estaba en sus casas sin realizar las actividades que habitualmente se realizan. Más allá de pensar que este hecho fue resultado del terror psicológico que generó el mensaje, lo cierto es que el origen básico es la grave situación de seguridad pública que vivimos y el temor fundado que tenemos todos los juarenses. Lo que estamos viviendo es de la mayor gravedad.
Soy Edna Lorena Fuerte de Cd. Juárez, Chihuahua y mi correo es ednafuerte@gmail.com para sus comentarios. Muchas Gracias.
Boletín Informativo ISA núm 436
http://serviciodenoticiasisa
Sumario:
I. Con los recursos provenientes de la industria petrolera se integra 40 por ciento del presupuesto nacional. López Obrador llama a la comunidad mexiquense a tomar conciencia sobre la importancia de defender el petróleo
II. La demagogia es la hipocresía del progreso, por Mario Di Costanzo
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CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA SE INTEGRA 40 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO NACIONAL. LÓPEZ OBRADOR LLAMA A LA COMUNIDAD MEXIQUENSE A TOMAR CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE DEFENDER EL PETRÓLEO
México no tendría recursos para construir escuelas y hospitales, ni para pagar los salarios de los maestros, ni las pensiones del personal jubilado, si se arrebata el petróleo a la nación y se entrega a compañías transnacionales, alertó Andrés Manuel López Obrador al cerrar su programa de reuniones de esta semana destinado a impulsar la organizción en todo el país de las brigadas en defensa del petróleo.
Desde el municipio de Tultepec, en el estado de México, el presidente legítimo de México aclró: “Con los recursos provenientes de la industria petrolera se integra 40 por ciento del presupuesto nacional, a pesar de la corrupción y del desbarajuste en las finanzas de Petróleos Mexicanos. Las obras de introducción de agua, drenaje y energía eléctrica no se realizarían y se cancelaría la posibilidad de desarrollo nacional si se permite que la derecha panista entregue el patrimonio y los recursos naturales a particulares”.
En las asambleas informativas de este domingo con brigadistas de los Comités en Defensa del Petróleo de los municipios de Atizapán, Cuautitlán, Tultepec, Coacalco y Tultitlán, López Obrador afirmó que México ya no tendría en sentido estricto un presidente de la República, sino un gerente o un empleado de las multinacionales si los legisladores del PRI y del PAN aprueban la denominada reforma energética.
En consecuencia, señaló, “México se convertiría en una colonia o un Estado asociado y perdería condición de nación libre, soberana e independiente. Entonces, sería el acabose, sería una situación grave, no tendríamos porvenir, no tendríamos futuro”.
En el encuentro que sostuvo con los brigadistas de Atizapán, llamó a la comunidad del Estado de México a tomar conciencia sobre la importancia de defender el petróleo y de explicar a la gente de que hasta el momento no han arrojado ningún beneficio las privatizaciones de aproximadamente mil empresas públicas realizadas en los últimos 25 años.
“Los únicos favorecidos han sido los grandes capitalistas, los potentados”, expresó al resaltar que el capital extranjero no pagaría los impuestos que actualmente paga Pemex y la mayoría de la población enfrentaría una mayor pobreza, un mayor abandono y una mayor violencia e inseguridad.
Acompañado por representantes de los partidos que forman el Frente Amplio Progresista y de la secretaria del Estado del Bienestar de su gabinete, Martha Elvia Pérez Bejarano, el dirigente de la izquierda mexicana afirmó que la ola de violencia no se resolverá con nuevas cárceles, con nuevos policías y soldados, ni con amenazas de mano dura, ni con leyes más severas.
“Para abatir los niveles de inseguridad, se requiere garantizar el bienestar de la mayoría de las familias mexicanas y garantizar oportunidades de empleo y de estudio para miles de jóvenes, en vez de orillarlos a las conductas antisociales”, propuso.
En respuesta a una denuncia ciudadana, mencionó que el presidente municipal Gonzalo Alarcón Bárcenas —de extracción panista— pretende donar un predio de varias hectáreas, con un valor estimado en 120 millones de pesos, al Tecnológico de Monterrey, en lugar de vender ese terreno y de ocupar los recursos captados para la construcción, ampliación y mejoramiento de los planteles educativos públicos.
El alcalde cuenta con el apoyo del diputado local del PAN, Francisco Garate Chapa, quien funge como representante legal del Tec en el proceso de donación de dicho espacio físico que se ubica en la llamada zona Esmeralda.
Posteriormente, López Obrador se reunió con los brigadistas de Cuautitlán Izcalli. En esta localidad se refirió al abandono en que se encuentra el campo, al grado de que los campesinos ni siquiera tienen recursos para comprar fertilizantes, debido a la política antipopular y entreguista que se aplica en nuestro país desde hace 25 años.
En lugar de entregar apoyos a los productores nacionales, “el presidente pelele, Felipe Calderón, optó por abrir las fronteras para la libre importación de granos básicos, precisamente cuando hay una crisis mundial de alimentos. Hasta hace unos años, México era autosuficiente en frijol y arroz, pero ahora sólo produce 35 por ciento del consumo nacional”, agregó.
Tanto en Cuautitlán Izcalli como en Tultepec y Coacalco, el presidente legítimo de los mexicanos retomó el tema de la privatización del petróleo. “Por el afán de lucro, las empresas multinacionales no darán mantenimiento a la red de ductos de petróleo y de gas natural y el territorio nacional correría el riesgo de convertirse en una bomba de tiempo”, advirtió.
Mientras los brigadistas gritaban una y otra vez: ¡el petróleo no se vende, se defiende! , López Obrador aseguró que el petróleo no se encuentra en aguas profundas, ni hay hasta el momento ningún estudio de exploración que lo acredité y el mencionado recurso está en aguas someras y en tierra.
En Tultepec, la capital nacional de la pirotecnia, López Obrador estuvo acompañado por el presidente municipal, Sergio Luna. En el mensaje que dirigió a los brigadistas de la comunidad, mostró copias fotostáticas de los recibos de dos niños que contribuyeron económicamente para el pago de las indemnizaciones a las empresas petroleras extranjeras que resultaron afectadas con la expropiación petrolera de 1938.
Subrayó que la propuesta de reforma de Calderón es anticonstitucional, porque cede soberanía al permitir que controversias entre el país y compañías extranjeras se resuelvan en tribunales internacionales.
Ante los integrantes de la brigada “Heberto Castillo” de Cuautitlán Izcalli, abordó nuevamente las alzas sufridas a los productos de consumo básico y puso de ejemplo el caso de la tortilla, cuyo precio por kilogramo paso de 6 a 12 pesos en tan sólo 18 meses de gestión calderonista.
Tanto en Coacalco, como Tutltilán, López Obrador explicó que Calderón propone en su iniciativa que el Consejo de Administración de Pemex esté integrado por 15 ciudadanos, 10 de los cuales él mismo los nombraría y los 5 restantes serían designados por el líder sindical, Carlos Romero Deschamps.
“Pero eso no es todo —puntualizó—, los 15 miembros del Consejo de Administración de Pemex tendrían poder absoluto, estarían sujetos a un régimen de excepción y de privilegios y gozarían de protección jurídica, mediante la contratación de seguros y fianzas en caso de que cometan una irregularidad o un acto de corrupción. En suma, se trata de legalizar la impunidad, porque a los consejeros no se les podría hacer nada, ni se les podría tocar con el pétalo de una rosa”, declaró.
En Tultitlán, el presidente legítimo de México reiteró que se debe garantizar mínimos de bienestar, así como oportunidades de empleo y de estudio, “si queremos vivir en paz”.
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LA DEMAGOGIA ES LA HIPOCRESÍA DEL PROGRESO
por Mario Di Costanzo
secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 1 de junio de 2008)
Ahora resulta que 15 meses después de que Andrés Manuel López Obrador advirtiera de la necesidad de establecer un programa para defender la economía popular frente a la carestía, Felipe Calderón anunció un plan para apoyar la economía de las familias más pobres del país y al mismo tiempo garantizar el abasto de alimentos básicos para la economía.
Sin embargo, es conveniente advertir que su propuesta es demagógica e ineficiente, por lo que resultará totalmente ineficaz para revertir el deterioro del nivel de vida de la población y en especial de los grupos más vulnerables.
Para corroborar lo anterior basta mencionar que el plan anunciado por Calderón es sólo un resumen de lo que se ha venido haciendo desde que estallara hace más de un año la llamada “crisis del maíz y la tortilla”; es decir, los “eruditos” diseñadores de este plan pretenden solucionar el problema del abasto y del precio de los alimentos, permitiendo la entrada de mayores importaciones de los mismos.
¿Qué acaso no saben que una parte del problema es que el precio de los alimentos se ha incrementado en el resto del mundo y que por más que se “abran las fronteras” compraremos comida cara en el exterior?
Por esa misma razón, López Obrador propuso desde el 29 de enero de 2007 que la solución debía ser de fondo y centrarse en aumentar la producción, con base en una mayor productividad, en programas de apoyo a productores, inversiones públicas y la adopción de una estrategia moderna de mediano y largo plazo, para recuperar la autosuficiencia en la producción de alimentos, y con ello estar razonablemente protegidos ante los aumentos de los precios internacionales, cuyas causas escapan a nuestro control.
Resulta insultante que ahora le preocupe a Calderón el incremento en el costo de los fertilizantes y que hace dos semanas haya “cerrado” operaciones –por no ser rentable– la petroquímica de Cosoleacaque, que era la única planta en el país que producía amoníaco, el principal insumo para la elaboración de fertilizantes.
Pero la demagogia de su programa alcanza su punto máximo con el incremento de 120 pesos en el apoyo que hasta ahora es de 535 pesos al mes y que se otorga a 5 millones de familias mediante el programa Oportunidades: en primer lugar, porque el apoyo otorgado, con todo y el incremento (655 pesos mensuales), sigue siendo inferior al Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores que implementó López Obrador durante su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal a las personas de la tercera edad.
Es mezquino, ya que el incremento de 120 pesos a cada beneficiario del programa Oportunidades representa un costo adicional de sólo 600 millones de pesos mensuales, cuando las finanzas públicas al mes de marzo del presente año registraron un superávit (es decir, más ingresos que gastos) por 100 mil millones de pesos.
Es una aceptación tácita de que el costo de la vida se ha incrementado, en lo que va del año, en más de 22 por ciento y no en 4.5 por ciento como lo establece el Banco de México, ya que el incremento de 120 pesos representa apenas 22 por ciento más de lo que hasta ahora reciben estas personas.
Vuelve a ser mentiroso cuando señala que “el gobierno federal seguirá realizando un esfuerzo para evitar el aumento del precio de los energéticos y para ello se destinarán casi 200 mil millones de pesos, que provienen de los recursos excedentes derivados del mayor precio del petróleo”.
En este punto, y en particular en el tema de la gasolina, Calderón vuelve a decir medias verdades, ya que actualmente el costo promedio de la gasolina en Estados Unidos es de 3.78 dólares por galón, lo que significa que un litro de gasolina en la Unión Americana cuesta aproximadamente un dólar: luego entonces, un barril de gasolina (a precio de gasolinera) cuesta 159 dólares.
Por ello, si asumimos que por máximo (dado que estamos tomando un valor de gasolinera) el costo de importación para México de un barril de gasolina es de 159 dólares por barril y de acuerdo con Pemex al mes de abril se habían importado 38 millones 64 mil barriles de gasolina, el gasto en importación fue de 65 mil 19 millones de pesos, pero a este total tenemos que descontarle los ingresos que obtuvo Pemex por la venta de esa gasolina importada, puesto que la vende en el mercado nacional: en virtud de que el precio promedio de venta de la gasolina que importa Pemex (Magna y Premium) es de 8 pesos, es decir 0.73 centavos de dólar, se puede decir que Pemex recupera 116 dólares por cada barril que importa, o dicho de otra manera, “que el subsidio neto actual por cada barril de petróleo importado es de 42.9 dólares”.
Lo cual implica que durante los cuatro primeros meses del año, el subsidio neto total a la importación de gasolina fue de 17 mil 555 millones de pesos, cifra que representa 34 por ciento de los excedentes petroleros, que se ubicaron en 51 mil 500 millones de pesos.
Finalmente, quiero mencionar que como respuesta a mi colaboración anterior, se recibió en este periódico una carta enviada por la oficina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en la que señalaba entre otras cosas que no había pruebas o evidencias de que durante la reprivatización de los bancos hubiesen existido irregularidades o tráfico de influencias.
En razón de lo anterior, no me queda más que invitar al ex presidente a debatir públicamente sobre este asunto, sin que esto sea un tema de “política ficción”.
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