Boletín de Prensa del SME

A todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A los estudiantes, intelectuales, artistas, campesinos e indígenas,
A los periodistas honestos y democráticos,

Al pueblo todo:
El jueves 15 de octubre pasado, en la capital del país y en diversas ciudades de nuestro país, se llevaron a cabo las primeras manifestaciones de rotundo rechazo al ilegal e inconstitucional Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro y de la ocupación policiaca y militar de nuestros centros de trabajo, mandatada por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, titular espurio del ejecutivo federal.
En particular, la realizada en la ciudad de México resulto ser una extraordinaria e impresionante Manifestación, no solo por la cantidad de asistentes sino además por la calidad de los contingentes. Constituida por trabajadores de diversos sindicatos, amas de casa, estudiantes, profesores, campesinos, indígenas, niños de la calle, intelectuales, artistas, jubilados, colonos, y desde luego, por los propios trabajadores afiliados del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus familiares.
Acto ejemplar como pocos, disciplinado en su conducta política y animado por una profunda convicción solidaria, clasista y nacionalista. Dicho acto, demostró que los trabajadores y el pueblo están llegando al límite de su paciencia, que los tiempos de la política neoliberal y del gobierno Calderonista están cercanos a su fin.
La gota que derramo el vaso, fue la agresión en contra de la empresa pública, propiedad colectiva y social de todos los mexicanos: LyFC, y contra el Contrato Colectivo de Trabajo y el Sindicato Mexicano de Electricistas. La agresión de la Oligarquía y su estado contra nuestra Organización Sindical, tiene tras de sí, el propósito de culminar las “reformas estructurales”, la entrega de nuestros Recursos Naturales y el Patrimonio Nacional a las transnacionales. “Combate a la pobreza, modernización, transición democrática”, etc, solo son ejercicios verbales del grupo ultraderechista gobernante, carentes de contenido y vacios de racionalidad social.
Por todo ello, los 67 mil trescientos tres trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, conmovidos y con profunda emoción, agradecemos las muestras de solidaridad para con nuestra Organización y los conminamos a continuar alertas, movilizados y organizados, para encontrar entre todos, los mecanismos más eficaces para enfrentar y derrotar a nuestros enemigos de clase.
Porque sabemos que la unidad sindical y popular en un gran Frente Grande y de Todos, se encuentra cerca, tan cerca como apretemos el paso, los llamamos a redoblar esfuerzos para lograr esa unidad desde abajo; desde los centros de trabajo, de labranza, de estudio, de habitación, de investigación, de enseñanza. Esa unidad si la trabajamos y la logramos será, sin duda alguna, indestructible. Esa es, debe ser, una de nuestras metas inmediatas. Y porque sabemos que la solidaridad es la ternura entre los pueblos, preparemos unidos y organizados las nuevas jornadas históricas que habremos de llevar a cabo, para recuperar a nuestra Patria.

¡Viva la Unidad Obrera Campesina y Popular!
¡Viva la Clase Obrera!
¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!

Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 18 de octubre de 2009
COMITÉ CENTRAL Y COMISIONES AUTÓNOMAS
Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior.

Del valor presidencial... al conficto de las cifras.

http://www.youtube.com/watch?v=-J9Ox33huRg

Del valor presidencial... al conficto de las cifras.

La decisión de Felipe Calderón de liquidar Luz y Fuerza del Centro deja al descubierto los claroscuros del conflicto eléctrico...
Para la mayoría de los ciudadanos, de los contribuyentes y de los usuarios, ya era hora de poner el alto a los privilegios sindicales y al mal servicio.
El presidente actuó y asumió los riesgos. Lo que ninguno de sus antecesores se atrevió a hacer.
Para la mayoría de los sindicalizados, algunos abogados y analistas, las cifras de esta crisis sólo exhiben medias verdades y esconden una intención distinta.
La de integrar el sector eléctrico para facilitar una red nacional de fibra óptica. La plataforma del futuro.
Haz click en el switchpara comenzar...
En este conflicto se pasa de la luz a la sombra...
Del valor presidencial...al conficto de las cifras.

¿Existe alguna posibilidad de que los trabajadores y el sindicato de electricistas le ganen al gobierno en los tribunales?

El gobierno promete canalizar a las familias más pobres del país los 42 mil millones de "pérdidas" que cada año destinaba a la operación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC).

Ellos no formaban parte de la cúpula sindical. Eran trabajadores de Luz y fuerza del Centro que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo.

En una mesa redonda convocada por Reporte Índigo, cinco expertos fiscalistas simplifican la enredada propuesta económica del gobierno de Felipe Calderón.

PARA VER REPORTE ÍNDIGO AQUI.

Ante la desesperacion panista, el chantaje!

Ofrece SE 21 franquicias a ex trabajadores de LyFC

Esta opción laboral está abierta siempre y cuando los empleados hayan finiquitado su relación con Luz y Fuerza del Centro tras recibir su liquidación
La Secretaría de Economía pondrá 21 franquicias a disposición de los trabajadores de la extinta compañía pública Luz y Fuerza del Centro.
Esta opción laboral está abierta siempre y cuando los empleados hayan finiquitado su relación con Luz y Fuerza tras recibir su liquidación, con una compensación entre 80 y 10%, hasta el 14 de noviembre.
"La solución a la ineficiencia de Luz y Fuerza del Centro no puede cancelar las opciones laborales de quienes trabajaban en Luz y Fuerza del Centro", sostuvo el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, en conferencia de prensa conjunta con el titular de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano.
La operación de una franquicia requiere de una inversión entre 100 mil y un millón de pesos, y la "mayoría" de las que serán ofrecidas a los electricistas "pueden no tener nada que ver con el sector eléctrico", tales como un restaurante o una miscelánea, afirmó el titular de Economía. Sin embargo, algunos franquiciatarios podrán operar como contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que brinda el servicio antes otorgado por Luz y Fuerza, precisó Ruiz Mateos.
En tanto, la Secretaría de Economía ofrece desde el miércoles asesoría laboral para los electricistas a través de los Centros Opción. Hasta el viernes estas mesas atendieron a 42% de los trabajadores que recibieron su indemnización.
Los Centros Opción, establecidos en las centrales de liquidación, concentran los servicios de capacitación laboral, los servicios de reconversión laboral ofrecidos por la Secretaría del Trabajo y las alternativas laborales de la Secretaría de Economía a través del fideicomiso México Emprende.

Iniciativa de Ley de Austeridad Republicana.

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AMLO denuncia a 400 empresas

Calderón rompe el orden constitucional

Laura Itzel Castillo
En concreto

Con ese doble discurso que les caracteriza, Calderón y los voceros del régimen de facto han repetido hasta el hartazgo que AMLO no respeta la ley ni las instituciones. Sin embargo, son ellos quienes una y otra vez trasgreden el Estado de derecho y debilitan las instituciones fundamentales de la nación para entregarlas al capital privado y extranjero.
En este contexto de ilegalidad y antinacionalismo se da el decretazo con el que Calderón pretende desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La medida viola nuestra Carta Magna y diversas disposiciones legales.
Primero hay que precisar que LyFC surge por mandato del Congreso a tráves del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece que “las empresas concesionarias entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas… el Ejecutivo dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio…”
Este mandato se cumplió mediante decreto en 1994 y el organismo que se creó fue precisamente LyFC. Es decir, mientras el Congreso no cambie tal disposición, el Ejecutivo carece de facultades para liquidar a la dependencia. Por lo tanto el decretazo es inconstitucional.
Además el artículo 131 dispone que “el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso para… prohibir las importaciones… a fin de regular… la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país”. Uno de los argumentos de Calderón en los que basó su decisión es que LFC “ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Es decir, reconoce que es un tema de trascendencia nacional, por lo tanto debió mediar autorización del Congreso.
También, el “Presidente del empleo” (pero de la fuerza pública) viola el la fracción XI constitucional que mandata que “el Congreso tiene la facultad de… crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones”. Los más de 60 mil trabajadores de LyFC, entre activos y pensionados, son empleados del sector público federal, entonces Felipillo carece de atribuciones para echarlos a la calle.
Por si fuera poco, Calderón también trasgredió los artículos 14 y 16 de la máxima norma que regulan los principios de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y derecho de defensa de los trabajadores. Es decir, el decretazo se dio sin que a los empleados se les diera la oportunidad de haber sido oídos en juicio por la autoridad correspondiente, lo cual es un derecho jurídico fundamental de cualquier ciudadano mexicano.
Faltan muchos capítulos por escribirse en esta historia. Estamos seguros que el espíritu de lucha de los electricistas, la solidaridad de sindicatos, organizaciones, partidos de izquierda y de la sociedad en general frenarán este nuevo intento privatizador del espurio y su pandilla. Hoy, no hay lugar para diferencias y matices. Salgamos todos a defender a la patria y a exigir que se restablezca el orden constitucional de México.

Rusia abre la llave de su gas a China

Bajo la Lupa

Bienvenida al primer ministro ruso, Vladimir Putin (izquierda), por su par chino, Wen Jiabao, el miércoles pasado en Pekín.

Alfredo Jalife-Rahme

La mayor joya geoestratégica a inicios del siglo XXI la constituyen los hidrocarburos.
Independientemente de lo que “piense” en México su kakistocracia (“el gobierno de los peores”) zedillista-foxiana-calderonista, al unísono de la colusión del sector neoliberal del PRI, los entreguistas del PAN y los desviacionistas del PRD, tanto Rusia como China han definido, por necesidad imperiosa, que los hidrocarburos representan la principal carta geoestratégica en las relaciones internacionales contemporáneas.
Un reciente reporte del Pentágono reconoce la dualidad estructural y coyuntural de China, que ha definido su doble abordaje geoestratégico tanto en la necesidad de obtener petróleo en cualquier rincón del planeta como en su posicionamiento en la seguridad cibernética.
Mientras el “México neoliberal” se quedó paralizado en el caduco orden unipolar financierista del putrefacto dolarcentrismo, Rusia y China construyen magistralmente el edificio del nuevo orden multipolar menos financierista, al unísono del soporte nuclear-satelital, cuya piedra de toque lo representan las materias primas, primordialmente el oro negro y el oro amarillo para desbancar al dólar unipolar.
Asistimos al deceso del dólar unipolar que le propinó el oro negro multipolar desde la primavera de 2004, cuando se supo que la dupla anglosajona de Estados Unidos y Gran Bretaña, eminentemente financierista, no podía controlar los pletóricos yacimientos petroleros de Irak gracias a las hazañas de la “guerra asimétrica” de la insurgencia sunnita.
Fenece la alquimia financierista sustentada en el papel-chatarra del dólar unipolar y el hiperbelicismo anglosajón, y retorna la química pura de las materias primas, como adelantamos en nuestro libro agotado El fin de una era: las turbulencias de la globalización (Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2007).
Cabe destacar la relevante visita del zar energético (y enérgico), Vlady Putin, a China, donde firmó “un acuerdo marco” sobre el abastecimiento de gas natural proveniente tanto del occidente de Siberia como de los yacimientos marítimos de Sajalín.
Una serie de acuerdos fueron firmados entre el zar energético ruso y su homólogo chino, Wen Jiabao, que incluyen la cooperación de Gazprom, el gigante gasero ruso, y la empresa estatal Corporación Nacional China de Petróleo (CNPC, por sus siglas en inglés) con el fin de surtir 70 mil millones de metros cúbicos de gas al año a China, más sedienta en energía que nunca (RIA Novosti, 14/10/09).
Durante los tres días de su visita a China, Putin asistió a la reunión del Grupo de Shanghai (SCO, por sus siglas en inglés) donde emergió la propuesta de crear “un foro energético”.
A Pepe Escobar –estudioso de los juegos de guerra petroleros y gaseros de la dupla anglosajona de Estados Unidos y Gran Bretaña en Asia Central–, no se le escapó la trascendencia de la vista a China de Putin, a quien define como “el gran maestro del ajedrez” geopolítico (Asia Times, 17/10/04).
A juicio de Escobar, el zar energético ruso no perdió su tiempo en recibir a Hillary Clinton en su visita a Moscú (abandonada a su suerte protocolaria), y optó por su más creativo periplo a China para cerrar acuerdos energéticos de primer nivel geoestratégico.
Es más que notorio que Rusia, ya no se diga los otros visionarios integrantes del BRIC, juega a la decadencia ineluctable de Estados Unidos y se apresta a llenar el vacío geopolítico de Washington en diversos rincones del planeta.
Hace poco, el feroz Dimitri Rogozine, embajador de Rusia ante la OTAN, se dio el lujo de enviar mensajes por Twitter de que Rusia contabiliza ya la derrota catastrófica estadunidense en Afganistán.
Quizá Pepe Escobar sea un poco injusto con Hillary, quien, a juicio del muy juicioso portal europeo De Defensa (14/10/09), obtuvo excelentes resultados de cooperación con su homólogo Sergei Lavrov, a grado tal que aceptó posponer las sanciones contra Irán, lo cual puso en ascuas a toda la propaganda del sionismo financiero-mediático en Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, que no se cansan en desinformar y Escobar tilda de “usual campaña de demonización contra Irán”.
En efecto, no puede existir peor “demonización” que cuando Mefistófeles se disfraza de conductor de televisión o comentarista de radio. Brinquen, pataleen o se flagelen, los vulgares desinformadores a sueldo del sionismo financiero-mediático difícilmente podrán alterar los objetivos geoestratégicos de Rusia y China, quienes no desean imponer mayores sanciones a Irán: la segunda potencia gasera del mundo y la segunda productora de petróleo en el seno de la OPEP.
Escobar no se anda por las ramas y define el juego del zar energético ruso, quien mueve sus oleogasoductos como piezas del tablero de ajedrez geopolítico centroasiático, donde “China es un mercado colosal (sic)” y “la diversificación del abastecimiento constituye una importante dirección de Gazprom” (Putin dixit).
Para Rusia y China los oleogasoductos representan el sistema arterial del corazón energético euroasiático, por lo que de ahora en adelante se consagrarán con operaciones conjuntas –en una “cooperación estratégica” de Gazprom con Pekín– a distribuir el maná de los hidrocarburos a los cuatro puntos cardinales del lejano oriente (que incluye la construcción de refinerías y hasta de 500 gasolineras).
La sinergia es perfecta para cerrar el círculo virtuoso del binomio banca-energéticos –cuya ecuación expusimos en Los cinco precios del petróleo (Ed. Cadmo & Europa, Buenos Aires, 2006) y refrendamos en La desnacionalización de Pemex (Ed. Jorale, 2009): inversiones chinas para explorar y distribuir los hidrocarburos rusos con el fin de perpetuar el crecimiento geoeconómico del noreste de Asia.
A tal gran diseño geoestratégico euroasiático se le conoce como “Red de Seguridad Energética de Asia” y uno de sus puntales es lo que los rusos denominan “Programa Gasero Oriental”.
A escala geopolítica, a juicio de Escobar, “el pedacito más jugoso (sic)” consiste en que “Gazprom desea comprometer a China casi la mitad (¡supersic!) del gas que hoy exporta a Europa occidental”, mientras “China concluye su gasoducto con Turkmenistán”.
China recibe 4 millones de barriles de petróleo al día y todavía no importa gas: una necesidad imperativa que Rusia conoce.
Se asienta así la complementariedad bancaria y gasera entre Rusia y China, por cierto, fustigada por Alexander Lukin, director del Centro del Este de Asia y de Estudios del SCO en la Universidad Estatal de Moscú: “Rusia se convertirá en un apéndice de China, como se ha convertido para Europa”.
Lukin exagera al soslayar que Rusia, que acaba de resucitar del cementerio neoliberal al que la condujo Yeltsin, es todavía una superpotencia tecnológica y pronto deberá operar su esperada gran reconversión integral que contemple el valor agregado de su alta tecnología y el lanzamiento de un sector bancario eficiente y menos dependiente de las finanzas del hoy moribundo G-7.

El golpe de Calderón al SME, para acabar de entregar la industria eléctrica: Bartlett

*Llama a apoyar a los trabajadores; podría aplicar a otros gremios el mismo método fascista
*Desde su paso por la Secretaría de Energía incurrió en “serias irregularidades” para abrir el sector
“Calderón quiere acabar a toda costa con el SME porque le estorba en la ambición de quedarse con el gran negocio eléctrico”: Manuel Bartlett Díaz

Andrea Becerril

Felipe Calderón aplicó un “golpe de Estado” contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para eliminar el principal obstáculo que se interpuso a su decisión de culminar la ilegal privatización de la industria eléctrica, “empeño en el que no ceja desde que fue secretario de Energía”, denunció Manuel Bartlett Díaz.
El político priísta recalcó que “a pesar de la debilidad extrema de su gobierno, Calderón quiere acabar a toda costa con el SME porque le estorba en la ambición de quedarse con el gran negocio eléctrico, que incluye además servicios adicionales de telecomunicaciones, a través de la red de fibra óptica”.
Bartlett llamó a los mexicanos a respaldar la lucha de los trabajadores del SME porque la misma práctica “fascista y autoritaria” puede repetirse en otros gremios o sectores. Incluso, el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe “parar las orejas”, porque ellos también están en riesgo, ya que la pretensión es acabar con las dos empresas públicas.
La campaña sucia desplegada contra los electricistas en la mayoría de los medios de comunicación parte de las mentiras y falsedades del gobierno federal. “Desaparecer una empresa pública con el argumento de que es ineficiente y onerosa debe llevar a que se finquen responsabilidades a los funcionarios que la han administrado, a los jefes de sector, como el propio Calderón, ¡no a satanizar a los trabajadores!”
Recordó la batalla jurídica que ha dado en los últimos nueve años contra los gobiernos del PAN para frenar la entrega del servicio de electricidad a empresas privadas, la mayoría extranjeras, y las “maniobras de Calderón, el fallecido Juan Camilo Mouriño y el dirigente panista, César Nava, para evadir sus responsabilidades, ya que “en su paso por la Secretaría de Energía incurrieron en serias irregularidades”.
Secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, ex gobernador de Puebla y ex legislador, explicó que en 2001 promovió que el Senado interpusiera una controversia constitucional contra el entonces presidente Vicente Fox por emitir un reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitía abrir por completo el sector eléctrico a particulares.
Es una ley, detalló, creada por Carlos Salinas de Gortari para ese mismo fin, pero Fox intentó, a través de una reglamentación secundaria, eliminar lo que les impidiera dar la electricidad a consorcios foráneos. “Ganamos la controversia, la Suprema Corte consideró anticonstitucional ese decreto, pero aun con la resolución, el entonces presidente y su secretario de Energía, Calderón, continuaron dando permisos de generación”.

Bartlett destacó que en los sexenios de Fox y el actual se multiplicaron las empresas extranjeras y otras constituidas por políticos ligados a Salinas de Gortari y a panistas, que producen energía eléctrica y se la venden a CFE “a precios muy altos”. Más de 40 por ciento de la industria está ya en manos privadas, y quieren seguir así hasta llegar al ciento por ciento y cumplir los mandatos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Unión Europea.
Se ha mencionado, dijo, a José Córdoba Montoya, “el cerebro de Salinas de Gortari”, como uno de los beneficiados con la privatización, pero también han salido a relucir ex funcionarios de Fox que quieren entrar en el negocio de la fibra óptica de Luz y Fuerza. En ese contexto está también el director de CFE, Alfredo Elías Ayub, quien “cínicamente ha sido el promotor de ese proceso”.
“En ello les estorba el SME, un sindicato nacionalista, informado sobre su fuente de empleo, que reclama siempre el respeto de la ley y que nunca va a aceptar un régimen eléctrico totalmente privatizado”.
Insistió en que no se debe dejar solos a los trabajadores del SME, luego de ese “golpe de Estado” en que se utilizó todo el aparato gubernamental en su contra. Además, señaló, las presiones crecen día a día. El pasado viernes, “en el colmo de la desvergüenza”, Calderón sostuvo que por culpa de Luz y Fuerza no se generaron 100 mil empleos en la zona centro, cuando la responsabilidad es de los gobiernos, incluido el suyo, que no invirtieron para modernizar la empresa y la obligaron a comprar la electricidad a CFE a un precio muy superior al que luego debían venderla”.
Es un golpe a toda la sociedad, ya que se elimina una empresa pública y se manda a la calle a 42 mil electricistas “alta- mente capacitados”.
Con el ataque al SME, el gobierno federal, “que está en un momento de profunda debilidad, con el crimen organizado adueñándose del país y la economía que no levanta, perdió ya el control de la gobernabilidad”, advirtió.

La nación y el estado de derecho agredidos

Arnaldo Córdova

Cuando el año pasado se discutieron las reformas que en materia de petróleo quiso imponer el gobierno panista, muchos indicaron que el asunto de la energía debía discutirse en su conjunto, pues, como puede verse ahora, en todas sus ramas (petróleo, gas, electricidad) había intentos claros y confesos de subvertir el orden constitucional en la materia. Ya se estaba haciendo con el gas y con la electricidad. Una riqueza nacional que la Carta Magna ordena que sea explotada, desarrollada y puesta al servicio de las necesidades generales, se estaba convirtiendo por obra del gobierno derechista en objeto del más desvergonzado y cínico saqueo por privados, autorizados y hasta asesorados por los mismos gobernantes.
El golpe del gobierno de Calderón a Luz y Fuerza del Centro y al Sindicato Mexicano de Electricistas viene a poner al descubierto toda la podredumbre y toda la corrupción que envuelven sus acciones en contra de la industria nacional y sus mismas empresas, que el Estado debería promover y proteger para que lleven a cabo los objetivos que les asigna la Constitución. En ese acto del gobierno panista se dan violaciones múltiples a la Carta Magna y a sus leyes y sólo se alegan razones de orden económico y administrativo que son ajenas a la legalidad en todos sus pasos.
Ya en lo que respecta a la conducción de la economía y de la administración pública, el decreto de Calderón, que es un adefesio jurídico desde cualquier punto que se le vea, viola los artículos 27 (ya venía siendo reiteradamente violado desde la época de Salinas), 73, 89 y 90 constitucionales. El golpe contra el sindicato ofrece también violaciones, en primer lugar, a los artículos 123 (protector de las relaciones de trabajo), 14 y 16 de la Carta Magna. Aparte de ello, varias leyes han sido, asimismo, violadas flagrantemente, entre ellas la del Servicio Público de Energía y la Federal del Trabajo.
Iré por partes, porque en una sola entrega sería imposible tratarlo todo. Veamos ahora los artículos constitucionales violados, por lo menos en parte.
Calderón funda su decreto, de hecho, en una sola disposición, la que se contiene en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que dicta que cuando un organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento sea inconveniente, la Secretaría de Hacienda propondrá al Ejecutivo la disolución, liquidación o extinción del mismo. Según su interpretación, él puede organizar y desorganizar cuantos organismos le vengan en gana. Así comienza diciéndolo en su decreto y está equivocado, porque esos organismos se crean por ley del Congreso y él sólo debe ver por su buen funcionamiento.
En el artículo anterior, el 15, se habla de leyes o decretos del Legislativo y del Ejecutivo. El segundo sólo puede expedir reglamentos, no leyes. Y en el artículo 90 constitucional se señala con toda claridad que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, el cual distribuirá los negocios del orden administrativo que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación (y en su extinción). La fracción primera del 89, que determina las facultades del Ejecutivo, establece la de “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa (¡ojo!) a su exacta observancia”.
Hay que tener presente, además, lo que dicta la fracción X del artículo 73 que establece las facultades del Congreso: “Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123”. El presidente, y él debería saberlo, con los organismos descentralizados y, en particular, con los que se denominan paraestatales, no puede hacer lo que se le antoje sin antes iniciar una ley ante el Congreso que se lo permita. Le pareció que no valía la pena y pisoteó la Constitución y sus leyes.
En su decreto, cita varios artículos constitucionales y legales que viola flagrantemente. En cualquier caso resultaría paradójico, pero no en el suyo. Por supuesto, menciona el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (reformado en diciembre de 1989), en el cual se estipula que las compañías concesionadas antes a privados entrarán en disolución y liquidación y el Ejecutivo federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios para prestar el servicio. Ese organismo era, desde el periodo de Salinas, Luz y Fuerza del Centro. Claro que fue creado por decreto presidencial, pero con apoyo en una ley. No es verdad que de esa manera, por decreto, un presidente pueda crear o desaparecer organismos.
Para hacerlo, en cualquier caso y visto lo dispuesto por los artículos constitucionales que hemos citado, Calderón debió haber solicitado del Congreso la reforma de ese artículo o de cualquier otro de la mencionada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que le permitiera disolver, liquidar o extinguir Luz y Fuerza del Centro. No sé de dónde sacó el senador Beltrones que el decreto está apegado a derecho. O no sabe derecho (cosa que es cierta, de cualquier forma) o nos está ocultando alguna trama inconfesable (algo a lo que también nos tiene muy acostumbrados).
Que los presidentes panistas hayan gobernado este país violando la Constitución y sus leyes no debería extrañarnos. Y menos aún la alcahuetería desvergonzada de los priístas. Estos no le perdonarán al SME haber sido el único sindicato independiente y de verdad combativo que sobrevivió, desde su fundación en 1914, al autoritarismo priísta. Al senador Labastida, que siendo secretario de Energía nunca supo qué hacer con LFC, le parece que la paraestatal era un lastre que debió haber sido liquidada desde mucho antes y, entre los priístas, es el que lleva la voz cantante y está en todo con los panistas. Ahora veremos con qué batea de babas nos salen esos priístas en sus componendas con el PAN.
Todos dan por decidido el asunto. Se equivocan por partida doble: la ciudadanía todavía tiene voz que hacer oír como el pasado jueves por la tarde y, además, hay violaciones a nuestro orden constitucional y jurídico tan burdas y desvergonzadas que no se pueden dejar pasar si queremos vivir en un estado de derecho.

Alerta!!!

DF, México — Greenpeace pide a la ciudadanía que llame a la residencia oficial de Los Pinos y use las redes sociales para exigir que el gobierno revierta este error histórico y no cometa más agravios a nuestra soberanía alimentaria.
Transgénicos ni maíz
El gobierno mexicano aprobó las dos primeras autorizaciones para llevar a cabo siembras experimentales de maíz transgénico en territorio nacional. Greenpeace continúa su fonoacción para exigirle a Felipe Calderón que revierta esta decisión y no apruebe el resto de las solicitudes de siembra.
¡Llámale a Felipe! Marca a cualquier hora del día, para dar un mensaje que manifieste tu desagrado y agravio como mexican@ y exige que se revierta y proteja nuestro grano básico.
Para llamar, desde el DF marca el 5523-8939 y desde el interior sin costo al 01800-836-5480 (cuando entra la grabadora marca 4 y de las opciones que brinda la contestadora, después marca 0, y luego 1).
Hay atención personal de lunes a viernes, de 9 a 17 hrs. y luego de ese horario y días responderá una grabación, en la que también es posible dejar el mensaje.

Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC

Claudia Sheinbaum Pardo

Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.
1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.
En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.
2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.
Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.
3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los “privilegios” de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.
4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.
5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.

Gerardo Fernandez Noroña Jovenes Baleados En Morelia Michoacan Por Estado Mayor Presidencial

http://www.youtube.com/watch?v=pSLsM9y3Jqg


http://www.youtube.com/watch?v=fRzz7jvwvfA


http://www.youtube.com/watch?v=rjNlyexRyAI

No a la privatización de la energía eléctrica

Del Ciudadano de la IV República



http://www.youtube.com/watch?v=RTixp_bhPx4

Sindicatos buenos y sindicatos malos

Laura Bolaños

¿Por qué cayó La Quina, si se mantuvo tantos años como el predilecto de los gobiernos priístas? Al frente de la principal industria nacional, era un pilar del sistema. Nadie ignoraba la inmensa corrupción, el autoritarismo, las arbitrariedades, venta de plazas, abusos con los contratos que le concesionaba el gobierno. PEMEX era un verdadero feudo bajo el poder omnímodo del sindicato. El exceso de plazas se comía una buena parte del presupuesto, ya que no sólo los líderes y sus cuates metían a quien les daba la gana, además de los numerosos aviadores, sino que allá iban a dar cantidades ilimitadas de recomendados oficiales.

Sueldos elevados y magníficas prestaciones cargaban sobre la paraestatal, además de ser caja chica del gobierno y tapahoyos fiscales. No hay espacio para hablar de todas las canalladas que corroían a la empresa petrolera... perfectamente conocidas y consentidas por los gobiernos del PRI, uno tras otro. Joaquín Hernández Galicia, La Quina, era un virrey todopoderoso, aliado y parte del sistema. Pero tenía un defecto que con el tiempo y los cambios de rumbo oficiales se presentó como obstáculo grave que urgía eliminar: era nacionalista. Cuando PEMEX estuvo en la mira del neoliberalismo, La Quina, se convirtió en un estorbo. Salinas de Gortari lo tumbó ocupando la plaza con el Ejército.
Los sucesores en el sindicato de la petrolera son igual de corruptos, atrabiliarios, autoritarios y etc. que el defenestrado, pero son serviles colaboradores del gobierno. ¿Acaso dijeron una palabra cuando se jugaba el destino de PEMEX con la continuación descarada de la privatización? Fue por lo menos curioso que durante todo el tiempo que duraron las discusiones, el sindicato no dijera una sola palabra.
Romero Deschamps, el actual dirigente del sindicato petrolero, no es menos corrupto que La Quina, y han quedado bien documentadas y archiconocidas algunas de sus incontables pillerías; no obstante se lleva de pellizco y nalgada con los presidentes. No hay ni que aclarar porqué.
La miss Elba Esther no tiene nada qué pedirles a los más corruptos de los líderes oficialistas. Al deshacerse de aquel famoso “líder moral” del sindicato de maestros, Jonguitud Barrios -que fue quien la impulsó-, Salinas de Gortari la impuso descaradamente como secretaria general, y resultó no igualita de corrupta y arbitraria que su maestro, sino que lo supera con creces. Y es la consentida de Felipe Calderón.
Si uno se pregunta la causa del golpe y disolución de Luz y Fuerza del Centro, puestas las premisas, sacar la conclusión es fácil. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), último sindicato independiente fuerte que quedaba, era un estorbo para la privatización de la electricidad, que ya comenzó con las concesiones para explotar la red de fibra óptica, lo nuevo en este terreno. Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, dos ex secretarios de Energía con Vicente Fox, están entre los favorecidos. La empresa WL Comunicaciones ya hasta obtuvo “descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red”, y todavía no empieza a operar. No es necesario usar la palabra privatización, simplemente se niega, pero se hace.
Todas las acusaciones de corrupción, ineficacia, privilegios excesivos, etc., que se están haciendo al SME, y más, pueden hacerse a los sindicatos de PEMEX, SNTE, IMSS, etc., pero están absueltos desde antes de cometer los pecados y pueden cometerlos impunemente mientras mantengan su papel de corifeos del gobierno. Los que tengan la osadía de oponérsele ya pueden ir echando sus barbas en remojo.

¿Y yo por qué?
Más o menos fue la primera reacción de Obama cuando le telefonearon avisándole que la Academia Sueca le había otorgado el Nobel de la Paz. Los afganos preguntan lo mismo, pues el flamante presidente de los EU premiado con ese galardón, ha declarado que enviará mayor número de tropas a su desgraciado país.
Espérense tantito, dicen los ingenuos de siempre. Con eso lo van a comprometer. El señor está más comprometido con las grandes empresas estadunidenses para las que la guerra es el negocio óptimo. Este premio les da armas a sus enemigos internos que juegan a aterrorizar al pueblo de los EU diciendo que el Nobel de la paz se lo dan a los pacifistas que son todos izquierdistas. Sí, se lo han dado a tipos tan izquierdistas y pacifistas como Kissinger y a intervencionistas como Teodoro Roosevelt y Woodrow Wilson, pero una gran parte de los estadunidenses que no son ni siquiera derechistas son en extremo manipulables, más o menos como la gente de aquí que se tragó lo del “peligro para México”. Y esto presiona al presidente Obama para que obre en sentido contrario a lo que pueda presentarlo como afín a corrientes de izquierda o que lo parezcan. No es de dudarse que el mandatario estadunidense tenga buenas intenciones pero el Nobel se otorga a una obra -aunque a veces sea obra como la de los arriba mencionados-, no a intenciones. Hay palabras más fuertes que “lambiscones” para definir la actitud de los muy respetables miembros de la Academia Sueca otorgadora de la distinción.
El que dijo la mejor frase respecto al galardón fue el cineasta estadunidense Michael Moore: Felicidades por el premio. Ahora, gáneselo.

Encuentro de movimientos sociales, pueblos indígenas y mandatarios del ALBA

Va este fragmento de lo que fue el festejo del ALBA al terminar la Cumbre y cuando habló Hugo Chávez, otro mundo...



http://www.youtube.com/watch?v=ZXsnnUGKnPM

Boletín de Prensa del SME

A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
Al pueblo de México
A los medios de comunicación

ACUSACIONES INFUNDADAS DE PEÑA NIETO

Repitiendo el modus operandi del mal llamado Secretario del Trabajo y Previsión Social y prestándose para realizar el trabajo sucio del Gobierno Federal, el Gobernador del Estado de México: Enrique Peña Nieto, realizó el día de 15 de octubre, temerarias acusaciones en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), diciendo a los medios de comunicación que responsabiliza a los trabajadores agremiados a nuestra organización, “de actos de sabotaje que han derivado en falta de energía eléctrica en diversas zonas del Estado de México”.

Esta acusación refleja el odio y la sed de venganza de miembros de la clase política, que como Peña Nieto pretenden justificar el decreto ilegal de Calderón, por medio del cual pretenden extinguir a Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Es necesario precisarle a Peña Nieto que de acuerdo al Código Penal Federal que nos rige, el Sabotaje se tipifica como “… al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.”

Los agremiados al SME, estamos en lucha de resistencia en contra del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro que expidió Calderón, y hemos respondido a esto en el marco del derecho y de la ley con acciones de movilización, realizando nuestras exigencias y peticiones de manera pacífica, nos hemos reunido y movilizado, en ejercicio de los artículos 8ª y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El SME, es el primero en defender las instalaciones y el servicio que ha brindado LyFC.

Le recordamos a Peña Nieto, que incluso en el pasado cuando hemos emplazado a Huelga al Gobierno Federal, lo primero que garantizamos es la continuidad en los servicios de emergencia, como hospitales, escuelas, mercados, bombeo de agua potable y aguas negras, etc., debido a que somos trabajadores que queremos a esta empresa. Lo que sucede en realidad, es que nos hemos convertido en un estorbo para el gobierno federal, porque no hemos permitido que el sector eléctrico sea privatizad y entregado al capital privado.

Por más que quieran ocultar la realidad, ha quedado evidenciado que las aseveraciones de Alfredo Elías Ayub, Director General de Comisión Federal de Electricidad, de garantizar la continuidad del servicio eléctrico son falsas, en virtud de las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica, en los estados de México, Hidalgo, Morelos y Puebla. Este colapso del suministro fue anticipado por nuestra Organización Sindical, en virtud de lo complejo que es operar el sistema eléctrico en la zona centro del país, amén de conocer la manifiesta incapacidad para administrar el Sector Eléctrico de dicho Director.

Así como anticipamos estos disturbios, queremos anticipar que las declaraciones de Peña Nieto esconden los planes del Gobierno Federal, de preparar el terreno para justificar una virtual represión al Sindicato Mexicano de Electricistas y al movimiento popular, que rechaza esta inconstitucional decreto de un personaje que como Calderón tiene planeado entregar la Industria Eléctrica a los empresarios, para que estos hagan un fabuloso negocio.

Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México, D.F., a 17 de Octubre de 2009

Fernando Amezcua Castillo

Secretaría del Exterior

Con Bush o con Obama los planes de Estados Unidos siguen invariables

Por Orsetta Bellani*

Los imperios que se han sucedido en el transcurso de la historia humana nos enseñan que militarizar un territorio significa no sólo garantizarse el dominio político sobre aquella región, sino también ganarse la gestión de sus recursos naturales.

A partir del principio del nuevo milenio el imperio estadounidense ha ideado una nueva estrategia para imponer su control sobre el "patio trasero" latinoamericano, saciando simultáneamente los intereses económicos de las grandes empresas y los planes expansionistas de su élite política. Este plan permite la militarización directa de un territorio sin los cotidianos derramamientos de sangre que ocurren en Irak y Afganistán, los que causan a los Estados Unidos aburridas polémicas internacionales y severos daños de imagen. La militarización hoy es llevada adelante sea por costosas y sangrientas guerras, sea por la limpia redacción de tratados de cooperación bilateral.

Para estipular un tratado de este tipo - que, además del envío de equipos militares y el despliegue de soldados a lo largo de las calles de todo el país, implica la presencia de contingentes extranjeros dentro de los mismos confines nacionales - es necesaria la presencia de una amenaza suficientemente espantosa para motivar frente a la opinión pública una medida de este tipo, así abiertamente injuriosa del principio de soberanía nacional tan querido en el derecho internacional.

El "enemigo interior" que amenaza el área incluida entre la frontera meridional de los Estados Unidos y aquella meridional colombiana se ha encontrado en el narcotráfico. La elección encuentra su legitimación en la guerra entre bandas atadas al narcotráfico que está ensangrentando las calles de toda la región: en México en el 2008 se registró un número de ejecuciones seis veces superior con respecto al promedio de lo que se registra durante una guerra civil.

El narcotráfico crea además un problema de seguridad interna a los Estados Unidos bastante grave al permitir al gobierno justificar a la opinión pública estadounidense inversiones de miles de millones de dólares a favor de ejércitos y cuerpos de policía extranjeros. El temor de que las guerras entre los carteles atados al narcotráfico puedan superar la frontera sur es en efecto muy fuerte (1), y el daño social que el consumo de drogas está creando en los Estados Unidos - primer mercado mundial en el consumo de estupefacientes - es indudablemente preocupante.

Es evidente que un tratado de este tipo - perfecto ejemplo del "smart power" estadounidense particularmente en boga a partir de la llegada a la Casa Blanca del diplomático Obama - puede ser celebrado sólo con un gobierno amigo. Por esto los Estados Unidos han elegido a dos confiables aliados latinoamericanos: la Colombia del fiel Uribe y el México del amigo Calderón.

Plan Colombia: ¿filantropía estadounidense o protección de los intereses del imperio?

El Plan Colombia es un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos elaborado a fines de los años `90 y promovido por sus defensores como una herramienta capaz de incidir en las causas estructurales del narcotráfico. El plan no prevé en realidad una estrategia capaz de reducir la demanda de droga: el 80% de los 550 millones de dólares que recibe anualmente de los Estados Unidos es dedicado al sector militar.

Con motivo de los éxitos continuos que las guerrillas colombianas registraban a costa del ejército regular a fines de los `90, el comandante del ejército estadounidense Charles Wilhem declaró que si no se hacía algo para cambiar la situación, las FARC ganarían la guerra (2). La crisis que el ejército colombiano registró en aquellos años fue un pretexto que permitió a los Estados Unidos asegurarse la injerencia en el país: la superpotencia decidió en efecto "cooperar" con el ejército colombiano facilitándole equipo militar y el adiestramiento de miles de militares en operaciones antinarcos, antiterrorismo y antisecuestro.

Más que un plan de contrainsurgencia o lucha contra el narcotráfico, el Plan Colombia es una manera de garantizar la presencia militar en un país sumamente estratégico. A partir de la aprobación del Plan Marshall, los EEUU se aseguraron varias veces sus intereses en una determinada área del planeta por actos aparentemente filantrópicos como la donación de ayudas. Una "donación" tan ingente a favor de un país no puede en efecto ser desinteresada.

La ley estadounidense que aprobó el apoyo financiero al Plan Colombia, a la vez que declara que su objetivo es "reducir las causas de la violencia, de modo progresivo y sistemático, reforzando la participación civil y la conciencia colectiva", prevé la necesidad de "insistir para que el gobierno colombiano complete las reformas urgentes de apertura total de su economía para las inversiones y el comercio extranjero, en particular para la industria petrolífera". Abrir la economía colombiana significa permitir que las grandes empresas estadounidenses inviertan en el país, y exploten los ricos recursos naturales de Colombia.

Gracias al Plan Colombia los Estados Unidos logran tener presencia militar directa en el país: el programa prevé en efecto que EEUU pueda enviar a Colombia hasta 500 militares y 300 civiles, y que los ejércitos de los dos países puedan realizar operativos conjuntos. En el 2007 fueron desclasificados documentos del Departamento de Estado estadounidense que revelan que la mitad de los fondos destinados al Plan Colombia se destinaron a 31 contratistas privados estadounidenses.

Estas empresas obran como mercenarios dentro del país, adiestrando y maniobrando la Policía Nacional colombiana, las fuerzas armadas y hasta los servicios secretos(3): de este modo los Estados Unidos pueden manipular las fuerzas de seguridad colombianas, a la vez que impulsan más pedidos para su industria bélica. Por lo tanto el dinero del Plan Colombia, aunque destinado a los cuerpos de seguridad colombianos, de hecho no sale de los Estados Unidos.

A mediados de 2009 se anunció la negociación de un nuevo acuerdo entre el gobierno estadounidense y el colombiano. El acuerdo contempla un aumento de las actividades militares de Washington en Colombia a fin de realizar operativos de contrainsurgencia, a pesar de que Uribe sigue insistiendo que las FARC pronto colapsarán (4). Unos 800 soldados estadounidenses y 600 civiles ligados a actividades de tipo militar podrán ser trasladados a siete diferentes bases del país suramericano.

Los gobiernos latinoamericanos - a excepción de Perú y México que apoyan la iniciativa y de Chile y Paraguay que han adoptado una posición neutral - han condenado enérgicamente el plan de militarización estadounidense, el cual podrá tener consecuencias desestabilizadoras en una región donde la tensión ya es muy alta, en particular a causa del bombardeo de un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano de parte de Bogotá.

Plan México: retórica sobre los derechos humanos y control de los movimientos sociales.

El Plan México, o Iniciativa Mérida, ha sido presentado como un acuerdo que prevé inversiones de parte de los Estados Unidos en México y en los países centroamericanos. A Centroamérica se destinan hasta ahora 170 millones de dólares, y a México unos 700 millones para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Los fondos son para consolidar las fuerzas de seguridad -mexicanas y centroamericanas- mediante la entrega de grandes cantidades de armamentos y de programas de adiestramiento.

A causa de las numerosas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas, el Congreso estadounidense expresó el temor que un refuerzo suyo pudiera producir más episodios de violencia. El primer borrador del proyecto de ley para financiar el Plan México estipuló que los Estados Unidos podrían condicionar la erogación de una parte de los fondos a la certificación del Departamento de Estado de que las fuerzas de seguridad mexicanas están respetando los derechos humanos. Montados en una inverosímil cólera nacionalista por el empleo del término "certificación", el Congreso y el gobierno mexicano rechazaron el proyecto de ley. Con una simple modificación de lenguaje, demostrando que el problema era principalmente de tipo semántico, el Congreso estadounidense borró la palabra "certificación" y condicionó la entrega del 15% de los fondos previstos por el Plan México a criterios de transparencia en materia de derechos humanos(5). Los Estados Unidos por lo tanto - los mayores exportadores de democracia y derechos humanos del mundo - han establecido a través de un acto de sutil pero evidente hipocresía que, también en el caso en que sean documentadas violaciones de los derechos humanos de parte de las autoridades mexicanas, éstas podrán gozar del 85% de los 1.100 millones de dólares previstos por el plan.

A pesar de que ONGs mexicanas y estadounidenses solicitaron el congelamiento de por lo menos aquel 15% de los fondos, el 20 de agosto de 2009 los Estados Unidos anunciaron la liberación completa de los fondos para el Plan México. Miles de millones de dólares están fluyendo hacia las fuerzas de seguridad mexicanas, no obstante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, sólo en el pasado año, 1.230 denuncias por abusos y tortura, un aumento del 600% con respecto a los tres años anteriores (6).

La violencia del ejército mexicano no apunta sólo a los narcotraficantes. Como en Colombia, la militarización en México ha permitido a las autoridades estrechar la vigilancia sobre los movimientos sociales. El despliegue del ejército en las calles permite al gobierno controlar a la sociedad civil, esencial para mantener el status quo en un país que ya cuenta con exitosas experiencias de autonomía (siendo los zapatistas sólo un ejemplo) y donde en el 2010 - bicentenario de la independencia mexicana y centenario de la revolución - son muchas las esperanzas de una nueva insurrección (7).

Conclusiones: militarización como creación de un espacio vital.

La administración Bush comenzó a hablar de la necesidad de una iniciativa para la seguridad de Norteamérica en marzo de 2005, durante las negociaciones que llevaron al nacimiento de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). "El ASPAN considera a América del Norte como un espacio económico compartido", afirmó Thomas Shannon, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense. "Como espacio económico compartido necesitamos protegerlo, y es necesario entender que no tenemos que protegerlo sólo en nuestras fronteras interiores, sino que tiene que ser protegido ampliamente en toda América del Norte". Uno de los objetivos del ASPAN es crear un "perímetro de seguridad" para proteger los Estados Unidos de las amenazas externas, noción que recuerda mucho el "espacio vital" que la Alemania nazi quiso crear alrededor de sí.

"En cierto sentido", añadió Shannon, "estamos armando el TLCAN(8)". Armar un tratado de libre comercio significa asegurarse que ninguna fuerza de oposición - interna o externa al área de librecambio - pueda poner en discusión su funcionamiento.

El Plan México se presenta por lo tanto como brazo armado del ASPAN, pero también como guardián del Proyecto Mesoamérica. Este, anunciado justo durante el debate sobre el Plan México, representa la versión militarizada del Plan Puebla Panamá: el Proyecto Mesoamérica pretende en efecto que el "perímetro de seguridad" de los EEUU llegue hasta Panamá, de modo tal que quede protegido el país Norteamericano.

Esta área de seguridad es necesaria para proteger los Estados Unidos de la amenaza que representan las experiencias izquierdistas de Sur América, en particular del contagioso "socialismo bolivarista" de Hugo Chávez. El proyecto de militarización de Colombia y México es por tanto parte de una estrategia de amplia expansión de la geopolítica estadounidense: conquistar una mayor vigilancia sobre sus mismos confines y el control de América Latina. Podemos interpretar que el aumento de los fondos que los Estados Unidos ponen a disposición de grupos reaccionarios en países como Bolivia es para frenar la consolidación de modelos alternativos al capitalismo norteamericano (9). En esta lógica se entiende el apoyo que la derecha ultraconservadora estadounidense ha ofrecido al golpe ocurrido en junio de 2009 en Honduras, por el "pecado" del gobierno de Zelaya de adherirse a la Alternativa Bolivariana por las Américas.

Durante una entrevista en un programa televisivo hondureño, el general golpista Miguel Ángel García Padgett afirmó con preocupación: "Nuestro país es parte de un plan general, el Plan Caracas, cuyo objetivo es llegar hasta el corazón de Estados Unidos, nuestro país es un objetivo intermedio. Honduras, sus fuerzas armadas, pararon ese plan de llevar hasta el corazón de Estados Unidos un socialismo, un comunismo, un chavismo disfrazado de democracia (10)". Golpeados de una repentina nostalgia de los años `70, los Estados Unidos desempolvan hoy una vieja estrategia: el apoyo a un grupo de golpistas latinoamericanos contra una presunta amenaza comunista.

Notas:

1. Proceso, 24 marzo 2009. Jesús Esquivel, Por amenaza del narco, EU blinda la frontera.
2. Antonio Navarro Wolf, El Plan Colombia: Implicaciones para el proceso de paz, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2002, pág. 14.
3. Eva Golinger, La ofensiva imperial en América Latina se evidencia en dólares. En www.kaosenlared.net/noticia/ofensiva-imperial-americalatina-evidencia-dolares
4. La Jornada, 14 agosto 2009. Raúl Zibechi, Imperio, bases y acumulación por desposesión.
5. Proceso, mayo 2008 - agosto 2009.
6. La Jornada, 11 agosto 2009. Victor Ballinas, Los abusos del Ejército rutinariamente quedan impunes, aclara HRW a Calderón.
7. www.expresochiapas.com/noticias/recoletos/7066-la-tercera-guerra-intestina.html
8. Thomas Shannon, Discurso ante el Consejo de las Américas, 3 abril 2008. En Laura Carlsen, Un abecedario del Plan México. www.ircamericas.org/esp/5251
9. Eva Golinger, La ofensiva imperial en América Latina se evidencia en dólares. En www.kaosenlared.net/noticia/ofensiva-imperial-americalatina-evidencia-dolares
10. La Jornada, 5 agosto 2009. Arturo Cano, Frenamos el plan expansionista del socialismo: militares hondureños.

Adital

* CIEPAC= Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria

Orsetta Bellani* Cooperante de CIEPAC, participa en la Asociación italiana "Mani Tese".

Fuente: 08-octubre-2009 - num.577 Asociación Mani Tese, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Boletin "Chiapas al Dia" No. 577 CIEPAC, CHIAPAS; MEXICO.
(08 de octubre de 2009)

http://www.adital.com.br
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=41891

Tomado de http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2009/2009prim/noticias10/usa-16102009.asp