sábado, marzo 23, 2013
Los siete pecados de Hugo Chávez… Jean Araud
LOS SIETE PECADOS DE HUGO CHÁVEZ
Autor: Michel Collon
Crónica de Jean Araud
Hugo Chávez y los ecos de su obra
Venezuela —dice el analista de asuntos internacionales Michel Collon— es un país poco conocido en Europa. Y a partir de esa constatación el fundador del colectivo Investig’Action, cuya firma no es difícil de encontrar en publicaciones críticas al sistema impuesto sobre las sociedades del continente, escribió Los 7 pecados de Hugo Chavez, algo más que un escrito de batalla.
La obra —más allá del respeto que le merece la obra y pesonalidad del líder bolivariano— se inscribe entre aquellas que procuran desarmar las estructuras montadas por lo que denomina mentiras mediáticas de los grandes medios periodísticos sobre la realidad venezolana.
Collon —con cierta ironía— viene proyectando en el mundo europeo los logros de la Revolucion Bolivariana impulsada por Chávez a través de reportajes, entrevistas y artículos escritos muchas veces en la propia patria del dirigente desaparecido. Ahora publicó, en francés —habrá una traducción al castellano, un libro que resulta homenaje al extinto presidente.
(más…)
COMUNICADO: #Morena Edomex denuncia “levantón” de Consejero Estatal
Foto del compañero Felipe Rodríguez
El compañero #Felipe Rodriguez, Consejero Estatal de #MORENA fue privado de su libertad, exigimos que lo presenten inmediatamente @lopezobrador_
Toluca de Lerdo, Estado de México a 22 de marzo de 2013, enviado por Conny Arias
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
AL PUEBLO DEL ESTADO DE MÉXICO
A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL
El 21 de marzo de 2013 un comando armado de aproximadamente diez individuos sin identificación, en vehículos no oficiales y sin placas, “levantó” al compañero Felipe Rodríguez, quién es Consejero Estatal y Nacional de MORENA, cuya trayectoria como luchador social es amplia y conocida.
(más…)
“En México se echó a andar una nueva telenovela llamada cínicos y corruptos”: AMLO
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- El excandidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, descalificó las supuestas bondades de la reforma en materia de telecomunicaciones aprobada la madrugada de este viernes en la Cámara de Diputados.
En su último día de recorrido por el estado de Colima, el dirigente de Morena dijo que en México “se echó a andar una nueva novela llamada ‘Cínicos y corruptos’ en la que el actor principal es Peña Nieto”.
De acuerdo con el tabasqueño, en México nada va a cambiar y menos a corto plazo.
“Es una dictadura que se ejerce a través de la televisión; el 90% de los mexicanos se entera por la televisión; ahí administran la ignorancia del país” dijo y añadió que quienes harán uso de los espacios que se abrirán serán los “opositores disfrazados, los que no dicen la verdad”.
Por lo pronto, anunció que su lucha se centrará en defender el petróleo y en evitar que se aumente el IVA.
“Intentarán pasarlo del 16 al 19% y eso no lo vamos a permitir, vamos a luchar para que no lo consigan”, advirtió.
IFE: “La basura debajo del tapete”
Sesión en el IFE.
MÉXICO, D.F. (apro).- ¿Qué hace un contralor? Investiga posibles malos manejos y los denuncia. Y cuando el contralor encuentra posible desvío de recursos y no hay consecuencia, ¿cuál es la razón? Sólo una: el cinismo se ha instalado en ese lugar, más si nadie le exige rendir cuentas sobre sus actos y decisiones.
Eso es justamente lo que está sucediendo en el Instituto Federal Electoral y sus nueve consejeros. Desde junio de 2012, los consejeros electorales fueron omisos ante pruebas contundentes de que se preparaba en algunas zonas y operaba ya en otras una triangulación de recursos millonarios, prohibidos por la ley electoral, hacía la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El llamado Monexgate.
Nadie puede asegurar que su inacción fue lo único que llevó a Peña Nieta a la Presidencia de la República; pero sí que ayudó en mucho. Las omisiones de los consejeros electorales tuvieron consecuencias negativas para la vida democrática del país.
Los consejeros electorales, ni a toro pasado cuando revisaron el tema quisieron sancionar las operaciones, las llamaron “atípicas”, irregulares, todo menos ilegales. Ante las evidencias puestas sobre la mesa, los consejeros decidieron no actuar, y la Cámara de Diputados que fue donde se les eligió, nunca los llamó a cuentas.
Hoy sucede lo mismo. El contralor de la institución Gregorio Guerrero Pozas, un experto en revisión de cuentas y detector de irregularidades, se topó con “indicios” de un posible fraude por 144 millones de pesos.
Según su investigación, el exsecretario ejecutivo de Administración, Fernando Santos, habría pagado 144 millones más por el inmueble ubicado en Acoxpa 436, colonia Exhacienda Coapa.
Guerrero Pozas sostiene que inmueble valía 118 millones de pesos pero el exfuncionario pagó 262. A lo largo de dos años el contralor cotejó facturas, realizó avalúos y detectó pagos indebidos como el de 12 millones en impuestos y el de 5 millones por adeudo de predial.
Cuando el contralor presentó su informe al Consejo General, los consejeros electorales decidieron votar en contra de que se sancionara a quien habría cometido el fraude contra el IFE; los consejeros simplemente votaron en contra del informe arguyendo que sólo eran “indicios”.
Guerrero Pozas es un experto en el tema de las auditorías, entre sus cargos destaca el haber sido el Contador Mayor del Congreso, lo que hoy es la Auditoria Superior de la Federación, así es que conocimiento, experiencia y capacidad para detectar irregularidades, las tiene.
Luego de la decisión de los consejeros, Gregorio Guerrero Pozas no dudó en decir de los consejeros que “se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete”.
Eso, no es novedad; en el caso Monexgate los consejeros también se “agacharon” para esconder la mugre del PRI en el proceso electoral.
En esta ocasión, Guerrero Pozas tuvo mucho más valor que los diputados federales, quienes no se atrevieron siquiera en llamarlos a cuentas por su decisión de exonerar al PRI en el caso Monex, aun cuando existieron pruebas de sobra. Bueno, el colmo fue que el propio IFE reconoció la triangulación, participación indebida de empresas particulares, la existencia de contratos irregulares, y aun así, decidió “agacharse” para poner la mugre debajo del tapete.
Ante la indignación por el resolutivo, el contralor cuestionó los golpes de pureza que se dan los consejeros antes los medios de comunicación: “Algunos consejeros que habitualmente hacen encendidas defensas en sus columna y se llenan la boca de conceptos como transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, hoy se han ocultado, han empeñado su nombre y han empeñado su inteligencia” al heredar al IFE “una buena dosis de impunidad”.
Aseguró lo que muchos pensamos, que si se tratara de su dinero, los consejeros seguramente detectarían y sancionarían cualquier peso mal habido.
Lo mismo que a Guerrero Pozas, la resolución del consejo general del IFE “produce indignación y un poco de vergüenza”. Pero el actuar de los consejeros y el cinismo con que aprueban actos ilegales seguirán, en tanto nadie se atreva a cuestionarlos, mientras el Congreso dela Unión no les exija cuentas.
Por suerte, hoy, el contralor tuvo el valor de enfrentarlos y contra la decisión de los consejeros de no hacer nada por el presunto quebranto, él hará lo propio y presentará la denuncia penal. Y si la autoridad no hace nada, al menos Gregorio Guerrero los evidenciará.
A estas alturas, la ciudadanía ya juzgó a los consejeros; la poca claridad con la que actuaron en la revisión de los millonarios gastos del PRI en las pasadas elecciones presidenciales, en el caso monex gate, y ahora esto, no provoca en uno sino la misma exclamación de Guerrero Pozas, “se agacharon” para “poner la mugre debajo del tapete”.
Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx
Twitter: @jesusaproceso
Verdades, engaños y peligros
Presentada como una especie de solución final a la concentración monopólica del sector de telecomunicaciones, la iniciativa de reforma a la ley correspondiente aborda los temas adecuados, pero especialistas y analistas coinciden en que contiene trampas que pueden revertir la autonomía del Ifetel, pondrán a sus comisionados en riesgo de captura, favorecerán al monopolio televisivo y crearán nuevas inercias políticas en la asignación y refrendo de las concesiones.
Advierten que por primera vez se incorporan a los artículos 6 y 7 de la Constitución conceptos a favor de la libertad de expresión, la prohibición de la “publicidad integrada” y también el acceso a las nuevas tecnologías como un derecho universal.
En las reformas a los artículos 27 y 28 se establece la conformación de un organismo autónomo que le quitará al Ejecutivo federal la discrecionalidad en el otorgamiento y refrendo de concesiones.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto lo presumió así en la presentación de la iniciativa, el lunes 11 en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, ante una audiencia complaciente, con la destacada ausencia de los concesionarios y el optimismo desbordado de quienes desde entonces consideran que ya se concretó la democratización de los medios electrónicos.
“El Ejecutivo federal ya no será quien otorgue las concesiones y permisos. Las decisiones en esta materia serán técnicas y no políticas”, proclamó Peña Nieto al presentar la iniciativa que será discutida y puede ser aprobada fast track en ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, observadores y analistas consultados por Proceso advierten en este postulado la primera trampa de la reforma: el Ejecutivo federal no renuncia a la posibilidad de intervenir en el otorgamiento, refrendo y revocación de las concesiones. Por el contrario, se convierte en la “primera ventanilla” para el nuevo mecanismo.
El texto de la reforma al artículo 28 constitucional prescribe que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el nuevo organismo autónomo, “previa opinión no vinculante del Ejecutivo federal”, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de las sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Para el senador panista Javier Corral, que apoya los cambios pero alerta acerca de los errores de la propuesta, se trata de un “chipote presidencialista” innecesario que “lo único que introduce es un elemento distorsionador de la autonomía plena”. Al día siguiente de la presentación de la iniciativa, Corral argumentó:
“Si todo el proceso será jurídico y técnico, ¿qué tipo de opinión podría producir el presidente de la República? Pues una opinión política, y creo que es exactamente lo que no quiere ni desea la iniciativa.
“Si ya se tomó la decisión de un órgano constitucional autónomo, hay que quitarle ese chipote presidencialista que incorpora la opinión previa del presidente de la República, porque lo único que va a hacer es tener entonces una doble ventanilla. Habrá a quienes no satisfacen, o sí, los derechos de una concesión y van a ir a cabildear con el presidente de la República una decisión que debe ser absolutamente técnica. Creo que esta es una de las correcciones que debe hacerse (en la iniciativa) para perfeccionarla.”
La directora de Observatel, Irene Levy, es más contundente y afirma que la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal echa abajo la tesis de la autonomía plena y genera una “doble ventanilla”, tal como existe ahora entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
“Me parece escandaloso que el presidente pueda opinar previamente. Si tenemos un organismo autónomo, ¿para qué se le mete ese candado?”, se pregunta.
–¿Puede generar una presión política? –se le plantea.
–Sí, claro. Hay un riesgo de control político. Nos están engañando. No es cierto que el Ejecutivo renuncie a su facultad de intervenir en las licitaciones y concesiones.
Levy hace una analogía con el Instituto Federal Electoral para advertir el riesgo de la injerencia presidencial: “Pedirle una opinión previa no vinculante al Ejecutivo es tanto como si los consejeros del IFE le pidieran al presidente de la República su opinión antes de organizar las elecciones”.
Nuevo Frankenstein
Los siete comisionados del Ifetel no sólo tendrán atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; también absorberán todas las funciones de regulación en materia de competencia y de participación de monopolios que durante más de 15 años ha tenido la Comisión Federal de Competencia.
Serán responsables de otorgar y revocar concesiones, función que ahora compartirán con la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal.
También ordenarán la desincorporación de los activos de empresas; administrarán el espectro radioeléctrico de la nación; regularán la concentración y propiedad cruzada de los medios de comunicación; van a declarar a los “actores preponderantes en el mercado”; asignarán de manera “directa” las concesiones para uso público y social (no se prevén concesiones para uso comunitario o indígena) y fijarán los criterios para otorgar autorizaciones en el acceso de multiprogramación.
Por si estas funciones de eminente carácter técnico fueran pocas, los comisionados del Ifetel también se encargarán de tareas propias de especialistas en libertad de expresión y derecho a la información, como definir cuándo hay “publicidad integrada” en los contenidos de radio, televisión y telecomunicaciones; establecerán “mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente”; regularán el derecho de réplica; tendrán atribuciones para determinar que la publicidad en radio y televisión “sea equilibrada”, y supervisarán que los contenidos de la programación dirigida a la población infantil “respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3º de la Constitución”, entre otras.
“El Ifetel propuesto es un Frankenstein con facultades gigantescas que al final dependen de la decisión del Ejecutivo, esto en virtud de que siempre existirá una opinión por parte de éste para todas las partes de la vida de las concesiones”, advierte Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México y abogado especializado en la materia.
Agrega que “es cierto que el artículo 28 afirma que la opinión del Ejecutivo federal será ‘no vinculante’, pero ¿quién le quiere decir ‘no’ al presidente?”.
Él observa otro riesgo grave: que la “captura” de los integrantes del Ifetel se realice antes de su elección y no después. Los siete integrantes serán propuestos por el Ejecutivo federal con ratificación del Senado de la República. Previamente, pasarán por la selección de un comité evaluador integrado por representantes del Banco de México, del Inegi y del Instituto de Evaluación Educativa.
“Por cierto, todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados del Ifetel serán inatacables”, indicó Padilla.
Tanto él como Levy encuentran otro problema con la configuración de un organismo con este nivel de decisiones: la reforma constitucional primero crea el Ifetel y luego generará la legislación secundaria que deberá estar lista a los 180 días siguientes de la publicación de la reforma constitucional, con lo que se crea un “vacío legal enorme”.
Como consecuencia, los poderosos integrantes del futuro Ifetel tendrán sólo seis meses para resolver lo relativo a la predominancia en monopolios, licitar las dos cadenas de televisión nacional que ordena la reforma e indicar qué agentes tienen o no prácticas monopólicas.
Un regulador, consultado por Proceso y que prefirió omitir su nombre, advierte que los procedimientos para un auténtico análisis técnico en materia de competencia no se realizan bien en seis meses. “Están colocando todos los huevos en la canasta del Ifetel. No establecen ningún organismo que haga contrapeso a sus decisiones porque absorberán las funciones que actualmente tiene la Comisión Federal de Competencia en materia de regulación en telecomunicaciones y, frente a esto, existe un gran riesgo de ‘captura’ del organismo por parte de los monopolios”, sintetiza.
Los monopolios en telecomunicaciones y en radiodifusión son los que más capturan a los órganos reguladores, advierte; “será una tragedia que no tengan contrapeso de ningún otro organismo autónomo, porque sus decisiones serán inatacables”. Y pone un ejemplo:
“Imaginemos que se fusionan Telcel y Telefónica, los dos gigantes en telefonía móvil, como ya sucedió con la fusión de Televisa y TV Azteca a través de su sociedad en Iusacell. Las autoridades de telecomunicaciones los van a autorizar porque privilegiarán la cobertura y no los criterios de competencia real. Sería una tragedia.”
Irene Levy también alerta que un elemento grave de la reforma constitucional es que se prohíbe la suspensión en todos los actos de la Ifetel:
“Sus decisiones se volverán actos de imposible reparación. Imaginemos: le revocan la concesión a alguna empresa y tiene que suspender de inmediato. Si no se incluye un procedimiento menos sumario, esto equivaldría a la denegación de la justicia”, explica.
Monopolio de TV beneficiado
Tal como está redactada la iniciativa de reforma constitucional, los más afectados de inmediato serán los monopolios de telecomunicaciones, como Telmex, y no los de radio y televisión, particularmente el Grupo Televisa, coincidieron varios especialistas consultados. El senador Javier Corral lo admitió claramente en la conferencia de prensa del martes 12:
“Creo sinceramente que la reforma en este tema no tiene simetría. Como que a la televisión se le ha cuidado, particularmente al agente dominante en televisión, que es Televisa, porque se está diciendo algo que después va a ser difícil de concretar y que la gente lo vea: que habrá una partición del monopolio actual de la televisión y que va a haber una desincorporación de activos.
“Como está redactada la iniciativa, los límites de concentración en materia de radiodifusión no darán para eso. Hay que tener cuidado con las falsas expectativas, porque el único límite que se impone es el del concesionamiento de frecuencias, nacional o regional, a diferencia de lo que se le impone a los agentes dominantes en materia de telecomunicaciones. En realidad, se dejan de regular los mercados más concentrados en televisión.”
Corral, como otros analistas, argumenta que para abrir la competencia en el mercado televisivo deben tomarse en cuenta el nivel de concentración en publicidad, distribución de contenidos, audiencias potenciales y zonas de cobertura geográfica. Estos criterios no están incluidos en la iniciativa.
Televisa tiene 70% de las concesiones de televisión, concentra el mismo porcentaje en mercado publicitario a nivel nacional y acapara más de 80% de los contenidos. La cadena del Canal 2 es la única con capacidad para llegar a 92% de los hogares del país.
A decir de Corral, en materia de desconcentración sólo se optó “por el futuro”: la licitación de dos nuevas cadenas nacionales y la posibilidad de otras siete cadenas regionales, “porque hay espectro y el proceso de conversión digital lo multiplica”.
La reforma constitucional ordena en uno de sus artículos transitorios que al culminar la llamada “transición digital”, el 31 de diciembre de 2015, tanto Televisa como TV Azteca están obligadas a devolver las frecuencias o “canales espejo” que les entregaron, para dejar libre la banda de 700 Mhz y ahí desarrollar una red nacional de banda ancha.
En el futuro negocio de la televisión nacional se menciona que varios grupos están interesados en las dos cadenas nacionales y en las posibles cadenas regionales: desde el propio Carlos Slim hasta su socio MVS (en Grupo Dish), de la familia Vargas; así como actores nuevos como Carlos Peralta, la familia Hank Rhon, el Grupo Femsa, de Monterrey, la familia Macsise del Estado de México, y el grupo Megacable, de Enrique Yamuni, con fuerte presencia en el occidente del país.
Otros empresarios interesados en competir en los campos de telefonía, televisión e internet son Tomás Milmo, concesionario de Axtel; Olegario Vázquez Raña, del Grupo Imagen; así como Alejandro Junco, del Grupo Reforma, y Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal, la familia Cabada, de Canal 44 de Ciudad Juárez, y diversos grupos regionales.
En ninguno de los casos se alteran los intereses fundamentales de Televisa y TV Azteca. Por el contrario, en la reforma se estableció una “cláusula de exclusión” para que las reglas del must carry y del must offer, que obligan a retransmitir de manera gratuita las señales abiertas de televisión en los sistemas de televisión de paga y viceversa, no se otorguen al agente dominante en telecomunicaciones que tenga más de 50% del mercado, es decir, Telmex.
En el octavo transitorio de la iniciativa de reforma también se le deja al Ifetel la facultad de eliminar la gratuidad del must carry y del must offer:
“Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan contenidos de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos (cursivas propias). En caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos.”
La única cláusula de exclusión dirigida a Televisa y a TV Azteca es que no podrán participar en las concesiones de nuevas frecuencias de televisión aquellos grupos que actualmente acumulen más de 12 Mhz de espectro (el equivalente a dos canales de televisión) o más en cualquier zona de cobertura geográfica.
“Paradójicamente, a Televisa le conviene la tercera y cuarta cadena de televisión porque disminuirá su porcentaje dominante en materia de concesión de frecuencias (70%)”, apunta Irene Levy.
Nuevo negocio
Escasamente analizado, el artículo transitorio décimo sexto de la reforma constitucional establece un nuevo negocio en materia de servicios de telecomunicaciones (internet de banda ancha y telefonía) que dependerá exclusivamente del Ejecutivo federal.
Ordena que éste, a través de dependencias y entidades competentes, instalará “una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo” utilizando al menos 90 Mhz del espectro liberado por la Transición Digital Terrestre (banda 700 Mhz), de los recursos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (que los impulsores de la iniciativa Internet Libre para Todos habían pedido para uso ciudadano) y “de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y operación de la red compartida”.
Esta nueva red “podrá contemplar inversión pública o privada”, es decir, puede ser una Asociación Pública Privada (APP), y su instalación comenzará “antes de que concluya el año 2014” –un año antes de las elecciones federales de 2015– y operará “antes de que concluya el año 2018”, es decir, antes de que termine el sexenio.
Se debe asegurar que en este nuevo consorcio no tenga influencia “ningún prestador de servicios de telecomunicaciones” y atenderá exclusivamente a “las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos”.
Pero en este nuevo negocio “público privado” no tendrá ninguna injerencia el Ifetel, el organismo autónomo que pretende “revolucionar” la actual regulación de los medios y las telecomunicaciones.
Advierten que por primera vez se incorporan a los artículos 6 y 7 de la Constitución conceptos a favor de la libertad de expresión, la prohibición de la “publicidad integrada” y también el acceso a las nuevas tecnologías como un derecho universal.
En las reformas a los artículos 27 y 28 se establece la conformación de un organismo autónomo que le quitará al Ejecutivo federal la discrecionalidad en el otorgamiento y refrendo de concesiones.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto lo presumió así en la presentación de la iniciativa, el lunes 11 en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, ante una audiencia complaciente, con la destacada ausencia de los concesionarios y el optimismo desbordado de quienes desde entonces consideran que ya se concretó la democratización de los medios electrónicos.
“El Ejecutivo federal ya no será quien otorgue las concesiones y permisos. Las decisiones en esta materia serán técnicas y no políticas”, proclamó Peña Nieto al presentar la iniciativa que será discutida y puede ser aprobada fast track en ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, observadores y analistas consultados por Proceso advierten en este postulado la primera trampa de la reforma: el Ejecutivo federal no renuncia a la posibilidad de intervenir en el otorgamiento, refrendo y revocación de las concesiones. Por el contrario, se convierte en la “primera ventanilla” para el nuevo mecanismo.
El texto de la reforma al artículo 28 constitucional prescribe que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el nuevo organismo autónomo, “previa opinión no vinculante del Ejecutivo federal”, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de las sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Para el senador panista Javier Corral, que apoya los cambios pero alerta acerca de los errores de la propuesta, se trata de un “chipote presidencialista” innecesario que “lo único que introduce es un elemento distorsionador de la autonomía plena”. Al día siguiente de la presentación de la iniciativa, Corral argumentó:
“Si todo el proceso será jurídico y técnico, ¿qué tipo de opinión podría producir el presidente de la República? Pues una opinión política, y creo que es exactamente lo que no quiere ni desea la iniciativa.
“Si ya se tomó la decisión de un órgano constitucional autónomo, hay que quitarle ese chipote presidencialista que incorpora la opinión previa del presidente de la República, porque lo único que va a hacer es tener entonces una doble ventanilla. Habrá a quienes no satisfacen, o sí, los derechos de una concesión y van a ir a cabildear con el presidente de la República una decisión que debe ser absolutamente técnica. Creo que esta es una de las correcciones que debe hacerse (en la iniciativa) para perfeccionarla.”
La directora de Observatel, Irene Levy, es más contundente y afirma que la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal echa abajo la tesis de la autonomía plena y genera una “doble ventanilla”, tal como existe ahora entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
“Me parece escandaloso que el presidente pueda opinar previamente. Si tenemos un organismo autónomo, ¿para qué se le mete ese candado?”, se pregunta.
–¿Puede generar una presión política? –se le plantea.
–Sí, claro. Hay un riesgo de control político. Nos están engañando. No es cierto que el Ejecutivo renuncie a su facultad de intervenir en las licitaciones y concesiones.
Levy hace una analogía con el Instituto Federal Electoral para advertir el riesgo de la injerencia presidencial: “Pedirle una opinión previa no vinculante al Ejecutivo es tanto como si los consejeros del IFE le pidieran al presidente de la República su opinión antes de organizar las elecciones”.
Nuevo Frankenstein
Los siete comisionados del Ifetel no sólo tendrán atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; también absorberán todas las funciones de regulación en materia de competencia y de participación de monopolios que durante más de 15 años ha tenido la Comisión Federal de Competencia.
Serán responsables de otorgar y revocar concesiones, función que ahora compartirán con la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal.
También ordenarán la desincorporación de los activos de empresas; administrarán el espectro radioeléctrico de la nación; regularán la concentración y propiedad cruzada de los medios de comunicación; van a declarar a los “actores preponderantes en el mercado”; asignarán de manera “directa” las concesiones para uso público y social (no se prevén concesiones para uso comunitario o indígena) y fijarán los criterios para otorgar autorizaciones en el acceso de multiprogramación.
Por si estas funciones de eminente carácter técnico fueran pocas, los comisionados del Ifetel también se encargarán de tareas propias de especialistas en libertad de expresión y derecho a la información, como definir cuándo hay “publicidad integrada” en los contenidos de radio, televisión y telecomunicaciones; establecerán “mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente”; regularán el derecho de réplica; tendrán atribuciones para determinar que la publicidad en radio y televisión “sea equilibrada”, y supervisarán que los contenidos de la programación dirigida a la población infantil “respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3º de la Constitución”, entre otras.
“El Ifetel propuesto es un Frankenstein con facultades gigantescas que al final dependen de la decisión del Ejecutivo, esto en virtud de que siempre existirá una opinión por parte de éste para todas las partes de la vida de las concesiones”, advierte Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México y abogado especializado en la materia.
Agrega que “es cierto que el artículo 28 afirma que la opinión del Ejecutivo federal será ‘no vinculante’, pero ¿quién le quiere decir ‘no’ al presidente?”.
Él observa otro riesgo grave: que la “captura” de los integrantes del Ifetel se realice antes de su elección y no después. Los siete integrantes serán propuestos por el Ejecutivo federal con ratificación del Senado de la República. Previamente, pasarán por la selección de un comité evaluador integrado por representantes del Banco de México, del Inegi y del Instituto de Evaluación Educativa.
“Por cierto, todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados del Ifetel serán inatacables”, indicó Padilla.
Tanto él como Levy encuentran otro problema con la configuración de un organismo con este nivel de decisiones: la reforma constitucional primero crea el Ifetel y luego generará la legislación secundaria que deberá estar lista a los 180 días siguientes de la publicación de la reforma constitucional, con lo que se crea un “vacío legal enorme”.
Como consecuencia, los poderosos integrantes del futuro Ifetel tendrán sólo seis meses para resolver lo relativo a la predominancia en monopolios, licitar las dos cadenas de televisión nacional que ordena la reforma e indicar qué agentes tienen o no prácticas monopólicas.
Un regulador, consultado por Proceso y que prefirió omitir su nombre, advierte que los procedimientos para un auténtico análisis técnico en materia de competencia no se realizan bien en seis meses. “Están colocando todos los huevos en la canasta del Ifetel. No establecen ningún organismo que haga contrapeso a sus decisiones porque absorberán las funciones que actualmente tiene la Comisión Federal de Competencia en materia de regulación en telecomunicaciones y, frente a esto, existe un gran riesgo de ‘captura’ del organismo por parte de los monopolios”, sintetiza.
Los monopolios en telecomunicaciones y en radiodifusión son los que más capturan a los órganos reguladores, advierte; “será una tragedia que no tengan contrapeso de ningún otro organismo autónomo, porque sus decisiones serán inatacables”. Y pone un ejemplo:
“Imaginemos que se fusionan Telcel y Telefónica, los dos gigantes en telefonía móvil, como ya sucedió con la fusión de Televisa y TV Azteca a través de su sociedad en Iusacell. Las autoridades de telecomunicaciones los van a autorizar porque privilegiarán la cobertura y no los criterios de competencia real. Sería una tragedia.”
Irene Levy también alerta que un elemento grave de la reforma constitucional es que se prohíbe la suspensión en todos los actos de la Ifetel:
“Sus decisiones se volverán actos de imposible reparación. Imaginemos: le revocan la concesión a alguna empresa y tiene que suspender de inmediato. Si no se incluye un procedimiento menos sumario, esto equivaldría a la denegación de la justicia”, explica.
Monopolio de TV beneficiado
Tal como está redactada la iniciativa de reforma constitucional, los más afectados de inmediato serán los monopolios de telecomunicaciones, como Telmex, y no los de radio y televisión, particularmente el Grupo Televisa, coincidieron varios especialistas consultados. El senador Javier Corral lo admitió claramente en la conferencia de prensa del martes 12:
“Creo sinceramente que la reforma en este tema no tiene simetría. Como que a la televisión se le ha cuidado, particularmente al agente dominante en televisión, que es Televisa, porque se está diciendo algo que después va a ser difícil de concretar y que la gente lo vea: que habrá una partición del monopolio actual de la televisión y que va a haber una desincorporación de activos.
“Como está redactada la iniciativa, los límites de concentración en materia de radiodifusión no darán para eso. Hay que tener cuidado con las falsas expectativas, porque el único límite que se impone es el del concesionamiento de frecuencias, nacional o regional, a diferencia de lo que se le impone a los agentes dominantes en materia de telecomunicaciones. En realidad, se dejan de regular los mercados más concentrados en televisión.”
Corral, como otros analistas, argumenta que para abrir la competencia en el mercado televisivo deben tomarse en cuenta el nivel de concentración en publicidad, distribución de contenidos, audiencias potenciales y zonas de cobertura geográfica. Estos criterios no están incluidos en la iniciativa.
Televisa tiene 70% de las concesiones de televisión, concentra el mismo porcentaje en mercado publicitario a nivel nacional y acapara más de 80% de los contenidos. La cadena del Canal 2 es la única con capacidad para llegar a 92% de los hogares del país.
A decir de Corral, en materia de desconcentración sólo se optó “por el futuro”: la licitación de dos nuevas cadenas nacionales y la posibilidad de otras siete cadenas regionales, “porque hay espectro y el proceso de conversión digital lo multiplica”.
La reforma constitucional ordena en uno de sus artículos transitorios que al culminar la llamada “transición digital”, el 31 de diciembre de 2015, tanto Televisa como TV Azteca están obligadas a devolver las frecuencias o “canales espejo” que les entregaron, para dejar libre la banda de 700 Mhz y ahí desarrollar una red nacional de banda ancha.
En el futuro negocio de la televisión nacional se menciona que varios grupos están interesados en las dos cadenas nacionales y en las posibles cadenas regionales: desde el propio Carlos Slim hasta su socio MVS (en Grupo Dish), de la familia Vargas; así como actores nuevos como Carlos Peralta, la familia Hank Rhon, el Grupo Femsa, de Monterrey, la familia Macsise del Estado de México, y el grupo Megacable, de Enrique Yamuni, con fuerte presencia en el occidente del país.
Otros empresarios interesados en competir en los campos de telefonía, televisión e internet son Tomás Milmo, concesionario de Axtel; Olegario Vázquez Raña, del Grupo Imagen; así como Alejandro Junco, del Grupo Reforma, y Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal, la familia Cabada, de Canal 44 de Ciudad Juárez, y diversos grupos regionales.
En ninguno de los casos se alteran los intereses fundamentales de Televisa y TV Azteca. Por el contrario, en la reforma se estableció una “cláusula de exclusión” para que las reglas del must carry y del must offer, que obligan a retransmitir de manera gratuita las señales abiertas de televisión en los sistemas de televisión de paga y viceversa, no se otorguen al agente dominante en telecomunicaciones que tenga más de 50% del mercado, es decir, Telmex.
En el octavo transitorio de la iniciativa de reforma también se le deja al Ifetel la facultad de eliminar la gratuidad del must carry y del must offer:
“Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan contenidos de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos (cursivas propias). En caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos.”
La única cláusula de exclusión dirigida a Televisa y a TV Azteca es que no podrán participar en las concesiones de nuevas frecuencias de televisión aquellos grupos que actualmente acumulen más de 12 Mhz de espectro (el equivalente a dos canales de televisión) o más en cualquier zona de cobertura geográfica.
“Paradójicamente, a Televisa le conviene la tercera y cuarta cadena de televisión porque disminuirá su porcentaje dominante en materia de concesión de frecuencias (70%)”, apunta Irene Levy.
Nuevo negocio
Escasamente analizado, el artículo transitorio décimo sexto de la reforma constitucional establece un nuevo negocio en materia de servicios de telecomunicaciones (internet de banda ancha y telefonía) que dependerá exclusivamente del Ejecutivo federal.
Ordena que éste, a través de dependencias y entidades competentes, instalará “una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo” utilizando al menos 90 Mhz del espectro liberado por la Transición Digital Terrestre (banda 700 Mhz), de los recursos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (que los impulsores de la iniciativa Internet Libre para Todos habían pedido para uso ciudadano) y “de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y operación de la red compartida”.
Esta nueva red “podrá contemplar inversión pública o privada”, es decir, puede ser una Asociación Pública Privada (APP), y su instalación comenzará “antes de que concluya el año 2014” –un año antes de las elecciones federales de 2015– y operará “antes de que concluya el año 2018”, es decir, antes de que termine el sexenio.
Se debe asegurar que en este nuevo consorcio no tenga influencia “ningún prestador de servicios de telecomunicaciones” y atenderá exclusivamente a “las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos”.
Pero en este nuevo negocio “público privado” no tendrá ninguna injerencia el Ifetel, el organismo autónomo que pretende “revolucionar” la actual regulación de los medios y las telecomunicaciones.
Más dudas que certezas
El engaño de los políticos a la ciudadanía es
mantener la retórica de que por poner algo en la Constitución, esto se
convertirá en realidad. Y el pasado lunes 11 volvió a suceder. El
presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de un importante séquito y de
los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de
la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional y
Partido Verde, con bombo y platillo anunció la iniciativa de reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (radio y
televisión abierta). Por su parte, la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados en su proyecto de “dictamen”
sólo hace una relatoría de lo que contiene la iniciativa y copia
íntegramente ésta, sin emitir razonamientos acerca de si está bien o no.
¿Será que la iniciativa que aparentemente tirios y troyanos aplauden es
tan positiva como se quiere hacer creer?
Instituciones. Se propone que las instituciones que sustituyan a las actuales Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y Comisión Federal de Competencia (Cofeco) sean órganos constitucionales autónomos, con personalidad y patrimonio propios.
La iniciativa del presidente en nada justifica por qué deben los propuestos Instituto Federal de Telecomunicaciones (Iftel) y la nueva Cofeco pasar de tener cinco a siete comisionados, aun cuando ello costará al menos 15 millones 804 mil 700 pesos al año, más impuestos, sin contar el costo del personal y estructura administrativa de cada comisionado, pues cada uno de ellos percibirá una remuneración igual a la de un ministro de la Suprema Corte.
El incremento sin justificación de comisionados sólo confirma que estas designaciones pretenden cubrir las cuotas de poder distribuidas entre PAN, PRD, PRI y los partidos pequeños. Por si fuera poco, la contradicción y burocracia de la iniciativa plantean que el Iftel sea independiente del Ejecutivo federal, pero para otorgar, revocar y autorizar cesiones de las concesiones se requiere opinión de éste. ¿Para qué? Si esta opinión no es vinculante como se dice, ¿para qué se requiere? Y si la opinión fuera vinculante, ¿dónde queda la autonomía?
¡Protejamos al Estado! Qué tan mal estará nuestro país que la iniciativa busca que la Constitución proteja al Estado, siendo que la Constitución surge precisamente por la razón contraria: Proteger a los gobernados frente al Estado. El Iftel y la futura Cofeco tendrán facultad incluso para ordenar a un grupo corporativo vender sus empresas o activos, pero éstos no podrán obtener la suspensión del acto de esas autoridades. Así que si después de un litigio de cinco o seis años la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la razón a los particulares, de nada les servirá por las pérdidas de ganancias y la imposible reparación.
Lo anterior revela que se asume que el Iftel y la Cofeco estarán integrados por seres divinos que nunca se equivocarán ni serán arbitrarios. Y si bien la creación de tribunales especializados es positiva, jamás podrá suplir la ineficiencia en la administración de justicia. Además de tribunales especializados se requiere que existan juicios sumarios que no excedan de seis a ocho meses, con lo cual las decisiones en uno u otro sentido serían oportunas.
Must offer. Ha sido reconocido y documentado por la propia Cofeco que para que una empresa de televisión de paga prospere, tiene que incluir las señales de los canales 2 y 5 de Televisa. Esta empresa antes podía discriminar si ofrecía sus canales estrella a las empresas de televisión de paga y en qué términos. No fue sino hasta ciertas resoluciones de la Cofeco y la validación del matrimonio Televisa-TV Azteca a través de la adquisición de su hoy hijo común Iusacell, cuando la Cofeco obligó a las televisoras a tener una oferta pública para la retransmisión de sus señales por las empresas de televisión de paga. En las ofertas se establece el costo por usuario que se tendrá que pagar. La iniciativa prevé esta obligación conocida como must offer por virtud de la cual las televisoras abiertas deben permitir gratuitamente la retransmisión de su señal. Sin embargo, esta obligación tiene una excepción con nombre y apellido: Telmex/Telcel.
Telmex/Telcel ya fueron declarados dominantes y la iniciativa prevé que éstos no podrán beneficiarse de la gratuidad de los contenidos. Es posible que esté justificada esta excepción, no lo sé, pero la iniciativa debió presentar a la ciudadanía los motivos para la excepción.
Producción independiente. Más que una reforma a la Constitución, la iniciativa parece una ley detalladísima, salvo en lo que pudiera contribuir a la pluralidad, como el caso de la producción independiente. Ésta implicaría que personas ajenas a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio puedan difundir sus creaciones en dichos medios. La producción independiente bien definida daría nuevo aliento a la creatividad mexicana en lugar de que sigamos siendo consumidores de lo que las propias televisoras producen en sus estudios endogámicamente. ¿Por qué no especificó la iniciativa que las televisoras deberán incluir producciones independientes en determinado porcentaje y algunas en horario estelar? ¿Se estará esperando que sea una Ley Televisa II en la que se mutiló negativamente la definición de producción independiente en beneficio de las televisoras?
* Excomisionada jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
claraluzalvarez@gmail.com
telecomysociedad.blogspot.com
Instituciones. Se propone que las instituciones que sustituyan a las actuales Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y Comisión Federal de Competencia (Cofeco) sean órganos constitucionales autónomos, con personalidad y patrimonio propios.
La iniciativa del presidente en nada justifica por qué deben los propuestos Instituto Federal de Telecomunicaciones (Iftel) y la nueva Cofeco pasar de tener cinco a siete comisionados, aun cuando ello costará al menos 15 millones 804 mil 700 pesos al año, más impuestos, sin contar el costo del personal y estructura administrativa de cada comisionado, pues cada uno de ellos percibirá una remuneración igual a la de un ministro de la Suprema Corte.
El incremento sin justificación de comisionados sólo confirma que estas designaciones pretenden cubrir las cuotas de poder distribuidas entre PAN, PRD, PRI y los partidos pequeños. Por si fuera poco, la contradicción y burocracia de la iniciativa plantean que el Iftel sea independiente del Ejecutivo federal, pero para otorgar, revocar y autorizar cesiones de las concesiones se requiere opinión de éste. ¿Para qué? Si esta opinión no es vinculante como se dice, ¿para qué se requiere? Y si la opinión fuera vinculante, ¿dónde queda la autonomía?
¡Protejamos al Estado! Qué tan mal estará nuestro país que la iniciativa busca que la Constitución proteja al Estado, siendo que la Constitución surge precisamente por la razón contraria: Proteger a los gobernados frente al Estado. El Iftel y la futura Cofeco tendrán facultad incluso para ordenar a un grupo corporativo vender sus empresas o activos, pero éstos no podrán obtener la suspensión del acto de esas autoridades. Así que si después de un litigio de cinco o seis años la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la razón a los particulares, de nada les servirá por las pérdidas de ganancias y la imposible reparación.
Lo anterior revela que se asume que el Iftel y la Cofeco estarán integrados por seres divinos que nunca se equivocarán ni serán arbitrarios. Y si bien la creación de tribunales especializados es positiva, jamás podrá suplir la ineficiencia en la administración de justicia. Además de tribunales especializados se requiere que existan juicios sumarios que no excedan de seis a ocho meses, con lo cual las decisiones en uno u otro sentido serían oportunas.
Must offer. Ha sido reconocido y documentado por la propia Cofeco que para que una empresa de televisión de paga prospere, tiene que incluir las señales de los canales 2 y 5 de Televisa. Esta empresa antes podía discriminar si ofrecía sus canales estrella a las empresas de televisión de paga y en qué términos. No fue sino hasta ciertas resoluciones de la Cofeco y la validación del matrimonio Televisa-TV Azteca a través de la adquisición de su hoy hijo común Iusacell, cuando la Cofeco obligó a las televisoras a tener una oferta pública para la retransmisión de sus señales por las empresas de televisión de paga. En las ofertas se establece el costo por usuario que se tendrá que pagar. La iniciativa prevé esta obligación conocida como must offer por virtud de la cual las televisoras abiertas deben permitir gratuitamente la retransmisión de su señal. Sin embargo, esta obligación tiene una excepción con nombre y apellido: Telmex/Telcel.
Telmex/Telcel ya fueron declarados dominantes y la iniciativa prevé que éstos no podrán beneficiarse de la gratuidad de los contenidos. Es posible que esté justificada esta excepción, no lo sé, pero la iniciativa debió presentar a la ciudadanía los motivos para la excepción.
Producción independiente. Más que una reforma a la Constitución, la iniciativa parece una ley detalladísima, salvo en lo que pudiera contribuir a la pluralidad, como el caso de la producción independiente. Ésta implicaría que personas ajenas a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio puedan difundir sus creaciones en dichos medios. La producción independiente bien definida daría nuevo aliento a la creatividad mexicana en lugar de que sigamos siendo consumidores de lo que las propias televisoras producen en sus estudios endogámicamente. ¿Por qué no especificó la iniciativa que las televisoras deberán incluir producciones independientes en determinado porcentaje y algunas en horario estelar? ¿Se estará esperando que sea una Ley Televisa II en la que se mutiló negativamente la definición de producción independiente en beneficio de las televisoras?
* Excomisionada jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
claraluzalvarez@gmail.com
telecomysociedad.blogspot.com
El sistema, contra sus propias creaturas
El funcionario estuvo acompañado por Carlos Slim Domit, hijo del principal accionista de América Móvil, el gigante de las telecomunicaciones que controla las dos principales compañías de telefonía en México: Telmex y Telcel. El recorrido se hizo con el fin de eliminar desacuerdos entre el gobierno federal y el magnate.
La tensión entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Carlos Slim Helú se incrementó cuando el accionista de Telmex abandonó días antes Los Pinos, tras una agria discusión con el presidente.
Slim reclamó que el proyecto de reforma constitucional para telecomunicaciones lo afectaba más a él que a Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, el pilar del otro monopolio en televisión abierta y restringida en México, con quien sostiene una guerra abierta desde 2011.
El borrador del texto de la reforma le confería facultades al nuevo órgano regulador para desagregar activos y declarar la dominancia de más de 50% del mercado a las dos principales subsidiarias de América Móvil. Además, mantenía el candado para que el must carry y el must offer no se ofreciera a empresas con ese mismo porcentaje de dominio del mercado.
En otras palabras, argumentaron Slim y sus principales asesores, la reforma tenía una “clara dedicatoria” al magnate de las telecomunicaciones, ya que no afectaba de igual forma a su exsocio y actual competidor, Grupo Televisa, asociado desde el año pasado con Grupo Iusacell, de TV Azteca.
El domingo 10, Azcárraga Jean también hizo una visita sorpresiva a Palacio Nacional. Los testigos relatan que llegó con una carpeta de papeles. Se reunió también con Videgaray, auténtico artífice y redactor de buena parte de las medidas de desconcentración económica de la reforma.
Como a Slim, el secretario de Hacienda tuvo que convencer a Azcárraga Jean de que la reforma no lo iba a afectar tanto. Y era cierto. Los criterios para ordenar medidas a fin de eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia, así como para “ordenar la desincorporación de activos”, establecidos en la reforma al artículo 28 constitucional, privilegió criterios de servicios de telecomunicaciones (tarifas, porcentaje de usuarios, interconexión, etcétera) y no los propios de los servicios de radiodifusión (concentración de concesiones, publicidad, audiencia y producción y distribución de contenidos).
El “candado” regulador que afectaba más a Grupo Televisa y a su socio TV Azteca establece que ninguno de ellos podía participar en ninguna nueva licitación de televisión abierta si tenían más de 12 MHz. Ambos poseen más de tres canales de televisión (cada uno tiene 6 MHz).
De última hora, Azcárraga Jean logró frenar la posibilidad, planteada en el Consejo Rector, de que también se abriera al 100% la inversión extranjera en radio y televisión. Argumentó que son mercados distintos. Y consiguió que se mantuviera el límite de 49% de inversión foránea.
La incomodidad de los dos principales monopolios en telecomunicaciones y en radiodifusión frente a la reforma por venir fue frenada con promesas y acuerdos que aún no están del todo claros.
Caída en la bolsa
Paradójicamente, la reforma que va a afectar a los monopolios fue “saludada” por Grupo Televisa y por América Móvil, así como por otros agentes que pretenden competir en el mercado, como Grupo MVS, que acabó enfrentado con el gobierno de Felipe Calderón por el “rescate” de la banda 2.5 GHz.
Grupo Televisa, poseedor de 70% de las concesiones en televisión abierta, 60% de los suscriptores en la industria por cable y que acapara más de 50% del mercado publicitario nacional y de la producción y distribución de contenidos, emitió un comunicado para anunciar que continuará con sus inversiones.
“Grupo Televisa ha realizado inversiones importantes y se ha preparado para competir ahora en un campo más parejo, con nuevas reglas del juego, como las que contempla la reforma que toma en consideración las asimetrías existentes en el sector”, afirmó el comunicado del lunes 11.
Desde la mañana, a través de su cuenta de Twitter, Azcárraga Jean escribió: “Ya se presentó la #ReformaTelecomunicaciones. Tiempo de grandes retos y también de oportunidades. Bienvenida la competencia”.
Durante las primeras horas posteriores al anuncio de la reforma, realizado por el jefe del Ejecutivo en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, América Móvil mantuvo un extraño silencio; finalmente, en un escueto comunicado difundió que recibía “con beneplácito” la iniciativa de reformas constitucionales y “celebraba la apertura de una nueva etapa” en el desarrollo del sector.
La empresa más poderosa en telecomunicaciones, que controla 70% del mercado de telefonía móvil, 80% de telefonía fija y 71% del internet alámbrico en México, afirmó que daba la bienvenida, como lo ha planteado en varias ocasiones, “al incremento de la participación al 100% de la inversión extranjera en telecomunicaciones, factor necesario para incrementar la demandante inversión, tanto local como externa, que requiere el sector”.
A pesar del beneplácito de ambos actores dominantes, el mercado bursátil opinó lo contrario: las acciones de América Móvil disminuyeron 2.64% ese mismo día y las de Televisa 1.36%.
Tres días después, la más afectada fue América Móvil, al acumular un decremento de casi 13%, mientras que sus acciones en el mercado bursátil de Estados Unidos disminuyeron 11.4%. Esta baja representó una pérdida de 9 mil 201.43 millones de dólares para América Móvil, superiores a los 7 mil 500 millones de dólares que obtuvo la compañía por concepto de utilidades en 2012.
A su vez, Televisa tuvo un retroceso de 3.1% en el valor de sus acciones, que representaron pérdidas por 678.5 millones de dólares, mientras que los títulos de TV Azteca descendieron 5.1%, lo cual equivale a una pérdida de 76.4 millones de dólares.
La historia
La historia de los dos grandes monopolios de radiodifusión y telecomunicaciones en México muestra que su crecimiento, expansión y privilegios sólo fueron posibles a través de decisiones presidencialistas. Y lejos de afectar o aminorar su poder, cada reforma los ha fortalecido.
En especial, la historia de Grupo Televisa va de la mano con el monopolio del poder político y del control de la opinión pública en la era dorada del PRI. La primera concesión televisiva se dio cuatro años después de la fundación del Revolucionario Institucional, al inicio del sexenio de Miguel Alemán, “el cachorro de la revolución”.
En el alemanismo se otorgaron las tres primeras grandes concesiones de televisión pública que posteriormente se fusionaron en Telesistema Mexicano, dirigido por Emilio Azcárraga Vidaurreta, El León, cabeza de la dinastía que ha dominado este mercado.
En 1950 se le otorgó a Rómulo O’Farrill la concesión de XHTV, Canal 4; en 1951 a Azcárraga Vidaurreta la de XEW TV, Canal 2, y en 1952 al ingeniero Guillermo González Camarena, creador de la televisión a color y considerado una especie de prestanombres del alemanismo, la concesión de XHGC Canal 5. Un lustro después, las tres señales se fusionaron para crear Telesistema Mexicano.
En 1973, tras el fallecimiento de Emilio Azcárraga Vidaurreta, su hijo Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, se quedó al frente de Telesistema. Tras un primer enfrentamiento con el presidente Luis Echeverría Álvarez, quien amenazó incluso con suprimir las concesiones, la empresa de Azcárraga Milmo quedó más fortalecida. Absorbió la concesión de XHTMTV Canal 8 y se creó Televisión vía Satélite (Televisa), inicio del verdadero imperio televisivo de los Azcárraga.
Durante los ochenta, El Tigre logró la expansión y consolidación de Grupo Televisa. Se convirtió no sólo en el auténtico “quinto poder”, sino en el vocero del sistema. “Soy un soldado del PRI”, se justificó cuando se le criticó en 1986 su cobertura sesgada a favor del fraude electoral en Chihuahua.
El mejor sexenio para Azcárraga Milmo fue el de Carlos Salinas de Gortari, el mismo presidente que ofreció oponer una competencia al poder de Televisa, cuando ordenó la licitación de las señales del Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión), que en 1993 fue vendida al empresario de electrodomésticos Ricardo Salinas Pliego. La operación fue criticada y luego se confirmó que hubo inversión del “hermano incómodo” del presidente, Raúl Salinas de Gortari.
Salinas también decidió licitar en 1990 las acciones de Teléfonos de México para dárselas a Carlos Slim, un hábil inversionista financiero beneficiado con la burbuja bursátil de 1986-1987. Asociado con South Western Bell, France Telecom y empresarios mexicanos, Slim ganó la licitación para adquirir 10.4% del capital social de la empresa que pronto se convirtió en una auténtica “mina de oro”.
Durante décadas Telmex fue la única compañía con cobertura nacional en materia de telefonía. En septiembre de 2000 realizó la escisión de sus negocios de celulares y creó la empresa América Móvil, controladora de Radiomóvil Dipsa, de Telcel.
A partir del dominio de la telefonía fija, sin ningún órgano regulador que realmente pusiera contrapeso a su crecimiento y a sus tarifas, la expansión de la telefonía celular de Slim fue exponencial. En 1992 sólo tenía 146 mil usuarios y 10 años después, en 2002, los clientes de Telcel llegaron a 17 millones; para 2012 sumaron 65 millones.
Paradójicamente, un “candado” para evitar que Emilio Azcárraga Milmo adquiriera Telmex se convirtió en el origen del conflicto entre la compañía telefónica y la televisiva durante los últimos seis años. En la cláusula 1.9 del título de concesión de Telmex se le prohíbe a esta empresa dar servicios de televisión restringida. Y hasta ahora no se ha podido cambiar esta restricción.
En 1997 falleció El Tigre y el presidente Ernesto Zedillo operó para que al frente de Grupo Televisa quedara Emilio Azcárraga Jean, El Tigrillo. El gobierno federal apoyó para evitar la insolvencia financiera de Grupo Televisa, le condonó deudas fiscales y permitió que el heredero de El Tigre pasara de tener 10% a 50.1% del control accionario de la compañía.
Con la intención de regular el poder dominante de Slim, el gobierno de Zedillo decretó una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el órgano regulador que nació débil y sin capacidad para frenar los millonarios intereses del sector.
Complicidades
Los 12 años de la alternancia del PAN en la Presidencia de la República no afectaron en lo más mínimo a los dos grandes consorcios. Por el contrario, Slim se volvió el hombre más rico del mundo durante este periodo, y Azcárraga Jean dejó de ser un “soldado del PRI” para proclamar desde 2004 que “la democracia es un buen negocio” y Televisa se benefició ampliamente al convertir la competencia partidista en un mercado de control de los contenidos.
La promesa de una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión, discutida en el seno de la Secretaría de Gobernación entre 2001 y 2002, abortó con el famoso decretazo de octubre de 2002. El gobierno de Vicente Fox y de Marta Sahagún cedió por completo a las presiones y demandas de Televisa.
En diciembre de ese año, TV Azteca se apropió mediante la fuerza de la señal de Canal 40, en el episodio conocido como El Chiquihuitazo. La reacción de Fox ante el uso ilegal de grupos armados propios para quedarse con esta concesión de televisión metropolitana no pudo ser más reveladora de la debilidad o la complicidad presidencial.
“¿Y yo por qué?”, respondió Fox cuando le preguntaron por qué no intervino su gobierno en el aparatoso operativo de la gente de Ricardo Salinas Pliego.
En 2004, el gobierno foxista prorrogó hasta 2021 las concesiones de Televisa y de TV Azteca. En 2005 le entregó 130 permisos al consorcio de Azcárraga Jean para que entrara al negocio de los centros de apuestas, y en 2006 avaló la contrarreforma conocida como Ley Televisa, aprobada en menos de 15 minutos y sin discusión previa en la Cámara de Diputados.
El gobierno de Felipe Calderón decidió beneficiar abiertamente a Grupo Televisa y a su socio TV Azteca, a cambio de que ambos consorcios lo apoyaran en su cruzada contra el narcotráfico y no revivieran la crisis de legitimidad con la que llegó al poder en 2006.
A cambio, propició una ruptura entre las televisoras y el consorcio de Carlos Slim. Detuvo durante un sexenio el ingreso de Telmex al mercado del triple play, mientras que Televisa se convirtió en este periodo en el agente dominante también en el mercado de televisión restringida: adquirió Cablemás, TVI, fortaleció Cablevisión y Sky hasta llegar el dominio de más de 50% de este mercado.
Al término de su sexenio, Calderón aprobó dos medidas polémicas: la fusión de Televisa y Iusacell, compañía de Ricardo Salinas Pliego, con lo que el duopolio televisivo se convertiría en un solo bloque, y “rescató” los 190 MHz de la banda 2.5 GHz. que controlaba en su mayoría el Grupo MVS, de Joaquín Vargas, en medio de un escándalo público sobre presiones gubernamentales.
El gobierno de Peña Nieto inició con la promesa de regular los monopolios, acabar con los “poderes fácticos” y alentar la competencia. La sombra de un presidencialismo que acabó por beneficiarlos, en lugar de reglamentarlos, está presente de nuevo.
Por la narcocampaña, Aristóteles Sandoval paga
Para empezar, un enigma sangriento
Con sólo nueve días en el gobierno del estado, Aristóteles Sandoval sintió la presión de la delincuencia organizada con el asesinato, de día y en la vía pública, de su secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez. Armado el rompecabezas de testimonios, se ve a un oscuro personaje que movía dinero a raudales, que hizo aportaciones a la campaña de Sandoval y cada tanto quedaba mal con sus socios. Falta comprobar si el nuevo gobierno del viejo PRI apuesta por una investigación creíble o le gana la genética y opta por enterrar el problema.
Con apenas nueve días en el poder, ya enfrentaba sospechas de que un miembro de su gabinete estaba involucrado en lavado de dinero, turbios negocios inmobiliarios y casinos.
El secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, se apresuró a afirmar que los motivos del crimen “probablemente estarían ligados a sus actividades empresariales” anteriores al cargo. Esta afirmación le acarreó al exsenador fuertes críticas, sobre todo en las llamadas redes sociales.
El excandidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, señala que el asesinato de Gallegos hace obligatoria una explicación clara por parte de Sandoval Díaz, quien por cierto no apareció en actos públicos hasta el miércoles 13.
Y el penalista Fernando Espinoza de los Monteros, investigador de la Universidad de Guadalajara, dice en entrevista que con este crimen se abren interrogantes sobre la posible conexión del funcionario con el lavado de dinero.
Señala que Zamora Jiménez intentó desmarcar al gobierno del estado de cualquier revelación comprometedora de Gallegos, pero “la carga del hecho a sus actividades empresariales significa mucho; quiere decir que este hombre tenía compromisos a lo mejor no confesables y eso lo lleva a la ejecución”.
Añade: “Hace seis años lo habían baleado y eso motivó que se fuera a vivir a Houston. El antecedente nos habla de un compromiso con el crimen, esa es la verdad, con el crimen organizado… y creo que lo más cercano es el lavado de dinero”.
Comenta que con problemas como éste a dos semanas de tomar posesión, Aristóteles Sandoval tendrá que ofrecer una investigación creíble y presentarla lo más rápido posible, pues de otro modo perderá la confianza de la ciudadanía: se percibirá que si se puede tocar a las personas de alto nivel, se puede tocar a quien sea.
Por el bien de los jaliscienses, enfatiza Espinoza de los Monteros, conviene pensar que la posibilidad de riesgo de cualquier otro atentado está superada: “Sería gravísimo que ocurriera otro hecho igual, porque entonces dónde nos vamos a esconder, no podemos hacer una Guadalajara fuera de esta ciudad. Creo que sería un problema político social de orden nacional”.
Por la ejecución de Gallegos, el diputado local panista Alberto Esquer propuso que los funcionarios de primer nivel se sometan a pruebas de control de confianza.
Hasta el cierre de esta edición el fiscal central del estado, Rafael Castellanos, no ha podido determinar ni el móvil ni la autoría del asesinato.
La persecución
El cuerpo del fugaz secretario de Turismo quedó tendido a un lado de su camioneta, entre la avenida Acueducto y Josemaría Escrivá, en Colinas de San Javier (lujosa colonia ubicada en los límites de Guadalajara y Zapopan), a menos de 300 metros de la que fue residencia de Ignacio Coronel.
Gallegos Álvarez regresaba de una reunión de trabajo del gabinete en Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador. Se supone que desde ahí lo siguieron sus asesinos, aunque lo atacaron a pocas cuadras de llegar a su domicilio, en un edificio de su propiedad con departamentos de lujo en Puerta de Hierro, donde también tenía una agencia de autos Ferrari.
Tanto esta colonia como Colinas de San Javier están muy vigiladas con cámaras en la vía pública. Pero los agresores seguramente conocían bien el lugar porque ultimaron a Gallegos en un punto aparentemente ciego, ya que no se cuenta con videos del momento de la ejecución y sí de la persecución anterior, sólo decenas de metros atrás.
Según testigos, el crimen fue perpetrado por varios pistoleros que iban a bordo de una camioneta Blazer azul y un auto Volvo. Algunos vieron que sobre Acueducto y Loma Ancha, cerca del Centro Cultural Colinas, dichos vehículos perseguían a la camioneta Toyota Highlander con placas JHZ-1600, propiedad del gobierno de Jalisco, que utilizaba el funcionario. No es blindada.
El fiscal central, Rafael Castellanos, dijo que en el lugar del homicidio por lo común se encuentran en operación seis cámaras de vigilancia, pero ninguna enfocó las placas de las unidades de los atacantes.
Cerca del Paseo de la Noria, los asesinos empezaron a disparar. Los tres primeros balazos perforaron el cristal posterior de la Toyota, en cuyo asiento trasero viajaba al parecer Gallegos. En las inmediaciones del cruce de Acueducto y Josemaría Escrivá, la Toyota se impactó contra un Jeep verde que avanzaba entre Colinas de San Javier y Plaza Pabellón. Como la camioneta se quedó varada, el chofer corrió y alcanzó a refugiarse en un edificio aún en construcción.
De acuerdo con un testimonio, un sicario se bajó de la Blazer y le disparó a Gallegos. Después volvió a su vehículo, se abrochó el cinturón de seguridad y huyó sin prisa con rumbo a la avenida Patria.
Empleados de varios negocios y trabajadores de la construcción presenciaron la persecución desde las azoteas. La Fiscalía Central consiguió declaraciones de 40 testigos. Minutos después, la policía de Zapopan detuvo a cuatro personas que viajaban en una Blazer similar a la descrita en los testimonios, pero 24 horas después quedaron en libertad al comprobarse que eran inocentes.
Fantasma empresarial
Hasta ahora se desconoce el origen de la fortuna de Gallegos Álvarez, que a través del consorcio Jegal Project & Construction Management era dueño de grandes hoteles y condominios lujosos en Guadalajara, Puerto Vallara, Nuevo Vallarta, Nayarit, Cancún, Quintana Roo, y, presuntamente, en Texas, Estados Unidos.
La riqueza del ingeniero civil, de 47 años y egresado del ITESO, resulta aún más oscura porque de ser un supervisor de obras en la década de los ochenta y principios de los noventa, en el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri (1989-1992), pasó a ser empleado de la empresa hotelera Mayan Resorts, antes Vidafel, de la cual llegó a ser directivo hasta hace siete años, y no accionista, como aclaró el consorcio al darse a conocer el asesinato.
Mayan Resorts envió un comunicado a los medios de información: “El Consejo de Administración de Mayan Resort y Grupo Vidanta desean por este conducto manifestar que el señor Jesús Gallegos Álvarez dejó de prestar sus servicios laborales en marzo de 2006 (…) a partir de esa fecha no ha habido relación alguna con el señor Gallegos”.
No obstante, los pocos empresarios que admiten haberlo conocido aseguran que la buena suerte de Gallegos se inició cuando se asoció con Daniel Chávez Morán, principal accionista de Mayan Resorts, “aunque después se distanciaron” y cada uno por su lado partió hacia Houston, Texas.
A decir de uno de esos entrevistados, desde entonces el ingeniero Gallegos despegó fuerte, “con desarrollos muy importantes pero también muy sospechosos”.
En Jalisco era poco conocido hasta su designación como secretario de Turismo. Las esquelas del sector privado fueron escasas; se publicaron un poco más del gobierno estatal y de municipios metropolitanos.
Al día siguiente del crimen, el domingo 10, Gallegos fue despedido con una misa de cuerpo presente en el templo de San Juan Macías, cerca de su domicilio y de donde fue ejecutado. Acudieron pocos funcionarios de primer nivel. Entre las ausencias más notables estuvo la del gobernador, que permaneció un rato en el velorio, en casa de quien fue su colaborador. A la misa tampoco fueron Arturo Zamora, Ricardo Villanueva, Mauricio Gudiño ni Alberto Lamas, del círculo cercano al gobernador.
A quienes sí se les vio en la iglesia fueron los secretarios de Educación, Francisco Ayón; de Salud, Jaime Agustín González; del Trabajo, Eduardo Almaguer, y los alcaldes de la zona metropolitana Ramiro Hernández, Jorge Arana y Alfredo Barba, de Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque, respectivamente.
También asistieron el senador Jesús Casillas y el diputado local Miguel Castro, el rector electo de la UdeG, Tonatiuh Bravo, y los dirigentes Francisco Beckman, de la Canaco, y Óscar Benavides, de la Coparmex.
Cuando Gallegos fue designado secretario, Beckman declaró al diario Mural que no conocía sus antecedentes pero le daba su voto de confianza. En el mismo sentido se pronunció el presidente del Consejo Regulador del Tequila, Miguel Ángel Domínguez Morales.
Cuatro días después del asesinato de su colaborador, Aristóteles Sandoval dijo a los reporteros en un acto empresarial que Gallegos fue incluido en su gabinete en el marco de la propuesta de abrir su administración a la sociedad y después de analizar su perfil:
“A muchos los conocí recientemente, pero con amplias credenciales de experiencia en el ramo, conocimiento, título profesional y que nadie presentara antecedentes penales. No se tenía conocimiento de ningún ilícito.”
Un empresario que pidió no publicar su nombre dijo a este semanario que un ambicioso proyecto denominado La Tranquila pudo hundir al ingeniero, por lo que tuvo que irse a residir a Houston, concretamente al fraccionamiento denominado Woodlands. Sólo ocasionalmente venía Gallegos a Guadalajara.
Vivía una especie de exilio empresarial y la mayor parte del tiempo residía en Texas, mientras que su familia radicaba en Canadá, coincide el industrial Manuel Villagómez Rodríguez. “La invitación para sumarse a la administración estatal la recibió directamente del señor gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval”, precisó.
Otras personas consultadas indicaron que días antes de su nombramiento Gallegos incrementó sus visitas a la capital jalisciense. Venía en un avión privado Cessna 414 de dos motores, matrícula N325KC, valuado en 649 mil dólares (más de 8 millones de pesos).
Su meteórica incursión en la política la debió en gran parte a los recursos que aportó para la campaña de Aristóteles Sandoval, aunque oficialmente ningún integrante de su equipo lo admite.
Y aunque representantes de cúpulas empresariales y miembros del gabinete dicen que lo conocían muy poco, lo cierto es que en 2009 Jesús Gallegos y otras personas intentaron comprar el equipo de futbol Atlas. “Para convertirlo en otro Barcelona”, alardeó. La compraventa, estimada en 20 millones de dólares, no se realizó por diferencias entre los inversionistas, entre quienes estaban el futbolista Rafael Márquez, el cantante Alejandro Fernández, El Potrillo, y Guillermo Romo Jr., hijo del industrial tequilero Guillermo Romo de la Peña.
Empresarios consultados por este medio indican que, al llegar al gobierno, Gallegos traía compromisos amarrados y deudas con personas que hasta la fecha no han sido identificadas. Villagómez Rodríguez indica que en la pasada campaña Gallegos invirtió mucho dinero, aunque desconoce la forma en que lo entregó. “Queda por descubrirse si en realidad con su aporte compró la Secretaría de Turismo”, dice.
Gallegos era yerno de Agustín Espinoza, un reconocido constructor local a quien se le atribuye el crecimiento vertical en la parte norponiente de la mancha urbana. Sin embargo, tuvieron diferencias y se distanciaron.
A Villagómez le parece grave que los dirigentes de la Canaco y de la Coparmex en Guadalajara digan que casi no conocieron al funcionario asesinado: “En el primer caso, el organismo se llama Cámara Nacional de Comercio y Turismo; cómo pueden decir que no conocen o que conocía muy poco a la persona que llega para hacerse cargo del sector. También Coparmex brinca y dice que tampoco le conoce, cuando se supone que Gallegos estaba ligado a la Coparmex”.
Añade que no sabe si los empresarios y el gobierno del estado acordaron deslindarse así del crimen. Para él, Arturo Zamora mostró su habilidad política al apresurarse a declarar que el crimen no tenía nada que ver con su trabajo como funcionario, para desmarcarse de inmediato.
Otro asunto del que poco se sabe es que en la administración de Emilio González, cuando Óscar García Manzano dirigía el Instituto de Pensiones del Estado, Gallegos recibió autorización para usar un extenso predio en la zona de alta plusvalía cercano al fraccionamiento Valle Real y el Trompo Mágico, en donde pretendía construir departamentos de lujo.
Y en la avenida Francisco Medina Ascencio, de Puerto Vallarta, frente a la Marina, Gallegos construyó el edificio Deck-12, en cuya planta baja se instaló el casino Vallarta, propiedad del camionero regiomontano Arturo Rojas Cardona.
Por cierto, ese casino fue clausurado por Protección Civil el 15 de noviembre pasado. No obstante, el director de la Policía Municipal, Silvestre Chávez, envió de inmediato a sus uniformados a quitar los sellos. De paso, empleados de la empresa retuvieron ilegalmente durante una hora a la reportera Doraliz Terrón, de Milenio Pacífico, por cumplir con su trabajo de informar. (Con información de Miguel Ángel Infante)
La Cámara de Diputados, convertida en oficialía de partes
Un par de legisladores del Movimiento Ciudadano se quejan de que la
Cámara de Diputados se convirtió en una oficialía de partes del Pacto
por México, un sitio donde las iniciativas llegan sólo para ser
aprobadas sin análisis, sin discusión. Así ocurrió con la iniciativa de
reforma en el área de telecomunicaciones, que pasó por la Comisión de
Puntos Constitucionales sin ser debatida. “¿Para qué discutir lo que se
llevará al pleno?”, se preguntan los diputados perredistas a cargo de
esa instancia. “Si quieren andar de reformadores (los perredistas), pues
que pongan la cara y asuman el papel quedándose al frente de esta
comisión”, añade uno de los priistas que participaron en la distribución
de cargos legislativos en septiembre de 2012.
Su compañero de partido y de comisión, Fernando Zárate Salgado, quien lo secundó, dijo con desenfado: “¿Para qué reeditar y aburrirnos hasta el cansancio de discutir diversos temas que son absolutamente accesorios a la reforma principal?”.
Ambos –integrantes de la corriente Nueva Izquierda, Los Chuchos– se refieren a la rápida “discusión” con que la Cámara de Diputados y en especial la Comisión de Puntos Constitucionales avalaron las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, una iniciativa elaborada muy lejos del Palacio Legislativo y muy cerca de las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD.
La propuesta de dictamen enviada por el Ejecutivo federal la tarde del lunes 11 a la Cámara de Diputados surgió del Pacto por México, en el que participan los tres partidos mayoritarios; sin discusión fue respaldada al siguiente día con 340 firmas de diputados federales, quienes en su mayoría desconocían los alcances e implicaciones de esa ley para la vida del país.
Tres días después, la noche del jueves 14, en sólo una hora de sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales la nueva Ley de Telecomunicaciones se aprobó con 29 votos a favor y uno en contra.
Los firmantes del Pacto, PRI, PAN y PRD, decidieron no poner a discusión sus reservas y crear un órgano paralelo a la Comisión de Puntos Constitucionales, “una mesa de discusión” donde negociar este fin de semana posibles cambios a la Ley de Telecomunicaciones.
El súbdito
El único partido que no aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales los cambios en la materia fue Movimiento Ciudadano.
Ricardo Mejía Berdeja, legislador de ese partido, se abstuvo de votar en protesta contra las formas que ha asumido el Congreso de la Unión, que abdicó de su obligación y derecho a debatir cualquier cambio a las leyes.
En la sesión el diputado reclamó a sus compañeros que la propuesta de ley se confeccionara en el Pacto por México, dejando al Poder Legislativo “el triste papel” de súbdito, “un apéndice del Ejecutivo federal”.
En entrevista con este semanario, Mejía Berdeja sostiene que el Pacto por México “se ha constituido en un suprapoder con facultades metaconstitucionales que únicamente remite iniciativas al Congreso. La Cámara se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo, en una oficialía de partes”.
El diputado califica de grave “el entreguismo” con el que algunos diputados se han comportado y recuerda: “El día que llegó la iniciativa vimos la inauguración de la cargada legislativa; el entreguismo con que más de 340 diputados se formaron para respaldarla. ¡Y ni siquiera habían leído el documento!”.
El Pacto ha adormecido el espíritu crítico de muchos opositores y es lamentable, dice el legislador cuando se le pregunta por el papel que ha jugado el PRD en la Cámara de Diputados.
“El Pacto es un supremo poder conservador que cuenta con toda la infraestructura y recursos públicos para ir maquilando proyectos. Quien debe hacer las leyes es el Congreso de la Unión, pero ahora sólo se le remiten para su aprobación. Se está cancelando el Poder Legislativo.”
Ante las críticas sobre el papel de oficialía de partes que podría estar asumiendo el Congreso y la rapidez con que votó lo referente a telecomunicaciones, Zárate define de otra manera lo sucedido: “Lo que hoy se llama fast track es un avance político para establecer un fin común”.
Entrevistado por diversos medios antes de la sesión de la Comisión, Zárate alega que el tema de telecomunicaciones “es una petición ciudadana de hace 25 años… Está más que discutida… lo que nos ha dado el Pacto por México es una coherencia para en una sola mesa discutir todas las posiciones políticas”.
La diputada Luisa María Alcalde Luján, también de MC, acusa que “en la Cámara no se abren los temas, no se discute nada y el Pacto en lugar de ser el espacio para lograr acuerdos sobre temas que se lleven a las cámaras, las ha suprimido haciendo a un lado su papel de elaborar leyes.
“Los diputados tienen el cinismo de suscribir una iniciativa cuando no sabían ni de qué se trataba. Esto es muestra de cómo el Pacto ha venido a eliminar la función de las cámaras y a tratarnos como oficina de trámites”, se lamenta.
El títere
Durante la distribución de presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados el PRI ha tratado de mantener siempre las de Puntos Constitucionales y la de Gobernación; sin embargo ahora cedió la primera a Los Chuchos.
“Si quieren andar de reformadores, pues que pongan la cara y asuman el papel quedándose al frente de esta comisión”, dice un dirigente priista que participó en la distribución de cargos legislativos en septiembre de 2012.
En los hechos ha sido el PRD el que ha encabezado y festejado los cambios constitucionales promovidos por el Ejecutivo federal y el PRI.
Moreno Rivera fue el encargado de operar el encuentro del pasado 27 de febrero en donde se aceptó que el Ejecutivo federal mantuviera el fuero constitucional, es decir que no pudiera ser juzgado a diferencia del resto de las autoridades federales y locales electas.
Ese día Moreno festejó el regreso del salvoconducto al Ejecutivo Federal que la minuta a discusión no preveía.
“Uno de los cambios más importantes es que el tema de la inmunidad no será aplicable al presidente. Quedó como está en la Constitución”, dijo la noche del 27 de febrero.
“Prácticamente la palabra desafuero desaparece, el fuero desaparece y se cambia por inmunidad, pero lo más importante ahora es que cualquier servidor público, exceptuando al Presidente de la República, ante la comisión de un delito penal tiene que enfrentar la justicia como cualquier ciudadano.”
Ahora, en la discusión del tema de las telecomunicaciones, el presidente de la comisión no exigió en ningún momento que la discusión y acuerdos de las reservas a la iniciativa se discutieran ahí, como lo establece el Reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 3, que define qué es una comisión: “El órgano constituido por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuye a que la cámara cumpla con sus atribuciones legales y constitucionales”.
En la sesión del jueves 14 sólo MC y el Partido del Trabajo dieron a conocer sus reservas, que fueron rechazadas en su totalidad. En cambio PRI, PAN y PRD decidieron establecer “una mesa de trabajo” alterna a la comisión.
Aunque los tres partidos se reunieron la tarde del viernes 15, formalmente la mesa se instalará este lunes 18 y ahí tratarán de consensuar algunos puntos. Sobre los que no haya acuerdo serán llevados al pleno en la sesión del miércoles 20 o del jueves 21, para ser votada la nueva ley en su totalidad.
PVEM, fuera
De acuerdo con datos proporcionados por la fracción del PRI a Proceso, la iniciativa podría sufrir modificaciones en materia de televisión abierta y de radio.
La propuesta establece en su artículo V transitorio que “se permitirá la inversión extranjera directa hasta 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta 49% en radiodifusión”.
El PRI planteará que se modifique o haya un apartado que incluya la “reciprocidad” de parte de los países que inviertan en México, y para ello se encuentran analizando las leyes de otros países en la materia.
En entrevista con este semanario el diputado panista e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales Rubén Camarillo Ortega dijo que su partido está viendo los cambios “de manera integral” y que ellos avalarían la “reciprocidad” si el PRI le acepta otras modificaciones.
“Estamos en la posición de ver esto de manera integral, si se acepta la reciprocidad tendrá que ser bajo ciertas condiciones… estamos en la disposición de discutirla siempre y cuando ésta vaya acompañada de otra de las propuestas que nosotros estamos haciendo.”
La fracción de MC propuso en la comisión la noche del jueves 14 que se incluyera dicha “reciprocidad”, pero que no sólo se considere en televisión abierta y radio, sino también en telecomunicaciones; sin embargo, a pesar de ser parte de la propuesta del PRI, éste se negó siquiera a discutirla y la rechazó en su totalidad para negociarla en todo caso en otra “mesa”, con el PAN y el PRD.
El tema lo tiene que considerar el Congreso de manera obligatoria, pues a los miembros del Pacto por México se les olvidó incluir en este aspecto lo que la Organización Mundial del Comercio establece.
El diputado verde y exasesor de Televisa Federico González Luna señala lo anterior a Proceso. Dice que cuando un país realiza la apertura la tiene que hacer de manera genérica al resto de los países de la OMC: “No conozco las reservas, pero si lo están considerando, es un reconocimiento a los tratados de comercio internacional”.
El PRI presentará también modificaciones “en cuanto a los fines y las formas de constitución” de los dos nuevos órganos que prevé la reforma: el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia.
“Nos preocupa como grupo la dispersión que existe en cuanto a sus fines y sus formas de constitución. En varias ocasiones hemos apoyado el esquema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez más reiteramos que es importante que exista un eje articulador, de algo que todos apoyamos, los órganos constitucionalmente autónomos”, adelantó el día de la sesión el priista Héctor Gutiérrez de la Garza.
El Partido Verde, que aclaró la noche del jueves 14 que no presentará reservas y apoya en todo lo enviado en la iniciativa, fue excluido de la discusión de la reforma a las telecomunicaciones.
A pesar de que la Comisión de Radio y Televisión pudo haber participado junto con la de Puntos Constitucionales en la elaboración del dictamen que se deberá presentar el próximo martes 19 al pleno de la Cámara de Diputados, la presidencia de la Mesa Directiva, que está a cargo del priista Francisco Arroyo Vieyra, decidió no darle vista.
Su compañero de partido y de comisión, Fernando Zárate Salgado, quien lo secundó, dijo con desenfado: “¿Para qué reeditar y aburrirnos hasta el cansancio de discutir diversos temas que son absolutamente accesorios a la reforma principal?”.
Ambos –integrantes de la corriente Nueva Izquierda, Los Chuchos– se refieren a la rápida “discusión” con que la Cámara de Diputados y en especial la Comisión de Puntos Constitucionales avalaron las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, una iniciativa elaborada muy lejos del Palacio Legislativo y muy cerca de las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD.
La propuesta de dictamen enviada por el Ejecutivo federal la tarde del lunes 11 a la Cámara de Diputados surgió del Pacto por México, en el que participan los tres partidos mayoritarios; sin discusión fue respaldada al siguiente día con 340 firmas de diputados federales, quienes en su mayoría desconocían los alcances e implicaciones de esa ley para la vida del país.
Tres días después, la noche del jueves 14, en sólo una hora de sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales la nueva Ley de Telecomunicaciones se aprobó con 29 votos a favor y uno en contra.
Los firmantes del Pacto, PRI, PAN y PRD, decidieron no poner a discusión sus reservas y crear un órgano paralelo a la Comisión de Puntos Constitucionales, “una mesa de discusión” donde negociar este fin de semana posibles cambios a la Ley de Telecomunicaciones.
El súbdito
El único partido que no aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales los cambios en la materia fue Movimiento Ciudadano.
Ricardo Mejía Berdeja, legislador de ese partido, se abstuvo de votar en protesta contra las formas que ha asumido el Congreso de la Unión, que abdicó de su obligación y derecho a debatir cualquier cambio a las leyes.
En la sesión el diputado reclamó a sus compañeros que la propuesta de ley se confeccionara en el Pacto por México, dejando al Poder Legislativo “el triste papel” de súbdito, “un apéndice del Ejecutivo federal”.
En entrevista con este semanario, Mejía Berdeja sostiene que el Pacto por México “se ha constituido en un suprapoder con facultades metaconstitucionales que únicamente remite iniciativas al Congreso. La Cámara se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo, en una oficialía de partes”.
El diputado califica de grave “el entreguismo” con el que algunos diputados se han comportado y recuerda: “El día que llegó la iniciativa vimos la inauguración de la cargada legislativa; el entreguismo con que más de 340 diputados se formaron para respaldarla. ¡Y ni siquiera habían leído el documento!”.
El Pacto ha adormecido el espíritu crítico de muchos opositores y es lamentable, dice el legislador cuando se le pregunta por el papel que ha jugado el PRD en la Cámara de Diputados.
“El Pacto es un supremo poder conservador que cuenta con toda la infraestructura y recursos públicos para ir maquilando proyectos. Quien debe hacer las leyes es el Congreso de la Unión, pero ahora sólo se le remiten para su aprobación. Se está cancelando el Poder Legislativo.”
Ante las críticas sobre el papel de oficialía de partes que podría estar asumiendo el Congreso y la rapidez con que votó lo referente a telecomunicaciones, Zárate define de otra manera lo sucedido: “Lo que hoy se llama fast track es un avance político para establecer un fin común”.
Entrevistado por diversos medios antes de la sesión de la Comisión, Zárate alega que el tema de telecomunicaciones “es una petición ciudadana de hace 25 años… Está más que discutida… lo que nos ha dado el Pacto por México es una coherencia para en una sola mesa discutir todas las posiciones políticas”.
La diputada Luisa María Alcalde Luján, también de MC, acusa que “en la Cámara no se abren los temas, no se discute nada y el Pacto en lugar de ser el espacio para lograr acuerdos sobre temas que se lleven a las cámaras, las ha suprimido haciendo a un lado su papel de elaborar leyes.
“Los diputados tienen el cinismo de suscribir una iniciativa cuando no sabían ni de qué se trataba. Esto es muestra de cómo el Pacto ha venido a eliminar la función de las cámaras y a tratarnos como oficina de trámites”, se lamenta.
El títere
Durante la distribución de presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados el PRI ha tratado de mantener siempre las de Puntos Constitucionales y la de Gobernación; sin embargo ahora cedió la primera a Los Chuchos.
“Si quieren andar de reformadores, pues que pongan la cara y asuman el papel quedándose al frente de esta comisión”, dice un dirigente priista que participó en la distribución de cargos legislativos en septiembre de 2012.
En los hechos ha sido el PRD el que ha encabezado y festejado los cambios constitucionales promovidos por el Ejecutivo federal y el PRI.
Moreno Rivera fue el encargado de operar el encuentro del pasado 27 de febrero en donde se aceptó que el Ejecutivo federal mantuviera el fuero constitucional, es decir que no pudiera ser juzgado a diferencia del resto de las autoridades federales y locales electas.
Ese día Moreno festejó el regreso del salvoconducto al Ejecutivo Federal que la minuta a discusión no preveía.
“Uno de los cambios más importantes es que el tema de la inmunidad no será aplicable al presidente. Quedó como está en la Constitución”, dijo la noche del 27 de febrero.
“Prácticamente la palabra desafuero desaparece, el fuero desaparece y se cambia por inmunidad, pero lo más importante ahora es que cualquier servidor público, exceptuando al Presidente de la República, ante la comisión de un delito penal tiene que enfrentar la justicia como cualquier ciudadano.”
Ahora, en la discusión del tema de las telecomunicaciones, el presidente de la comisión no exigió en ningún momento que la discusión y acuerdos de las reservas a la iniciativa se discutieran ahí, como lo establece el Reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 3, que define qué es una comisión: “El órgano constituido por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuye a que la cámara cumpla con sus atribuciones legales y constitucionales”.
En la sesión del jueves 14 sólo MC y el Partido del Trabajo dieron a conocer sus reservas, que fueron rechazadas en su totalidad. En cambio PRI, PAN y PRD decidieron establecer “una mesa de trabajo” alterna a la comisión.
Aunque los tres partidos se reunieron la tarde del viernes 15, formalmente la mesa se instalará este lunes 18 y ahí tratarán de consensuar algunos puntos. Sobre los que no haya acuerdo serán llevados al pleno en la sesión del miércoles 20 o del jueves 21, para ser votada la nueva ley en su totalidad.
PVEM, fuera
De acuerdo con datos proporcionados por la fracción del PRI a Proceso, la iniciativa podría sufrir modificaciones en materia de televisión abierta y de radio.
La propuesta establece en su artículo V transitorio que “se permitirá la inversión extranjera directa hasta 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta 49% en radiodifusión”.
El PRI planteará que se modifique o haya un apartado que incluya la “reciprocidad” de parte de los países que inviertan en México, y para ello se encuentran analizando las leyes de otros países en la materia.
En entrevista con este semanario el diputado panista e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales Rubén Camarillo Ortega dijo que su partido está viendo los cambios “de manera integral” y que ellos avalarían la “reciprocidad” si el PRI le acepta otras modificaciones.
“Estamos en la posición de ver esto de manera integral, si se acepta la reciprocidad tendrá que ser bajo ciertas condiciones… estamos en la disposición de discutirla siempre y cuando ésta vaya acompañada de otra de las propuestas que nosotros estamos haciendo.”
La fracción de MC propuso en la comisión la noche del jueves 14 que se incluyera dicha “reciprocidad”, pero que no sólo se considere en televisión abierta y radio, sino también en telecomunicaciones; sin embargo, a pesar de ser parte de la propuesta del PRI, éste se negó siquiera a discutirla y la rechazó en su totalidad para negociarla en todo caso en otra “mesa”, con el PAN y el PRD.
El tema lo tiene que considerar el Congreso de manera obligatoria, pues a los miembros del Pacto por México se les olvidó incluir en este aspecto lo que la Organización Mundial del Comercio establece.
El diputado verde y exasesor de Televisa Federico González Luna señala lo anterior a Proceso. Dice que cuando un país realiza la apertura la tiene que hacer de manera genérica al resto de los países de la OMC: “No conozco las reservas, pero si lo están considerando, es un reconocimiento a los tratados de comercio internacional”.
El PRI presentará también modificaciones “en cuanto a los fines y las formas de constitución” de los dos nuevos órganos que prevé la reforma: el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia.
“Nos preocupa como grupo la dispersión que existe en cuanto a sus fines y sus formas de constitución. En varias ocasiones hemos apoyado el esquema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez más reiteramos que es importante que exista un eje articulador, de algo que todos apoyamos, los órganos constitucionalmente autónomos”, adelantó el día de la sesión el priista Héctor Gutiérrez de la Garza.
El Partido Verde, que aclaró la noche del jueves 14 que no presentará reservas y apoya en todo lo enviado en la iniciativa, fue excluido de la discusión de la reforma a las telecomunicaciones.
A pesar de que la Comisión de Radio y Televisión pudo haber participado junto con la de Puntos Constitucionales en la elaboración del dictamen que se deberá presentar el próximo martes 19 al pleno de la Cámara de Diputados, la presidencia de la Mesa Directiva, que está a cargo del priista Francisco Arroyo Vieyra, decidió no darle vista.
Ni perdón ni arreglo “amistoso”
Ante las atrocidades perpetradas por elementos policiacos en San
Salvador Atenco no puede haber ninguna solución amistosa y sí, en
cambio, es necesario buscar que se haga justicia, aunque sea ante
organismos internacionales. El gobierno de México sufrió un nuevo revés
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que
funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encabezados por Lía Limón
y Manuel Gómez Robledo, fracasaron en su intento de desactivar la
denuncia que 11 mujeres presentaron ante ese organismo de justicia
internacional en contra del Estado mexicano por las vejaciones que
sufrieron a manos de la policía en mayo de 2006.
Durante la audiencia pública realizada en Washington, sede del organismo de la OEA, la representación del Estado mexicano encabezada por la expanista Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se topó con la negativa de 11 mujeres agredidas sexualmente durante el operativo de mayo de 2006 para negociar una “solución amistosa”, a fin de evitar una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Ante los comisionados Tracy Robinson, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar, éste relator de la CIDH para México, los representantes del Estado mexicano, los abogados de las víctimas –del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)– y decenas de personas que acudieron a la audiencia, en representación de 11 de las decenas de mujeres ultrajadas el 4 de mayo, Bárbara Italia Méndez Moreno leyó en una carta:
“No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia –máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional–, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de la justicia.”
En esa misiva dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, las 11 mujeres que sostienen el caso identificado con el número 12.486 pidieron el informe de fondo, preludio para iniciar un litigio en el tribunal interamericano.
Momentos antes, Limón expresó “la voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la CIDH”. También aseguró que la administración de Peña Nieto contaba con “un marco jurídico adecuado, en particular con la Ley General de Víctimas, que establece los parámetros para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía”.
En su discurso, Limón se refirió a la conclusión de mayor controversia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco de febrero de 2009, la cual excusó a los altos funcionarios de los abusos perpetrados durante la represión policiaca.
Dijo Limón: “Esas violaciones graves de garantías individuales y de derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes”.
La oferta de la subsecretaria de Gobernación fue apuntalada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Manuel Gómez Robledo, quien informó que de 2006 a 2009 21 casos sometidos a la CIDH se resolvieron por la solución amistosa. Pidió a los comisionados su colaboración para concretar esa vía y “reparar a las víctimas, de conformidad con estándares de los derechos humanos y de conformidad con la Ley General de Víctimas”.
La posibilidad se cerró cuando Bárbara Italia recordó en la lectura de la carta que el Estado “tuvo oportunidad desde el año 2006 de demostrar una voluntad para investigar y sancionar las violaciones alegadas”. El texto enviado a la CIDH el viernes 8 fue firmado por Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Linares, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo y la propia Bárbara Italia.
Disimulo
En México, Andrés Díaz Fernández, miembro del equipo de defensa del Centro Prodh, comenta en entrevista con Proceso: “La solución amistosa era la última carta que podía jugar el Estado para evitar llegar a la Corte, y que a su vez el caso fuera ventilado en todo el mundo; es claro que lo que se pretendía con esa propuesta era bajar el perfil a las violaciones graves a derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco”.
El litigante confirma que por decisión de las 11 víctimas acudirán ante la CoIDH en busca de una sentencia contra el Estado mexicano. “El caso de Atenco seguirá en la agenda pública los dos o tres próximos años, depende de la carga de trabajo que tenga, primero la CIDH para procesar el informe de fondo, y después el litigio propiamente”.
Aclara que la negativa de las mujeres a aceptar la solución amistosa no radica en que el actual titular del Ejecutivo fue gobernador del Estado de México y que haya desconfianza.
“Si bien es cierto que Peña Nieto dijo claramente que se asumía como responsable de los hechos de San Salvador Atenco en mayo del año pasado en un acto de campaña en la Universidad Iberoamericana, en la Corte se analiza la responsabilidad de las instituciones del Estado y al Estado mismo como responsables de violaciones a derechos humanos, y no se personalizan los señalamientos”, apunta.
El pasado 11 de mayo, ante reclamos de estudiantes de la Ibero por la represión en Atenco del 3 y 4 de mayo en la que participaron 700 agentes de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 800 policías del Estado de México, y fueron detenidas más de 200 personas, Peña Nieto sostuvo que el operativo fue ordenado “personalmente” por él, “para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”.
De gira por Nueva York y Toronto, en conferencia de prensa el 16 de junio de 2006, según medios de comunicación, Peña Nieto se refirió así a las denuncias por los abusos cometidos en Atenco: “Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres. En el de los hombres, haber sido objeto de abuso y maltrato, porque así lo dicen las normas de esos grupos, o los manuales de los radicales”.
Aun con esa confesión de parte, el abogado Díaz Fernández insiste en que “ha sido el Estado el que ha violado el derecho de acceso a verdad y justicia de las compañeras, no personalizamos, además de que en estos 100 días no vemos señales de un verdadero cambio. La plantilla de la Secretaría de Relaciones Exteriores (dependencia que legalmente litiga los casos) no ha cambiado; permanecen los mismos funcionarios del sexenio anterior y no hay razón para pensar que ahora sí habrá acceso a la justicia”.
Norma Jiménez, otra de las peticionarias, entrevistada en la Ciudad de México, apunta que desde que las 11 mujeres decidieron recurrir al sistema interamericano su propósito “fue llegar a la Corte porque el objetivo es que México reciba una sentencia ejemplar, no sólo para nosotros sino para que lo que nos pasó no vuelva a ocurrir”.
Denuncia que desde que se inició el proceso ante la CIDH, “muchas hemos recibido amenazas, telefónicas o por correo electrónico; buscan intimidarnos”.
Incluso sostiene que durante el sexenio de Felipe Calderón, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores las buscaban para tratar de llegar a acuerdos y desarticular el grupo.
“No han podido con nosotras. Estamos decididas a llegar hasta las últimas consecuencias, que todos los que nos agredieron y que nos obstaculizaron el acceso a la justicia sean castigados, que se llegue hasta donde se tenga que llegar”, dice.
Sin embargo, al igual que su abogado, insiste en que no pretenden personalizar su caso en la figura de Peña Nieto: “Si otro fuera el presidente, hubiéramos hecho lo mismo”.
El infierno
En su testimonio expuesto en la audiencia pública, Bárbara Italia Méndez Moreno narró a los comisionados de la CIDH la pesadilla que significó para ella la tortura sexual a la que fue sometida y la serie de agravios que sufrió, entre ellos el encarcelamiento y procesamiento judicial por un delito que no cometió.
Con voz firme y tranquila refirió: “Cuando subo al vehículo en el que me trasladarían los policías comienza el infierno para mí. Hay un olor a sangre muy penetrante y una pila de personas recostadas sobre el suelo del autobús. Los policías están caminando sobre estas personas y a mí me colocan encima de una pila… los policías comenzaron a meter sus dedos dentro de mi cavidad vaginal, a pellizcar mis pezones, a morderme. Me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado en mi casa a cuidar a mis hijos”.
Durante 20 minutos que duró su exposición, señaló que durante el tiempo que estuvo dentro del camión escuchó gritos de otras mujeres que al igual que ellas eran abusadas sexualmente.
“Es muy fuerte recordar la voz de una mujer que se llama María que gritaba que era de nacionalidad española, que por favor pararan y la dejaran en paz, que le dolía y que no podía respirar porque padecía asma… escuché repetidamente el nombre de Norma Jiménez, una chica que estaba en la misma pila en la que yo me encontraba y le decían que si le gustaba mientras estaban introduciendo cosas en su vagina. Fue realmente espantoso ese momento. No se cuánto tiempo habrá durado.”
La tragedia que inició la mañana del 4 de mayo de 2006 cuando policías federales ingresaron en forma violenta a la vivienda donde Italia se había refugiado junto con compañeros de la fundación Vida Nueva en México, en la que era voluntaria, no terminó con la violencia sexual y los golpes de toletes en su cuerpo hasta descalabrarla. Las humillaciones continuaron en el penal de Santiaguito.
En esa cárcel, médicos legistas le suturaron la herida de la cabeza sin anestesia y le negaron atención ginecológica, en tanto que los agentes del Ministerio Público no quisieron abrir una queja por tortura y abuso sexual ni proporcionarle la asistencia de un abogado.
Méndez Moreno fue procesada por ataques a las vías de comunicación y transporte. Obtuvo su libertad bajo caución el 15 de mayo de 2006 y quedó absuelta en abril de 2008.
De las secuelas de la tortura reveló a los comisionados: “El común denominador en mi vida es el miedo de que esto ocurra de nuevo, que le suceda a otras personas. Dejé de trabajar con niños en vulnerabilidad social, que era parte de mi vida, porque simplemente no puedo lidiar con el sufrimiento de otras personas… me desbordo fácilmente. Ya no sirvo más”.
De los daños en ella y el resto de sus compañeras dijo: “Fuimos expuestas ante el escarnio público, fuimos criminalizadas, fuimos victimizadas y el sello del estigma sigue estando. Dejamos de tener nombre: Italia, Mariana, Norma, y nos convertimos en las violadas de Atenco. El dolor es profundo. Van a cumplirse siete años y el dolor sigue ahí”.
En la audiencia las abogadas de CEJIL y el Centro Prodh, Alejandra Nuño y Stephanie Brewer, detallaron las fallas y omisiones del Estado, y la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia.
Después de que en 2009 la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y la Trata de personas (Fevimtra), declinara su competencia de investigación a favor de la Procuraduría General de Justicia estatal, por considerar que ningún policía federal agredió a las mujeres, hasta ahora de los 2 mil 500 policías que participaron en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, el 17 de mayo de 2012 se libraron órdenes de aprehensión contra tres policías estatales, uno de ellos ya fallecido.
El último escrito entregado por el Estado mexicano a la CIDH está fechado el 25 de octubre de 2011; es decir, fue elaborado por funcionarios del gobierno calderonista y en él se responsabiliza a las peticionarias de “la falta de acceso a la justicia por no denunciar a tiempo”, según señaló Stehanie Brewer en Washington.
Luego de exponer su testimonio, la comisionada Rosa María Ortiz preguntó sobre las expectativas de justicia en México. La activista respondió: “Nosotros no hemos tenido oportunidad. No hemos encontrado en las instituciones del Estado voluntad política para atender este asunto, ni para que haya una investigación imparcial, seria. Hemos hecho todo lo posible para que se haga justicia y ellos no han respondido. En el ámbito federal para nosotros fue una burla que haya declinado la competencia y piensen que vamos a considerar que va a haber justicia en el ámbito local.
“Por eso acudimos a la Comisión Interamericana porque creemos que tenemos esperanza de que haya justicia desde este espacio porque lo que nos han dejado ver las autoridades en México es que no tenemos ninguna esperanza de que haya justicia”, concluyó.
Durante la audiencia pública realizada en Washington, sede del organismo de la OEA, la representación del Estado mexicano encabezada por la expanista Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se topó con la negativa de 11 mujeres agredidas sexualmente durante el operativo de mayo de 2006 para negociar una “solución amistosa”, a fin de evitar una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Ante los comisionados Tracy Robinson, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar, éste relator de la CIDH para México, los representantes del Estado mexicano, los abogados de las víctimas –del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)– y decenas de personas que acudieron a la audiencia, en representación de 11 de las decenas de mujeres ultrajadas el 4 de mayo, Bárbara Italia Méndez Moreno leyó en una carta:
“No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia –máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional–, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de la justicia.”
En esa misiva dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, las 11 mujeres que sostienen el caso identificado con el número 12.486 pidieron el informe de fondo, preludio para iniciar un litigio en el tribunal interamericano.
Momentos antes, Limón expresó “la voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la CIDH”. También aseguró que la administración de Peña Nieto contaba con “un marco jurídico adecuado, en particular con la Ley General de Víctimas, que establece los parámetros para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía”.
En su discurso, Limón se refirió a la conclusión de mayor controversia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco de febrero de 2009, la cual excusó a los altos funcionarios de los abusos perpetrados durante la represión policiaca.
Dijo Limón: “Esas violaciones graves de garantías individuales y de derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes”.
La oferta de la subsecretaria de Gobernación fue apuntalada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Manuel Gómez Robledo, quien informó que de 2006 a 2009 21 casos sometidos a la CIDH se resolvieron por la solución amistosa. Pidió a los comisionados su colaboración para concretar esa vía y “reparar a las víctimas, de conformidad con estándares de los derechos humanos y de conformidad con la Ley General de Víctimas”.
La posibilidad se cerró cuando Bárbara Italia recordó en la lectura de la carta que el Estado “tuvo oportunidad desde el año 2006 de demostrar una voluntad para investigar y sancionar las violaciones alegadas”. El texto enviado a la CIDH el viernes 8 fue firmado por Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Linares, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo y la propia Bárbara Italia.
Disimulo
En México, Andrés Díaz Fernández, miembro del equipo de defensa del Centro Prodh, comenta en entrevista con Proceso: “La solución amistosa era la última carta que podía jugar el Estado para evitar llegar a la Corte, y que a su vez el caso fuera ventilado en todo el mundo; es claro que lo que se pretendía con esa propuesta era bajar el perfil a las violaciones graves a derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco”.
El litigante confirma que por decisión de las 11 víctimas acudirán ante la CoIDH en busca de una sentencia contra el Estado mexicano. “El caso de Atenco seguirá en la agenda pública los dos o tres próximos años, depende de la carga de trabajo que tenga, primero la CIDH para procesar el informe de fondo, y después el litigio propiamente”.
Aclara que la negativa de las mujeres a aceptar la solución amistosa no radica en que el actual titular del Ejecutivo fue gobernador del Estado de México y que haya desconfianza.
“Si bien es cierto que Peña Nieto dijo claramente que se asumía como responsable de los hechos de San Salvador Atenco en mayo del año pasado en un acto de campaña en la Universidad Iberoamericana, en la Corte se analiza la responsabilidad de las instituciones del Estado y al Estado mismo como responsables de violaciones a derechos humanos, y no se personalizan los señalamientos”, apunta.
El pasado 11 de mayo, ante reclamos de estudiantes de la Ibero por la represión en Atenco del 3 y 4 de mayo en la que participaron 700 agentes de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 800 policías del Estado de México, y fueron detenidas más de 200 personas, Peña Nieto sostuvo que el operativo fue ordenado “personalmente” por él, “para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”.
De gira por Nueva York y Toronto, en conferencia de prensa el 16 de junio de 2006, según medios de comunicación, Peña Nieto se refirió así a las denuncias por los abusos cometidos en Atenco: “Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres. En el de los hombres, haber sido objeto de abuso y maltrato, porque así lo dicen las normas de esos grupos, o los manuales de los radicales”.
Aun con esa confesión de parte, el abogado Díaz Fernández insiste en que “ha sido el Estado el que ha violado el derecho de acceso a verdad y justicia de las compañeras, no personalizamos, además de que en estos 100 días no vemos señales de un verdadero cambio. La plantilla de la Secretaría de Relaciones Exteriores (dependencia que legalmente litiga los casos) no ha cambiado; permanecen los mismos funcionarios del sexenio anterior y no hay razón para pensar que ahora sí habrá acceso a la justicia”.
Norma Jiménez, otra de las peticionarias, entrevistada en la Ciudad de México, apunta que desde que las 11 mujeres decidieron recurrir al sistema interamericano su propósito “fue llegar a la Corte porque el objetivo es que México reciba una sentencia ejemplar, no sólo para nosotros sino para que lo que nos pasó no vuelva a ocurrir”.
Denuncia que desde que se inició el proceso ante la CIDH, “muchas hemos recibido amenazas, telefónicas o por correo electrónico; buscan intimidarnos”.
Incluso sostiene que durante el sexenio de Felipe Calderón, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores las buscaban para tratar de llegar a acuerdos y desarticular el grupo.
“No han podido con nosotras. Estamos decididas a llegar hasta las últimas consecuencias, que todos los que nos agredieron y que nos obstaculizaron el acceso a la justicia sean castigados, que se llegue hasta donde se tenga que llegar”, dice.
Sin embargo, al igual que su abogado, insiste en que no pretenden personalizar su caso en la figura de Peña Nieto: “Si otro fuera el presidente, hubiéramos hecho lo mismo”.
El infierno
En su testimonio expuesto en la audiencia pública, Bárbara Italia Méndez Moreno narró a los comisionados de la CIDH la pesadilla que significó para ella la tortura sexual a la que fue sometida y la serie de agravios que sufrió, entre ellos el encarcelamiento y procesamiento judicial por un delito que no cometió.
Con voz firme y tranquila refirió: “Cuando subo al vehículo en el que me trasladarían los policías comienza el infierno para mí. Hay un olor a sangre muy penetrante y una pila de personas recostadas sobre el suelo del autobús. Los policías están caminando sobre estas personas y a mí me colocan encima de una pila… los policías comenzaron a meter sus dedos dentro de mi cavidad vaginal, a pellizcar mis pezones, a morderme. Me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado en mi casa a cuidar a mis hijos”.
Durante 20 minutos que duró su exposición, señaló que durante el tiempo que estuvo dentro del camión escuchó gritos de otras mujeres que al igual que ellas eran abusadas sexualmente.
“Es muy fuerte recordar la voz de una mujer que se llama María que gritaba que era de nacionalidad española, que por favor pararan y la dejaran en paz, que le dolía y que no podía respirar porque padecía asma… escuché repetidamente el nombre de Norma Jiménez, una chica que estaba en la misma pila en la que yo me encontraba y le decían que si le gustaba mientras estaban introduciendo cosas en su vagina. Fue realmente espantoso ese momento. No se cuánto tiempo habrá durado.”
La tragedia que inició la mañana del 4 de mayo de 2006 cuando policías federales ingresaron en forma violenta a la vivienda donde Italia se había refugiado junto con compañeros de la fundación Vida Nueva en México, en la que era voluntaria, no terminó con la violencia sexual y los golpes de toletes en su cuerpo hasta descalabrarla. Las humillaciones continuaron en el penal de Santiaguito.
En esa cárcel, médicos legistas le suturaron la herida de la cabeza sin anestesia y le negaron atención ginecológica, en tanto que los agentes del Ministerio Público no quisieron abrir una queja por tortura y abuso sexual ni proporcionarle la asistencia de un abogado.
Méndez Moreno fue procesada por ataques a las vías de comunicación y transporte. Obtuvo su libertad bajo caución el 15 de mayo de 2006 y quedó absuelta en abril de 2008.
De las secuelas de la tortura reveló a los comisionados: “El común denominador en mi vida es el miedo de que esto ocurra de nuevo, que le suceda a otras personas. Dejé de trabajar con niños en vulnerabilidad social, que era parte de mi vida, porque simplemente no puedo lidiar con el sufrimiento de otras personas… me desbordo fácilmente. Ya no sirvo más”.
De los daños en ella y el resto de sus compañeras dijo: “Fuimos expuestas ante el escarnio público, fuimos criminalizadas, fuimos victimizadas y el sello del estigma sigue estando. Dejamos de tener nombre: Italia, Mariana, Norma, y nos convertimos en las violadas de Atenco. El dolor es profundo. Van a cumplirse siete años y el dolor sigue ahí”.
En la audiencia las abogadas de CEJIL y el Centro Prodh, Alejandra Nuño y Stephanie Brewer, detallaron las fallas y omisiones del Estado, y la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia.
Después de que en 2009 la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y la Trata de personas (Fevimtra), declinara su competencia de investigación a favor de la Procuraduría General de Justicia estatal, por considerar que ningún policía federal agredió a las mujeres, hasta ahora de los 2 mil 500 policías que participaron en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, el 17 de mayo de 2012 se libraron órdenes de aprehensión contra tres policías estatales, uno de ellos ya fallecido.
El último escrito entregado por el Estado mexicano a la CIDH está fechado el 25 de octubre de 2011; es decir, fue elaborado por funcionarios del gobierno calderonista y en él se responsabiliza a las peticionarias de “la falta de acceso a la justicia por no denunciar a tiempo”, según señaló Stehanie Brewer en Washington.
Luego de exponer su testimonio, la comisionada Rosa María Ortiz preguntó sobre las expectativas de justicia en México. La activista respondió: “Nosotros no hemos tenido oportunidad. No hemos encontrado en las instituciones del Estado voluntad política para atender este asunto, ni para que haya una investigación imparcial, seria. Hemos hecho todo lo posible para que se haga justicia y ellos no han respondido. En el ámbito federal para nosotros fue una burla que haya declinado la competencia y piensen que vamos a considerar que va a haber justicia en el ámbito local.
“Por eso acudimos a la Comisión Interamericana porque creemos que tenemos esperanza de que haya justicia desde este espacio porque lo que nos han dejado ver las autoridades en México es que no tenemos ninguna esperanza de que haya justicia”, concluyó.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
