El Presidente Legítimo de México dará una entrevista a RadioAMLO, mañana Martes 28 de julio a las 10:00 a.m.
Se podrá escuchar y ver por :
www.radioamlo.org
www.radioamlo.info
www.radioamlotv
Es un evento muy importante ya que radioamlo cumple 3 años.
Felicidades a RadioAMLO.
lunes, julio 27, 2009
Círculos de Estudio
EL CÍRCULO DE ESTUDIOS
JAIME SABINES
INVITA A LA PLÁTICA
ALTERNATIVAS ANTE LA CRISIS ECONÓMICA EN MÉXICO
CON LA PARTICIPACIÓN DE
MARIO DI CONSTANZO
ECONOMISTA Y DIPUTADO ELECTO
con el tema:
"Alternativas ante la crisis económica en México".
MIÉRCOLES 29 DE JULIO A LAS 19 hrs.
Casa de Cultura Jaime Sabines.
Av. Revolución 1747 Col. San Angel. (casi esquina con Av. de la Paz, junto al Centro Cultural San Angel).
Invitación
Movimiento Nuestra América, SERAPAZ, SICSAL, Observatorio Eclesial, Casa de la Solidaridad, Mujeres para el Diálogo, Colectivo Alas, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Se complacen en invitarle al diálogo sobre
Honduras: Situación y perspectivas
Visiones de la Sociedad Civil sobre la crisis en Honduras.
Martes 28 de Julio a las 10:00 horas
En Patricio Sanz No. 449
Col. Del Valle
Entre Romero de Terreros y Luz Aviñón.
Parada del Metrobus: Poliforum
Nota: El lugar no cuenta con estacionamiento. El estacionamiento más cercano está entre Insurgentes y Luz Aviñón.
Durante este evento contaremos con la presencia de Efraín Olivera Lerena, del Serpaj Uruguay, representando a la Plataforma Interamericana Democracia, Derechos Humanos y Desarrollo; y Luis Guillermo Pérez, Secretario Ejecutivo de CIFCA y Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH. Ambos formaron parte de la delegación de organizaciones internacionales que visitaron Honduras del 18 al 24 de Julio, y que podrán compartir la visión y comentarios de los distintos actores claves en el país, así de lo que está sucediendo en los distintos departamentos del país.
Esperamos contar con su presencia.
Columna Asimetrías ¿La Dictadura (Im)perfecta?
Por Fausto Fernández Ponte
“Las instituciones viven momentos difíciles”.
Valentín Rodríguez, general del Ejército Mexicano, director de la Escuela Superior de Guerra.
I
Los “momentos difíciles” a los que alude don Valentín en un discurso dicho en la graduación de 151 mandos castrenses en la Escuela Superior de Guerra no son los mismos que el grueso de la ciudadanía vive y que ésta no siempre verbaliza. No.
La ciudadanía, piénsase, registraría el aserto del general Rodríguez de otro estilo: la descomposición del Estado mexicano en una etapa incipiente, pero clara e inequívoca, de desintegración. Las instituciones de éste viven, sin duda, días de dificultades.
Los momentos difíciles ya han arribado al umbral de la institución militar, como bien confirma el general Rodríguez. Pero su dificultad es estratégica y logística, de magritud táctica y filosófica-estructural. La filosofía de simular es causal inherente de crisis.
Simular que se sirve al pueblo para mal ocultar que en realidad se sirve al interés político de un civil que representa, a su vez, intereses ajenos a los populares es, preciso sería subrayarlo, el vector central de los momentos difíciles de la institución castrense.
Y, así, obvio presumiríase que desintegrarse es la dificultad extrema. Empero, es de advertirse que ni el general aquí citado ni otros mílites de su jerarquía y muchos otros jefes y oficiales y hasta los soldados rasos coincidirían en el diagnóstico vero del caso.
Algunos militares –generales, coroneles, mayores , capitanes y tenientes, entre otros— discreparían, sabido es, del director de la ESG. El Ejército Mexicano y la Armada de México libran una guerra contra un enemigo elusivo y fantasmal.
¿Por qué es elusivo ese enemigo? Porque no ha sido identificado objetivamente, sino subjetivamente, como un pretexto. El narcotráfico es el pretexto y, como tal, una ambigüedad. El enemigo es, paradójicamente, el mismo pueblo.
II
El pueblo se siente aterrorizado porque se ve agredido. Y naturalmente, ese sentir deviene en parecer, lo cual es el blindaje verdadero del enemigo pretextado de las Fuerzas Armadas: Ese blindaje es el apoyo social del narcotráfico.
¿Apoyo social? ¡Por supuesto! Hasta el propio Felipe Calderón lo reconoció así, insólitamente, en público, en un discurso, hace días. Un enemigo que tiene apoyo popular --reconocido por el jefe mismo de sus adversarios-- es en teoría imbatible.
Ante ese reto, los momentos difíciles de las Fuerzas Armadas su comandante supremo, el señor Calderón, quiere ampliar su fuero, darle un alcance al suporte jurídico de la violencia legal., adicional y simultànea a otros medidas al parecer desesperadas.
Esas medidas desesperadas son las de que las Fuerzas Armadas contemplan echar mano de los cadetes de las escuelas militares (las navales incluidas) y hasta de los conscriptos –los de 18 años-- y endeudar más al pueblo adquiriendo nuevo “matèriel”.
Como sabríase, el titular de facto del Poder Ejecutivo, el ya mencionado señor Calderón, ejerce esa investidura –que para millones de sus compatriotas es ejercida espuriamente-- bajo guisas de excepcionalidad recursiva. Y brutal.
Así, ejerce esa investidura por decreto, invocando, paradójicamente, a la mismísima Constitución Política, cuya letra y espíritu interpreta con arreglo a una cosmovisión peculiar de vena fascistoide, no distinta de la de Hitler, Mussolini, Franco y Pinochet.
Empero, esa recursividad de la que hace gala don Felipe es ajena a filigranerías y virtuosismos políticos. Es grotesco su estilo personal de ejercer el poder al que accedió en 2006, soslayando el imperativo democrático de recuento de votos.
III
Desde el primer día de ejercicio de su investidura, hace 30 meses, don Felipe ordenó como comandante supremo de las Fuerzas Armadas que los soldados saliesen de cuarteles --donde debieren estar— y los lanzó a las calles, a invadir y ocupar al país.
Y a aterrorizar a la población. Ese fue el mensaje a la ciudadanía: ejercer el poder –que no gobernar-- con las Fuerzas Armadas. Y, así avisada, esa ciudadanía sabría, ya sabe, a qué atenerse. Soldados y marinos están en guerra. Y en la guerra todo es válido.
Desmanes, atropellos, violaciones de garantías individuales y derechos humanos y potestades colectivas. La violencia pseudolegal tiene un tufillo hediondo a ilegal: usar a la Constitución para violarla; pedirle permiso a la víctima para ultrajarla. De ello escribió prolíficamente Emilio Krieger.
Ese mensaje epiceno tiene, sin embargo, destinatarios particulares y concretos: no sólo el narco, sino también los descontentos, disidentes y discrepantes organizados. Y, acusadamente, a las dirigencias locales, desde gobernadores hasta alcaldes.
Tal acción, bajo la suerte de combatir a la “delincuencia organizada” –eufemismo referido exclusivamente al narcotráfico-- tiene efecto corrosivo que, en tanto vector activo, contribuye al proceso de desintegración del Estado mexicano.
Esa desintegración es dramática, por espectacular; deviene de la acción de catalizadores concurrentes al de ejercer el poder con las Fuerzas Armadas, mediante decretos que facultan a don Felipe a allanar moradas y ampliar el fuero militar.
Otro agente de catálisis es la crisis económica, política, social y hasta cultural. Crece el desempleo y decrece el subempleo atenuante. Aumenta la pobreza y la miseria. Se intensifica el quehacer delincuencial. La barbarie asoma. Signos de desintegración.
En ese decurso, don Felipe ha incurrido en acciones orientadas a crear un andamiaje jurídico-sofista de conculcación legaloide –más no legal en sentido moral— de garantías individuales y derechos humanos. En éste sexenio, lo antisocial es legal.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
“Matèriel”: vocablo de origen francés de uso militar que significa suministros, equipo y pertrechos de guerra, etc.
27 julio 2009
“Las instituciones viven momentos difíciles”.
Valentín Rodríguez, general del Ejército Mexicano, director de la Escuela Superior de Guerra.
I
Los “momentos difíciles” a los que alude don Valentín en un discurso dicho en la graduación de 151 mandos castrenses en la Escuela Superior de Guerra no son los mismos que el grueso de la ciudadanía vive y que ésta no siempre verbaliza. No.
La ciudadanía, piénsase, registraría el aserto del general Rodríguez de otro estilo: la descomposición del Estado mexicano en una etapa incipiente, pero clara e inequívoca, de desintegración. Las instituciones de éste viven, sin duda, días de dificultades.
Los momentos difíciles ya han arribado al umbral de la institución militar, como bien confirma el general Rodríguez. Pero su dificultad es estratégica y logística, de magritud táctica y filosófica-estructural. La filosofía de simular es causal inherente de crisis.
Simular que se sirve al pueblo para mal ocultar que en realidad se sirve al interés político de un civil que representa, a su vez, intereses ajenos a los populares es, preciso sería subrayarlo, el vector central de los momentos difíciles de la institución castrense.
Y, así, obvio presumiríase que desintegrarse es la dificultad extrema. Empero, es de advertirse que ni el general aquí citado ni otros mílites de su jerarquía y muchos otros jefes y oficiales y hasta los soldados rasos coincidirían en el diagnóstico vero del caso.
Algunos militares –generales, coroneles, mayores , capitanes y tenientes, entre otros— discreparían, sabido es, del director de la ESG. El Ejército Mexicano y la Armada de México libran una guerra contra un enemigo elusivo y fantasmal.
¿Por qué es elusivo ese enemigo? Porque no ha sido identificado objetivamente, sino subjetivamente, como un pretexto. El narcotráfico es el pretexto y, como tal, una ambigüedad. El enemigo es, paradójicamente, el mismo pueblo.
II
El pueblo se siente aterrorizado porque se ve agredido. Y naturalmente, ese sentir deviene en parecer, lo cual es el blindaje verdadero del enemigo pretextado de las Fuerzas Armadas: Ese blindaje es el apoyo social del narcotráfico.
¿Apoyo social? ¡Por supuesto! Hasta el propio Felipe Calderón lo reconoció así, insólitamente, en público, en un discurso, hace días. Un enemigo que tiene apoyo popular --reconocido por el jefe mismo de sus adversarios-- es en teoría imbatible.
Ante ese reto, los momentos difíciles de las Fuerzas Armadas su comandante supremo, el señor Calderón, quiere ampliar su fuero, darle un alcance al suporte jurídico de la violencia legal., adicional y simultànea a otros medidas al parecer desesperadas.
Esas medidas desesperadas son las de que las Fuerzas Armadas contemplan echar mano de los cadetes de las escuelas militares (las navales incluidas) y hasta de los conscriptos –los de 18 años-- y endeudar más al pueblo adquiriendo nuevo “matèriel”.
Como sabríase, el titular de facto del Poder Ejecutivo, el ya mencionado señor Calderón, ejerce esa investidura –que para millones de sus compatriotas es ejercida espuriamente-- bajo guisas de excepcionalidad recursiva. Y brutal.
Así, ejerce esa investidura por decreto, invocando, paradójicamente, a la mismísima Constitución Política, cuya letra y espíritu interpreta con arreglo a una cosmovisión peculiar de vena fascistoide, no distinta de la de Hitler, Mussolini, Franco y Pinochet.
Empero, esa recursividad de la que hace gala don Felipe es ajena a filigranerías y virtuosismos políticos. Es grotesco su estilo personal de ejercer el poder al que accedió en 2006, soslayando el imperativo democrático de recuento de votos.
III
Desde el primer día de ejercicio de su investidura, hace 30 meses, don Felipe ordenó como comandante supremo de las Fuerzas Armadas que los soldados saliesen de cuarteles --donde debieren estar— y los lanzó a las calles, a invadir y ocupar al país.
Y a aterrorizar a la población. Ese fue el mensaje a la ciudadanía: ejercer el poder –que no gobernar-- con las Fuerzas Armadas. Y, así avisada, esa ciudadanía sabría, ya sabe, a qué atenerse. Soldados y marinos están en guerra. Y en la guerra todo es válido.
Desmanes, atropellos, violaciones de garantías individuales y derechos humanos y potestades colectivas. La violencia pseudolegal tiene un tufillo hediondo a ilegal: usar a la Constitución para violarla; pedirle permiso a la víctima para ultrajarla. De ello escribió prolíficamente Emilio Krieger.
Ese mensaje epiceno tiene, sin embargo, destinatarios particulares y concretos: no sólo el narco, sino también los descontentos, disidentes y discrepantes organizados. Y, acusadamente, a las dirigencias locales, desde gobernadores hasta alcaldes.
Tal acción, bajo la suerte de combatir a la “delincuencia organizada” –eufemismo referido exclusivamente al narcotráfico-- tiene efecto corrosivo que, en tanto vector activo, contribuye al proceso de desintegración del Estado mexicano.
Esa desintegración es dramática, por espectacular; deviene de la acción de catalizadores concurrentes al de ejercer el poder con las Fuerzas Armadas, mediante decretos que facultan a don Felipe a allanar moradas y ampliar el fuero militar.
Otro agente de catálisis es la crisis económica, política, social y hasta cultural. Crece el desempleo y decrece el subempleo atenuante. Aumenta la pobreza y la miseria. Se intensifica el quehacer delincuencial. La barbarie asoma. Signos de desintegración.
En ese decurso, don Felipe ha incurrido en acciones orientadas a crear un andamiaje jurídico-sofista de conculcación legaloide –más no legal en sentido moral— de garantías individuales y derechos humanos. En éste sexenio, lo antisocial es legal.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
“Matèriel”: vocablo de origen francés de uso militar que significa suministros, equipo y pertrechos de guerra, etc.
EDITORIAL. Del hambre y la energía atómica.
Año 8, número 3058
Lunes 27, julio del año 2009
“En un país bien gobernado, decía el muy ilustre Confucio, debiera de dar vergüenza la pobreza; de igual manera que en una nación mal gobernada debiera dar vergüenza la riqueza”.
El caso de la India, milenaria y fabulosa nación que está resurgiendo en el plano internacional, que hoy se enorgullece de ser la sexta nación del mundo que cuenta con submarinos nucleares.
Capaces de transportar una docena de mísiles con cabezas atómicas. Cuando “contar con una bomba (o con una docena, como lo es el caso) no les garantiza ninguna seguridad”; como bien dijera la secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton, refiriéndose al también milenario Irán, al que amenazó con armar a sus vecinos si continúa con su programa nuclear.
La india, que hace 60 años luchaba por reintegrarse como nación y recuperar su dignidad, hoy es de primer mundo (¿?) a la par de los EEUU, Rusia, China, la Gran Bretaña y Francia, que son las únicas otras cinco naciones del mundo que tienen submarinos de ese tipo.
Pero a pesar de tener la India la empresa con más empleados en el mundo (el sistema ferroviario, que literalmente es de fábula) y de ser la nación que tiene la industria cinematográfica más grande que existe; sin contar con que el hombre más rico del mundo es de esa nacionalidad, aún no han podido acabar con la pobreza extrema (con la miseria) y evitar que diariamente muera gente de hambre o de enfermedades.
¿Será que los Dioses de allá son como el de aquí que solo ve por los ricos? ¿Será realmente como para enorgullecerse el tener un submarino nuclear, cuando la gente se muere de hambre?
"¡No hay negociaciones con los golpistas, no hay!"
TeleSUR
El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, ofreció una rueda de prensa la noche de este domingo desde el Ocotal, cerca de la frontera de Nicaragua y su nación, en la que expresó que no habrá ningún tipo de negociación con los golpistas que lo derrocaron el pasado 28 de junio.
"¡No hay negociaciones con los golpistas, no hay!", exclamó el mandatario al tiempo que exhortó a la población que lo ha acompañado y exige su retorno a la presidencia, a resistir en la lucha.
Zelaya declaró que organizará en la localidad nicaragüense un frente cívico de resistencia contra el golpe, y reafirmó que no seguirá negociando con el líder del gobierno de facto y promotor del golpe de Estado, Roberto Micheletti.
A 220 kilómetros de Managua, donde se concentran seguidores que cruzaron la frontera desde Honduras a pesar del toque de queda indefinido y las represiones por parte de las autoridades de ese país, se negó a viajar a Washington ni a una cumbre mesoamericana en San José.
"No puedo dejar aquí a la gente que está viniendo de Honduras", explicó el mandatario, que recibió una invitación del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) para que viajara al país y se conversara sobre su retorno. "No me estoy moviendo ahora de Ocotal", afrimó.
"Lo que espero de los Estados Unidos es que sean fuertes y reacios, y además que aclaren su posición frente al Gobierno golpista, porque en las últimas declaraciones he visto que ha desaparecido el término 'golpe de Estado', cuando al principio lo usaron", dijo Zelaya en declaraciones a la prensa en Ocotal.
El término "golpe de Estado", afirmó Zelaya, "lo usó directamente el propio presidente Barack Obama", de quien dijo: "siento que la posición su es firme".
Mientras, el presidente consideró que la posición de la secretaria de Estado del país norteamericano, Hillary Clinton, "al principio fue firme; ahora siento que ya no está realmente denunciando ni está actuando contra la represión que está sufriendo Honduras".
En este sentido, consideró que Clinton "debe denunciar la represión, la violación de los derechos humanos, de la libertad de prensa, todas las persecuciones, los allanamientos sin orden judicial y al mismo tiempo las capturas, las personas que están siendo reprimidas a nivel nacional".
Además, la secretaria de Estado "debe darse cuenta que con aprobación de muchos círculos muy negros en el poder de las derechas norteamericanas, que ya sacaron la cara, incluyéndose senadores, está este golpe manteniéndose allí".
Grupos de entre 20 a 50 personas ingresan a la localidad fronteriza de Las Manos a través de montañas, para evadir los obstáculos y retenes militares sobre la carretera y se han instalado en Ocotal, en el vigésimo noveno día de protestas consecutivas.
En vista de las multitudinarias marchas que se dirigían al encuentro con el presidente legítimo del país centroamericano, el promotor del golpe de Estado, Roberto Micheletti, amplió este lunes el toque de queda en la zona fronteriza con Nicaragua.
El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, ofreció una rueda de prensa la noche de este domingo desde el Ocotal, cerca de la frontera de Nicaragua y su nación, en la que expresó que no habrá ningún tipo de negociación con los golpistas que lo derrocaron el pasado 28 de junio.
"¡No hay negociaciones con los golpistas, no hay!", exclamó el mandatario al tiempo que exhortó a la población que lo ha acompañado y exige su retorno a la presidencia, a resistir en la lucha.
Zelaya declaró que organizará en la localidad nicaragüense un frente cívico de resistencia contra el golpe, y reafirmó que no seguirá negociando con el líder del gobierno de facto y promotor del golpe de Estado, Roberto Micheletti.
A 220 kilómetros de Managua, donde se concentran seguidores que cruzaron la frontera desde Honduras a pesar del toque de queda indefinido y las represiones por parte de las autoridades de ese país, se negó a viajar a Washington ni a una cumbre mesoamericana en San José.
"No puedo dejar aquí a la gente que está viniendo de Honduras", explicó el mandatario, que recibió una invitación del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) para que viajara al país y se conversara sobre su retorno. "No me estoy moviendo ahora de Ocotal", afrimó.
"Lo que espero de los Estados Unidos es que sean fuertes y reacios, y además que aclaren su posición frente al Gobierno golpista, porque en las últimas declaraciones he visto que ha desaparecido el término 'golpe de Estado', cuando al principio lo usaron", dijo Zelaya en declaraciones a la prensa en Ocotal.
El término "golpe de Estado", afirmó Zelaya, "lo usó directamente el propio presidente Barack Obama", de quien dijo: "siento que la posición su es firme".
Mientras, el presidente consideró que la posición de la secretaria de Estado del país norteamericano, Hillary Clinton, "al principio fue firme; ahora siento que ya no está realmente denunciando ni está actuando contra la represión que está sufriendo Honduras".
En este sentido, consideró que Clinton "debe denunciar la represión, la violación de los derechos humanos, de la libertad de prensa, todas las persecuciones, los allanamientos sin orden judicial y al mismo tiempo las capturas, las personas que están siendo reprimidas a nivel nacional".
Además, la secretaria de Estado "debe darse cuenta que con aprobación de muchos círculos muy negros en el poder de las derechas norteamericanas, que ya sacaron la cara, incluyéndose senadores, está este golpe manteniéndose allí".
Grupos de entre 20 a 50 personas ingresan a la localidad fronteriza de Las Manos a través de montañas, para evadir los obstáculos y retenes militares sobre la carretera y se han instalado en Ocotal, en el vigésimo noveno día de protestas consecutivas.
En vista de las multitudinarias marchas que se dirigían al encuentro con el presidente legítimo del país centroamericano, el promotor del golpe de Estado, Roberto Micheletti, amplió este lunes el toque de queda en la zona fronteriza con Nicaragua.
Las fuerzas populares hondureñas deben ganar su independencia
Zelaya es sólo un momento presente.
Rómulo Pardo Silva
www.malpublicados.blogspot.com
La prensa hace centro en el presidente constitucional. Un empresario ganadero y maderero progresista que impulsa la modernización del capitalismo en su país. Presenta a las organizaciones sociales como sus simples seguidoras y defensoras.
Hasta hoy la posición del presidente liberal ha sido en buena parte de aceptación de objetivos del golpe. Aprobó el plan de Washington de imponer a Arias como mediador, sabiendo que es un amigo de siempre del imperio. No objetó los siete puntos iniciales de Costa Rica a cambio únicamente de volver a una presidencia sin facultades.
Su discurso es “llegar a un entendimiento de respeto” con los golpistas y se ha puesto en contacto telefónico con “asesores cercanos” a la dictadura. Pidió conversar en privado con el general que lo defenestró.
Llamó al pueblo a la frontera y después de entrar a Honduras unos pasos retrocedió. No ha respondido a las irrespetuosas reprimendas públicas que le han hecho Arias, Insulza y la Clinton. Es posible que se presente de nuevo ante el Departamento de Estado.
Zelaya como Obama no tiene decisión ni mando.
Lo importante entonces ahora y hacia el futuro es la fuerza, organización e independencia que vaya logrando la sociedad popular de Honduras, una de las más pobres del continente.
Hay que oponerse al golpe, apoyar al presidente Zelaya, un hombre abierto a los cambios dentro del sistema, y al mismo tiempo dar pasos para ser la voluntad nacional en algún momento.
No es fácil, el pueblo ha sido víctima de la violencia criminal por siglos, ha sufrido la eliminación física de dirigentes, hoy se le somete a una constitución dejada por los militares.
De esa lucha difícil surgirán liderazgos de base.
El pueblo hondureño no puede esperar mucho de los presidentes socialdemócratas que condenaron el golpe pero están por el acuerdo de retroceso levantado por los norteamericanos. A ellos nunca les ha interesado el sufrimiento en el país.
Sí ha recibido el apoyo decidido de los gobiernos antiimperialistas del continente, pero ellos no pueden hacer más.
Tras el golpe de estado a Zelaya hay la oportunidad de ser una fuerza con objetivos propios.
Contacto romulo.pardo@gmail.com
Rómulo Pardo Silva
www.malpublicados.blogspot.com
La prensa hace centro en el presidente constitucional. Un empresario ganadero y maderero progresista que impulsa la modernización del capitalismo en su país. Presenta a las organizaciones sociales como sus simples seguidoras y defensoras.
Hasta hoy la posición del presidente liberal ha sido en buena parte de aceptación de objetivos del golpe. Aprobó el plan de Washington de imponer a Arias como mediador, sabiendo que es un amigo de siempre del imperio. No objetó los siete puntos iniciales de Costa Rica a cambio únicamente de volver a una presidencia sin facultades.
Su discurso es “llegar a un entendimiento de respeto” con los golpistas y se ha puesto en contacto telefónico con “asesores cercanos” a la dictadura. Pidió conversar en privado con el general que lo defenestró.
Llamó al pueblo a la frontera y después de entrar a Honduras unos pasos retrocedió. No ha respondido a las irrespetuosas reprimendas públicas que le han hecho Arias, Insulza y la Clinton. Es posible que se presente de nuevo ante el Departamento de Estado.
Zelaya como Obama no tiene decisión ni mando.
Lo importante entonces ahora y hacia el futuro es la fuerza, organización e independencia que vaya logrando la sociedad popular de Honduras, una de las más pobres del continente.
Hay que oponerse al golpe, apoyar al presidente Zelaya, un hombre abierto a los cambios dentro del sistema, y al mismo tiempo dar pasos para ser la voluntad nacional en algún momento.
No es fácil, el pueblo ha sido víctima de la violencia criminal por siglos, ha sufrido la eliminación física de dirigentes, hoy se le somete a una constitución dejada por los militares.
De esa lucha difícil surgirán liderazgos de base.
El pueblo hondureño no puede esperar mucho de los presidentes socialdemócratas que condenaron el golpe pero están por el acuerdo de retroceso levantado por los norteamericanos. A ellos nunca les ha interesado el sufrimiento en el país.
Sí ha recibido el apoyo decidido de los gobiernos antiimperialistas del continente, pero ellos no pueden hacer más.
Tras el golpe de estado a Zelaya hay la oportunidad de ser una fuerza con objetivos propios.
Contacto romulo.pardo@gmail.com
Brutal saqueo
Miles de millones de pesos del programa Procampo que deberían servir para apoyar a los campesinos han ido a parar a los bolsillos de políticos y de narcotraficantes
MÉXICO D.F., 26 de julio (UNIVERSAL).- Durante 15 años, Procampo, el programa insigne del gobierno mexicano para fortalecer a productores de granos y oleaginosas tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no solamente fracasó, sino que permitió la desviación de recursos y abrió ventanas al clientelismo político.
Desde su creación, en 1994, el gobierno federal ejerció 171 mil millones de pesos que, al final, lograron efectos contrarios a lo pretendido: la pobreza de millones de campesinos es mayor a la de entonces y no existe evidencia contundente para demostrar crecimiento entre los grandes productores, beneficiados con casi 80% de ese capital, señalan analistas consultados.
Además de propósitos incumplidos, Procampo beneficia desde su concepción a políticos, gobernantes y funcionarios vinculados a la entrega de los subsidios, así como a narcotraficantes y familiares de todos ellos.
Esto fue posible porque la reglamentación del programa presentó ambigüedades y relajamientos, sostiene Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien ha concluido un análisis llamado "Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada".
"Aunque Procampo nació con un mandato explícito de transparencia y combate a la corrupción, lo cierto es que desde sus orígenes hubo muchas ventanas de oportunidad para la captura y el uso político de los subsidios, y muy pocas para la vigilancia pública sobre la integración del padrón y sobre las modalidades de pago de los apoyos", afirma.
Inequidad y pobreza
Los informes obtenidos por Mauricio Merino reparan en la desigualdad con la que se han repartido los recursos, lo que explicaría en parte el fracaso de dicho programa.
De los 171 mil millones de pesos asignados a productores entre 1994 y 2008 a través de Procampo y el subprograma Ingreso Objetivo, la mayor parte se concentró en unos cuantos.
"El primer 10% de beneficiarios de esos subsidios (543 mil 970 productores) ha obtenido 57% del total de esos recursos: casi 96 mil millones de pesos para una distribución de 176 mil 502 pesos por productor", precisa.
"El dato cobra toda su dimensión si se subraya que el primer 1% de beneficiarios, formado por 54 mil 397 productores (la mayoría de Sinaloa y Tamaulipas), ha obtenido 38 mil 558 millones de pesos, para una distribución per cápita de 708 mil 826 pesos".
En cambio, 80% de los productores con menos de cinco hectáreas han recibido 27% de los subsidios, unos 46 mil millones de pesos, que les dejó en 14 años 10 mil 600 pesos por individuo.
Procampo, cuyo fundamento era "transferir recursos en apoyo de la economía de los productores rurales" para "mejorar la competitividad interna y externa; elevar el nivel de vida de las familias rurales, y modernizar el sistema de comercialización", terminó, en el mejor de los casos, como un programa asistencial para los minifundistas.
"Al final, Procampo no deja de ser un ingreso para el productor, y en el tema de los productores pequeños, viene a formar parte de su ingreso familiar, de su alimentación. El objetivo de la compensación y de apoyar la productividad del campo empezó a tener una vertiente más social", considera Luis Fernando Haro, coordinador de asesores del Consejo Nacional Agropecuario.
El CNA ha mantenido un mismo nivel de crítica desde el comienzo de Procampo, lo mismo que la Confederación Nacional Campesina.
En verano de 2006, la CNC, uno de los pilares históricos del PRI, emitió por ejemplo un comunicado de prensa para subrayar la desprotección en la que se encontraba el campo, un año y cuatro meses antes de abrirse totalmente la frontera del norte a la importación de alimentos, tal y como lo marca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). "Para enfrentar a estos competidores (estadounidenses y canadienses), los productores mexicanos carecemos de tecnologías, de insumos accesibles, de equipamiento y de crédito", decía el documento.
Los campesinos poseedores de menos de cinco hectáreas representan, en efecto, una mayoría del sector, pero contrariamente, son quienes menos apoyo reciben del gobierno.
De acuerdo con la Central Campesina Cardenista, los pequeños productores representan 90% del total, y para ellos Procampo "constituye el piso de subsistencia con una agricultura tradicional y de baja productividad".
Para sustentar tal afirmación, la CCC refiere una encuesta levantada por Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), "la cual revela que el 42.4% de los productores señalaron que destinan los recursos que reciben a cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, ropa y fertilizantes".
Como resultado, en 14 años de prevalencia del programa, la superficie sembrada de granos básicos disminuyó 1.2 millones de hectáreas, y entre 1994 y 2003, la cuota de Procampo sufrió un deterioro de 23%, asegura ese organismo.
"Lo anterior significa que Procampo y otros instrumentos de apoyo a la agricultura no han constituido un verdadero incentivo para los productores a fin de incrementar la superficie sembrada de granos básicos y aumentar su producción".
En los hechos, la idea de fortalecimiento del campo se desvaneció al año siguiente de iniciarse Procampo, dice Fernando Haro, coordinador de consejeros del CNA.
"En 1995 viene el problema de la crisis y ese instrumento (Procampo), que se diseñó como un posible compensador de asimetrías, perdió su objetivo. Así las cosas, el monto por hectárea se fue perdiendo en el tiempo porque nunca se fue actualizando y ya nada fue igual", explica.
Las lecturas adversas que hacen esas organizaciones campesinas encierran, por lo menos, algo de hipocresía.
De acuerdo con la investigación de Mauricio Merino, todas ellas influyeron notablemente en la elaboración del padrón inicial de Procampo (que en tres lustros se mantiene casi igual), dejando fuera a muchos pequeños productores e incluyendo a poderosos de la política y el crimen organizado.
Padrón sospechoso
José Octavio López Presa, primer director de Procampo, hizo referencia a ello en una entrevista concedida a Merino.
"Tras la organización inicial del programa, no sólo hubo una tensión manifiesta entre las grandes organizaciones de campesinos y productores que intentaron (y lograron) que sus agremiados fueran inscritos en el padrón", escribe el investigador, a partir de su entrevista con el ex funcionario.
Las presiones no solamente provinieron de fuera. López Presa cuenta a EL UNIVERSAL que, un mes antes de las elecciones federales de ese año, "un alto funcionario muy cercano al secretario (de Agricultura, Carlos Hank González) se atrevió a proponer que se beneficiara a los municipios gobernados por el PRI".
La reunión a la que se refiere se realizó en junio de 1994 en Oaxtepec. Participaron en ella representantes agrarios, además de funcionarios federales. López Presa no solamente se opuso a tal sugerencia, sino que envió al día siguiente un correo electrónico en el que ordenaba que bajo ningún motivo se utilizara Procampo con fines electorales. Horas más tarde fue despedido.
Quien lo notificó de la decisión de Hank González, dice la investigación de Merino, fue el entonces subsecretario Luis Téllez Kuenzler.
Fuera de la secretaría, el investigador del CIDE identifica a Jorge Kondo López, actual secretario de Agricultura de Sinaloa, como otro de los personajes centrales en aquellas presiones por imponer agremiados en el padrón del Procampo.
Kondo, entonces vicepresidente de una de las carteras del CNA y presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), figura 89 veces en la lista de beneficiarios del programa Procampo, de acuerdo con la página subsidiosalcampo.org.mx.
Lo mismo que él, la investigación de Mauricio Merino identifica otros 371 nombres y registros individuales que cobraron subsidios todavía en 2008, y cuya identidad coincide plenamente con la de funcionarios públicos vinculados con la operación de los programas.
"De ellos, estamos seguros de la coincidencia en 292 casos (131 de posibles funcionarios federales, y 161 estatales)", refiere el investigador.
En la página de subsidios al campo, elaborada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, aparece como uno de los mayores beneficiarios el diputado federal por el PRI Jesús Manuel Patrón Montalvo, con 131 registros. Los pagos totales que recibió por concepto de Procampo e Ingreso Objetivo durante 14 años, hasta 2008, suman 12 millones 270 mil 763 pesos.
Patrón, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, es un reconocido empresario del ramo agroindustrial en Sinaloa. El múltiple registro que tiene dentro del padrón es extraordinario, lo mismo que el monto de dinero que ha obtenido. El diputado no quiso sin embargo responder a una solicitud de entrevista para este trabajo.
En torno al diseño de Procampo, señala la diputada por el PRD Nora Ruvalcaba Gámez, "se han confabulado la corrupción, el tráfico de influencias y, por supuesto, el clientelismo. Estas son las razones por las que ocurre este destino ilícito de ciertas personas".
Los narcos también
En 2007, la congresista efectuó una de las primeras revisiones del padrón de Procampo y descubrió que muchos de los beneficiarios eran narcotraficantes o familiares directos de ellos.
"Hicimos la denuncia cuando en Aguascalientes, en el municipio de El Llano, se descubrió un narcoinvernadero y nos pareció increíble que alguna otra autoridad, diferente a la que lo evidenció, no se haya dado cuenta. Nos metimos a verificar y, ¡oh sorpresa!: el empresario era beneficiario de Procampo".
Dos años después de aquella exhibición irregular, ninguna autoridad, ni el Congreso mismo, operó para iniciar una depuración del padrón, asegura Ruvalcaba.
"Esto nos sirve para demostrar la ineficiencia brutal de los gobiernos y sus programas, como el Procampo, que fue creado para generar condiciones para competir con el de Estados Unidos y Canadá, y vemos cómo a 15 años es un fracaso gracias a estos vicios que impiden la eficacia de las instituciones".
En todo caso, agrega la diputada, Procampo ha servido como "camuflaje perfecto" para los grandes cultivadores de droga.
Con base en documentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Ruvalcaba elaboró su lista de narcotraficantes y sus familiares subsidiados con dinero público.
Entre ellos menciona a Jaime Quintero Páez, hermano de Lamberto Quintero Páez; a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos de El Chapo, así como a uno de sus sobrinos, Leobardo Elenes Salazar, y al "ultimo de sus suegros", Inés Coronel Barreras.
Igualmente, enlista entre los beneficiarios a Alfredo Beltrán Leyva, y a familiares directos de Margarita Cázares Salazar, Ernesto El Güero Palma, Luis Valencia Valencia, líder del "cártel del Milenio", y a Jesús Raúl Beltrán Uriarte, "principal lugarteniente de Ignacio Coronel Villarreal".
La razón por la cual sujetos señalados por instancias federales como miembros de la delincuencia organizada figuran en el padrón, de ninguna manera constituye delito o quebranto de las normas establecidas por Procampo, sostiene Jorge Kondo López.
"El único criterio aplicado fue que las personas tuvieran tierras de cultivos lícitos, nunca se les cuestionó su calidad moral", dice.
Kondo niega haber influido en la elaboración de ese primer padrón, aunque López Presa, el primero de los coordinadores de Procampo, aseguró lo contrario en la entrevista con el investigador del CIDE.
Dinero en el limbo
Kondo refiere que Procampo tuvo un objetivo concreto, que era el de aminorar "asimetrías" que se tenían con respecto a los productores de Canadá y Estados Unidos.
El plan, sin embargo, fracasó: México, sostiene, ocupa hoy una posición por debajo de la que ostentaba antes del Tratado de Libre Comercio.
"No hay que perder de vista esto que digo: Procampo fue creado para compensar las asimetrías, y como esas asimetrías persisten, Procampo debe seguir".
Los 15 años del programa no vieron impacto positivo en la producción de granos. Los indicadores de Aserca así lo demuestran:
La producción de maíz era de 2.2 toneladas por hectárea en 1994, y en 2004 fue de 2.4 toneladas por esa misma superficie. Es la misma suerte de otros granos, como el trigo, que en 1994 era de 3.0 toneladas por hectárea y una década más tarde apenas subió a 3.6 toneladas. O el cártamo, que fue de 1.1 toneladas a 1.5 toneladas por hectárea tras 10 años de apoyos.
La causa de ese nivel empobrecido es la ausencia de herramientas para medir la eficacia de la ayuda, ha concluido la Auditoría Superior de la Federación. Pero no es el único cabo suelto de este enorme rompecabezas que es Procampo.
"Creemos que la oscuridad en la información sobre los programas que nos interesan no solamente ha sido un defecto derivado de su diseño ambiguo e impreciso o de una mala operación burocrática luego de tres lustros, sino que ha sido un atributo funcional para establecer redes y negociaciones políticas que han mantenido a salvo esos programas, aun a despecho del fracaso evidente de sus resultados", dice Merino.
Por eso, el investigador se plantea una pregunta básica, que exhibe el descontrol no sólo del programa, sino del sistema operativo del gobierno:
"¿Cuántos productores están recibiendo dineros sin sembrar ni cosechar sus tierras, cuántos están capturados por intermediarios burocráticos o políticos (...) y cuántos están agrupados en redes clientelares bajo las siglas de grandes organizaciones agrarias y campesinas del país? Nadie lo sabe a ciencia cierta".
MÉXICO D.F., 26 de julio (UNIVERSAL).- Durante 15 años, Procampo, el programa insigne del gobierno mexicano para fortalecer a productores de granos y oleaginosas tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no solamente fracasó, sino que permitió la desviación de recursos y abrió ventanas al clientelismo político.
Desde su creación, en 1994, el gobierno federal ejerció 171 mil millones de pesos que, al final, lograron efectos contrarios a lo pretendido: la pobreza de millones de campesinos es mayor a la de entonces y no existe evidencia contundente para demostrar crecimiento entre los grandes productores, beneficiados con casi 80% de ese capital, señalan analistas consultados.
Además de propósitos incumplidos, Procampo beneficia desde su concepción a políticos, gobernantes y funcionarios vinculados a la entrega de los subsidios, así como a narcotraficantes y familiares de todos ellos.
Esto fue posible porque la reglamentación del programa presentó ambigüedades y relajamientos, sostiene Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien ha concluido un análisis llamado "Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada".
"Aunque Procampo nació con un mandato explícito de transparencia y combate a la corrupción, lo cierto es que desde sus orígenes hubo muchas ventanas de oportunidad para la captura y el uso político de los subsidios, y muy pocas para la vigilancia pública sobre la integración del padrón y sobre las modalidades de pago de los apoyos", afirma.
Inequidad y pobreza
Los informes obtenidos por Mauricio Merino reparan en la desigualdad con la que se han repartido los recursos, lo que explicaría en parte el fracaso de dicho programa.
De los 171 mil millones de pesos asignados a productores entre 1994 y 2008 a través de Procampo y el subprograma Ingreso Objetivo, la mayor parte se concentró en unos cuantos.
"El primer 10% de beneficiarios de esos subsidios (543 mil 970 productores) ha obtenido 57% del total de esos recursos: casi 96 mil millones de pesos para una distribución de 176 mil 502 pesos por productor", precisa.
"El dato cobra toda su dimensión si se subraya que el primer 1% de beneficiarios, formado por 54 mil 397 productores (la mayoría de Sinaloa y Tamaulipas), ha obtenido 38 mil 558 millones de pesos, para una distribución per cápita de 708 mil 826 pesos".
En cambio, 80% de los productores con menos de cinco hectáreas han recibido 27% de los subsidios, unos 46 mil millones de pesos, que les dejó en 14 años 10 mil 600 pesos por individuo.
Procampo, cuyo fundamento era "transferir recursos en apoyo de la economía de los productores rurales" para "mejorar la competitividad interna y externa; elevar el nivel de vida de las familias rurales, y modernizar el sistema de comercialización", terminó, en el mejor de los casos, como un programa asistencial para los minifundistas.
"Al final, Procampo no deja de ser un ingreso para el productor, y en el tema de los productores pequeños, viene a formar parte de su ingreso familiar, de su alimentación. El objetivo de la compensación y de apoyar la productividad del campo empezó a tener una vertiente más social", considera Luis Fernando Haro, coordinador de asesores del Consejo Nacional Agropecuario.
El CNA ha mantenido un mismo nivel de crítica desde el comienzo de Procampo, lo mismo que la Confederación Nacional Campesina.
En verano de 2006, la CNC, uno de los pilares históricos del PRI, emitió por ejemplo un comunicado de prensa para subrayar la desprotección en la que se encontraba el campo, un año y cuatro meses antes de abrirse totalmente la frontera del norte a la importación de alimentos, tal y como lo marca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). "Para enfrentar a estos competidores (estadounidenses y canadienses), los productores mexicanos carecemos de tecnologías, de insumos accesibles, de equipamiento y de crédito", decía el documento.
Los campesinos poseedores de menos de cinco hectáreas representan, en efecto, una mayoría del sector, pero contrariamente, son quienes menos apoyo reciben del gobierno.
De acuerdo con la Central Campesina Cardenista, los pequeños productores representan 90% del total, y para ellos Procampo "constituye el piso de subsistencia con una agricultura tradicional y de baja productividad".
Para sustentar tal afirmación, la CCC refiere una encuesta levantada por Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), "la cual revela que el 42.4% de los productores señalaron que destinan los recursos que reciben a cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, ropa y fertilizantes".
Como resultado, en 14 años de prevalencia del programa, la superficie sembrada de granos básicos disminuyó 1.2 millones de hectáreas, y entre 1994 y 2003, la cuota de Procampo sufrió un deterioro de 23%, asegura ese organismo.
"Lo anterior significa que Procampo y otros instrumentos de apoyo a la agricultura no han constituido un verdadero incentivo para los productores a fin de incrementar la superficie sembrada de granos básicos y aumentar su producción".
En los hechos, la idea de fortalecimiento del campo se desvaneció al año siguiente de iniciarse Procampo, dice Fernando Haro, coordinador de consejeros del CNA.
"En 1995 viene el problema de la crisis y ese instrumento (Procampo), que se diseñó como un posible compensador de asimetrías, perdió su objetivo. Así las cosas, el monto por hectárea se fue perdiendo en el tiempo porque nunca se fue actualizando y ya nada fue igual", explica.
Las lecturas adversas que hacen esas organizaciones campesinas encierran, por lo menos, algo de hipocresía.
De acuerdo con la investigación de Mauricio Merino, todas ellas influyeron notablemente en la elaboración del padrón inicial de Procampo (que en tres lustros se mantiene casi igual), dejando fuera a muchos pequeños productores e incluyendo a poderosos de la política y el crimen organizado.
Padrón sospechoso
José Octavio López Presa, primer director de Procampo, hizo referencia a ello en una entrevista concedida a Merino.
"Tras la organización inicial del programa, no sólo hubo una tensión manifiesta entre las grandes organizaciones de campesinos y productores que intentaron (y lograron) que sus agremiados fueran inscritos en el padrón", escribe el investigador, a partir de su entrevista con el ex funcionario.
Las presiones no solamente provinieron de fuera. López Presa cuenta a EL UNIVERSAL que, un mes antes de las elecciones federales de ese año, "un alto funcionario muy cercano al secretario (de Agricultura, Carlos Hank González) se atrevió a proponer que se beneficiara a los municipios gobernados por el PRI".
La reunión a la que se refiere se realizó en junio de 1994 en Oaxtepec. Participaron en ella representantes agrarios, además de funcionarios federales. López Presa no solamente se opuso a tal sugerencia, sino que envió al día siguiente un correo electrónico en el que ordenaba que bajo ningún motivo se utilizara Procampo con fines electorales. Horas más tarde fue despedido.
Quien lo notificó de la decisión de Hank González, dice la investigación de Merino, fue el entonces subsecretario Luis Téllez Kuenzler.
Fuera de la secretaría, el investigador del CIDE identifica a Jorge Kondo López, actual secretario de Agricultura de Sinaloa, como otro de los personajes centrales en aquellas presiones por imponer agremiados en el padrón del Procampo.
Kondo, entonces vicepresidente de una de las carteras del CNA y presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), figura 89 veces en la lista de beneficiarios del programa Procampo, de acuerdo con la página subsidiosalcampo.org.mx.
Lo mismo que él, la investigación de Mauricio Merino identifica otros 371 nombres y registros individuales que cobraron subsidios todavía en 2008, y cuya identidad coincide plenamente con la de funcionarios públicos vinculados con la operación de los programas.
"De ellos, estamos seguros de la coincidencia en 292 casos (131 de posibles funcionarios federales, y 161 estatales)", refiere el investigador.
En la página de subsidios al campo, elaborada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, aparece como uno de los mayores beneficiarios el diputado federal por el PRI Jesús Manuel Patrón Montalvo, con 131 registros. Los pagos totales que recibió por concepto de Procampo e Ingreso Objetivo durante 14 años, hasta 2008, suman 12 millones 270 mil 763 pesos.
Patrón, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, es un reconocido empresario del ramo agroindustrial en Sinaloa. El múltiple registro que tiene dentro del padrón es extraordinario, lo mismo que el monto de dinero que ha obtenido. El diputado no quiso sin embargo responder a una solicitud de entrevista para este trabajo.
En torno al diseño de Procampo, señala la diputada por el PRD Nora Ruvalcaba Gámez, "se han confabulado la corrupción, el tráfico de influencias y, por supuesto, el clientelismo. Estas son las razones por las que ocurre este destino ilícito de ciertas personas".
Los narcos también
En 2007, la congresista efectuó una de las primeras revisiones del padrón de Procampo y descubrió que muchos de los beneficiarios eran narcotraficantes o familiares directos de ellos.
"Hicimos la denuncia cuando en Aguascalientes, en el municipio de El Llano, se descubrió un narcoinvernadero y nos pareció increíble que alguna otra autoridad, diferente a la que lo evidenció, no se haya dado cuenta. Nos metimos a verificar y, ¡oh sorpresa!: el empresario era beneficiario de Procampo".
Dos años después de aquella exhibición irregular, ninguna autoridad, ni el Congreso mismo, operó para iniciar una depuración del padrón, asegura Ruvalcaba.
"Esto nos sirve para demostrar la ineficiencia brutal de los gobiernos y sus programas, como el Procampo, que fue creado para generar condiciones para competir con el de Estados Unidos y Canadá, y vemos cómo a 15 años es un fracaso gracias a estos vicios que impiden la eficacia de las instituciones".
En todo caso, agrega la diputada, Procampo ha servido como "camuflaje perfecto" para los grandes cultivadores de droga.
Con base en documentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Ruvalcaba elaboró su lista de narcotraficantes y sus familiares subsidiados con dinero público.
Entre ellos menciona a Jaime Quintero Páez, hermano de Lamberto Quintero Páez; a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos de El Chapo, así como a uno de sus sobrinos, Leobardo Elenes Salazar, y al "ultimo de sus suegros", Inés Coronel Barreras.
Igualmente, enlista entre los beneficiarios a Alfredo Beltrán Leyva, y a familiares directos de Margarita Cázares Salazar, Ernesto El Güero Palma, Luis Valencia Valencia, líder del "cártel del Milenio", y a Jesús Raúl Beltrán Uriarte, "principal lugarteniente de Ignacio Coronel Villarreal".
La razón por la cual sujetos señalados por instancias federales como miembros de la delincuencia organizada figuran en el padrón, de ninguna manera constituye delito o quebranto de las normas establecidas por Procampo, sostiene Jorge Kondo López.
"El único criterio aplicado fue que las personas tuvieran tierras de cultivos lícitos, nunca se les cuestionó su calidad moral", dice.
Kondo niega haber influido en la elaboración de ese primer padrón, aunque López Presa, el primero de los coordinadores de Procampo, aseguró lo contrario en la entrevista con el investigador del CIDE.
Dinero en el limbo
Kondo refiere que Procampo tuvo un objetivo concreto, que era el de aminorar "asimetrías" que se tenían con respecto a los productores de Canadá y Estados Unidos.
El plan, sin embargo, fracasó: México, sostiene, ocupa hoy una posición por debajo de la que ostentaba antes del Tratado de Libre Comercio.
"No hay que perder de vista esto que digo: Procampo fue creado para compensar las asimetrías, y como esas asimetrías persisten, Procampo debe seguir".
Los 15 años del programa no vieron impacto positivo en la producción de granos. Los indicadores de Aserca así lo demuestran:
La producción de maíz era de 2.2 toneladas por hectárea en 1994, y en 2004 fue de 2.4 toneladas por esa misma superficie. Es la misma suerte de otros granos, como el trigo, que en 1994 era de 3.0 toneladas por hectárea y una década más tarde apenas subió a 3.6 toneladas. O el cártamo, que fue de 1.1 toneladas a 1.5 toneladas por hectárea tras 10 años de apoyos.
La causa de ese nivel empobrecido es la ausencia de herramientas para medir la eficacia de la ayuda, ha concluido la Auditoría Superior de la Federación. Pero no es el único cabo suelto de este enorme rompecabezas que es Procampo.
"Creemos que la oscuridad en la información sobre los programas que nos interesan no solamente ha sido un defecto derivado de su diseño ambiguo e impreciso o de una mala operación burocrática luego de tres lustros, sino que ha sido un atributo funcional para establecer redes y negociaciones políticas que han mantenido a salvo esos programas, aun a despecho del fracaso evidente de sus resultados", dice Merino.
Por eso, el investigador se plantea una pregunta básica, que exhibe el descontrol no sólo del programa, sino del sistema operativo del gobierno:
"¿Cuántos productores están recibiendo dineros sin sembrar ni cosechar sus tierras, cuántos están capturados por intermediarios burocráticos o políticos (...) y cuántos están agrupados en redes clientelares bajo las siglas de grandes organizaciones agrarias y campesinas del país? Nadie lo sabe a ciencia cierta".
Comunicador@s Socialistas condenan agresión a Reportera de ABN en Honduras
Rebelión
El Consejo Nacional de Comunicadoras y Comunicadores Socialistas (CNCyCS) condena de manera categórica las agresiones físicas y la detención injustificada a la que fue sometida la reportera gráfica venezolana Wendys Olivo, por parte de la policía del gobierno dictatorial instaurado en Honduras, en la ciudad de Danlí, a 92 kilómetros Tegucigalpa.
El CNCyCS hace del conocimiento público que gracias a la intervención de colegas de medios internacionales presentes, se logró detener la fuerte golpiza propinada a la reportera de la ABN, quien se negó a entregar su cámara fotográfica, su instrumento de trabajo, a las fuerzas policiales.
Nuestra compatriota Wendys Olivo fue golpeada, arrastrada por el piso y retenida de manera injustificada por la policía golpista del gobierno dictatorial. Responsabilizamos al poder ilegítimo impuesto por la fuerza en Honduras, de cualquier daño a la integridad física y moral de las y los periodistas venezolanos y extranjeros que se encuentran cubriendo los acontecimientos en ese país.
Wendys Olivo fue agredida y detenida tras fotografiar al dirigente campesino Rafael Alegría, quien también se encontraba retenido y de quien se desconocía su paradero, y se sospechaba su desaparición física al negarse las fuerzas policiales a confirmar su arresto.
Nos solidarizamos con Wendys Olivo y todas las comunicadoras y los comunicadores que se encuentran arriesgando sus vidas para tratar de llevarle al mundo la verdad de la represión dictatorial.
Tras ser puestos en libertad, las y los reporteros señalaron que en las cárceles de la dictadura mantienen a niñas, niños, adolescentes y ancianos mayores de 80 años, sin agua y sin comida, en condiciones infrahumanas.
El CNCYCS condena la represión dictatorial en Honduras y señala a las fuerzas militares y policiales golpistas como responsables por la violación de los derechos humanos de las comunicadoras y comunicadores presentes en este momento en Honduras.
El Consejo Nacional de Comunicadoras y Comunicadores Socialistas (CNCyCS) condena de manera categórica las agresiones físicas y la detención injustificada a la que fue sometida la reportera gráfica venezolana Wendys Olivo, por parte de la policía del gobierno dictatorial instaurado en Honduras, en la ciudad de Danlí, a 92 kilómetros Tegucigalpa.
El CNCyCS hace del conocimiento público que gracias a la intervención de colegas de medios internacionales presentes, se logró detener la fuerte golpiza propinada a la reportera de la ABN, quien se negó a entregar su cámara fotográfica, su instrumento de trabajo, a las fuerzas policiales.
Nuestra compatriota Wendys Olivo fue golpeada, arrastrada por el piso y retenida de manera injustificada por la policía golpista del gobierno dictatorial. Responsabilizamos al poder ilegítimo impuesto por la fuerza en Honduras, de cualquier daño a la integridad física y moral de las y los periodistas venezolanos y extranjeros que se encuentran cubriendo los acontecimientos en ese país.
Wendys Olivo fue agredida y detenida tras fotografiar al dirigente campesino Rafael Alegría, quien también se encontraba retenido y de quien se desconocía su paradero, y se sospechaba su desaparición física al negarse las fuerzas policiales a confirmar su arresto.
Nos solidarizamos con Wendys Olivo y todas las comunicadoras y los comunicadores que se encuentran arriesgando sus vidas para tratar de llevarle al mundo la verdad de la represión dictatorial.
Tras ser puestos en libertad, las y los reporteros señalaron que en las cárceles de la dictadura mantienen a niñas, niños, adolescentes y ancianos mayores de 80 años, sin agua y sin comida, en condiciones infrahumanas.
El CNCYCS condena la represión dictatorial en Honduras y señala a las fuerzas militares y policiales golpistas como responsables por la violación de los derechos humanos de las comunicadoras y comunicadores presentes en este momento en Honduras.
Obama y el sátrapa Micheletti
Carlos Fazio
El golpe oligárquico-militar en Honduras responde a una estrategia global de la administración Obama-Clinton diseñada para hacer retroceder los avances de gobiernos electos democráticamente y mantener o consolidar el poder imperial en algunas zonas calientes del orbe. Tal estrategia opera con base en una política de varios carriles, que combina la intervención militar directa (Afganistán, Pakistán, Irak) con operaciones clandestinas de desestabilización (Venezuela, Irán, Honduras, Bolivia, Ecuador) y una diplomacia de doble vía, que busca articular los instrumentos e iniciativas heredados por la administración Bush a Barack Obama.
La asonada clasista en el eslabón más débil en América Latina estuvo dirigida a hacer retroceder al gobierno democrático de Manuel Zelaya para imponer, de facto, un nuevo régimen cliente en el patio trasero del imperio. El golpe pretende reforzar al polo conservador militarizado del Plan Puebla Panamá/Iniciativa Mérida, liderado por México y Colombia. Los avances progresistas en Honduras, Nicaragua y El Salvador complicaban los planes geopolíticos de Washington, que busca conformar una plataforma de intervención en América del Sur, con la mira puesta en los hidrocarburos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, los inmensos recursos de la Amazonia y el Acuífero Guaraní. En ese sentido fue, también, un golpe a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
Para consumar la conspiración, el Departamento de Estado y el Pentágono utilizaron al alto mando militar hondureño, penetrado estructuralmente por los organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos. El general golpista Romeo Vázquez y el ministro asesor del sátrapa Roberto Micheletti, Billy Joya Améndola, fundador de los escuadrones de la muerte en los años 80, fueron alumnos ejemplares de la Escuela de las Américas. En la coyuntura, los militares golpistas actuaron como un ejército de ocupación en su propio país. Pero, además, Honduras está ocupada por Estados Unidos, que controla la base militar de Soto Cano (o Palmerola), donde se encuentra la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, compuesta por medio millar de efectivos del Pentágono y equipos avanzados de espionaje e intervención, incluido equipo aéreo de combate HU-60, Black Hawk y CH-47 Chinook.
La base es parte de la red de Puestos de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) del Pentágono, integrada por Comalapa, en El Salvador; Guantánamo, en Cuba; Aruba y Curazao, y Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano. Igual que el presidente Rafael Correa en Ecuador respecto a la base de Manta, Zelaya había anunciado a la Casa Blanca su intención de convertir Soto Cano en un aeropuerto comercial internacional, con financiamiento del Alba y PetroCaribe. En sustitución de Manta, el Pentágono logró que Álvaro Uribe ponga a su servicio sendas bases militares en Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta) y Malambo (Atlántico), lo que convertirá a Colombia en el Israel de América Latina.
Los halcones del Departamento de Estado y el Pentágono recurrieron, también, a sus viejos vínculos con la primitiva oligarquía hondureña, que controla el Congreso y el Tribunal Supremo, y contaron con la legitimación del cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa. Asistimos, pues, a un golpe cívico-militar de factura estadunidense, con el consenso de los poderes fácticos.
Pero, además, el de Honduras es otro golpe mediático apoyado en una guerra de cuarta generación. Como tal, se consumó y buscó legitimidad a través de medios bajo control monopólico privado. En particular, de los periódicos hondureños La Prensa de San Pedro Sula y El Heraldo de Tegucigalpa, cuyo propietario es Jorge Canahuati, proveedor de armas y medicinas del Estado y dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), antiguo brazo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desde los tiempos de la guerra fría; el diario La Tribuna de San Pedro Sula, del líder empresarial conservador Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002); el diario Tiempo, de Tegucigalpa, que pertenece a Jaime Rosenthal Oliva, empresario, banquero y secretario general del Partido Liberal; la red de canales de televisión de José Rafael Ferrari, y con intereses, también, en radio cadena HRN. Asimismo, el golpe contó con el apoyo de la estadunidense CNN, que desde un primer momento buscó legalizar a los putchistas e incriminar a Zelaya, y de grandes medios latinoamericanos ligados a la SIP.
La estrategia de reversión del clan Clinton y grupos del aparato institucional al servicio del complejo energético militar industrial, que presentan una política de hechos consumados para el aval de Obama, tuvo una pieza clave en el actual embajador en Tegucigalpa, el cubano-estadunidense Hugo Llorens. Vinculado al ex zar de la inteligencia John Dimitri Negroponte, y al ultraconservador Otto Reich, protector de la mafia cubano-estadunidense de Miami, Llorens coordinó la expulsión de Manuel Zelaya. Él mismo integra una red de diplomáticos nombrados en las postrimerías de la administración Bush, todos expertos en operaciones encubiertas y guerra sicológica contra Cuba y Venezuela: Robert Blau en la embajada en San Salvador; Stephen McFarland en Guatemala y Robert Callahan en Managua, Nicaragua.
Con sus ambigüedades formales, Hillary Clinton ha legitimado de hecho al nuevo régimen privatizado de Micheletti y Cia., y por conducto de Óscar Arias, viejo peón de Washington, ha impulsado una negociación-trampa para darles tiempo a los golpistas de recuperar su poder y desgastar a la heroica resistencia popular hondureña. Obama tendrá que decidirse a etiquetar la asonada como un golpe de Estado, retirando al embajador Llorens y cortando la asistencia de Estados Unidos a Honduras, o seguirá cediendo ante el ala dura del sistema imperial.
El golpe oligárquico-militar en Honduras responde a una estrategia global de la administración Obama-Clinton diseñada para hacer retroceder los avances de gobiernos electos democráticamente y mantener o consolidar el poder imperial en algunas zonas calientes del orbe. Tal estrategia opera con base en una política de varios carriles, que combina la intervención militar directa (Afganistán, Pakistán, Irak) con operaciones clandestinas de desestabilización (Venezuela, Irán, Honduras, Bolivia, Ecuador) y una diplomacia de doble vía, que busca articular los instrumentos e iniciativas heredados por la administración Bush a Barack Obama.
La asonada clasista en el eslabón más débil en América Latina estuvo dirigida a hacer retroceder al gobierno democrático de Manuel Zelaya para imponer, de facto, un nuevo régimen cliente en el patio trasero del imperio. El golpe pretende reforzar al polo conservador militarizado del Plan Puebla Panamá/Iniciativa Mérida, liderado por México y Colombia. Los avances progresistas en Honduras, Nicaragua y El Salvador complicaban los planes geopolíticos de Washington, que busca conformar una plataforma de intervención en América del Sur, con la mira puesta en los hidrocarburos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, los inmensos recursos de la Amazonia y el Acuífero Guaraní. En ese sentido fue, también, un golpe a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
Para consumar la conspiración, el Departamento de Estado y el Pentágono utilizaron al alto mando militar hondureño, penetrado estructuralmente por los organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos. El general golpista Romeo Vázquez y el ministro asesor del sátrapa Roberto Micheletti, Billy Joya Améndola, fundador de los escuadrones de la muerte en los años 80, fueron alumnos ejemplares de la Escuela de las Américas. En la coyuntura, los militares golpistas actuaron como un ejército de ocupación en su propio país. Pero, además, Honduras está ocupada por Estados Unidos, que controla la base militar de Soto Cano (o Palmerola), donde se encuentra la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, compuesta por medio millar de efectivos del Pentágono y equipos avanzados de espionaje e intervención, incluido equipo aéreo de combate HU-60, Black Hawk y CH-47 Chinook.
La base es parte de la red de Puestos de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) del Pentágono, integrada por Comalapa, en El Salvador; Guantánamo, en Cuba; Aruba y Curazao, y Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano. Igual que el presidente Rafael Correa en Ecuador respecto a la base de Manta, Zelaya había anunciado a la Casa Blanca su intención de convertir Soto Cano en un aeropuerto comercial internacional, con financiamiento del Alba y PetroCaribe. En sustitución de Manta, el Pentágono logró que Álvaro Uribe ponga a su servicio sendas bases militares en Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta) y Malambo (Atlántico), lo que convertirá a Colombia en el Israel de América Latina.
Los halcones del Departamento de Estado y el Pentágono recurrieron, también, a sus viejos vínculos con la primitiva oligarquía hondureña, que controla el Congreso y el Tribunal Supremo, y contaron con la legitimación del cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa. Asistimos, pues, a un golpe cívico-militar de factura estadunidense, con el consenso de los poderes fácticos.
Pero, además, el de Honduras es otro golpe mediático apoyado en una guerra de cuarta generación. Como tal, se consumó y buscó legitimidad a través de medios bajo control monopólico privado. En particular, de los periódicos hondureños La Prensa de San Pedro Sula y El Heraldo de Tegucigalpa, cuyo propietario es Jorge Canahuati, proveedor de armas y medicinas del Estado y dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), antiguo brazo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desde los tiempos de la guerra fría; el diario La Tribuna de San Pedro Sula, del líder empresarial conservador Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002); el diario Tiempo, de Tegucigalpa, que pertenece a Jaime Rosenthal Oliva, empresario, banquero y secretario general del Partido Liberal; la red de canales de televisión de José Rafael Ferrari, y con intereses, también, en radio cadena HRN. Asimismo, el golpe contó con el apoyo de la estadunidense CNN, que desde un primer momento buscó legalizar a los putchistas e incriminar a Zelaya, y de grandes medios latinoamericanos ligados a la SIP.
La estrategia de reversión del clan Clinton y grupos del aparato institucional al servicio del complejo energético militar industrial, que presentan una política de hechos consumados para el aval de Obama, tuvo una pieza clave en el actual embajador en Tegucigalpa, el cubano-estadunidense Hugo Llorens. Vinculado al ex zar de la inteligencia John Dimitri Negroponte, y al ultraconservador Otto Reich, protector de la mafia cubano-estadunidense de Miami, Llorens coordinó la expulsión de Manuel Zelaya. Él mismo integra una red de diplomáticos nombrados en las postrimerías de la administración Bush, todos expertos en operaciones encubiertas y guerra sicológica contra Cuba y Venezuela: Robert Blau en la embajada en San Salvador; Stephen McFarland en Guatemala y Robert Callahan en Managua, Nicaragua.
Con sus ambigüedades formales, Hillary Clinton ha legitimado de hecho al nuevo régimen privatizado de Micheletti y Cia., y por conducto de Óscar Arias, viejo peón de Washington, ha impulsado una negociación-trampa para darles tiempo a los golpistas de recuperar su poder y desgastar a la heroica resistencia popular hondureña. Obama tendrá que decidirse a etiquetar la asonada como un golpe de Estado, retirando al embajador Llorens y cortando la asistencia de Estados Unidos a Honduras, o seguirá cediendo ante el ala dura del sistema imperial.
La defección de Óscar Arias
Editorial
A casi un mes del golpe de Estado perpetrado en Honduras, resulta clara la existencia de una fractura en el entorno democrático internacional: mientras que, por una parte, diversos gobiernos latinoamericanos han exigido el retorno al cargo del presidente constitucional de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, y el presidente costarricense, Óscar Arias, por la otra, han tenido diversas expresiones de complacencia hacia los golpistas y el régimen espurio que encabeza Roberto Micheletti.
Son de sobra conocidas las contradicciones en materia de política exterior del nuevo gobierno estadunidense y las discordancias entre el presidente Barack Obama y diversos estamentos del poder, en particular las agencias de inteligencia, sectores del Departamento de Defensa y, por supuesto, la propia Clinton. Es sabido, también, que ésta mantiene añejos vínculos políticos con individuos afines al cuartelazo que hace un mes interrumpió el orden democrático hondureño e implantó una dictadura cada vez más desembozada y abiertamente represiva. Por ello, es claro –aunque resulte exasperante– que una de las pistas fundamentales por las que transcurre la crisis del país centroamericano se encuentra en Washington, y de lo que se negocie en las oficinas ejecutivas y legislativas estadunidenses dependerá, en buena medida, la posibilidad de restituir la institucionalidad y la legalidad quebrantadas en Honduras.
A estas alturas se ha hecho evidente, también, el papel de Óscar Arias como parapeto diplomático del régimen de facto implantado en esa nación, ya que cuando las diplomacias latinoamericanas confiaron al mandatario costarricense una tarea de gestión para negociar los términos del retorno de Zelaya a la presidencia hondureña, éste fue mucho más allá de sus atribuciones y formuló un plan –al que denominó Declaración de San José– que otorgaba beneficios políticos injustificados e inmerecidos a quienes son, de acuerdo con el derecho internacional y el hondureño, delincuentes: su participación en un gobierno de unidad nacional y la suspensión definitiva de la consulta que el mandatario constitucional pretendía realizar en torno a la relección, lo cual fue una bocanada de oxígeno al entonces cercado régimen espurio, cuyos cabecillas se envalentonaron y rechazaron la propuesta.
Debe considerarse, a este respecto, que más allá de la inadmisible perpetuación del gobierno espurio hondureño, el que se otorgue cualquier clase de premio político e institucional a los golpistas sentaría un precedente nefasto para el futuro de las democracias en el hemisferio; es indispensable, por tanto, impedir que proliferen sectores políticos tentados a usar la fuerza militar institucional para la obtención de cuotas de poder.
Ayer, Arias cometió el grave dislate de descalificar a Zelaya por su reciente –y breve– incursión en suelo hondureño y por su decisión de apostarse en un punto de la frontera entre Nicaragua y su país, medidas que, dijo, no ayudan a la reconciliación. Por añadidura, el político costarricense criticó a su homólogo depuesto por haber incorporado a Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), decisión soberana sobre la que no le corresponde pronunciarse.
En contraste con las inconsecuencias y extravíos de Arias, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, quien no se ha caracterizado en su gestión por posturas radicales, señaló que la determinación de Zelaya de retornar a Honduras es absolutamente legítima.
Con estos hechos, sumados al rechazo de los golpistas a su propuesta, Arias ha dejado en claro que busca otorgar márgenes de acción a quienes quebrantaron el orden constitucional y la democracia en Honduras y que no es capaz de ostentar la necesaria imparcialidad para gestionar una solución a la crisis política de ese país. De esa forma ha reducido las posibilidades de la diplomacia latinoamericana para buscar una salida al conflicto y ha firmado su propia defección del bando democrático.
En esa circunstancia, con una gestión internacional debilitada por la defección de Arias y por las soterradas disputas en la administración de Obama, cabe esperar que tenga éxito la lucha de los propios hondureños por restituir su sistema democrático y reponer en el cargo a su presidente constitucional.
A casi un mes del golpe de Estado perpetrado en Honduras, resulta clara la existencia de una fractura en el entorno democrático internacional: mientras que, por una parte, diversos gobiernos latinoamericanos han exigido el retorno al cargo del presidente constitucional de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, y el presidente costarricense, Óscar Arias, por la otra, han tenido diversas expresiones de complacencia hacia los golpistas y el régimen espurio que encabeza Roberto Micheletti.
Son de sobra conocidas las contradicciones en materia de política exterior del nuevo gobierno estadunidense y las discordancias entre el presidente Barack Obama y diversos estamentos del poder, en particular las agencias de inteligencia, sectores del Departamento de Defensa y, por supuesto, la propia Clinton. Es sabido, también, que ésta mantiene añejos vínculos políticos con individuos afines al cuartelazo que hace un mes interrumpió el orden democrático hondureño e implantó una dictadura cada vez más desembozada y abiertamente represiva. Por ello, es claro –aunque resulte exasperante– que una de las pistas fundamentales por las que transcurre la crisis del país centroamericano se encuentra en Washington, y de lo que se negocie en las oficinas ejecutivas y legislativas estadunidenses dependerá, en buena medida, la posibilidad de restituir la institucionalidad y la legalidad quebrantadas en Honduras.
A estas alturas se ha hecho evidente, también, el papel de Óscar Arias como parapeto diplomático del régimen de facto implantado en esa nación, ya que cuando las diplomacias latinoamericanas confiaron al mandatario costarricense una tarea de gestión para negociar los términos del retorno de Zelaya a la presidencia hondureña, éste fue mucho más allá de sus atribuciones y formuló un plan –al que denominó Declaración de San José– que otorgaba beneficios políticos injustificados e inmerecidos a quienes son, de acuerdo con el derecho internacional y el hondureño, delincuentes: su participación en un gobierno de unidad nacional y la suspensión definitiva de la consulta que el mandatario constitucional pretendía realizar en torno a la relección, lo cual fue una bocanada de oxígeno al entonces cercado régimen espurio, cuyos cabecillas se envalentonaron y rechazaron la propuesta.
Debe considerarse, a este respecto, que más allá de la inadmisible perpetuación del gobierno espurio hondureño, el que se otorgue cualquier clase de premio político e institucional a los golpistas sentaría un precedente nefasto para el futuro de las democracias en el hemisferio; es indispensable, por tanto, impedir que proliferen sectores políticos tentados a usar la fuerza militar institucional para la obtención de cuotas de poder.
Ayer, Arias cometió el grave dislate de descalificar a Zelaya por su reciente –y breve– incursión en suelo hondureño y por su decisión de apostarse en un punto de la frontera entre Nicaragua y su país, medidas que, dijo, no ayudan a la reconciliación. Por añadidura, el político costarricense criticó a su homólogo depuesto por haber incorporado a Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), decisión soberana sobre la que no le corresponde pronunciarse.
En contraste con las inconsecuencias y extravíos de Arias, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, quien no se ha caracterizado en su gestión por posturas radicales, señaló que la determinación de Zelaya de retornar a Honduras es absolutamente legítima.
Con estos hechos, sumados al rechazo de los golpistas a su propuesta, Arias ha dejado en claro que busca otorgar márgenes de acción a quienes quebrantaron el orden constitucional y la democracia en Honduras y que no es capaz de ostentar la necesaria imparcialidad para gestionar una solución a la crisis política de ese país. De esa forma ha reducido las posibilidades de la diplomacia latinoamericana para buscar una salida al conflicto y ha firmado su propia defección del bando democrático.
En esa circunstancia, con una gestión internacional debilitada por la defección de Arias y por las soterradas disputas en la administración de Obama, cabe esperar que tenga éxito la lucha de los propios hondureños por restituir su sistema democrático y reponer en el cargo a su presidente constitucional.
La vileza de los golpistas es justo la de los años 70
Honduras: Militares golpistas decomisan comida en la zona fronteriza
Por: Aporrea
Honduras, 26 de julio de 2009.- Organizaciones sociales de Honduras denuncian que las fuerzas militares, siguiendo ordenes del gobierno de facto, están decomisando la comida que destinada a los simpatizantes de Zelaya que se encuentran en la zona fronteriza. La mencionada comida era trasladada por la cruz roja.
Qué hijos de puta. Este acto es la síntesis de lo que quieren hacer con el pueblo hondureño: matarlo de hambre.
De igual manera denuncian que numerosos simpatizantes del Presidente constitucional, que decidieron rodear el cerco y atravesar las montanas en el día de ayer en dirección a la frontera, no han aparecido por lo que se teme por su seguridad, dado la presencia de escuadrones de la muerte en la zona.
Se denuncia también que la dictadura esta trasladando a mercenarios civiles “camisas blancas” con al intensión de crear enfrentamientos y culpar a los simpatizantes del Presidente. Piden a los medios internacionales difundir estas noticias.
Pero claro, si ahí está Billy Joya orquestando la masacre que se avecina. El pueblo de Honduras debe tener muy claro que hay que impedir a toda costa que estos criminales sigan usurpando el poder, porque el futuro puede ser el terror y el genocidio más espantoso. Ellos quieren quedarse con todo el país.
Difundir información.
Por: Aporrea
Honduras, 26 de julio de 2009.- Organizaciones sociales de Honduras denuncian que las fuerzas militares, siguiendo ordenes del gobierno de facto, están decomisando la comida que destinada a los simpatizantes de Zelaya que se encuentran en la zona fronteriza. La mencionada comida era trasladada por la cruz roja.
Qué hijos de puta. Este acto es la síntesis de lo que quieren hacer con el pueblo hondureño: matarlo de hambre.
De igual manera denuncian que numerosos simpatizantes del Presidente constitucional, que decidieron rodear el cerco y atravesar las montanas en el día de ayer en dirección a la frontera, no han aparecido por lo que se teme por su seguridad, dado la presencia de escuadrones de la muerte en la zona.
Se denuncia también que la dictadura esta trasladando a mercenarios civiles “camisas blancas” con al intensión de crear enfrentamientos y culpar a los simpatizantes del Presidente. Piden a los medios internacionales difundir estas noticias.
Pero claro, si ahí está Billy Joya orquestando la masacre que se avecina. El pueblo de Honduras debe tener muy claro que hay que impedir a toda costa que estos criminales sigan usurpando el poder, porque el futuro puede ser el terror y el genocidio más espantoso. Ellos quieren quedarse con todo el país.
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